Las instituciones de la Unión Europea llegaron este jueves a un acuerdo para prohibir la creación de imágenes sexualizadas generadas con inteligencia artificial, sin el consentimiento de las personas afectadas.

El pacto, cerrado de madrugada, prohíbe los sistemas de inteligencia artificial cuyo único propósito es el de generar este tipo de imágenes o de abuso sexual infantil, además de los que se pueden emplear para múltiples propósitos, si no tienen "medidas de seguridad razonables" para evitar la propagación de este contenido.

El veto, que entrará en vigor el 2 de diciembre de 2026, se ha pactado tras el escándalo que ha causado la generación de fotografías con Grok, la herramienta de inteligencia artificial de la red social X, que ahora tendrá hasta finales de año para diseñar medidas de protección adecuadas.

"Nuestras empresas y ciudadanos quieren dos cosas de las reglas de inteligencia artificial. Quieren poder innovar y sentirse seguros. El acuerdo de hoy hace ambas cosas", dijo en redes sociales la vicepresidenta de la Comisión Europea encargada de la política digital, Henna Virkkunen.

En una iniciativa que ha promovido España junto a otros países como Francia y Alemania, la UE añade así una limitación adicional a la generación de este tipo de contenido, perseguido ya por el derecho penal en los Estados miembros.

"España sigue liderando el despliegue de un modelo europeo propio de IA, que ha de caracterizarse por ser el más confiable de todos, en línea con las iniciativas aprobadas por el Gobierno de España en los últimos meses", señaló también el ministro para la Transformación Digital y la Función Pública de España, Óscar López.

Además, las instituciones comunitarias retrasaron hasta diciembre de 2026 la obligación de incorporar marcas de agua a todo tipo de contenido generados con inteligencia artificial, ya sean fotos, vídeos o audio, para que los usuarios puedan detectar con facilidad que se han generado con una máquina.

El acuerdo pospone también hasta el 2 de diciembre de 2027 las obligaciones que la ley de inteligencia artificial de la UE impone a los sistemas de alto riesgo, como los que se usan para proteger a infraestructuras críticas, los que emplean los bancos para calcular la probabilidad de devolución de un préstamo, para contratar a personal o, por ejemplo, gestionar el control de las fronteras.

Inicialmente, la ley estableció este año para la entrada en vigor de estas obligaciones, pero las instituciones comunitarias han pactado un retraso de dieciséis meses porque Bruselas aún no ha diseñado los requisitos técnicos que deberán cumplir los sistemas de IA para ser seguros, sin poner en riesgo a las personas o vulnerar derechos fundamentales.

La reforma de la ley de inteligencia artificial se ha pactado, principalmente, con el pretexto de reducir la carga burocrática a las empresas y con este objetivo, se ha eximido a varios sectores industriales de tener que cumplir los requisitos de transparencia o de notificación de incidentes que la norma prevé para los sistemas de alto riesgo.

Productos como dispositivos médicos, juguetes o ascensores estarán exentos de tener que demostrar que sus sistemas de IA son seguros si otras normas sectoriales ya les imponen requisitos similares.

"Para que Europa se convierta en un continente de IA, necesitamos promover la innovación, apoyar a las empresas emergentes y a las empresas en expansión", dijo la eurodiputada Arba Kokalari, ponente en la Eurocámara de la reforma de la normativa.

La organización CCIA Europe, que representa los intereses de las grandes tecnológicas, mostró su rechazo a la reforma.

"Dadas las mínimas mejoras introducidas en la Ley de IA, resulta difícil ignorar la enorme brecha que existe entre la retórica política sobre la simplificación regulatoria y los resultados concretos", dijo esa plataforma en un comunicado.

La Comisión Europea acusó este miércoles a la tecnológica estadounidense Meta de incumplir la ley de servicios digitales (DSA) de la Unión Europea por no impedir que los menores de 13 años accedan a Facebook e Instagram.

Por eso, obligó a ambas redes sociales a "reforzar sus medidas para prevenir, detectar y eliminar (las cuentas) a menores de 13 años", según informó el Ejecutivo comunitario en un comunicado, y de no hacerlo, podría enfrentarse a una multa de hasta el 6 % de su facturación anual.

La Comisión señaló que pese a que los propios términos y condiciones de Meta establecen que los menores de 13 años no pueden abrirse una cuenta en sus redes sociales, las medidas que lleva a cabo la plataforma para evaluar la edad de sus usuarios "no parecen ser efectivas".

En concreto, Bruselas aseguró que los usuarios pueden mentir sobre su edad al abrirse una cuenta, diciendo que tienen al menos 13 años, sin que existan "controles efectivos para verificar la veracidad de la fecha de nacimiento".

El Ejecutivo comunitario afirmó también que la herramienta de Meta para advertir de la presencia de menores de 13 años en sus redes sociales "es difícil de usar y poco efectiva", ya que hay que clicar hasta siete veces para acceder al formulario de denuncia.

E incluso cuando se ha advertido a la compañía de que un menor de 13 años se ha abierto una cuenta, "a menudo no se realiza un seguimiento adecuado y el menor denunciado puede simplemente seguir utilizando el servicio sin ningún tipo de control", exponiéndole a "contenido inapropiado para su edad".

Bruselas dijo que el análisis que hace Meta sobre el riesgo que suponen sus redes sociales es "incompleto y arbitrario" y contradice "una gran cantidad de evidencias" en la UE que indican que entre el 10 y el 12% de los menores de 13 años acceden a Facebook e Instagram.

La conclusión de la Comisión llega en pleno debate sobre la necesidad de establecer una edad mínima en la UE para acceder a las redes sociales y cuando varios países ya han aprobado legislación al respecto: Francia, Italia, Dinamarca y Grecia las han prohibido a los menores de 15 años y España, a los de 16.

En este contexto, el Ejecutivo comunitario aseguró este mismo mes que la aplicación móvil que ha desarrollado para verificar la edad de los usuarios, garantizando completamente su privacidad, ya está "técnicamente preparada" para poderse usar.

La aplicación, no obstante, no es obligatoria, sino que es una herramienta que Bruselas pone a disposición de las plataformas para cumplir con la ley de servicios digitales, que les obliga a proteger de manera especial a los menores.

El Ejecutivo comunitario aspira a que los veintisiete países del bloque y las plataformas empleen esta aplicación para lograr un uso armonizado en toda la UE, aunque las tecnológicas podrán acabar utilizando sus propios sistemas de verificación de edad.

Cada día que pasa parece más claro que la crisis energética no será pasajera, sino que afectará al bolsillo de los hogares durante muchos meses más. El impacto en las gasolineras es evidente y la luz se ha encarecido respecto a febrero, pero el gas natural todavía se mantiene contenido porque la demanda en primavera es escasa. Sin embargo, ACER, la organización de reguladores europeos de energía, ha advertido este jueves que en otoño e invierno el recibo del gas subirá con fuerza y, por lo tanto, también el de la electricidad.

La razón es que la Unión Europea debe recargar una cantidad ingente de gas en sus inventarios en los próximos siete meses en mitad de lo que la Agencia Internacional de la Energía considera la mayor crisis energética de la historia. En este momento, el nivel medio de los almacenes de gas en Europa es del 31% y, en teoría, hay que alcanzar el 90% antes del 1 de diciembre, aunque ese objetivo es flexible.

ACER, un grupo del que forma parte la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), ha advertido este jueves que cumplir con esa meta será este año más caro y más difícil. Principalmente porque la competencia por el gas será mayor en todo el mundo ante la pérdida del gas catarí por el cierre del estrecho de Ormuz, por donde el año pasado cruzó el 7% del gas natural licuado que llegó a Europa por barco (el conocido como GNL), así como el 20% del GNL global.

"Recargar los almacenes hasta su capacidad máxima será más costoso y complicado en un mercado del GNL en competencia. Los precios a plazo de principios de abril de 2026 indican que esas importaciones de GNL llegarán a un coste algo superior al de años anteriores", afirman los reguladores en su último informe de monitorización del gas, publicado este jueves.

En concreto, calculan que el coste de la recarga podría aumentar entre 10.000 y 15.000 millones de euros en el invierno de 2026 si los precios del gas de referencia europeo (el conocido como TTF) se estabilizaran en 50 euros/MWh. En este momento el mercado de futuros del gas marca un precio de 44 euros/MWh para la segunda mitad del año, aunque ese valor cambia cada día con las nuevas noticias que llegan desde el Golfo. Antes de la guerra, el TTF cotizaba en esos meses a unos 31 euros/MWh, pero ha subido un 39% en menos de dos meses. 

Ana María Jaller-Makarewicz, analista de Energía en Europa en el Instituto de la Economía Energética y el Análisis Financiero (IEEFA), opina que esta crisis es un enorme toque de atención para Bruselas, que tras la crisis energética de 2022, provocada por el corte de la mayor parte del suministro de gas ruso, decidió buscar nuevos vendedores de gas en el resto del mundo. "Creyeron que la solución era diversificar las compras de gas, pero depender de otros nos ha vuelto a hacer vulnerables. Hay que apostar por la electrificación y las energías renovables", opina la experta.

Otra de las razones que apuntan al encarecimiento del gas este año, según ACER, es que en 2026 los almacenamientos de gas han llegado raquíticos a la primavera, en su nivel más bajo en nueve años, porque el invierno ha sido especialmente frío.

Los reguladores calculan que para cumplir con ese 90% de llenado en invierno hay que mantener "elevada" la entrada de gas por tubería y las compras de GNL tienen que ser un 13% superiores al año pasado. Todo esto, en un escenario de extrema competitividad global por el combustible debido al cierre de Ormuz.

Un tercer factor que complicará la logística, aunque menos importante que los anteriores, es que desde que comenzó la guerra, el gas en Asia tiene un importante sobreprecio sobre el valor del TTF europeo, de entre 5 y 10 euros MW/hora –un premium histórico–, porque en esa región la desesperación por el combustible es mayor. Esta situación podría llevar a que los metaneros "se vean más atraídos por Asia este verano", dificultando todavía más el aprovisionamiento europeo, según el informe de ACER.

España está en principio mucho mejor preparada que otros países de Europa porque sus tres almacenes subterráneos de gas natural están por encima del 60% de capacidad, aunque esto no garantiza que en la península el gas sea más barato que en Países Bajos o Grecia porque el combustible que se almacena en estos depósitos pertenece a compañías privadas que pueden revenderlo a terceros países si esa práctica es más rentable que destinarlo al consumo interno. 

El encarecimiento del gas natural para el consumidor español se puede notar de dos maneras. Si el hogar tiene una tarifa libre, esa subida puede llegar cuando se actualice el precio según lo establecido en el contrato, que suele ser de 12 meses. Incluso puede que ya se haya encarecido en las últimas cuatro semanas. En el caso de la tarifa regulada (conocida como TUR de gas), cuyo precio se actualiza trimestralmente, la fecha clave es el 1 de octubre. Entonces sufrirá el gran repunte porque en ese momento su cálculo incorpora un sobrecoste llamado gas estacional, un concepto que se añade durante los meses de frío.

Esta inflación también afecta al precio de la luz, y de manera mucho más rápida porque las compañías dueñas de las centrales de ciclo combinado (las que generan electricidad con gas) trasladan el encarecimiento de la materia prima al precio de la energía que producen. El sistema de fijación de precios diario mediante subasta limita que en primavera haya un fuerte repunte en la luz, pues las renovables marcan el precio en la mayor parte de las horas, pero durante la noche sí que se nota esa subida. Como en el caso del gas, ese cambio es solo para los clientes con contrato regulado, porque el precio de las tarifas libres depende exclusivamente de lo pactado con la comercializadora.

La Comisión Europea es consciente de la tormenta que se está formando alrededor del precio del gas natural de cara al invierno y este miércoles presentó su paquete AccelerateEU, que impulsa la coordinación de la gestión del gas natural y del combustible de aviones durante los próximos meses. 

Para evitar una ola de compras desesperadas de gas que suban todavía más su precio, la Comisión Europea también instó este miércoles a los países a que aprovechen que la normativa que obliga a rellenar sus almacenes de gas en un 90% antes de diciembre tiene un margen de flexibilidad del 10%, de manera que es suficiente con llenar inventarios al 80% para esa fecha. Bruselas está negociando además flexibilizar otro 5% más, rebajando el objetivo hasta el 75% para el 1 de diciembre. La idea es evitar que unos países pisen a otros comprando más gas del que puedan necesitar. 

Otra de las aristas que aborda el informe de ACER es que Estados Unidos ha disparado sus exportaciones de gas natural a Europa por vía marítima, principalmente para sustituir la desaparición de buena parte del gas ruso que llegaba por tubería. En el invierno 2025-2026, dejó de operar definitivamente el gasoducto ruso que atravesaba Ucrania, y en este periodo Estados Unidos incrementó sus ventas de GNL en un "impresionante" 45%, según los reguladores, alcanzando el 30% del total de importaciones de gas europeas y dos tercios del GNL. 

Rusia, en todo caso, volvió a vender grandes cantidades de gas a Europa este invierno, siendo el tercer proveedor, con el 15% de las importaciones totales de GNL, solo por detrás de EEUU. También sigue activo uno de los gasoductos Europa-Rusia, el TurkStream, que llega a Turquía y de ahí se ramifica para surtir principalmente a Hungría, Eslovaquia y Serbia. En total, Rusia supuso el 14% de las importaciones totales de gas en la UE esta temporada, equivalentes a 10.000 millones de euros anuales.

En sus previsiones para el invierno 2026-2027, ACER subraya que Europa necesita mantener en "niveles altos" las entradas de gas por tubería para poder cubrir su demanda en los meses de frío, y debe importar incluso más GNL que en 2025, lo que se traduce en que el gas ruso será impepinable este año, pese a que los países miembros están en pleno proceso de ruptura con el combustible de Moscú. El 1 de enero de 2027, según ratificó la Unión Europea el pasado 26 de enero, se prohibirá comprar GNL ruso, y el 1 de noviembre de 2027 habrá que poner fin a todos los contratos a largo plazo de gas importado por tuberías, de manera que el invierno siguiente supondrá de nuevo un desafío energético.

Las aerolíneas europeas lanzaron un llamamiento inédito la semana pasada, cuando advirtieron que en cuestión de tres semanas tendrían que iniciar un racionamiento de combustible. La Agencia Internacional de la Energía fue un paso más allá y dijo que quedan unas seis semanas de queroseno en los inventarios de la Unión, pero la Comisión Europea salió después a calmar las aguas y garantizó que no hay por ahora riesgo de desabastecimiento. Según los expertos, efectivamente hay combustible suficiente y no deberían producirse cancelaciones de vuelos en el próximo trimestre, salvo quizás en Francia y Reino Unido. También pronostican subidas importantes en el coste de los billetes de verano.

La guerra de Irán ha estrangulado el tráfico de todos los tipos de carburantes, pero el queroseno es extremadamente vulnerable, mucho más que el diésel y muchísimo más que la gasolina. En concreto, el 43% del queroseno que consume la UE y Reino Unido proviene del estrecho de Ormuz –principalmente de Kuwait–, mientras que en el caso del diésel es el 23%. En cuanto a la gasolina, Europa produce incluso más de la que consume internamente. Estas diferencias se aprecian en las curvas de precios. El queroseno se ha encarecido más de un 100% respecto a finales de febrero en la Unión Europea, alcanzando un récord histórico, mientras que el diésel ha subido un 65% y la gasolina 37%.

Aunque algunas declaraciones del sector desataron el pánico la semana pasada, la Comisión respondió el viernes que "no hay indicios de una escasez generalizada de combustible que pudiera provocar cancelaciones masivas de vuelos", aunque sí están "obviamente" preocupados por la situación. Según publican diferentes medios, Bruselas se prepara para vigilar de cerca las reservas nacionales de queroseno e incluso obligará a los estados a compartir los barriles para que no haya desequilibrios.

"Estamos moviéndonos hacia una crisis de suministro que empezará por el combustible de avión. Y nos aproximamos rápidamente", dijo este domingo el comisario de Energía, Dan Jørgensen, al Financial Times.

Según un informe de Kpler, una consultora europea especializada en tráfico de combustibles, al que ha accedido infoLibre, quedan meses antes de que haya un desabastecimiento real de queroseno en el continente, aunque subrayan que la situación es mucho más tensa que con el diésel. Estiman que si en marzo había reservas equivalentes a 52 días de consumo de queroseno en los Veintisiete (77 millones de barriles), ahora hay para unos 45 días, y en julio habrá para 28 días (49 millones de barriles), debido a que la caída de la importación obliga a quemar los inventarios.

Los analistas explican que en sus cálculos hasta verano no se entraría en el nivel mínimo operativo, el umbral crítico de abastecimiento, que sería de 33 millones de barriles de queroseno, de manera que "no se requerirá ningún ajuste de la demanda a escala continental en Europa, suponiendo que el conflicto se desescale pronto". Ese escenario supone que el estrecho del Golfo se desbloquee de aquí al mes de julio.

Donde sí pronostican que habrá escasez de queroseno será en Reino Unido, y posteriormente en Francia. La posibilidad de desabastecimiento en este segundo país podría ser lo que lleve a la Comisión Europea a activar esa redistribución, aunque antes tendrá que proponerla formalmente y acordarla con los ministros de los Estados miembros. 

Según los analistas de Kpler, tanto Reino Unido como Francia tienen una mayor dependencia del queroseno de Oriente Próximo y tienen menores provisiones. Afirman que Reino Unido ya debería empezar a reducir consumo en abril, y Francia en junio, y vaticinan que julio será el peor mes, recortando ese mes 60.000 y 40.000 barriles cada uno, respectivamente.

Los expertos esperan también una subida del precio de los billetes de avión en toda Europa este verano. Numerosas aerolíneas del continente han comunicado que están funcionando a pérdidas estos días porque el queroseno ha duplicado su coste, incluso aunque todas ellas tengan coberturas frente al encarecimiento del carburante en el mercado. Además, según Kpler, ese blindaje parcial que tienen las compañías vencerá a lo largo del segundo trimestre, y de cara al verano se expondrán de manera completa a los precios astronómicos.

"La convergencia de la erosión de la cobertura de existencias por el lado de la oferta y el vencimiento de la protección de cobertura por el lado de la demanda hace que junio y julio sean el periodo de máxima tensión para los mercados europeos de combustible de aviación", se lee en el informe. También avisan de que si el comercio global de queroseno no se recupera antes de septiembre, los inventarios europeos caerán por debajo del mínimo técnico, obligando a un "racionamiento directo de la demanda".

Varias aerolíneas empiezan a recortar rutas

Aunque ya se anticipaban problemas en el sector aéreo, las declaraciones de la última semana desataron el pánico en el sector. La división europea del Consorcio Internacional de Aeropuertos (ACI) mandó una carta a la Comisión asegurando que en tres semanas "la escasez generalizada de combustible para aviones se convertirá en una realidad para la UE" si no se recupera el estrecho de Ormuz. A ese mensaje dramático respondió la Comisión Europea asegurando que no existe riesgo a corto plazo.

El coste del queroseno es una variable primordial para las aerolíneas porque el combustible supone de media alrededor del 25% de sus costes de operación, en función de la compañía, del lugar del mundo donde trabaje y de su estrategia de aprovisionamiento, y un encarecimiento del crudo puede meter rápidamente a una empresa en números rojos.

Lufthansa, la gigante alemana, retiró este sábado 27 aviones de circulación "para evitar que las actuales pérdidas de la compañía sean todavía mayores". La aerolínea detalló en un comunicado que pierde dinero incluso teniendo el 80% de su queroseno asegurado frente a los cambios bruscos de precio. La holandesa KLM también recortará desde mayo unos 80 vuelos desde y hacia Ámsterdam, menos del 1% de todo su tráfico europeo, aunque subrayó que "no hay escasez de queroseno". La noruega SAS cancelará unos 1.000 vuelos en abril.

Sin importaciones de China ni India

A la crisis petrolera derivada de la guerra en Irán, se suma un desplome de las llegadas de queroseno desde la India y China, dos importantes proveedores de la Unión Europea. En el caso de India, la Unión Europea prohibió el 22 de enero la entrada de productos refinados a partir de petróleo ruso, ampliamente utilizado en las refinerías indias, mientras que China vetó a mediados de marzo la exportación de cualquier tipo de combustible de manera temporal para priorizar su abastecimiento interno.

La Comisión Europea se reunió este martes con la empresa estadounidense para abordar los posibles riesgos que pudiera causar el modelo de inteligencia artificial Claude Mythos Preview, después de que la tecnológica suspendiese su lanzamiento por considerar que sus habilidades avanzadas pueden suponer una amenaza para la seguridad global, según informa EFE. 

"Tenemos conversaciones en curso con Anthropic y confiamos en que la empresa nos dará información" sobre los peligros de la herramienta o sobre cómo poderlo probar en compañías o instituciones europeas, dijo el portavoz de tecnología del Ejecutivo comunitario, Thomas Regnier, en la rueda de prensa diaria de la institución. 

Mythos permite a sus usuarios analizar en tiempo real vulnerabilidades en materia de ciberseguridad, pero durante las pruebas internas, la compañía observó que el modelo fue capaz de detectar peligros que habían permanecido ocultos durante 27 años, con una capacidad autónoma tan potente que le ha llevado a suspender su comercialización generalizada. 

Por ahora, Anthropic ha lanzado el Proyecto Glasswing, un modelo de defensa en ciberseguridad a la que podrán acceder más de 40 organizaciones, entre las que figuran Amazon, Apple, Google, Microsoft, Nvidia, CrowdStrike, JPMorgan Chase, Cisco, Broadcom, Palo Alto Networks y la Linux Foundation.

El objetivo es que estos gigantes utilicen la potencia de Mythos para identificar y parchear vulnerabilidades en la infraestructura crítica de software antes de que actores malintencionados puedan explotarlas.

Además, esta semana el presidente de la Reserva Federal estadounidense, Jerome Powell, y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, se reunieron con los directores ejecutivos de los principales bancos de Estados Unidos -como Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley y Wells Fargo- para discutir los posibles riesgos cibernéticos que plantea Mythos.

La Comisión Europea ha advertido a España de que rebajar el IVA del combustible al tipo reducido del 10%, como ha hecho el Gobierno dentro de las medidas adoptadas por la guerra en Oriente Medio, se desvía de la Directiva europea sobre este impuesto, según informa EFE. 

La Directiva 2006/112/CE establece el sistema común del IVA en la UE y prohíbe explícitamente los tipos reducidos para suministros de combustibles fósiles como gasolina y diésel, según el artículo 102 y anexos. Solo autoriza reducciones para ciertos energéticos como el gas natural, la electricidad o la calefacción y para bienes orientados al consumidor final con objetivos sociales.

La rebaja del IVA de los carburantes del 21% al 10% es una de las principales medidas del paquete anticrisis que el Gobierno de Sánchez ha aprobado para hacer frente al encarecimiento de la energía por la guerra en Oriente Medio, valorado en conjunto en unos 5.000 millones de euros.  

Desde el Ejecutivo comunitario se ha instado al Gobierno a reducir los impuestos especiales a los hidrocarburos no así el IVA general, pero España ya lo hace a través de una rebaja de 14,49 céntimos de euro por litro para la gasolina de 98 octanos y de 4,9 céntimos por litro para el gasóleo. 

El departamento que dirige el comisario de Clima y Fiscalidad, Wopke Hoekstra, recomienda a los Estados miembros que las medidas que tomen para paliar el encarecimiento de la energía sean "selectivas" y "temporales" para no disparar los niveles de déficit y deuda, pero también que estas no contribuyan a aumentar la demanda de combustibles fósiles. En este sentido, entre sus recomendaciones figura gravar la electricidad con tipos más bajos que los hidrocarburos.  

"Cualquier política nacional efectiva para proteger a nuestra economía y ciudadanos debe alinearse con ciertos principios clave. Estos incluyen la necesidad de ser selectivas y temporales, no aumentar la demanda agregada de crudo y gas y ser coherentes con la necesidad de seguir descarbonizando nuestro sistema energético", dijo el comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, tras la última reunión del Eurogrupo.  

El Ejecutivo comunitario prevé presentar próximamente una batería de medidas a las que podrían recurrir los Estados para afrontar las subidas de los precios energéticos, aunque de momento no hay fecha para ello. Bruselas insiste en no incrementar la demanda de combustible, lo que podría contribuir a la inflación, y pide seguir potenciando las renovables.

En caso de que España no revierta esta rebaja en los combustibles, la Comisión Europea puede llevar el caso al TJUE y será este tribunal quien fije un lump sum (pago fijo inicial) o multas periódicas (diarias hasta cumplimiento), basadas en la gravedad, duración y capacidad económica del país infractor. En el caso del incumplimiento de esta directiva, el montante puede estar entre los 7,5 y 25 millones de euros en pago único o hasta 80.000 € diarios en multas periódicas.

España ya acumula varias multas por retrasos a la hora de transponer directivas comunitarias como por ejemplo el lump sum de 2020 por la gestión de residuos de 2,5 millones o en 2020 o en 2021 cuando la multa fue de 15 millones de euros más 89.548 diarios por el retraso de la Directiva 2016/680 de protección de datos penales.

Desde el Ministerio de Hacienda defienden, en declaraciones a La Sexta, que la rebaja es una "medida temporal y no estructural", añadiendo que su prioridad es "defender a las familias y empresas frente a los efectos de la guerra". El ejecutivo también ha asegurado que mantienen un "diálogo constructivo y fluido" con la Comisión Europea.

El único precedente que existe sobre una advertencia de la UE, se encuentra en Polonia en 2022. La Comisión monitoreó la rebaja al 8% del país centroeuropeo. Las autoridades polacas aseguraron, al igual que España, que la bajada se circunscribía en el ámbito de la crisis provocada por la guerra de Ucrania y era algo temporal.

La Comisión, advirtió, al igual que a España de que esta decisión se tomó “de manera unilateral” y “sin haber consultado a la Comisión”, pero el TJUE no tomó medidas al entender que era temporal.

En este contexto, España, Alemania, Italia, Portugal y Austria enviaron la semana pasada una carta a Hoekstra en la que piden que el Ejecutivo comunitario desarrolle medias para gravar los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas con el fin de distribuir "de manera equitativa" las consecuencias de la guerra en Oriente Medio.

La vicepresidenta tercera del Gobierno, Sara Aagesen, ha recordado que esta rebaja es una medida temporal, y ha dicho que confía en que siga en marcha, de momento, estos tres meses "y lo que sea oportuno en función de cómo evolucionen los mercados".

Así se ha pronunciado en declaraciones a los medios tras reunirse con agentes de los sectores petrolero y gasista, indicando que "es una medida, de momento, temporal". La también ministra española para la Transición Ecológica ha recalcado que el Ejecutivo se encuentra "en constante y permanente monitorización de la situación" y sigue trabajando en otro paquete de actuaciones ante la coyuntura actual.

En cualquier caso, España "por supuesto" que mantiene contacto con la Comisión Europea, ha añadido Aagesen, que espera que este debate "no tenga repercusiones en ningún consumidor" y que el IVA reducido "siga en marcha estos tres meses y lo que sea oportuno" dependiendo de cómo evolucionen los mercados.

A la pregunta de si Bruselas está satisfecha con las explicaciones que ha dado el Gobierno español, la vicepresidenta tercera ha incidido en que la Comisión Europea está "en un momento en el cual está planteando qué actuaciones se tienen que acometer a nivel europeo". Pero, todavía "no hay ninguna propuesta conjunta, sino que hay distintas declaraciones en materia de ahorro, en materia fiscal...", ha afirmado la ministra.

No obstante cree que el órgano comunitario está en una fase en la que aún tiene que pronunciarse sobre las iniciativas puestas sobre la mesa por sus miembros en estos tiempos, en alusión a los efectos económicos y, en particular, sobre la energía, de la guerra en Irán y el cierre 'de facto' del estrecho de Ormuz. "Esperamos que, ante estas circunstancias, la Comisión sea consciente de que eran (medidas) necesarias y justificadas", ha sentenciado Aagesen.

Bruselas acaba de lanzar un nuevo instrumento de inversiones militares entre los países de la UE. Dotado con apenas 115 millones de euros, está diseñado para impulsar programas de tecnologías disruptivas desarrollados por pequeñas empresas y startups que puedan aplicarse en pocos meses en el campo de batalla. La inteligencia artificial, la informática cuántica o los vehículos no tripulados centrarán estas subvenciones.

Hace menos de un año la Comisión Europea puso a disposición de los Estados miembros el Fondo SAFE con 150.000 millones de euros. Préstamos de largo vencimiento a los 27 con los que financiar grandes programas de defensa y compras de material militar mientras se aseguraba que la industria de defensa europea pueda aportar el equipamiento bélico que las fuerzas armadas nacionales exijan.

El nuevo programa Agile es mil veces más pequeño que el SAFE, pero es complementario de este último porque el Ejecutivo presidido por Ursula von der Leyen tiene claro que no debe levantar el pie del acelerador de la remilitarización europea, con la guerra de Ucrania muy presente en la frontera oriental de la UE y con el objetivo de impulsar las capacidades industriales de defensa propias frente a unos Estados Unidos imperialistas y agresivos con sus tradicionales aliados atlánticos.

SAFE no deja de ser el pilar de inversión de la Estrategia ReArm Europe (Rearme Europa) para 2030, rebautizada con ese nombre por la propia Comisión Europea tras las quejas de países como España o Italia, con el objetivo de edulcorar ante la opinión pública su verdadera finalidad. Esta estrategia se suma al Fondo Europeo de Defensa, a las normas que apoyan la producción de munición y las compras conjuntas de equipamiento militar o al programa para el Refuerzo de la Industria Europea de Defensa. “Representan”, explican un reciente trabajo del importante think tank bruselense Bruegel, “un progreso hacia el fortalecimiento de la oferta de bienes militares” porque, según el texto firmado por Guntram Wolff, ex director del German Council of Foreign Relations, y Armin Steinbach, economista jefe en el ministerio de Finanzas alemán, “Europa afronta una grave amenaza de seguridad” y “debe acelerar el rearme a través de una mayor cooperación e innovación en su gobernanza”.

Este mantra está plenamente interiorizado en la capital comunitaria, de ahí que los gobiernos de la Unión también acaben de aprobar el desvío de 34.600 millones de euros de los fondos de cohesión hacia “prioridades estratégicas más urgentes”. Entre ellas, de nuevo, las inversiones bélicas, que recibirán un tercio de esos fondos, 11.900 millones, para “fortalecer capacidades industriales de defensa, movilidad militar y la preparación civil”. Son cuatro veces más que la partida redirigida a vivienda sostenible y asequible e inclusión social o a iniciativas de descarbonización y medioambientales.

“Se están sacrificando las inversiones sociales o en favor de los derechos de los trabajadores, todo a puerta cerrada”, para “destinar dinero público a los fabricantes de armas” con “programas industriales que unen nuestras economías futuras a la guerra”, reprocha el eurodiputado del grupo de la Izquierda, Marc Botenga.

El fondo de 150.000 millones de euros dirigido a inversiones militares creado específicamente por la Comisión Europea empieza a agotar sus recursos. Francia y Croacia son los últimos países en sumarse a esa iniciativa y el instrumento SAFE habrá destinado en próximas semanas 130.000 de esos millones. España, Portugal o Bélgica estuvieron entre los primeros países que solicitaron dinero, Italia, Polonia y la mayoría de socios del este se lanzaron a por los fondos en la segunda tanda. 

Alemania ha declinado participar al contar con mejores condiciones de endeudamiento en los mercados mientras que Hungría presentó hace semanas su plan de inversiones por 16.000 millones, pero su programa parece guardado en un cajón como represalia por el continuo bloqueo que su primer ministro, Viktor Orbán, aplica en los debates europeos, en la ayuda a Ucrania y las sanciones a Rusia y a la espera de ver qué sucede en las elecciones generales del país a mediados de abril.

Las empresas alemanas o húngaras de tecnología militar sí recibirán dinero del fondo Agile, igual que las de los otros 25 socios comunitarios. El objetivo principal de este nuevo instrumento es que tecnologías emergentes salten cuanto antes del laboratorio al campo de batalla, como explicaron en Bruselas los responsables de la Comisión, gracias a subvenciones cuyo plazo de concesión se reducirá a sólo cuatro meses para apoyar a entre veinte y treinta proyectos.

Para los académicos de Bruegel —un think tank que aporta documentos de estudio y posicionamiento político, económico o industrial que sirven de base para futuras iniciativas de la Comisión—, la partida de SAFE, de otros programas militares o partidas más pequeñas como el nuevo Agile no bastarían. Wolff y Steinbach piden crear un Mecanismo de Defensa Europeo a imitación del MEDE entre gobiernos con el que se rescataron los países de la UE durante la crisis de deuda a cambio de austericidas recortes.

Este MEDE militar estaría, por tanto, al margen del escrutinio y supervisión de la Eurocámara, basado en un tratado entre gobiernos y financiado con aportaciones nacionales con las que salir a endeudarse en el mercado y así, explican los autores, aliviar las cargas presupuestarias del rearme. Su cometido sería financiar grandes programas conjuntos de defensa, creando así un mercado único europeo para esta industria y permitiendo la participación de actores no comunitarios como Reino Unido.

Estamos, en palabras de eurodiputados de izquierdas como el alemán de Die Linke, Ózlem Demirel, o Marc Botenga, del Parti du Travail de Belgique, ante una verdadera carrera de armamentos en la UE en la que se “redirigen fondos desde donde más se necesitan” como el gasto social o en la lucha contra el cambio climático “a alimentar la capacidad de producir armas”.

Los últimos datos de la OTAN publicados este jueves ejemplifican con cifras esta denuncia. En 2025, Polonia gastó en defensa el 4,3% de su PIB, las tres repúblicas bálticas entre el 3,4 y el 4%, países con economías pequeñas como Finlandia o Grecia en el entorno del 2,8% de su PIB y España saltó del 1,3%-1,4% al 2% para cumplir por primera vez con un objetivo fijado hace una década. Pese a las críticas continuas de Donald Trump y aunque sigue a la cola de la Alianza Atlántica en términos relativos de gasto militar, España está entre los países donde éste más aumentó el año pasado, un 44%, sólo superada por Luxemburgo, Bélgica, Eslovenia, Albania y Dinamarca.

No conocemos las condiciones exactas del primer acuerdo que Prisa Media firmó con OpenIA en marzo de 2024: cuánto dinero, por cuántos artículos, con qué cláusula de renovación. Los pactos entre los gigantes tecnológicos de la inteligencia artificial y los grandes grupos de comunicación tienen algo en común con los tratados de paz: se anuncian en comunicados triunfales pero entierran todos los detalles.

Aun así, lo que sabemos es suficiente para entender la dirección en la que se mueve el mercado. Y lo que no sabemos sobra para entender por qué los medios pequeños, regionales, locales e independientes están preocupados.

Desde 2023, las empresas de inteligencia artificial generativa —OpenAI, Meta, Google, Microsoft, Amazon, Perplexity— han necesitado responder a la misma pregunta incómoda: ¿de dónde sacan el texto con el que entrenan sus modelos? La respuesta es que lo toman de internet. Y una parte sustancial de ese "internet" estaba y está hecho de periodismo: crónicas, reportajes, análisis, entrevistas. El trabajo de redacciones financiadas con suscripciones y publicidad, que forman opinión pública, y a las que nadie consultó antes de convertir su producción en datos de entrenamiento.

El conflicto no es un debate técnico sobre modelos de lenguaje. Trata sobre a quién pertenece el valor que genera el periodismo. Y la respuesta que está dando el mercado es que pertenece, en gran medida, a quien tiene más capacidad de negociación.

Los modelos de lenguaje como ChatGPT, Gemini o Claude se entrenan con enormes corpus de texto extraídos de la red. Cuanto más rico y diverso es el material de entrenamiento, mejor funciona el modelo. El periodismo de calidad —con su precisión factual, su variedad temática, su diversidad de registros— es un activo extraordinariamente valioso. El problema es que fue tomado sin permiso.

Las empresas de IA arguyen que el rastreo de contenidos públicos está amparado por la excepción de la minería de datos de la normativa europea de 2019. Los editores rechazaron esa interpretación desde el primer momento. El resultado fue una acumulación de litigios, presiones regulatorias y, finalmente, una carrera por firmar acuerdos que pusieran un precio —aunque tardío— al uso de ese material.

Pero los acuerdos no resuelven el problema de fondo. Un sistema como AI Overviews de Google no solo se entrenó con artículos periodísticos: los resume en tiempo real y los sirve al usuario en la página de resultados, sin que este necesite hacer clic en el enlace original. El medio que financió el sueldo del periodista, el viaje y las horas de edición ve cómo su trabajo llega al usuario sin pasar por su web. Sin clic que genere publicidad. El periodismo se ha convertido en el combustible de un negocio que, en su fase extractiva, no deja nada a cambio.

En España, el actor central de quienes están cobrando a los gigantes de la IA es Prisa Media. La empresa propietaria de El País, la Cadena SER, Cinco Días, As y el Huffpost ha firmado con cuatro operadoras de IA en menos de dos años: con OpenAI, con Meta, con Google y con Perplexity. Prisa se ha convertido, de facto, en el interlocutor del periodismo español ante las grandes tecnológicas.

En el resto de Europa, el patrón es idéntico. OpenAI tiene acuerdos con Axel Springer, Le Monde, el Financial Times, The Guardian y Schibsted. Meta ha fichado a Le Figaro, Süddeutsche Zeitung, Reuters y News Corp. Microsoft colabora con Informa, Axel Springer, el FT y Reuters. Mistral cerró un acuerdo con la AFP. Amazon se alió con Reach, Condé Nast y Hearst.

La lista tiene una característica que se vuelve evidente al leerla entera: todos los nombres son grandes. Todos los medios firmantes tienen decenas o cientos de millones de lectores, archivos históricos de décadas y equipos jurídicos capaces de revisar contratos complejos. Ninguno es un periódico provincial, una revista especializada, un nativo digital de medio alcance. Ninguno.

La posición pública de las grandes empresas de IA descansa en tres argumentos. El primero es el de la innovación: cuando Meta rechazó, en agosto de 2025, firmar el Código de Buenas Prácticas de la UE en materia de inteligencia artificial, argumentó que introduce incertidumbres legales que ahogarán el desarrollo de la IA en Europa. Lo que no dijo es que "incertidumbre legal" es su manera de decir que no quiere quedar obligada a publicar qué datos usaron para entrenar sus modelos.

El segundo es el de la complejidad técnica: alegan que un modelo de pago proporcional al uso real de cada contenido es inviable porque no existe infraestructura para medirlo. Esto es parcialmente cierto. Pero la solución que proponen —la tarifa plana— no resuelve el problema de la atribución: lo elimina. Pagar una cantidad fija anual desvincula la compensación del uso real: el valor específico de cada pieza periodística desaparece en el bulto.

El tercero es el del mercado voluntario: sostienen que el ecosistema de licencias está tomando forma solo. Lo que no explican es que el mercado que toma forma es el de los grandes grupos. No funciona para el periódico regional que no tiene peso –ni recursos– para ser un interlocutor válido con las oficinas de OpenAI.

El argumento que las empresas raramente formulan en público es más simple: negociar con pocos actores grandes es más eficiente que hacerlo con muchos pequeños. Gestionar un acuerdo con Prisa Media tiene el mismo coste administrativo que uno con un periódico local de 10.000 lectores, pero el primero da acceso a décadas de archivo en cuatro cabeceras nacionales. Las cifras conocidas hablan solas: News Corp obtuvo 50 millones de dólares anuales de OpenAI; Axel Springer genera cifras de ocho dígitos. Los medios fuera de esa categoría no tienen cifra porque no tienen acuerdo.

El último acuerdo firmado por Meta con varios medios europeos, entre ellos los del Grupo Prisa, se ha conocido pocos días después de que el Parlamento Europeo, el pasado 12 de marzo, aprobase el informe sobre IA que lleva el nombre del eurodiputado de la CDU alemana Axel Voss. No es una directiva vinculante —ese es su límite principal— pero es el diagnóstico más preciso que ha producido hasta ahora una institución europea sobre este conflicto. Su lectura revela algo importante: los legisladores europeos entienden exactamente lo que está pasando. Y ya le han pedido a la Comisión que actúe.

El punto de partida es una afirmación que las empresas de IA llevan años esquivando: la IA generativa se ha entrenado masivamente con obras protegidas sin autorización. No como accidente ni zona gris, sino como práctica sistemática. El informe reafirma que el derecho de autor es algo que ninguna excepción tecnológica puede erosionar e introduce el concepto de ”acceso lícito”: solo puede ampararse en la excepción de minería de datos quien primero accedió legalmente al contenido.

En el plano operativo, el informe pide a la Comisión un nuevo marco jurídico que cubra no solo el entrenamiento inicial de los modelos, sino también la inferencia —el momento en que el modelo genera una respuesta— y la generación aumentada mediante recuperación: el sistema por el que algunos modelos consultan fuentes externas en tiempo real. Es una distinción técnica con consecuencias económicas enormes: cada vez que un modelo usa contenido periodístico para construir una respuesta, ese uso debería ser licenciable y remunerado.

El informe exige además transparencia: listas detalladas del contenido protegido usado para entrenamiento y usos posteriores, registros de actividades de rastreo, y que la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) actúe como intermediaria para gestionar mecanismos de exclusión y mercados de licencias sectoriales.

Rechaza también las tarifas planas: un modelo de licencia global a cambio de pago único diluye el valor de cada contenido y amenaza la diversidad sectorial. Defiende en su lugar licencias voluntarias con remuneraciones proporcionales al uso efectivo. Y añade un elemento que suele pasarse por alto: pide estudiar soluciones para remunerar los usos ya realizados. Reconoce, en otras palabras, que el daño ya ocurrió y que hay que buscar mecanismos para compensarlo retroactivamente.

Para los medios, el informe reserva un bloque específico: control efectivo sobre sus contenidos tanto para entrenamiento como para productos que compiten con ellos, compensación por desvío de audiencia e ingresos, protección especial explícita para medios locales y regionales, y prohibición de que los sistemas de IA favorezcan selectivamente ciertas cabeceras.

Es la propuesta regulatoria más completa que existe hoy en Europa. Su debilidad es que es una resolución parlamentaria, no una ley. Las empresas de IA la leen con atención. Y mientras leen, siguen firmando acuerdos de tarifa plana. Para protegerse, al menos ante los grandes grupos de comunicación, que son además los más influyentes en las políticas de Bruselas.

Mientras tanto, la batalla judicial continúa. En febrero de 2026, el Consejo Europeo de Editores de Medios demandó a Google ante la Comisión Europea. El argumento conecta con lo que el informe Voss llama “productos que compiten directamente” con los medios: cuando AI Overviews genera un resumen tan completo que el usuario ya no necesita leer el artículo original, Google no está citando al periodismo, sino suplantándolo. El usuario obtiene la información, el medio pierde el clic, Google se embolsa el dinero que genera la publicidad.

En España, CEDRO denunció a Google ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por abuso de posición dominante. El expediente se cerró en diciembre de 2025 con compromisos vinculantes para todos los editores y agencias españolas: más transparencia sobre cómo se calcula la remuneración, un procedimiento de negociación estructurado, revisión anual de las ofertas económicas y posibilidad de remuneración retroactiva.

El Tribunal de Justicia de la UE examina por su parte si los resúmenes generados por IA constituyen una reproducción ilícita que vulnera la protección especial de los editores reconocida en la Directiva de Copyright de 2019.

Al margen se están quedando, al menos por el momento, los medios pequeños y locales, que están siendo utilizados —sus contenidos rastreados, incorporados a modelos, usados para generar respuestas— sin recibir compensación, sin capacidad técnica para verificar si su trabajo está en los corpus de entrenamiento y sin recursos legales para impugnar esa situación. El informe Voss los menciona como sujetos que merecen protección especial. Pero una mención en una resolución no es un cheque ni un acuerdo comercial.

Hay además un problema que los grandes acuerdos no solucionan. Si quienes habrían visitado la web de un medio ya no lo hacen porque la IA les dio la respuesta, ningún ingreso por licencias compensa esa pérdida. Los acuerdos actuales no contemplan el valor del lector a largo plazo: la suscripción, la fidelización, la relación sostenida con la audiencia. El modelo de negocio del periodismo financiado por audiencia está siendo erosionado con independencia de si el medio firmó o no un acuerdo.

Frente a esta asimetría, CEDRO y la Asociación de Medios de Información (AMI) defienden la gestión colectiva: ningún autor individual puede negociar con las grandes plataformas en condiciones de igualdad, pero una entidad que agrupa a miles de creadores sí puede. El informe Voss respalda esta vía al pedir que la EUIPO apoye mercados de licencias sectoriales con participación de entidades de gestión colectiva. CEDRO defiende además que el contenido no se use salvo que el medio lo autorice expresamente. Porque una vez que los contenidos han entrado en el corpus de entrenamiento, no existe mecanismo técnico para retirarlos. El permiso que no se pidió al principio se puede solicitar retroactivamente, pero no sirve para nada.

Lo que está en juego no es solo una cuestión de derechos de autor. Es si el periodismo local, el especializado, el de investigación —el que no puede permitirse un equipo jurídico ni una ronda de negociación en San Francisco— va a poder seguir existiendo en un ecosistema donde su trabajo alimenta sistemas que no le pagan y que le quitan tráfico. El informe Voss dice que no debería ser así. El mercado, por ahora, alimenta lo contrario.

Y mientras las directivas maduran en Bruselas, los corpus de entrenamiento están cerrados, los modelos de IA desplegados y los contenidos de miles de redacciones que nunca han recibido —ni recibirán— una llamada de las grandes empresas tecnológicas ya forman parte de la inteligencia artificial que hoy compite con ellas. En la mayoría de los debates sobre copyright, el daño está por venir. Aquí el daño ya se produjo, pero sigue teniendo lugar. Lo que se negocia ahora no es el futuro: es si alguien va a pagar, y a quién, por lo que ya ocurrió. Y por lo que está pasando cada día.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, no es precisamente una de las grandes aliadas del Partido Popular español ni tampoco de su líder, Alberto Núñez Feijóo. El conservador tiene más sintonía con el presidente del Partido Popular Europeo (PPE) y rival interno de Von der Leyen, Manfred Weber, que en 2019 vio cómo su compañera de partido de la CDU conseguía el puesto que él ambicionaba. En privado, el PP ha llegado a criticar a la presidenta de la Comisión Europea por su buen entendimiento con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, al que la alemana ha alabado en más de una ocasión públicamente por sus reformas pese a pertenecer a la familia política de los socialistas.

Este martes, sin embargo, varios cargos de la dirección nacional del PP suscribieron las palabras de Von der Leyen tras asegurar ante los embajadores extranjeros en Bruselas que "Europa ya no puede ser la guardiana del viejo orden mundial, de un mundo que se ha ido y no volverá". Unas declaraciones que han generado multitud de críticas en el seno de la UE porque implica aceptar el dominio sin reglas ni consecuencias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo que choca con la tradicional defensa europea del derecho internacional, el respeto a los derechos humanos y la soberanía territorial de los Estados. En Génova, sin embargo, consideran que la alemana acierta porque "Europa no puede confiar en el sistema basado en reglas como la única forma de defender sus intereses". "El mundo ha cambiado. Está cambiando", señaló la portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz.

En la misma línea se expresó también el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, que apeló al "realismo" ante un escenario internacional marcado por "Rusia atacando a Ucrania y amenazando continuamente a la Unión Europea" y por "lo que está ocurriendo en Irán". "Europa tiene que actuar con inteligencia y saber moverse en este nuevo orden internacional", sostuvo. Bendodo insistió en que nadie quiere una guerra, "pero tampoco derramar ni una lágrima por un régimen que mata a mujeres, que persigue homosexuales" y que no respeta los derechos humanos.

Tras ese apoyo explícito, Génova guardó silencio este miércoles después de que Von der Leyen se haya visto obligada a matizar su posición y a reafirmar que el compromiso europeo con el derecho internacional es "inquebrantable". "La Unión Europea se fundó como un proyecto de paz. Nuestro compromiso inquebrantable con la búsqueda de la paz, con los principios de la Carta de las Naciones Unidas y con el derecho internacional es tan fundamental hoy como lo era en el momento de nuestra creación. Y siempre defenderemos estos principios", sostuvo ante el Parlamento Europeo. Preguntados por esta rectificación, en el PP señalan que "solo" van a hablar de las medidas fiscales que han presentado para paliar los efectos económicos de la guerra. De nada más.

Por su parte, la secretaria general del PPE, Dolors Montserrat, apenas ha hecho una breve mención a la postura de la alemana en el citado pleno del Parlamento Europeo para señalar que hay quien trata de "manipular" sus palabras. Sin embargo, las polémicas sobre sus extralimitaciones no son nuevas. Al final de su anterior mandato, varios dirigentes europeos reprocharon a la presidenta de la Comisión Europea haber ido más allá de sus funciones. El episodio más criticado fue su visita sin autorización de los Estados miembros al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, pocos días después de los ataques del 7 de octubre.

La tesis de Génova es que la Unión Europea no ha estado a la altura en los últimos años porque no tiene autoridad sobre nadie. "Si tú quieres un mundo con normas, tienes que tener la capacidad de imponerlas, y la Unión Europea no la tiene", dijo en rueda de prensa Ester Muñoz desde el Congreso. A su juicio, mientras otros países se rearmaban, Europa estaba "en otras cuestiones", en referencia a decisiones como el cierre de minas, el fin de explotaciones ganaderas o el tapón de las botellas. Se trata de decisiones avaladas por su familia política, mayoritaria en la Eurocámara, y por la propia Von der Leyen, con el objetivo de proteger el medio ambiente.

Sobre la guerra, la dirigente popular insistió en que la UE "quiere la multilateralidad y el Derecho Internacional, cree en las normas internacionales y en la resolución de conflictos de forma pacífica", pero lamentó que no disponga de la "capacidad" ni de la "influencia" necesarias para "garantizar que eso se haga así en todo el mundo". En su repaso, Muñoz evitó mencionar de forma expresa las acciones militares de Estados Unidos e Israel contra Irán. Una ofensiva que el PP ha procurado no criticar abiertamente y en la que la formación conservadora tiene posiciones encontradas.

Es más, mientras algunos dirigentes autonómicos han entonado el 'No a la guerra' que tanto critica Feijóo a Sánchez, otros como su portavoz adjunta en la Cámara Baja, Cayetana Álvarez de Toledo, han justificado los ataques contra Irán por ser una "teocracia criminal, que oprime, lapida y mata a su propio pueblo" y que" patrocina el terrorismo internacional y sabotea la paz en Gaza y en todo Oriente Próximo". "Sí a la guerra contra Irán", escribía en X la pasada semana. Una reflexión compartida por el expresidente del Gobierno José María Aznar, que este miércoles afirmaba que "está más que justificado que se intente cambiar a un régimen —el iraní— que altera completamente las reglas internacionales" y reivindicaba a EEUU como un aliado clave.

El de Oriente Medio no es el único frente del PP español en el marco europeo, también lo es el acuerdo entre la UE y Mercosur, capitaneado por la propia Von der Leyen y que da luz verde a la mayor zona de libre comercio del mundo con Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia. Un acuerdo que, sin embargo, ha generado fuertes críticas por parte del sector del campo, un granero de votos clave para el ascenso de la ultraderecha española, que lleva años cultivando apoyos en el mundo rural con la baza de los acuerdos entre populares y socialistas en Bruselas. Una estrategia que también ha dado réditos a la ultraderecha internacional y que fue clave en el regreso de Trump a la Casa Blanca.

En ese contexto, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, lanzó recientemente un mensaje en el que identificó a su formación como la que defiende los intereses de los agricultores durante la conferencia interparlamentaria de los populares. "Nosotros somos el partido del campo, el partido de los agricultores, el que les defiende, el que les escucha y el que hace política real para ellos. Los agricultores tienen razón. Quieren menos exigencias burocráticas y políticas que garanticen la rentabilidad y competitividad. Quieren más control de lo que viene de fuera, porque también se controlan nuestros productos cuando salen de España. Y tienen razón cuando piden acuerdos comerciales justos y con garantías que se cumplan. A diferencia de este Gobierno, lo haremos cuando lleguemos al Gobierno", proclamó.

Sin embargo, el propio Feijóo ha defendido durante sus años como presidente de la Xunta en sus visitas a países iberoamericanos la necesidad de ese pacto comercial. Ahora que ya no lo es su discurso ha virado mientras lidia con una fuerte presión interna por parte del PPE pero también de sus barones autonómicos, que ven cómo Vox está cada vez más fuerte y ha utilizado ese acuerdo como eslogan electoral. Por ello, en plena campaña de las elecciones de Aragón, el líder del PP dio un golpe de timón y salió a reclamar a la Comisión que el acuerdo no entrara en vigor hasta la "plena certeza de que se aprobarán las garantías que necesita el campo español".

El principal ponente sobre el pacto en el Parlamento Europeo es, además, el eurodiputado español del PP, Gabriel Mato, que ha defendido con firmeza durante años este nuevo vínculo comercial. Al mismo tiempo, algunos barones territoriales ya han mostrado su rechazo público, como el líder del PP asturiano, Álvaro Queipo, que lo considera "perjudicial". La gran incógnita es ahora qué hará el PP español cuando el acuerdo llegue al Parlamento Europeo para su ratificación, una vez firmado. Los eurodiputados deberán votar sí o no, sin posibilidad de introducir cambios.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró este miércoles que la Unión Europea "siempre defenderá" los principios de Naciones Unidas y del derecho internacional y recalcó que la UE "se fundó como un proyecto de paz", según recoge EFE.

"Ver cómo está el mundo no reduce nuestra determinación para luchar por el mundo que queremos. La UE se fundó como un proyecto de paz. Nuestro compromiso inquebrantable por la paz, los principios de la Carta de Naciones Unidas y el derecho internacional son tan centrales hoy como lo fueron en nuestra creación. Siempre defenderemos estos principios", dijo Von der Leyen ante el Parlamento Europeo.

Hace unos días, la presidenta de la Comisión Europea aseguró en un discurso en la conferencia anual de embajadores de la UE que se celebra en Bruselas, que daba el orden mundial por finiquitado y que era tiempo para desarrollar nuevas reglas. "Necesitamos un sistema de gobernanza mundial basado en normas. Por supuesto, el sistema de las Naciones Unidas también debe ser replanteado. Y cuando los formatos tradicionales resultan inoperantes, nos corresponde encontrar formas creativas de resolver las crisis más graves de nuestro tiempo", planteó.

Estas palabras provocaron la réplica del Gobierno español, de la vicepresidenta de la Comisión Europea Teresa Ribera y del presidente del Consejo Europeo, António Costa, que reclamaron una defensa más cerrada del orden basado en los principios de Naciones Unidas creado tras la Segunda Guerra Mundial.

En su discurso de este miércoles, la presidenta de la Comisión Europea reiteró que "nadie debe derramar ni una lágrima" por la caída de un régimen iraní que encarcela y tortura a sus ciudadanos, patrocina actos terroristas en su región y en suelo europeo y ha dado un apoyo clave a Rusia en su invasión de Ucrania.

"Muchos iraníes han celebrado la caída de (el ayatolá Alí) Jameneí. Esperan que este momento pueda abrir un camino hacia un Irán libre. Esto es lo que se merece el pueblo iraní: libertad, dignidad y el derecho a decidir su propio futuro", afirmó Von der Leyen.

La Comisión Europea (CE) confió este martes en que Estados Unidos respete sus compromisos comerciales y aseguró que velará por que se protejan "plenamente los intereses de la Unión Europea", después de que Donald Trump anunció que va a "cortar todo el comercio con España" por su postura sobre la ofensiva militar contra Irán.

"⁠Esperamos que los Estados Unidos respeten los compromisos contraídos en nuestra declaración conjunta. ⁠La Comisión velará en todo momento por que se protejan plenamente los intereses de la Unión Europea", dijo a EFE el portavoz comunitario de Comercio, Olof Gill, preguntado por las últimas declaraciones de Trump.

Gill afirmó que la posición de la UE "no ha cambiado" y remitió a esos dos "elementos fundamentales" de la declaración que la Comisión emitió el pasado 22 de febrero en respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo de EEUU contra la mayor parte de la política arancelaria de Trump, y del anuncio de éste de nuevos aranceles.

En esa ocasión, el Ejecutivo comunitario llamó a Washington a atenerse a los compromisos adoptados en la declaración conjunta que las dos partes adoptaron en agosto pasado, por la cual se evitaba la escalada de una guerra comercial y se fijaba un arancel general tope para la UE de un 15%.

El Gobierno español aseguró este martes ante las amenazas de Trump que España cumple sus compromisos con la OTAN y con la defensa europea, y le advirtió que, si quiere revisar la relación bilateral, deberá respetar la legalidad internacional y los acuerdos UE-EEUU.

Fuentes del Ejecutivo español salieron así al paso de las declaraciones de Trump en las que aseguró que va a "cortar todo el comercio con España" por su postura en relación a la ofensiva contra Irán y dijo que "no quiere tener nada que ver" con el país tras la negativa del Gobierno español a autorizar el uso por aviones estadounidenses de las bases españolas de Morón y Rota en las operaciones militares contra Teherán.

Trump también afirmó que España ha sido "un socio terrible" de la OTAN y advirtió que "nadie" le dirá que no puede usar sus instalaciones.

Las fuentes del Gobierno español recalcaron que si la Administración estadounidense quiere revisar las relaciones comerciales, deberá hacerlo respetando la autonomía de las empresas privadas, la legalidad internacional y los acuerdos bilaterales entre la Unión Europea y Estados Unidos.

La política comercial de los Estados miembros de la Unión Europea con países externos a la UE está exclusivamente en manos de la Comisión Europea desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el 1 de diciembre de 2009.

Así, el comercio extracomunitario es competencia exclusiva de la UE y no de los gobiernos nacionales de los países miembros. Esto significa que las instituciones de la UE elaboran leyes sobre cuestiones comerciales y negocian y celebran acuerdos comerciales internacionales.

Las responsabilidades de la UE abarcan el comercio de bienes y servicios; los aspectos comerciales de la propiedad intelectual, como las patentes; la contratación pública, y la inversión extranjera directa.

Este viernes, la sede del Parlamento Europeo en Madrid ha acogido la presentación del primer informe sobre vivienda emitido por el organismo europeo. El texto recoge una serie de recomendaciones que se debatirán en la Comisión el próximo mes de marzo. En la presentación, que corrió a cargo de Alicia Homs, eurodiputada del grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas (S&D) en el Parlamento Europeo, y de Borja Giménez, del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos), los políticos señalaron que se trata de un texto en el que han participado tanto progresistas como conservadores y que trata de aportar ideas a una crisis que definieron como "global". Sin embargo, y pese a la magnitud del problema, la competencia de vivienda es de los Estados y el documento se queda en una lista de recomendaciones que se concretarían de forma distinta en cada región.

En el lado de la derecha, Giménez puso el acento en propuestas como la reducción de impuestos en torno a la vivienda, la escasez de obra nueva, los dilatados plazos burocráticos o la seguridad jurídica para los inquilinos. En el lado de los progresistas, Homs insistió más en las medidas de protección a los inquilinos o en la supervisión pública cuando se simplifiquen los procesos burocráticos, como la recalificación de suelo. "Hay enfoques que no compartimos, pero hay temas que se deben poner en valor”, apuntaba la eurodiputada socialista.

Una de las propuestas en esta línea, explicó Giménez, sería acotar la concesión de licencias de obra a un máximo de 60 días e incluir el principio de silencio administrativo en caso de no recibir respuesta en ese periodo. En este punto, el informe señala que en 2023 los permisos de construcción registraron una caída significativa, con un descenso del 14,6%.

Las recomendaciones del informe, titulado El rompecabezas de la vivienda en Europa: ¿Cuál es la posición del Parlamento Europeo?, giran en torno a cinco bloques temáticos: escasa oferta, inversión y ayudas fiscales, simplificación burocrática, mejora de las condiciones de vida y soberanía industrial en la construcción.

Además, una de las advertencias formales que hacen es la necesidad de "respetar el principio de subsidiariedad", dado que la vivienda es competencia exclusiva de los Estados miembros, aunque al mismo tiempo advierten de la necesidad de "dar una respuesta más coordinada y ambiciosa".

El primero de los bloques reposa sobre los problemas que provoca la escasez de casas. "Europa necesita alrededor de 10 millones de viviendas adicionales para cerrar la brecha existente", recoge el texto. En este sentido, los eurodiputados piden simplificar los trámites administrativos, acelerar los procedimientos de concesión de permisos y movilizar inversión pública y privada para impulsar la construcción y la rehabilitación del parque inmobiliario. "Hay que construir más, eso es evidente. Pero vivienda pública y asequible, porque nos encontramos con gente de clase media y con buenos sueldos que no llega a fin de mes y no puede permitirse comprar una casa", señaló Homs.

Otro apartado atañe precisamente a la mejora de las condiciones de vida y para ello proponen canalizar fondos europeos hacia planes de vivienda asequibles y de ahorro energético.

Piden, además, "que la próxima ley sobre alquileres de corta duración establezca un equilibrio entre la facilitación del turismo y la asequibilidad de la vivienda, a fin de que la proliferación de alquileres de corta duración no amenace la asequibilidad en las ciudades" y, ligado a esto, recomiendan mejorar la recopilación de datos que se hace en materia de vivienda. "Sin datos estamos ciegos para diseñar políticas", señaló el eurodiputado popular, quien además apuntó que este era uno de los temas que generaba consenso en ambas partes del hemiciclo y anunció que se crearía una plataforma a nivel europeo para recopilar información relativa al mercado inmobiliario.

A nivel de inversiones y ayudas fiscales, los eurodiputados instan a los Estados miembros a "introducir sistemas fiscales basados en incentivos para apoyar a los hogares de renta baja y media, eliminar las barreras fiscales (es decir, las elevadas tasas de registro) para los compradores de primera vivienda, y hacer más asequibles los alquileres de larga duración", recoge el texto.

Una de las medidas que explicaba el europarlamentario popular es crear "un IVA superreducido" para la vivienda, aunque en este punto, al igual que en lo que tiene que ver con la protección de los inquilinos, las posturas suelen divergir, ya que la derecha tiende a insistir más en retirar carga fiscal que los progresistas.

El último punto hace referencia a los cambios que se deberían introducir en el sector de la construcción a nivel laboral y de formación de los trabajadores. Piden "una mayor facilidad de movilidad laboral intracomunitaria, un mejor reconocimiento mutuo de las cualificaciones profesionales y, cuando sea necesario, la contratación de trabajadores cualificados procedentes de terceros países", según explica el texto.

Entre los datos que aporta el documento para valorar la situación del mercado inmobiliario comunitario, destaca el hecho de que uno de cada diez hogares en ciudades de la UE destina más del 40% de sus ingresos a la vivienda, la misma proporción de familias que tampoco pueden mantener su casa a una temperatura adecuada.

Por otro lado, los precios han evolucionado de forma significativa. Los de compraventa aumentaron de precio en un 61% entre 2010 y 2025 y los de alquileres se elevaron un 29%.

En este contexto, las recomendaciones de este documento serán votadas en el próximo pleno del Parlamento Europeo, a mediados de marzo, aunque su concreción dependerá siempre de los Estados miembros.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció este viernes la entrada en vigor provisional de la parte comercial del acuerdo de asociación entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, tras completar su ratificación Argentina y Uruguay, según informa EFE.

"Ya lo he dicho antes, cuando ellos estén listos, nosotros estaremos listos. Por lo tanto, durante las últimas semanas, he debatido este tema intensamente con los Estados miembros y con los miembros del Parlamento Europeo. Sobre esta base, la Comisión procederá ahora a la aplicación provisional", afirmó Von der Leyen en una declaración sin preguntas en la sede de la Comisión Europea.

La política alemana recordó que, en enero, el Consejo Europeo facultó a la Comisión para aplicar provisionalmente el acuerdo a partir de la primera ratificación por parte de un país del Mercosur.

"La aplicación provisional es, por naturaleza, provisional", apuntó Von der Leyen, y se refirió a que, "de conformidad con los tratados de la UE, el acuerdo solo podrá considerarse plenamente concluido una vez que el Parlamento Europeo haya dado su consentimiento".

Así, aseguró que la Comisión "seguirá colaborando estrechamente con todas las instituciones de la UE, los Estados miembros y las partes interesadas para garantizar un proceso fluido y transparente" en la aplicación de este acuerdo, que se ha negociado durante más de 25 años y creará un mercado de 720 millones de personas.

El Ejecutivo comunitario puede proceder con la aplicación provisional sin la ratificación de la Eurocámara, cuyo voto final tendrá que esperar a que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncie sobre la compatibilidad del acuerdo con los tratados comunitarios.

La UE sí ha puesto en marcha, por otro lado, salvaguardias para proteger a los agricultores europeos ante posibles caídas de precios locales o incrementos en las importaciones de productos sénsibles, un añadido que fue clave para convencer a países y eurodiputados reticentes al pacto por la presión del campo. Tras la ratificación de Uruguay y Argentina, Von der Leyen confió en que Brasil y Paraguay "sigan pronto su ejemplo".

"Y es una muy buena noticia. Porque demuestra la confianza y el entusiasmo de nuestros socios por impulsar nuestra relación y poner en marcha este acuerdo histórico", declaró, un pacto que aseguró que "abre innumerables oportunidades, reduce miles de millones en aranceles, y permite a nuestras pequeñas y medianas empresas acceder a mercados y escalas con las que antes solo podían soñar". Además, recalcó que también proporciona a Europa "una ventaja estratégica por ser la primera en actuar en un mundo de fuerte competencia y horizontes cortos".

Von der Leyen enfatizó que el acuerdo es "uno de los pactos comerciales más importantes de la primera mitad de este siglo", entre "socios que entienden que el comercio abierto y basado en normas ofrece resultados positivos para todos". "Europa se está volviendo más fuerte y más independiente", avisó, y aventuró que las empresas, trabajadores y ciudadanos comunitarios "cosecharán los beneficios".

Dos comisiones del Parlamento Europeo retomaron este miércoles el intento de que toda la Unión Europea (UE) tipifique de la misma forma el delito de violación, en base al consentimiento explícito y no por el uso de la fuerza, algo que el bloque se quedó a las puertas de hacer en 2024, informa EFE.

Las comisiones de Igualdad y Libertades Civiles de la Eurocámara aprobaron una resolución sobre el asunto, que había quedado pendiente de revisión antes de 2029.

El texto pide a la Comisión Europea "que proponga sin retraso legislación que establezca una definición de violación a escala de la Unión basada en el requisito del consentimiento libre, informado y revocable", en base a un artículo del Convenio de Estambul que sitúa el consentimiento como eje en este tipo de violencia sexual.

"Sólo es válida una indicación clara, afirmativa, libre e inequívoca de consentimiento (...). El silencio, la falta de resistencia verbal o física o la ausencia de un 'no' no pueden interpretarse como consentimiento; ni el consentimiento previo ni la conducta sexual pasada ni ninguna relación pasada o presente con el agresor (...) implican el consentimiento actual o futuro para cualquier acto sexual", inciden.

El texto, negociado por una docena de eurodiputadas de todos los grupos políticos, salió adelante por 75 votos a favor, 27 en contra y tres abstenciones.

La resolución apunta a que el consentimiento "debe evaluarse en el contexto de las condiciones circundantes" y no puede darse en casos de violencia, amenaza, abuso de poder, coerción, vulnerabilidad o incapacidad resultante de una intoxicación, una pérdida del conocimiento o la edad, entre muchos otros casos.

La ausencia de una definición armonizada de violación basada en el consentimiento en toda la UE "da lugar a marcadas disparidades en la protección de las personas supervivientes en toda la UE y socava el acceso a la justicia y el enjuiciamiento efectivo de la violencia sexual". señalan las eurodiputadas.

Tanto el Parlamento como la Comisión quisieron incluir la homologación penal del delito de violación en la directiva europea pionera sobre violencia de género, aprobada en 2024, pero un grupo de Estados miembros -con Francia y Alemania a la cabeza- lo vetaron.

La directiva incluía una cláusula por la que los delitos bajo su paraguas se revisarían en cinco años. Si bien no es vinculante, el texto aprobado este miércoles por la comisión de Igualdad es un paso en esa dirección, señalan fuentes parlamentarias.

No obstante, el pleno del Parlamento Europeo que tendrá que dar el visto bueno final a esta resolución está más escorado a la derecha que el que en 2024 (antes de las últimas elecciones) estaba plenamente a favor de la igualar la tipificación penal de la violación.

Fuentes cercanas a la negociación explican a EFE que para llegar al texto final han hecho falta casi una docena de reuniones técnicas, más de lo habitual, y que el grupo socialdemócrata habría cedido en varios puntos clave -como una mención a la cultura de la violación- para asegurarse el voto a favor del Partido Popular Europeo, sin los cuales es inviable alcanzar una mayoría.

Fuentes del PP en el Parlamento Europeo aseguraron que su voto a favor refleja "el apoyo a la protección de las víctimas y el principio de consentimiento como puntos vectores", su defensa del Convenio de Estambul y el esfuerzo por "garantizar la formación especializada de todos los actores implicados, como policía, jueces, fiscales, servicios sociales y el personal sanitario que atiende a las víctimas".

No obstante, recalcan que respaldar la definición de consentimiento en este informe "no es en ningún caso apoyar la ley del 'solo sí es sí'" española, de la que lamentan lo que describen como sus "consecuencias devastadoras".

Podemos, por su parte, incidió en que el texto que ha salido adelante "va en consonancia a la legislación española impulsada por el Ministerio de Igualdad de Irene Montero en 2023".

"El Parlamento Europeo aprueba hoy que solo sí es sí, que el consentimiento debe ser siempre explícito y que la ausencia de un no jamás constituye un sí", celebró la delegación morada.

La Comisión Europea pidió este domingo a Estados Unidos "claridad total" sobre las medidas que va a tomar tras la sentencia del Tribunal Supremo de ese país que invalida la mayoría de los aranceles impuestos por Donald Trump, quien en respuesta anunció un arancel global del 15% a todos los países, según recoge EFE.

"La Comisión Europea solicita claridad total sobre las medidas que Estados Unidos pretende tomar tras la reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA)", dijo el Ejecutivo europeo en un comunicado.

La situación actual, según la Comisión, "no favorece la realización de un comercio e inversión transatlántico justos, equilibrados y mutuamente beneficiosos, como acordaron ambas partes".

La nueva tasa del 15% -inicialmente del 10%, fue la respuesta de Trump al fallo de la Corte Suprema de EEUU, que tumbó gran parte de su política arancelaria al considerar que se extralimitó en los poderes de emergencia invocados por el magnate estadounidense para imponer gravámenes a los socios comerciales del país norteamericano.

Con el objetivo de minimizar los efectos de los aranceles y evitar una guerra comercial, Bruselas y Washington firmaron en verano un acuerdo por el que la Unión Europea (UE) aceptó un gravamen general del 15% y que EE.UU. exportase al bloque sus bienes industriales libres de aranceles.

En su comunicado de hoy, el Ejecutivo europeo insistió en que "siempre garantizará que los intereses de la Unión Europea estén plenamente protegidos. Las empresas y exportadores de la UE deben tener un trato justo, previsibilidad y seguridad jurídica".

Asimismo, Bruselas señaló que "un trato es un trato" y que, como mayor socio comercial de Estados Unidos, "espera que cumpla sus compromisos establecidos en la Declaración Conjunta, así como la UE mantiene sus compromisos".

La Comisión exigió que los productos de la UE "deben seguir beneficiándose del trato más competitivo, sin aumentos de aranceles más allá del límite claro e inclusivo previamente acordado".

También reiteraron que aplicadas "de forma impredecible", estas medidas "son inherentemente disruptivas, minando la confianza y la estabilidad en los mercados globales y generando aún más incertidumbre en las cadenas de suministro internacionales".

Finalmente, el Ejecutivo comunitario aseguró que mantiene un contacto "estrecho y continuo" con la Administración estadounidense y señaló que el comisario de Comercio de la UE, Maroš Šefčovič, habló con el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, y el Secretario de Comercio, Howard Lutnick, este mismo sábado.

"Seguiremos trabajando para reducir los aranceles, tal y como se establece en la Declaración Conjunta. La prioridad de la UE es preservar un entorno comercial transatlántico estable y predecible, al tiempo que actúa como ancla global para el comercio basado en normas", apuntó el comunicado.

Una gran mayoría de productos europeos están sujetos a un arancel del 15% en EE.UU., pero la UE aún no aplica el 0% a los bienes estadounidenses, porque el Parlamento Europeo todavía no ha ratificado el acuerdo.

La comisión de Comercio de la Eurocámara, que tiene previsto votar el pacto entre Bruselas y Washington el próximo martes, decidió convocar a los eurodiputados este lunes a una reunión para analizar las implicaciones de la sentencia del Tribunal Supremo de EE.UU.

Este jueves los líderes europeos mantendrán una Cumbre informal en el castillo de Alden Biesen, a cien kilómetros de Bruselas y a muy pocos de Maastricht, ciudad fundacional del actual diseño de la UE. No habrá agenda cerrada con puntos por escrito pactados antes por los máximos diplomáticos de los 27. Tampoco habrá a su término conclusiones formales legalmente vinculadas. Pero la reunión se presenta como una cita de importancia para la economía del continente.

La competitividad será el gran tema de discusión entre los líderes, guiada por las propuestas que realice la Comisión Europea y la exposición de dos antiguos jefes de Gobierno italianos, Mario Draghi y Enrico Letta. También se hablará sobre la posibilidad de deuda conjunta europea para financiar sectores estratégicos, una idea que nace muerta por la fuerte oposición que genera en muchas capitales, empezando por Berlín.

El Ejecutivo presidido por Ursula von der Leyen quiere que los Estados miembros eliminen barreras económicas consideradas “inútilmente complejas” en sectores empresariales, principalmente industriales como el químico, el energético, la Inteligencia Artificial o la computación. Von der Leyen planteará en Alden Biesen incluso una UE a dos velocidades si hay países que no quieren avanzar en esta desregulación, bajo la premisa de que el mercado único es disfuncional y necesita una fuerte revitalización. Sobre esta idea, fuentes de Moncloa aseguran que “es clave la integración y más en el contexto actual” y que también el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparte “esa necesidad de avanzar en la integración europea en el ámbito de la seguridad y defensa”.

La fragmentación de las normas en sectores económicos entre los diferentes países supondría, según los cálculos del ejecutivo comunitario, barreras comerciales equiparables a unos derechos aduaneros del 45% sobre los bienes y del 110% para los servicios. El Gobierno español se alinea con las tesis francesas de apostar, explican estas fuentes, por el “made in Europe, la idea de la preferencia europea” a la hora de financiar con fondos comunitarios inversiones no sólo en el ámbito militar, también tecnológico, digital o aeronáutico, para potenciar a la economía de la UE y “el establecimiento de condiciones a inversión extranjera productiva en sectores clave”.

Este miércoles, delante del Parlamento Europeo,Von der Leyen reafirmó su postura con un “si realmente queremos simplificar las cosas, debemos aplicar mano dura contra la sobre reglamentación y la fragmentación... es tiempo de proceder a una gran limpieza reglamentaria, a todos los niveles”. Lo dijo justo antes de verse con veinte líderes europeos en la ciudad belga de Amberes en la European Industry Summit, un cónclave entre grandes empresas del continente que desde hace dos años apuesta por la simplificación o desregulación normativa, precisamente la senda marcada por la alemana.

Las palabras de Von der Leyen y las propuestas que expondrá en la reunión informal de líderes comunitarios coinciden con las reclamaciones que desde hace meses realizan las grandes empresas europeas, sus patronales y asociaciones en Bruselas. Un lobby que ha permeado en la Comisión Europea, como están denunciando organizaciones que controlan la influencia de los grupos de presión, ONGs y representantes de la sociedad civil.

“Este tendencia recurrente de compromisos exclusivos plantea una cuestión fundamental: ¿está la política europea siendo moldeada por sus 450 millones de ciudadanos o por los más grandes lobbies industriales del continente?”, han escrito en una carta 16 importantes organizaciones sociales como Transparencia Internacional, Friends of the Earth Europe, el Sindicato de Servicios Públicos Europeos o Corporate Europe Observatory.

Las reuniones que desde 2024 celebra CEFIC, la gran patronal de la industria química, en Amberes con los principales dirigentes europeos funcionarían, denuncian estas organizaciones, “como una hoja de ruta oculta para la Unión Europea” en la que las propuestas para “potenciar la economía se han convertido cada vez más en un vehículo para desmantelar las garantías democráticas europeas” con una “sistemática marcha atrás en las protecciones vitales climáticas, medioambientales o sociales”.

En la carta de invitación a Alden Biesen para los líderes de los 27, el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, parece posicionarse en favor de las ideas de la industria europea. “En 2026 me gustaría que nosotros ofreciésemos el mismo impulso político al área de la competitividad” que el conseguido para los proyectos de de defensa, escribe el portugués. Según Costa, “en el actual contexto geopolítico, fortalecer el mercado único es, más que nunca, un imperativo estratégico urgente”, y en la misiva apoya las bases sobre las que se mueve la Comisión Europea, “un fuerte motor de simplificación para los ciudadanos y las compañías”.

Desde que Ursula von der Leyen asumió la presidencia de la Comisión Europea en 2019, las reuniones con las grandes asociaciones empresariales se han ido incrementando. Business Europe, la patronal de patronales en el continente, es claramente el gran interlocutor escogido por el Ejecutivo comunitario de la alemana. En 2014 el luxemburgués Jean Claude Juncker dirigía la Comisión y hasta 2023, un periodo de nueve años, hubo un total de 145 encuentros al más alto nivel con comisarios europeos, pero de ellos más de la mitad, 87, fueron en el primer mandato de Von der Leyen, entre 2019 y 2023.

Los cálculos de The Good Lobby, que también reacciona en un comunicado público al encuentro de Amberes, son que “el 40% de las reuniones mantenidas por miembros del gabinete de los comisarios fueron con compañías individuales, mientras que con asociaciones empresariales contabilizaron un 29%”. En total, casi un 70% son este tipo de encuentros privados, cuando las “ONG representan un 16% de las reuniones mantenidas en el mismo periodo”, es decir, durante el segundo mandato de la Comisión Von der Leyen, desde el verano de 2024.

Datos a los que ha accedido infoLibre muestran que entre 2019 y 2024, primera Comisión Von der Leyen, los encuentros con representantes empresariales contabilizaban un 62% del total y con la sociedad civil un 22%. Además, hay apuntes llamativos sobre la importancia de ciertos sectores en esta actividad. En su primer mandato, cerca de 900 reuniones de comisarios europeos o altos funcionarios de sus equipos fueron con lobistas de la industria de los hidrocarburos. En el periodo 2019-2024, los lobistas de Google se reunieron 125 veces con comisarios o altos funcionarios de la Comisión, más que ninguna otra compañía, patronal o asociación civil inscrita en el registro oficial de la UE. Airbus, el gigante aeronáutico europeo, mantuvo una cifra de encuentros similar.

“Este nuevo desglose indica contactos incluso más frecuentes y más desequilibrados con actores corporativos al más alto nivel político, pese a la narrativa pública de un compromiso equilibrado con las partes involucradas” en los procesos legislativos, critica un representante de una organización que se dedica en Bruselas a controlar la actividad de los lobbies.

Según el informe Lobby Report 2024, elaborado por Lobby Control, “en general, las entidades que representan intereses comerciales se reunieron con tres veces más frecuencia que aquellos que representan intereses no comerciales, destacando el acceso desproporcionado de los lobistas empresariales a los responsables de decisiones en la UE”.

Hay sectores donde esta disparidad fue más que evidente en el anterior mandato de Von der Leyen: “Los lobistas empresariales dominan las reuniones directas con los responsables de decisiones en la UE. Por ejemplo, durante las discusiones sobre la regulación de la Inteligencia Artificial, 93 de las 120 reuniones mantenidas con altos funcionarios de la Comisión Europea fueron con compañías o sus asociaciones, mientras que sólo 21 reuniones involucraron a representantes de la sociedad civil”, según el documento. Una tendencia que va en aumento en su segunda Comisión y que ha conseguido su objetivo: permear y condicionar sus propuestas políticas.

La Comisión Europea inició en 2025 un proceso desregulatorio masivo en todas las áreas sobre las que tiene competencia, desde la banca a la seguridad en internet, pasando por el medioambiente o la defensa. Uno de los objetivos de Bruselas fueron los pesticidas, un sector con importantes intereses tanto de la industria química como de la agricultura. Un grupo especializado en salud y fitosanitarios ha estudiado la propuesta de la Comisión y ha revelado que, si sale adelante, medio centenar de pesticidas van a quedar exentos de controles rutinarios, y muchos de ellos son tóxicos o incluso cancerígenos, según denuncian.

Générations Futures, un grupo activista francés especializado en químicos y agricultura, ha analizado el plan de desregulación para este sector, presentado a mediados de diciembre por los funcionarios europeos, y los expertos estiman que 49 sustancias quedarían fuera del estricto sistema actual que vigila los impactos de los pesticidas en la salud. Algunos de ellos son muy conocidos en el mundo agrícola por su mala reputación, como el glifosato o el acetamiprid.

Hasta ahora, todas las sustancias activas (421) aprobadas por la Unión Europea y que son la base para la fabricación de pesticidas, deben someterse a un examen nuevo cada 10 o 15 años para garantizar que siguen siendo seguras, con estudios que incorporan la literatura más moderna para que sean cada vez más estrictos. Pero con el argumento de ahorrar costes y eliminar burocracia, se pretende suavizar los controles para que decenas de ellas solo tengan que ser analizadas una vez, y puedan usarse durante décadas, denuncia Pauline Cervan, toxicóloga de Générations Futures.

"Lo que necesitamos son más recursos humanos y financieros para evaluar los expedientes y reducir los retrasos en las evaluaciones. De las 49 sustancias, casi todas son consideradas dañinas para la salud o el medioambiente", asegura Cervan a infoLibre. Según añade, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), la encargada de regular los fertilizantes, también ha pedido incrementar los medios para mejorar y acelerar los controles, pero la Comisión ha optado por reducirlos.

Según la documentación revisada por este grupo, la Comisión Europea justifica la propuesta en que ahorrará costes, aunque las cifras son irrisorias según Générations Futures. La estimación de Bruselas es que la desregulación ahorrará 16,84 millones de euros de un presupuesto milmillonario. Liberar de controles al glifosato ahorraría 605.500 euros y hacerlo con el acetamiprid, 176.100 euros.

El texto de la Comisión forma parte de un paquete ómnibus agrícola más grande que modifica también los niveles máximos de residuos en los alimentos o los organismos genéticamente modificados. Ahora debe negociarse con el Parlamento Europeo y con el Consejo Europeo, un proceso que puede demorarse meses.

Los activistas denuncian que las sustancias que estarán libres de reanálisis suponen un peligro para la salud y la naturaleza. Algunas de ellas son un riesgo para los agricultores o jardineros que las manipulan, o incluso para los consumidores porque se conservan en el alimento hasta que llega a la mesa. Otras pueden matar a las abejas –polinizadoras imprescindibles– o a peces y otros animales que viven en el ecosistema, o afectar a su reproducción o comportamiento. La Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC) considera el glifosato –el herbicida más utilizado en Europa– como probable carcinógeno, mientras que el acetamiprid es muy tóxico para las abejas y neurotóxico en humanos.

En la lista elaborada por la organización francesa también hay sustancias etiquetadas como CMR (carcinógenas, mutagénicas o tóxicas para la reproducción), como el captan, el folpet, el forclorfenurón, la abamectina y la flumioxacina. Algunos de estos fitosanitarios además contienen PFAS –aditivos químicos que incluyen enlaces de carbono y flúor– que los convierten en sustancias extremadamente persistentes en la naturaleza, multiplicando su daño.

"Este análisis revela las consecuencias reales de los planes de la Comisión", opina también Salomé Roynel, portavoz de Pesticides Action Network, otra organización que lucha contra el abuso de los pesticidas en Europa. "Los plaguicidas sospechosos de causar cáncer, relacionados con la neurotoxicidad o que contienen PFAS, obtendrían una autorización ilimitada. Esto es inaceptable y socava la protección de la salud humana y el medioambiente", subraya.

La regulación que ahora se pretende desmantelar ha servido durante más de una década para retirar del mercado químicos que en un comienzo se creían inofensivos, pero que se terminaron descubriendo tóxicos con los avances en investigación. Según Pauline Cervan, desde 2013 y gracias al proceso de renovación obligatorio, se han prohibido 31 sustancias tóxicas que servían de base para fitosanitarios, entre ellas el clorpirifos (neurotóxico) y el clorotalonil (carcinógeno).

La regulación actual, añaden los críticos, tampoco es perfecta, ya que muchas sustancias sospechosas de ser peligrosas siguen en el mercado porque no hay un sustituto para la sustancia o porque la industria química financia estudios de parte para presionar a la Comisión a prorrogar su uso, como se ha denunciado en el caso del glifosato.

El estudio de los activistas franceses estima que 49 sustancias se blindarán frente a las renovaciones, pero la cifra es una aproximación realizada por los toxicólogos. La Comisión no ha dado por ahora detalles sobre cómo funcionará el nuevo proceso ni sobre qué sustancias se librarán de él. Bruselas solo ha proporcionado una lista inicial de 17 que podrán eximirse, entre ellas el glifosato y el acetamiprid.

Esta falta de transparencia es precisamente otra de las quejas de los activistas. La propuesta de desregulación es ambigua y deja la puerta abierta a que los fabricantes de pesticidas presionen para que más sustancias activas queden blindadas frente a estos controles porque se puede hacer una interpretación laxa de la normativa. En concreto, una de las condiciones que obligará a reevaluar sustancias ahora permitidas será que durante su último estudio tengan "incertidumbres relevantes durante el proceso de análisis de riesgos".

"El concepto de incertidumbre es especialmente impreciso y susceptible de todo tipo de interpretaciones, sobre todo porque no utiliza la nomenclatura con la que la EFSA clasifica la información contenida en sus evaluaciones de riesgo", se quejan los expertos. "Esto abre la puerta a evaluaciones arbitrarias influenciadas por factores políticos, muy alejadas de cualquier lógica científica".

La Comisión Europea (CE) propuso este viernes el vigésimo paquete de sanciones contra Rusia centrado en la energía, los servicios financieros y el comercio, con idea de que pueda entrar en vigor cuando se cumplan cuatro años desde que comenzó la invasión a gran escala de Ucrania el 24 de febrero de 2022.

Una de las principales medidas de esta ronda es la prohibición total de los servicios marítimos para el petróleo ruso, para reducir aún más los ingresos energéticos de Rusia y dificultar la búsqueda de compradores para su petróleo, informó en un comunicado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que agregó que la iniciativa se coordinará “con socios afines tras una decisión del G7”.

La propuesta, que a continuación deberá ser discutida y aprobada por unanimidad por los Veintisiete para que pueda aplicarse, incluye también añadir en la lista negra a otros 43 buques de la llamada "flota fantasma" rusa que ayuda a Moscú a esquivar las sanciones a su petróleo, con lo que el total ascendería ya a 640.

Von der Leyen precisó que también pretenden dificultar que Rusia adquiera buques cisterna con prohibiciones generales sobre la prestación de mantenimiento y otros servicios para buques cisterna de gas natural licuado (GNL) y rompehielos, a fin de "perjudicar aún más los proyectos de exportación de gas".

Aseguró que esto complementará el veto europeo de las importaciones de GNL acordada en el paquete de sanciones anterior y el reglamento RepowerEU.

Por otra parte, la Comisión propone medidas para restringir aún más el sistema bancario ruso y su capacidad para crear canales de pago alternativos con los que financiar la actividad económica, algo que Von der Leyen consideró "el punto débil de Rusia".

En concreto, se propone incluir en la lista negra a otros 20 bancos regionales rusos y tomar medidas contra las criptomonedas, las empresas que las comercializan y las plataformas que permiten su comercio, con el fin de cerrar una vía de elusión de sanciones.

Igualmente, se incluyen sanciones contra bancos de terceros países que facilitan el comercio ilegal de productos sancionados.

Finalmente, la Comisión insta a endurecer las restricciones a la exportación a Rusia con nuevas prohibiciones sobre bienes y servicios, desde el caucho hasta tractores y servicios de ciberseguridad, por valor de más de 360 millones de euros. Además, Bruselas también plantea introducir nuevas prohibiciones de importación de metales, productos químicos y minerales críticos, que aún no están sujetos a sanciones, por un valor superior a 570 millones de euros.

Y más restricciones a la exportación de artículos y tecnologías empleados por Rusia en el campo de batalla, como los materiales utilizados para fabricar explosivos, así como una cuota para el amoníaco a fin de limitar las importaciones existentes.

La CE quiere igualmente acabar con la evasión de las sanciones activando por primera vez la "herramienta antielusión", prohibiendo la exportación de cualquier máquina de control numérico por ordenador y radios a jurisdicciones en las que exista un alto riesgo de que estos productos se reexporten a Rusia.

Para proteger a las empresas de la Unión Europea de las violaciones de sus derechos de propiedad intelectual o de la expropiación injusta en Rusia debido a sentencias judiciales abusivas, la Comisión propone por último garantías jurídicas más sólidas.

El exministro laborista británico Peter Mandelson —que también ejerció como embajador del Reino Unido en Washington— dejará su escaño en la Cámara de los Lores (alta) del Parlamento británico tras las recientes revelaciones sobre su vinculación con el pederasta convicto Jeffrey Epstein, informa EFE.

El barón Michael Forsyth de Drumlean, que ejerce de presidente de la Cámara alta (Lord Speaker), anunció este martes en sesión parlamentaria que la decisión de Mandelson se hará efectiva mañana 4 de febrero y que sería notificada de manera formal el mismo día. "Dado el interés público y para conveniencia de la Cámara, he decidido informarles de que el secretario de los Parlamentos —el funcionario de mayor rango de los Lores— recibió este martes una notificación de Lord Mandelson sobre su intención de retirarse de la Cámara, efectivo desde el 4 de febrero", pronunció el Lord Speaker.

El anuncio llega después de que el primer ministro británico, Keir Starmer, dijese este martes en la reunión del Gobierno que había iniciado el proceso para retirar a Mandelson —exministro en los Ejecutivos laboristas de Tony Blair y Gordon Brown— el título de 'lord' y su correspondiente asiento vitalicio en la Cámara alta. Starmer dijo haber encargado la redacción de una legislación que permitiera retirarle a Mandelson el título "lo antes posible" y pidió a los funcionarios que revisen "con urgencia" toda la información disponible sobre el vínculo entre Mandelson y Epstein cuando el británico ostentaba el cargo de ministro de Empresa entre 2008 y 2010. No obstante, aunque el exministro laborista dimita de la cámara alta, mantendría todavía su título de 'Lord', pues, según indica la biblioteca de los Lores, un título nobiliario solo puede eliminarse mediante legislación parlamentaria.

Tras conocerse la noticia, un portavoz de Downing Street —oficina y residencia oficial de Starmer— justificó así su salida de la cámara: "Como dijo el primer ministro esta mañana, Peter Mandelson decepcionó a su país".

El escándalo en torno al vínculo entre Mandelson, destituido el año pasado como embajador británico en Washington, con el millonario Epstein, se ha profundizado tras salir a la luz que en su día envió documentos reservados del Gobierno al millonario estadounidense, fallecido en agosto de 2019 mientras cumplía condena en EEUU. La Policía Metropolitana de Londres (Met, en inglés) confirmó ayer que está investigando una serie de informes de supuesta "mala conducta en un cargo público" después de que el exembajador británico en EEUU fuese acusado de filtrar información sensible a Epstein. Por su parte, la Comisión Europea también dijo este martes que iba a analizar si Mandelson, que también fue comisario europeo de Comercio, infringió la legislación europea por sus contactos con Epstein.

El domingo, Mandelson renunció a su afiliación al Partido Laborista para evitar causarle "más vergüenza" por las informaciones que salieron a la luz en la última remesa de documentos publicada por el Departamento de Justicia de EEUU sobre el caso. Según los correos desvelados en EEUU, Epstein habría pagado a Mandelson 75.000 dólares en tres transacciones entre 2003 y 2004.

Por su parte, el ex primer ministro británico Gordon Brown, envió este martes a la Policía Metropolitana de Londres (Met, en inglés) "información relevante" sobre la supuesta filtración de información gubernamental confidencial por parte de Mandelson al magnate Epstein. En un comunicado remitido a la agencia de noticias británica Press Association (PA), el que fuese jefe del Gobierno del Reino Unido entre 2007 y 2010 afirmó haber contactado al comisario jefe de la Met, Mark Rowley, sobre la divulgación de datos sensibles gubernamentales y de mercado entre Mandelson y Epstein, en un acto que calificó que "inexcusable y poco patriótico" en un momento de crisis financiera global.

Mandelson ejerció como 'número dos' del Ejecutivo de Brown y como ministro de Empresa y Comercio entre 2008 y 2010, y recientemente ostentaba el cargo de embajador británico en Washington, del que fue destituido en septiembre de 2025 después de que saliesen a la luz las primeras informaciones de sus vínculos con Epstein. En este sentido, Brown indicó haber enviado a Rowley la correspondencia que intercambió el año pasado con el actual secretario de gabinete, Chris Wormald, así como información derivada de ella "que puede ser importante para la investigación actual".

Entre esta documentación, se incluye una carta de septiembre de 2025 en la que Brown solicitó a Wormald que investigara la veracidad de la información contenida en los documentos del caso Epstein "sobre la venta de activos derivados del colapso bancario" y las comunicaciones al respecto entre Mandelson y el pederasta estadounidense. También figura la respuesta del secretario del gabinete, fechada en noviembre de 2025, en la que este afirmaba que "no se había encontrado ningún registro de información o correspondencia" en el buzón de correo de Mandelson. "Tras llamar su atención sobre las pruebas pertinentes, el asunto queda ahora en manos de la Policía", concluyó Brown en su comunicado.

Según los documentos del caso desvelados recientemente por el Departamento de Justicia de EEUU, el pederasta le habría pagado supuestamente a Mandelson 75.000 dólares en tres transacciones entre 2003 y 2004. Los documentos de Epstein parecen indicar además, según los medios británicos, que Mandelson le sugirió a Epstein en 2009 que presionaría al Gobierno del Reino Unido sobre un impuesto relacionado con unas bonificaciones de los banqueros.

Un correo electrónico fechado el 15 de diciembre de 2009, que parece ser de Epstein, dice: "¿Existe alguna posibilidad real de que el impuesto se aplique solo a la parte en efectivo de las bonificaciones de los banqueros?". La respuesta, aparentemente de Mandelson, dice: "Estoy intentando enmendar esto".

La ofensiva del Partido Popular contra la regularización de medio millón de migrantes aprobada la semana pasada por el Consejo de Ministros ha viajado este fin de semana desde Madrid hasta Zagreb (Croacia) con parada final en Aragón. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quería aprovechar la cumbre de los conservadores europeos celebrada durante el viernes y el sábado para lograr una respuesta unitaria del Partido Popular Europeo (PPE) contra la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez, pero no logró más que un compromiso genérico contra la "legalización masiva de inmigrantes ilegales", sin una mención explicita a España ni al presidente del Gobierno español.

En esa cumbre, el líder de la oposición solicitó a la Comisión Europea, liderada por la conservadora Ursula Von Der Leyen —presente en el evento—, una respuesta a la decisión de Sánchez. Ante sus socios lo formuló como un choque con el Pacto europeo de Migración y Asilo y las recomendaciones europeas y lo envolvió en un catálogo de alertas internas: presión sobre los "servicios públicos", tensión en el "mercado de la vivienda", "problemas de convivencia" y, sobre todo, "efecto llamada".

No hubo, sin embargo, mención alguna por parte del líder del PPE, Manfred Weber, a la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez en su discurso de clausura. Tampoco en el documento ratificado por el PP europeo, en el que solo se reiteró la apuesta por "una política migratoria legal, ordenada y controlada" porque "la solidaridad sin control es una negligencia política intolerable". Pero sin una alusión específica a ningún Estado ni Gobierno, ya que países como Portugal e Italia llevaron a cabo regularizaciones durante la pandemia.

El PPE también sostuvo en esas conclusiones que sus dirigentes están liderando el trabajo para reducir la inmigración irregular, con una disminución del 35% en los cruces fronterizos de la UE entre julio de 2024 y junio de 2025, y el fortalecimiento de la agencia fronteriza Frontex. Del mismo modo, los conservadores europeos señalaron la renovación demográfica de Europa no solo como una "necesidad económica, sino como una responsabilidad civilizatoria".

A ello se le suma que el recorrido europeo que pretendía Alberto Núñez Feijóo se topó con una rápida respuesta de Bruselas, que dejó claro que el Gobierno estatal es quien tiene la "responsabilidad" para tomar esa decisión. Así se manifestó el comisario de Interior y Migración, Magnus Brunner, considerado entre los partidarios de la mano dura contra la acogida, que sí aludió concretamente al caso español. Brunner dejó claro en que es el país el que "tiene competencia para decidir cómo reaccionar y abordar la parte legal" para "ver si hay necesidad de mano de obra": "Es lo que está haciendo España", dijo.

Asimismo, el responsable del departamento de Interior europeo defendió que no hay contradicción directa con el objetivo de la Unión Europea de reducir la migración irregular, como señala el PP, al estar estas personas dentro del país y por tanto, es "un tema distinto". A la vez, remarcó que la Comisión Europea "no tiene competencias" en estas regularizaciones y que su papel es, como mucho, "preparar el camino" para vías legales que luego implementan los países.

En la UE, según los promotores de la iniciativa en España, se han llevado a cabo 43 programas de regularización en 17 Estados miembros. El PP alega, sin embargo, que la regularización española va a tener "un número elevado de beneficiarios" con "efectos directos sobre el resto del espacio Schengen" y apoyó en el Parlamento Europeo que se realice un debate sobre la regularización en un grupo de trabajo en la comisión de Libertades Civiles de la Eurocámara.

El líder del PP volvió a insistir, además, en que la decisión va a tener impacto en el censo electoral, pese a la rectificación de la vicesecretaria Alma Ezcurra. En una entrevista en RNE, la número tres de Génova reconoció que la regularización no afectará en ningún caso a los próximos comicios generales, que deberán celebrarse como tarde en 2027. "Hemos dicho en el medio plazo. En el corto plazo, no", admitió. La también eurodiputada incidió en que hay países latinoamericanos que tienen un convenio con España que les permite participar en las elecciones municipales, pero por norma general se exige residencia legal previa de cinco años. Así, concluyó que en las próximas —también en 2027— "ese censo no va a engordar":"Engordará en las siguientes, cuando se produzcan".

Un matiz que, sin embargo, Feijóo obvió durante su discurso del domingo. "No es un reparto de papeles, es un reparto de papeletas", dijo el líder de la oposición en Calatayud, donde participó en un mitin de campaña junto al presidente aragonés, Jorge Azcón. El líder del PP está teniendo mucho protagonismo en Aragón, a diferencia de lo ocurrió en Extremadura, y desde allí tachó la medida de "electoralismo para comprar votantes en el futuro". El conservador recurrió, de nuevo, al bulo que inició Vox sobre un supuesto plan de Sánchez para conseguir nuevos votantes pese a que la regularización del Gobierno no comporta, en ningún caso, que los migrantes que logren legalizar su situación puedan votar, pues no se les otorga la nacionalidad española.

Los conservadores siguen sin aclarar qué haría Feijóo si llegara a La Moncloa, pese a que estas regularizaciones también se han llevado a cabo con el PP en el Gobierno. En concreto, José María Aznar realizó tres durante su mandato, con un balance de 453.891 regularizaciones, el 72,7% de un total de 623.995 solicitudes. La posición de Feijóo se explica, en gran medida, por la radicalización del discurso del PP en materia migratoria, en línea con lo que defiende Vox y abriendo una brecha con la postura de la Iglesia católica.