La Comisión Europea considera que la reforma del Reglamento del Congreso que permitió prohibir el acceso a la Cámara a agitadores ultras como Vito Quiles o Bertrand Ndongo camuflados como periodistas supone un avance bien valorado por todas las partes afectadas. Así lo recoge el capítulo dedicado a España del Informe sobre el Estado de derecho de 2026. La Mesa del Congreso suspendió el pasado 13 de mayo indefinidamente las acreditaciones de Quiles, candidato de Se Acabó la Fiesta (SALF), la formación de Alvise Pérez, y Ndongo, exasesor de Vox en la Asamblea de Madrid, por su acumulación de expedientes provocados por grabar a diputados en zonas no autorizadas, reventar ruedas de prensa y hostigar a parlamentarios y periodistas.

El apartado dedicado a los medios del informe anual de la Comisión que analiza la calidad democrática de cada uno de los 27 socios europeos bendice la reforma del Reglamento. "En 2025, se modificaron las normas internas de procedimiento del Parlamento para introducir un marco formal de reglas de acreditación y estándares de comportamiento que definen el acceso de los periodistas y las condiciones de trabajo dentro del Parlamento", afirma el documento. Después añade que la modificación supuso "un avance que fue generalmente bien recibido por las partes interesadas". La reforma ha sido reivindicada durante meses por la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP) y la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE), además de otros colectivos.

La modificación de la norma con rango de ley que regula el funcionamiento de la Cámara baja se aprobó el 22 de julio de 2025 con el apoyo de la mayoría de la investidura y el voto en contra del PP y Vox. El nuevo texto encomendó a la Mesa la regulación "del procedimiento para la concesión y renovación de credenciales a los representantes gráficos y literarios de los distintos medios, con objeto de que puedan acceder a los locales del recinto parlamentario que se les destine y a las sesiones a que puedan asistir". También atribuyó a ese órgano parlamentario la fijación "de los requisitos que resulten exigibles atendiendo a la necesidad de respetar el derecho a la información veraz y el buen funcionamiento de la Cámara".

Entre esos requisitos, aprobados por la Mesa dos meses después, se recogía expresamente la prohibición de "dirigirse a cualquier persona con un equipo de grabación en funcionamiento sin haber solicitado previamente su permiso", uno de los métodos de acoso más comunes de los agitadores ultras. También quedó vetada "la grabación o toma de imágenes con dispositivos móviles, así como con cámaras o material de grabación de manera engañosa", limitando esa actividad informativa a los reporteros gráficos y operadores del televisión.

La reforma del Reglamento ahora avalada por Bruselas recoge como infracciones muy graves algunos de los comportamientos reiterados de Quiles y Ndongo, como "la falta de respeto a las reglas de cortesía en el recinto parlamentario y zonas o edificios adscritos al Congreso". "Se considerará en todo caso una infracción muy grave proferir insultos, descalificaciones o atentar contra la dignidad de otras personas", añadía. También "la grabación de imágenes o sonidos mediante el uso de dispositivos ocultos" en los despachos y en las oficinas de los grupos o fuera de los espacios habilitados para ello "que contenga datos de carácter personal o vulnere la intimidad de las personas", así como la difusión de estas grabaciones "en medios y redes sociales".

Los expedientes más avanzados sobre Vito Quiles, que permitieron a la Mesa la suspensión indefinida de su acreditación en mayo, se abrieron por dos grabaciones realizadas con su teléfono móvil en dependencias del Congreso donde no estaba autorizado. La APP denunció primero la grabación al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un pasillo anexo a la Sala Constitucional y, después, otro encontronazo con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Quiles estaba acreditado como redactor literario, una categoría que no permite grabar vídeos dentro de la Cámara. El excandidato de SALF acumula otras seis quejas por denuncias del PSOE y Podemos, además de varias causas judiciales, como la presunta agresión a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno.

El expediente que motivó la suspensión de Ndongo parte de la denuncia de Sumar por la interrupción de una rueda de prensa de su portavoz, Verónica Martínez. El Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria, también creado por la reforma del Reglamento para atajar estos comportamientos, ya apreció que su conducta había obstaculizado el desarrollo de la comparecencia ante los medios de comunicación y había implicado una "visible violencia verbal" contra una representante pública y contra una periodista que tenía concedido el turno de palabra. El agitador camerunés protagonizó un incidente con la diputada de Sumar Aina Vidal, a la que insultó –le llamó "idiota"– en una rueda de prensa antes de abalanzarse sobre ella para impedirle acceder a un taxi a la salida del Congreso.

¿Por qué la Comisión Europea no ha tramitado un requerimiento formal “Request for Information” (RFI) 1 en lugar de entrevistarse con Meta y TikTok dándoles un plazo hasta el lunes? No sé qué responder, pero creo que se debiera aclarar el porqué. La Comisión puede hacer ese requerimiento y debió hacerlo, en lugar de esperar dos días. Pues es posible que, sin la preservación de datos que conlleva, determinados contenidos, cuentas, metadatos o registros desaparezcan. Es como ofrecer al sospechoso dos días para ocultar las pruebas del crimen. Entonces, ¿por qué la Comisión se ha limitado a aconsejar que vigilen más las plataformas, en lugar de requerir judicialmente esa información? La situación es lo suficientemente grave, aún más cuando esa estructura parece haber migrado a lugares menos visibles de la red.

Las grandes tecnológicas están por la labor democrática, se ve en sus manifestaciones brazo en alto. Y hay cierta sintonía en los antiguos camaradas del Silicon Valley, pero yendo a lo concreto: el viernes la comisaria Henna Virkkunen se reunió con representantes de TikTok y Meta, al parecer para animarlos a que vigilen mejor las redes. Pero si esto es así y sólo ha pedido que vigilen y no ha pedido una RFI, es muy posible que si hay connivencia, esos datos desaparezcan.

Existe una Ley de Servicios Digitales, la “Digital Services Act” (DSA) que permite ese requerimiento y, seguramente, hay responsables a los que no hay rogar: “¿Porfa, decidnos qué ocurrió?”. Pues está claro, como parece derivarse de la investigación de Golden Owl 2, que se trata de una red organizada, y que si sigue ahí para volver a la carga las plataformas pueden decir muchas cosas. Por tanto, se puede y se debe exigir mediante RFI a TikTok y a Meta, no que incrementen la vigilancia, sino que identifiquen las primeras publicaciones relativas al desplazamiento a Ceuta, que identifiquen quién creó dichas cuentas, que reconstruyan la propagación, que determinen desde qué países actuaron esas redes, que identifiquen las cuentas que actuaron coordinadamente, qué cuentas amplificaron el contenido, que examinen los cambios habidos de administradores y nombres, que examinen cuándo se crearon los grupos, que comparen la actividad privada hasta donde jurídicamente sea posible, que conserven los registros antes de que puedan desaparecer los ciclos normales de retención (sin esto no hay nada), que comparen la información de Meta con la de TikTok y otras posibles plataformas intermedias, que, posteriormente, crucen la información obtenida con el socio comunitario España, es decir con las autoridades competentes para intentar delimitar cómo pasó y quién hay detrás de esto. Evidentemente, para luego poder pedir responsabilidades. El lunes será quizá demasiado tarde. Posiblemente, el maquillaje será tan bueno que tapará el cuerpo del delito.

La Comisión puede además ejercer su potestad de comprobar directamente los sistemas y registros de las grandes plataformas, las “Very Large Online Platforma” (VLOP), que funcionan en su territorio. Hay que tener en cuenta quién controla los datos europeos de TikTok y Meta y, además, los que se facilitan a Marruecos, con lo cual el gobierno marroquí también debería, pues no es socio comunitario, solicitar esa inspección por los cauces apropiados. Aunque TikTok pertenece a ByteDance, es necesario plantear qué empresa es responsable en Europa de los datos implicados. En este sentido, al igual que con Meta, requerir esa información a quien corresponda. Hay que tener en cuenta que pueden haber entrado en liza otras plataformas y otras redes, con lo cual la cosa se complica, pero igualmente bajo la DSA se puede actuar si se quiere.

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Sergio Hinojosa es licenciado en Filosofía por la Universidad de Granada y profesor de instituto.

A veces los símbolos surgen de manera espontánea. Alguien detiene su mirada en una imagen que le atrapa, se alza ante ella y la deja prácticamente hipnotizada sin saber muy bien el motivo de ese trance, a continuación puede llegar a pensar que se trata de una advertencia, puede llegar a pensar que ese acto en sí ha conseguido desplazarla a un futuro próximo, y ahí es donde se conforman los símbolos. Los míos, en este caso, han llegado de la mano de la alegoría porque la fotografía que ha impactado en mi retina posee un significado literal (lo que veo) y un significado oculto (la idea real que me transmite).

Les invito a que la busquen, se trata de la plaza Schuman, ubicada en un barrio de Bruselas, flanqueada por la Comisión Europea, el Consejo Europeo y el Servicio de Acción exterior de la Unión Europea. Los bruselenses la han bautizado como “la sartén más grande de Europa”. Parece ser que es fruto de una larga y fallida rehabilitación que, aunque no está concluida, ya la dan por fracasada. La imagen que ofrece es desoladora: sin vegetación alguna (tan solo unas estrechas jardineras), sin techados, sin asientos (mejor no aventurarse a detenerse), diáfana, sin alma (¿por qué no?). Si a esta plaza la revestimos de símbolos, representará una Comunidad Europea tan grande como yerma, tan gris y dura como débil, tan frustrada como ridiculizada, tan condenable como fea y tan sofocada como incendiada.

La plaza Schuman es la idea de que algunas cosas representan a otras. Un espacio como ese nos puede remitir a esos pensamientos, a los que con bastante frecuencia nos asomamos cuando la Europa en la que creemos no cumple nuestras expectativas, los de las promesas incumplidas y los esfuerzos infructuosos.

Esa fisonomía circular no armoniza con ninguna de las construcciones que la rodean, pero al menos es circular, y eso representa el tiempo y el espacio sin un principio ni un fin. Dicen que el círculo refleja el flujo constante del tiempo, el universo y el eterno retorno de la vida. Quizás Europa todavía pueda salvarse, y nosotros con ella.

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Rosa Ángeles Fernández es socia de infoLibre.

La ley europea de inteligencia artificial alcanza este domingo una de las fechas más importantes de su calendario. Aunque entró en vigor el 1 de agosto de 2024, comienza ahora a aplicarse de forma general. Desde este domingo serán obligatorias las normas que exigen informar a los usuarios cuando interactúan con una máquina o reciben contenidos creados o manipulados con IA. Otras partes ya estaban en marcha: los usos considerados inaceptables están prohibidos desde febrero de 2025 y las primeras reglas para los modelos de IA de uso general rigen desde agosto del año pasado.

El despliegue llega, sin embargo, con una protección todavía incompleta. Europa comienza a exigir que los ciudadanos sepan cuándo interviene una máquina, pero ha aplazado los controles sobre las herramientas capaces de condicionar el acceso a un empleo, una prestación pública, un crédito o un permiso migratorio. La Comisión Europea sostiene que los retrasos permitirán reducir cargas para las empresas y evitar inseguridad jurídica mientras se elaboran los estándares técnicos necesarios.

Para Anabel Arias, responsable de Derechos Digitales de la Federación de Consumidores y Usuarios CECU, este escenario obliga a rebajar las expectativas. “No es un marco de protección de derechos, como el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), sino una regulación tecnológica”, explica a infoLibre. La norma ordena el desarrollo y el uso de esta tecnología según el peligro que representa, pero no garantiza por sí sola los derechos fundamentales.

Una de sus principales fortalezas es que Europa deja de confiar únicamente en los compromisos voluntarios de las empresas y establece obligaciones legales. Prohíbe prácticas como la puntuación social, la manipulación mediante técnicas ocultas, la explotación de las vulnerabilidades de determinados colectivos o algunos usos del reconocimiento biométrico.

También prevé controles a los llamados sistemas de alto riesgo, aunque su aplicación se ha aplazado hasta diciembre de 2027. Son aquellos que pueden influir de manera importante en la vida de una persona, por ejemplo, al intervenir en la concesión de un empleo, una plaza educativa, un crédito, una ayuda pública o un permiso de residencia. Estas herramientas deberán cumplir requisitos sobre la calidad de los datos, documentar su funcionamiento, contar con supervisión humana y garantizar unas condiciones mínimas de seguridad.

Cristina Puente, ingeniera de inteligencia artificial y profesora de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid, considera que esta clasificación busca equilibrar “la mitigación o minimización de las amenazas” con el desarrollo responsable de la tecnología. Frente a una regulación específica para cada nueva herramienta, que podría quedar obsoleta rápidamente, el modelo basado en riesgos ofrece, según la ingeniera, una “gran capacidad de adaptación a los cambios”.

Arias valora también la creación de un registro europeo que debería permitir conocer qué herramientas de alto riesgo se emplean, para qué sirven y quién responde por ellas. El problema es que los controles más exigentes solo afectan a una parte de la inteligencia artificial disponible. Los algoritmos que deciden qué publicaciones, recomendaciones o anuncios ve cada usuario pueden reforzar prejuicios, amplificar la desinformación o condicionar el debate público, pero no entran necesariamente en esa categoría.

“El enfoque de riesgo es la limitación más estructural del Reglamento”, sostiene Arias. La definición deja margen para distintas interpretaciones y confía en que sean las propias empresas las que clasifiquen correctamente sus productos. La experta señala además las excepciones que permiten determinados usos de la vigilancia biométrica por parte de las fuerzas de seguridad en espacios públicos, una protección menor de la reclamada por las organizaciones de derechos fundamentales. Estas entidades temen que las excepciones faciliten una identificación y un seguimiento más amplios de la ciudadanía y que afecten especialmente a colectivos ya expuestos a discriminación. 

Gran parte de las obligaciones para las herramientas de alto riesgo debía comenzar a aplicarse este agosto. No obstante, el Ómnibus de Inteligencia Artificial, incluido en la estrategia de desregulación de la Comisión, ha trasladado la fecha al 2 de diciembre de 2027. Los requisitos para la IA incorporada a productos como juguetes, maquinaria o dispositivos médicos se aplazan también hasta agosto de 2028.

Bruselas justifica la demora por la falta de estándares, orientaciones y herramientas técnicas que permitan cumplir la ley con seguridad jurídica. Elisa Gutiérrez García, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid y experta en inteligencia artificial y derechos fundamentales, reconoce a infoLibre que estos sistemas son los más complejos de adaptar, por lo que el retraso “puede ser comprensible desde esa perspectiva”. También recuerda que no se debería producir un vacío legal: “El derecho previo sigue siendo de aplicación, incluyendo la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea”.

Arias cuestiona que la falta de estándares justifique posponer el conjunto de las obligaciones. La Comisión puede aprobar especificaciones comunes mientras estos se terminan y defiende que medidas como evaluar los riesgos, documentar el funcionamiento o garantizar la supervisión humana no dependen exclusivamente de una norma técnica. “Que no lo haya hecho es también una decisión política”, afirma. “Estamos hablando de sistemas que ya están decidiendo sobre acceso a servicios sociales, procesos migratorios o condiciones laborales. Retrasar las garantías y reducir la transparencia no beneficia a las personas, beneficia a quienes despliegan estos sistemas sin querer rendir cuentas” amplía.

El ex eurodiputado socialista Iban García del Blanco, uno de los negociadores de la ley durante la pasada legislatura, tampoco considera que el Ómnibus sea una simple corrección técnica. Aunque reconoce la necesidad de coordinar mejor las diferentes normas y facilitar su cumplimiento, cree que Bruselas ha reabierto un equilibrio legislativo delicado antes de comprobar sus resultados. Resume el giro como “algo de pragmatismo y mucho de claudicación” ante la búsqueda de competitividad tecnológica.

Este proceso no sólo afecta a la inteligencia artificial. La misma estrategia de simplificación alcanza también al Reglamento General de Protección de Datos y a la Directiva ePrivacy. Tanto Arias como Del Blanco temen que la competitividad termine utilizándose como argumento para debilitar los límites a la recopilación de datos y al poder de las grandes plataformas.

La principal novedad que sí se activa este 2 de agosto se centra en la transparencia. Los proveedores deberán avisar cuando una persona interactúe con un chatbot, un agente virtual o un avatar e incorporar marcas técnicas que permitan detectar contenidos sintéticos. Además, quienes empleen estas herramientas deberán identificar visiblemente los deepfakes y determinados textos creados con IA sobre asuntos de interés público.

Para Gutiérrez, estas medidas son “de vital importancia para combatir la desinformación y otros desórdenes informativos”, porque ponen en alerta al destinatario sin imponer limitaciones excesivas que puedan perjudicar la libertad de expresión o el derecho a la información.

Puente advierte de que la desinformación no siempre se comparte de forma consciente. Los sistemas de IA pueden ofrecer respuestas falsas o sesgadas con apariencia de veracidad, y los usuarios pueden confiar en ellas sin comprobarlas. “Muchas veces el propio usuario desconocerá que el contenido generado es erróneo y lo puede dar por bueno”, explica. Esa confianza puede hacer que la información falsa termine difundiéndose en redes sociales. Por eso, considera “muy valioso” identificar claramente los contenidos creados o modificados mediante IA. 

Una de las principales excepciones afecta a los textos informativos. No tendrán que identificarse cuando hayan pasado por una revisión humana o un control editorial sustantivo y una persona asuma la responsabilidad final. Las directrices de la Comisión aclaran que una simple corrección ortográfica o gramatical no basta, pero será difícil comprobar desde fuera cuánto ha sido creado por IA. 

“Es una excepción razonable en teoría, pero en la práctica será difícil de verificar externamente y abre margen a interpretaciones laxas”, advierte Arias. Una empresa, una institución o un partido podrá afirmar que el contenido ha sido revisado, mientras periodistas y ciudadanos carecerán de medios para conocer el proceso real de elaboración.

La eficacia de la ley dependerá finalmente de la capacidad para monitorizar y hacerla cumplir. La supervisión se reparte entre la Oficina Europea de Inteligencia Artificial y las autoridades nacionales, pero algunos países todavía no han definido por completo qué organismos asumirán cada competencia, cómo actuarán y de qué recursos dispondrán.

En España, el proyecto de ley orgánica para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial continúa en la Comisión de Economía del Congreso, con el plazo de enmiendas abierto hasta el 2 de septiembre. La legislación que debe completar el reparto de competencias y el régimen sancionador no estará, por tanto, aprobada cuando comiencen a aplicarse las obligaciones de transparencia.

Arias alerta de que una norma común puede ofrecer niveles de protección desiguales si unas autoridades cuentan con equipos capaces de auditar herramientas complejas y otras carecen de recursos, personal especializado o voluntad política para enfrentarse a las grandes compañías tecnológicas. Además, buena parte de la aplicación dependerá de orientaciones, estándares técnicos y códigos voluntarios. Estas herramientas pueden ayudar a las empresas a cumplir la ley, pero no sustituyen una supervisión pública que compruebe si las medidas se aplican realmente. 

“Su capacidad para proteger a las personas dependerá en gran medida de cómo interactúe con otras normas y de que las autoridades tengan recursos y voluntad real de hacerlo cumplir”, concluye Arias.

Las tensiones geopolíticas, la carrera por incrementar el gasto en defensa o el desafío demográfico y la sostenibilidad del sistema son cuestiones que están afectando a todos los países europeos. La pasada semana, Ursula von der Leyen lanzó una advertencia a los gobiernos europeos: sin nuevas fuentes de ingresos, habrá recortes. La presidenta de la Comisión Europea señaló que los países debían encontrar nuevas vías para abastecer las arcas comunitarias o, de lo contrario, apuntaba a la posibilidad de reducir partidas de gasto comunitario con recortes de hasta un 40%. El fantasma de la austeridad, los recortes recientes en países como Alemania y el abordaje que se propone desde lo político para algunos de estos desafíos, hacen que se empiecen a contraponer distintos enfoques económicos para atajar estos problemas. Y parece que es en el modelo alemán donde se miran algunas propuestas del Partido Popular.

En España, con las elecciones generales resonando ya en los argumentarios de los partidos, las propuestas empiezan a asomar y este martes al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se le escapó una muy polémica acerca de reducir el salario de los trabajadores que estén de baja. “Si en los convenios de empresa se pacta que una persona que no va a trabajar cobre lo mismo que cuando va a trabajar, pues qué quiere que le diga”, señalaba Feijóo en un encuentro con empresarios. “Este asunto tenemos que retomarlo con las comunidades autónomas, con el Gobierno central, con la patronal y con los sindicatos. Si llegamos a un acuerdo, fantástico. Si no, pues qué le vamos a hacer, pero España no puede dedicar 30.000 millones a esto”, remataba. La tromba de reacciones no se hizo esperar y tanto el Gobierno como los sindicatos criticaron duramente sus declaraciones.

Pero lo cierto es que, a nivel europeo, Alemania –que ha dado un giro de austeridad en su política reciente– está diseñando ideas similares. El Gobierno de coalición de Friedrich Merz presentó un paquete de reformas para revitalizar la economía que contenía la posibilidad de suspender los certificados de baja laboral emitidos por teléfono y contemplaba introducir bajas parciales, es decir, la posibilidad de que un médico conceda bajas que impliquen trabajar el 75%, el 50% o el 25% del horario laboral. También allí se ha deslizado la idea de que detrás del aumento de las bajas puede haber fraude. “No aceptaremos el drástico aumento de las bajas por enfermedad desde el inicio de la pandemia”, señaló Merz. El discurso de Feijóo sobre el absentismo esta semana apuntaba en la misma dirección y se alineaba con el que desde hace tiempo mantienen las patronales. De hecho, Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, llegó a hablar de “profesionales del absentismo” que, en su opinión, “acumulaban bajas de larga duración”.

Cabe destacar que lo que se considera como absentismo es un cajón de sastre que mezcla cosas distintas. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define el absentismo como “la no asistencia al trabajo por parte de un empleado que se esperaba que asistiera”, excluyendo de este cálculo las vacaciones y las huelgas. Sí incluye, en cambio, bajas por incapacidad temporal derivadas de enfermedades comunes o accidentes laborales justificados con baja médica. Incluye también ausencias por permisos retribuidos o licencias por nacimiento o adopción, es decir, derechos adquiridos que los trabajadores pueden ejercer libremente, sin que ello suponga incumplir los compromisos profesionales. Más allá de la idea que se ha tratado de deslizar sobre el fraude, un problema del que no existen datos, hay factores que explican que España sea uno de los países con peores cifras de la Unión Europea: las listas de espera en la sanidad pública (121 días) y el aumento de la edad media de los trabajadores.

Pero las coincidencias del discurso de Feijóo con el modelo alemán no se limitan a las bajas. El país germano, que aprobó sus presupuestos para 2027 este lunes, ha entrado en una espiral de recortes que va desde cambiar el modelo de pensiones a una mayor austeridad en gasto sanitario. En el ámbito de las pensiones, el Partido Popular ha propuesto varias medidas encaminadas a fomentar planes privados de jubilación o reducciones sobre la cuota de autónomos cuando se cuente con uno de estos productos. Una de las medidas planteaba una reducción de cuotas para los autónomos que tengan más de 42 años y hagan aportaciones a un plan de pensiones privado. Otra idea que también exploraron los populares era incentivar las aportaciones a estos planes con beneficios fiscales. La propuesta de Alemania no es idéntica, pero sí incluye la creación de una pensión privada y obligatoria complementaria a la pública, a la que los trabajadores y las empresas aportarán el 2% de su salario anual. Además, Berlín ha ido más allá y ha planteado un aumento en la edad de jubilación que a partir de 2027 será de 67 años y se vinculará a la esperanza de vida, pudiendo llegar hasta los 70 años en lo sucesivo.

La "sintonía" entre Feijóo y Mertz es algo que el propio partido ha puesto en valor. "Ambos líderes han mostrado su sintonía en el ámbito europeo, en temas como la lucha contra la inmigración ilegal, la necesidad de desregulación o la flexibilización de la Agenda Verde, además de compartir su preocupación por la situación internacional", señala una nota de prensa publicada en septiembre del año pasado con motivo de una reunión entre ambos políticos.

La polémica generada por las declaraciones de Feijóo ha servido a la izquierda para atacar a la agrupación popular, señalando que su hipotética victoria en unas elecciones conllevaría políticas más austeras. El presidente del Gobierno hacía referencia a ello en sus redes sociales, señalando que "quien llama 'cáncer' a las bajas laborales y propone que los trabajadores enfermos cobren menos deja claro de qué lado está". Otros miembros del PP trataban de salir al paso de las declaraciones, matizando que Feijóo no había "dicho nada de recortes" o que simplemente se refería a quienes cometían fraude (algo de lo que no hay datos contrastables, ya que la certificación la emite un médico). También la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, atacaba las declaraciones en los mismos términos: "Feijóo deja claro qué hará si llega a ser presidente del Gobierno", escribía en Bluesky.

El país germano enfrenta una situación económica delicada. Las repercusiones de la guerra de Irán, el aumento en los precios de la energía y un crecimiento estimado para este año de apenas un 0,5% están lastrando a la principal economía de la Unión Europea. Si a ello se suma el compromiso de avanzar en defensa y las inversiones que esto conlleva, la situación adquiere un cariz aún más complejo.

El gasto militar ha sido una de las piedras angulares sobre las que se ha diseñado su proyecto de presupuestos. De hecho, el Ministerio de Defensa aumentará su atribución en un 27,9% con respecto al año anterior y la deuda contraída en este ámbito representa actualmente el 50% del total. En 2027, el presupuesto estimado para el rearme ascenderá a 109.700 millones. Para ponerlo en contexto, España gastó en 2025 alrededor de 33.000 millones.

Las razones detrás de la política económica alemana, señaló su ministro de Finanzas, Lars Klingbeil, son diseñar un modelo que no se vea tan afectado por las sucesivas crisis internacionales y mejorar la defensa frente a las amenazas de Rusia. "Damos tumbos de una crisis a otra", lamentó el ministro germano en la presentación de su proyecto de presupuestos.

Una mayoría de españoles cree que los juzgados y tribunales no son independientes o no lo suficiente. Y apuntan a la política y la economía como motivos de esa falta de imparcialidad. Así lo recoge la edición de 2026 del cuadro de indicadores de la justicia de la UE que cada año elabora la Comisión Europea. España mejora ligeramente respecto a informes anteriores, pero sigue quedando muy lejos de las grandes economías de la UE, como Alemania, Francia o Italia. De los Veintisiete, se sitúa en el puesto 22 dejando únicamente por detrás a Chipre, Eslovaquia, Hungría, Croacia y Bulgaria. ¿La razón? La supuesta influencia del Gobierno y los partidos en los jueces. También la de las grandes empresas y poderes económicos. 

Frente a un 40% de españoles que considera “buena” o “muy buena” la independencia judicial, un 45% tiene una percepción negativa y la ve “mala” o “muy mala”. Entre los ciudadanos, la visión positiva gana apenas un par de puntos respecto al año anterior. Sin embargo, en la percepción de las empresas, la confianza en la independencia de los jueces crece con más fuerza, aunque en comparación con el mismo indicador en el resto de países, España no abandona los últimos puestos de la UE. El crecimiento en 2026 respecto a 2025 de las compañías con una visión positiva de la independencia judicial española es del 5%, lo que nos deja en el puesto 19 del ranking, también lejos de nuestros principales países de referencia.

La percepción subjetiva sobre la independencia de los jueces contrasta con el gasto público dedicado a este servicio. España está a la cabeza en inversión en justicia y es uno de los Estados con mejor nota en aplicación de las nuevas tecnologías al sistema judicial. Se sitúa en el puesto nueve entre los que más invierte en justicia respecto a su Producto Interior Bruto (PIB), posición en que, entre los grandes países europeos, solo es superada por Alemania. Italia, Francia o Países Bajos se quedan detrás. Si el gasto se mide por habitante, en lugar de compararlo con el tamaño de la economía, España se sitúa en una posición intermedia dentro de la UE, aunque en niveles similares a los de Italia o Francia.

Que la mayoría de esa inversión ha ido a mejoras tecnológicas para la administración de justicia lo demuestra el hecho de que, en todos los indicadores relacionados con la tecnología, España se sitúe a la cabeza de Europa. Sus calificaciones están entre las mejores en acceso a la información judicial a través de internet, la digitalización de juzgados y tribunales, el uso de la inteligencia artificial, las videoconferencias, el teletrabajo… También en la digitalización de los expedientes o la puesta a disposición de medios y aplicaciones para que ciudadanos y profesionales puedan actuar con los órganos judiciales.

Pese a que los medios materiales y tecnológicos sean buenos, España sigue estando por debajo de la media en número de jueces por cada 100.000 habitantes y solo tiene por detrás a Malta, Dinamarca e Irlanda. El dato será previsiblemente mejor en su edición del año próximo debido a que el Gobierno ha anunciado para este año la creación de 500 nuevas plazas judiciales. Este lunes, el BOE ha publicado una macroconvocatoria para cubrir 700 plaza de jueces y fiscales: 375 plazas de jueces por oposición, 125 de magistrados por el denominado cuarto turno —para juristas de reconocida competencia con más de diez años de ejercicio profesional— y 200 más para fiscales. Con todo ello, según el Ejecutivo, España alcanzará la media europea en este indicador.

La inversión –la general y la tecnológica– tampoco se refleja en el sempiterno atasco judicial español. El informe coloca otra vez a España en los últimos puestos respecto del tiempo que los tribunales necesitan para resolver los asuntos, los casos pendientes y en la tasa de resolución (en la que estamos terceros por la cola). Sin embargo, sí sale bien parada en el acceso a métodos alternativos de resolución de conflictos, como la conciliación, la negociación o el arbitraje. Desde principios de enero de 2025, cuando entró en vigor la ley de eficiencia impulsada por el Gobierno, recurrir a estos métodos antes de presentar la demanda, es obligatorio en los procesos civiles. 

Por último, y en coincidencia con otros organismos como el Consejo de Europa o la OCDE que cada año evalúan la calidad de la democracia española, el informe de la Comisión coloca a España en el grupo de países de la UE que no tienen un registro de grupos de interés (lobby), en el que también están otras grandes economías como Dinamarca, Italia, Países Bajos o Suecia. En pleno estallido del caso Plus Ultra y de la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por tráfico de influencias entre otros delitos, la comisión advierte que hay que dotar de transparencia a esta actividad para que no se transforme en “una puerta hacia la corrupción”.

El Parlamento Europeo ha dado luz verde definitiva al nuevo reglamento que acelerará las expulsiones de migrantes en situación irregular en territorio comunitario y permitirá financiar con dinero de la Unión Europea centros de deportación en terceros países. Familias con menores podrán ser recluidos en estos centros, aunque se encuentren en territorios por los que nunca hayan pasado ni sean su lugar de procedencia.

Dos años después de que el gobierno ultra de la italiana Giorgia Meloni pactase estas polémicas medidas con Albania; un año después de que la Comisión Europea las avalase calificándolas como soluciones “innovadoras” e incluidas en una propuesta legislativa formal; y tras un debate entre los Veintisiete en el que España se mostró como la excepción en contra de las deportaciones, el nuevo modelo es ya son una realidad. Se trata de un sistema de expulsiones migratorias que recuerda al tristemente conocido ICE estadounidense.

Con 418 votos a favor, 218 en contra y 30 abstenciones, la Eurocámara han sacado adelante nuevas normas que se incorporan al Pacto Migratorio de la UE para acelerar las devoluciones de migrantes. La amplia mayoría de legisladores favorables estuvo formada por el Partido Popular europeo y los tres grupos parlamentarios de la extrema derecha, pero no solo. Nueve eurodiputados socialdemócratas, 37 liberales y hasta dos representantes de Los Verdes se unieron al bloque ultra, generando este último movimiento la repulsa dentro de las filas ecologistas.

Entre gritos de “Send them back” —"devolvedlos"—  vociferados por la extrema derecha, y con el eurodiputado socialista Javi López contando los votos como vicepresidente de la Cámara en un verdadero mal trago, la Unión Europea aprobó el mayor endurecimiento migratorio en décadas. El nuevo reglamento de retornos creará centros de deportación mediante acuerdos bilaterales entre los Estados miembros y terceros países, financiados con fondos del presupuesto de la UE, a los que expulsar a migrantes después de una decisión dictada por las autoridades nacionales competentes, aunque esa persona no se encuentre en su Estado. Esa decisión conllevará la obligación de abandonar el territorio comunitario.

La expulsión se realizará después de la detención de los migrantes, incluso en sus centros de trabajo, para proceder a una reclusión que podrá alargarse hasta 24 meses, prorrogables otros seis si las autoridades administrativas o judiciales consideran que existe un riesgo de fuga o para la seguridad. La expulsión a terceros países conllevará la prohibición de entrar en territorio comunitario, incluso de por vida. La eurodiputada de Sumar Estrella Galán denuncia “la normalización de acuerdos con gobiernos que no respetan los derechos humanos” y sostiene que la UE “ha externalizado sus responsabilidades y fronteras” al facilitar lo que considera que serán “Guantánamos europeos donde la gente podrá ser deportada fuera de cualquier supervisión judicial”.

En el PP europeo justifican el reglamento porque califican de “realidad insostenible” la situación migratoria del continente y ponen como ejemplo que “actualmente sólo uno de cada cinco inmigrantes en situación irregular sobre los que pesa una orden de retorno abandona efectivamente el territorio de la Unión”. El eurodiputado del PP español y presidente de la Comisión de Libertades, Javier Zarzalejos, cree que "Europa está enviando un mensaje claro: la inmigración debe ser legal, ordenada y compatible con la capacidad de acogida de nuestras sociedades” y que “sin retornos eficaces no existe una política migratoria creíble y sin control de la inmigración irregular no puede haber confianza de los ciudadanos en las instituciones".

La disidencia en el centro izquierda fue escasa pero destacada. Uno de los dos eurodiputados verdes que respaldaron las deportaciones es el antiguo comisario europeo de Medio Ambiente y Océanos, Virginijus Sinkevicius, criticado entonces por los populares y conservadores por estar supuestamente del lado de las organizaciones ecologistas y en contra del sector pesquero. Más esperados fueron los nueve votos a favor de socialdemócratas daneses, malteses o de Chipre, en línea con los duros planteamientos de sus gobiernos y con las posiciones que ya habían defendido durante los debates parlamentarios.

Fuentes del Gobierno español consultadas por infoLibre sobre si ahora esperan un mayor endurecimiento migratorio desde Bruselas, ante el estado actual del debate europeo, prefieren no especular ni criticar las posturas de gobiernos de su propia familia política. Sí confirman desde Moncloa a este medio que España mantiene su negativa a los centros de deportaciones y a la aceleración de las expulsiones de migrantes en situación irregular, como ya hizo durante los debates entre los ministros de Interior y Justicia de los Veintisiete. No son soluciones por las que apueste el Gobierno ante un reto migratorio de toda la Unión que califican como oportunidad, por su potencial de crecimiento demográfico, contribuciones al mercado laboral y al Estado de bienestar y sus aportaciones tributarias.

El debate migratorio ha mostrado la profunda división existente en el seno del grupo de los liberales, que orbita en torno a los representantes del partido de Emmanuel Macron. Mientras Valerie Hayer, jefa de filas y persona de máxima confianza del presidente francés, se abstenía junto con otros 20 legisladores, además de guardar un escrupuloso silencio sobre la aprobación del reglamento, la mayoría de los diputados de su grupo votaba a favor. En total, 37 liberales secundaron el reglamento impulsado por la mayoría de derechas.

En contra, dentro del grupo parlamentario de Renew, votaron sólo 21 representantes de diferentes nacionalidades, entre ellos la eurodiputada del PNV Oihane Agirregoitia, liderados por uno de los pesos pesados de la bancada, Sandro Gozi. El italiano se ha mostrado muy crítico tras la aprobación el reglamento de devoluciones. 

“La verdadera cara de la extrema derecha europea: el odio interiorizado, celebrado en el hemiciclo después de la aprobación. El texto abre la puerta a la expulsión de migrantes a centros fuera de la Unión. Mujeres, hombres, niños... Una falsa solución que no ha funcionado en Albania, ni en Ruanda y que tampoco funcionará este vez aquí”, ha denunciado Gozi. También reprochó a "la derecha/PP, antaño demócrata y cristiana", su responsabilidad en un "texto propaganda" por el cual la UE "subcontrata sus deberes y traiciona sus propios valores".

Entre los 37 liberales que respaldaron unas normas migratorias más estrictas hubo eurodiputados de distintas procedencias. Además de una importante bancada francesa, también votaron a favor portugueses, daneses, alemanes, lituanos y rumanos. El grupo parlamentario que hace solo una legislatura hacía gala de su lucha contra la extrema derecha gracias a la victoria de su referente, Emmanuel Macron, frente a Marine Le Pen, ha terminado apoyando las posiciones migratorias de sus rivales.

La migración vuelve a ocupar un lugar central en la agenda política de Bruselas. De la primera Comisión Von der Leyen, marcada por el Pacto Verde, las energías renovables y la descarbonización, se ha pasado a una segunda Comisión con las inversiones militares, el control fronterizo y el endurecimiento de las normas de asilo como protagonistas. A ello se suma la protección de los sectores industriales en nombre de una competitividad económica que ya no quiere verse limitada por las exigencias de la sostenibilidad.

A finales de mes, la Comisión Europea tiene previsto presentar un plan de acción sobre el Canal de la Mancha, un paso migratorio por el que, entre enero y finales de mayo, cruzaron cerca de 8.500 personas en pequeños botes desde la costa francesa hacia la británica. Esa cifra es un 37% inferior a la del mismo periodo de 2025, según los datos del Home Office, el Ministerio de Interior británico. En los últimos meses, además, se ha producido un cambio en el origen de algunas salidas, con embarcaciones que parten también desde Bélgica.

Sin embargo, esta cuestión menor en términos numéricos vuelve a la palestra política justo después del acuerdo casi cerrado sobre las nuevas reglas de la UE para deportar a centros de detención en terceros países a migrantes en situación irregular en territorio comunitario. El Parlamento Europeo y el Consejo han alcanzado ya su pacto provisional sobre la base de la propuesta de la Comisión, que permitirá acelerar y hacer más efectivas las devoluciones de migrantes mediante la creación de esos hubs de retorno. El ministro de Migración de Chipre, Nicholas Ioannides, responsable de llevar las negociaciones, sostiene que “la migración es una prioridad principal” y que el acuerdo entre el Consejo y la Eurocámara “fortalece la credibilidad de la política migratoria de la UE”. 

Ioannides es un político independiente, pero pertenece a un Gobierno conservador y las visiones de esta corriente ideológica, del Partido Popular Europeo y de las formaciones de ultraderecha sobre la migración están ya plenamente implantadas en el debate comunitario. Javier Zarzalejos, eurodiputado del PP español, celebró el principio de acuerdo al considerar que “Europa avanza para recuperar el control de su política migratoria” y que el nuevo marco será “más eficaz, más creíble y más justa”.

La Comisión Europea y el PP europeo que la sostiene —Von der Leyen pertenece a esa familia política, la mayoría de los comisarios europeos proceden de sus filas, dirige los gobiernos de 12 Estados miembros, ostenta la presidencia de la Eurocámara y es allí la formación mayoritaria— justifican el futuro reglamento con el argumento de que el sistema migratorio de los Veintisiete “perdía credibilidad ante los ciudadanos”, calificando las devoluciones como retornos efectivos.

En la Eurocámara, el PP se alió con los Consevadores y Reformistas, liderados por el partido de Giorgia Meloni y los ultracatólicos polacos; con los Patriotas de Le Pen, Orbán y Vox; y con el grupo de la Europa de las Naciones donde hay legisladores filonazis, saltándose la propuesta de compromiso del ponente liberal. Ese texto pactado provisionalmente incluye también la prohibición de que un migrante expulsado pueda volver a territorio comunitario como mínimo en diez años, frente a los cinco actuales, y la posibilidad de que esa exclusión sea de por vida. 

Parte de la clase política del continente se revuelve contra esas políticas. La eurodiputada Mélissa Camara, de los Verdes franceses, negociadora del dosier migratorio en el Parlamento, califica el texto pactado como “el resultado de un acuerdo vergonzoso entre los Estados Miembros y la mayoría del PP y la extrema derecha” y como “un retroceso histórico en los derechos fundamentales de la gente exiliada”. También advierte que “la legislación de los hubs de retorno fuera de la Unión Europea, la luz verde para la detención de menores o las visitas a hogares inspiradas en prácticas del ICE” son “un arsenal legal al servicio de una ideología xenófoba”. Es una posición compartida por el grupo de La Izquierda y por parte de los socialdemócratas. 

Dentro del Consejo, hace seis meses España fue el único país que se opuso a de las propuestas de la Comisión Europea para acelerar las deportaciones, crear centros de detención fuera de la UE mediante acuerdos bilaterales entre países comunitarios y terceros Estados, y permitir que las expulsiones afectasen también a menores. La socialdemócrata Dinamarca, paradójicamente, fue una de las garantes de esta nueva legislación, mano a mano con la Italia de Meloni, como informó infoLibre.

El último eurobarómetro, realizado entre 26.000 ciudadanos de los 27 Estados miembros, muestra que los conflictos internacionales, como la guerra en Oriente Medio y la invasión rusa en Ucrania, están entre las principales preocupaciones de la ciudadanía europea. Junto a ellos aparecen problemas asociados como la inflación, la seguridad energética y la defensa.

Pese al impulso normativo de las instituciones hacia políticas migratorias más estrictas, la migración aparece solo como la séptima cuestión más relevante y con un peso menor que el año pasado. Según los datos del eurobarómetro, por debajo se sitúan el medio ambiente y los riesgos asociados al cambio climático. Recientemente, con motivo de la Green Week organizada en Bruselas por la Comisión Europea con empresas biotecnológicas y agroalimentarias, ONG y representantes de la sociedad civil, se publicó una nueva encuesta entre la ciudadanía europea en la que la gran mayoría de los encuestados “reconoce la importancia de frenar la pérdida de la biodiversidad como una una cuestión de responsabilidad, bienestar, apoyo al desarrollo económico a largo plazo y para atajar el cambio climático”. 

Frente a lo desarrollado durante su primera Comisión, el actual Ejecutivo presidido por Ursula von der Leyen ha emprendido una ola desregularizadora con los llamados paquetes Omnibus, orientados a relajar las normas medioambientales en favor de la competitividad económica, especialmente la industrial. Así, Bruselas ha suavizado la Directiva sobre Información Corporativa en Materia de Sostenibilidad, eximiendo a miles de empresas de informar sobre su huella medioambiental; ha flexibilizado la prohibición de vender vehículos con motores de combustión a partir de 2035; y ha rebajado también las exigencias de la UE contra la deforestación global.

Durante la Green Week de esta semana, la comisaria europea de Medio Ambiente, Jessica Roswall, se pronunció a favor de la restauración de los ecosistemas, con ejemplos de lo realizado en humedales de Países Bajos, Alemania, Lituania o Finlandia, y defendió la necesidad de que “las empresas, las instituciones financieras y los entes públicos puedan invertir en estas acciones”. Roswall, una conservadora liberal sueca, destacó que “primero, nuestros negocios y economías necesitan el mundo natural”; “segundo, no existe tal economía competitiva en un planeta moribundo”; y “tercero, invertir en los ecosistemas está entre las decisiones económicas más inteligentes que podemos realizar”.  

En su discurso no hubo ni una sola mención a las emisiones de CO2 causantes del cambio climático, ni al retraso o incumplimiento de los objetivos para reducirlas. Tampoco defendió cambios estructurales en los modelos productivos para frenar el deterioro de esos mismos ecosistemas que pidió restaurar.

Bruselas empieza a cumplir con las promesas que jugaron a favor de un cambio de Gobierno en Hungría. Este viernes, el nuevo primer ministro, Péter Magyar, fue recibido en la Comisión Europea por la presidenta Ursula von der Leyen y regresó a su país con 16.400 millones de euros en el bolsillo.

El abultado cheque está compuesto principalmente por los 10.400 millones correspondientes a fondos Next Generation, los de recuperación de la pandemia, y el resto es dinero de las partidas de cohesión y educación. Más de lo que inicialmente se esperaba luego de varias semanas de negociaciones entre Bruselas y Budapest, aunque Magyar deberá corresponder con importantes reformas que desmonten la arquitectura legal de la era Orbán.

“Nuestros equipos han trabajado duro día y noche juntos para encontrar puntos en común”, explicó Von der Leyen tras la reunión con Magyar, especialmente para financiar “proyectos muy concretos que apoyarán sectores clave como la energía, la vivienda, el transporte o las pequeñas empresas”.

El encuentro en la sede central de la Comisión Europea no fue el único de alto nivel mantenido por el nuevo dirigente ministro húngaro en Bruselas. Antes de verse con la política alemana visitó la sede de la OTAN y también la residencia del primer ministro belga. El viaje abre una nueva etapa en las relaciones de Hungría con la UE, la Alianza Atlántica y un importante socio europeo como Bélgica, pero también deja claroscuros.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, destacó, tras verse con Magyar, la contribución de este país a la defensa colectiva y la disuasión en el este del continente, especialmente por liderar una de las Fuerzas Terrestres Avanzadas de la Alianza, albergar un cuartel general de una división en la ciudad húngara de Székesfehérvár y apoyar la seguridad en los Balcanes Occidentales a través de la fuerza de pacificación en Kosovo.

Sin embargo, más allá de las buenas palabras, el primer ministro húngaro mantuvo uno de los vetos polémicos de su antecesor, Viktor Orbán. Y dejó claro “al secretario general que Hungría no va a enviar ni armas ni equipamiento de combate a la guerra de Rusia-Ucrania”.

La negativa a ayudar militarmente a Kiev no gusta en Bruselas. Ni a los socios europeos, que llevan movilizados ya unos 75.000 millones de euros en equipamiento de defensa y han concedido un préstamo de 90.000 millones para que Ucrania pueda financiar su gasto militar, por ejemplo comprando armas a Suecia, ni a la OTAN, que acaba de pedir a sus miembros asignar un 0,25% de su PIB en asistencia militar para el país invadido.

Otro punto conflictivo del viaje que quedó pendiente de resolución tiene también como protagonista la relación entre Hungría y Ucrania. El primer ministro húngaro mantiene su negativa a abrir negociaciones para la incorporación de Kiev como Estado miembro de la UE hasta que “se alcance un acuerdo sobre los derechos de la minoría húngara en Transcarpatia”, una región ucrania fronteriza. La reclamación exige reconocer y oficializar, por ejemplo, los derechos lingüísticos de ese colectivo. El conflicto podría desbloquearse cuando se produzca un encuentro entre Magyar y el presidente Volodymyr Zelensky, todavía sin fecha, pero mientras tanto Budapest seguirá bloqueando la futura adhesión.

Se trataba de una cuestión capital para Bruselas que durante las últimas semanas ha sido negociada entre los equipos de la Comisión y del nuevo gobierno húngaro. Para la UE, acercar más a Ucrania a su espacio es clave en la guerra de supervivencia que libra contra Rusia, una forma de garantizar su papel en futuras negociaciones de paz de las que la Administración Trump trata de apartarla. Y, por ahora, Hungría sigue sin poner las cosas sencillas. O de evitar que el país vuelva a la esfera de influencia rusa.

En dos semanas, la Comisión Europea propondrá formalmente abrir negociaciones de los primeros capítulos sobre la adhesión de Ucrania a la UE. Será el 16 de junio, dos días antes de una Cumbre en Bruselas entre los 27. Tiempo para que Kiev y Budapest acerquen posturas y el estreno de Magyar ante sus homólogos europeos no se vea ensombrecido. Por el momento, el político que derrotó a Viktor Orbán mantiene uno de los bloqueos más controvertidos de su antecesor. Y que le supusieron enfrentamientos con el resto de líderes comunitarios. En todo caso, el actual primer ministro insiste en que su postura sobre Ucrania es independiente del desbloqueo de fondos europeos a su país.

Los 16.400 millones de euros en fondos de recuperación, de cohesión y educativos desbloqueados por la Comisión Europea representan un botín alto que Magyar no esperaba, pero, como él mismo explicó tras la reunión, han “sido unos socios negociadores duros”. “La presidenta lo puede atestiguar, hemos luchado por cada último céntimo”. Von der Leyen se limitó a reconocer que “es una cifra importante, pero los húngaros lo merecen”.

La partida con la que el primer ministro regresó a Budapest es jugosa, aunque las arcas comunitarias no vayan a desembolsar el dinero hasta que las reformas prometidas no empiecen a aplicarse. Así lo explican en privado fuentes comunitarias y así lo confirmó en público la propia Von der Leyen al asegurar que “en el momento en que la reforma del Estado de derecho sea aprobada en el Parlamento, el dinero vinculado con ese hito podrá ser distribuido”.

El tiempo apremia para Budapest porque de estos cambios legislativos depende el monto principal del dinero prometido, 10.400 millones de los fondos Next Generation que deben entregarse antes de finales de agosto o se perderán, como estipula la regulación de ese programa nacido durante la pandemia. De ellos, 6.500 millones corresponden a transferencias que no deben devolverse y que aliviarán la débil situación presupuestaria de Hungría, con un déficit oficial del 4,7% del PIB en 2025 y que este año superará el 5%.

Los fondos de cohesión o para educación también tienen deberes aparejados. Budapest debe en las próximas semanas empezar a desmontar la legislación anti LGBTIQ+ de la era Orbán que, por ejemplo, impide distribuir en librerías cercanas a centros educativos libros o material audiovisual con contenido de ese estilo. El nuevo Gobierno de Péter Magyar cuenta con la mayoría parlamentaria para ello. Ahora debe demostrar a Bruselas la seriedad de sus promesas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentó este lunes el esperado Plan Social para el Clima, 9.000 millones de euros que irán destinados a mitigar el impacto sobre la población vulnerable del nuevo mercado de emisiones europeo destinado a gravar la contaminación de los edificios y del transporte por carretera. Este mercado, llamado ETS2, debe ponerse en marcha el 1 de enero de 2028 y se espera que encarezca la gasolina en unos 16 céntimos por litro y el gas natural en 16 euros/MWh. Sin embargo, España todavía no ha traspuesto a su legislación la normativa del ETS2, y debía haberlo hecho hace dos años.

Las organizaciones sociales especializadas en pobreza energética reclaman la trasposición inmediata de la directiva europea de comercio de derechos de emisión. Primero, porque es obligatorio. Y segundo, porque ayudará a reducir la contaminación de las carreteras y de los edificios. Solo el transporte representa en España un 33% de las emisiones de CO2, mientras que los edificios suponen el 9%. El ETS2 está diseñado para que las emisiones conjuntas de los dos sectores se reduzcan un 42% para 2030 en comparación con los niveles de 2005.

Además, si el ETS2 no se introduce en la ley española, el Plan Social para el Clima presentado este lunes carece de sentido y Bruselas no lo aprobará, como ya ha advertido. "El plan no se puede aprobar sin transposición de la directiva porque lo primero que tenemos que analizar en la Comisión Europea es la relevancia del plan. Y sin ETS2, no hay impacto directo del ETS2, y nosotros tenemos que rechazarlo", declaró en una ponencia en el Congreso de los Diputados Marcos González, de la Dirección General de Acción por el Clima de la Comisión Europea, a mediados de abril.

En teoría, España debía haber traspuesto la directiva antes del 30 de junio de 2024 para ir recabando información de cuánto combustible consumen los edificios y el transporte de cara a su implementación final. Originalmente el ETS2 iba a entrar en vigor el 1 de enero de 2027, pero a finales de 2025 la Unión Europea decidió posponerlo un año, a 2028. El Gobierno no solo va dos años tarde, sino que para trasponer la directiva necesita una mayoría simple en el Congreso en un momento político extremadamente convulso.

No obstante, quien sigue el asunto de cerca opina que el Gobierno podría ponerse al día en cuestión de dos meses. "Creemos que podría trasponerse [esta legislatura]", opina Carlos Bravo, coordinador de la Alianza por un Plan Social para el Clima. "Ha estado hasta ahora parado, pero parece que hay interés para sacarlo adelante incluso antes del verano. Que Sánchez haya presentado este lunes el Plan Social para el Clima nos dice que hay voluntad", añade el portavoz.

El sistema ETS2 es la segunda versión del ETS (Sistema de Comercio de Emisiones, por sus siglas en inglés), activo desde 2005 para la industria y las plantas de generación eléctrica –y en los últimos años también a navieras y aerolíneas–, y que ya ha conseguido reducir casi un 50% las emisiones respecto a 2005 en todos estos sectores. El mecanismo ETS consiste en que cada año se emiten una cantidad tope de permisos para contaminar que las compañías deben comprar para poder emitir una tonelada de CO2. Como el número de permisos se recorta cada año, las compañías están obligadas a reducir sus emisiones porque contaminar sin tener una autorización supone enfrentarse a una multa cuantiosa. En este momento, un permiso para emitir una tonelada de CO2 en el ETS cuesta 77 euros. Este precio varía cada día en función de la oferta y la demanda, y se comercian en un mercado secundario.

Con la entrada del ETS2 en enero de 2028, los proveedores de combustibles para edificios y vehículos (esencialmente gasolina, gas natural y diésel) tendrán que tener en propiedad los permisos de emisiones equivalentes a las emisiones que generen. Durante los tres primeros años, un mecanismo evitará que esos permisos se encarezcan mucho más allá de los 45 euros/tonelada.

Se espera que este sobrecoste en la energía se traslade a través de la cadena hasta los hogares y empresas, los consumidores finales. Transport & Environment, una organización europea especializada en descarbonización de las carreteras, calcula que, si los permisos de emisiones del ETS2 se venden a 55 euros/tonelada, el precio de la gasolina se encarecerá en 15,5 céntimos/litro, y el del diésel en 17,3 céntimos/litro, IVA incluído. Esto equivale a que repostar un coche pequeño costará entre 7 y 8 euros más.

La consultora Magnus Commodities estima que si los ETS2 se venden a 73 euros/tonelada, el gas natural para calefacción se encarecería en 15 euros/MWh, lo que supondría una subida del 33% respecto a la cotización actual del gas natural en Europa.

En cuanto a su impacto general sobre la economía, un estudio publicado este año en la revista Energy Policy estima que si el carbono termina cotizando a 57,5 ​​euros por tonelada en el ETS2, el coste general de la vida en la Unión Europea subirá un 1,18%, que se reduciría al 1,04% si se toman medidas de eficiencia energética. España sería menos golpeada que la media del bloque, con una inflación del 1,02% y del 1,49%, en un escenario de baja y alta eficiencia energética, respectivamente.

Este encarecimiento de la vida es precisamente lo que pretende mitigar el Plan Social para el Clima presentado este lunes por el Gobierno con un presupuesto de 9.099 millones de euros. El 75% de ese presupuesto vendrá de Bruselas, del Fondo Social para el Clima, financiado con los ingresos de la venta de los permisos ETS. El 25% restante lo aportarán los Presupuestos españoles. 

Con ese dinero se financiarán dos tipos de proyectos para hogares con rentas bajas: la mejora de la eficiencia energética en edificios (52% del presupuesto) y el impulso al transporte limpio (48%). La mayor partida en transporte irá destinada a la descarbonización del parque (2.269,6 millones), con ayudas para renovar flotas de vehículos pesados y furgonetas y al achatarramiento de vehículos anteriores a 2020. En vivienda, la mayor cuantía se destinará a construir viviendas nuevas asequibles de alta eficiencia energética (1.813 millones), aunque no se ha publicado el número de inmuebles que se levantarán.

Las organizaciones civiles que han participado en el proceso de elaboración del plan insisten en que su mayor preocupación es que el plan no pierda su rumbo y se centre en ayudar a los más vulnerables. "El ETS2 engloba a dos sectores que van a afectar de lleno a los ciudadanos y repercutirá sobre el coste de las facturas y del transporte. El objetivo del Plan Social para el Clima es paliar ese impacto", valora Cecilia Foronda, directora de Acción para la Transición Ecológica Justa de Ecodes.

Por su parte, Carlos Bravo reconoce que lo que se conoce por ahora es un plan genérico, pero dice que es ahora, durante la consulta pública, cuando se tiene que aclarar la letra pequeña de a quién beneficiarán las ayudas. "Si hablamos de ayudas para el transporte pesado, tienen que enfocarse en el camionero autónomo, que es el que necesita recursos para asumir los cambios, no a la compañía que tiene una flota enorme de autobuses", opina.

Este paquete llega también un año tarde –debía haberse presentado ante Bruselas el 21 de mayo de 2025– y acaba de salir a consulta pública, por lo que todavía tiene que recibir los comentarios de organizaciones y empresas, ser revisado y enviarse definitivamente a la EU. En todo caso, como adelantó el mes pasado el enviado de la Comisión, el Plan Social para el Clima no recibirá el visto bueno hasta que no se trasponga la directiva ETS2

La guerra desatada contra Irán por Estados Unidos e Israel ha cambiado de golpe el escenario económico europeo. La UE ha pasado de crecer, reducir la inflación y empezar a reducir sus niveles de endeudamiento a enfrentarse a un escenario de ralentización económica, crisis energética, fuerte aumento de los precios e incertidumbre en sectores claves como el turismo, la aviación o el transporte de mercancías. Pese a ese panorama, Bruselas reconoce que España mantiene “una posición privilegiada” y será el único de los grandes países comunitarios que seguirán creciendo con fuerza en 2026 y 2027 pese a la crisis en Oriente Medio.

“El conflicto ha cambiado materialmente el escenario, provocando una de las interrupciones de suministro de energía más significativas en el mundo en la historia reciente”, señala con evidente preocupación el documento de previsiones económicas de primavera de la Comisión Europa presentado este jueves. Ese deterioro explica que Bruselas rebajase tres décimas su previsión de crecimiento para el conjunto de la UE en 2026, hasta dejarla en apenas el 1,1%, y extendiese el recorte a 2027, año para el que anticipa una expansión limitada al 1,4%.

El mayor golpe provocado por la crisis de los hidrocarburos, a raíz del bloqueo en el Estrecho de Ormuz, llega por la vía de la inflación. Ahí reside el principal riesgo para la economía europea: los precios se disparan tanto en los Veintisiete, un punto porcentual por encima de lo previsto en otoño, como en la zona euro, donde la inflación escalará hasta el 3% frente al 1,9% inicialmente contemplado. En 2027, la inflación de la zona euro seguirá por encima del objetivo del 2%, aumentando la presión sobre el Banco Central Europeo para que suba los tipos de interés ante un problema de precios que Bruselas ya no considera pasajero.

“En vez de tocar máximos en este trimestre, los precios del petróleo y del gas lo harán en el último trimestre del año y sólo empezarán a bajar el próximo año”, advierte una fuente comunitaria a infoLibre. “Estamos ante una combinación de shocks, el primero energético. Es una disrupción más prolongada, con algún tipo de resolución en 2027”, añade este funcionario.

La Comisión Europea no se anda con rodeos y atribuye directamente a la guerra emprendida por Estados Unidos e Israel contra Irán el deterioro de sus previsiones. “Antes del final de febrero de 2026, la economía de la UE estaba lista para seguir expandiéndose a un ritmo moderado junto a una caída de la inflación, pero la previsión ha cambiado sustancialmente desde el estallido del conflicto” en Oriente Medio, escriben los economistas de la Comisión.

“La inflación energética está en aumento y se espera que se traslade el resto de sectores”, reconoció el comisario de Economía, Valdis Dombrovskis, al evaluar el incierto escenario abierto por la guerra contra Irán y los ataques de Teherán contra infraestructuras petrolíferas de sus vecinos en represalia. Los precios de la energía seguirán, lamentó el político letón, seguirán encareciéndose de manera significativa durante el verano.

España, sin embargo, “tiene una posición privilegiada a la hora de lidiar con el conflicto de Oriente Medio”, destaca una segunda fuente europea con amplio conocimiento sobre el análisis macro realizado por la Comisión a la economía española. Bruselas destaca “su posición de crecimiento bastante fuerte y la diversificación de sus fuentes energéticas” como dos factores que le permiten afrontar la crisis desde una situación más favorable que otros socios europeos.

La crisis, admite a infoLibre este funcionario, “le va a afectar a través de la inflación de los costes energéticos y su transmisión a los alimentos y a los servicios”, y también puede tener impacto en el transporte si la crisis energética se prolonga. Pero el diagnóstico comunitario es claro: “El impacto de la crisis en Oriente Medio llega a España en una posición más favorable que a otros Estados Miembros”.

España es una de las pocas notas positivas en las previsiones económicas de la Comisión. Su evolución apenas se verá alterada por las turbulencias provocadas por la guerra. Bruselas incluso mejora una décima su previsión de crecimiento para este año: el PIB crecerá un 2,4%, y solo recorta una décima la de 2027, hasta el 1,9% . Con estas cifras, España se mantiene como el gran país del crecimiento en la UE: su economía avanzará dos veces más rápido que la de Países Bajos, tres veces más que la francesa y más del triple que la alemana o la italiana.

“La idea global que vemos en nuestras previsiones es que España creció por encima de la Unión Europea el año pasado. El nivel irá decreciendo poco a poco, pero de todas maneras seguirá por encima de la UE”, resume la segunda fuente comunitaria a este medio. Los fondos de recuperación Next Generation serán, según las cuentas de Bruselas, una de las principales palancas de crecimiento en los próximos años por su impulso a la inversión.

El crecimiento español resiste pese a que los precios también se dispararán en el país, en línea con el conjunto de la zona euro y con el resto de grandes economías comunitarias. La inflación alcanzará el 3% en 2026 y bajará cinco décimas el próximo año. Aun así, la Comisión considera que la demanda interna, el dinamismo del consumo privado, la inversión y un mercado laboral “robusto” permitirán compensar “el impacto adverso del conflicto en Oriente Medio”. A esa resistencia contribuye, según el análisis económico, también el bajo endeudamiento de los hogares, mientras el paro seguirá reduciéndose hasta el 9,9% en 2026 y el 9,6% en 2027, por debajo del 10% por primera vez desde 2008.

España, no obstante, no es inmune a la crisis energética desatada por la operación militar de las administraciones Trump y Netanyahu en Irán. “Los principales riesgos que afronta la economía afectan al debilitamiento potencial de la actividad turística”, advierte el documento de previsiones. Bruselas alerta de una caída de las llegadas internacionales, especialmente desde destinos de larga distancia, “debido a costes más altos en los desplazamientos y otras disrupciones relacionadas con los viajes”. 

A las puertas de la temporada de verano, la incertidumbre en el segundo mayor destino turístico del planeta es máxima, y así lo reconoce Bruselas. Se trata de un riesgo que la Comisión no destaca individualmente para otras potencias turísticas como Francia o Italia, pero sí para Grecia o Chipre, esta última muy cercana al foco geográfico de las tensiones. Una tercera fuente comunitaria matiza, en conversación con infoLibre, que el turismo “sí es un riesgo común a todos los países” por el impacto de la crisis en las aerolíneas y en los viajes procedentes “especialmente desde Asia, con una reducción de las llegadas”. 

En Bruselas confían en que el turismo local europeo compense este verano, en países como España, Italia o Chipre, la caída de los viajeros internacionales provocada por el encarecimiento de los vuelos, según explica esta fuente. Pero esa previsión, como todo el escenario económico de primavera, está atravesada por la incertidumbre y la imprevisibilidad de la Casa Blanca, capaz de cerrar altos el fuego con Irán y romperlos pocos días después mientras su socio, Israel, mantiene sus bombardeos sobre el Líbano.

Treinta organizaciones de consumidores europeas denunciaron este jueves a Google, Meta y TikTok ante la Comisión Europea por "haber fracasado" a la hora de combatir los anuncios de estafas financieras que aparecen en sus plataformas.

La denuncia llega tras haber analizado la política publicitaria de las tecnológicas en trece países europeos y haber detectado casi 900 anuncios fraudulentos entre diciembre de 2025 y marzo de 2026, informó la Asociación Europea de Consumidores (BEUC) en un comunicado.

Tras tener conocimiento de su existencia, Google eliminó el 60% de los anuncios denunciados ante la empresa; Meta el 43 % y TikTok el 23 %, señaló BEUC, que junto a otras 29 organizaciones -entre ellas las españolas ASUFIN y CECU -acusan a las compañías de violar la ley de servicios digitales (DSA) de la UE.

"Meta, TikTok y Google no solo no eliminan de forma proactiva los anuncios fraudulentos, sino que tampoco actúan con la suficiente contundencia cuando se les notifica sobre este tipo de estafas", dijo el director general de BEUC, Agustí Reyna.

Por eso, piden a la Comisión Europea y a las autoridades nacionales, ante las que también han presentado su denuncia, que investiguen la política publicitaria de las tres compañías y que les impongan multas si "continúan incumpliendo" sus obligaciones.

"Es fundamental exigir responsabilidades a Meta, TikTok y Google. Si no toman medidas contra las estafas financieras que circulan en sus plataformas, los estafadores seguirán llegando a millones de consumidores europeos a diario, poniendo a las personas en riesgo de perder cientos o miles de euros a causa del fraude", añadió Reyna.

Durante años, Europa ha centrado gran parte de sus esfuerzos climáticos en la mitigación del cambio climático y en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, mientras la adaptación a sus efectos ha ocupado un lugar secundario en el debate político. 

Desafortunadamente, basta mirar lo que está ocurriendo alrededor para entender que esto no puede seguir así. En nuestra realidad cotidiana, experimentamos cada vez más inundaciones devastadoras, sequías persistentes, olas de calor muy severas e incendios forestales de sexta generación, que afectan no solo al medio ambiente, sino también al campo, al precio de los alimentos, al agua, a la salud pública y a la vida de muchas ciudades y pueblos europeos. 

Por eso, la futura ley europea de adaptación y resiliencia climática que está preparando la Comisión Europea y que presentará a finales de año, será una de las decisiones más importantes de esta legislatura, ya que tendrá como objetivo que la Unión Europea se prepare mejor ante las crisis climáticas y que no se limite a reaccionar ante ellas.  

La adaptación al clima debe estar en el centro de las decisiones políticas y tenerse en cuenta en la construcción de infraestructuras, en la planificación de ciudades, en la gestión del agua y en la inversión del dinero público, entre otros ámbitos. Sin embargo, para que el principio de “resiliencia por diseño” y no “por reacción” se integre en nuestras políticas, iniciativas, instrumentos y estructuras, anticipando riesgos en lugar de solo reaccionando ante ellos, debemos cambiar algunas inercias europeas. 

En la actualidad, cada Estado miembro cuenta con su propia metodología y valoración de los riesgos e impactos del cambio climático. La nueva ley deberá establecer un marco común basado en escenarios científicos y en evaluaciones de riesgo climático homogéneas para todos los países de la Unión, ya que los riesgos climáticos no pueden afrontarse eficientemente con 27 enfoques distintos.  

Por otro lado, el nuevo marco climático no sólo debe constar de obligaciones para la adaptación, sino también venir acompañado de soluciones y de recursos; es decir, de capacidad real para aplicarlo. En un contexto en el que las prioridades presupuestarias de la Comisión no pasan por el medioambiente y el clima, quién paga la adaptación y cómo hacerlo de manera justa será, sin duda, uno de los debates más importantes en torno a la nueva ley. Y en esta discusión será determinante tener en cuenta que adaptar Europa al cambio climático costará dinero, pero no hacerlo costará muchísimo más. 

Cada desastre climático tiene un impacto económico enorme y creciente. Por eso necesitaremos más inversión en prevención, preparación y resiliencia, y probablemente también nuevos instrumentos europeos, incluyendo mecanismos que ayuden a cubrir riesgos climáticos que el  mercado privado ya no puede asumir por sí solo.

No obstante, y a pesar de la importancia de los recursos, no podemos reducir la adaptación a una cuestión meramente presupuestaria. A veces seguimos pensando en resiliencia únicamente en términos de hormigón, diques o infraestructuras grises, y olvidamos que la naturaleza y las soluciones basadas en la misma son nuestras mejores aliadas.

Lo hemos aprendido con los incendios, con las inundaciones y con las olas de calor. Los humedales restaurados frenan crecidas. Las ciudades con más árboles soportan mejor las temperaturas extremas. Los ecosistemas sanos ayudan a reducir riesgos y hacen los territorios más resistentes. Así lo defendimos los socialistas durante la negociación de la Ley de Restauración de la Naturaleza y así continuaremos defendiéndolo en las negociaciones de la  ley de adaptación climática, porque defender la naturaleza no es solo una cuestión ambiental, sino también de seguridad y de protección civil. 

Por último, la futura ley tocará políticas y sectores sensibles que pueden resistirse, como el sector agrícola o silvícola, la gestión del agua, la ordenación del territorio, el urbanismo o las infraestructuras civiles o energéticas, por lo que su negociación será un reto político. Las resistencias ya las hubo en la Ley de Restauración de la Naturaleza cuya negociación nos dejó una lección útil. Cuando las políticas climáticas se explican únicamente como una agenda  ambiental, es más difícil construir mayorías; cuando la gente entiende que hablamos de proteger vidas, cultivos, ciudades, empleos o viviendas, el debate cambia. Adaptarse no va de ideología. Va de proteger a la gente frente a riesgos que ya están aquí. Prepararnos mejor no es un lujo ni una exageración. Es probablemente una de las inversiones más inteligentes que Europa puede hacer en los próximos años.

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César Luena es diputado socialista en el Parlamento Europeo y miembro de la Comisión de Medioambiente, Clima y Seguridad Alimentaria.

Las instituciones de la Unión Europea llegaron este jueves a un acuerdo para prohibir la creación de imágenes sexualizadas generadas con inteligencia artificial, sin el consentimiento de las personas afectadas.

El pacto, cerrado de madrugada, prohíbe los sistemas de inteligencia artificial cuyo único propósito es el de generar este tipo de imágenes o de abuso sexual infantil, además de los que se pueden emplear para múltiples propósitos, si no tienen "medidas de seguridad razonables" para evitar la propagación de este contenido.

El veto, que entrará en vigor el 2 de diciembre de 2026, se ha pactado tras el escándalo que ha causado la generación de fotografías con Grok, la herramienta de inteligencia artificial de la red social X, que ahora tendrá hasta finales de año para diseñar medidas de protección adecuadas.

"Nuestras empresas y ciudadanos quieren dos cosas de las reglas de inteligencia artificial. Quieren poder innovar y sentirse seguros. El acuerdo de hoy hace ambas cosas", dijo en redes sociales la vicepresidenta de la Comisión Europea encargada de la política digital, Henna Virkkunen.

En una iniciativa que ha promovido España junto a otros países como Francia y Alemania, la UE añade así una limitación adicional a la generación de este tipo de contenido, perseguido ya por el derecho penal en los Estados miembros.

"España sigue liderando el despliegue de un modelo europeo propio de IA, que ha de caracterizarse por ser el más confiable de todos, en línea con las iniciativas aprobadas por el Gobierno de España en los últimos meses", señaló también el ministro para la Transformación Digital y la Función Pública de España, Óscar López.

Además, las instituciones comunitarias retrasaron hasta diciembre de 2026 la obligación de incorporar marcas de agua a todo tipo de contenido generados con inteligencia artificial, ya sean fotos, vídeos o audio, para que los usuarios puedan detectar con facilidad que se han generado con una máquina.

El acuerdo pospone también hasta el 2 de diciembre de 2027 las obligaciones que la ley de inteligencia artificial de la UE impone a los sistemas de alto riesgo, como los que se usan para proteger a infraestructuras críticas, los que emplean los bancos para calcular la probabilidad de devolución de un préstamo, para contratar a personal o, por ejemplo, gestionar el control de las fronteras.

Inicialmente, la ley estableció este año para la entrada en vigor de estas obligaciones, pero las instituciones comunitarias han pactado un retraso de dieciséis meses porque Bruselas aún no ha diseñado los requisitos técnicos que deberán cumplir los sistemas de IA para ser seguros, sin poner en riesgo a las personas o vulnerar derechos fundamentales.

La reforma de la ley de inteligencia artificial se ha pactado, principalmente, con el pretexto de reducir la carga burocrática a las empresas y con este objetivo, se ha eximido a varios sectores industriales de tener que cumplir los requisitos de transparencia o de notificación de incidentes que la norma prevé para los sistemas de alto riesgo.

Productos como dispositivos médicos, juguetes o ascensores estarán exentos de tener que demostrar que sus sistemas de IA son seguros si otras normas sectoriales ya les imponen requisitos similares.

"Para que Europa se convierta en un continente de IA, necesitamos promover la innovación, apoyar a las empresas emergentes y a las empresas en expansión", dijo la eurodiputada Arba Kokalari, ponente en la Eurocámara de la reforma de la normativa.

La organización CCIA Europe, que representa los intereses de las grandes tecnológicas, mostró su rechazo a la reforma.

"Dadas las mínimas mejoras introducidas en la Ley de IA, resulta difícil ignorar la enorme brecha que existe entre la retórica política sobre la simplificación regulatoria y los resultados concretos", dijo esa plataforma en un comunicado.

La Comisión Europea acusó este miércoles a la tecnológica estadounidense Meta de incumplir la ley de servicios digitales (DSA) de la Unión Europea por no impedir que los menores de 13 años accedan a Facebook e Instagram.

Por eso, obligó a ambas redes sociales a "reforzar sus medidas para prevenir, detectar y eliminar (las cuentas) a menores de 13 años", según informó el Ejecutivo comunitario en un comunicado, y de no hacerlo, podría enfrentarse a una multa de hasta el 6 % de su facturación anual.

La Comisión señaló que pese a que los propios términos y condiciones de Meta establecen que los menores de 13 años no pueden abrirse una cuenta en sus redes sociales, las medidas que lleva a cabo la plataforma para evaluar la edad de sus usuarios "no parecen ser efectivas".

En concreto, Bruselas aseguró que los usuarios pueden mentir sobre su edad al abrirse una cuenta, diciendo que tienen al menos 13 años, sin que existan "controles efectivos para verificar la veracidad de la fecha de nacimiento".

El Ejecutivo comunitario afirmó también que la herramienta de Meta para advertir de la presencia de menores de 13 años en sus redes sociales "es difícil de usar y poco efectiva", ya que hay que clicar hasta siete veces para acceder al formulario de denuncia.

E incluso cuando se ha advertido a la compañía de que un menor de 13 años se ha abierto una cuenta, "a menudo no se realiza un seguimiento adecuado y el menor denunciado puede simplemente seguir utilizando el servicio sin ningún tipo de control", exponiéndole a "contenido inapropiado para su edad".

Bruselas dijo que el análisis que hace Meta sobre el riesgo que suponen sus redes sociales es "incompleto y arbitrario" y contradice "una gran cantidad de evidencias" en la UE que indican que entre el 10 y el 12% de los menores de 13 años acceden a Facebook e Instagram.

La conclusión de la Comisión llega en pleno debate sobre la necesidad de establecer una edad mínima en la UE para acceder a las redes sociales y cuando varios países ya han aprobado legislación al respecto: Francia, Italia, Dinamarca y Grecia las han prohibido a los menores de 15 años y España, a los de 16.

En este contexto, el Ejecutivo comunitario aseguró este mismo mes que la aplicación móvil que ha desarrollado para verificar la edad de los usuarios, garantizando completamente su privacidad, ya está "técnicamente preparada" para poderse usar.

La aplicación, no obstante, no es obligatoria, sino que es una herramienta que Bruselas pone a disposición de las plataformas para cumplir con la ley de servicios digitales, que les obliga a proteger de manera especial a los menores.

El Ejecutivo comunitario aspira a que los veintisiete países del bloque y las plataformas empleen esta aplicación para lograr un uso armonizado en toda la UE, aunque las tecnológicas podrán acabar utilizando sus propios sistemas de verificación de edad.

Cada día que pasa parece más claro que la crisis energética no será pasajera, sino que afectará al bolsillo de los hogares durante muchos meses más. El impacto en las gasolineras es evidente y la luz se ha encarecido respecto a febrero, pero el gas natural todavía se mantiene contenido porque la demanda en primavera es escasa. Sin embargo, ACER, la organización de reguladores europeos de energía, ha advertido este jueves que en otoño e invierno el recibo del gas subirá con fuerza y, por lo tanto, también el de la electricidad.

La razón es que la Unión Europea debe recargar una cantidad ingente de gas en sus inventarios en los próximos siete meses en mitad de lo que la Agencia Internacional de la Energía considera la mayor crisis energética de la historia. En este momento, el nivel medio de los almacenes de gas en Europa es del 31% y, en teoría, hay que alcanzar el 90% antes del 1 de diciembre, aunque ese objetivo es flexible.

ACER, un grupo del que forma parte la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), ha advertido este jueves que cumplir con esa meta será este año más caro y más difícil. Principalmente porque la competencia por el gas será mayor en todo el mundo ante la pérdida del gas catarí por el cierre del estrecho de Ormuz, por donde el año pasado cruzó el 7% del gas natural licuado que llegó a Europa por barco (el conocido como GNL), así como el 20% del GNL global.

"Recargar los almacenes hasta su capacidad máxima será más costoso y complicado en un mercado del GNL en competencia. Los precios a plazo de principios de abril de 2026 indican que esas importaciones de GNL llegarán a un coste algo superior al de años anteriores", afirman los reguladores en su último informe de monitorización del gas, publicado este jueves.

En concreto, calculan que el coste de la recarga podría aumentar entre 10.000 y 15.000 millones de euros en el invierno de 2026 si los precios del gas de referencia europeo (el conocido como TTF) se estabilizaran en 50 euros/MWh. En este momento el mercado de futuros del gas marca un precio de 44 euros/MWh para la segunda mitad del año, aunque ese valor cambia cada día con las nuevas noticias que llegan desde el Golfo. Antes de la guerra, el TTF cotizaba en esos meses a unos 31 euros/MWh, pero ha subido un 39% en menos de dos meses. 

Ana María Jaller-Makarewicz, analista de Energía en Europa en el Instituto de la Economía Energética y el Análisis Financiero (IEEFA), opina que esta crisis es un enorme toque de atención para Bruselas, que tras la crisis energética de 2022, provocada por el corte de la mayor parte del suministro de gas ruso, decidió buscar nuevos vendedores de gas en el resto del mundo. "Creyeron que la solución era diversificar las compras de gas, pero depender de otros nos ha vuelto a hacer vulnerables. Hay que apostar por la electrificación y las energías renovables", opina la experta.

Otra de las razones que apuntan al encarecimiento del gas este año, según ACER, es que en 2026 los almacenamientos de gas han llegado raquíticos a la primavera, en su nivel más bajo en nueve años, porque el invierno ha sido especialmente frío.

Los reguladores calculan que para cumplir con ese 90% de llenado en invierno hay que mantener "elevada" la entrada de gas por tubería y las compras de GNL tienen que ser un 13% superiores al año pasado. Todo esto, en un escenario de extrema competitividad global por el combustible debido al cierre de Ormuz.

Un tercer factor que complicará la logística, aunque menos importante que los anteriores, es que desde que comenzó la guerra, el gas en Asia tiene un importante sobreprecio sobre el valor del TTF europeo, de entre 5 y 10 euros MW/hora –un premium histórico–, porque en esa región la desesperación por el combustible es mayor. Esta situación podría llevar a que los metaneros "se vean más atraídos por Asia este verano", dificultando todavía más el aprovisionamiento europeo, según el informe de ACER.

España está en principio mucho mejor preparada que otros países de Europa porque sus tres almacenes subterráneos de gas natural están por encima del 60% de capacidad, aunque esto no garantiza que en la península el gas sea más barato que en Países Bajos o Grecia porque el combustible que se almacena en estos depósitos pertenece a compañías privadas que pueden revenderlo a terceros países si esa práctica es más rentable que destinarlo al consumo interno. 

El encarecimiento del gas natural para el consumidor español se puede notar de dos maneras. Si el hogar tiene una tarifa libre, esa subida puede llegar cuando se actualice el precio según lo establecido en el contrato, que suele ser de 12 meses. Incluso puede que ya se haya encarecido en las últimas cuatro semanas. En el caso de la tarifa regulada (conocida como TUR de gas), cuyo precio se actualiza trimestralmente, la fecha clave es el 1 de octubre. Entonces sufrirá el gran repunte porque en ese momento su cálculo incorpora un sobrecoste llamado gas estacional, un concepto que se añade durante los meses de frío.

Esta inflación también afecta al precio de la luz, y de manera mucho más rápida porque las compañías dueñas de las centrales de ciclo combinado (las que generan electricidad con gas) trasladan el encarecimiento de la materia prima al precio de la energía que producen. El sistema de fijación de precios diario mediante subasta limita que en primavera haya un fuerte repunte en la luz, pues las renovables marcan el precio en la mayor parte de las horas, pero durante la noche sí que se nota esa subida. Como en el caso del gas, ese cambio es solo para los clientes con contrato regulado, porque el precio de las tarifas libres depende exclusivamente de lo pactado con la comercializadora.

La Comisión Europea es consciente de la tormenta que se está formando alrededor del precio del gas natural de cara al invierno y este miércoles presentó su paquete AccelerateEU, que impulsa la coordinación de la gestión del gas natural y del combustible de aviones durante los próximos meses. 

Para evitar una ola de compras desesperadas de gas que suban todavía más su precio, la Comisión Europea también instó este miércoles a los países a que aprovechen que la normativa que obliga a rellenar sus almacenes de gas en un 90% antes de diciembre tiene un margen de flexibilidad del 10%, de manera que es suficiente con llenar inventarios al 80% para esa fecha. Bruselas está negociando además flexibilizar otro 5% más, rebajando el objetivo hasta el 75% para el 1 de diciembre. La idea es evitar que unos países pisen a otros comprando más gas del que puedan necesitar. 

Otra de las aristas que aborda el informe de ACER es que Estados Unidos ha disparado sus exportaciones de gas natural a Europa por vía marítima, principalmente para sustituir la desaparición de buena parte del gas ruso que llegaba por tubería. En el invierno 2025-2026, dejó de operar definitivamente el gasoducto ruso que atravesaba Ucrania, y en este periodo Estados Unidos incrementó sus ventas de GNL en un "impresionante" 45%, según los reguladores, alcanzando el 30% del total de importaciones de gas europeas y dos tercios del GNL. 

Rusia, en todo caso, volvió a vender grandes cantidades de gas a Europa este invierno, siendo el tercer proveedor, con el 15% de las importaciones totales de GNL, solo por detrás de EEUU. También sigue activo uno de los gasoductos Europa-Rusia, el TurkStream, que llega a Turquía y de ahí se ramifica para surtir principalmente a Hungría, Eslovaquia y Serbia. En total, Rusia supuso el 14% de las importaciones totales de gas en la UE esta temporada, equivalentes a 10.000 millones de euros anuales.

En sus previsiones para el invierno 2026-2027, ACER subraya que Europa necesita mantener en "niveles altos" las entradas de gas por tubería para poder cubrir su demanda en los meses de frío, y debe importar incluso más GNL que en 2025, lo que se traduce en que el gas ruso será impepinable este año, pese a que los países miembros están en pleno proceso de ruptura con el combustible de Moscú. El 1 de enero de 2027, según ratificó la Unión Europea el pasado 26 de enero, se prohibirá comprar GNL ruso, y el 1 de noviembre de 2027 habrá que poner fin a todos los contratos a largo plazo de gas importado por tuberías, de manera que el invierno siguiente supondrá de nuevo un desafío energético.

Las aerolíneas europeas lanzaron un llamamiento inédito la semana pasada, cuando advirtieron que en cuestión de tres semanas tendrían que iniciar un racionamiento de combustible. La Agencia Internacional de la Energía fue un paso más allá y dijo que quedan unas seis semanas de queroseno en los inventarios de la Unión, pero la Comisión Europea salió después a calmar las aguas y garantizó que no hay por ahora riesgo de desabastecimiento. Según los expertos, efectivamente hay combustible suficiente y no deberían producirse cancelaciones de vuelos en el próximo trimestre, salvo quizás en Francia y Reino Unido. También pronostican subidas importantes en el coste de los billetes de verano.

La guerra de Irán ha estrangulado el tráfico de todos los tipos de carburantes, pero el queroseno es extremadamente vulnerable, mucho más que el diésel y muchísimo más que la gasolina. En concreto, el 43% del queroseno que consume la UE y Reino Unido proviene del estrecho de Ormuz –principalmente de Kuwait–, mientras que en el caso del diésel es el 23%. En cuanto a la gasolina, Europa produce incluso más de la que consume internamente. Estas diferencias se aprecian en las curvas de precios. El queroseno se ha encarecido más de un 100% respecto a finales de febrero en la Unión Europea, alcanzando un récord histórico, mientras que el diésel ha subido un 65% y la gasolina 37%.

Aunque algunas declaraciones del sector desataron el pánico la semana pasada, la Comisión respondió el viernes que "no hay indicios de una escasez generalizada de combustible que pudiera provocar cancelaciones masivas de vuelos", aunque sí están "obviamente" preocupados por la situación. Según publican diferentes medios, Bruselas se prepara para vigilar de cerca las reservas nacionales de queroseno e incluso obligará a los estados a compartir los barriles para que no haya desequilibrios.

"Estamos moviéndonos hacia una crisis de suministro que empezará por el combustible de avión. Y nos aproximamos rápidamente", dijo este domingo el comisario de Energía, Dan Jørgensen, al Financial Times.

Según un informe de Kpler, una consultora europea especializada en tráfico de combustibles, al que ha accedido infoLibre, quedan meses antes de que haya un desabastecimiento real de queroseno en el continente, aunque subrayan que la situación es mucho más tensa que con el diésel. Estiman que si en marzo había reservas equivalentes a 52 días de consumo de queroseno en los Veintisiete (77 millones de barriles), ahora hay para unos 45 días, y en julio habrá para 28 días (49 millones de barriles), debido a que la caída de la importación obliga a quemar los inventarios.

Los analistas explican que en sus cálculos hasta verano no se entraría en el nivel mínimo operativo, el umbral crítico de abastecimiento, que sería de 33 millones de barriles de queroseno, de manera que "no se requerirá ningún ajuste de la demanda a escala continental en Europa, suponiendo que el conflicto se desescale pronto". Ese escenario supone que el estrecho del Golfo se desbloquee de aquí al mes de julio.

Donde sí pronostican que habrá escasez de queroseno será en Reino Unido, y posteriormente en Francia. La posibilidad de desabastecimiento en este segundo país podría ser lo que lleve a la Comisión Europea a activar esa redistribución, aunque antes tendrá que proponerla formalmente y acordarla con los ministros de los Estados miembros. 

Según los analistas de Kpler, tanto Reino Unido como Francia tienen una mayor dependencia del queroseno de Oriente Próximo y tienen menores provisiones. Afirman que Reino Unido ya debería empezar a reducir consumo en abril, y Francia en junio, y vaticinan que julio será el peor mes, recortando ese mes 60.000 y 40.000 barriles cada uno, respectivamente.

Los expertos esperan también una subida del precio de los billetes de avión en toda Europa este verano. Numerosas aerolíneas del continente han comunicado que están funcionando a pérdidas estos días porque el queroseno ha duplicado su coste, incluso aunque todas ellas tengan coberturas frente al encarecimiento del carburante en el mercado. Además, según Kpler, ese blindaje parcial que tienen las compañías vencerá a lo largo del segundo trimestre, y de cara al verano se expondrán de manera completa a los precios astronómicos.

"La convergencia de la erosión de la cobertura de existencias por el lado de la oferta y el vencimiento de la protección de cobertura por el lado de la demanda hace que junio y julio sean el periodo de máxima tensión para los mercados europeos de combustible de aviación", se lee en el informe. También avisan de que si el comercio global de queroseno no se recupera antes de septiembre, los inventarios europeos caerán por debajo del mínimo técnico, obligando a un "racionamiento directo de la demanda".

Varias aerolíneas empiezan a recortar rutas

Aunque ya se anticipaban problemas en el sector aéreo, las declaraciones de la última semana desataron el pánico en el sector. La división europea del Consorcio Internacional de Aeropuertos (ACI) mandó una carta a la Comisión asegurando que en tres semanas "la escasez generalizada de combustible para aviones se convertirá en una realidad para la UE" si no se recupera el estrecho de Ormuz. A ese mensaje dramático respondió la Comisión Europea asegurando que no existe riesgo a corto plazo.

El coste del queroseno es una variable primordial para las aerolíneas porque el combustible supone de media alrededor del 25% de sus costes de operación, en función de la compañía, del lugar del mundo donde trabaje y de su estrategia de aprovisionamiento, y un encarecimiento del crudo puede meter rápidamente a una empresa en números rojos.

Lufthansa, la gigante alemana, retiró este sábado 27 aviones de circulación "para evitar que las actuales pérdidas de la compañía sean todavía mayores". La aerolínea detalló en un comunicado que pierde dinero incluso teniendo el 80% de su queroseno asegurado frente a los cambios bruscos de precio. La holandesa KLM también recortará desde mayo unos 80 vuelos desde y hacia Ámsterdam, menos del 1% de todo su tráfico europeo, aunque subrayó que "no hay escasez de queroseno". La noruega SAS cancelará unos 1.000 vuelos en abril.

Sin importaciones de China ni India

A la crisis petrolera derivada de la guerra en Irán, se suma un desplome de las llegadas de queroseno desde la India y China, dos importantes proveedores de la Unión Europea. En el caso de India, la Unión Europea prohibió el 22 de enero la entrada de productos refinados a partir de petróleo ruso, ampliamente utilizado en las refinerías indias, mientras que China vetó a mediados de marzo la exportación de cualquier tipo de combustible de manera temporal para priorizar su abastecimiento interno.

La Comisión Europea se reunió este martes con la empresa estadounidense para abordar los posibles riesgos que pudiera causar el modelo de inteligencia artificial Claude Mythos Preview, después de que la tecnológica suspendiese su lanzamiento por considerar que sus habilidades avanzadas pueden suponer una amenaza para la seguridad global, según informa EFE. 

"Tenemos conversaciones en curso con Anthropic y confiamos en que la empresa nos dará información" sobre los peligros de la herramienta o sobre cómo poderlo probar en compañías o instituciones europeas, dijo el portavoz de tecnología del Ejecutivo comunitario, Thomas Regnier, en la rueda de prensa diaria de la institución. 

Mythos permite a sus usuarios analizar en tiempo real vulnerabilidades en materia de ciberseguridad, pero durante las pruebas internas, la compañía observó que el modelo fue capaz de detectar peligros que habían permanecido ocultos durante 27 años, con una capacidad autónoma tan potente que le ha llevado a suspender su comercialización generalizada. 

Por ahora, Anthropic ha lanzado el Proyecto Glasswing, un modelo de defensa en ciberseguridad a la que podrán acceder más de 40 organizaciones, entre las que figuran Amazon, Apple, Google, Microsoft, Nvidia, CrowdStrike, JPMorgan Chase, Cisco, Broadcom, Palo Alto Networks y la Linux Foundation.

El objetivo es que estos gigantes utilicen la potencia de Mythos para identificar y parchear vulnerabilidades en la infraestructura crítica de software antes de que actores malintencionados puedan explotarlas.

Además, esta semana el presidente de la Reserva Federal estadounidense, Jerome Powell, y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, se reunieron con los directores ejecutivos de los principales bancos de Estados Unidos -como Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley y Wells Fargo- para discutir los posibles riesgos cibernéticos que plantea Mythos.

La Comisión Europea ha advertido a España de que rebajar el IVA del combustible al tipo reducido del 10%, como ha hecho el Gobierno dentro de las medidas adoptadas por la guerra en Oriente Medio, se desvía de la Directiva europea sobre este impuesto, según informa EFE. 

La Directiva 2006/112/CE establece el sistema común del IVA en la UE y prohíbe explícitamente los tipos reducidos para suministros de combustibles fósiles como gasolina y diésel, según el artículo 102 y anexos. Solo autoriza reducciones para ciertos energéticos como el gas natural, la electricidad o la calefacción y para bienes orientados al consumidor final con objetivos sociales.

La rebaja del IVA de los carburantes del 21% al 10% es una de las principales medidas del paquete anticrisis que el Gobierno de Sánchez ha aprobado para hacer frente al encarecimiento de la energía por la guerra en Oriente Medio, valorado en conjunto en unos 5.000 millones de euros.  

Desde el Ejecutivo comunitario se ha instado al Gobierno a reducir los impuestos especiales a los hidrocarburos no así el IVA general, pero España ya lo hace a través de una rebaja de 14,49 céntimos de euro por litro para la gasolina de 98 octanos y de 4,9 céntimos por litro para el gasóleo. 

El departamento que dirige el comisario de Clima y Fiscalidad, Wopke Hoekstra, recomienda a los Estados miembros que las medidas que tomen para paliar el encarecimiento de la energía sean "selectivas" y "temporales" para no disparar los niveles de déficit y deuda, pero también que estas no contribuyan a aumentar la demanda de combustibles fósiles. En este sentido, entre sus recomendaciones figura gravar la electricidad con tipos más bajos que los hidrocarburos.  

"Cualquier política nacional efectiva para proteger a nuestra economía y ciudadanos debe alinearse con ciertos principios clave. Estos incluyen la necesidad de ser selectivas y temporales, no aumentar la demanda agregada de crudo y gas y ser coherentes con la necesidad de seguir descarbonizando nuestro sistema energético", dijo el comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, tras la última reunión del Eurogrupo.  

El Ejecutivo comunitario prevé presentar próximamente una batería de medidas a las que podrían recurrir los Estados para afrontar las subidas de los precios energéticos, aunque de momento no hay fecha para ello. Bruselas insiste en no incrementar la demanda de combustible, lo que podría contribuir a la inflación, y pide seguir potenciando las renovables.

En caso de que España no revierta esta rebaja en los combustibles, la Comisión Europea puede llevar el caso al TJUE y será este tribunal quien fije un lump sum (pago fijo inicial) o multas periódicas (diarias hasta cumplimiento), basadas en la gravedad, duración y capacidad económica del país infractor. En el caso del incumplimiento de esta directiva, el montante puede estar entre los 7,5 y 25 millones de euros en pago único o hasta 80.000 € diarios en multas periódicas.

España ya acumula varias multas por retrasos a la hora de transponer directivas comunitarias como por ejemplo el lump sum de 2020 por la gestión de residuos de 2,5 millones o en 2020 o en 2021 cuando la multa fue de 15 millones de euros más 89.548 diarios por el retraso de la Directiva 2016/680 de protección de datos penales.

Desde el Ministerio de Hacienda defienden, en declaraciones a La Sexta, que la rebaja es una "medida temporal y no estructural", añadiendo que su prioridad es "defender a las familias y empresas frente a los efectos de la guerra". El ejecutivo también ha asegurado que mantienen un "diálogo constructivo y fluido" con la Comisión Europea.

El único precedente que existe sobre una advertencia de la UE, se encuentra en Polonia en 2022. La Comisión monitoreó la rebaja al 8% del país centroeuropeo. Las autoridades polacas aseguraron, al igual que España, que la bajada se circunscribía en el ámbito de la crisis provocada por la guerra de Ucrania y era algo temporal.

La Comisión, advirtió, al igual que a España de que esta decisión se tomó “de manera unilateral” y “sin haber consultado a la Comisión”, pero el TJUE no tomó medidas al entender que era temporal.

En este contexto, España, Alemania, Italia, Portugal y Austria enviaron la semana pasada una carta a Hoekstra en la que piden que el Ejecutivo comunitario desarrolle medias para gravar los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas con el fin de distribuir "de manera equitativa" las consecuencias de la guerra en Oriente Medio.

La vicepresidenta tercera del Gobierno, Sara Aagesen, ha recordado que esta rebaja es una medida temporal, y ha dicho que confía en que siga en marcha, de momento, estos tres meses "y lo que sea oportuno en función de cómo evolucionen los mercados".

Así se ha pronunciado en declaraciones a los medios tras reunirse con agentes de los sectores petrolero y gasista, indicando que "es una medida, de momento, temporal". La también ministra española para la Transición Ecológica ha recalcado que el Ejecutivo se encuentra "en constante y permanente monitorización de la situación" y sigue trabajando en otro paquete de actuaciones ante la coyuntura actual.

En cualquier caso, España "por supuesto" que mantiene contacto con la Comisión Europea, ha añadido Aagesen, que espera que este debate "no tenga repercusiones en ningún consumidor" y que el IVA reducido "siga en marcha estos tres meses y lo que sea oportuno" dependiendo de cómo evolucionen los mercados.

A la pregunta de si Bruselas está satisfecha con las explicaciones que ha dado el Gobierno español, la vicepresidenta tercera ha incidido en que la Comisión Europea está "en un momento en el cual está planteando qué actuaciones se tienen que acometer a nivel europeo". Pero, todavía "no hay ninguna propuesta conjunta, sino que hay distintas declaraciones en materia de ahorro, en materia fiscal...", ha afirmado la ministra.

No obstante cree que el órgano comunitario está en una fase en la que aún tiene que pronunciarse sobre las iniciativas puestas sobre la mesa por sus miembros en estos tiempos, en alusión a los efectos económicos y, en particular, sobre la energía, de la guerra en Irán y el cierre 'de facto' del estrecho de Ormuz. "Esperamos que, ante estas circunstancias, la Comisión sea consciente de que eran (medidas) necesarias y justificadas", ha sentenciado Aagesen.

Bruselas acaba de lanzar un nuevo instrumento de inversiones militares entre los países de la UE. Dotado con apenas 115 millones de euros, está diseñado para impulsar programas de tecnologías disruptivas desarrollados por pequeñas empresas y startups que puedan aplicarse en pocos meses en el campo de batalla. La inteligencia artificial, la informática cuántica o los vehículos no tripulados centrarán estas subvenciones.

Hace menos de un año la Comisión Europea puso a disposición de los Estados miembros el Fondo SAFE con 150.000 millones de euros. Préstamos de largo vencimiento a los 27 con los que financiar grandes programas de defensa y compras de material militar mientras se aseguraba que la industria de defensa europea pueda aportar el equipamiento bélico que las fuerzas armadas nacionales exijan.

El nuevo programa Agile es mil veces más pequeño que el SAFE, pero es complementario de este último porque el Ejecutivo presidido por Ursula von der Leyen tiene claro que no debe levantar el pie del acelerador de la remilitarización europea, con la guerra de Ucrania muy presente en la frontera oriental de la UE y con el objetivo de impulsar las capacidades industriales de defensa propias frente a unos Estados Unidos imperialistas y agresivos con sus tradicionales aliados atlánticos.

SAFE no deja de ser el pilar de inversión de la Estrategia ReArm Europe (Rearme Europa) para 2030, rebautizada con ese nombre por la propia Comisión Europea tras las quejas de países como España o Italia, con el objetivo de edulcorar ante la opinión pública su verdadera finalidad. Esta estrategia se suma al Fondo Europeo de Defensa, a las normas que apoyan la producción de munición y las compras conjuntas de equipamiento militar o al programa para el Refuerzo de la Industria Europea de Defensa. “Representan”, explican un reciente trabajo del importante think tank bruselense Bruegel, “un progreso hacia el fortalecimiento de la oferta de bienes militares” porque, según el texto firmado por Guntram Wolff, ex director del German Council of Foreign Relations, y Armin Steinbach, economista jefe en el ministerio de Finanzas alemán, “Europa afronta una grave amenaza de seguridad” y “debe acelerar el rearme a través de una mayor cooperación e innovación en su gobernanza”.

Este mantra está plenamente interiorizado en la capital comunitaria, de ahí que los gobiernos de la Unión también acaben de aprobar el desvío de 34.600 millones de euros de los fondos de cohesión hacia “prioridades estratégicas más urgentes”. Entre ellas, de nuevo, las inversiones bélicas, que recibirán un tercio de esos fondos, 11.900 millones, para “fortalecer capacidades industriales de defensa, movilidad militar y la preparación civil”. Son cuatro veces más que la partida redirigida a vivienda sostenible y asequible e inclusión social o a iniciativas de descarbonización y medioambientales.

“Se están sacrificando las inversiones sociales o en favor de los derechos de los trabajadores, todo a puerta cerrada”, para “destinar dinero público a los fabricantes de armas” con “programas industriales que unen nuestras economías futuras a la guerra”, reprocha el eurodiputado del grupo de la Izquierda, Marc Botenga.

El fondo de 150.000 millones de euros dirigido a inversiones militares creado específicamente por la Comisión Europea empieza a agotar sus recursos. Francia y Croacia son los últimos países en sumarse a esa iniciativa y el instrumento SAFE habrá destinado en próximas semanas 130.000 de esos millones. España, Portugal o Bélgica estuvieron entre los primeros países que solicitaron dinero, Italia, Polonia y la mayoría de socios del este se lanzaron a por los fondos en la segunda tanda. 

Alemania ha declinado participar al contar con mejores condiciones de endeudamiento en los mercados mientras que Hungría presentó hace semanas su plan de inversiones por 16.000 millones, pero su programa parece guardado en un cajón como represalia por el continuo bloqueo que su primer ministro, Viktor Orbán, aplica en los debates europeos, en la ayuda a Ucrania y las sanciones a Rusia y a la espera de ver qué sucede en las elecciones generales del país a mediados de abril.

Las empresas alemanas o húngaras de tecnología militar sí recibirán dinero del fondo Agile, igual que las de los otros 25 socios comunitarios. El objetivo principal de este nuevo instrumento es que tecnologías emergentes salten cuanto antes del laboratorio al campo de batalla, como explicaron en Bruselas los responsables de la Comisión, gracias a subvenciones cuyo plazo de concesión se reducirá a sólo cuatro meses para apoyar a entre veinte y treinta proyectos.

Para los académicos de Bruegel —un think tank que aporta documentos de estudio y posicionamiento político, económico o industrial que sirven de base para futuras iniciativas de la Comisión—, la partida de SAFE, de otros programas militares o partidas más pequeñas como el nuevo Agile no bastarían. Wolff y Steinbach piden crear un Mecanismo de Defensa Europeo a imitación del MEDE entre gobiernos con el que se rescataron los países de la UE durante la crisis de deuda a cambio de austericidas recortes.

Este MEDE militar estaría, por tanto, al margen del escrutinio y supervisión de la Eurocámara, basado en un tratado entre gobiernos y financiado con aportaciones nacionales con las que salir a endeudarse en el mercado y así, explican los autores, aliviar las cargas presupuestarias del rearme. Su cometido sería financiar grandes programas conjuntos de defensa, creando así un mercado único europeo para esta industria y permitiendo la participación de actores no comunitarios como Reino Unido.

Estamos, en palabras de eurodiputados de izquierdas como el alemán de Die Linke, Ózlem Demirel, o Marc Botenga, del Parti du Travail de Belgique, ante una verdadera carrera de armamentos en la UE en la que se “redirigen fondos desde donde más se necesitan” como el gasto social o en la lucha contra el cambio climático “a alimentar la capacidad de producir armas”.

Los últimos datos de la OTAN publicados este jueves ejemplifican con cifras esta denuncia. En 2025, Polonia gastó en defensa el 4,3% de su PIB, las tres repúblicas bálticas entre el 3,4 y el 4%, países con economías pequeñas como Finlandia o Grecia en el entorno del 2,8% de su PIB y España saltó del 1,3%-1,4% al 2% para cumplir por primera vez con un objetivo fijado hace una década. Pese a las críticas continuas de Donald Trump y aunque sigue a la cola de la Alianza Atlántica en términos relativos de gasto militar, España está entre los países donde éste más aumentó el año pasado, un 44%, sólo superada por Luxemburgo, Bélgica, Eslovenia, Albania y Dinamarca.