Una mayoría de españoles cree que los juzgados y tribunales no son independientes o no lo suficiente. Y apuntan a la política y la economía como motivos de esa falta de imparcialidad. Así lo recoge la edición de 2026 del cuadro de indicadores de la justicia de la UE que cada año elabora la Comisión Europea. España mejora ligeramente respecto a informes anteriores, pero sigue quedando muy lejos de las grandes economías de la UE, como Alemania, Francia o Italia. De los Veintisiete, se sitúa en el puesto 22 dejando únicamente por detrás a Chipre, Eslovaquia, Hungría, Croacia y Bulgaria. ¿La razón? La supuesta influencia del Gobierno y los partidos en los jueces. También la de las grandes empresas y poderes económicos. 

Frente a un 40% de españoles que considera “buena” o “muy buena” la independencia judicial, un 45% tiene una percepción negativa y la ve “mala” o “muy mala”. Entre los ciudadanos, la visión positiva gana apenas un par de puntos respecto al año anterior. Sin embargo, en la percepción de las empresas, la confianza en la independencia de los jueces crece con más fuerza, aunque en comparación con el mismo indicador en el resto de países, España no abandona los últimos puestos de la UE. El crecimiento en 2026 respecto a 2025 de las compañías con una visión positiva de la independencia judicial española es del 5%, lo que nos deja en el puesto 19 del ranking, también lejos de nuestros principales países de referencia.

La percepción subjetiva sobre la independencia de los jueces contrasta con el gasto público dedicado a este servicio. España está a la cabeza en inversión en justicia y es uno de los Estados con mejor nota en aplicación de las nuevas tecnologías al sistema judicial. Se sitúa en el puesto nueve entre los que más invierte en justicia respecto a su Producto Interior Bruto (PIB), posición en que, entre los grandes países europeos, solo es superada por Alemania. Italia, Francia o Países Bajos se quedan detrás. Si el gasto se mide por habitante, en lugar de compararlo con el tamaño de la economía, España se sitúa en una posición intermedia dentro de la UE, aunque en niveles similares a los de Italia o Francia.

Que la mayoría de esa inversión ha ido a mejoras tecnológicas para la administración de justicia lo demuestra el hecho de que, en todos los indicadores relacionados con la tecnología, España se sitúe a la cabeza de Europa. Sus calificaciones están entre las mejores en acceso a la información judicial a través de internet, la digitalización de juzgados y tribunales, el uso de la inteligencia artificial, las videoconferencias, el teletrabajo… También en la digitalización de los expedientes o la puesta a disposición de medios y aplicaciones para que ciudadanos y profesionales puedan actuar con los órganos judiciales.

Pese a que los medios materiales y tecnológicos sean buenos, España sigue estando por debajo de la media en número de jueces por cada 100.000 habitantes y solo tiene por detrás a Malta, Dinamarca e Irlanda. El dato será previsiblemente mejor en su edición del año próximo debido a que el Gobierno ha anunciado para este año la creación de 500 nuevas plazas judiciales. Este lunes, el BOE ha publicado una macroconvocatoria para cubrir 700 plaza de jueces y fiscales: 375 plazas de jueces por oposición, 125 de magistrados por el denominado cuarto turno —para juristas de reconocida competencia con más de diez años de ejercicio profesional— y 200 más para fiscales. Con todo ello, según el Ejecutivo, España alcanzará la media europea en este indicador.

La inversión –la general y la tecnológica– tampoco se refleja en el sempiterno atasco judicial español. El informe coloca otra vez a España en los últimos puestos respecto del tiempo que los tribunales necesitan para resolver los asuntos, los casos pendientes y en la tasa de resolución (en la que estamos terceros por la cola). Sin embargo, sí sale bien parada en el acceso a métodos alternativos de resolución de conflictos, como la conciliación, la negociación o el arbitraje. Desde principios de enero de 2025, cuando entró en vigor la ley de eficiencia impulsada por el Gobierno, recurrir a estos métodos antes de presentar la demanda, es obligatorio en los procesos civiles. 

Por último, y en coincidencia con otros organismos como el Consejo de Europa o la OCDE que cada año evalúan la calidad de la democracia española, el informe de la Comisión coloca a España en el grupo de países de la UE que no tienen un registro de grupos de interés (lobby), en el que también están otras grandes economías como Dinamarca, Italia, Países Bajos o Suecia. En pleno estallido del caso Plus Ultra y de la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por tráfico de influencias entre otros delitos, la comisión advierte que hay que dotar de transparencia a esta actividad para que no se transforme en “una puerta hacia la corrupción”.

El Parlamento Europeo ha dado luz verde definitiva al nuevo reglamento que acelerará las expulsiones de migrantes en situación irregular en territorio comunitario y permitirá financiar con dinero de la Unión Europea centros de deportación en terceros países. Familias con menores podrán ser recluidos en estos centros, aunque se encuentren en territorios por los que nunca hayan pasado ni sean su lugar de procedencia.

Dos años después de que el gobierno ultra de la italiana Giorgia Meloni pactase estas polémicas medidas con Albania; un año después de que la Comisión Europea las avalase calificándolas como soluciones “innovadoras” e incluidas en una propuesta legislativa formal; y tras un debate entre los Veintisiete en el que España se mostró como la excepción en contra de las deportaciones, el nuevo modelo es ya son una realidad. Se trata de un sistema de expulsiones migratorias que recuerda al tristemente conocido ICE estadounidense.

Con 418 votos a favor, 218 en contra y 30 abstenciones, la Eurocámara han sacado adelante nuevas normas que se incorporan al Pacto Migratorio de la UE para acelerar las devoluciones de migrantes. La amplia mayoría de legisladores favorables estuvo formada por el Partido Popular europeo y los tres grupos parlamentarios de la extrema derecha, pero no solo. Nueve eurodiputados socialdemócratas, 37 liberales y hasta dos representantes de Los Verdes se unieron al bloque ultra, generando este último movimiento la repulsa dentro de las filas ecologistas.

Entre gritos de “Send them back” —"devolvedlos"—  vociferados por la extrema derecha, y con el eurodiputado socialista Javi López contando los votos como vicepresidente de la Cámara en un verdadero mal trago, la Unión Europea aprobó el mayor endurecimiento migratorio en décadas. El nuevo reglamento de retornos creará centros de deportación mediante acuerdos bilaterales entre los Estados miembros y terceros países, financiados con fondos del presupuesto de la UE, a los que expulsar a migrantes después de una decisión dictada por las autoridades nacionales competentes, aunque esa persona no se encuentre en su Estado. Esa decisión conllevará la obligación de abandonar el territorio comunitario.

La expulsión se realizará después de la detención de los migrantes, incluso en sus centros de trabajo, para proceder a una reclusión que podrá alargarse hasta 24 meses, prorrogables otros seis si las autoridades administrativas o judiciales consideran que existe un riesgo de fuga o para la seguridad. La expulsión a terceros países conllevará la prohibición de entrar en territorio comunitario, incluso de por vida. La eurodiputada de Sumar Estrella Galán denuncia “la normalización de acuerdos con gobiernos que no respetan los derechos humanos” y sostiene que la UE “ha externalizado sus responsabilidades y fronteras” al facilitar lo que considera que serán “Guantánamos europeos donde la gente podrá ser deportada fuera de cualquier supervisión judicial”.

En el PP europeo justifican el reglamento porque califican de “realidad insostenible” la situación migratoria del continente y ponen como ejemplo que “actualmente sólo uno de cada cinco inmigrantes en situación irregular sobre los que pesa una orden de retorno abandona efectivamente el territorio de la Unión”. El eurodiputado del PP español y presidente de la Comisión de Libertades, Javier Zarzalejos, cree que "Europa está enviando un mensaje claro: la inmigración debe ser legal, ordenada y compatible con la capacidad de acogida de nuestras sociedades” y que “sin retornos eficaces no existe una política migratoria creíble y sin control de la inmigración irregular no puede haber confianza de los ciudadanos en las instituciones".

La disidencia en el centro izquierda fue escasa pero destacada. Uno de los dos eurodiputados verdes que respaldaron las deportaciones es el antiguo comisario europeo de Medio Ambiente y Océanos, Virginijus Sinkevicius, criticado entonces por los populares y conservadores por estar supuestamente del lado de las organizaciones ecologistas y en contra del sector pesquero. Más esperados fueron los nueve votos a favor de socialdemócratas daneses, malteses o de Chipre, en línea con los duros planteamientos de sus gobiernos y con las posiciones que ya habían defendido durante los debates parlamentarios.

Fuentes del Gobierno español consultadas por infoLibre sobre si ahora esperan un mayor endurecimiento migratorio desde Bruselas, ante el estado actual del debate europeo, prefieren no especular ni criticar las posturas de gobiernos de su propia familia política. Sí confirman desde Moncloa a este medio que España mantiene su negativa a los centros de deportaciones y a la aceleración de las expulsiones de migrantes en situación irregular, como ya hizo durante los debates entre los ministros de Interior y Justicia de los Veintisiete. No son soluciones por las que apueste el Gobierno ante un reto migratorio de toda la Unión que califican como oportunidad, por su potencial de crecimiento demográfico, contribuciones al mercado laboral y al Estado de bienestar y sus aportaciones tributarias.

El debate migratorio ha mostrado la profunda división existente en el seno del grupo de los liberales, que orbita en torno a los representantes del partido de Emmanuel Macron. Mientras Valerie Hayer, jefa de filas y persona de máxima confianza del presidente francés, se abstenía junto con otros 20 legisladores, además de guardar un escrupuloso silencio sobre la aprobación del reglamento, la mayoría de los diputados de su grupo votaba a favor. En total, 37 liberales secundaron el reglamento impulsado por la mayoría de derechas.

En contra, dentro del grupo parlamentario de Renew, votaron sólo 21 representantes de diferentes nacionalidades, entre ellos la eurodiputada del PNV Oihane Agirregoitia, liderados por uno de los pesos pesados de la bancada, Sandro Gozi. El italiano se ha mostrado muy crítico tras la aprobación el reglamento de devoluciones. 

“La verdadera cara de la extrema derecha europea: el odio interiorizado, celebrado en el hemiciclo después de la aprobación. El texto abre la puerta a la expulsión de migrantes a centros fuera de la Unión. Mujeres, hombres, niños... Una falsa solución que no ha funcionado en Albania, ni en Ruanda y que tampoco funcionará este vez aquí”, ha denunciado Gozi. También reprochó a "la derecha/PP, antaño demócrata y cristiana", su responsabilidad en un "texto propaganda" por el cual la UE "subcontrata sus deberes y traiciona sus propios valores".

Entre los 37 liberales que respaldaron unas normas migratorias más estrictas hubo eurodiputados de distintas procedencias. Además de una importante bancada francesa, también votaron a favor portugueses, daneses, alemanes, lituanos y rumanos. El grupo parlamentario que hace solo una legislatura hacía gala de su lucha contra la extrema derecha gracias a la victoria de su referente, Emmanuel Macron, frente a Marine Le Pen, ha terminado apoyando las posiciones migratorias de sus rivales.

La migración vuelve a ocupar un lugar central en la agenda política de Bruselas. De la primera Comisión Von der Leyen, marcada por el Pacto Verde, las energías renovables y la descarbonización, se ha pasado a una segunda Comisión con las inversiones militares, el control fronterizo y el endurecimiento de las normas de asilo como protagonistas. A ello se suma la protección de los sectores industriales en nombre de una competitividad económica que ya no quiere verse limitada por las exigencias de la sostenibilidad.

A finales de mes, la Comisión Europea tiene previsto presentar un plan de acción sobre el Canal de la Mancha, un paso migratorio por el que, entre enero y finales de mayo, cruzaron cerca de 8.500 personas en pequeños botes desde la costa francesa hacia la británica. Esa cifra es un 37% inferior a la del mismo periodo de 2025, según los datos del Home Office, el Ministerio de Interior británico. En los últimos meses, además, se ha producido un cambio en el origen de algunas salidas, con embarcaciones que parten también desde Bélgica.

Sin embargo, esta cuestión menor en términos numéricos vuelve a la palestra política justo después del acuerdo casi cerrado sobre las nuevas reglas de la UE para deportar a centros de detención en terceros países a migrantes en situación irregular en territorio comunitario. El Parlamento Europeo y el Consejo han alcanzado ya su pacto provisional sobre la base de la propuesta de la Comisión, que permitirá acelerar y hacer más efectivas las devoluciones de migrantes mediante la creación de esos hubs de retorno. El ministro de Migración de Chipre, Nicholas Ioannides, responsable de llevar las negociaciones, sostiene que “la migración es una prioridad principal” y que el acuerdo entre el Consejo y la Eurocámara “fortalece la credibilidad de la política migratoria de la UE”. 

Ioannides es un político independiente, pero pertenece a un Gobierno conservador y las visiones de esta corriente ideológica, del Partido Popular Europeo y de las formaciones de ultraderecha sobre la migración están ya plenamente implantadas en el debate comunitario. Javier Zarzalejos, eurodiputado del PP español, celebró el principio de acuerdo al considerar que “Europa avanza para recuperar el control de su política migratoria” y que el nuevo marco será “más eficaz, más creíble y más justa”.

La Comisión Europea y el PP europeo que la sostiene —Von der Leyen pertenece a esa familia política, la mayoría de los comisarios europeos proceden de sus filas, dirige los gobiernos de 12 Estados miembros, ostenta la presidencia de la Eurocámara y es allí la formación mayoritaria— justifican el futuro reglamento con el argumento de que el sistema migratorio de los Veintisiete “perdía credibilidad ante los ciudadanos”, calificando las devoluciones como retornos efectivos.

En la Eurocámara, el PP se alió con los Consevadores y Reformistas, liderados por el partido de Giorgia Meloni y los ultracatólicos polacos; con los Patriotas de Le Pen, Orbán y Vox; y con el grupo de la Europa de las Naciones donde hay legisladores filonazis, saltándose la propuesta de compromiso del ponente liberal. Ese texto pactado provisionalmente incluye también la prohibición de que un migrante expulsado pueda volver a territorio comunitario como mínimo en diez años, frente a los cinco actuales, y la posibilidad de que esa exclusión sea de por vida. 

Parte de la clase política del continente se revuelve contra esas políticas. La eurodiputada Mélissa Camara, de los Verdes franceses, negociadora del dosier migratorio en el Parlamento, califica el texto pactado como “el resultado de un acuerdo vergonzoso entre los Estados Miembros y la mayoría del PP y la extrema derecha” y como “un retroceso histórico en los derechos fundamentales de la gente exiliada”. También advierte que “la legislación de los hubs de retorno fuera de la Unión Europea, la luz verde para la detención de menores o las visitas a hogares inspiradas en prácticas del ICE” son “un arsenal legal al servicio de una ideología xenófoba”. Es una posición compartida por el grupo de La Izquierda y por parte de los socialdemócratas. 

Dentro del Consejo, hace seis meses España fue el único país que se opuso a de las propuestas de la Comisión Europea para acelerar las deportaciones, crear centros de detención fuera de la UE mediante acuerdos bilaterales entre países comunitarios y terceros Estados, y permitir que las expulsiones afectasen también a menores. La socialdemócrata Dinamarca, paradójicamente, fue una de las garantes de esta nueva legislación, mano a mano con la Italia de Meloni, como informó infoLibre.

El último eurobarómetro, realizado entre 26.000 ciudadanos de los 27 Estados miembros, muestra que los conflictos internacionales, como la guerra en Oriente Medio y la invasión rusa en Ucrania, están entre las principales preocupaciones de la ciudadanía europea. Junto a ellos aparecen problemas asociados como la inflación, la seguridad energética y la defensa.

Pese al impulso normativo de las instituciones hacia políticas migratorias más estrictas, la migración aparece solo como la séptima cuestión más relevante y con un peso menor que el año pasado. Según los datos del eurobarómetro, por debajo se sitúan el medio ambiente y los riesgos asociados al cambio climático. Recientemente, con motivo de la Green Week organizada en Bruselas por la Comisión Europea con empresas biotecnológicas y agroalimentarias, ONG y representantes de la sociedad civil, se publicó una nueva encuesta entre la ciudadanía europea en la que la gran mayoría de los encuestados “reconoce la importancia de frenar la pérdida de la biodiversidad como una una cuestión de responsabilidad, bienestar, apoyo al desarrollo económico a largo plazo y para atajar el cambio climático”. 

Frente a lo desarrollado durante su primera Comisión, el actual Ejecutivo presidido por Ursula von der Leyen ha emprendido una ola desregularizadora con los llamados paquetes Omnibus, orientados a relajar las normas medioambientales en favor de la competitividad económica, especialmente la industrial. Así, Bruselas ha suavizado la Directiva sobre Información Corporativa en Materia de Sostenibilidad, eximiendo a miles de empresas de informar sobre su huella medioambiental; ha flexibilizado la prohibición de vender vehículos con motores de combustión a partir de 2035; y ha rebajado también las exigencias de la UE contra la deforestación global.

Durante la Green Week de esta semana, la comisaria europea de Medio Ambiente, Jessica Roswall, se pronunció a favor de la restauración de los ecosistemas, con ejemplos de lo realizado en humedales de Países Bajos, Alemania, Lituania o Finlandia, y defendió la necesidad de que “las empresas, las instituciones financieras y los entes públicos puedan invertir en estas acciones”. Roswall, una conservadora liberal sueca, destacó que “primero, nuestros negocios y economías necesitan el mundo natural”; “segundo, no existe tal economía competitiva en un planeta moribundo”; y “tercero, invertir en los ecosistemas está entre las decisiones económicas más inteligentes que podemos realizar”.  

En su discurso no hubo ni una sola mención a las emisiones de CO2 causantes del cambio climático, ni al retraso o incumplimiento de los objetivos para reducirlas. Tampoco defendió cambios estructurales en los modelos productivos para frenar el deterioro de esos mismos ecosistemas que pidió restaurar.

Bruselas empieza a cumplir con las promesas que jugaron a favor de un cambio de Gobierno en Hungría. Este viernes, el nuevo primer ministro, Péter Magyar, fue recibido en la Comisión Europea por la presidenta Ursula von der Leyen y regresó a su país con 16.400 millones de euros en el bolsillo.

El abultado cheque está compuesto principalmente por los 10.400 millones correspondientes a fondos Next Generation, los de recuperación de la pandemia, y el resto es dinero de las partidas de cohesión y educación. Más de lo que inicialmente se esperaba luego de varias semanas de negociaciones entre Bruselas y Budapest, aunque Magyar deberá corresponder con importantes reformas que desmonten la arquitectura legal de la era Orbán.

“Nuestros equipos han trabajado duro día y noche juntos para encontrar puntos en común”, explicó Von der Leyen tras la reunión con Magyar, especialmente para financiar “proyectos muy concretos que apoyarán sectores clave como la energía, la vivienda, el transporte o las pequeñas empresas”.

El encuentro en la sede central de la Comisión Europea no fue el único de alto nivel mantenido por el nuevo dirigente ministro húngaro en Bruselas. Antes de verse con la política alemana visitó la sede de la OTAN y también la residencia del primer ministro belga. El viaje abre una nueva etapa en las relaciones de Hungría con la UE, la Alianza Atlántica y un importante socio europeo como Bélgica, pero también deja claroscuros.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, destacó, tras verse con Magyar, la contribución de este país a la defensa colectiva y la disuasión en el este del continente, especialmente por liderar una de las Fuerzas Terrestres Avanzadas de la Alianza, albergar un cuartel general de una división en la ciudad húngara de Székesfehérvár y apoyar la seguridad en los Balcanes Occidentales a través de la fuerza de pacificación en Kosovo.

Sin embargo, más allá de las buenas palabras, el primer ministro húngaro mantuvo uno de los vetos polémicos de su antecesor, Viktor Orbán. Y dejó claro “al secretario general que Hungría no va a enviar ni armas ni equipamiento de combate a la guerra de Rusia-Ucrania”.

La negativa a ayudar militarmente a Kiev no gusta en Bruselas. Ni a los socios europeos, que llevan movilizados ya unos 75.000 millones de euros en equipamiento de defensa y han concedido un préstamo de 90.000 millones para que Ucrania pueda financiar su gasto militar, por ejemplo comprando armas a Suecia, ni a la OTAN, que acaba de pedir a sus miembros asignar un 0,25% de su PIB en asistencia militar para el país invadido.

Otro punto conflictivo del viaje que quedó pendiente de resolución tiene también como protagonista la relación entre Hungría y Ucrania. El primer ministro húngaro mantiene su negativa a abrir negociaciones para la incorporación de Kiev como Estado miembro de la UE hasta que “se alcance un acuerdo sobre los derechos de la minoría húngara en Transcarpatia”, una región ucrania fronteriza. La reclamación exige reconocer y oficializar, por ejemplo, los derechos lingüísticos de ese colectivo. El conflicto podría desbloquearse cuando se produzca un encuentro entre Magyar y el presidente Volodymyr Zelensky, todavía sin fecha, pero mientras tanto Budapest seguirá bloqueando la futura adhesión.

Se trataba de una cuestión capital para Bruselas que durante las últimas semanas ha sido negociada entre los equipos de la Comisión y del nuevo gobierno húngaro. Para la UE, acercar más a Ucrania a su espacio es clave en la guerra de supervivencia que libra contra Rusia, una forma de garantizar su papel en futuras negociaciones de paz de las que la Administración Trump trata de apartarla. Y, por ahora, Hungría sigue sin poner las cosas sencillas. O de evitar que el país vuelva a la esfera de influencia rusa.

En dos semanas, la Comisión Europea propondrá formalmente abrir negociaciones de los primeros capítulos sobre la adhesión de Ucrania a la UE. Será el 16 de junio, dos días antes de una Cumbre en Bruselas entre los 27. Tiempo para que Kiev y Budapest acerquen posturas y el estreno de Magyar ante sus homólogos europeos no se vea ensombrecido. Por el momento, el político que derrotó a Viktor Orbán mantiene uno de los bloqueos más controvertidos de su antecesor. Y que le supusieron enfrentamientos con el resto de líderes comunitarios. En todo caso, el actual primer ministro insiste en que su postura sobre Ucrania es independiente del desbloqueo de fondos europeos a su país.

Los 16.400 millones de euros en fondos de recuperación, de cohesión y educativos desbloqueados por la Comisión Europea representan un botín alto que Magyar no esperaba, pero, como él mismo explicó tras la reunión, han “sido unos socios negociadores duros”. “La presidenta lo puede atestiguar, hemos luchado por cada último céntimo”. Von der Leyen se limitó a reconocer que “es una cifra importante, pero los húngaros lo merecen”.

La partida con la que el primer ministro regresó a Budapest es jugosa, aunque las arcas comunitarias no vayan a desembolsar el dinero hasta que las reformas prometidas no empiecen a aplicarse. Así lo explican en privado fuentes comunitarias y así lo confirmó en público la propia Von der Leyen al asegurar que “en el momento en que la reforma del Estado de derecho sea aprobada en el Parlamento, el dinero vinculado con ese hito podrá ser distribuido”.

El tiempo apremia para Budapest porque de estos cambios legislativos depende el monto principal del dinero prometido, 10.400 millones de los fondos Next Generation que deben entregarse antes de finales de agosto o se perderán, como estipula la regulación de ese programa nacido durante la pandemia. De ellos, 6.500 millones corresponden a transferencias que no deben devolverse y que aliviarán la débil situación presupuestaria de Hungría, con un déficit oficial del 4,7% del PIB en 2025 y que este año superará el 5%.

Los fondos de cohesión o para educación también tienen deberes aparejados. Budapest debe en las próximas semanas empezar a desmontar la legislación anti LGBTIQ+ de la era Orbán que, por ejemplo, impide distribuir en librerías cercanas a centros educativos libros o material audiovisual con contenido de ese estilo. El nuevo Gobierno de Péter Magyar cuenta con la mayoría parlamentaria para ello. Ahora debe demostrar a Bruselas la seriedad de sus promesas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentó este lunes el esperado Plan Social para el Clima, 9.000 millones de euros que irán destinados a mitigar el impacto sobre la población vulnerable del nuevo mercado de emisiones europeo destinado a gravar la contaminación de los edificios y del transporte por carretera. Este mercado, llamado ETS2, debe ponerse en marcha el 1 de enero de 2028 y se espera que encarezca la gasolina en unos 16 céntimos por litro y el gas natural en 16 euros/MWh. Sin embargo, España todavía no ha traspuesto a su legislación la normativa del ETS2, y debía haberlo hecho hace dos años.

Las organizaciones sociales especializadas en pobreza energética reclaman la trasposición inmediata de la directiva europea de comercio de derechos de emisión. Primero, porque es obligatorio. Y segundo, porque ayudará a reducir la contaminación de las carreteras y de los edificios. Solo el transporte representa en España un 33% de las emisiones de CO2, mientras que los edificios suponen el 9%. El ETS2 está diseñado para que las emisiones conjuntas de los dos sectores se reduzcan un 42% para 2030 en comparación con los niveles de 2005.

Además, si el ETS2 no se introduce en la ley española, el Plan Social para el Clima presentado este lunes carece de sentido y Bruselas no lo aprobará, como ya ha advertido. "El plan no se puede aprobar sin transposición de la directiva porque lo primero que tenemos que analizar en la Comisión Europea es la relevancia del plan. Y sin ETS2, no hay impacto directo del ETS2, y nosotros tenemos que rechazarlo", declaró en una ponencia en el Congreso de los Diputados Marcos González, de la Dirección General de Acción por el Clima de la Comisión Europea, a mediados de abril.

En teoría, España debía haber traspuesto la directiva antes del 30 de junio de 2024 para ir recabando información de cuánto combustible consumen los edificios y el transporte de cara a su implementación final. Originalmente el ETS2 iba a entrar en vigor el 1 de enero de 2027, pero a finales de 2025 la Unión Europea decidió posponerlo un año, a 2028. El Gobierno no solo va dos años tarde, sino que para trasponer la directiva necesita una mayoría simple en el Congreso en un momento político extremadamente convulso.

No obstante, quien sigue el asunto de cerca opina que el Gobierno podría ponerse al día en cuestión de dos meses. "Creemos que podría trasponerse [esta legislatura]", opina Carlos Bravo, coordinador de la Alianza por un Plan Social para el Clima. "Ha estado hasta ahora parado, pero parece que hay interés para sacarlo adelante incluso antes del verano. Que Sánchez haya presentado este lunes el Plan Social para el Clima nos dice que hay voluntad", añade el portavoz.

El sistema ETS2 es la segunda versión del ETS (Sistema de Comercio de Emisiones, por sus siglas en inglés), activo desde 2005 para la industria y las plantas de generación eléctrica –y en los últimos años también a navieras y aerolíneas–, y que ya ha conseguido reducir casi un 50% las emisiones respecto a 2005 en todos estos sectores. El mecanismo ETS consiste en que cada año se emiten una cantidad tope de permisos para contaminar que las compañías deben comprar para poder emitir una tonelada de CO2. Como el número de permisos se recorta cada año, las compañías están obligadas a reducir sus emisiones porque contaminar sin tener una autorización supone enfrentarse a una multa cuantiosa. En este momento, un permiso para emitir una tonelada de CO2 en el ETS cuesta 77 euros. Este precio varía cada día en función de la oferta y la demanda, y se comercian en un mercado secundario.

Con la entrada del ETS2 en enero de 2028, los proveedores de combustibles para edificios y vehículos (esencialmente gasolina, gas natural y diésel) tendrán que tener en propiedad los permisos de emisiones equivalentes a las emisiones que generen. Durante los tres primeros años, un mecanismo evitará que esos permisos se encarezcan mucho más allá de los 45 euros/tonelada.

Se espera que este sobrecoste en la energía se traslade a través de la cadena hasta los hogares y empresas, los consumidores finales. Transport & Environment, una organización europea especializada en descarbonización de las carreteras, calcula que, si los permisos de emisiones del ETS2 se venden a 55 euros/tonelada, el precio de la gasolina se encarecerá en 15,5 céntimos/litro, y el del diésel en 17,3 céntimos/litro, IVA incluído. Esto equivale a que repostar un coche pequeño costará entre 7 y 8 euros más.

La consultora Magnus Commodities estima que si los ETS2 se venden a 73 euros/tonelada, el gas natural para calefacción se encarecería en 15 euros/MWh, lo que supondría una subida del 33% respecto a la cotización actual del gas natural en Europa.

En cuanto a su impacto general sobre la economía, un estudio publicado este año en la revista Energy Policy estima que si el carbono termina cotizando a 57,5 ​​euros por tonelada en el ETS2, el coste general de la vida en la Unión Europea subirá un 1,18%, que se reduciría al 1,04% si se toman medidas de eficiencia energética. España sería menos golpeada que la media del bloque, con una inflación del 1,02% y del 1,49%, en un escenario de baja y alta eficiencia energética, respectivamente.

Este encarecimiento de la vida es precisamente lo que pretende mitigar el Plan Social para el Clima presentado este lunes por el Gobierno con un presupuesto de 9.099 millones de euros. El 75% de ese presupuesto vendrá de Bruselas, del Fondo Social para el Clima, financiado con los ingresos de la venta de los permisos ETS. El 25% restante lo aportarán los Presupuestos españoles. 

Con ese dinero se financiarán dos tipos de proyectos para hogares con rentas bajas: la mejora de la eficiencia energética en edificios (52% del presupuesto) y el impulso al transporte limpio (48%). La mayor partida en transporte irá destinada a la descarbonización del parque (2.269,6 millones), con ayudas para renovar flotas de vehículos pesados y furgonetas y al achatarramiento de vehículos anteriores a 2020. En vivienda, la mayor cuantía se destinará a construir viviendas nuevas asequibles de alta eficiencia energética (1.813 millones), aunque no se ha publicado el número de inmuebles que se levantarán.

Las organizaciones civiles que han participado en el proceso de elaboración del plan insisten en que su mayor preocupación es que el plan no pierda su rumbo y se centre en ayudar a los más vulnerables. "El ETS2 engloba a dos sectores que van a afectar de lleno a los ciudadanos y repercutirá sobre el coste de las facturas y del transporte. El objetivo del Plan Social para el Clima es paliar ese impacto", valora Cecilia Foronda, directora de Acción para la Transición Ecológica Justa de Ecodes.

Por su parte, Carlos Bravo reconoce que lo que se conoce por ahora es un plan genérico, pero dice que es ahora, durante la consulta pública, cuando se tiene que aclarar la letra pequeña de a quién beneficiarán las ayudas. "Si hablamos de ayudas para el transporte pesado, tienen que enfocarse en el camionero autónomo, que es el que necesita recursos para asumir los cambios, no a la compañía que tiene una flota enorme de autobuses", opina.

Este paquete llega también un año tarde –debía haberse presentado ante Bruselas el 21 de mayo de 2025– y acaba de salir a consulta pública, por lo que todavía tiene que recibir los comentarios de organizaciones y empresas, ser revisado y enviarse definitivamente a la EU. En todo caso, como adelantó el mes pasado el enviado de la Comisión, el Plan Social para el Clima no recibirá el visto bueno hasta que no se trasponga la directiva ETS2

La guerra desatada contra Irán por Estados Unidos e Israel ha cambiado de golpe el escenario económico europeo. La UE ha pasado de crecer, reducir la inflación y empezar a reducir sus niveles de endeudamiento a enfrentarse a un escenario de ralentización económica, crisis energética, fuerte aumento de los precios e incertidumbre en sectores claves como el turismo, la aviación o el transporte de mercancías. Pese a ese panorama, Bruselas reconoce que España mantiene “una posición privilegiada” y será el único de los grandes países comunitarios que seguirán creciendo con fuerza en 2026 y 2027 pese a la crisis en Oriente Medio.

“El conflicto ha cambiado materialmente el escenario, provocando una de las interrupciones de suministro de energía más significativas en el mundo en la historia reciente”, señala con evidente preocupación el documento de previsiones económicas de primavera de la Comisión Europa presentado este jueves. Ese deterioro explica que Bruselas rebajase tres décimas su previsión de crecimiento para el conjunto de la UE en 2026, hasta dejarla en apenas el 1,1%, y extendiese el recorte a 2027, año para el que anticipa una expansión limitada al 1,4%.

El mayor golpe provocado por la crisis de los hidrocarburos, a raíz del bloqueo en el Estrecho de Ormuz, llega por la vía de la inflación. Ahí reside el principal riesgo para la economía europea: los precios se disparan tanto en los Veintisiete, un punto porcentual por encima de lo previsto en otoño, como en la zona euro, donde la inflación escalará hasta el 3% frente al 1,9% inicialmente contemplado. En 2027, la inflación de la zona euro seguirá por encima del objetivo del 2%, aumentando la presión sobre el Banco Central Europeo para que suba los tipos de interés ante un problema de precios que Bruselas ya no considera pasajero.

“En vez de tocar máximos en este trimestre, los precios del petróleo y del gas lo harán en el último trimestre del año y sólo empezarán a bajar el próximo año”, advierte una fuente comunitaria a infoLibre. “Estamos ante una combinación de shocks, el primero energético. Es una disrupción más prolongada, con algún tipo de resolución en 2027”, añade este funcionario.

La Comisión Europea no se anda con rodeos y atribuye directamente a la guerra emprendida por Estados Unidos e Israel contra Irán el deterioro de sus previsiones. “Antes del final de febrero de 2026, la economía de la UE estaba lista para seguir expandiéndose a un ritmo moderado junto a una caída de la inflación, pero la previsión ha cambiado sustancialmente desde el estallido del conflicto” en Oriente Medio, escriben los economistas de la Comisión.

“La inflación energética está en aumento y se espera que se traslade el resto de sectores”, reconoció el comisario de Economía, Valdis Dombrovskis, al evaluar el incierto escenario abierto por la guerra contra Irán y los ataques de Teherán contra infraestructuras petrolíferas de sus vecinos en represalia. Los precios de la energía seguirán, lamentó el político letón, seguirán encareciéndose de manera significativa durante el verano.

España, sin embargo, “tiene una posición privilegiada a la hora de lidiar con el conflicto de Oriente Medio”, destaca una segunda fuente europea con amplio conocimiento sobre el análisis macro realizado por la Comisión a la economía española. Bruselas destaca “su posición de crecimiento bastante fuerte y la diversificación de sus fuentes energéticas” como dos factores que le permiten afrontar la crisis desde una situación más favorable que otros socios europeos.

La crisis, admite a infoLibre este funcionario, “le va a afectar a través de la inflación de los costes energéticos y su transmisión a los alimentos y a los servicios”, y también puede tener impacto en el transporte si la crisis energética se prolonga. Pero el diagnóstico comunitario es claro: “El impacto de la crisis en Oriente Medio llega a España en una posición más favorable que a otros Estados Miembros”.

España es una de las pocas notas positivas en las previsiones económicas de la Comisión. Su evolución apenas se verá alterada por las turbulencias provocadas por la guerra. Bruselas incluso mejora una décima su previsión de crecimiento para este año: el PIB crecerá un 2,4%, y solo recorta una décima la de 2027, hasta el 1,9% . Con estas cifras, España se mantiene como el gran país del crecimiento en la UE: su economía avanzará dos veces más rápido que la de Países Bajos, tres veces más que la francesa y más del triple que la alemana o la italiana.

“La idea global que vemos en nuestras previsiones es que España creció por encima de la Unión Europea el año pasado. El nivel irá decreciendo poco a poco, pero de todas maneras seguirá por encima de la UE”, resume la segunda fuente comunitaria a este medio. Los fondos de recuperación Next Generation serán, según las cuentas de Bruselas, una de las principales palancas de crecimiento en los próximos años por su impulso a la inversión.

El crecimiento español resiste pese a que los precios también se dispararán en el país, en línea con el conjunto de la zona euro y con el resto de grandes economías comunitarias. La inflación alcanzará el 3% en 2026 y bajará cinco décimas el próximo año. Aun así, la Comisión considera que la demanda interna, el dinamismo del consumo privado, la inversión y un mercado laboral “robusto” permitirán compensar “el impacto adverso del conflicto en Oriente Medio”. A esa resistencia contribuye, según el análisis económico, también el bajo endeudamiento de los hogares, mientras el paro seguirá reduciéndose hasta el 9,9% en 2026 y el 9,6% en 2027, por debajo del 10% por primera vez desde 2008.

España, no obstante, no es inmune a la crisis energética desatada por la operación militar de las administraciones Trump y Netanyahu en Irán. “Los principales riesgos que afronta la economía afectan al debilitamiento potencial de la actividad turística”, advierte el documento de previsiones. Bruselas alerta de una caída de las llegadas internacionales, especialmente desde destinos de larga distancia, “debido a costes más altos en los desplazamientos y otras disrupciones relacionadas con los viajes”. 

A las puertas de la temporada de verano, la incertidumbre en el segundo mayor destino turístico del planeta es máxima, y así lo reconoce Bruselas. Se trata de un riesgo que la Comisión no destaca individualmente para otras potencias turísticas como Francia o Italia, pero sí para Grecia o Chipre, esta última muy cercana al foco geográfico de las tensiones. Una tercera fuente comunitaria matiza, en conversación con infoLibre, que el turismo “sí es un riesgo común a todos los países” por el impacto de la crisis en las aerolíneas y en los viajes procedentes “especialmente desde Asia, con una reducción de las llegadas”. 

En Bruselas confían en que el turismo local europeo compense este verano, en países como España, Italia o Chipre, la caída de los viajeros internacionales provocada por el encarecimiento de los vuelos, según explica esta fuente. Pero esa previsión, como todo el escenario económico de primavera, está atravesada por la incertidumbre y la imprevisibilidad de la Casa Blanca, capaz de cerrar altos el fuego con Irán y romperlos pocos días después mientras su socio, Israel, mantiene sus bombardeos sobre el Líbano.

Treinta organizaciones de consumidores europeas denunciaron este jueves a Google, Meta y TikTok ante la Comisión Europea por "haber fracasado" a la hora de combatir los anuncios de estafas financieras que aparecen en sus plataformas.

La denuncia llega tras haber analizado la política publicitaria de las tecnológicas en trece países europeos y haber detectado casi 900 anuncios fraudulentos entre diciembre de 2025 y marzo de 2026, informó la Asociación Europea de Consumidores (BEUC) en un comunicado.

Tras tener conocimiento de su existencia, Google eliminó el 60% de los anuncios denunciados ante la empresa; Meta el 43 % y TikTok el 23 %, señaló BEUC, que junto a otras 29 organizaciones -entre ellas las españolas ASUFIN y CECU -acusan a las compañías de violar la ley de servicios digitales (DSA) de la UE.

"Meta, TikTok y Google no solo no eliminan de forma proactiva los anuncios fraudulentos, sino que tampoco actúan con la suficiente contundencia cuando se les notifica sobre este tipo de estafas", dijo el director general de BEUC, Agustí Reyna.

Por eso, piden a la Comisión Europea y a las autoridades nacionales, ante las que también han presentado su denuncia, que investiguen la política publicitaria de las tres compañías y que les impongan multas si "continúan incumpliendo" sus obligaciones.

"Es fundamental exigir responsabilidades a Meta, TikTok y Google. Si no toman medidas contra las estafas financieras que circulan en sus plataformas, los estafadores seguirán llegando a millones de consumidores europeos a diario, poniendo a las personas en riesgo de perder cientos o miles de euros a causa del fraude", añadió Reyna.

Durante años, Europa ha centrado gran parte de sus esfuerzos climáticos en la mitigación del cambio climático y en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, mientras la adaptación a sus efectos ha ocupado un lugar secundario en el debate político. 

Desafortunadamente, basta mirar lo que está ocurriendo alrededor para entender que esto no puede seguir así. En nuestra realidad cotidiana, experimentamos cada vez más inundaciones devastadoras, sequías persistentes, olas de calor muy severas e incendios forestales de sexta generación, que afectan no solo al medio ambiente, sino también al campo, al precio de los alimentos, al agua, a la salud pública y a la vida de muchas ciudades y pueblos europeos. 

Por eso, la futura ley europea de adaptación y resiliencia climática que está preparando la Comisión Europea y que presentará a finales de año, será una de las decisiones más importantes de esta legislatura, ya que tendrá como objetivo que la Unión Europea se prepare mejor ante las crisis climáticas y que no se limite a reaccionar ante ellas.  

La adaptación al clima debe estar en el centro de las decisiones políticas y tenerse en cuenta en la construcción de infraestructuras, en la planificación de ciudades, en la gestión del agua y en la inversión del dinero público, entre otros ámbitos. Sin embargo, para que el principio de “resiliencia por diseño” y no “por reacción” se integre en nuestras políticas, iniciativas, instrumentos y estructuras, anticipando riesgos en lugar de solo reaccionando ante ellos, debemos cambiar algunas inercias europeas. 

En la actualidad, cada Estado miembro cuenta con su propia metodología y valoración de los riesgos e impactos del cambio climático. La nueva ley deberá establecer un marco común basado en escenarios científicos y en evaluaciones de riesgo climático homogéneas para todos los países de la Unión, ya que los riesgos climáticos no pueden afrontarse eficientemente con 27 enfoques distintos.  

Por otro lado, el nuevo marco climático no sólo debe constar de obligaciones para la adaptación, sino también venir acompañado de soluciones y de recursos; es decir, de capacidad real para aplicarlo. En un contexto en el que las prioridades presupuestarias de la Comisión no pasan por el medioambiente y el clima, quién paga la adaptación y cómo hacerlo de manera justa será, sin duda, uno de los debates más importantes en torno a la nueva ley. Y en esta discusión será determinante tener en cuenta que adaptar Europa al cambio climático costará dinero, pero no hacerlo costará muchísimo más. 

Cada desastre climático tiene un impacto económico enorme y creciente. Por eso necesitaremos más inversión en prevención, preparación y resiliencia, y probablemente también nuevos instrumentos europeos, incluyendo mecanismos que ayuden a cubrir riesgos climáticos que el  mercado privado ya no puede asumir por sí solo.

No obstante, y a pesar de la importancia de los recursos, no podemos reducir la adaptación a una cuestión meramente presupuestaria. A veces seguimos pensando en resiliencia únicamente en términos de hormigón, diques o infraestructuras grises, y olvidamos que la naturaleza y las soluciones basadas en la misma son nuestras mejores aliadas.

Lo hemos aprendido con los incendios, con las inundaciones y con las olas de calor. Los humedales restaurados frenan crecidas. Las ciudades con más árboles soportan mejor las temperaturas extremas. Los ecosistemas sanos ayudan a reducir riesgos y hacen los territorios más resistentes. Así lo defendimos los socialistas durante la negociación de la Ley de Restauración de la Naturaleza y así continuaremos defendiéndolo en las negociaciones de la  ley de adaptación climática, porque defender la naturaleza no es solo una cuestión ambiental, sino también de seguridad y de protección civil. 

Por último, la futura ley tocará políticas y sectores sensibles que pueden resistirse, como el sector agrícola o silvícola, la gestión del agua, la ordenación del territorio, el urbanismo o las infraestructuras civiles o energéticas, por lo que su negociación será un reto político. Las resistencias ya las hubo en la Ley de Restauración de la Naturaleza cuya negociación nos dejó una lección útil. Cuando las políticas climáticas se explican únicamente como una agenda  ambiental, es más difícil construir mayorías; cuando la gente entiende que hablamos de proteger vidas, cultivos, ciudades, empleos o viviendas, el debate cambia. Adaptarse no va de ideología. Va de proteger a la gente frente a riesgos que ya están aquí. Prepararnos mejor no es un lujo ni una exageración. Es probablemente una de las inversiones más inteligentes que Europa puede hacer en los próximos años.

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César Luena es diputado socialista en el Parlamento Europeo y miembro de la Comisión de Medioambiente, Clima y Seguridad Alimentaria.

Las instituciones de la Unión Europea llegaron este jueves a un acuerdo para prohibir la creación de imágenes sexualizadas generadas con inteligencia artificial, sin el consentimiento de las personas afectadas.

El pacto, cerrado de madrugada, prohíbe los sistemas de inteligencia artificial cuyo único propósito es el de generar este tipo de imágenes o de abuso sexual infantil, además de los que se pueden emplear para múltiples propósitos, si no tienen "medidas de seguridad razonables" para evitar la propagación de este contenido.

El veto, que entrará en vigor el 2 de diciembre de 2026, se ha pactado tras el escándalo que ha causado la generación de fotografías con Grok, la herramienta de inteligencia artificial de la red social X, que ahora tendrá hasta finales de año para diseñar medidas de protección adecuadas.

"Nuestras empresas y ciudadanos quieren dos cosas de las reglas de inteligencia artificial. Quieren poder innovar y sentirse seguros. El acuerdo de hoy hace ambas cosas", dijo en redes sociales la vicepresidenta de la Comisión Europea encargada de la política digital, Henna Virkkunen.

En una iniciativa que ha promovido España junto a otros países como Francia y Alemania, la UE añade así una limitación adicional a la generación de este tipo de contenido, perseguido ya por el derecho penal en los Estados miembros.

"España sigue liderando el despliegue de un modelo europeo propio de IA, que ha de caracterizarse por ser el más confiable de todos, en línea con las iniciativas aprobadas por el Gobierno de España en los últimos meses", señaló también el ministro para la Transformación Digital y la Función Pública de España, Óscar López.

Además, las instituciones comunitarias retrasaron hasta diciembre de 2026 la obligación de incorporar marcas de agua a todo tipo de contenido generados con inteligencia artificial, ya sean fotos, vídeos o audio, para que los usuarios puedan detectar con facilidad que se han generado con una máquina.

El acuerdo pospone también hasta el 2 de diciembre de 2027 las obligaciones que la ley de inteligencia artificial de la UE impone a los sistemas de alto riesgo, como los que se usan para proteger a infraestructuras críticas, los que emplean los bancos para calcular la probabilidad de devolución de un préstamo, para contratar a personal o, por ejemplo, gestionar el control de las fronteras.

Inicialmente, la ley estableció este año para la entrada en vigor de estas obligaciones, pero las instituciones comunitarias han pactado un retraso de dieciséis meses porque Bruselas aún no ha diseñado los requisitos técnicos que deberán cumplir los sistemas de IA para ser seguros, sin poner en riesgo a las personas o vulnerar derechos fundamentales.

La reforma de la ley de inteligencia artificial se ha pactado, principalmente, con el pretexto de reducir la carga burocrática a las empresas y con este objetivo, se ha eximido a varios sectores industriales de tener que cumplir los requisitos de transparencia o de notificación de incidentes que la norma prevé para los sistemas de alto riesgo.

Productos como dispositivos médicos, juguetes o ascensores estarán exentos de tener que demostrar que sus sistemas de IA son seguros si otras normas sectoriales ya les imponen requisitos similares.

"Para que Europa se convierta en un continente de IA, necesitamos promover la innovación, apoyar a las empresas emergentes y a las empresas en expansión", dijo la eurodiputada Arba Kokalari, ponente en la Eurocámara de la reforma de la normativa.

La organización CCIA Europe, que representa los intereses de las grandes tecnológicas, mostró su rechazo a la reforma.

"Dadas las mínimas mejoras introducidas en la Ley de IA, resulta difícil ignorar la enorme brecha que existe entre la retórica política sobre la simplificación regulatoria y los resultados concretos", dijo esa plataforma en un comunicado.

La Comisión Europea acusó este miércoles a la tecnológica estadounidense Meta de incumplir la ley de servicios digitales (DSA) de la Unión Europea por no impedir que los menores de 13 años accedan a Facebook e Instagram.

Por eso, obligó a ambas redes sociales a "reforzar sus medidas para prevenir, detectar y eliminar (las cuentas) a menores de 13 años", según informó el Ejecutivo comunitario en un comunicado, y de no hacerlo, podría enfrentarse a una multa de hasta el 6 % de su facturación anual.

La Comisión señaló que pese a que los propios términos y condiciones de Meta establecen que los menores de 13 años no pueden abrirse una cuenta en sus redes sociales, las medidas que lleva a cabo la plataforma para evaluar la edad de sus usuarios "no parecen ser efectivas".

En concreto, Bruselas aseguró que los usuarios pueden mentir sobre su edad al abrirse una cuenta, diciendo que tienen al menos 13 años, sin que existan "controles efectivos para verificar la veracidad de la fecha de nacimiento".

El Ejecutivo comunitario afirmó también que la herramienta de Meta para advertir de la presencia de menores de 13 años en sus redes sociales "es difícil de usar y poco efectiva", ya que hay que clicar hasta siete veces para acceder al formulario de denuncia.

E incluso cuando se ha advertido a la compañía de que un menor de 13 años se ha abierto una cuenta, "a menudo no se realiza un seguimiento adecuado y el menor denunciado puede simplemente seguir utilizando el servicio sin ningún tipo de control", exponiéndole a "contenido inapropiado para su edad".

Bruselas dijo que el análisis que hace Meta sobre el riesgo que suponen sus redes sociales es "incompleto y arbitrario" y contradice "una gran cantidad de evidencias" en la UE que indican que entre el 10 y el 12% de los menores de 13 años acceden a Facebook e Instagram.

La conclusión de la Comisión llega en pleno debate sobre la necesidad de establecer una edad mínima en la UE para acceder a las redes sociales y cuando varios países ya han aprobado legislación al respecto: Francia, Italia, Dinamarca y Grecia las han prohibido a los menores de 15 años y España, a los de 16.

En este contexto, el Ejecutivo comunitario aseguró este mismo mes que la aplicación móvil que ha desarrollado para verificar la edad de los usuarios, garantizando completamente su privacidad, ya está "técnicamente preparada" para poderse usar.

La aplicación, no obstante, no es obligatoria, sino que es una herramienta que Bruselas pone a disposición de las plataformas para cumplir con la ley de servicios digitales, que les obliga a proteger de manera especial a los menores.

El Ejecutivo comunitario aspira a que los veintisiete países del bloque y las plataformas empleen esta aplicación para lograr un uso armonizado en toda la UE, aunque las tecnológicas podrán acabar utilizando sus propios sistemas de verificación de edad.

Cada día que pasa parece más claro que la crisis energética no será pasajera, sino que afectará al bolsillo de los hogares durante muchos meses más. El impacto en las gasolineras es evidente y la luz se ha encarecido respecto a febrero, pero el gas natural todavía se mantiene contenido porque la demanda en primavera es escasa. Sin embargo, ACER, la organización de reguladores europeos de energía, ha advertido este jueves que en otoño e invierno el recibo del gas subirá con fuerza y, por lo tanto, también el de la electricidad.

La razón es que la Unión Europea debe recargar una cantidad ingente de gas en sus inventarios en los próximos siete meses en mitad de lo que la Agencia Internacional de la Energía considera la mayor crisis energética de la historia. En este momento, el nivel medio de los almacenes de gas en Europa es del 31% y, en teoría, hay que alcanzar el 90% antes del 1 de diciembre, aunque ese objetivo es flexible.

ACER, un grupo del que forma parte la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), ha advertido este jueves que cumplir con esa meta será este año más caro y más difícil. Principalmente porque la competencia por el gas será mayor en todo el mundo ante la pérdida del gas catarí por el cierre del estrecho de Ormuz, por donde el año pasado cruzó el 7% del gas natural licuado que llegó a Europa por barco (el conocido como GNL), así como el 20% del GNL global.

"Recargar los almacenes hasta su capacidad máxima será más costoso y complicado en un mercado del GNL en competencia. Los precios a plazo de principios de abril de 2026 indican que esas importaciones de GNL llegarán a un coste algo superior al de años anteriores", afirman los reguladores en su último informe de monitorización del gas, publicado este jueves.

En concreto, calculan que el coste de la recarga podría aumentar entre 10.000 y 15.000 millones de euros en el invierno de 2026 si los precios del gas de referencia europeo (el conocido como TTF) se estabilizaran en 50 euros/MWh. En este momento el mercado de futuros del gas marca un precio de 44 euros/MWh para la segunda mitad del año, aunque ese valor cambia cada día con las nuevas noticias que llegan desde el Golfo. Antes de la guerra, el TTF cotizaba en esos meses a unos 31 euros/MWh, pero ha subido un 39% en menos de dos meses. 

Ana María Jaller-Makarewicz, analista de Energía en Europa en el Instituto de la Economía Energética y el Análisis Financiero (IEEFA), opina que esta crisis es un enorme toque de atención para Bruselas, que tras la crisis energética de 2022, provocada por el corte de la mayor parte del suministro de gas ruso, decidió buscar nuevos vendedores de gas en el resto del mundo. "Creyeron que la solución era diversificar las compras de gas, pero depender de otros nos ha vuelto a hacer vulnerables. Hay que apostar por la electrificación y las energías renovables", opina la experta.

Otra de las razones que apuntan al encarecimiento del gas este año, según ACER, es que en 2026 los almacenamientos de gas han llegado raquíticos a la primavera, en su nivel más bajo en nueve años, porque el invierno ha sido especialmente frío.

Los reguladores calculan que para cumplir con ese 90% de llenado en invierno hay que mantener "elevada" la entrada de gas por tubería y las compras de GNL tienen que ser un 13% superiores al año pasado. Todo esto, en un escenario de extrema competitividad global por el combustible debido al cierre de Ormuz.

Un tercer factor que complicará la logística, aunque menos importante que los anteriores, es que desde que comenzó la guerra, el gas en Asia tiene un importante sobreprecio sobre el valor del TTF europeo, de entre 5 y 10 euros MW/hora –un premium histórico–, porque en esa región la desesperación por el combustible es mayor. Esta situación podría llevar a que los metaneros "se vean más atraídos por Asia este verano", dificultando todavía más el aprovisionamiento europeo, según el informe de ACER.

España está en principio mucho mejor preparada que otros países de Europa porque sus tres almacenes subterráneos de gas natural están por encima del 60% de capacidad, aunque esto no garantiza que en la península el gas sea más barato que en Países Bajos o Grecia porque el combustible que se almacena en estos depósitos pertenece a compañías privadas que pueden revenderlo a terceros países si esa práctica es más rentable que destinarlo al consumo interno. 

El encarecimiento del gas natural para el consumidor español se puede notar de dos maneras. Si el hogar tiene una tarifa libre, esa subida puede llegar cuando se actualice el precio según lo establecido en el contrato, que suele ser de 12 meses. Incluso puede que ya se haya encarecido en las últimas cuatro semanas. En el caso de la tarifa regulada (conocida como TUR de gas), cuyo precio se actualiza trimestralmente, la fecha clave es el 1 de octubre. Entonces sufrirá el gran repunte porque en ese momento su cálculo incorpora un sobrecoste llamado gas estacional, un concepto que se añade durante los meses de frío.

Esta inflación también afecta al precio de la luz, y de manera mucho más rápida porque las compañías dueñas de las centrales de ciclo combinado (las que generan electricidad con gas) trasladan el encarecimiento de la materia prima al precio de la energía que producen. El sistema de fijación de precios diario mediante subasta limita que en primavera haya un fuerte repunte en la luz, pues las renovables marcan el precio en la mayor parte de las horas, pero durante la noche sí que se nota esa subida. Como en el caso del gas, ese cambio es solo para los clientes con contrato regulado, porque el precio de las tarifas libres depende exclusivamente de lo pactado con la comercializadora.

La Comisión Europea es consciente de la tormenta que se está formando alrededor del precio del gas natural de cara al invierno y este miércoles presentó su paquete AccelerateEU, que impulsa la coordinación de la gestión del gas natural y del combustible de aviones durante los próximos meses. 

Para evitar una ola de compras desesperadas de gas que suban todavía más su precio, la Comisión Europea también instó este miércoles a los países a que aprovechen que la normativa que obliga a rellenar sus almacenes de gas en un 90% antes de diciembre tiene un margen de flexibilidad del 10%, de manera que es suficiente con llenar inventarios al 80% para esa fecha. Bruselas está negociando además flexibilizar otro 5% más, rebajando el objetivo hasta el 75% para el 1 de diciembre. La idea es evitar que unos países pisen a otros comprando más gas del que puedan necesitar. 

Otra de las aristas que aborda el informe de ACER es que Estados Unidos ha disparado sus exportaciones de gas natural a Europa por vía marítima, principalmente para sustituir la desaparición de buena parte del gas ruso que llegaba por tubería. En el invierno 2025-2026, dejó de operar definitivamente el gasoducto ruso que atravesaba Ucrania, y en este periodo Estados Unidos incrementó sus ventas de GNL en un "impresionante" 45%, según los reguladores, alcanzando el 30% del total de importaciones de gas europeas y dos tercios del GNL. 

Rusia, en todo caso, volvió a vender grandes cantidades de gas a Europa este invierno, siendo el tercer proveedor, con el 15% de las importaciones totales de GNL, solo por detrás de EEUU. También sigue activo uno de los gasoductos Europa-Rusia, el TurkStream, que llega a Turquía y de ahí se ramifica para surtir principalmente a Hungría, Eslovaquia y Serbia. En total, Rusia supuso el 14% de las importaciones totales de gas en la UE esta temporada, equivalentes a 10.000 millones de euros anuales.

En sus previsiones para el invierno 2026-2027, ACER subraya que Europa necesita mantener en "niveles altos" las entradas de gas por tubería para poder cubrir su demanda en los meses de frío, y debe importar incluso más GNL que en 2025, lo que se traduce en que el gas ruso será impepinable este año, pese a que los países miembros están en pleno proceso de ruptura con el combustible de Moscú. El 1 de enero de 2027, según ratificó la Unión Europea el pasado 26 de enero, se prohibirá comprar GNL ruso, y el 1 de noviembre de 2027 habrá que poner fin a todos los contratos a largo plazo de gas importado por tuberías, de manera que el invierno siguiente supondrá de nuevo un desafío energético.

Las aerolíneas europeas lanzaron un llamamiento inédito la semana pasada, cuando advirtieron que en cuestión de tres semanas tendrían que iniciar un racionamiento de combustible. La Agencia Internacional de la Energía fue un paso más allá y dijo que quedan unas seis semanas de queroseno en los inventarios de la Unión, pero la Comisión Europea salió después a calmar las aguas y garantizó que no hay por ahora riesgo de desabastecimiento. Según los expertos, efectivamente hay combustible suficiente y no deberían producirse cancelaciones de vuelos en el próximo trimestre, salvo quizás en Francia y Reino Unido. También pronostican subidas importantes en el coste de los billetes de verano.

La guerra de Irán ha estrangulado el tráfico de todos los tipos de carburantes, pero el queroseno es extremadamente vulnerable, mucho más que el diésel y muchísimo más que la gasolina. En concreto, el 43% del queroseno que consume la UE y Reino Unido proviene del estrecho de Ormuz –principalmente de Kuwait–, mientras que en el caso del diésel es el 23%. En cuanto a la gasolina, Europa produce incluso más de la que consume internamente. Estas diferencias se aprecian en las curvas de precios. El queroseno se ha encarecido más de un 100% respecto a finales de febrero en la Unión Europea, alcanzando un récord histórico, mientras que el diésel ha subido un 65% y la gasolina 37%.

Aunque algunas declaraciones del sector desataron el pánico la semana pasada, la Comisión respondió el viernes que "no hay indicios de una escasez generalizada de combustible que pudiera provocar cancelaciones masivas de vuelos", aunque sí están "obviamente" preocupados por la situación. Según publican diferentes medios, Bruselas se prepara para vigilar de cerca las reservas nacionales de queroseno e incluso obligará a los estados a compartir los barriles para que no haya desequilibrios.

"Estamos moviéndonos hacia una crisis de suministro que empezará por el combustible de avión. Y nos aproximamos rápidamente", dijo este domingo el comisario de Energía, Dan Jørgensen, al Financial Times.

Según un informe de Kpler, una consultora europea especializada en tráfico de combustibles, al que ha accedido infoLibre, quedan meses antes de que haya un desabastecimiento real de queroseno en el continente, aunque subrayan que la situación es mucho más tensa que con el diésel. Estiman que si en marzo había reservas equivalentes a 52 días de consumo de queroseno en los Veintisiete (77 millones de barriles), ahora hay para unos 45 días, y en julio habrá para 28 días (49 millones de barriles), debido a que la caída de la importación obliga a quemar los inventarios.

Los analistas explican que en sus cálculos hasta verano no se entraría en el nivel mínimo operativo, el umbral crítico de abastecimiento, que sería de 33 millones de barriles de queroseno, de manera que "no se requerirá ningún ajuste de la demanda a escala continental en Europa, suponiendo que el conflicto se desescale pronto". Ese escenario supone que el estrecho del Golfo se desbloquee de aquí al mes de julio.

Donde sí pronostican que habrá escasez de queroseno será en Reino Unido, y posteriormente en Francia. La posibilidad de desabastecimiento en este segundo país podría ser lo que lleve a la Comisión Europea a activar esa redistribución, aunque antes tendrá que proponerla formalmente y acordarla con los ministros de los Estados miembros. 

Según los analistas de Kpler, tanto Reino Unido como Francia tienen una mayor dependencia del queroseno de Oriente Próximo y tienen menores provisiones. Afirman que Reino Unido ya debería empezar a reducir consumo en abril, y Francia en junio, y vaticinan que julio será el peor mes, recortando ese mes 60.000 y 40.000 barriles cada uno, respectivamente.

Los expertos esperan también una subida del precio de los billetes de avión en toda Europa este verano. Numerosas aerolíneas del continente han comunicado que están funcionando a pérdidas estos días porque el queroseno ha duplicado su coste, incluso aunque todas ellas tengan coberturas frente al encarecimiento del carburante en el mercado. Además, según Kpler, ese blindaje parcial que tienen las compañías vencerá a lo largo del segundo trimestre, y de cara al verano se expondrán de manera completa a los precios astronómicos.

"La convergencia de la erosión de la cobertura de existencias por el lado de la oferta y el vencimiento de la protección de cobertura por el lado de la demanda hace que junio y julio sean el periodo de máxima tensión para los mercados europeos de combustible de aviación", se lee en el informe. También avisan de que si el comercio global de queroseno no se recupera antes de septiembre, los inventarios europeos caerán por debajo del mínimo técnico, obligando a un "racionamiento directo de la demanda".

Varias aerolíneas empiezan a recortar rutas

Aunque ya se anticipaban problemas en el sector aéreo, las declaraciones de la última semana desataron el pánico en el sector. La división europea del Consorcio Internacional de Aeropuertos (ACI) mandó una carta a la Comisión asegurando que en tres semanas "la escasez generalizada de combustible para aviones se convertirá en una realidad para la UE" si no se recupera el estrecho de Ormuz. A ese mensaje dramático respondió la Comisión Europea asegurando que no existe riesgo a corto plazo.

El coste del queroseno es una variable primordial para las aerolíneas porque el combustible supone de media alrededor del 25% de sus costes de operación, en función de la compañía, del lugar del mundo donde trabaje y de su estrategia de aprovisionamiento, y un encarecimiento del crudo puede meter rápidamente a una empresa en números rojos.

Lufthansa, la gigante alemana, retiró este sábado 27 aviones de circulación "para evitar que las actuales pérdidas de la compañía sean todavía mayores". La aerolínea detalló en un comunicado que pierde dinero incluso teniendo el 80% de su queroseno asegurado frente a los cambios bruscos de precio. La holandesa KLM también recortará desde mayo unos 80 vuelos desde y hacia Ámsterdam, menos del 1% de todo su tráfico europeo, aunque subrayó que "no hay escasez de queroseno". La noruega SAS cancelará unos 1.000 vuelos en abril.

Sin importaciones de China ni India

A la crisis petrolera derivada de la guerra en Irán, se suma un desplome de las llegadas de queroseno desde la India y China, dos importantes proveedores de la Unión Europea. En el caso de India, la Unión Europea prohibió el 22 de enero la entrada de productos refinados a partir de petróleo ruso, ampliamente utilizado en las refinerías indias, mientras que China vetó a mediados de marzo la exportación de cualquier tipo de combustible de manera temporal para priorizar su abastecimiento interno.

La Comisión Europea se reunió este martes con la empresa estadounidense para abordar los posibles riesgos que pudiera causar el modelo de inteligencia artificial Claude Mythos Preview, después de que la tecnológica suspendiese su lanzamiento por considerar que sus habilidades avanzadas pueden suponer una amenaza para la seguridad global, según informa EFE. 

"Tenemos conversaciones en curso con Anthropic y confiamos en que la empresa nos dará información" sobre los peligros de la herramienta o sobre cómo poderlo probar en compañías o instituciones europeas, dijo el portavoz de tecnología del Ejecutivo comunitario, Thomas Regnier, en la rueda de prensa diaria de la institución. 

Mythos permite a sus usuarios analizar en tiempo real vulnerabilidades en materia de ciberseguridad, pero durante las pruebas internas, la compañía observó que el modelo fue capaz de detectar peligros que habían permanecido ocultos durante 27 años, con una capacidad autónoma tan potente que le ha llevado a suspender su comercialización generalizada. 

Por ahora, Anthropic ha lanzado el Proyecto Glasswing, un modelo de defensa en ciberseguridad a la que podrán acceder más de 40 organizaciones, entre las que figuran Amazon, Apple, Google, Microsoft, Nvidia, CrowdStrike, JPMorgan Chase, Cisco, Broadcom, Palo Alto Networks y la Linux Foundation.

El objetivo es que estos gigantes utilicen la potencia de Mythos para identificar y parchear vulnerabilidades en la infraestructura crítica de software antes de que actores malintencionados puedan explotarlas.

Además, esta semana el presidente de la Reserva Federal estadounidense, Jerome Powell, y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, se reunieron con los directores ejecutivos de los principales bancos de Estados Unidos -como Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley y Wells Fargo- para discutir los posibles riesgos cibernéticos que plantea Mythos.

La Comisión Europea ha advertido a España de que rebajar el IVA del combustible al tipo reducido del 10%, como ha hecho el Gobierno dentro de las medidas adoptadas por la guerra en Oriente Medio, se desvía de la Directiva europea sobre este impuesto, según informa EFE. 

La Directiva 2006/112/CE establece el sistema común del IVA en la UE y prohíbe explícitamente los tipos reducidos para suministros de combustibles fósiles como gasolina y diésel, según el artículo 102 y anexos. Solo autoriza reducciones para ciertos energéticos como el gas natural, la electricidad o la calefacción y para bienes orientados al consumidor final con objetivos sociales.

La rebaja del IVA de los carburantes del 21% al 10% es una de las principales medidas del paquete anticrisis que el Gobierno de Sánchez ha aprobado para hacer frente al encarecimiento de la energía por la guerra en Oriente Medio, valorado en conjunto en unos 5.000 millones de euros.  

Desde el Ejecutivo comunitario se ha instado al Gobierno a reducir los impuestos especiales a los hidrocarburos no así el IVA general, pero España ya lo hace a través de una rebaja de 14,49 céntimos de euro por litro para la gasolina de 98 octanos y de 4,9 céntimos por litro para el gasóleo. 

El departamento que dirige el comisario de Clima y Fiscalidad, Wopke Hoekstra, recomienda a los Estados miembros que las medidas que tomen para paliar el encarecimiento de la energía sean "selectivas" y "temporales" para no disparar los niveles de déficit y deuda, pero también que estas no contribuyan a aumentar la demanda de combustibles fósiles. En este sentido, entre sus recomendaciones figura gravar la electricidad con tipos más bajos que los hidrocarburos.  

"Cualquier política nacional efectiva para proteger a nuestra economía y ciudadanos debe alinearse con ciertos principios clave. Estos incluyen la necesidad de ser selectivas y temporales, no aumentar la demanda agregada de crudo y gas y ser coherentes con la necesidad de seguir descarbonizando nuestro sistema energético", dijo el comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, tras la última reunión del Eurogrupo.  

El Ejecutivo comunitario prevé presentar próximamente una batería de medidas a las que podrían recurrir los Estados para afrontar las subidas de los precios energéticos, aunque de momento no hay fecha para ello. Bruselas insiste en no incrementar la demanda de combustible, lo que podría contribuir a la inflación, y pide seguir potenciando las renovables.

En caso de que España no revierta esta rebaja en los combustibles, la Comisión Europea puede llevar el caso al TJUE y será este tribunal quien fije un lump sum (pago fijo inicial) o multas periódicas (diarias hasta cumplimiento), basadas en la gravedad, duración y capacidad económica del país infractor. En el caso del incumplimiento de esta directiva, el montante puede estar entre los 7,5 y 25 millones de euros en pago único o hasta 80.000 € diarios en multas periódicas.

España ya acumula varias multas por retrasos a la hora de transponer directivas comunitarias como por ejemplo el lump sum de 2020 por la gestión de residuos de 2,5 millones o en 2020 o en 2021 cuando la multa fue de 15 millones de euros más 89.548 diarios por el retraso de la Directiva 2016/680 de protección de datos penales.

Desde el Ministerio de Hacienda defienden, en declaraciones a La Sexta, que la rebaja es una "medida temporal y no estructural", añadiendo que su prioridad es "defender a las familias y empresas frente a los efectos de la guerra". El ejecutivo también ha asegurado que mantienen un "diálogo constructivo y fluido" con la Comisión Europea.

El único precedente que existe sobre una advertencia de la UE, se encuentra en Polonia en 2022. La Comisión monitoreó la rebaja al 8% del país centroeuropeo. Las autoridades polacas aseguraron, al igual que España, que la bajada se circunscribía en el ámbito de la crisis provocada por la guerra de Ucrania y era algo temporal.

La Comisión, advirtió, al igual que a España de que esta decisión se tomó “de manera unilateral” y “sin haber consultado a la Comisión”, pero el TJUE no tomó medidas al entender que era temporal.

En este contexto, España, Alemania, Italia, Portugal y Austria enviaron la semana pasada una carta a Hoekstra en la que piden que el Ejecutivo comunitario desarrolle medias para gravar los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas con el fin de distribuir "de manera equitativa" las consecuencias de la guerra en Oriente Medio.

La vicepresidenta tercera del Gobierno, Sara Aagesen, ha recordado que esta rebaja es una medida temporal, y ha dicho que confía en que siga en marcha, de momento, estos tres meses "y lo que sea oportuno en función de cómo evolucionen los mercados".

Así se ha pronunciado en declaraciones a los medios tras reunirse con agentes de los sectores petrolero y gasista, indicando que "es una medida, de momento, temporal". La también ministra española para la Transición Ecológica ha recalcado que el Ejecutivo se encuentra "en constante y permanente monitorización de la situación" y sigue trabajando en otro paquete de actuaciones ante la coyuntura actual.

En cualquier caso, España "por supuesto" que mantiene contacto con la Comisión Europea, ha añadido Aagesen, que espera que este debate "no tenga repercusiones en ningún consumidor" y que el IVA reducido "siga en marcha estos tres meses y lo que sea oportuno" dependiendo de cómo evolucionen los mercados.

A la pregunta de si Bruselas está satisfecha con las explicaciones que ha dado el Gobierno español, la vicepresidenta tercera ha incidido en que la Comisión Europea está "en un momento en el cual está planteando qué actuaciones se tienen que acometer a nivel europeo". Pero, todavía "no hay ninguna propuesta conjunta, sino que hay distintas declaraciones en materia de ahorro, en materia fiscal...", ha afirmado la ministra.

No obstante cree que el órgano comunitario está en una fase en la que aún tiene que pronunciarse sobre las iniciativas puestas sobre la mesa por sus miembros en estos tiempos, en alusión a los efectos económicos y, en particular, sobre la energía, de la guerra en Irán y el cierre 'de facto' del estrecho de Ormuz. "Esperamos que, ante estas circunstancias, la Comisión sea consciente de que eran (medidas) necesarias y justificadas", ha sentenciado Aagesen.

Bruselas acaba de lanzar un nuevo instrumento de inversiones militares entre los países de la UE. Dotado con apenas 115 millones de euros, está diseñado para impulsar programas de tecnologías disruptivas desarrollados por pequeñas empresas y startups que puedan aplicarse en pocos meses en el campo de batalla. La inteligencia artificial, la informática cuántica o los vehículos no tripulados centrarán estas subvenciones.

Hace menos de un año la Comisión Europea puso a disposición de los Estados miembros el Fondo SAFE con 150.000 millones de euros. Préstamos de largo vencimiento a los 27 con los que financiar grandes programas de defensa y compras de material militar mientras se aseguraba que la industria de defensa europea pueda aportar el equipamiento bélico que las fuerzas armadas nacionales exijan.

El nuevo programa Agile es mil veces más pequeño que el SAFE, pero es complementario de este último porque el Ejecutivo presidido por Ursula von der Leyen tiene claro que no debe levantar el pie del acelerador de la remilitarización europea, con la guerra de Ucrania muy presente en la frontera oriental de la UE y con el objetivo de impulsar las capacidades industriales de defensa propias frente a unos Estados Unidos imperialistas y agresivos con sus tradicionales aliados atlánticos.

SAFE no deja de ser el pilar de inversión de la Estrategia ReArm Europe (Rearme Europa) para 2030, rebautizada con ese nombre por la propia Comisión Europea tras las quejas de países como España o Italia, con el objetivo de edulcorar ante la opinión pública su verdadera finalidad. Esta estrategia se suma al Fondo Europeo de Defensa, a las normas que apoyan la producción de munición y las compras conjuntas de equipamiento militar o al programa para el Refuerzo de la Industria Europea de Defensa. “Representan”, explican un reciente trabajo del importante think tank bruselense Bruegel, “un progreso hacia el fortalecimiento de la oferta de bienes militares” porque, según el texto firmado por Guntram Wolff, ex director del German Council of Foreign Relations, y Armin Steinbach, economista jefe en el ministerio de Finanzas alemán, “Europa afronta una grave amenaza de seguridad” y “debe acelerar el rearme a través de una mayor cooperación e innovación en su gobernanza”.

Este mantra está plenamente interiorizado en la capital comunitaria, de ahí que los gobiernos de la Unión también acaben de aprobar el desvío de 34.600 millones de euros de los fondos de cohesión hacia “prioridades estratégicas más urgentes”. Entre ellas, de nuevo, las inversiones bélicas, que recibirán un tercio de esos fondos, 11.900 millones, para “fortalecer capacidades industriales de defensa, movilidad militar y la preparación civil”. Son cuatro veces más que la partida redirigida a vivienda sostenible y asequible e inclusión social o a iniciativas de descarbonización y medioambientales.

“Se están sacrificando las inversiones sociales o en favor de los derechos de los trabajadores, todo a puerta cerrada”, para “destinar dinero público a los fabricantes de armas” con “programas industriales que unen nuestras economías futuras a la guerra”, reprocha el eurodiputado del grupo de la Izquierda, Marc Botenga.

El fondo de 150.000 millones de euros dirigido a inversiones militares creado específicamente por la Comisión Europea empieza a agotar sus recursos. Francia y Croacia son los últimos países en sumarse a esa iniciativa y el instrumento SAFE habrá destinado en próximas semanas 130.000 de esos millones. España, Portugal o Bélgica estuvieron entre los primeros países que solicitaron dinero, Italia, Polonia y la mayoría de socios del este se lanzaron a por los fondos en la segunda tanda. 

Alemania ha declinado participar al contar con mejores condiciones de endeudamiento en los mercados mientras que Hungría presentó hace semanas su plan de inversiones por 16.000 millones, pero su programa parece guardado en un cajón como represalia por el continuo bloqueo que su primer ministro, Viktor Orbán, aplica en los debates europeos, en la ayuda a Ucrania y las sanciones a Rusia y a la espera de ver qué sucede en las elecciones generales del país a mediados de abril.

Las empresas alemanas o húngaras de tecnología militar sí recibirán dinero del fondo Agile, igual que las de los otros 25 socios comunitarios. El objetivo principal de este nuevo instrumento es que tecnologías emergentes salten cuanto antes del laboratorio al campo de batalla, como explicaron en Bruselas los responsables de la Comisión, gracias a subvenciones cuyo plazo de concesión se reducirá a sólo cuatro meses para apoyar a entre veinte y treinta proyectos.

Para los académicos de Bruegel —un think tank que aporta documentos de estudio y posicionamiento político, económico o industrial que sirven de base para futuras iniciativas de la Comisión—, la partida de SAFE, de otros programas militares o partidas más pequeñas como el nuevo Agile no bastarían. Wolff y Steinbach piden crear un Mecanismo de Defensa Europeo a imitación del MEDE entre gobiernos con el que se rescataron los países de la UE durante la crisis de deuda a cambio de austericidas recortes.

Este MEDE militar estaría, por tanto, al margen del escrutinio y supervisión de la Eurocámara, basado en un tratado entre gobiernos y financiado con aportaciones nacionales con las que salir a endeudarse en el mercado y así, explican los autores, aliviar las cargas presupuestarias del rearme. Su cometido sería financiar grandes programas conjuntos de defensa, creando así un mercado único europeo para esta industria y permitiendo la participación de actores no comunitarios como Reino Unido.

Estamos, en palabras de eurodiputados de izquierdas como el alemán de Die Linke, Ózlem Demirel, o Marc Botenga, del Parti du Travail de Belgique, ante una verdadera carrera de armamentos en la UE en la que se “redirigen fondos desde donde más se necesitan” como el gasto social o en la lucha contra el cambio climático “a alimentar la capacidad de producir armas”.

Los últimos datos de la OTAN publicados este jueves ejemplifican con cifras esta denuncia. En 2025, Polonia gastó en defensa el 4,3% de su PIB, las tres repúblicas bálticas entre el 3,4 y el 4%, países con economías pequeñas como Finlandia o Grecia en el entorno del 2,8% de su PIB y España saltó del 1,3%-1,4% al 2% para cumplir por primera vez con un objetivo fijado hace una década. Pese a las críticas continuas de Donald Trump y aunque sigue a la cola de la Alianza Atlántica en términos relativos de gasto militar, España está entre los países donde éste más aumentó el año pasado, un 44%, sólo superada por Luxemburgo, Bélgica, Eslovenia, Albania y Dinamarca.

No conocemos las condiciones exactas del primer acuerdo que Prisa Media firmó con OpenIA en marzo de 2024: cuánto dinero, por cuántos artículos, con qué cláusula de renovación. Los pactos entre los gigantes tecnológicos de la inteligencia artificial y los grandes grupos de comunicación tienen algo en común con los tratados de paz: se anuncian en comunicados triunfales pero entierran todos los detalles.

Aun así, lo que sabemos es suficiente para entender la dirección en la que se mueve el mercado. Y lo que no sabemos sobra para entender por qué los medios pequeños, regionales, locales e independientes están preocupados.

Desde 2023, las empresas de inteligencia artificial generativa —OpenAI, Meta, Google, Microsoft, Amazon, Perplexity— han necesitado responder a la misma pregunta incómoda: ¿de dónde sacan el texto con el que entrenan sus modelos? La respuesta es que lo toman de internet. Y una parte sustancial de ese "internet" estaba y está hecho de periodismo: crónicas, reportajes, análisis, entrevistas. El trabajo de redacciones financiadas con suscripciones y publicidad, que forman opinión pública, y a las que nadie consultó antes de convertir su producción en datos de entrenamiento.

El conflicto no es un debate técnico sobre modelos de lenguaje. Trata sobre a quién pertenece el valor que genera el periodismo. Y la respuesta que está dando el mercado es que pertenece, en gran medida, a quien tiene más capacidad de negociación.

Los modelos de lenguaje como ChatGPT, Gemini o Claude se entrenan con enormes corpus de texto extraídos de la red. Cuanto más rico y diverso es el material de entrenamiento, mejor funciona el modelo. El periodismo de calidad —con su precisión factual, su variedad temática, su diversidad de registros— es un activo extraordinariamente valioso. El problema es que fue tomado sin permiso.

Las empresas de IA arguyen que el rastreo de contenidos públicos está amparado por la excepción de la minería de datos de la normativa europea de 2019. Los editores rechazaron esa interpretación desde el primer momento. El resultado fue una acumulación de litigios, presiones regulatorias y, finalmente, una carrera por firmar acuerdos que pusieran un precio —aunque tardío— al uso de ese material.

Pero los acuerdos no resuelven el problema de fondo. Un sistema como AI Overviews de Google no solo se entrenó con artículos periodísticos: los resume en tiempo real y los sirve al usuario en la página de resultados, sin que este necesite hacer clic en el enlace original. El medio que financió el sueldo del periodista, el viaje y las horas de edición ve cómo su trabajo llega al usuario sin pasar por su web. Sin clic que genere publicidad. El periodismo se ha convertido en el combustible de un negocio que, en su fase extractiva, no deja nada a cambio.

En España, el actor central de quienes están cobrando a los gigantes de la IA es Prisa Media. La empresa propietaria de El País, la Cadena SER, Cinco Días, As y el Huffpost ha firmado con cuatro operadoras de IA en menos de dos años: con OpenAI, con Meta, con Google y con Perplexity. Prisa se ha convertido, de facto, en el interlocutor del periodismo español ante las grandes tecnológicas.

En el resto de Europa, el patrón es idéntico. OpenAI tiene acuerdos con Axel Springer, Le Monde, el Financial Times, The Guardian y Schibsted. Meta ha fichado a Le Figaro, Süddeutsche Zeitung, Reuters y News Corp. Microsoft colabora con Informa, Axel Springer, el FT y Reuters. Mistral cerró un acuerdo con la AFP. Amazon se alió con Reach, Condé Nast y Hearst.

La lista tiene una característica que se vuelve evidente al leerla entera: todos los nombres son grandes. Todos los medios firmantes tienen decenas o cientos de millones de lectores, archivos históricos de décadas y equipos jurídicos capaces de revisar contratos complejos. Ninguno es un periódico provincial, una revista especializada, un nativo digital de medio alcance. Ninguno.

La posición pública de las grandes empresas de IA descansa en tres argumentos. El primero es el de la innovación: cuando Meta rechazó, en agosto de 2025, firmar el Código de Buenas Prácticas de la UE en materia de inteligencia artificial, argumentó que introduce incertidumbres legales que ahogarán el desarrollo de la IA en Europa. Lo que no dijo es que "incertidumbre legal" es su manera de decir que no quiere quedar obligada a publicar qué datos usaron para entrenar sus modelos.

El segundo es el de la complejidad técnica: alegan que un modelo de pago proporcional al uso real de cada contenido es inviable porque no existe infraestructura para medirlo. Esto es parcialmente cierto. Pero la solución que proponen —la tarifa plana— no resuelve el problema de la atribución: lo elimina. Pagar una cantidad fija anual desvincula la compensación del uso real: el valor específico de cada pieza periodística desaparece en el bulto.

El tercero es el del mercado voluntario: sostienen que el ecosistema de licencias está tomando forma solo. Lo que no explican es que el mercado que toma forma es el de los grandes grupos. No funciona para el periódico regional que no tiene peso –ni recursos– para ser un interlocutor válido con las oficinas de OpenAI.

El argumento que las empresas raramente formulan en público es más simple: negociar con pocos actores grandes es más eficiente que hacerlo con muchos pequeños. Gestionar un acuerdo con Prisa Media tiene el mismo coste administrativo que uno con un periódico local de 10.000 lectores, pero el primero da acceso a décadas de archivo en cuatro cabeceras nacionales. Las cifras conocidas hablan solas: News Corp obtuvo 50 millones de dólares anuales de OpenAI; Axel Springer genera cifras de ocho dígitos. Los medios fuera de esa categoría no tienen cifra porque no tienen acuerdo.

El último acuerdo firmado por Meta con varios medios europeos, entre ellos los del Grupo Prisa, se ha conocido pocos días después de que el Parlamento Europeo, el pasado 12 de marzo, aprobase el informe sobre IA que lleva el nombre del eurodiputado de la CDU alemana Axel Voss. No es una directiva vinculante —ese es su límite principal— pero es el diagnóstico más preciso que ha producido hasta ahora una institución europea sobre este conflicto. Su lectura revela algo importante: los legisladores europeos entienden exactamente lo que está pasando. Y ya le han pedido a la Comisión que actúe.

El punto de partida es una afirmación que las empresas de IA llevan años esquivando: la IA generativa se ha entrenado masivamente con obras protegidas sin autorización. No como accidente ni zona gris, sino como práctica sistemática. El informe reafirma que el derecho de autor es algo que ninguna excepción tecnológica puede erosionar e introduce el concepto de ”acceso lícito”: solo puede ampararse en la excepción de minería de datos quien primero accedió legalmente al contenido.

En el plano operativo, el informe pide a la Comisión un nuevo marco jurídico que cubra no solo el entrenamiento inicial de los modelos, sino también la inferencia —el momento en que el modelo genera una respuesta— y la generación aumentada mediante recuperación: el sistema por el que algunos modelos consultan fuentes externas en tiempo real. Es una distinción técnica con consecuencias económicas enormes: cada vez que un modelo usa contenido periodístico para construir una respuesta, ese uso debería ser licenciable y remunerado.

El informe exige además transparencia: listas detalladas del contenido protegido usado para entrenamiento y usos posteriores, registros de actividades de rastreo, y que la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) actúe como intermediaria para gestionar mecanismos de exclusión y mercados de licencias sectoriales.

Rechaza también las tarifas planas: un modelo de licencia global a cambio de pago único diluye el valor de cada contenido y amenaza la diversidad sectorial. Defiende en su lugar licencias voluntarias con remuneraciones proporcionales al uso efectivo. Y añade un elemento que suele pasarse por alto: pide estudiar soluciones para remunerar los usos ya realizados. Reconoce, en otras palabras, que el daño ya ocurrió y que hay que buscar mecanismos para compensarlo retroactivamente.

Para los medios, el informe reserva un bloque específico: control efectivo sobre sus contenidos tanto para entrenamiento como para productos que compiten con ellos, compensación por desvío de audiencia e ingresos, protección especial explícita para medios locales y regionales, y prohibición de que los sistemas de IA favorezcan selectivamente ciertas cabeceras.

Es la propuesta regulatoria más completa que existe hoy en Europa. Su debilidad es que es una resolución parlamentaria, no una ley. Las empresas de IA la leen con atención. Y mientras leen, siguen firmando acuerdos de tarifa plana. Para protegerse, al menos ante los grandes grupos de comunicación, que son además los más influyentes en las políticas de Bruselas.

Mientras tanto, la batalla judicial continúa. En febrero de 2026, el Consejo Europeo de Editores de Medios demandó a Google ante la Comisión Europea. El argumento conecta con lo que el informe Voss llama “productos que compiten directamente” con los medios: cuando AI Overviews genera un resumen tan completo que el usuario ya no necesita leer el artículo original, Google no está citando al periodismo, sino suplantándolo. El usuario obtiene la información, el medio pierde el clic, Google se embolsa el dinero que genera la publicidad.

En España, CEDRO denunció a Google ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por abuso de posición dominante. El expediente se cerró en diciembre de 2025 con compromisos vinculantes para todos los editores y agencias españolas: más transparencia sobre cómo se calcula la remuneración, un procedimiento de negociación estructurado, revisión anual de las ofertas económicas y posibilidad de remuneración retroactiva.

El Tribunal de Justicia de la UE examina por su parte si los resúmenes generados por IA constituyen una reproducción ilícita que vulnera la protección especial de los editores reconocida en la Directiva de Copyright de 2019.

Al margen se están quedando, al menos por el momento, los medios pequeños y locales, que están siendo utilizados —sus contenidos rastreados, incorporados a modelos, usados para generar respuestas— sin recibir compensación, sin capacidad técnica para verificar si su trabajo está en los corpus de entrenamiento y sin recursos legales para impugnar esa situación. El informe Voss los menciona como sujetos que merecen protección especial. Pero una mención en una resolución no es un cheque ni un acuerdo comercial.

Hay además un problema que los grandes acuerdos no solucionan. Si quienes habrían visitado la web de un medio ya no lo hacen porque la IA les dio la respuesta, ningún ingreso por licencias compensa esa pérdida. Los acuerdos actuales no contemplan el valor del lector a largo plazo: la suscripción, la fidelización, la relación sostenida con la audiencia. El modelo de negocio del periodismo financiado por audiencia está siendo erosionado con independencia de si el medio firmó o no un acuerdo.

Frente a esta asimetría, CEDRO y la Asociación de Medios de Información (AMI) defienden la gestión colectiva: ningún autor individual puede negociar con las grandes plataformas en condiciones de igualdad, pero una entidad que agrupa a miles de creadores sí puede. El informe Voss respalda esta vía al pedir que la EUIPO apoye mercados de licencias sectoriales con participación de entidades de gestión colectiva. CEDRO defiende además que el contenido no se use salvo que el medio lo autorice expresamente. Porque una vez que los contenidos han entrado en el corpus de entrenamiento, no existe mecanismo técnico para retirarlos. El permiso que no se pidió al principio se puede solicitar retroactivamente, pero no sirve para nada.

Lo que está en juego no es solo una cuestión de derechos de autor. Es si el periodismo local, el especializado, el de investigación —el que no puede permitirse un equipo jurídico ni una ronda de negociación en San Francisco— va a poder seguir existiendo en un ecosistema donde su trabajo alimenta sistemas que no le pagan y que le quitan tráfico. El informe Voss dice que no debería ser así. El mercado, por ahora, alimenta lo contrario.

Y mientras las directivas maduran en Bruselas, los corpus de entrenamiento están cerrados, los modelos de IA desplegados y los contenidos de miles de redacciones que nunca han recibido —ni recibirán— una llamada de las grandes empresas tecnológicas ya forman parte de la inteligencia artificial que hoy compite con ellas. En la mayoría de los debates sobre copyright, el daño está por venir. Aquí el daño ya se produjo, pero sigue teniendo lugar. Lo que se negocia ahora no es el futuro: es si alguien va a pagar, y a quién, por lo que ya ocurrió. Y por lo que está pasando cada día.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, no es precisamente una de las grandes aliadas del Partido Popular español ni tampoco de su líder, Alberto Núñez Feijóo. El conservador tiene más sintonía con el presidente del Partido Popular Europeo (PPE) y rival interno de Von der Leyen, Manfred Weber, que en 2019 vio cómo su compañera de partido de la CDU conseguía el puesto que él ambicionaba. En privado, el PP ha llegado a criticar a la presidenta de la Comisión Europea por su buen entendimiento con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, al que la alemana ha alabado en más de una ocasión públicamente por sus reformas pese a pertenecer a la familia política de los socialistas.

Este martes, sin embargo, varios cargos de la dirección nacional del PP suscribieron las palabras de Von der Leyen tras asegurar ante los embajadores extranjeros en Bruselas que "Europa ya no puede ser la guardiana del viejo orden mundial, de un mundo que se ha ido y no volverá". Unas declaraciones que han generado multitud de críticas en el seno de la UE porque implica aceptar el dominio sin reglas ni consecuencias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo que choca con la tradicional defensa europea del derecho internacional, el respeto a los derechos humanos y la soberanía territorial de los Estados. En Génova, sin embargo, consideran que la alemana acierta porque "Europa no puede confiar en el sistema basado en reglas como la única forma de defender sus intereses". "El mundo ha cambiado. Está cambiando", señaló la portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz.

En la misma línea se expresó también el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, que apeló al "realismo" ante un escenario internacional marcado por "Rusia atacando a Ucrania y amenazando continuamente a la Unión Europea" y por "lo que está ocurriendo en Irán". "Europa tiene que actuar con inteligencia y saber moverse en este nuevo orden internacional", sostuvo. Bendodo insistió en que nadie quiere una guerra, "pero tampoco derramar ni una lágrima por un régimen que mata a mujeres, que persigue homosexuales" y que no respeta los derechos humanos.

Tras ese apoyo explícito, Génova guardó silencio este miércoles después de que Von der Leyen se haya visto obligada a matizar su posición y a reafirmar que el compromiso europeo con el derecho internacional es "inquebrantable". "La Unión Europea se fundó como un proyecto de paz. Nuestro compromiso inquebrantable con la búsqueda de la paz, con los principios de la Carta de las Naciones Unidas y con el derecho internacional es tan fundamental hoy como lo era en el momento de nuestra creación. Y siempre defenderemos estos principios", sostuvo ante el Parlamento Europeo. Preguntados por esta rectificación, en el PP señalan que "solo" van a hablar de las medidas fiscales que han presentado para paliar los efectos económicos de la guerra. De nada más.

Por su parte, la secretaria general del PPE, Dolors Montserrat, apenas ha hecho una breve mención a la postura de la alemana en el citado pleno del Parlamento Europeo para señalar que hay quien trata de "manipular" sus palabras. Sin embargo, las polémicas sobre sus extralimitaciones no son nuevas. Al final de su anterior mandato, varios dirigentes europeos reprocharon a la presidenta de la Comisión Europea haber ido más allá de sus funciones. El episodio más criticado fue su visita sin autorización de los Estados miembros al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, pocos días después de los ataques del 7 de octubre.

La tesis de Génova es que la Unión Europea no ha estado a la altura en los últimos años porque no tiene autoridad sobre nadie. "Si tú quieres un mundo con normas, tienes que tener la capacidad de imponerlas, y la Unión Europea no la tiene", dijo en rueda de prensa Ester Muñoz desde el Congreso. A su juicio, mientras otros países se rearmaban, Europa estaba "en otras cuestiones", en referencia a decisiones como el cierre de minas, el fin de explotaciones ganaderas o el tapón de las botellas. Se trata de decisiones avaladas por su familia política, mayoritaria en la Eurocámara, y por la propia Von der Leyen, con el objetivo de proteger el medio ambiente.

Sobre la guerra, la dirigente popular insistió en que la UE "quiere la multilateralidad y el Derecho Internacional, cree en las normas internacionales y en la resolución de conflictos de forma pacífica", pero lamentó que no disponga de la "capacidad" ni de la "influencia" necesarias para "garantizar que eso se haga así en todo el mundo". En su repaso, Muñoz evitó mencionar de forma expresa las acciones militares de Estados Unidos e Israel contra Irán. Una ofensiva que el PP ha procurado no criticar abiertamente y en la que la formación conservadora tiene posiciones encontradas.

Es más, mientras algunos dirigentes autonómicos han entonado el 'No a la guerra' que tanto critica Feijóo a Sánchez, otros como su portavoz adjunta en la Cámara Baja, Cayetana Álvarez de Toledo, han justificado los ataques contra Irán por ser una "teocracia criminal, que oprime, lapida y mata a su propio pueblo" y que" patrocina el terrorismo internacional y sabotea la paz en Gaza y en todo Oriente Próximo". "Sí a la guerra contra Irán", escribía en X la pasada semana. Una reflexión compartida por el expresidente del Gobierno José María Aznar, que este miércoles afirmaba que "está más que justificado que se intente cambiar a un régimen —el iraní— que altera completamente las reglas internacionales" y reivindicaba a EEUU como un aliado clave.

El de Oriente Medio no es el único frente del PP español en el marco europeo, también lo es el acuerdo entre la UE y Mercosur, capitaneado por la propia Von der Leyen y que da luz verde a la mayor zona de libre comercio del mundo con Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia. Un acuerdo que, sin embargo, ha generado fuertes críticas por parte del sector del campo, un granero de votos clave para el ascenso de la ultraderecha española, que lleva años cultivando apoyos en el mundo rural con la baza de los acuerdos entre populares y socialistas en Bruselas. Una estrategia que también ha dado réditos a la ultraderecha internacional y que fue clave en el regreso de Trump a la Casa Blanca.

En ese contexto, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, lanzó recientemente un mensaje en el que identificó a su formación como la que defiende los intereses de los agricultores durante la conferencia interparlamentaria de los populares. "Nosotros somos el partido del campo, el partido de los agricultores, el que les defiende, el que les escucha y el que hace política real para ellos. Los agricultores tienen razón. Quieren menos exigencias burocráticas y políticas que garanticen la rentabilidad y competitividad. Quieren más control de lo que viene de fuera, porque también se controlan nuestros productos cuando salen de España. Y tienen razón cuando piden acuerdos comerciales justos y con garantías que se cumplan. A diferencia de este Gobierno, lo haremos cuando lleguemos al Gobierno", proclamó.

Sin embargo, el propio Feijóo ha defendido durante sus años como presidente de la Xunta en sus visitas a países iberoamericanos la necesidad de ese pacto comercial. Ahora que ya no lo es su discurso ha virado mientras lidia con una fuerte presión interna por parte del PPE pero también de sus barones autonómicos, que ven cómo Vox está cada vez más fuerte y ha utilizado ese acuerdo como eslogan electoral. Por ello, en plena campaña de las elecciones de Aragón, el líder del PP dio un golpe de timón y salió a reclamar a la Comisión que el acuerdo no entrara en vigor hasta la "plena certeza de que se aprobarán las garantías que necesita el campo español".

El principal ponente sobre el pacto en el Parlamento Europeo es, además, el eurodiputado español del PP, Gabriel Mato, que ha defendido con firmeza durante años este nuevo vínculo comercial. Al mismo tiempo, algunos barones territoriales ya han mostrado su rechazo público, como el líder del PP asturiano, Álvaro Queipo, que lo considera "perjudicial". La gran incógnita es ahora qué hará el PP español cuando el acuerdo llegue al Parlamento Europeo para su ratificación, una vez firmado. Los eurodiputados deberán votar sí o no, sin posibilidad de introducir cambios.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró este miércoles que la Unión Europea "siempre defenderá" los principios de Naciones Unidas y del derecho internacional y recalcó que la UE "se fundó como un proyecto de paz", según recoge EFE.

"Ver cómo está el mundo no reduce nuestra determinación para luchar por el mundo que queremos. La UE se fundó como un proyecto de paz. Nuestro compromiso inquebrantable por la paz, los principios de la Carta de Naciones Unidas y el derecho internacional son tan centrales hoy como lo fueron en nuestra creación. Siempre defenderemos estos principios", dijo Von der Leyen ante el Parlamento Europeo.

Hace unos días, la presidenta de la Comisión Europea aseguró en un discurso en la conferencia anual de embajadores de la UE que se celebra en Bruselas, que daba el orden mundial por finiquitado y que era tiempo para desarrollar nuevas reglas. "Necesitamos un sistema de gobernanza mundial basado en normas. Por supuesto, el sistema de las Naciones Unidas también debe ser replanteado. Y cuando los formatos tradicionales resultan inoperantes, nos corresponde encontrar formas creativas de resolver las crisis más graves de nuestro tiempo", planteó.

Estas palabras provocaron la réplica del Gobierno español, de la vicepresidenta de la Comisión Europea Teresa Ribera y del presidente del Consejo Europeo, António Costa, que reclamaron una defensa más cerrada del orden basado en los principios de Naciones Unidas creado tras la Segunda Guerra Mundial.

En su discurso de este miércoles, la presidenta de la Comisión Europea reiteró que "nadie debe derramar ni una lágrima" por la caída de un régimen iraní que encarcela y tortura a sus ciudadanos, patrocina actos terroristas en su región y en suelo europeo y ha dado un apoyo clave a Rusia en su invasión de Ucrania.

"Muchos iraníes han celebrado la caída de (el ayatolá Alí) Jameneí. Esperan que este momento pueda abrir un camino hacia un Irán libre. Esto es lo que se merece el pueblo iraní: libertad, dignidad y el derecho a decidir su propio futuro", afirmó Von der Leyen.

La Comisión Europea (CE) confió este martes en que Estados Unidos respete sus compromisos comerciales y aseguró que velará por que se protejan "plenamente los intereses de la Unión Europea", después de que Donald Trump anunció que va a "cortar todo el comercio con España" por su postura sobre la ofensiva militar contra Irán.

"⁠Esperamos que los Estados Unidos respeten los compromisos contraídos en nuestra declaración conjunta. ⁠La Comisión velará en todo momento por que se protejan plenamente los intereses de la Unión Europea", dijo a EFE el portavoz comunitario de Comercio, Olof Gill, preguntado por las últimas declaraciones de Trump.

Gill afirmó que la posición de la UE "no ha cambiado" y remitió a esos dos "elementos fundamentales" de la declaración que la Comisión emitió el pasado 22 de febrero en respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo de EEUU contra la mayor parte de la política arancelaria de Trump, y del anuncio de éste de nuevos aranceles.

En esa ocasión, el Ejecutivo comunitario llamó a Washington a atenerse a los compromisos adoptados en la declaración conjunta que las dos partes adoptaron en agosto pasado, por la cual se evitaba la escalada de una guerra comercial y se fijaba un arancel general tope para la UE de un 15%.

El Gobierno español aseguró este martes ante las amenazas de Trump que España cumple sus compromisos con la OTAN y con la defensa europea, y le advirtió que, si quiere revisar la relación bilateral, deberá respetar la legalidad internacional y los acuerdos UE-EEUU.

Fuentes del Ejecutivo español salieron así al paso de las declaraciones de Trump en las que aseguró que va a "cortar todo el comercio con España" por su postura en relación a la ofensiva contra Irán y dijo que "no quiere tener nada que ver" con el país tras la negativa del Gobierno español a autorizar el uso por aviones estadounidenses de las bases españolas de Morón y Rota en las operaciones militares contra Teherán.

Trump también afirmó que España ha sido "un socio terrible" de la OTAN y advirtió que "nadie" le dirá que no puede usar sus instalaciones.

Las fuentes del Gobierno español recalcaron que si la Administración estadounidense quiere revisar las relaciones comerciales, deberá hacerlo respetando la autonomía de las empresas privadas, la legalidad internacional y los acuerdos bilaterales entre la Unión Europea y Estados Unidos.

La política comercial de los Estados miembros de la Unión Europea con países externos a la UE está exclusivamente en manos de la Comisión Europea desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el 1 de diciembre de 2009.

Así, el comercio extracomunitario es competencia exclusiva de la UE y no de los gobiernos nacionales de los países miembros. Esto significa que las instituciones de la UE elaboran leyes sobre cuestiones comerciales y negocian y celebran acuerdos comerciales internacionales.

Las responsabilidades de la UE abarcan el comercio de bienes y servicios; los aspectos comerciales de la propiedad intelectual, como las patentes; la contratación pública, y la inversión extranjera directa.

Este viernes, la sede del Parlamento Europeo en Madrid ha acogido la presentación del primer informe sobre vivienda emitido por el organismo europeo. El texto recoge una serie de recomendaciones que se debatirán en la Comisión el próximo mes de marzo. En la presentación, que corrió a cargo de Alicia Homs, eurodiputada del grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas (S&D) en el Parlamento Europeo, y de Borja Giménez, del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos), los políticos señalaron que se trata de un texto en el que han participado tanto progresistas como conservadores y que trata de aportar ideas a una crisis que definieron como "global". Sin embargo, y pese a la magnitud del problema, la competencia de vivienda es de los Estados y el documento se queda en una lista de recomendaciones que se concretarían de forma distinta en cada región.

En el lado de la derecha, Giménez puso el acento en propuestas como la reducción de impuestos en torno a la vivienda, la escasez de obra nueva, los dilatados plazos burocráticos o la seguridad jurídica para los inquilinos. En el lado de los progresistas, Homs insistió más en las medidas de protección a los inquilinos o en la supervisión pública cuando se simplifiquen los procesos burocráticos, como la recalificación de suelo. "Hay enfoques que no compartimos, pero hay temas que se deben poner en valor”, apuntaba la eurodiputada socialista.

Una de las propuestas en esta línea, explicó Giménez, sería acotar la concesión de licencias de obra a un máximo de 60 días e incluir el principio de silencio administrativo en caso de no recibir respuesta en ese periodo. En este punto, el informe señala que en 2023 los permisos de construcción registraron una caída significativa, con un descenso del 14,6%.

Las recomendaciones del informe, titulado El rompecabezas de la vivienda en Europa: ¿Cuál es la posición del Parlamento Europeo?, giran en torno a cinco bloques temáticos: escasa oferta, inversión y ayudas fiscales, simplificación burocrática, mejora de las condiciones de vida y soberanía industrial en la construcción.

Además, una de las advertencias formales que hacen es la necesidad de "respetar el principio de subsidiariedad", dado que la vivienda es competencia exclusiva de los Estados miembros, aunque al mismo tiempo advierten de la necesidad de "dar una respuesta más coordinada y ambiciosa".

El primero de los bloques reposa sobre los problemas que provoca la escasez de casas. "Europa necesita alrededor de 10 millones de viviendas adicionales para cerrar la brecha existente", recoge el texto. En este sentido, los eurodiputados piden simplificar los trámites administrativos, acelerar los procedimientos de concesión de permisos y movilizar inversión pública y privada para impulsar la construcción y la rehabilitación del parque inmobiliario. "Hay que construir más, eso es evidente. Pero vivienda pública y asequible, porque nos encontramos con gente de clase media y con buenos sueldos que no llega a fin de mes y no puede permitirse comprar una casa", señaló Homs.

Otro apartado atañe precisamente a la mejora de las condiciones de vida y para ello proponen canalizar fondos europeos hacia planes de vivienda asequibles y de ahorro energético.

Piden, además, "que la próxima ley sobre alquileres de corta duración establezca un equilibrio entre la facilitación del turismo y la asequibilidad de la vivienda, a fin de que la proliferación de alquileres de corta duración no amenace la asequibilidad en las ciudades" y, ligado a esto, recomiendan mejorar la recopilación de datos que se hace en materia de vivienda. "Sin datos estamos ciegos para diseñar políticas", señaló el eurodiputado popular, quien además apuntó que este era uno de los temas que generaba consenso en ambas partes del hemiciclo y anunció que se crearía una plataforma a nivel europeo para recopilar información relativa al mercado inmobiliario.

A nivel de inversiones y ayudas fiscales, los eurodiputados instan a los Estados miembros a "introducir sistemas fiscales basados en incentivos para apoyar a los hogares de renta baja y media, eliminar las barreras fiscales (es decir, las elevadas tasas de registro) para los compradores de primera vivienda, y hacer más asequibles los alquileres de larga duración", recoge el texto.

Una de las medidas que explicaba el europarlamentario popular es crear "un IVA superreducido" para la vivienda, aunque en este punto, al igual que en lo que tiene que ver con la protección de los inquilinos, las posturas suelen divergir, ya que la derecha tiende a insistir más en retirar carga fiscal que los progresistas.

El último punto hace referencia a los cambios que se deberían introducir en el sector de la construcción a nivel laboral y de formación de los trabajadores. Piden "una mayor facilidad de movilidad laboral intracomunitaria, un mejor reconocimiento mutuo de las cualificaciones profesionales y, cuando sea necesario, la contratación de trabajadores cualificados procedentes de terceros países", según explica el texto.

Entre los datos que aporta el documento para valorar la situación del mercado inmobiliario comunitario, destaca el hecho de que uno de cada diez hogares en ciudades de la UE destina más del 40% de sus ingresos a la vivienda, la misma proporción de familias que tampoco pueden mantener su casa a una temperatura adecuada.

Por otro lado, los precios han evolucionado de forma significativa. Los de compraventa aumentaron de precio en un 61% entre 2010 y 2025 y los de alquileres se elevaron un 29%.

En este contexto, las recomendaciones de este documento serán votadas en el próximo pleno del Parlamento Europeo, a mediados de marzo, aunque su concreción dependerá siempre de los Estados miembros.