La Audiencia Provincial de Barcelona ha decretado el archivo de la causa que seguía contra Junts y PDeCAT por los 6,6 millones que Convergència Democràtica de Cataluña (CDC) fue condenada a pagar por el desfalco del Palau de la Música, según consta en una providencia consultada por Europa Press.

El archivo se produce después de que ninguna de las partes haya recurrido el auto del 15 de febrero por el que la Audiencia acordó paralizar la causa por falta de competencia para determinar quiénes son los sucesores de CDC, debido al procedimiento concursal que se sigue contra CDC ante el Juzgado Mercantil número 9 de Barcelona.

La sentencia del caso Palau de la Música condenó a 9 años y 8 meses de prisión y multa de 4,1 millones de euros al que fue máximo responsable del Palau de la Música Catalana, Félix Millet, y a 7 años y 6 meses de prisión y multa de 2,9 millones de euros al también exresponsable de la misma entidad Jordi Montull.

Además, ordenó comisar 6.676.105,58 euros a CDC, que en 2020 presentó un concurso voluntario de acreedores que asumió el Juzgado Mercantil número 9, que ahora tiene preferencia para determinar cómo deben pagarse las deudas del partido.

La sección 10 de la Audiencia de Barcelona reconoció la competencia preferente del juzgado mercantil después de que el Tribunal Supremo así lo determinara en un conflicto de competencia, y la providencia de archivo ya es firme.

El Gobierno ha rechazado conceder el indulto al expresidente del Palau de la Música Fèlix Millet y a su exnúmero 2 Jordi Montull, ambos condenados por el caso del desfalco en la institución musical, según han informado a Europa Press fuentes del Ministerio de Justicia. Millet pidió ser indultado por el caso del desfalco del Palau de la Música después de que el Tribunal Supremo confirmara la sentencia que le condenaba a nueve años y ocho meses de prisión.

El expresidente de la institución solicitó también suspender de forma provisional la entrada en prisión hasta resolverse la petición de indulto. No obstante, al confirmarse la condena, la Audiencia de Barcelona ordenó que Millet y el resto de condenados por el caso Palau entraran en prisión.

Junto con quien era su mano derecha en el Palau, Jordi Montull, Millet está condenado por delitos de malversación, apropiación indebida, tráfico de influencias, falsificación en documento mercantil y blanqueo de capitales. En la causa hay en total doce personas condenadas, con penas a partir de ocho meses de prisión, con la más alta para Millet.

Por su parte, Jordi Montull fue condenado a siete años y medio de cárcel por su papel en el desfalco de la institución musical.

Lo hace tres días después de que su mano derecha, Jordi Montll, también quedara en libertad provisional tras pagar una fianza de 100.000 euros.

Millet fue condenado a 9 años y ocho meses de prisión por el saqueo de la entidad musical, cifrado en 23 millones de euros, e ingresó en prisión el 5 de febrero.

La Sección Décima de la Audiencia de Barcelona ha acordado este miércoles permitir que los exdirigentes del Palau de la Música Fèlix Millet y Jordi Montull salgan de la cárcel con fianzas de 400.000 y 100.000 euros respectivamente, ha informado el Tribunal Superior de Justícia de Cataluña (TSJC).

El TSJC ha estimado parcialmente el recurso de súplica presentado por las defensas contra el ingreso en prisión decretrado tras la sentencia condenatoria del caso Palau.

Los magistrados imponen el pago de las fianzas porque consideran que "sigue existiendo un riesgo de fuga dada la elevada condena impuesta".

Según han informado fuentes judiciales a Europa Press, el ingreso será inmediato y serán conducidos desde el Palau de Justicia, donde se les ha comunicado la decisión, hasta la prisión de Brians I, en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona).

En sendos autos, recogidos por Europa Press, el tribunal señala la fecha límite de esta medida: en el caso de Millet el 3 de diciembre de 2022 y para Jordi Montull el 10 de noviembre de 2021, ya que se trata de medidas cautelares a la espera de que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre los recursos de casación y la sentencia sea firme.

Tras comunicarles la decisión, pasadas las 15.00 horas, los dos condenados han sido trasladados a los calabozos del Palau de Justícia por los Mossos d'Esquadra, y ha podido verse cómo salía el asistente de Millet con su silla de ruedas vacía y se reunía con la mujer de Millet, Marta Vallès.

El tribunal, presidido por la magistrada Montserrat Comas, ha celebrado una vista este lunes para abordar posibles medidas cautelares para Millet, Montull, su hija Gemma y Daniel Osàcar, previas a que la condena por el saqueo del Palau sea firme, y tras la vista les ha citado para comunicarles la decisión.

La Fiscalía pidió este mismo lunes el ingreso en prisión provisional para Millet y Jordi Montull durante la mitad del tiempo de condena ante el evidente riesgo de fuga; y comparecencias periódicas para los condenados Gemma Montull y Daniel Osàcar.

"No sé cómo va a huir"

Las defensas lo rechazaron, alegando que siempre han respondido ante la justicia, además del estado de salud y edad de los acusados.

La defensa del expresidente del Palau de la Música Fèlix Millet, Abraham Castro, por su parte, se opuso a la petición de prisión provisional de la Fiscalía Anticorrupción: "Como no le ponga un turbo a la silla de ruedas, no sé cómo va a huir".

Castro negó que haya riesgo de fuga tras la condena, a diferencia de lo que argumenta la fiscal Marta Marquina: "Aquí está el señor Millet, como siempre ha estado en estos nueve años de procedimiento".

Opinó que, con la condena de nueve años y ocho meses de cárcel de Millet, "incluso" se disminuye el riesgo de fuga en comparación con la situación previa, cuando Millet se enfrentaba a los 84 años de prisión que le solicitaba la acusación particular y a los 27 que pedía Fiscalía en su escrito de conclusiones provisional.

Así, ha defendido que Millet tiene arraigo familiar en Catalunya, lleva nueve años casi "sin salir de su casa para nada", y que vive con su esposa y su hijo que padece de una discapacidad mental que requiere de su cuidado. Alegó además que, debido a este caso, Millet no tiene bienes para fugarse y que, según la propia sentencia, "no constan otros bienes distintos que los aportados para sufragar el daño puestos a disposición de la justicia".

Por su parte, la defensa de Jordi Montull, Jorge Navarro, ha rechazado también la petición de la Fiscalía de que su cliente ingrese en prisión provisional, alegando la edad de Montull —75 años—, su estado de salud ya que tiene problemas cardíacos, y que ha cumplido "religiosamente" acudiendo a todas las citas con la justicia.

En el caso del extesorero de CDC Daniel Osàcar, Judit Gené, su abogada se ha opuesto a la petición de que comparezca cada diez días en el juzgado ya que considera que dichas comparecencias "no son justificadas, necesarias y proporcionadas" y que, debido a los 82 años y estado de salud de su cliente —insuficiencia renal y cardíaca—, serían gravosas y difíciles de llevar.

"Alta probabilidad" de fuga

En sendos autos, el tribunal considera que hay una "alta probabilidad de riesgo de fuga" ya que la situación de Millet y Montull no es la misma que antes de ser condenados, teniendo en cuenta las elevadas penas: nueve años y ocho meses para el primero y siete años y medio para el segundo.

El tribunal cree que no puede descartarse en el caso presente la posibilidad que, de no adoptarse la medida solicitada por las acusaciones y pese a que hasta la fecha el penado ha estado a disposición de la Sala, tanto Fèlix Millet como Jordi Montull opten por ponerse fuera del alcance de la Administración de Justicia: "Esta hipótesis no resulta irrazonable, ilógica o arbitraria".

Tanto en el caso de Millet como de Montull, no considera que dispongan de suficiente arraigo en España que pueda conjurar el riesgo de fuga pues, en cuanto a la situación familiar del primero, pese a tener un hijo que presenta una minusvalía psíquica, "no parece que el mismo dependa de los cuidados del penado", y en el segundo, su hija es mayor de edad y también ha sido condenada.

Además, el tribunal no descarta que dispongan de otros bienes o dinero en el extranjero que no hayan podido ser localizados y que facilitarían su huida, pese a haberles embargado todos sus bienes durante el procedimiento, y respecto a su situación de salud y su edad (Millet tiene 82 años y Montull, 75) considera que no son tan graves como para evitar una posible huida.

Osàcar y Gemma Montull

Para el extesorero de CDC Daniel Osàcar, el tribunal ha aceptado la petición de la Fiscalía de retirarle el pasaporte, prohibirle salir del país y que se persone una vez al mes en el juzgado —el fiscal pedía cada 10 días— ya que entiende que hay riesgo de fuga debido a la condena impuesta de cuatro años y cinco meses de prisión.

Para Gemma Montull también se ha acordado la retirada del pasaporte, prohibición de salir del país y comparecencia cada mes, una medida cautelar que ya tenía antes del juicio, también al considerar que existe riesgo de fuga derivado de la pena de cuatro años y medio de cárcel.

La Fiscalía Anticorrupción de Barcelona presentará un recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS) por la sentencia del caso Palau, alegando que no han prescrito los delitos atribuidos a los dos exdirectivos de Ferrovial absueltos, según un comunicado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) recogido por Europa Press.

La Audiencia Nacional absolvió a los exdirectivos Pedro Buenaventura y Juan Elízaga de un delito societario de administración desleal y de tráfico de influencias, al considerar prescritos todos los delitos.

Además, la Sección 10 de la Audiencia que enjuició el desfalco del Palau de la Música ya tiene citados para el 5 de febrero a los principales condenados —Fèlix Millet, Jordi Montull, Gemma Montull y Daniel Osàcar— para abordar la petición de medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía.

La Fiscalía Anticorrupción planteó la comparecencia de estos condenados por el caso Palau Fèlix Millet, Jordi Montull, Daniel Osàcar y Gemma Montull para pedir medidas sobre su situación personal ante las "elevadas penas".

La sentencia, que cifra el saqueo en 23 millones de euros, condena al expresidente del Palau, Fèlix Millet, a 9 años y ocho meses de prisión; al exdirector administrativo del Palau, Jordi Montull, a 7 años y seis meses; a su hija, Gemma Montull, a 4 años, seis meses y 22 días de prisión; y al extesorero de CDC Daniel Osàcar 4 años y cinco meses.

La absolución de los directivos de la constructora Ferrovial implicados en el caso Palau por la prescripción de sus delitos y el reconocimiento por parte de empresarios beneficiados por contratos públicos de que financiaron al PP valenciano durante el juicio de unas de las piezas separadas de la trama Gürtel han puesto de manifiesto durante la última semana el relevante papel que los corruptores tienen en estas tramas delictivas.

No hay corruptos sin inductores de la corrupción. Sin embargo, la participación de empresas y empresarios en estas tramas no ha acaparado gran protagonismo público en el análisis de los principales casos de los últimos años. Y eso a pesar de que la mayoría de los episodios ya sentenciados o que están en fase de juicio o investigación han tenido entre sus protagonistas a contratistas que se servían de comisiones y mordidas disfrazadas de facturas ficticias para asegurarse adjudicaciones públicas. Este es el modus operandi que suele repetirse. 

infoLibre no se centra en este reportaje en los entramados societarios creados para delinquir, sino en quienes los utilizan para su beneficio económico. La mayoría de las fuentes consultadas no creen que, tras las últimas reformas del Código Penal, haya una legislación laxa contra estos últimos. De hecho el Código Penal sanciona estas conductas con multas económicas y penas de prisión. La legislación también establece la existencia de prohibiciones temporales de contratar con el sector público. No obstante, el veto a las licitaciones no se produce hasta que las condenas son firmes, así que en muchas ocasiones esa exclusión llega cuando se han adjudicado un buen número de contratos. 

Las conductas castigadas

Ofrecer dádivas o regalos a funcionarios o autoridades públicas a cambio de que estos realicen o no una actividad que está dentro o fuera de sus funciones supone cometer un delito de cohecho activo (artículo 424 del Código Penal). La pena para quien lleve a cabo este delito es la misma que para el corrompido, que puede ser de entre tres y seis años de prisión. Por ejemplo, si un político es condenado a cinco años de cárcel por aceptar cierta cantidad económica a cambio de favorecer una adjudicación a un empresario, este puede cumplir también cinco años de prisión.

Por otro lado, está penada, en este caso con hasta seis años de prisión, la concertación (conjunción de voluntades) entre un particular y una autoridad o funcionario para defraudar a cualquier ente público, lo que supone la comisión de un delito de fraudes y exacciones ilegales (artículo 436). Este delito puede conllevar penas de inhabilitación de entre dos y siete años para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con entes, organismos o entidades que formen parte del ente del sector público y para gozar de beneficios o incentivos fiscales y de la Seguridad Social.

Otro de los tipos penales que se puede aplicar a la conducta de los corruptores es el tráfico de influencias (artículo 429), que pena con entre seis meses y dos años de prisión el hecho de que un particular se sirva de una relación personal con un funcionario o autoridad pública para conseguir una resolución que pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico para sí o para un tercero. La comisión de este delito también pueden entrañar la prohibición de contratar con el sector público durante hasta diez años, así como una multa de dos veces el beneficio perseguido u obtenido. 

El fiscal Miguel Pallarés, portavoz de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, cree que estos tipos penales se están demostrando "útiles" porque se están consiguiendo en los tribunales sentencias que establecen penas bastante similares a las solicitadas por el ministerio público. De hecho, a su juicio, jueces y fiscales encuentran las mayores dificultades a la hora de recabar las pruebas que les permitan sostener las acusaciones. "Si no hay base documental no se puede iniciar una investigación", señala.

No obstante, Pallarés señala que se ha avanzado bastante en la utilización de medios técnicos con los que es más fácil obtener pruebas fehacientes de la comisión de este tipo de delitos. Recuerda, por ejemplo, los micrófonos que el juez ordenó colocar en el despacho del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, tras constatar que los inculpados en la trama Lezo sabían que sus conversaciones telefónicas estaban pinchadas.

Prescripción 

El delito de tráfico de influencias es el que, según los jueces de la Audiencia Barcelona, cometieron los dos directivos de Ferrovial imputados en el caso Palau. Consideran probado que la constructora pagó 6,6 millones de euros de "sustanciosas comisiones" a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) a cambio de importantes adjudicaciones de obra pública durante el último Gobierno de Jordi Pujol. También que la compañía participó entre 1999 y 2009 del sistema creado por los saqueadores confesos del Palau de la Música consistente en camuflar esas mordidas a través de facturas "mendaces", donaciones y pagos en efectivo.

Sin embargo, los dos únicos responsables de la constructora encausados han conseguido salir indemnes del proceso porque su responsabilidad penal ha prescrito. En el momento en el que se produjeron los hechos, el Código Penal fijaba en tres años el periodo máximo de cómputo para determinar la prescripción de los delitos en los que la máxima pena señalada por la ley fuera prisión o inhabilitación inferior a tres años. En el caso de los dos directivos de Ferrovial había pasado más tiempo entre su última actuación delictiva y el momento en el que la Justicia les citó formalmente como investigados.

La reforma del Código Penal de 2010 elevó a los cinco años el periodo mínimo de prescripción para todos los delitos que conllevaran una pena de prisión, en abstracto, inferior a los cinco años. Es decir, se eliminó el mínimo de tres. No obstante, para hacer el cálculo sobre la prescripción se tiene en cuenta la legislación vigente en el momento en el que se produjeron las actuaciones que son objeto de la investigación judicial. 

De hecho, en esta misma tesitura se podría encontrar el expresidente de la Generalitat Francisco Camps, en el caso de que se confirmaran las acusaciones vertidas contra él por Álvaro Pérez, El Bigotes, Pablo Crespo y Francisco Correa en el juicio en el que se investiga la rama valenciana de la trama Gürtel. Aunque el juez le intentara imputar en esta causa, no le podría aplicar los delitos electoral y de falsedad documental –que prescriben a los tres y a los cinco años, respectivamente– porque los hechos se refieren a las campañas electorales de 2007 y 2008. 

Aunque pueda pensarse que estos plazos de prescripción pueden favorecer a los corruptores porque los delitos relacionados con la corrupción suelen ser de difícil investigación y persecución, los juristas consultados por infoLibre sostienen que el establecimiento de plazos legales que, una vez transcurridos, impiden al Estado la persecución del delito es una garantía de que existe "seguridad jurídica". 

En el juicio a la rama valenciana de Gürtel, nueve empresarios llegaron a un pacto con la Fiscalía. A cambio de reconocer un delito electoral y otro continuado de falsedad se librarán de ingresar en prisión. Así que sus crímenes se saldarán con multas, que podrían ascender a dos millones de euros en total. Entre ellos están algunos de los empresarios más relevantes de la Comunitat Valenciana en las últimas décadas, como Enrique Ortiz (líder del grupo que lleva su nombre); Gabriel Alberto Batalla Reigada (de Lubasa); Vicente Cotino (del grupo Sedesa); los hermanos Rafael y Tomás Martínez Berna (de Padelsa y CHM Obras); Enrique Gimeno Escrig (de Facsa), y los hermanos Antonio y Alejandro Pons Dols (de Piaf).

Otros casos 

La figura de los corruptores está presente en la mayoría de los casos mediáticos de los últimos años. Por ejemplo, en la pieza separada sobre la caja B del PP permanecen imputados 17 empresarios sobre los que existen sospechas de que hicieron donaciones en negro al partido de Mariano Rajoy a cambio de ventajas en las licitaciones de grandes obras públicas.

Entre ellos están Juan Miguel Villar Mir, antiguo presidente de la constructora OHL; José Mayor Oreja, expresidente de FCC Construcción; o Alfonso García Pozuelo, el antiguo dueño de Constructora Hispánica que llegó a un acuerdo con la Fiscalía para rebajar su pena en el juicio por la primera etapa del caso Gürtel. También están imputados en esta causa José Luis Sánchez Domínguez (Grupo Sando) o Joaquín Molpeceres (Grupo Licuas). 

Precisamente, Villar Mir y Molpeceres están imputados en Lezo, el caso en el que se investiga la supuesta corrupción en el Canal de Isabel II, la empresa pública de aguas de la Comunidad de Madrid y que llevó a la cárcel al expresidente madrileño Ignacio González. También está siendo investigado en esta causa Javier López Madrid, consejero de OHL y yerno de Villar Mir. En concreto, por haber pagado supuestamente 1,4 millones de euros en Suiza a González como contraprestación por una adjudicación a la constructora.

La trama Púnica, una red dedicada al tráfico de influencias y al pago de comisiones ilegales que operaba en administraciones públicas de varias comunidades, también deja varios empresarios investigados. Entre ellos, cinco directivos de la empresa de eficiencia energética Cofely, la compañía sobre que la que, supuestamente, pivota gran parte del entramado. Los investigadores sospechan que la firma pagó mordidas a cambio de adjudicaciones públicas. En esta causa también están imputados el exconsejero delegado de Indra Javier de Andrés, y, de nuevo, Javier López Madrid. 

Por otro lado, los jueces también investigan a varios empresarios sobre los que hay sospechas de que pagaron por trabajos no justificados a Jordi Pujol Ferrusola. Los investigadores creen que esos pagos eran en realidad contraprestaciones por los servicios prestados por el primogénito del expresidente catalán en la consecución de adjudicaciones públicas. En octubre de 2014 había un total de once empresarios catalanes imputados en esa causa. 

El caso 3%, que indaga la presunta financiación ilegal de Convergència, deja otro grupo de empresarios imputados a los que se investiga por, supuestamente, haber hecho donaciones de cientos de miles de euros a una fundación afín al partido para enmascarar el pago de comisiones por las que, a cambio, lograban adjudicaciones de la Generalitat y de ayuntamientos controlados por los convergentes. De hecho, esta causa pivota sobre unos documentos encontrados en la caja fuerte del empresario Jordi Sumarroca, consejero delegado de la compañía Teyco e hijo de uno de los fundadores de CDC. En ellos estaban anotados pagos correspondientes al 3% exacto de obras públicas adjudicadas. 

Echando la vista atrás también hubo empresarios condenados en el caso Filesa, en el que se juzgó la actuación de un grupo de empresas creadas para sufragar gastos del PSOE y que recaudó de forma irregular para esta formación más de 1.000 millones de pesetas (seis millones de euros) entre 1989 y 1991. Fueron condenados a seis meses de prisión por apropiación indebida Juan Antonio Molina, expresidente de la Empresa Nacional de Autocamiones (Enasa), y Eugenio Marín, vicepresidente de Cepsa, la petrolera que entonces estaba vinculada al Banco Central Hispano. 

Estos hechos están considerados como probados por los jueces de la Sección Décima de la Audiencia de Barcelona, que este lunes dictaron sentencia sobre un caso que se inició hace ocho años y medio, en el verano de 2009, cuando los Mossos d’Esquadra registraron el Palau buscando evidencias del supuesto desvío de fondos cometido por Millet y Montull, sobre los que han recaído penas de nueve años y ocho meses y de siete años y medio de cárcel, respectivamente. También ha sido condenado a cuatro años y cinco meses de prisión el extesorero de CDC Daniel Osácar por tráfico de influencias y blanqueo de capitales. 

Ferrovial, sin embargo, ha conseguido salir indemne del caso. Los magistrados de la Audiencia de Barcelona consideran acreditada la participación en la trama de los dos únicos responsables de la constructora encausados, Pedro Buenaventura, que fue director territorial de zona en Cataluña hasta mayo de 2000 y estuvo en la empresa hasta 2006, y Juan Elízaga, director de Relaciones Institucionales hasta al menos julio de 2009. Los magistrados creen que ambos son responsables de un delito continuado de tráfico de influencias por el que se enfrentaban a una pena de hasta un año y seis meses de prisión, pero entienden que su responsabilidad penal ha prescrito.

En el momento en el que se produjeron estas mordidas y para este tipo de delito, el Código Penal fijaba en tres años el periodo máximo de cómputo para determinar la prescripción de los hechos. Pues bien, en el caso de Buenaventura pasaron cinco años y un mes entre su última actuación como empleado de Ferrovial (febrero de 2006) y su imputación el caso (marzo de 2011). Por su parte, el último ingreso efectuado por la constructora al Palau con Elízaga como directivo fue en junio de 2009, justo antes del registro de los Mossos, pero su citación en calidad de imputado no llegó hasta abril de 2013. Pasaron, por tanto, casi cuatro años. 

Tras la reforma del Código Penal que se llevó a cabo en 2015, el periodo máximo de cómputo para determinar la prescripción, en el caso de estos hechos, sería de cinco años. No obstante, para hacer este cálculo se tiene en cuenta la legislación vigente en el momento en el que se produjeron las actuaciones que son objeto de la investigación judicial. En este caso, la prescripción estaba fijada en los citados tres años. 

"Sistema organizativo" 

En un comunicado difundido este lunes, la empresa aseguró haber sido "ajena" al "destino final" de los fondos entregados al Palau por contratos de patrocinio y reiteró su convencimiento de que las adjudicaciones en las que participaba "se realizaron siempre de forma regular y a la oferta con mejor valoración económica". En la sentencia, los jueces subrayan que no consta "ni el conocimiento ni la aquiescencia" de las actuaciones deBuenaventura y Elízaga por parte los órganos colegiados o los accionistas de la entidad. 

Según los jueces, la posición directiva de Buenaventura y la intervención de Elízaga, director de Relaciones Institucionales, les permitió obtener de los máximos responsables de la empresa a nivel estatal el asentimiento del patrocinio del Palau, tanto para su puesta en marcha como para su posterior mantenimiento anual. Por otro lado, consideran probado que Buenaventura acordó con el extesorero de CDC Carles Torrent –fallecido en 2005– que Ferrovial pagaría anualmente "por anticipado" una comisión del 4% del volumen de obra pública que "le debía ser adjudicada por los organismos [de contratación] controlados por CDC". 

No obstante, según el tribunal, en torno al año 2002 se cambió el "sistema organizativo" para el pago de las comisiones, que dejaron de ser por adelantado y se llevaron a cabo una vez Ferrovial obtenía la "correspondiente adjudicación". Para la Audiencia, este cambio de sistema se acordó "quizás" porque Buenaventura "se cansó de pagar y luego tener que, encima, reclamar", o incluso debido al mayor volumen de obra prevista a licitar con el "consiguiente fraccionamiento del pago de las comisiones en varios años".

Para llevar a cabo ese propósito Millet y Montull crearon un ciclo de conciertos, llamado Palau 100, cuyo objeto "no era auxiliar económicamente al Palau" para poder desarrollarlo, "sino dotar de los suficientes fondos a Millet y Montull para que pudieran abonar las comisiones pactadas a CDC y quedarse parte de la comisión". Según la sentencia, sólo por estos acuerdos de patrocinio, Ferrovial aportó al Palau más de 12,6 millones de euros entre 1997 y 2009. 

Después, para que ese dinero fluyera hasta Convergència, Millet y Montull pusieron a disposición de los directivos Ferrovial y de los miembros de Convergència "toda la estructura jurídico-financiera" del Palau. El objetivo, relata la sentencia, era que "pudieran ocultar el pago y cobro, respectivamente, de las comisiones, bajo la forma de patrocinio, los primeros, y bajo la de convenios de colaboración y pago de facturas por servicios no prestados para el Palau, los segundos". 

Al final, el dinero de las mordidas acabó llegando a la formación que entonces dirigía Jordi Pujol a través de tres formas: 3,7 millones a través de entregas en efectivo a los extesoreros Torrent y Osácar, 2,3 millones con la emisión de facturas "mendaces" por servicios inexistentes de empresas que se prestaron a tal fin y 630.000 euros por convenios de colaboración cultural con la Fundació Trias Fargas, vinculada al partido.

El pacto era que Ferrovial pagaba "por el ejercicio de aquel influjo para la obtención de obra pública" el 4% del importe de todas las adjudicaciones obtenidas. El 2,5% se lo quedaba el partido y el 1,5% restante era para los intermediarios, Millet y Montull, que a su vez se repartían el porcentaje que les correspondía en un 80% para el primero y un 20% para el segundo, dejando en algunas ocasiones una pequeña parte para la Fundació Orfeó Catalá. El tribunal sostiene que esos pagos eran "la efectiva retribución de la influencia ejercida para obtener las adjudicaciones".

La sentencia determina que la influencia de los tesoreros sobre los miembros de las mesas de contratación a favor de Ferrovial "consiguió su objetivo", pues la compañía pasó de no tener volumen de obra pública en Cataluña a conseguir algunas de las mayores obras por cuantía económica que se efectuaron en aquellos años en esa comunidad: la construcción de la línea 9 del metro de Barcelona y de la Ciudad de la Justicia de Barcelona y L'Hospitalet de Llobregat. 

Según el fallo, durante el juicio, Buenaventura y Elízaga no ofrecieron explicación alguna sobre este trasvase de fondos. Ambos manifestaron que lo desconocían, explicaron que el patrocinio era correcto y que se efectuó sin relación alguna con posibles adjudicaciones de obras. La sentencia revela que el tribunal no ha creído su versión, pero la laxitud de la legislación respecto a la conducta de los corruptores les ha permitido quedar absueltos. 

Lo ha expresado en un comunicado recogido por Europa Press tras conocerse la sentencia, en la que se ha considerado probado que CDC cobró 6,6 millones de euros en comisiones irregulares a través del Palau de la Música Catalana y que ha condenado al extesorero de CDC Daniel Osàcar a 4 años y cinco meses de prisión.

El partido ha destacado que "la resolución de la sentencia del caso Palau tiene que ver con CDC, una formación política que ya ha asumido todas las responsabilidades políticas de un asunto que es anterior al año 2010".

En este sentido, ha explicado que el PDeCAT nació en 2016 y "con el ejercicio de la transparencia como uno de sus objetivos más importantes", y con el compromiso de actuar con contundencia ante cualquier caso de corrupción.

También ha asegurado que el PDeCAT respeta las resoluciones judiciales y ha reiterado su "compromiso con la transparencia y de buenas prácticas en la acción política".

La responsabilidad no es sólo por participar activamente, sino que también existe cuando se permite que suceda o se mira hacia otro lado, ha advertido Colau, que ha dicho que máximos representantes de CDC y ahora del PDeCAT deben decir qué sabían exactamente y "considerar apartarse de la función pública" y de los cargos que ocupan o a los que aspiran porque la ciudadanía necesita instituciones transparentes sin sombras de sospecha.

Junto al teniente de alcalde Jaume Asens y preguntada por si Puigdemont debería renunciar a ser presidente, Colau ha recordado que considera que quien presida la Generalitat debe estar en Cataluña, pero ha dicho que no le corresponde resolver el destino de Puigdemont en una situación de inestabilidad e incertidumbre con muchos factores, aunque debe pedir disculpas y dar explicaciones.

Así, ha citado a los cuatro dirigentes pese a que ha señalado que no le toca a ella "hacer la lista de nombres", y ha remarcado que los dirigentes de la antigua CDC deben dar explicaciones este mismo lunes porque los catalanes han estado engañados durante demasiado tiempo y no se merecen más mentiras.

Colau ha aseverado que los dirigentes de CDC ahora en el PDeCAT y en primera línea política —que han negado además el caso— deben disculparse ante la ciudadanía porque el partido estafó, engañó y robó, presentándose a elecciones que ganó "haciendo trampas", financiándose con una trama corrupta, en sus palabras.

Además, ha defendido que quienes tienen responsabilidades de gobierno o institucionales deben "centrarse en la idea de que con esta sentencia no acaba todo, porque se aclaran responsabilidades penales y judiciales pero queda muchísimo trabajo que hacer" para que los hechos no queden impunes, se asuman responsabilidades políticas y se pongan medidas para evitar nuevos casos similares.

Buscar "el M.Rajoy" del caso

Asens ha añadido que el extesorero de CDC Daniel Osàcar no usó el dinero en beneficio propio sino para el partido, por lo que sostiene que se deben buscar responsabilidades: "Si el caso Palau es la Gürtel de CDCcaso PalauGürtel y Osàcar es el Bárcenas de CDC, nos falta saber quién es M.Rajoy".

En ese sentido, ha advertido de que la creación de unas nuevas siglas, en referencia al PDeCAT, no puede ser "una pantalla o una estrategia" para eludir responsabilidades, y ha asegurado que es un día histórico para quienes quieren construir un país sin corrupción, para el Palau de la Música y para Barcelona.

"Ahora toca asumir responsabilidades. Se lo merecen los ciudadanos y los miles de simpatizantes del PDeCAT, que creen en la refundación del partido" y quieren dejar atrás la rémora del pasado, ha resaltado Asens, que ha pedido a los dirigentes del partido dar un paso al frente y ser claros en la asunción de responsabilidades políticas.

Colau ha lamentado que un caso que ha generado alarma social haya tardado tantos años en resolverse en los juzgados, y ha agradecido el trabajo de movimientos vecinales para aclarar unos hechos que han evidenciado "el saqueo de una de las instituciones de más renombre y más queridas de la ciudad".

La Audiencia de Barcelona ha considerado probado que CDC cobró 6,6 millones de euros en comisiones irregulares a través del Palau de la Música Catalana que Ferrovial pagaba en concepto de patrocinios pero que llegaban al partido a cambio de adjudicaciones de obra pública, dinero que el Gobierno de Colau pide que se devuelva al Palau de la Música.

"Esta no es la sentencia definitiva. Veremos qué pasa en un tiempo cuando el Supremo se pronuncie definitivamente", ha recalcado Mas, que mantiene que Osàcar es una persona honorable a la que conoce desde hace tiempo. Según ha dicho, el extesorero convergente no se ha puesto "nunca un solo euro en el bolsillo a nivel personal", por lo que defenderá su honorabilidad hasta el final.

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha afirmado que la sentencia confirma que CDC funcionaba como "una trama organizada para robar a los catalanes". "Se confirma que CDC era una organización delictiva cuya principal finalidad era saquear a los catalanes, llevarse su dinero para beneficio propio, ya sea del partido o personal", y que "utilizaba el Gobierno y los cargos públicos para otorgar obra pública a cambio de recibir mordidas", ha declarado en rueda de prensa en la sede de Cs, añadiendo que esto ya lo sospechaba la formación naranja y por eso lo denunció hace años en el Parlamento catalán.

A su juicio, el expresident de la Generalitat y candidato de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, debería pronunciarse desde Bélgica, donde continúa "como prófugo de la Justicia española", sobre la sentencia judicial conocida este lunes. "Desde su circo en Bruselas tendrá que decirnos qué opina de esta constatación de que Convergència era una trama organizada para robarnos a los catalanes", ya que "él nunca levantó un dedo para denunciar nada y nunca se le ha oído criticar lo que estaba haciendo su partido", ha apuntado.

El líder de CatECP, Xavier Domènech, ha exigido este lunes explicaciones a JuntsxCat, como coalición que integra a miembros del PDeCAT, por la sentencia del caso Palau, que ha definido como el caso "Gürtel de CDC". "Las personas vinculadas al PDeCAT y CDC, y ahora a JuntsxCAT, que negaron que hubiera responsabilidad de CDC, deberían hacer examen de lo que dijeron y de lo que realmente ha quedado certificado en la sentencia", ha sostenido en rueda de prensa.

Tras recordar la reciente renuncia del expresident de la Generalitat Artur Mas de la Presidencia del PDeCAT, considera que esta decisión está relacionada con no querer dar una respuesta pública por la sentencia "por muchos cambios de nombres que hagan".

Por su parte, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha pedido "responsabilidades políticas más allá de las judiciales" para CDC. "Ahora que ya tenemos sentencia, hay que evitar la impunidad para retornar a la ciudadanía la confianza en las instituciones", ha defendido la primera edil en un apunte en Twitter recogido por Europa Press, y ha señalado que está "confirmado: CDC se ha financiado ilegalmente durante años", mediante comisiones irregulares.

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, también se ha pronunciado a través de las redes sociales, y ha cargado contra PP y PDeCAT porque "recortan, privatizan, mienten y dejan a la ciudadanía en una situación de desigualdad insostenible", algo que "no se merecen" ni España ni Cataluña.

ERC: "Quien tenga que asumir responsabilidades que las asuma"

El portavoz de ERC, Sergi Sabrià, ha pedido este lunes ir hasta el fondo contra los casos de corrupción y que los responsables paguen por ello: "Todo el peso de la justicia tiene que caer sobre los responsables sin ningún tipo de excepción. Nosotros no miramos hacia otro lado".

Preguntado por cómo la sentencia puede afectar a CDC y su partido sucesor, el PDeCAT, ha respondido: "Intentamos no hablar de los otros partidos. Respetamos la sentencia, que tras 8 años ya tocaba. Quien tenga que asumir responsabilidades que las asuma".

El líder de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona, Alfred Bosch, ha criticado este lunes que la sentencia demuestra que se produjo "un expolio a la ciudadanía, y eso es inadmisible", según un comunicado del partido.

El republicano ha celebrado que se hace justicia en un caso que se remonta a 2009: "Hoy podemos empezar a pasar página de un caso que, tristemente, deja una mancha negra en la política barcelonesa".

Ha criticado que el actual Gobierno de Ada Colau, pero también los anteriores ejecutivos municipales convergente y socialista, han ido tarde en concreto con el caso del hotel del Palau, proyecto al que ERC se opuso, ha resaltado.

PP: el "mito" ha pasado a ser realidad

El secretario general del PP de Cataluña, Santi Rodríguez, ha asegurado que con la sentencia el "mito" de las comisiones del 3% cobradas por CDC en Cataluña ha pasado a ser una realidad y ha vinculado este asunto con la "metamorfosis" que ha sufrido la Convergencia de Jordi Pujol en estos últimos años, hasta ser "un partido en liquidación".

"Tienen mucho que ver los hechos del Palau y que en 2009 los Mossos encontraran las evidencias de aquello de lo que tanto se hablaba en Cataluña, las comisiones sistemáticas del 3% para financiar directamente a CDC", ha dicho Rodríguez en declaraciones tras la Junta Directiva Nacional del PP en Madrid.

Ha añadido que ha quedado demostrado lo que algunos partidos denunciaron hace años y se investigó en el Parlament de Cataluña. "Muchas de las cosas que hoy se corroboran, fueron puestas en evidencia", ha agregado.

Recurrirán la sentencia

El abogado y excoordinador de régimen interno de CDC, Francesc Sánchez, ha anunciado que recurrirán la sentencia porque cree que "la jueza ha comprado la idea de la Fiscalía" y porque no está de acuerdo con el fallo. Sánchez ha negado que la sentencia condene a CDC por financiación ilegal, ya que asegura que el extesorero de CDC Daniel Osàcar ha sido condenado por un delito de tráfico de influencias y blanqueo de capitales y "lo que se hace a CDC es el comiso de los dineros producidos por este delito".

También ha descartado opinar sobre si puede suponer la pérdida de las sedes de la formación porque aún no hay una sentencia firme y se ha mostrado "convencido" de que Osàcar no entrará en prisión. 

Asimismo, Sánchez ha afirmado que el caso Palau ya ha tenido una repercusión política provocando la desaparición de CDC, de manera que no considera que la sentencia vaya a afectar políticamente.  Por eso, ha rechazado que la sentencia pueda influenciar en el PDeCAT, al que considera un partido que "no tienen ningún tipo de vinculación con este tema".

En la misma línea se ha pronunciado la exdirectora financiera del Palau Gemma Montull ha expresado este lunes su tristeza por la sentencia, que ha considerado "muy "injusta". En declaraciones a los medios desde las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), ha explicado que sus abogados estudiarán presentar un recurso porque defiende que es inocente.

"Ahora toca hablar del 4%"

La concejal de la CUP en el Ayuntamiento de Barcelona, Eulàlia Reguant, ha subrayado este lunes la condena fijada por el Audiencia de Barcelona sobre CDC: "A partir de ahora toca hablar de 4%".

"Las cortinas de humo no sirven. CDC condenada: responsable de haberse financiado irregularmente a través del Palau de la Música. A partir de ahora toca hablar del 4%", ha concluido a través de Twitter, en alusión a la petición del fiscal que consideró al Palau la cañería por la que transitaba el dinero que Ferrovial pagaba a CDC a cambio de obras públicas y que representaba un 4% del proyecto.

La Sección 10 de la Audiencia de Barcelona ha considerado probado que CDC cobró 6,6 millones de euros en comisiones irregulares a través del Palau de la Música Catalana que Ferrovial pagaba en concepto de patrocinios pero que llegaban al partido a cambio de adjudicaciones de obra pública.

El tribunal condena por estos hechos al extesorero de CDC Daniel Osàcar a 4 años y cinco meses de prisión por un delito de tráfico de influencias, según la sentencia hecha pública este lunes. La sentencia llega ocho años y medio después de que los Mossos d'Esquadra irrumpieran por primera vez en el Palau de la Música y tras un juicio que ha durado cuatro meses y medio con 16 acusados y una cincuentena de sesiones.

La Audiencia de Barcelona ha condenado también al expresidente del Palau de la Música Fèlix Millet a 9 años y ocho meses de prisión y a su mano derecha, Jordi Montull, a siete años y medio de prisión por el saqueo de la entidad musical.

Según el fallo de la sentencia hecho público este lunes, la exdirectora financiera e hija de Jordi Montull, Gemma Montull, ha sido condenada a 4 años y medio de prisión, después de que los tres alcanzaran un pacto con la Fiscalía a cambio de su confesión.

La sentencia ha sido redactada por el ponente Julio Hernández, después de que el caso fuera enjuiciado por el tribunal de la Sección 10, presidido por la magistrada Montserrat Comas, junto a José Antonio Lagares y el propio Hernández. El fallo se ha hecho público siete meses después de concluir el juicio en el que Félix Millet, Jordi Montull y Gemma Montull reconocieron el expolio de la institución musical y el cobro de comisiones por parte de CDC a través de un patrocinio de Ferrovial al Palau, y tras haber alcanzado un pacto con la Fiscalía.

Según la sentencia, desde principios de 1999 hasta julio de 2009, el total de las comisiones satisfechas por Ferrovial a CDC ascendió como mínimo a 6,6 millones de euros y al expresidente del Palau Fèlix Millet y su mano derecha, Jordi Montull, de 3,5 millones.

Decomisos

Por eso, la Audiencia acuerda decomisar las ganancias obtenidas por CDC, por Millet y por Montull con este tráfico de influencias: 6.676.105,58 euros el primero, 2.804.716,29 euros el segundo y 701.179,07 el tercero. Sin embargo, absuelve a los exdirectivos de Ferrovial Pedro Buenaventura y Juan Elízaga de un delito societario de administración desleal y tráfico de influencias, al haber prescrito todos los delitos.

La sentencia considera probado que Millet, Montull y su hija Gemma Montull montaron un entramado a través del Palau de la Música que permitió la destinación ilegal de más de 23 millones de euros que sirvieron para beneficio particular de los responsables del Palau y el pago de comisiones a CDC y hubo además el correspondiente fraude a Hacienda.

Según informa el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), Millet y Montull, desde diciembre de 2003, con la contribución de Gemma Montull, "pusieron en práctica una estrategia encaminada a disponer, ilícitamente, de cuantiosos fondos de la Asociación, la Fundación y el Consorcio (del Palau) para aplicarlos bien a gastos particulares de ellos o sus familias, bien a fines desconocidos".

Considera que una de las acciones a través de las que Millet y Montull buscaron y obtuvieron un enriquecimiento personal a costa de los fondos de la Asociación y la Fundación fue mediar para establecer un sistema por el que la sociedad Ferrovial, mediante el pago de comisiones a CDC, "obtenía la adjudicación de determinados concursos y licitación para la construcción de obra pública en Catalunya".

Así, los dos principales acusados pactaron con el ya fallecido extesorero de CDC Carles Torrent —"sin excluir la participación de otras personas de esta formación que no han podido ser completamente identificadas o de quien su responsabilidad penal ha sido declarada prescrita"— que desde Ferrovial se entregaría dinero a CDC a cambio de que garantizara la adjudicación de un determinado volumen económico de obra pública anual.

Este entramado de pago de comisiones de obra pública, Millet y Montull contribuyeron a su creación, y después, con la llegada de Gemma Montull como directora financiera, a su "desarrollo, perfeccionamiento y mantenimiento", poniendo a disposición de los exdirectivos de Ferrovial y de miembros de CDC toda la estructura económica del Palau.

Así —prosigue la sentencia— pudieron "ocultar el pago y cobro", respectivamente, de las comisiones, bajo la forma de patrocinio y convenios de colaboración, y pago de facturas por servicios no prestados para el Palau.

Comisiones del 4%

Según la Audiencia, la comisión que desde Ferrovial y CDC se pactó que pagaría la empresa a cambio de obra pública fue del 4% del importe del total de las adjudicaciones y se repartía del siguiente modo: 2,5% para el partido y 1,5% para Millet y Montull (y los dos responsables del Palau a su vez se lo repartían en un 80% para el primero y 20% para el segundo).

Todos estos detalles fueron confesados en el juicio que tuvo lugar entre marzo y junio por los propios Millet y Montull, que alcanzaron un pacto con Fiscalía para rebajar las penas, muy especialmente para Gemma Montull, para quien la Fiscalía pedía dos años de prisión y que finalmente ha sido condenada a cuatro años y seis meses, con lo que puede finalmente ingresar en prisión.

Además, la sentencia afirma que este "acuerdo criminal" se mantuvo ininterrumpidamente de 1999 a 2009, hasta que en julio de 2009 los Mossos d'Esquadra irrumpieron en el Palau de la Música.

Añade que las comisiones ilícitas pactadas por Pedro Buenaventura y Juan Elízaga, con Millet, Montull, Daniel Osàcar y —antes que él—  Carles Torrent, con destinación a CDC se hacían llegar a la formación política de forma "enmascarada", sirviéndose de la estructura jurídico financiera del Palau.

Félix Millet

A Félix Millet se le condena a 9 años y ocho meses de prisión por un delito continuado de malversación y apropiación indebida, en concurso con un delito continuado de falsificación en documento mercantil y falsedad contable, además de delito continuado por tráfico de influencias, delito de blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública.

Habiéndosele aplicado "atenuantes de confesión, disminución del daño y dilación extraordinaria e indebida en la tramitación del procedimiento", se condena a Millet a una multa total de 4,1 millones de euros por blanqueo de capitales y delito contra la Hacienda Pública.

También se le condena a abonar al Consorci del Palau, conjunta y solidariamente con Jordi Muntull, un total de 3,5 millones de euros, y 6,3 más a la Fundació Privada Orfeó Català-Palau de la Música. Además, deberán abonar ambos 6,1 millones a la Associació Orfeó Català, y un máximo de 1,5 millones por la compra-venta del local Sant Pere Més Alt.

Otros abonos a los que se les condena son 192.766 euros por gastos de viajes particulares y 6 millones sustraídos del Palau y del Orfeó.

Jordi Montull

Además de las condenas económicas compartidas con Millet, a Jordi Montull se le condena a 7 años y medio de cárcel por malversación de caudales públicos, falsedad documental y contable, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y delito contra la Hacienda Pública.

También se le condena a una multa de 3 millones de euros por blanqueo de capitales y delito contra la Hacienda Pública.

Gemma Montull

A Gemma Montull se la condena a 4 años y medio y 22 días de prisión, y a 2,6 millones de multa por un delito continuado de malversación de caudales públicos y apropiación indebida en concurso medial cometido por funcionario público y un delito de falsedad contable; otro continuado de tráfico de influencias, y otro de blanqueo de capitales.

El fallo considera probado que Millet, Montull y su hija desviaron "cantidades millonarias" para fines privados como obras en domicilios particulares, viajes privados, financiación de bodas y compra de bienes.

Los tres llegaron a un pacto con la Fiscalía para confesar a cambio de reducir sus penas y, de hecho, el fiscal pedía para Gemma Montull dos años de cárcel: finalmente se la ha condenado a cuatro y medio, una pena que, de confirmarse, no permite evitar el ingreso en prisión.

El tribunal, en cambio, absuelve a la exdirectora general del Palau Rosa Garicano de todas las acusaciones de tráfico de influencias, blanqueo de capitales y apropiación indebida.

"Enriquecimiento injusto"

El relato de los hechos probados recoge que Millet y Montull "hicieron frente a importantes gastos particulares, provocándose un enriquecimiento injusto" con fondos de la Fundació, la Associació y el Consorci del Palau.

Entre estos gastos están, por ejemplo, las bodas de las hijas de Millet en 2000 y 2002: "El total de fondos de la Fundació indebidamente destinados a sufragar los ostentosos enlaces de las hijas de Félix Millet ascendió a 164.269,93 euros", afirma el tribunal en su resolución.

Y añade que Millet y Montull también gastaron 780.000 euros en viajes privados y más de un millón de euros en obras en viviendas particulares.

Además, 3,7 millones de euros se entregaron a terceros en pago de adjudicaciones de obra pública en los que mediaron ambos condenados: por esa mediación, "Millet y Montull percibieron comisiones por un importe total de 3,4 millones de euros, que se repartieron al 80-20% y que obtuvieron en su práctica totalidad mediante el cobro de cheques".

Seis millones en paradero desconocido

La cantidad de fondos en efectivo que ambos sacaron de las cuentas del Palau entre 2002 y 2009 para fines ajenos asciende a 14,3 millones de euros, de los que "al menos siete los hizo suyos Félix Millet, incorporándolos a su patrimonio", y 1,3 más fueron para Montull.

Se desconoce el destino final del resto de fondos, cuya suma asciende a 6 millones, según la sentencia, que apunta que Millet y Montull mediaron "para el establecimiento, mantenimiento y funcionamiento de un sistema por el cual la sociedad Ferrovial, mediante pago de comisiones a CDC, obtenía la adjudicación de determinados concursos" públicos.

El expresidente de la Generalitat Artur Mas ha anunciado formalmente este martes su dimisión como presidente del PDeCAT, con la que da "un nuevo paso al lado" el mismo día en que se cumplen dos años de que lo hiciera también para apartarse de la Presidencia de la Generalitat en favor del entonces alcalde de Girona Carles Puigdemont, tras el veto de la CUP a que siguiera en el cargo. 

El expresident ha explicado además, en la comparecencia recogida por Europa Press, que ha recibido una notificación del Tribunal Supremo (TS) informándole de que está investigado en la causa del referéndum del 1 de octubrecausa del referéndum del 1 de octubre y que deberá ir a declarar en sede judicial en los próximos días.

Lo ha hecho en rueda de prensa, a la que han asistido la coordinadora general del partido, Marta Pascal, y el de Organización, David Bonvehí. También han acudido la vicepresidenta del PDeCAT, Neus Munté; el exconseller Francesc Homs; el exalcalde de Barcelona Xavier Trias, y la presidenta del Consell Nacional y de la Diputación de Barcelona, Mercè Conesa, entre otros dirigentes de la formación.

Por el calendario judicial y razones políticas

El anuncio de Mas llega cuando falta menos de una semana para que se conozca la sentencia del caso Palau, el lunes 15 de enero, un juicio que acabó hace más de medio año y cuya sentencia debe dirimir sobre si 6,6 millones de euros de Ferrovial acabaron en manos de la extinta CDC, cuyo liderazgo durante años heredó del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol.

Fuentes consultadas por Europa Press habían asegurado que el expresident había hablado hace tiempo con Pascal de dejar la presidencia del PDeCAT con la voluntad de proteger la formación del posible desgaste que podría conllevar una sentencia negativa del caso Palau, pese a no estar imputado en el mismo.

Sin embargo, Mas ha justificado su dimisión por el calendario judicial que tiene que afrontar en las próximas meses —la inhabilitación por la consulta del 9-N y su imputación por el Tribunal Supremo en el procés—, así como por razones políticas, argumentando que no quiere interferir y ser un freno en la expansión de su partido tras el buen resultado que obtuvieron en las elecciones autonómicas.

"Las dos razones juntas: facilitar la implantación del proyecto de JuntsxCat y el PDeCAT, y el calendario judicial, me han llevado a materializar una decisión que tenía ya meditada y pensada", ha dicho.

De este modo, ha desvinculado su dimisión de la próxima sentencia del caso Palau, y ha afirmado que la extinta CDC "ya pagó el precio más alto por ese caso, que fue autoliquidarse". En el mismo sentido, ha detallado que hace mucho tiempo que había decidido dimitir sin que tuviera relación alguna con el caso Palau.

Preguntado al respecto, ha subrayado que "si fuera así, cabe recordar que CDC ya pagó el precio más alto que nunca ha pagado nadie y que existe, que es desaparecer". "Hay muchos partidos que tienen problemas vinculados con la corrupción, pero ¿qué partido ha desaparecido? Ninguno. CDC, sí, y lo decidió la propia gente de CDC", ha destacado.

También ha reivindicado que el caso Palau tiene su embrión en los años 90, "etapa anterior" a su liderazgo en CDC, y que no se le ha citado ni como investigado ni como testigo durante el juicio porque no está implicado. "No hay ni la más mínima prueba; si no, me hubieran llamado. Mi responsabilidad no era llevar las finanzas, sino confiar en determinadas personas que en algunos momentos las llevaron", ha añadido.

Además, ha dejado claro que su decisión no implica que se retire ni se aparte de la política, porque su voluntad es seguir implicado y comprometido con la formación, pero que ahora elige no estar en primera línea porque, en su opinión, es lo que mejor conviene al partido y también a sí mismo.

"La vida es muy larga: no se sabe lo que puede pasar. No tengo un propósito concreto, pero el futuro ya dirá", ha destacado Mas, que cree que ahora se necesita a alguien con más margen de maniobra.

Respeto a las decisiones de Puigdemont

El expresident ha asegurado también que respetará las decisiones que tome el cabeza de lista de JuntsxCat, Carles Puigdemont, "sean las que sean", y ha reivindicado el papel del PDeCAT como base del éxito de la candidatura del president cesado.

"Lo que decido hoy no implica ningún mensaje a nadie, y menos a Puigdemont", ha sostenido y ha añadido que nunca ha insinuado ni cuestionado públicamente nada de lo que se ha hecho aunque no lo compartiera.

"Puigdemont debe tomar sus decisiones y sean las que sean las respetaré", ha asegurado Mas, que, preguntado sobre si se puede gobernar la Generalitat desde Bruselas, ha contestado que debe responderlo el propio Puigdemont, porque es quien toma las decisiones.

Tras las elecciones del 21 de diciembre, Mas considera que se ha evidenciado que los partidarios de un Estado catalán ganan en parlamentarios aunque no en votos, y cree que esto es gracias a la "fórmula de éxito" en la que se ha convertido JuntsxCat.

"Quiero que JuntsxCat, que tiene la base del PDeCAT, cuaje y se expanda. Y que yo siga al frente del PDeCAT limita la capacidad de maniobra que puede tener este proyecto político para extenderse", ha argumentado.

Durante la reunión de la ejecutiva del PDeCAT celebrada este lunes, el expresident había trasladado su rechazo a la posibilidad de repetir elecciones y había señalado que su apuesta pasaba por mantener "una legislatura larga" y, en consecuencia, "estable".

Así, su posicionamiento chocaría con la voluntad de JuntsxCat, que prefiere volver a las urnas antes que buscar un candidato alternativo al presidente de la Generalitat cesado Carles Puigdemont.

Munté, nueva presidenta del PDeCAT

La exconsellera Neus Munté asumirá la presidencia del PDeCAT después de que el expresidente Artur Mas haya dimitido de este cargo representativo este martes, tal y como ha detallado el propio expresident. Hasta ahora Munté era la vicepresidenta del PDeCAT, un cargo que asumió junto a Mas en julio de 2016: ambos presentaron una candidatura conjunta en unas primarias en las que no tuvieron rival.

Mas ha explicado precisamente que decidió hacer tándem con Munté "por si en algún momento determinado acababa haciendo lo que hacía tiempo" meditaba, que era dejar la presidencia del partido si lo creía oportuno. "Una de mis ideas ya entonces era que hubiera una persona ya preparada para asumir esta función representativa de la presidencia, y ahora ese será el caso", ha añadido.

La exdirectora financiera del Palau de la Música Gemma Montull ha relatado al tribunal en su último turno de palabra los ataques sufridos desde que en 2009 estalló el escándalo del expolioescándalo del expolio, que le llevaron a cerrar una tienda en El Masnou (Barcelona) porque cada día tenía "escupitajos en la puerta".

"En 2012 abrí una pequeña tienda en El Masnou y tuve que cerrarla el año pasado porque era era muy difícil convivir con esta realidad cada día. Socialmente es muy duro", ha explicado este viernes en la última sesión del juicio, que ya ha quedado visto para sentencia.

Ha lamentado que tanto ella como su familia hayan sufrido en numerosas ocasiones insultos, que la llevaron a decidir cambiar dos veces de domicilio porque "la situación con los vecinos era insoportable".

En una ocasión, estando en el supermercado, una persona se acercó y le espetó: "¿Para qué llenas el carro si de aquí a dos días estarás en prisión?". 

Precisamente entrar en la cárcel es lo que quiere evitar y, por eso, antes del juicio pactó con el fiscal confesar el desfalco de la institución cultural y también que CDC usó el Palau para cobrar de la constructora Ferrovial lo que, según la acusación, eran comisiones ilegales por concesión de obras.

Gemma Montull ha explicado un tercer episodio, ocurrido en un local del barrio barcelonés de Pedralbes, donde le dijeron: "Tú eres una ladrona. Tú no has de estar aquí".

"No están todos"

En declaraciones a los medios tras concluirse el juicio, Gemma Montull ha asegurado: "No tengo ningún miedo de ir a prisión, tengo plena confianza en la justicia. Nadie se muere por ir a la prisión, pero no tengo por qué ir a la prisión".

Respecto a la falta de control en el Palau por parte de los órganos responsables, ha dicho: "Ha quedado muy dicho aquí dentro –en alusión al tribunal– que no están todos los que tendrían que estar probablemente".

Ha asegurado que acatará lo que la justicia decida sobre su padre, Jordi Montullsu padre, Jordi Montull, y ha pedido justicia: "Y que podamos todos volver a nuestras vidas y que todo esto se olvide".

La portavoz del Govern, Neus Munté, ha anunciado este martes que la Generalitat mantiene su decisión de no acusar a CDC en el juicio del caso sobre el expolio del Palau de la Música, pero pedirá "hasta el último euro" si el fallo es condenatorio, según ha informado Europa Press.

"El Govern, una vez conocida la sentencia, reclamará el último euro a quien sea si ha habido perjuicios para el interés general", ha manifestado en la rueda de prensa tras el Consell Executiu, asegurando que esta es una posición unánime entre los partidos que forman el Ejecutivo: el PDeCAT y ERC.

Munté ha afeado a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, la carta que envió este lunes al presidente Carles Puigdemont pidiéndole que reconsiderara no acusar a CDC: la portavoz ha asegurado que el texto llegó a los medios antes que al Govern, y que Colau puede forzar una reunión del Consorci del Palau de la Música cuando lo considere oportuno.

Colau pedía en la carta a Puigdemont que convocara una reunión del Consorci, y Munté le ha reprochado que esto es actuar de forma poco "transparente y honesta" ya que la alcaldesa es vicepresidenta del Consorci y, por lo tanto, puede convocar la reunión cuando quiera.

Munté ha recordado la escasa distancia que separa la Generalitat del Ayuntamiento –comparten ubicación en plaza Sant Jaume– como para que la carta llegue antes a un medio que a las manos del presidente y ha concluido: "Las cosas no se hacen de esta manera. Esta carta no es de recibo ni en el fondo ni en la forma".

Discrepancias con ERC

Este lunes estalló un conflicto entre ERC y el PDeCAT, los dos socios de Govern, cuando trascendió que la Generalitat, a través del Consorci del Palau de la Música –donde están representados la Generalitat, el Estado y el Ayuntamiento–, evitaba acusar a CDC por el caso Palau.

ERC criticó la decisión pese a ser miembro también del Ejecutivo, aseguró que esta cuestión no se había debatido en las tradicionales reuniones del martes del Consell Executiu, y lamentó no haber sido consultada antes de tomarse la decisión de no acusar a CDC.

Munté ha relativizado estas diferencias de criterio, ha asegurado que ocurren a menudo dentro incluso de los propios partidos y ha insistido en varias ocasiones en que este martes ha quedado claro que la decisión de no acusar a CDC es una posición común de todo el Ejecutivo, también de ERC.

La portavoz ha explicado que, efectivamente, los consellers de ERC han sacado el tema en la reunión del Consell Executiu de este jueves, pero ha defendido que no podía entrar en más detalles porque "las deliberaciones del Ejecutivo son secretas".

Para llegar a una posición de consenso en el Govern que contente tanto al PDeCAT com a ERC, el Govern ha introducido el matiz de que, pese a descartar acusar a CDC, si la sentencia es condenatoria la Generalitat pedirá el "resarcimiento de los recursos económicos que se hayan visto afectados".

La Generalitat ha evitado que el Consorcio del Palau de la Música acuse a CDC pese a que el que era presidente de la institución cultural, Fèlix Millet, y su número dos, Jordi Montull, confesaron en juicio que el partido cobró comisiones ilegales de Ferrovial a través del Palau, explicaron fuentes judiciales a Europa Press.

El Consorcio –que es acusación particular en el juicio del caso Palau y que conforman Generalitat, Ayuntamiento y Ministerio de Cultura– acusaba a Millet y a Montull por el expolio de la institución, pero no a CDC por su presunta financiación irregular, con lo que, tras la confesión de los dos exmandatarios, el Ayuntamiento intentó cambiar de estrategia de cara al final del juicio.

En una votación hace unos días para cambiar la estrategia judicial, los representantes del Ayuntamiento votaron a favor de acusar ahora a CDC, pero los de la Generalitat se pronunciaron en contra, mientras que los del Ministerio de Cultura no se presentaron a la cita.

El juicio encara su recta final y, desde esta semana, la Fiscalía, las acusaciones particulares y populares y las defensas deberán posicionarse sobre si modifican o no sus conclusiones sobre los delitos, las penas de prisión y las indemnizaciones que solicitan o si reclaman archivar la causa.

Más allá del expolio del Palau confesado en parte por Millet y Montull, la causa gira también sobre la supuesta financiación irregular de CDC a través del Palau: la Fiscalía ve acreditado que cobraron 6,6 millones de euros en comisiones; Millet y Montull lo confirmaron en juicio, mientras que tanto el partido como Ferrovial lo niegan.

El expresidente del Palau de la Música Fèlix Millet justificó durante el registro de su casa que tenía unos 58.000 euros en casa en billetes de 500 para "gastos diarios", ha desvelado este martes en el juicio uno de los investigadores.

Según ha detallado este mosso d'Esquadra, el expoliador confeso del Palau tenía durante el registro dos sobres en la caja fuerte en la primera planta de su casa de l'Ametlla del Vallès (Barcelona): uno con 13.000 euros y otro con unos 45.000, todos en billetes de 500.

Pero ésta sólo era una mínima parte del dinero que Millet guardaba en efectivo, ya que disponía de una caja de seguridad en Caixa Catalunya donde contaba con 1,8 millones de euros, también en sobres y en billetes de 500, según ha informado Europa Press.

A diferencia de los sobres incautados en su casa, en los de la caja de la entidad bancaria sí tenían escritos algunos conceptos: unos ponían el nombre del Palau de la Música, otros el de la entonces secretaria personal de Millet, Elisabeth Barberà, y algunos el del propio Millet.

Otro Mosso que ha declarado este viernes ha dicho que dirigió la entrada y registro en el domicilio del que era número dos del caso Palau, Jordi Montull, y que encontraron unas cuarenta obras de arte.

Según este policía, la investigación estimó que el precio de los cuadros rondaba los 800.000 euros y que eran de artistas "de renombre" catalanes, aragoneses y valencianos, pero no de primera línea.

Un inspector especializado en blanqueo de capitales y corrupción ha confirmado en el juicio del caso Palau el modus operandi a través del que CDC recibía fondos de la constructora Ferrovial que se camuflaban a través de la institución cultural.

En su comparecencia –en doble condición de perito y testigo–, ha corroborado el informe que realizó durante la investigación del caso, en el que señala que la constructora hacía pagos al Palau que se vestían de donaciones a la institución que presidía Fèlix Millet.

Según ha informado Europa Press, la dinámica consistía en hacer llegar días después este dinero a la Fundació Trias Fargas, vinculada a CDC, que, asimismo, a través de préstamos ficticios pasaba estos fondos al partido; en otras ocasiones, se usaba al grupo empresarial de New Letter, Letter Graphic y Mail Rent como mediador para el desvío.

La conclusión del fiscal –y que confirmaron ya en el juicio Fèlix Millet y su número dos Jordi Montull– es que Ferrovial pagaba estos fondos a CDC a cambio de que se le adjudicaran obras públicas desde las instituciones que controlaba el partido político.

El informe elaborado de este inspector no se mete a analizar si estos pagos los hacía la constructora a cambio de obras públicas, ya que he explicado que eso no formaba parte de su investigación, pero sí prueba la conexión entre las donaciones de Ferrovial al Palau con el dinero que luego llegaba a CDC.

El que fue presidente del Partit per la Independència (PI) Àngel Colom explicó este lunes, en el juicio por el expolio del Palau de la Música, que recibió 75.000 euros del expresidente de la entidad musical Fèlix Millet Fèlix Millet para pagar deudas del PI, pero que no sabía que ese dinero en realidad lo aportó el Palau.

En su declaración como testigo en el juicio, Colom ha asegurado desconocer un convenio de colaboración entre la Fundació Privada Espai Catalunya –supuestamente presidida por él– y la Fundació Orfeó Català- Palau de la Música, pese a que aparece su firma en dicho convenio.

Este convenio, según la Fiscalía, se confeccionó especialmente en 2004 para justificar la salida de dinero del Palau a Colom ante una inspección de Hacienda.

El fiscal Emilio Sánchez Ulled le ha exhibido primero un recibo firmado por él por valor de 12.500.000 pesetas (los 75.000 euros) en el que se afirma que el pago es en base al convenio entre las dos entidades bajo el epígrafe 'Pedagogía sobre la cultura catalana en las nuevas migraciones": Colom ha asegurado que firmó pero solo miró la cantidad, no el objeto.

El fiscal ha calificado de increíble que Colom no viera en ese recibo que lo firmaba en nombre de la fundación por un convenio de colaboración, y le ha preguntado cómo no pudo ver el objeto del recibo si el documento solo tenía tres líneas, y Colom le ha empezado respondiendo: "¿Quiere que le sea franco?".

Sánchez Ulled le ha respondido: "Por favor, si no es delito", y el político le ha asegurado que no se fijó en nada más que en la cantidad monetaria.

El fiscal le ha repreguntado cómo explica "que Millet fuera tan imaginativo" si el propio Colom nunca habló a Millet de esa fundación, que fue inscrita pero finalmente no prosperó: Colom ha dicho no saberlo.

Sobre el documento del convenio propiamente, ha asegurado que es "falso" ya que se confeccionó años después cuando él residía en el extranjero, y que la firma que aparece no es suya sino un garabato, ha dicho.

Deudas por campañas

Ha detallado que el dinero de Millet sirvió para pagar deudas a pequeños proveedores y a abonar cuotas de créditos personales de militantes que habían contraído para sufragar campañas electorales municipales, y que, desde que supo que el dinero procedía del Palau, acordó su devolución con la nueva presidenta, Mariona Carulla.

Ha asegurado que en estos años ha podido devolver la mitad del dinero: "Moralmente es lo que tenía que hacer: devolver el dinero cuando supe que no era una donación de un mecenas como Millet".

Sobre por qué acudió a Millet y quién le dio la idea de acudir a él para conseguir dinero para su partido, explicó que durante una reunión de militantes del partido tras su extinción se hizo un brainstorming de nombres de personas que podían ayudar con dinero a sufragar deudas.

Se pensó en Millet porque "era considerado por muchos un mecenas de la cultura catalana" y que él también le consideraba así, a lo que el fiscal ha ironizado sobre por qué optaron por acudir a él si en su partido no había artistas.

Colom ha admitido que en ese momento, el 15 de septiembre de 2000, ya había ingresado en CDC, pero ha desvinculado su nueva militancia con el donativo de Millet.