“¿Hasta cuándo vamos a tolerar la asfixia del periodismo y la erosión continua de la libertad de prensa?” Con esta pregunta comienza su informe de 2026 la ONG Reporteros Sin Fronteras (RSF) en el que analiza la situación del periodismo a nivel global. Los conflictos cada vez más presentes, la polarización que se ha ido extendiendo por todo el planeta o la precariedad laboral en el periodismo, evidencian un deterioro democrático generalizado que sitúa a la libertad de prensa en su peor nivel en un cuarto de siglo. 

RSF publica la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa desde el año 2002. Estos informes examinan la calidad democrática de 180 países distintos estableciendo un ránking general basado en los testimonios de cientos de expertos en libertad de prensa seleccionados por la organización. Para este año, la ONG ha contado con cinco nuevos indicadores: contexto político, marco jurídico, contexto económico, contexto sociocultural y seguridad. 

Por primera vez en la historia de estos índices, más de la mitad de los países (52,2%) se encuentran en una situación “difícil” o “muy grave” en cuanto a la calidad periodística. “En los 25 años de historia del ránking, la puntuación media del conjunto de los países analizados nunca ha sido tan baja”, apuntan desde la ONG. El informe señala un evidente aumento en la criminalización del periodismo mediante el uso de leyes de seguridad nacional para restringir el derecho a la información, una tendencia que se ha detectado en más del 60% de los países analizados.

Esta práctica, más propia de regímenes totalitarios y que ya se ha extendido a las democracias, pone de manifiesto que los mecanismos públicos para la defensa de la libertad de información tampoco están funcionando. Los periodistas están cada vez más desguarnecidos ante las distintas amenazas jurídicas, mientras que las élites políticas y económicas aprovechan estos marcos jurídicos para seguir llevando a cabo “demandas intimidatorias” hacia medios y periodistas.

Otra de las cuestiones que ha impulsado esta crisis es el auge de conflictos armados. Según el informe, los conflictos en Gaza, Ucrania y Sudán han tenido un “efecto devastador”; en particular, se denuncia que más de 220 periodistas han sido asesinados en Gaza desde octubre de 2023. El endurecimiento de regímenes políticos también ha sido un factor clave para este desplome como es el caso de El Salvador de Nayib Bukele, que ha caído 105 puestos desde 2014 y el inicio de la guerra contra las maras.

Aunque la mayor caída de 2026 la registra Níger, que ha caído 37 puestos, reflejo del gran deterioro de la libertad de prensa que sufre el Sahel por grupos armados y juntas militares desde hace años. En cambio, Siria registra el mayor avance tras la caída del régimen de Bashar Al Assad. El primer puesto que ocupa Noruega, sin embargo, se mantiene inmóvil por décimo año consecutivo y se encuentra en una “buena situación”, un privilegio del que, según RSF, sólo puede disfrutar menos del 1% de la población mundial. En 2002 el 20% de la población mundial vivía en países con esta calificación.

Europa, por su parte, presenta también una situación alarmante, sobre todo en el este de la región. Europa del Este (junto con Oriente Medio) sigue siendo una de las dos regiones más peligrosas para los periodistas con Rusia (puesto 172) y Bielorrusia (165) destacando por su represión sistemática a periodistas. Además, RSF señala que a pesar de la existencia del Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación (EMFA), diseñado para garantizar la independencia y sostenibilidad de los medios en la UE, su aplicación está siendo boicoteada por leyes nacionales en varios estados miembros como la Hungría del ya expresidente Víktor Orban, Eslovaquia, Lituania o República Checa. España también se encuentra en este grupo debido a la politización de los medios públicos.

En la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa, España ha caído seis posiciones en el ránking y se sitúa ahora en el puesto 29 por detrás de países como Polonia o Taiwán. El país ha sufrido un retroceso en todos los índices analizados lo que supone un grave empeoramiento a la hora de ejercer la profesión periodística. 

El factor que más impacto tiene en esta degradación, señala la ONG, es una “precariedad laboral cronificada” que ha situado a España en el puesto 40, lejos de otros países de Europa. La dificultad para acceder a salarios dignos y una fuerte dependencia de la publicidad institucional, son los principales indicadores y causantes de la falta de independencia editorial de los medios que también viene generada por la creciente polarización.

El indicador político desciende hasta los 71,25 puntos (−1,21), con una caída de dos posiciones hasta el puesto 28. En el informe de RSF, subrayan, en referencia a la delicada situación que atraviesa RTVE, que “la frontera entre información y opinión se desdibuja y debilita los estándares profesionales”. Además, existe un conflicto entre el Consejo de Informativos y la dirección, que “preocupa a RSF y contraviene la EMFA”.

De la mano del aumento de la polarización, se registra también un auge de la violencia digital y el ciberacoso. El informe subraya que el crecimiento de la violencia digital afecta de manera especialmente intensa, sistemática y personalizada a las mujeres periodistas.

Siguiendo la línea del resto de países, el marco legal también representa una de las mayores preocupaciones para el ejercicio del periodismo en España. Desde RSF señalan a las conocidas SLAPP o acciones judiciales abusivas, como una de las principales fuentes de coerción hacia los profesionales. “Estas prácticas no solo proceden de actores políticos o de su entorno, sino que en algunos casos vienen directamente del ámbito judicial, erosionando la libertad de información y fomentando la autocensura”, cuentan desde la organización. Además, se critica la incapacidad del Gobierno para reformar la "Ley Mordaza" o revisar los delitos de opinión. 

Desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, la calidad democrática del país ha caído a mínimos históricos. EEUU ha pasado de ocupar el puesto 57 el pasado 2025 al 64 este año, con un descenso de siete posiciones. Al menos, así lo señala el informe que apunta directamente al presidente: “Donald Trump ha convertido los ataques contra la prensa y los periodistas en una práctica sistemática”. 

La seguridad de los periodistas en el país norteamericano se ha visto erosionada debido a las violentas represiones policiales, a los drásticos recortes en plantilla de la Agencia Estadounidense de Medios Globales (USAGM) y a la suspensión y reducción de personal de medios de comunicación. Esto, según RSF, se ha visto reflejado en acontecimientos como el de la detención y deportación del periodista salvadoreño Mario Guevara.

Trump, además, marca tendencia fuera de las fronteras estadounidenses y sus homólogos latinoamericanos como Javier Milei en Argentina o Nayib Bukele en El Salvador, siguen sus pasos. Ambos países registran un retroceso significativo debido, entre otros factores, al declive de los indicadores del clima político y social, confirmando el aumento de la hostilidad y de las presiones gubernamentales hacia la prensa. 

El fotoperiodista salvadoreño Diego Rosales ha sido detenido este viernes en Sevilla cuando solicitaba asilo político en España, debido a la activación de una alerta de búsqueda y captura de Interpol.

Fuentes policiales han explicado a EFE que Rosales acudió a la Subdelegación del Gobierno para solicitar protección internacional y un funcionario avisó a la Policía Nacional al activarse una circular roja de Interpol, una notificación para la detención provisional y extradición.

El fotoperiodista, de 24 años, será custodiado la noche de este viernes en las instalaciones centrales de la Policía Nacional en Sevilla, a la espera de pasar a disposición judicial este sábado.

La orden la emitió El Salvador por tráfico de bitcóins, ha informado a EFE la abogada que se hará cargo de su representación en el juzgado de guardia este sábado, después de haber estado asistido por el turno de oficio este viernes.

Por su parte, fuentes jurídicas han indicado a EFE que no constaba en la petición internacional de detención que fuera periodista.

El juzgado de guardia puede decretar la puesta en libertad de Rosales, aunque es previsible que dé traslado de la solicitud de asilo político y de la notificación roja de Interpol a la Audiencia Nacional para que dirima.

El periodista salvadoreño llegó a España hace unas pocas semanas, según ha explicado a EFE otra abogada que ha colaborado con él en Sevilla de forma previa a su solicitud de asilo por persecución política en El Salvador, debido a que su vida corre peligro en el caso de extradición.

Rosales se licenció en comunicación social y periodismo en la Universidad Centroamericana y ha ejercido como reportero gráfico en Agencia Presentes, La Prensa Gráfica, El Faro, La Jornada y Zuma Press, entre otros medios.

Se ha especializado en fotografías sobre asuntos relacionados con derechos humanos, sociedad y política.

El presidente de la sección española de Reporteros Sin Fronteras (RSF), Alfonso Bauluz, ha pedido, en declaraciones a EFE, "la inmediata puesta en libertad" de Diego Rosales porque "la cooperación policial no puede ser usada por dictadores y autoritarios para perseguir reporteros fuera de sus fronteras".

"Bukele, que arrienda sus servicios como carcelero, quiere intimidar y amordazar a la prensa, el único contrapoder que queda en El Salvador", ha añadido Bauluz.

La libertad de prensa en todo el mundo vive su peor momento desde que Reporteros sin Fronteras (RSF) empezó a elaborar su índice en 2002 debido a la mala situación económica de los medios, que pone en peligro su supervivencia y amenaza la integridad de su trabajo, informa EFE.

En su informe anual sobre la libertad de prensa publicado este viernes, RSF alerta de que "por primera vez en la historia del ranking", "la situación de la libertad de prensa se vuelve ‘difícil’ a nivel mundial".

Los medios de comunicación "se encuentran atrapados entre la garantía de su independencia y su supervivencia financiera", añade. "La mitad de los países evaluados tiene malas condiciones para el ejercicio del periodismo y tan solo un país de cada cuatro tiene una buena situación", explica a EFE Elena G. Viscasillas, portavoz de RSF en su sede de París. 

La organización recalca que esta coyuntura ha dañado aún más una situación de los medios "ya de por sí maltrecha" por un mercado publicitario controlado por Google, Apple, Meta, Amazon y Microsoft, que en 2024 captaron ingresos publicitarios en sus plataformas sociales "mayoritariamente no reguladas" por 247.300 millones de dólares, un 14% más que en 2023.

"Sin independencia económica, no hay prensa libre. Cuando los medios de comunicación son económicamente frágiles, se ven arrastrados a la carrera por la audiencia a costa de la calidad y pueden convertirse en presa de oligarcas o de responsables políticos que los instrumentalizan", señala en el documento Anne Bocandé, directora editorial de RSF

RSF apunta a EEUU como el país "líder de la depresión económica" en los medios y le coloca en el puesto 57 del índice (pierde dos respecto a 2024 y 12 desde 2023), en primer lugar porque algunas zonas se han convertido en "desiertos informativos" por el cierre de medios.

Además, señala que el segundo mandato de Donald Trump "ha agravado esta situación" a nivel global, con el cese de la financiación de medios como Voice of America o Radio Free Europe, lo que ha privado "de la noche a la mañana" a más de 400 millones de personas de todo el mundo de acceso a una información fiable. 

La congelación de fondos de USAID también ha afectado a cientos de medios, algunos de los cuales ya están cerrando, como en Ucrania, donde el 90 % de los medios depende de donaciones extranjeras. 

RSF denuncia que en 46 países la propiedad de los medios está muy concentrada en manos privadas o del Estado.  Recalca que esa hiperconcentración de los medios es "motivo de preocupación en países bien posicionados", como Finlandia (5), Canadá (21) o Australia (29).

En Francia (25, cuatro puestos menos en un año), ocho grandes fortunas poseen una veintena de cabeceras que totalizan el 81% de la difusión de los diarios nacionales y el 95% de la de los semanarios nacionales.

La clasificación anual esta encabezada por noveno año consecutivo por Noruega, el único país con una situación "buena" en los cinco indicadores que componen la clasificación. 

Le siguen Estonia, Países Bajos, Suecia, Finlandia, Dinamarca e Irlanda. Los quince primeros países son europeos, y en el puesto 16 aparece Nueva Zelanda. España figura en el puesto 23, con lo que mejora siete posiciones respecto al año pasado.

La última posición vuelve a ser para Eritrea (180) y justo por encima figuran Corea del Norte, China (cae seis puestos), Siria, Irán y Afganistán.  En 42 países, que suman el 56,7 % de la población mundial, la situación de la libertad de prensa es "muy grave", avisa RSF. 

Por regiones, los cambios en la lista muestran cómo se amplía cada vez más la brecha entre Europa Occidental y el resto de zonas, incluso Europa Oriental. 

Rusia pierde 9 puestos y se sitúa en el 171, con lo que entra en los diez peores. "Los medios están controlados por el Estado o por oligarcas cercanos al Kremlin", indica RSF. 

En América, 22 de los 26 países han visto un deterioro del indicador de salud económica de los medios.  Argentina prosigue su caída en la calificación hasta el puesto 87 (cae 47 posiciones en dos años). El país peor situado del continente es Nicaragua (172), donde el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo "ha erradicado la prensa independiente", destaca Reporteros.

Cuba ocupa el 165, Venezuela el 160 y Honduras el 142. México figura en el puesto 124, mientras que Colombia aparece en el 119. El país latinoamericano mejor situado es Costa Rica (36), que aún así cae diez posiciones. Brasil figura en el 63, con lo que recupera 47 posiciones en dos años tras la salida del poder de Jair Bolsonaro.

El mapa del informe, que como es habitual colorea a los países en función de la situación de su libertad de prensa, evidencia cómo el color oscuro se ha extendido considerablemente desde el año pasado en una amplia zona que comienza en el este de África y se extiende por Rusia y prácticamente todo Oriente Medio y Asia.

Menos de dos meses antes del repentino derrumbe del régimen de Bashar al Asad en Siria, la Dirección General de Inteligencia (DGI) seguía con su trabajo de rutina, que incluye el espionaje a periodistas. En concreto, el departamento tenía en el punto de mira a Syrian Investigative Reporting for Accountability Journalism (Siraj), según documentos descubiertos en la sede de la DGI después de que los grupos rebeldes tomaran el poder el pasado día 8.

Siraj reúne a un grupo de periodistas que en 2019 empezó a publicar reportajes sobre la corrupción y los abusos de los derechos humanos bajo el régimen de Al Asad. Los documentos de la DGI revelan que la agencia había confeccionado una siniestra teoría sobre ellos.

“La plataforma mencionada es simplemente una fachada para actividades de espionaje, que recopila información y conecta [con] fuentes para obtener inteligencia sobre las instituciones militares y de seguridad de Siria en varios niveles”, se lee en uno de los documentos encontrados. La acusación es falsa, pero refleja la visión paranoica del régimen de Bashar Al Asad sobre los medios de comunicación independientes, una actitud que a menudo se volvió violenta.

Las fuerzas de seguridad de Al Asad secuestraron a cientos de periodistas a lo largo de la guerra y Reporteros Sin Fronteras (RSF) asegura que 23 seguían en prisión el día de la caída del régimen. Otros siete periodistas “fueron víctimas de desapariciones forzadas, secuestrados en lugares desconocidos”, explica la organización en un comunicado.

El régimen de Bashar al Asad y sus aliados han asesinado al menos a 181 profesionales de los medios de comunicación desde 2011, según RSF. Ese fue el año en que estallaron las protestas de la Primavera Árabe, cuando los ciudadanos salieron a la calle para exigir reformas democráticas en una región dominada por gobiernos autocráticos. En Siria, las fuerzas de Al Asad emprendieron una sangrienta represión, desencadenando una guerra civil que se ha cobrado la vida de más de 500.000 personas.

Pero las matanzas habían comenzado mucho antes, y es posible que nunca se conozca el número real de activistas, periodistas y personas percibidas como opositores al régimen que han sido asesinados. “A lo largo de más de cinco décadas, la dictadura de Al Asad [se convirtió] en una máquina de hacer desaparecer los cuerpos de sus víctimas en fosas comunes”, destaca a OCCRP Thibaut Bruttin, director general de RSF.

Pero desde que Bashar al Asad voló a Moscú la noche antes de que las fuerzas rebeldes arrasaran la capital, Damasco, han salido a la luz aún más detalles de los crímenes del régimen. Sin Al Asad, sus colaboradores en muchos sectores del gobierno huyeron de sus oficinas, incluida la Dirección General de Inteligencia.

La coalición rebelde liderada por el grupo Hayat Tahrir al Sham (HTS) ha permitido a periodistas e investigadores rebuscar entre montañas de papeles del gobierno, algunos de los cuales dejan constancia de los crímenes del régimen. “Nos permitían hacer fotos, pero estaba prohibido sacar los documentos de la oficina”, apunta Feras Dalatey, un periodista sirio que visitó la sede de la DGI el pasado día 20 y descubrió el expediente sobre el Siraj.

El expediente descubierto por Dalatey revela que la DGI interpretaba las prácticas periodísticas normales llevadas a cabo por los reporteros de Siraj –entrevistas, examen de documentos– como un trabajo de inteligencia encubierto. “Esta información se comparte después con una red de organizaciones internacionales occidentales vinculadas a agencias de inteligencia estadounidenses y europeas”, según consta en un memorando dirigido al director general de la DGI.

La afirmación es sorprendente, ya que Siraj publica sus hallazgos en su propio sitio web y con medios de comunicación asociados, por lo que la información que obtienen los reporteros está al alcance de cualquiera.

El memorando de la DGI menciona a “importantes organizaciones internacionales que colaboran con la dudosa plataforma denominada Siraj e intercambian información con el pretexto de compartir conocimientos”. Entre ellas, se cita no sólo a OCCRP, sino también a medios europeos como El País, The Guardian o Der Spiegel. Por ejemplo, en esa lista figura también la Global Investigative Journalism Network (GIJN), que agrupa a organizaciones sin ánimo de lucro. “El documento tergiversa el trabajo de GIJN y el de los periodistas de investigación”, responde Emilia Díaz-Struck, directora ejecutiva de la organización.

El memorando de la DGI se centra en un artículo publicado por Siraj y OCCRP el pasado mes de septiembre donde se revelaban las lagunas en el sistema de sanciones que permitían al ejército sirio obtener camiones de fabricación sueca. “Tras la publicación de estos hallazgos, varios políticos y parlamentarios suecos han exigido que el Consejo de la Unión Europea en Bruselas revise su política de sanciones contra Siria”, se queja la nota de la DGI.

El 17 de octubre, el director general de la DGI autorizó una operación para espiar a Siraj. El memorando en el que se solicitaba esa operación muestra cómo la red de inteligencia del departamento se extendía fuera de Siria. “Instruya a nuestras estaciones en el extranjero para que sigan el asunto y nos proporcionen la información disponible, incluyendo las identidades detalladas de los operativos que dirigen la plataforma sospechosa bajo la tapadera de ser periodistas”, solicitaba el autor del memorando.

En aquel momento, el director general de la DGI era Husam Luqa, sancionado por la Unión Europea y apodado La Araña. Se encuentra en paradero desconocido y no respondió a las preguntas que OCCR le ha enviado por WhatsApp. Aunque Luqa aprobó la operación, en los documentos no queda claro qué activos se desplegaron ni qué actividades concretas se llevaron a cabo. El régimen se derrumbó poco después.

Sin embargo, al poco de redactarse esa nota, dos agentes armados de la DIG se presentaron en el lugar de trabajo en Damasco del padre de un periodista de Siraj que vive en el extranjero. Le interrogaron durante tres horas sobre su hijo y registraron su teléfono. Por miedo a ser detenidos, la familia del periodista abandonó su domicilio unos días después del interrogatorio.

Por aterrador que fuera aquel interrogatorio, muchos sirios sufrieron cosas mucho peores bajo el régimen de Al Asad. Los servicios de seguridad eran conocidos por torturar a ciudadanos para sonsacarles información. Las cárceles se llenaban de sospechosos de trabajar contra el régimen, mientras que miles de personas simplemente desaparecían.

Tras la marcha de Bashar al Asad y la instauración de un gobierno provisional, las víctimas y sus familias exigen responsabilidades. Pero la pregunta sigue siendo: ¿Cómo se llevará a cabo ese proceso?

“La justicia internacional ofrece varias vías para procesar a Al Asad por los asesinatos de periodistas durante los años de represión que siguieron al levantamiento popular de 2011”, indica Bruttin, de RSF. “Sin embargo, cabe esperar que la propia justicia siria pueda hacer ese trabajo en un futuro próximo”.

Sea cual sea la vía legal elegida, Bruttin advierte de que la justicia no llegará pronto, ya que los investigadores necesitan identificar a las víctimas y reunir pruebas contra los responsables. “Un largo camino espera a todos aquellos que quieran hacer rendir cuentas a los responsables de estos crímenes atroces»”, subraya.

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), una organización independiente que publica un censo anual de periodistas asesinados y encarcelados, también ha instado al nuevo gobierno sirio a exigir responsabilidades por los trabajadores de los medios de comunicación asesinados y encarcelados durante la guerra civil. “El Comité para la Protección de los Periodistas pide a las autoridades que tomen medidas decisivas para garantizar la seguridad de todos los periodistas», añade el CPJ.

Si bien el régimen de Bashar al Asad es responsable de la muerte de al menos 181 periodistas, según RSF, otros 102 fueron asesinados por el resto de las partes del conflicto. Entre ellos figuran seis periodistas muertos a manos del grupo Hayat Tahrir al Sham, que ahora dirige el país y que no ha respondido a la solicitud de comentarios que le envió OCCRP.

Restablecer la confianza en el sistema judicial es una prioridad para el nuevo gobierno, ha declarado a la cadena catarí Al Jazeera un portavoz de HTS. Lo que incluye crear tribunales especiales para juzgar a los miembros y partidarios del régimen de Al Asad que “cometieron crímenes contra los sirios”, anunció.

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Con información adicional de David Kenner (ICIJ) y Feras Delatey

2022 se ha convertido en un año negro para el oficio del periodismo. Con un total de 533 periodistas encarcelados, se coloca como el año con la cifra más alta de informadores en prisión registrada por Reporteros Sin Fronteras. El 63,6% (339 periodistas) está entre rejas si haber sido ni siquiera juzgado. El balance de 2022 de periodistas encarcelados, asesinados, secuestrados y desaparecidos en el mundo realizado por RSF muestra un aumento de la violencia contra la libertad de información con respecto a 2021. 

Rusia e Irán son los nuevos puntos donde poner el foco. El país islámico se coloca en el tercer puesto en la lista de estados con más periodistas encarcelados, con un total de 47. Este hecho es especialmente llamativo tras las protestas por la muerte de Masha Amini, una joven de 22 años detenida el pasado septiembre en Teherán por no llevar una “indumentaria apropiada” según la policía de la moral. Antes de las protestas, el país contaba con 13 periodistas encarcelados. Es decir, se ha enviado a prisión a 34 nuevos informadores en menos de cuatro meses.

China es sin duda la mayor cárcel de periodistas a nivel mundial, con un total de 110 profesionales de la información en prisión. Aunque el número de profesionales encarcelados se ha reducido con respecto al año pasado (127), no es tanto síntoma de una mejora de la situación sino que la censura y la vigilancia están apoderándose de la profesión, según RSF. 

Edith Cachera, vicepresidenta de RSF España, en conversación con infoLibre, asegura que China está "herméticamente cerrada" y que "es lo más parecido a un Gran Hermano que existe" debido a las limitaciones que hay, por ejemplo, en las redes sociales y la comunicación con el resto de países. "China es el régimen más sofisticado y opresor ahora mismo del mundo. No hay periodismo".

El otro estado por delante de Irán en esta terrorífica clasificación es Birmania. Este país ha sufrido un aumento sin precedentes de la persecución al periodismo desde febrero de 2021, cuando triunfó el golpe de la junta militar. Desde entonces hay numerosos medios prohibidos, y un total de 62 periodistas encarcelados, nueve más que el año pasado. 

Por su parte, Vietnam mantiene en la cárcel a 39 periodistas en sus continuados esfuerzos por atenazar a la prensa independiente. Bielorrusia ha llevado a cabo más de 500 detenciones en dos años, de los cuales 31 continúan presos. Rusia aparece en la lista tras la invasión de Ucrania el pasado febrero. Hay 18 periodistas encarcelados en ese país. Además, los informadores que han optado por quedarse pese a tener que trabajar en la clandestinidad se arriesgan a 15 años de cárcel si son acusados de difundir noticias falsas sobre el Ejército ruso.

El periodista de investigación ruso Ivan Safronov fue condenado en septiembre a 22 de años de cárcel acusado de haber revelado “secretos de Estado” —aunque ya eran públicos en Internet— y por alta traición. Esta es la condena "más abultada" registrada por Reporteros Sin Fronteras en 2022, además, según Europa Press, es una de las condenas más severas impuestas en la historia moderna de Rusia en relación con el artículo sobre traición contra el Estado ruso.

Todos los datos apuntan a un incremento notable —de un 13,4%— respecto a los encarcelamientos de periodistas del año anterior. Y es que parece ser una tendencia al alza desde hace unos años. El balance anual de 2020 de RSF desvelaba un total de 387 periodistas encarcelados, 146 menos que este año. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el contexto de la pandemia provocada por el covid-19 restringió mucho el movimiento, por lo que los periodistas no tuvieron la misma movilidad que este año.

En cuanto a las mujeres, los datos tampoco son positivos. El encarcelamiento de mujeres periodistas tampoco ha cesado, al contrario. Las periodistas en prisión han aumentado un 27,9% respecto a 2021, mientras que los compañeros masculinos lo han hecho un 11,2%. Este hecho se ve respaldado por una feminización de la profesión que afecta a todos los ámbitos, lo que implica que también este año se haya asesinado a más mujeres.

Los asesinatos a periodistas también se han vuelto más comunes en 2022, según el balance de RSF. Son 57 los asesinados por ejercer su profesión: 53 de ellos periodistas profesionales y 4 trabajadores de medios. Esto se corresponde con un 18,8 más con respecto a 2021.

Aunque la invasión de Ucrania ha sido uno de los detonantes de esta cifra, solo explica el aumento de asesinados en zonas de conflicto. Sin embargo, el 64,9% —casi siete de cada diez— de los fallecidos lo han hecho en zonas consideradas de paz. México se pone en cabeza un año más con 11 periodistas asesinados, cuatro más que el 2021. En la lista de países considerados como los más peligrosos está Ucrania en segundo lugar, con ocho periodistas asesinados en 2022. Le sigue Haití, un país que, pese a no tener ningún periodista preso actualmente, ha registrado seis asesinatos de profesionales de información.

El año cierra con un récord sangriento en América, continente en el que se han llevado a cabo casi la mitad de los asesinatos a periodistas (el 47,4%). Según los datos recogidos por RSF, se trata del año con más asesinatos de los últimos 20.

La periodista mexicana Lourdes Maldonado López sabía que estaba en peligro. Desde hacía más de un año tenía medidas de seguridad: la policía vigilaba su domicilio y la periodista disponía de un “botón de pánico” en su vivienda. Sin embargo, no fue suficiente. Fue asesinada delante de su propio domicilio el 23 de enero de 2022 en Tijuana.

El caso de Baktash Abtin muestra también la crueldad de estos asesinatos. En este caso, el periodista falleció en una prisión de Irán por falta de atención médica al ser trasladado al hospital demasiado tarde, aunque los funcionarios de la prisión habían informado del empeoramiento drástico de su salud. De este modo, los periodistas no mueren solo en el terreno, también lo hacen en las cárceles. "La falta de atención médica se utiliza frecuentemente por parte de las autoridades iraníes para acallar a las voces disidentes", según la web de RSF.

La mayoría de estos asesinatos (el 80%) han sido de forma deliberada por el hecho de ser periodistas: tanto por causas relacionadas con su profesión como por los temas que trataban. En referencia a los temas, algo a destacar es que el medio ambiente se ha transformado en un tema peligroso: cuatro periodistas que investigaban el acaparamiento de tierras por grandes grupos industriales y la deforestación han sido asesinados durante el año. Otros de los temas considerados arriesgados son las zonas de conflicto, el crimen organizado, la corrupción y las manifestaciones.

En el lado contrario, la ausencia de asesinatos y encarcelamientos en Catar es algo sorprendente. La vicepresidenta de RSF España asegura a infoLibre que el país en el que estos días se celebra el Mundial de Fútbol es uno "en los que impera tanto la autocensura que no hay problemas. No hay prensa molesta". Asegura que el miedo y la autocensura hacen imposible el ejercicio periodístico libre, por lo que los encarcelamientos y los asesinatos de periodistas son algo inviable.

Polonia aparece en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de RSF en el puesto 66 de un total de 180. Esto significa que "la concienciación pública sobre la libertad de prensa sigue siendo débil" en el país. Algunos medios se han convertido en instrumentos de propaganda y en ocasiones se controla la información y las líneas editoriales. En este contexto, el periodista español Pablo González lleva detenido desde la noche del 27 al 28 de febrero.

Su caso no consta en el balance presentado por Reporteros Sin Fronteras. Edith Cachera explica a infoLibre que en ese balance solo registran lo que con certeza son detenciones arbitrarias. Aunque recuerda que RSF ha defendido en muchas ocasiones el caso del español y que "están al pie del cañón" con este tema, asegura que "no podemos afirmar que [Pablo González] está detenido arbitrariamente porque no se sabe". Además, explica que condenan "una y otra vez que la justicia polaca está tardando, pareciera que intencionadamente, para dilatar esto sin presentar pruebas. Aún no nos han dicho en qué se basan; no podemos saberlo".

Reporteros Sin Fronteras ha alzado la voz este jueves por el "auge de los litigios abusivos" sufridos por varios medios de comunicación en España, entre ellos infoLibre, denunciado hace un año por Teodoro García Egea y Fernando López Miras y hace unos meses por el exjuez de Vox, Francisco Serrano. La organización ha querido poner el foco de este modo en la proliferación de los conocidos como SLAPP (Strategic Lawsuits Against Public Participation), una estrategia para "amedrentar a medios y redactores" acusándoles de delitos de atentados al honor o de revelación de secretos. infoLibre, precisamente, fue denunciado por los dirigentes del PP y por el excandidato a la Presidencia de Andalucía por este último delito.

Como publicó este periódico el año pasado, las instituciones europeas ya mostraron su preocupación por estas estrategias de desgaste e intimidación, cuyo objetivo no es tanto vencer en los tribunales, sino infundir temor en sus víctimas para intentar que en el futuro se lo piensen dos veces antes de denunciar las prácticas sospechosas de políticos o grandes empresas. Se trata, por tanto, de "una amenaza para el debate público pluralista, ya que pueden conducir a que sus víctimas se autocensuren", en palabras de la Comisión Europea, que advierte además de que las SLAPP "pueden tener un efecto disuasorio sobre otras posibles víctimas, que pueden decidir no hacer valer su derecho a investigar e informar sobre cuestiones de interés público".

En este sentido, Reporteros Sin Fronteras recuerda que el año pasado el director de infoLibre, Daniel Basteiro, y la redactora Alicia Gutiérrez tuvieron que acudir a declarar ante el juez por la denuncia de Teodoro García Egea y Fernando López Miras después de que este medio publicara e junio de 2021 los mensajes de móvil en los que el presidente de la Región de Murcia mediaba en la operación quirúrgica de un familiar del secretario general del PP. Los conservadores acusaban a este periódico de "revelación de secretos", un delito que puede comportar una pena de hasta cinco años de cárcel. Sin embargo, la justicia dio la razón a infoLibre y archivó, el pasado mes de mayo, la denuncia. Recalcó, además, la "diligencia" en el contraste de la noticia.

Poco después, en el mes de septiembre, el exjuez Francisco Serrano, también excandidato de Vox a la Presidencia de Andalucía, se querelló contra este periódico y contra el periodista Ángel Munárriz por una supuesta revelación de secretos en las informaciones publicadas sobre las irregularidades cometidas en su actividad empresarial, por las que está siendo investigado en un caso de posible fraude de subvenciones de 2,4 millones de euros.

"Las informaciones publicadas por el periodista sobre este caso llevaron a la apertura de investigaciones policiales y judiciales, que no solo las han ratificado, sino que se han saldado con la imputación por fraude de Francisco Serrano, su dimisión como diputado y presidente del grupo parlamentario en Andalucía, su renuncia a todos los cargos en Vox y el embargo de sus bienes", recuerda Reporteros Sin Fronteras.

“En la mayoría de los ‘procesos mordaza’ contra medios y/o periodistas en España, el fin último no es tanto la cárcel, pues hay una doctrina del Tribunal Constitucional muy protectora para con el derecho a la información, como el amedrentamiento. El objetivo es silenciar, asustar y promover la autocensura no solo del medio y los redactores afectados, sino de otras publicaciones, además de erosionar los recursos humanos, económicos, de tiempo y hasta psicológicos de los demandados. España debe dotarse de instrumentos legales que castiguen el uso de la justicia con fines intimidatorios contra la prensa”, afirma Edith Rodríguez Cachera, vicepresidenta de RSF España.

“El hecho de pasar a formar parte del club de afectados por el ‘lawfare’ crea una sensación de vulnerabilidad en los trabajadores. La angustia ante cargos que pueden comportar la entrada en prisión, el riesgo reputacional de ser condenado, las dudas que inevitablemente surgen sobre si podría haberse hecho mejor o con menos exposición a un proceso judicial… Es evidente que estas denuncias siempre consiguen, en parte, su objetivo. La normalidad a la hora de valorar el interés público comienza a incorporar inevitablemente evaluaciones de riesgos, a veces inconscientes, que pueden ser el germen de la autocensura para evitar problemas, pérdidas de tiempo y energía”, explica Daniel Basteiro, director de infoLibre, en la denuncia pública de Reporteros sin Fronteras. El compromiso de infoLibre sigue intacto, pese a todo, y nunca ha sido condenado en los tribunales en sus casi 10 años de vida pese a los continuos intentos de algunos actores políticos.

Según Munárriz, un procedimiento como el del exdirigente de Vox Francisco Serranos busca "amedrentar al medio y a mí mismo, así como a posibles fuentes del periódico, para lograr una reducción de la cobertura del caso. Luego, persigue disuadir a otros medios de seguir un tema que ha comportado una denuncia por un delito castigado con cárcel. Además, intenta conseguir que el caso ya no parezca lo que es –una investigación penal por un posible fraude de subvenciones a una persona de relevancia pública–, sino un enfrentamiento entre dos partes. Por último, el fin es desacreditar a infoLibre, presentándolo como un medio ideologizado y movido por intereses espurios, negando su condición de medio solvente, especializado en artículos en profundidad e investigación, lo cual constituye la base de su oferta”.

Como destaca RSF, infoLibre es un medio que se sostiene mayoritariamente gracias a sus socias y socios, que contribuyen con una suscripción, y demandas como las que recibe pueden minar la sostenibilidad del periódico y poner en riesgo su viabilidad.

Por otro lado, la organización también recuerda la denuncia de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, al director de elDiario.es, Ignacio Escolar, y a su periodista Raquel Ejerique, que destaparon el famoso caso máster, que demostró que la expresidenta madrileña obtuvo un título de postgrado de forma fraudulenta, lo que acabó provocando su dimisión. La causa, que también se inició por una supuesta revelación de secretos, acabó archivada.

Eso tuvo lugar en 2018. Cuatro años más tarde, en 2022, El Confidencial publicó que había sido denunciado que Iberdrola había presentado una demanda millonaria contra Titania, grupo editor del periódico, y contra los tres autores de las noticias que, desde hacía dos años, habían puesto en jaque al presidente del gigante eléctrico español, Ignacio Sánchez Galán, por las supuestas gestiones con el excomisario Jose Manuel Villarejo para que éste realizase presuntos espionajes a políticos y empresarios. La Audiencia Nacional todavía investiga el caso en el que la empresa acusa al medio y a algunos de sus periodistas de atentado contra su honor.

El pasado mes de abril, como recuerda Reporteros sin Fronteras, la Comisión Europea presentó una propuesta de directiva para luchar contra las SLAPP y proteger a los periodistas, proponiendo medidas como prever garantías procesales contra los "litigios mordaza" y sanciones. Sin embargo, la organización lamenta "que esta directiva apunte solo a casos transfronterizos —como las investigaciones de consorcios de medios— y a los que se hallan en el ámbito civil, pues Bruselas carece de competencias para legislar sobre casos nacionales y de ámbito penal. Por ello, Reporteros Sin Fronteras insiste en que los Estados de la UE, incluida España, adopten las recomendaciones de la Comisión y aprueben legislaciones protectoras.

Reporteros Sin Fronteras España (RSF), en colaboración con las investigadoras de la Universidad de Valladolid, Dunia Etura y Cristina Martín Sánchez, ha publicado este martes un informe sobre la situación de los periodistas españoles que cubren el conflicto ucraniano sobre el terreno. En él se destaca que, de los 135 reporteros localizados, el 48,7% de los reporteros sobre el terreno son freelance y, de estos, el 16% colabora con varios medios a la vez, sin formar parte de su plantilla. A estos le sigue un 43,6% que forma parte de la plantilla de un medio de comunicación.

Por otro lado, según desvela la organización, 36% de los freelance no tiene experiencia en conflictos, un porcentaje que aumenta en el caso de los contratados por algún medio, hasta el 40%.

Además, el 25% de los profesionales españoles en Ucrania tienen menos de cinco años de experiencia profesional y, de ellos, más del 10% no llega al año. En el caso de los freelance, estas cifras se elevan hasta un 50% con menos de cinco años de experiencia, lo que se vincula directamente con la precariedad económica que afrontan en el ejercicio de la profesión.

El 16% de los freelance no obtiene más de 50 euros de remuneración por pieza. De los reporteros contratados por cuenta ajena, casi la mitad percibe un salario inferior a los 2.000 euros y un 7% no alcanza el salario mínimo interprofesional, actualmente fijado en 1.000 euros.

El 73,1% cuenta con equipos de protección, frente al 26,9% que está desprotegido. Además, RSF distingue entre freelance y reporteros por cuenta ajena y observa que un 61% de freelance cuenta con protección, mientras que aquellos que trabajan contratados en medios de comunicación llegan al 90%. A esto hay que añadir que el 28% no cuentan con un seguro de guerra.

Cerca de la mitad de quienes no cuentan con equipo propio, contactó con RSF para solicitarlos. La organización ha facilitado chalecos y cascos a centenares de periodistas, entre ellos españoles y ucranianos, así como seguros de guerra en los Press Freedom Centers de Lviv y Kiev.

Un tercio de los periodistas desplazados a Ucrania son mujeres y el 15% de ellas ha sufrido algún tipo de discriminación durante la cobertura del conflicto por ser mujer. A esto hay que sumarle que, aunque ninguna ha sufrido ningún tipo de hostigamiento o de intimidación por razón de género, un 46% de ellas afirma recibir acoso en redes, muy por encima de lo que manifiestan sus compañeros hombres.

Sobre la relación con el equipo de trabajo y colaboradores un 36% ha afirmado que han observado algún tipo de diferencia en el trato por el hecho de ser mujer.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, y el presidente de Reporteros Sin Fronteras, Alfonso Bauluz, han firmado un acuerdo de colaboración para facilitar la inserción sociolaboral de las personas refugiadas profesionales de la comunicación, especialmente de los llegados de Afganistán y Ucrania.

Según los datos del Ministerio de Inclusión, recogidos por Europa Press, un total de 450 ucranianos llegados en los últimos meses huyendo de la guerra son profesionales de la comunicación, mayoritariamente mujeres, y unos 25 afganos también tienen este perfil laboral.

El marco de colaboración pretende establecer un mecanismo de intercambio de información para garantizar una buena cooperación entre las partes; identificar el perfil educativo y profesional de aquellas personas afganas y ucranianas acogidas y facilitar su contacto con los responsables que designe Reporteros Sin Fronteras.

Asimismo, se determinarán las posibilidades de empleo que permitan la inserción laboral de estas personas y se realizará un seguimiento de quienes consigan acceder a un trabajo.

El Gobierno, tanto en el caso de la evacuación de los refugiados afganos iniciada en la segunda quincena del mes de agosto de 2021, como ante la invasión de Ucrania por Rusia hace tres meses, "se ha centrado en facilitar no solo la acogida y la documentación de estas personas sino también en dar continuidad a los estudios de estos refugiados y permitir su inserción sociolaboral en España", ha señalado el ministro Escrivá.

Por ello, considera de "máxima importancia" esta colaboración, al tiempo que "es un reconocimiento absoluto a la labor que hacen muchos periodistas arriesgando su vida, a veces, para informarnos de las barbaries que hay en el mundo".

Con esta iniciativa, ha señalado el ministro de Inclusión, "España vuelve a dar muestras de su generosidad y solidaridad con estas personas afectadas por conflictos en sus respectivos países que han tenido que abandonar no solo su tierra y sus familias, sino también sus estudios y profesiones".

Por su parte, Alfonso Bauluz ha puesto en valor la importancia de esta colaboración, asegurando que este acuerdo es "la fórmula para ayudar en su formación a los periodistas que lleguen a España en estas circunstancias, y acompañarles en la búsqueda de una vida normal". El presidente de Reporteros Sin Fronteras ha incidido en que "el reto más difícil para nosotros es que sigan trabajando como periodistas aquí", razón por la cual, "este acuerdo es tan importante y facilitará que así sea".

España se sitúa en el puesto 32 de la Clasificación Mundial de Libertad de Prensa, que elabora Reporteros Sin Fronteras (RSF) y que ha presentado este martes, lo que supone una caída de tres posiciones respecto al año pasado, ha recordado Europa Press.

En opinión de RSF, "unos medios cada vez más opinativos y una precarización creciente de la profesión" hacen caer a España en el ránking, pese a la mejora de la seguridad de los periodistas y los avances legislativos. Para la organización, la polarización mediática y el deterioro económico del sector contrarrestan la mejora del clima informativo en España.

Para la realización del informe, RSF ha implantado una nueva metodología con cinco nuevos indicadores como el marco legal, sociocultural y económico, sobre los que se basa la clasificación (junto al balance de agresiones del año): marco legal, el sociocultural o el económico. Es precisamente en este último en el que España anota su peor resultado, pese a haber registrado, en conjunto, un buen año para la libertad de prensa, con muchas menos agresiones que en los últimos años y sin haberse visto afectada por las olas de violencia de manifestaciones antivacunas de otros países.

RSF recuerda que se tramita en el Congreso la posible derogación de los llamados delitos de expresión —injurias a la Corona, a los sentimientos religiosos, apología del terrorismo, etc—; el artículo de la ley mordaza que penalizaba la captación de imágenes por la prensa ha sido declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional y las disposiciones más polémicas de esta ley están también en trámites para ser derogadas por las Cortes.

En su opinión, "no es un año en el que el contexto político haya afectado seriamente a la libertad de prensa en España, pese a la falta de transparencia mostrada por los gobiernos central y autonómicos con la información pública sobre la pandemia, y pese al clima de animadversión a la prensa generado esencialmente por la ultraderecha"; pero, según añaden, "lo que penaliza a la posición española es el contexto económico de los medios, tanto en lo que respecta a la excesiva concentración del mercado, como a las graves dificultades para crear un medio, las nulas ayudas para impulsar el surgimiento de nuevas publicaciones y le grave precarización de los profesionales".

Por ello, consideran que la esfera política no es "tan responsable" este año de las carencias de la libertad de prensa, "como lo es acaso la esfera mediática". "Una excesiva concentración hace muy difícil la aparición de nuevos medios alternativos, que deben luchar ferozmente contra las cabeceras más asentadas por suscriptores a su vez afectados por la situación económica".

Por otra parte, el informe hace alusión a "la grave precarización de la profesión, que comenzó a instalarse en con la crisis de 2008 y que ya adquiere tintes crónicos e impacta seriamente a la libertad de prensa". Advierten de que los profesionales de la información que no ejercen en condiciones dignas de trabajo "son mucho más vulnerables a las presiones y la autocensura".

Es destacable, además, en el análisis español, el "gran clima de polarización mediática que afecta a unos medios de comunicación cada vez más próximos a medios de opinión". Para RSF, España es un "claro ejemplo de la tendencia a las fracturas sociales que denuncia a nivel global RSF en su Clasificación, azuzadas por medios excesivamente foxnewsizados y olvidadizos con su misión de informar lejos de posicionamientos políticos".

En materia de seguridad de los periodistas, España, en el puesto 35, está "claramente mejor calificada" que Francia (85º), Alemania (91º) o Reino Unido (49º). "La desactivación del conflicto en Cataluña, que había colocado a España en posiciones de cabeza en agresiones a periodistas en la UE, entre 2017 y finales de 2019, y la práctica ausencia de ataques a la prensa en el marco de manifestaciones antivacunas o contra las medidas sanitarias, se han traducido en una significativa mejora del clima de seguridad de los periodistas en nuestro país".

En cuanto al marco legal, la puntuación de España la coloca en posiciones líderes de la UE (12º), sin tener en cuenta las reformas en curso antes mencionadas, pero aún no culminadas. Sin embargo, cae por debajo de países como Alemania, Reino Unido o Francia en contexto económico para los medios y periodistas, teñido de naranja oscuro en el indicador, es decir, calificado de "problemático". También está peor calificada en términos de contexto político respecto a estos tres países, por la mencionada polarización que afecta a los medios.

Por último, cabe destacar la proliferación en España, como en otros países de su entorno, de los llamados SLAPP (Strategic Lawsuits Against Public Participation), es decir, acciones judiciales abusivas interpuestas contra los periodistas con fines intimidatorios y por presunta revelación de secretos o delitos contra el honor. Del mismo modo, ve "reseñable" que los periodistas que denuncian a agentes de la policía o son ellos denunciados por éstos, en el marco de manifestaciones, se enfrentan a procesos judiciales en los que "la versión policial prevalece casi por sistema".

"La Justicia española suele ser garante con la libertad de prensa y hacerla prevalecer en casi todos los casos, de acuerdo a la doctrina del Tribunal Constitucional, pero el fin de las acciones judiciales abusivas o SLAPP no es tanto lograr una condena contra la prensa —difícil en democracias consolidadas— como enredar a los periodistas en procesos largos, farragosos y sobre todo, costosos", concluyen Reporteros Sin Fronteras.

Aún no se conoce con detalle cómo se produjo la muerte de los periodistas españoles David Beriain y Roberto Fraile cuando realizaban un documental sobre la destructiva presión que sufre el parque nacional de Arli, en Burkina Faso, cuyos recursos están siendo expoliados, de manera superpuesta o concertada, por furtivos, traficantes y yihadistas. Al parecer, habrían sido estos últimos quienes emboscaron a un convoy de las fuerzas de protección de dicho parque con las cuales se desplazaban los dos reporteros junto a un conocido ecologista irlandés, Rory Young. Los tres fueron víctimas mortales del ataque.

Pese a las confusas circunstancias de esta matanza y a su probable vertiente política, no parece fuera de lugar situarla en la creciente espiral de violencia e intimidación que acecha al periodismo medioambiental en el mundo –también en Europa, que conste–, pero sobre todo en Asia y América. El precio que están pagando decenas, si no cientos, de informadores por investigar y denunciar atentados contra la naturaleza a cargo de administraciones públicas, empresas, grupos del crimen organizado, bandas armadas o guerrillas insurgentes es cada vez más alto. El último informe al respecto de Reporteros sin Fronteras, Alerta roja para el periodismo verde: 10 muertos en 5 años, documenta con dramática precisión el caso de numerosos informadores, con nombres y apellidos, asesinados por las “mafias de la arena” de India o por las propias autoridades de Borneo; por empresas occidentales supuestamente respetables o por caciques regionales que destruyen ecosistemas de gran valor y disponen de bandas armadas para imponerse. La explotación del medio ambiente puede ser un gran negocio, capaz de sostener ejércitos privados en algunos estados débiles, o de violar la legalidad en cualquier lugar del mundo con la connivencia de políticos y funcionarios corruptos.

Que los yihadistas del Sahel estuviesen actuando en Burkina Faso para beneficiarse de la caza furtiva o del tráfico de especies no sería ninguna novedad. A finales del siglo pasado, los Khemeres Rojos camboyanos, con la complicidad de altos jefes del ejército tailandés, arrasaron los bosques de su propio país y vendieron la madera para financiarse. En África central, como antes en la banda guineana, la explotación forestal sin freno y la caza de animales salvajes cuyos colmillos, piel, cuernos o huesos son especialmente valiosos van de la mano del tráfico ilegal de diamantes o la extracción descontrolada de “tierras raras”. Grupos rebeldes de todo tipo, armados y manejados por agentes y corporaciones occidentales, están en ese negocio y han logrado en muchos casos generar agujeros negros informativos silenciando cualquier posibilidad de que se denuncien sus fechorías. En esta época, caracterizada por una sobreactividad comunicativa, no solo afrontamos la epidemia de los bulos y las mentiras, sino que carecemos de la más mínima noticia sobre lo que ocurre en enormes áreas del planeta.

Reporteros sin Fronteras ha seguido en el último lustro 53 casos de serias agresiones al derecho a la información medioambiental. De los diez periodistas muertos en este periodo, nueve lo fueron ejecutados a sangre fría -2 en Colombia, 1 en México, 1 en Filipinas, 1 en Birmania y 4 en India – y otro más falleció en circunstancias altamente sospechosas cuando se encontraba bajo custodia de las autoridades en Borneo (Indonesia).

En cierta medida, Beriain y Fraile han pasado ya a formar parte de esa lista. Y no deja de ser significativo que, en la prensa española, las noticias sobre su muerte hayan sido replicadas de inmediato, en los propios medios y en las redes sociales, por los mensajes de los odiadores de turno -profesionales o aficionados-, que han aprovechado tan triste ocasión para lanzar sus soflamas racistas, ultraderechistas y de total menosprecio por la conservación de la naturaleza. Esta demencial campaña apunta simultáneamente a dos de los objetivos predilectos del fanatismo ultrarreaccionario: el ecologismo y el auténtico periodismo profesional. Los yihadistas en el Sahel o los ultraderechistas en España y otros países europeos pueden compartir así, en un perfecto ejercicio de simetría ideológica, su respectiva voluntad aniquiladora, su afán excluyente, su obsesión autoritaria.

Por ello, el duelo por David y Roberto ha de incluir el reconocimiento de quienes siguen haciendo periodismo medioambiental aunque esa actividad se haya convertido en una profesión de riesgo, reconocimiento y gratitud que merecen todos los profesionales de la información que se juegan la vida a diario para contarnos aquello que algunos no querrían que supiéramos. En el día de la libertad de prensa, sirvan estas líneas como homenaje a David, a Roberto, y a todos y todas los que ponen sus cuerpos para proteger el patrimonio común que es este planeta.

El Consejo de Europa ha recordado este domingo que la libertad de prensa es "esencial" en el contexto de la pandemia de covid-19, al tiempo que ha mostrado su "preocupación" por la limitación de esta libertad en "muchas partes" del continente y por los ataques que sufren los periodistas.

En un comunicado emitido con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa, que se celebra este lunes, la secretaria general del Consejo de Europa, Marija Pejcinovic, ha señalado que el derecho a la libertad de expresión está contemplado en el artículo 10 de la Convención Europea de Derechos Humanos, adoptada por los 47 países que componen el Consejo, incluyendo los 27 que forman la Unión Europea, informa Europa Press.

Pejcinovic, junto a la representante de la Presidencia del Comité de Ministros del Consejo de Europa, la ministra de Justicia y Protección al Consumidor alemana, Christine Lambrecht, ha especificado que, en democracia, los periodistas juegan un "rol vital" para mostrar la verdad y asegurar la rendición de cuentas de los que están en el poder.

"Su trabajo es asegurar que los ciudadanos reciben información oportuna, precisa y confiable, lo que se ha convertido en algo más importante en el contexto de la pandemia de covid-19", han puntualizado, antes de especificar que los medios de comunicación deberían ser "libres" para "escudriñar y criticar" la respuesta de las autoridades a la crisis derivada de la pandemia.

"Sin embargo, según consta en un informe de organizaciones de la sociedad civil en colaboración con el Consejo de Europa, muchos periodistas sufren de hecho obstáculos crecientes para cumplir con este importante papel durante la pandemia", han lamentado.

En este sentido, Pejcinovic y Lambrecht han afirmado que han sido testigo de un creciente número de ataques y amenazas contra los periodistas que cubren manifestaciones, algo "inaceptable". "Es más importante que nunca para los periodistas poder informar libremente y de forma segura", han agregado.

"A medida que Europa gradualmente emerge de la pandemia, todos los gobiernos deben trabajar para cumplir nuestro compromiso con una libertad de expresión más fuerte y a prueba de crisis en el futuro", han concluido.

Reporteros sin Fronteras (RSF) ha presentado una denuncia contra Facebook ante la Fiscalía de París (Francia) por la proliferación masiva de odio online y por información falsa, según informa Europa Press. 

Según ha informado la organización, RSF presentó el 22 de marzo una denuncia contra la compañía fundada por Mark Zuckerberg por "prácticas comerciales engañosas".

"Sustentándose en informes judiciales, en diversos testimonios y manifestaciones de exempleados de la empresa, RSF demuestra que los compromisos de la compañía californiana con los consumidores se basan en gran medida en afirmaciones falsas", ha detallado la entidad.

"Contradice sus términos de uso"

Según ha apuntado, "Facebook permite que se difundan la desinformación y el discurso de odio (en general y contra los periodistas), lo que contradice sus términos de uso y sus campañas publicitarias".

En este sentido, RSF ha explicado que, aunque se trata de "un fenómeno generalizado a escala planetaria", ha presentado la denuncia en Francia porque "la legislación de los consumidores es especialmente adecuada".

No obstante, ha añadido que dado que las condiciones del servicio de Facebook son las mismas en todo el mundo "un fallo judicial en Francia sobre su naturaleza engañosa podría tener un impacto global" y ha advertido de que está estudiando presentar denuncias similares en otros países.

Reporteros dirige formalmente su denuncia contra las empresas Facebook Francia y Facebook Irlanda. Apunta que, según los artículos L121-2 a L121-5 del Código de los Consumidores, se considera engañosa una práctica comercial que "se basa en afirmaciones, indicaciones o representaciones falsas o engañosas", sobre todo en relación con "las características esenciales del bien o servicio" o "al alcance de los compromisos del anunciante".

"Un delito de este tipo se sanciona con una multa que puede aumentarse hasta el 10% de la facturación media anual (art. L132-2 del Código de los Consumidores), pone de relieve.

Reporteros sostiene que, en sus condiciones generales de uso, Facebook se compromete a actuar con diligencia "para mantener un entorno seguro y libre de errores", prohíbe compartir contenidos "ilegales, engañosos, discriminatorios o fraudulentos", que trabaja para "disminuir la difusión de noticias falsas".

"1.200 millones de interacciones con webs engañosas"

"Durante el último trimestre de 2020, la German Marshall Fund (GMF) registró en Facebook 1.200 millones de interacciones con webs engañosas", afirma la organización.

Respecto a la lucha contra el discurso de odio en internet, RSF proporciona dos informes judiciales (de 80 y 73 páginas, respectivamente) y en materia de desinformación, RSF aporta otros dos informes judiciales realizados en diciembre de 2020 (de 478 y 86 páginas, respectivamente) que "muestran la facilidad de acceso a una serie de contenidos de desinformación sobre el covid, con una difusión considerable, y que Facebook no ha calificado como tales".

Contar la verdad y además hacerla pública muchas veces se puede convertir en privilegio dependiendo del país donde hayas nacido. En los últimos diez años han sido asesinados casi mil periodistas en todo el mundo precisamente por intentar contar la verdad. Es por ello por lo que desde hace tres años Reporteros Sin Fronteras protege a los periodistas que corren riesgo por ejercer su profesión a través del Programa de Acogida Temporal de Periodistas en América Latina. Durante tres meses a varios profesionales de la información se les brinda la oportunidad de vivir en la capital madrileña para que puedan dejar atrás, por un tiempo, el estrés y el peligro que provoca hacer periodismo en algunas partes del mundo. Andrea Aldana (Colombia), Carmen Valeria Escobar Castillo (El Salvador), Alejandro Ortiz (México) y Juan José Toro Montoya (Bolivia) son los cuatro nombres seleccionados este año del medio centenar de candidatos presentados a la tercera edición de este programa de acogida, que cuenta con el apoyo económico del Ayuntamiento de Madrid. Todos ellos han huido de la censura, de la extorsión y en algunos casos incluso del secuestro.

Juan José Toro Montoya, director de contenidos del diario El Potosí y con más de 35 años de experiencia en el mundo del periodismo, decidió presentar su candidatura al programa de RSF después de recibir varias agresiones por publicar distintas investigaciones relacionadas con la explotación minera ilegal del Cerro Rico de Potosí (Bolivia). Esta legendaria montaña que alberga uno de los yacimientos de plata más grandes del mundo se ha ido erosionando con el paso de los años precisamente por un rendimiento desmesurado de los minerales preciosos. Cuando llegaron los colonizadores españoles en el siglo XVI el cerro llegaba a los 5.200 metros de altitud, pero en la actualidad esta altura ha disminuido a 4.702 metros. El 7 de octubre de 2020 mientras Toro y unos voluntarios hacían una inspección en la cúspide de la colina para verificar si se realizaban operaciones ilegales, se encontró con una sorpresa: un numeroso grupo de cooperativistas mineros lo atacaron y lo golperaon haciendo peligrar su vida. La agresión se convirtió en noticia nacional  y el presidente de la corporación minera de Bolivia y al gerente regional, Richard Arancibia, fueron destituidos. “Me golpearon unas cuarenta personas, de todas ellas logramos reconocer a cinco que más tarde denuncié al ministerio público, pero desgraciadamente el fiscal que investigaba el caso, Javier Torrejón, solo imputó a una de ellas con delitos muy leves”.

El periodista boliviano lleva varios años investigando la corrupción política que existe alrededor de la explotación minera, concretamente a través de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) que es la entidad encargada de controlar que no se realicen operaciones mineras en la cúspide de la cima. Pero él mismo ha comprobado que la legislación no se cumple. "Hay razones que son naturales, pero hay un componente humano. Y lo que yo he comprobado es que precisamente donde se está trabajando es en la cúspide, en la zona prohibida”, comenta el periodista. La actividad irregular que promueve millonarias operaciones cada año amenaza la estructura morfológica del cerro que llegó a formar parte de la lista de Patrimonio Mundial en peligro por la UNESCO en junio de 2014. 

Colocaron dinamita en la puerta del periódico

Realizar estas investigaciones le ha acarreado serios problemas a él y a su familia. "Hace cinco años, desconocidos colocaron dinamita en la puerta del periódico El Potosí", detalla Toro. Poco tiempo después, el 31 de diciembre de 2018 fue víctima de un intento de asesinato cuando se dirigía a hacer su programa radiofónico. “Una madrugada que me dirigía a la radio Kollasuyo dos desconocidos me atacaron y me dieron una paliza a plena luz del día. Gracias a las cámaras conseguimos identificar a uno de ellos y me admitió que fue enviado por otros”, señala Toro. Debido a sus informaciones, está vetado para realizar cualquier otro trabajo ya que, según explica el 80% de la actividad económica del Potosí depende directa o indirectamente de la explotación minera. “La parte que más me preocupa son las consecuencias de mi trabajo porque mis hijas ya han terminado sus carreras y tengo miedo de que este veto les alcance a ellas”, concluye. 

Montoya cuenta con una larga trayectoria profesional. En 2014 identificó y entrevistó al hombre que asesinó al Che Guevara, Mario Terán Salazar, en un reportaje publicado en el suplemento Crónica del diario español El Mundo. “Fue una investigación de un año junto a Ildefonso Olmedo. Conseguimos tener una charla [con Mario Terán] en su casa de más de veinte minutos, digamos que fue la conversación más larga que tuvo sin ningún pago de por medio”. Ahora durante su estancia en Madrid está aprovechando para buscar documentación en varias instituciones y averiguar a quién pertenecía el Cerro Rico antes de que llegasen los españoles. “Tengo identificados los documentos en la Real Academia de la Historia y la Biblioteca Nacional de España y debo ir al Archivo General de Indias de Sevilla. Ojalá me los den, porque los necesito legalizados, pero estoy chocando mucho con la burocracia española”, concluye.

Carmen Valeria, periodista de El Salvador, es la más joven de los cuatro profesionales que han llegado a Madrid. Tiene 24 años y trabaja para la revista GatoEncerrado, aunque tiene publicaciones en medios de varios países como El Faro, Cosecha Roja (Argentina), Distintas Latitudes (Méxcio), así como Vice Latinoamérica, entre otros. Decidió presentar su candidatura después de estar varios meses cubriendo la pandemia de covid-19 en su país con “mucho estrés”. “Hemos salido a reportear a la calle porque nuestro trabajo no se puede hacer desde casa. Recuerdo ir a lugares con mucho miedo por si luego contagiaba a mis familiares y vi este programa como una oportunidad, ya que necesitaba un descanso y creo que la salud mental es fundamental para los periodistas”. La informadora descubrió la profesión de la mano de Lydia Cacho con su libro Esclavas del poder: Un viaje al corazón de la trata sexual de mujeres y niñas en el mundo. “Recuerdo cerrar el libro y decir quiero hacer esto, no se qué hace ella, pero quiero ser como ella”. Desde ese momento Escobar tenía claro que quería dedicarse al periodismo.

En julio de 2019 la invitaron a unirse al equipo de investigación de la revista donde trabaja liderando la sección de verificación, un mes después de que Nayib Bukele asumía el cargo como nuevo presidente de El Salvador. Durante estos meses ha estado comprobando sobre el terreno la falta de planes del Gobierno a la hora de hacer frente a la pandemia. Así como la malversación de fondos por parte del Ministerio de Salud. “Creo que solo he verificado una verdad suya –dice en referencia a Bukele–, tiene su gracia para mentir, la mayor parte de sus declaraciones son engañosas y juegan con la media verdad". 

"Más fácil tratar con las pandillas que con el Gobierno""Más fácil tratar con las pandillas que con el Gobierno"

El Salvador es uno de los países con mayores tasas de homicidios del mundo, en 2018 lideró el ranquin mundial con 3.340 asesinatos. Pero para Escobar es más difícil lidiar con el poder político que con las maras. “En general yo creo que es más fácil tratar con las pandillas que con el Gobierno. Porque al final uno va midiendo el terreno y si entras con alguien con permiso no hay mayor peligro. Con el periodismo político y especialmente hablando del Gobierno de Bukele, al final tiene más poder y es más complejo”. Los últimos acontecimientos que ha vivido la democracia salvadoreña como la militarización de la sede de la Asamblea Legislativa por orden del presidente en febrero de 2020, le ha hecho replantearse el futuro de su país y el de la libertad de prensa. “Me parece que la democracia en El Salvador está en riesgo, temo que poco a poco estemos llegando a un sistema autocrático. Aunque al final a mí nunca me han dicho que no pueda publicar algo sobre determianados temas, lo que más nos acaba afectando es la autocensura por el señalamiento público que hacen los políticos a los periodistas”, concluye Escobar.

Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha comenzado a desarrollar un nuevo proyecto Chaleco digital,Chaleco digital una aplicación móvil destinada a reforzar la seguridad de los periodistas sobre el terreno, según informa Europa Press. 

Según ha informado este lunes la organización, esta iniciativa tiene como socio tecnológico a la empresa TalentoMOBILE y cuenta además con el apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores para su primera fase.

El objetivo del Chaleco digital es la puesta en marcha de una aplicación de geolocalización para smartphones con sistema operativo Android, que esté disponible para cualquier reportero hispanohablante que se adentre en zona de conflicto, cobertura de catástrofes, protestas y cualquier otra situación que suponga riesgos para su integridad física.

RSF ha añadido que su uso podrá extenderse a cooperantes, activistas de derechos humanos y otros profesionales expuestos a situaciones arriesgadas por razón de su trabajo. En el futuro, se explorará la funcionalidad de respuesta ante el ciberacoso.

La organización ha detallado que la aplicación proporcionará al periodista tres modos de protección: darle a conocer de inmediato que se encuentra en una zona de riesgo; botón SOS para avisar cuando está en peligro y dar su localización; avanzar sus próximos desplazamientos cuando se prevea una potencial exposición al riesgo.

"Gracias al 'Chaleco digital', un reportero podrá evitar adentrarse en una zona de riesgo o avisar de que está en peligro", ha explicado el secretario general de la sección española de RSF, Alfonso Bauluz, que ha ideado e impulsado la creación de la herramienta.

En este sentido, ha indicado que su finalidad es dotar a los profesionales en situaciones de riesgo de "un sistema de seguridad práctico y eficiente que incorpore las posibilidades de las nuevas tecnologías". "Al proteger a los periodistas, defendemos la libertad de información, que es la misión de nuestra organización", ha subrayado.

RSF España ha detallado que la aportación económica concedida por el Ministerio de Asuntos Exteriores permitirá acometer la primera fase del proyecto. "Se logrará medir la vulnerabilidad de los reporteros y conocer el grado de peligro y la naturaleza de las amenazas a las que se exponen los periodistas que trabajan sobre el terreno", ha manifestado.

Respecto a TalentoMOBILE, ha señalado que es la encargada de diseñar y desarrollar la aplicación para smartphones, y que buena parte de su trabajo será pro bono, ya que la subvención solo cubre una parte del proyecto.

"Participar en la creación del 'Chaleco digital' no solo nos brinda la ocasión de colaborar con una gran causa, sino que además abre enormes posibilidades hacia nuevos ámbitos", ha asegurado Raúl Repiso, consejero delegado de la compañía.

50 periodistas asesinados en 2020. Siete de cada diez, el 68%, en países de paz, y el 84% tras ser señalados de forma deliberada. El último Balance Anual de agresiones contra periodistas en todo el mundo publicado por Reporteros Sin Fronteras muestra como la persecución y privación del derecho a la información se mantiene estable pese a la crisis del covid-19. Hasta 937 periodistas han sido asesinados en los últimos 10 años, 54 durante el pasado 2019.

En 2016 el 58% de los periodistas asesinados murió en zonas de conflicto, mientras que, en la actualidad, la proporción de periodistas asesinados en zonas devastadas por la guerra (Siria, Yemen) o plagadas de conflictos de media o baja intensidad (Afganistán, Irak) se sitúa en el 32%. El 68% de los periodistas asesinados restantes se encuentran en países en paz, en particular en México (8 asesinatos), India (4), Pakistán (4), Filipinas (3) y Honduras (3). Una cifra que viene a marcar la tendencia ascendente registrada desde 2016.

De la totalidad de periodistas asesinados en 2020, el 84% fueron señalados y eliminados de forma deliberada, frente al 63% de 2019. Algunos de estos crímenes han sido, según RSF, "especialmente atroces".

En este sentido, han recordado casos como el ocurrido en México, donde el periodista del diario El Mundo Julio Valdivia Rodríguez, fue encontrado decapitado en el estado de Veracruz; y su colega Víctor Fernando Álvarez Chávez, director del medio digital de información local Punto x Punto Noticias, fue cortado en pedazos en la ciudad de Acapulco.

De este modo, el país consolida su primer puesto dentro de los países más peligrosos para la profesión, que registra un promedio de entre 8 y 10 periodistas asesinados al año, pese a las promesas del presidente Andrés Manuel López Obrador de acabar, mientras que vínculos entre narcotraficantes y la clase política continúan vigentes.

En India, al periodista Rakesh Singh "Nirbhik", del diario Rashtriya Swaroop, lo quemaron vivo después de rociarlo con gel hidroalcohólico altamente inflamable, mientras que el periodista Isravel Moses, corresponsal de un canal de televisión en el estado de Tamil Nadu, fue asesinado a machetazos.

Cabe destacar especialmente el caso de Irán. Rouhollah Zam, administrador del canal Amadnews de Telegram, fue condenado a muerte después de ser secuestrado en Irak. Tras un juicio injusto fue ejecutado en la horca por “corrupción en la tierra”, uno de los cargos más graves de los tribunales revolucionarios. En este país, y a pesar de que se sigue ajusticiando a sentenciados a muerte, hacía 30 años que no se sometía a un periodista al arcaico y bárbaro castigo de la pena capital, manteniendo su record de haber matado a más periodistas de forma oficial en los últimos 50 años.

"La violencia del mundo sigue azotando a los periodistas", ha lamentado el secretario general de RSF, Christophe Deloire. "Una parte del público considera que los periodistas son víctimas de los riesgos de su oficio, pero cada vez sufren más ataques cuando investigan o informan sobre temas delicados. Lo que se ha debilitado es el derecho a la información, que es un derecho de todos los seres humanos", ha incidido.

Como en años anteriores, las coberturas más peligrosas siguen siendo las investigaciones sobre casos de corrupción local y malversación de fondos públicos (10 muertos en 2020), o sobre la mafia y el crimen organizado (4 muertos). Lo que sí es una novedad en 2020 es que 7 periodistas fueron asesinados mientras cubrían protestas.

En Irak, el modus operandi es siempre el mismo, según RSF: hombres armados no identificados disparan a la cabeza a los periodistas durante las manifestaciones. Así han sido asesinados tres reporteros, mientras que un cuarto murió en el Kurdistán mientras intentaba escapar de los enfrentamientos entre las fuerzas del orden y los manifestantes.

Asimismo, en Nigeria, dos periodistas han sido víctimas del clima de violencia en el que se desarrollan las protestas, que denuncian en particular la brutalidad de una unidad policial encargada de la lucha contra la delincuencia. En Colombia, un reportero de un medio comunitario fue asesinado a tiros mientras cubría una manifestación de comunidades indígenas que protestaban contra la privatización de tierras en su región. Igual que en otros casos, la manifestación fue violentamente dispersada por la policía, el ejército y las fuerzas antidisturbios.

De este modo, entre los países más peligrosos del mundo para los periodistas se encuentran México (8 asesinatos), Irak (6 asesinatos), Afganistán (5 asesinatos), Pakistán y la India (con 4 asesinatos cada uno).

En su Balance Anual 2020 de Periodistas Encarcelados, Secuestrados y Desaparecidos, publicado el 14 de diciembre, RSF contabilizó 387 periodistas presos por hacer su trabajo de información, una cifra en máximos históricos en lo que se refiere a periodistas encarcelados.

El año 2020 también se caracteriza por un aumento del 35% en el número de mujeres detenidas arbitrariamente, y porque cuando el virus comenzó a propagarse por todo el mundo, se cuadruplicó la cifra de detenciones. Asimismo, 14 periodistas detenidos en relación con su cobertura de la epidemia del covid-19 permanecen en prisión en la actualidad.

Reporteros Sin Fronteras ha lanzado la primera parte de su Balance Anual de agresiones contra periodistas, en el que denuncia que en 2020 hay 387 periodistas encarcelados, 54 secuestrados y 4 desaparecidos. El número de presos sigue una tendencia estable, aunque se ha producido un incremento relevante de agresiones y arrestos a los profesionales de la información relacionados con la crisis sanitaria. Los datos recogidos por el equipo de RSF y el Observatorio 19, indican que el número de detenciones e interpelaciones arbitrarias se ha cuadruplicado entre los meses de marzo y mayo de 2020, momento en que el coronavirus se empezó a propagar por todo el mundo.

Alfonso Armada, presidente de la organización en España, explica que la pandemia del coronavirus también ha conllevado efectos negativos para la libertad de prensa en nuestro país. “Muchos fotógrafos curtidos en los frentes de Libia, Siria, Afganistán, Congo o Yemen –señala– pidieron apoyo a RSF porque tenían más dificultades para hacer fotos en España que en zona de conflicto”. Además, añade que al principio de la pandemia las autoridades sanitarias, tanto a nivel nacional como regional, “obstruyeron” el acceso de micrófonos y cámaras al interior de hospitales, según han denunciado varios fotoperiodistas, como Ricard García Vilanova.

La crisis del covid-19 no solo ha tenido unas consecuencias adversas para la salud mundial y la economía. La libertad de prensa se ha visto mermada durante los meses de la pandemia. Según los datos recopilados por el equipo de RSF, solo entre el 1 de febrero y el 30 de noviembre de 2020, se registraron en el mundo más de 300 incidentes que perjudicaron a aproximadamente 450 periodistas. Solo las detenciones y arrestos arbitrarios representan el 35% de los ataques contabilizados. Las agresiones físicas o morales suponen el 30% de las violaciones registradas.

Aunque en España no se ha producido ninguna detención relacionada con la cobertura periodística de la crisis sanitaria, según los datos del informe, el presidente de RSF denuncia los impedimentos por parte de las administraciones para que los periodistas hicieran su trabajo. “El gobierno central y muchos autonómicos y ayuntamientos hicieron lo imposible para que los estragos de la pandemia no se vieran. Con el pretexto de que no había seguridad, porque era peligroso, y sobre todo para preservar la dignidad de los enfermos. Que es muy respetable. Pero yo conozco cómo trabajan estos fotoperiodistas y sé que son respetuosos”, explica Armada. El periodista aún recuerda la polémica de la fotografía que publicó el diario El Mundo, que mostraba el Palacio de Cristal convertido en una morgue. “Yo creo que era constatar que había tan desbordamiento de muertes que al final había que colocar ataúdes en el Palacio de Cristal”, destaca. 

Armada cree que negar el dolor y sufrimiento que ha causado la pandemia, impidiendo la labor social de los periodistas, no ha ayudado a que la ciudadanía tomara conciencia en muchos casos de la gravedad de la situación. “Yo creo que eso también ha afectado a la hora de ver cómo se ha comportado socialmente una buena parte de la población. Que ha dado lugar a nuevos episodios de contagios de curvas que crecen y decrecen”, explica el periodista. Además, afirma que el Gobierno central no ha acertado en el tratamiento que le ha dado a la crisis. “Parece como si España hubiera sufrido una catástrofe natural, un ‘gigantesco accidente de tráfico’, que no nos conmueve más de la cuenta”, explica. 

Desde la organización también exigen más transparencia a la gestión del Gobierno en aspectos como la cifra de muertes, los contratos de compra de material sanitario, así como el comité de expertos que asesora al Gobierno. “Todavía hoy no tenemos cifras oficiales fidedignas sobre el número de muertos causados por la pandemia en España” (…) “El ministro de Sanidad y su portavoz llegaron a hablar de un ‘pequeño desvío’ … ¡de 18.000 muertos!”; reprocha Armada haciendo referencia a la “horquilla de datos” que proporciona el gobierno central, los autonómicos, el registro civil y el Instituto Carlos III. "Se está tratando de una forma muy poco considerada la cuestión de la mortalidad de esta pandemia. A mí como periodista me desconcierta, pero como ser humano también", concluye. 

A pesar de que los medios de comunicación han tenido un papel muy relevante en esta crisis, según los datos facilitados por el Informe Anual de la Profesión Periodística 2020, el 78% de los periodistas contratados en medios realizaron una cobertura informativa de la pandemia del covid-19. Armada cree que los medios no han estado a la altura, salvo excepciones. “Nos hemos ceñido mucho a las cifras, a las cuestiones políticas, y han faltado historias de interés humano que expliquen de verdad lo que la pandemia ha significado”, concluye. Esta afirmación no se aleja de la percepción que han tenido los profesionales de la información. El 77% de los periodistas cree que la calidad de la información sobre la pandemia es algo deficiente o muy deficiente, según los datos del mismo informe que realiza la Asociación de la Prensa de Madrid (APM). 

La falta de libertad de prensa también se ha expandido a otros ámbitos incómodos de la realidad. “Numerosos fotógrafos se dirigieron a RSF para quejarse de las dificultades impuestas por las autoridades para documentar la llegada de inmigrantes a Canarias”, explica Armada. El fotógrafo Emilio Morenatti, responsable editorial para España y Portugal de Associated Press (AP), denunciaba este verano a RSF, que la delegación del Gobierno no daba “una respuesta clara” a los periodistas que esperaban la llegada de un cayuco con migrantes procedentes de África. “Fueron poniendo pegas y dando largas hasta que trasladaron la embarcación a un lugar muy lejano a nuestra posición, ya de noche” explicó Morenatti a RSF. El fotógrafo se encontraba junto a una compañera en el puerto de Arinaga (Las Palmas), esperando la llegada de un cayuco con migrantes a bordo. Morenatti compartió en su cuenta de Twitter una imagen en la que se aprecia la enorme distancia que había entre el muelle donde fue remolcado el cayuco y el lugar donde se situaba la cámara.

Ránking de la libertad de prensa en el mundo

España ocupa la posición 29 de un total de 180 países en relación con la libertad de prensa en el mundo, según el ránking de 2020 de RSF. Por delante se sitúan países como Lituania y Chipre. No obstante, sigue con la misma posición que 2019. Desde RSF celebran la resolución de dos sentencias por parte del Tribunal Constitucional y la Audiencia Nacional, ya que constituyen un avance en la libertad de información en España y una reparación para quienes han sido víctimas de ella.

La primera hace referencia a la derogación de una parte de la llamada ley mordaza por parte del Constitucional, que prohibía grabar y difundir imágenes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. La segunda al reconocimiento por parte de la Audiencia Nacional de indemnizar a la mujer y a los hijos del periodista asesinado en Bagdad, José Couso, con una cuantía de 182.000 euros por la omisión de protección diplomática en relación a su muerte en el hotel Palestina de la capital iraquí. 

Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha contabilizado un total de 387 periodistas encarcelados en 2020 por realizar su labor profesional, frente a los 389 de 2019, entre ellos, cada vez más mujeres periodistas, según el Balance Anual 2020.

Así lo ha dado a conocer este lunes la organización, que ha alertado de que la cifra global de periodistas presos en el mundo "se mantiene en máximos históricos" y ha añadido que más de la mitad (61%) están encarcelados en cinco países —China, Egipto, Arabia Saudí, Vietnam y Siria—, informa Europa Press. 

En este 2020, RSF ha hecho hincapié en que el número de mujeres periodistas presas ha aumentado un 35%. De este modo, a finales de 2020, 42 de ellas estaban privadas de libertad, cuando hace un año eran 31.

"Las reclusas recientes son sobre todo de Bielorrusia (4) —país que ha experimentado una represión sin precedentes desde las polémicas elecciones presidenciales del 9 de agosto de 2020—, de Irán (4) y de China (2), donde la represión se ha intensificado con la crisis sanitaria", ha detallado, al tiempo que ha subrayado que entre las periodistas detenidas en los últimos tiempos se cuenta la ganadora del Premio RSF a la Libertad de Prensa en 2019, la vietnamita Pham Doan Trang.

Asimismo, los datos recogidos por los equipos de RSF y el Observatorio 19 —una lista no exhaustiva— revelan que el número de detenciones e interpelaciones arbitrarias se ha cuadruplicado entre los meses de marzo y mayo de 2020, cuando el coronavirus comenzó a propagarse por todo el mundo.

De esta forma, la organización ha explicado que, entre principios de febrero y finales de noviembre de 2020, este tipo de infracciones representaba el 35% de los ataques registrados (frente a las agresiones físicas o las amenazas, que suponen el 30% de las violaciones registradas).

Además, RSF ha indicado que, aunque la mayoría de los periodistas arrestados solo están retenidos durante unas pocas horas —o incluso unos días o semanas—, actualmente siguen encarcelados 14 periodistas en relación con su cobertura de la epidemia.

Ante este escenario, el secretario general de RSF, Christophe Deloire, ha denunciado que "cerca de 400 periodistas pasarán las fiestas entre rejas, lejos de los suyos y en condiciones carcelarias que, a veces, ponen en peligro su vida".

"Estas cifras también confirman el impacto de la crisis sanitaria en la profesión, además del hecho inaceptable de que algunos de nuestros compañeros pagan con su libertad la búsqueda de la verdad. También confirman que las mujeres periodistas, cada vez más numerosas en la profesión, no se libran de la represión", ha añadido.

Respecto a la situación en Asia, RSF ha indicado que es el continente en el que se han producido "más violaciones de la libertad de prensa relacionadas con la pandemia" y donde se concentra la mayor cifra de detenidos por covid-19: 7 en China, 2 en Bangladesh y 1 en Birmania.

Reporteros Sin Fronteras ha recalcado que en la región de Oriente Medio, "donde varios países se han aprovechado de la epidemia para reforzar su control sobre los medios y la información", hay 3 periodistas en la cárcel por artículos relacionados con la epidemia de coronavirus: 2 en Irán y 1 en Jordania. En África, 1 periodista ruandés sigue encarcelado, oficialmente por "haber quebrantado las normas de confinamiento".

Al menos 54 periodistas secuestrados

Por otro lado, el Balance Anual 2020 muestra también que actualmente hay al menos 54 periodistas secuestrados en todo el mundo, un 5% menos que el año pasado.

Tras la liberación de un periodista ucraniano retenido por fuerzas separatistas prorrusas en Dombás, Siria, Irak y Yemen son los últimos países del mundo en los que hay periodistas secuestrados. Entre ellos se encuentran 4 periodistas yemeníes capturados por los hutíes en 2015, condenados a muerte y que viven con la mayor incertidumbre acerca de su destino.

La organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) presenta este miércoles una querella ante la Fiscalía de Crímenes Internacionales en Estocolmo para denunciar la desaparición forzada y la tortura del periodista eritreo Sawit Isaak que lleva encarcelado injustamente desde septiembre de 2001.

Hace más de 19 años, Dawit Isaak fue detenido durante las redadas que el presidente Afeworki ordenó contra opositores y periodistas de medios independientes. Este país africano está considerado uno de los más hostiles en lo que a libertad de expresión se refiere. La clasificación de libertad de prensa por países de Reporteros Sin Fronteras sitúa Eritrea como el tercer peor país para ejercer el periodismo. Tan sólo superado por Turkmenistán y Corea del Norte, ambos países autocráticos entre los que existen paralelismos en el sistema de gobierno. Eritrea logró la independencia de Etiopía en 1993.

En este contexto, el periodista y poeta había regresado a su país para servir a "una Eritrea libre" y fundar un medio reformista. Un compromiso que le costó la libertad. Las elecciones programadas para diciembre de 2001 fueron aplazadas. A día de hoy no se han celebrado elecciones democráticas desde la independencia del país. El Frente Popular para la Democracia y la Justicia es el único partido legal y controla los derechos y libertades de sus habitantes.

El presidente, Isaias Afewerki, lleva 27 años destinando buena parte del escaso gasto público del país a las fuerzas armadas, impidiendo, de esta manera, el desarrollo de la población que vive bajo el umbral de la pobreza. La inversión en defensa, según el FMI, se traduce en un déficit fiscal que el país sufre desde hace años.

La prensa nacional sirve al gobierno desde que el presidente ordenó la detención de los periodistas que podían suponer una amenaza para su mandato. Dawit Isaak lleva recluido en secreto desde entonces y la última prueba de que sigue con vida data de 2005, evidencia Reporteros Sin Fronteras.

Los gobernantes actúan con impunidad ante la mirada internacional

La denuncia que presenta este miércoles la organización señala al propio presidente del país como sospechoso de ordenar el secuestro junto a otros siete individuos entre los que se encuentran los ministros de Relaciones Exteriores, Justicia e Información de Eritrea, así como asesores y miembros de la administración y de los servicios de seguridad de este país del noreste de África.

“Por muy altos que sean sus cargos, las personas que llevaron a Dawit Isaak a prisión y lo han dejado allí enclaustrado durante casi 20 años deben ser consideradas penalmente responsables”, afirma la abogada y ganadora del Premio Nobel de la Paz Shirin Ebadi, cosignataria de la denuncia. La abogada iraní en exilio ha calificado de “urgente” la investigación penal que RSF exige este miércoles a los tribunales suecos. “Mientras estas personas puedan actuar con impunidad, y mientras los Estados que tienen la posibilidad de hacerlo no traten de condenarlas, no podrá progresar la justicia en Eritrea”.

Derechos humanos por encima de los intereses políticos 

No es la primera vez que la organización que vela por la seguridad e integridad de los periodistas denuncie el caso de Dawit. Tras una primera denuncia en 2014, el fiscal general de Estocolmo admitió que se habían cometido "crímenes de lesa humanidad” y que los tribunales suecos debían iniciar una investigación que acabó frenada por el Ministerio de Exteriores sueco argumentando que podría “afectar a las relaciones de Suecia con Eritrea”.

El objetivo de la querella que presenta RSF este miércoles, tal y como ellos exponen, es que se lleve a cabo la investigación internacional que no prosperó en aquel entonces por intereses geopolíticos. "Semejante argumento ya no es válido", sostiene el responsable jurídico de RSF, Paul Coppin. "Cinco años después de esta decisión, Dawit Isaak sigue desaparecido y las autoridades suecas no han conseguido nada: ni su liberación, ni al menos una visita o una prueba de vida. Las numerosas resoluciones o condenas de organismos internacionales, incluidos el Consejo de Derechos Humanos y la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, tampoco han logrado que la situación evolucione. Por tanto, es urgente, hoy, emprender acciones penales". Mediante esta querella, la justicia sueca debería detener a los culpables del secuestro del periodista si ponen pie en territorio sueco para ser juzgados, explica la encargada de prensa de RSF España, Malena Mangas. Y, si es necesario, emitir órdenes de arresto internacionales.

En 2019, durante una sesión en el Parlamento en Estocolmo, la propia ministra de Exteriores sueca, Ann Linde, se vio obligada “a concluir que Eritrea, de ninguna manera, ha escuchado nuestras preocupaciones ni ha obrado en consecuencia ". Este año, en el día en que se cumplieron 19 años del “grave” encarcelamiento de Dawit Isaak, la ministra tuiteó que el gobierno persigue el objetivo de que “lo liberen”. “No nos rendiremos hasta que se haya reunido con su familia”, compartió Linde en una publicación en la que, insiste en que “sus esfuerzos continúan sin cesar”.

El abogado Percy Batt y la jurista Jesús Alcalá han redactado e interpuesto la denuncia. Grandes personalidades del ámbito internacional y los derechos humanos han firmado el documento: la ex alta comisionada para los Derechos Humanos Navi Pillay; la ex presidenta de la Comisión Africana de Derechos del Hombre y de los Pueblos, Pansy Tlakula; el exministro de Justicia canadiense Irwin Cotler; el abogado y miembro del Comité de Derechos Humanos del Colegio Federal de Abogados de Alemania Bernhard Docke; el abogado internacional de derechos humanos David Matas, entre otros.

La denuncia también se presenta firmada por el hermano del periodista, Esayas Isaak que lleva años insistiendo en la responsabilidad legal de la Unión Europea y de Suecia -el periodista tiene la nacionalidad sueca- de hacer todo lo posible para ayudar a su ciudadano.

Si bien la desastrosa situación de los derechos humanos no ha experimentado ningún progreso en Eritrea durante casi 30 años, la justicia sueca puede tener un impacto decisivo para ayudar a Dawit Isaak y a todos los demás periodistas detenidos desde 2001, defienden desde Reporteros Sin Fronteras. Pero también para poner fin a la “impunidad por los delitos cometidos en Eritrea y contribuir a mejorar la libertad de prensa” en el país.

La ONG Reporteros sin Fronteras (RSF) ha conmemorado este domingo, día mundial de la Libertad de Prensa, recordando a los más de 300 periodistas encarcelados en todo el mundo bajo el lema "Periodismo en confinamiento", en referencia a las actuales medidas de reclusión por el coronavirus, informa Europa Press. "En muchos países puedes acabar en la cárcel por contar la realidad, contradecir al poder, desvelar corruptelas o, simplemente, por expresarte de forma individual", lamenta la organización.

RSF recuerda particularmente a informadores como el bloguero Raif Badawi lleva más de siete años preso en Arabia Saudí por "insultar al Islam" o Narges Mohammadi, periodista y activista iraní, defensora de los derechos humanos, que se encuentra en prisión desde mayo de 2015. Periodistas como los yemeníes Los periodistas yemeníes Abdul Khaleq Amran, Akram Al Walidi, Hareth Hamed y Tawfiq Al Mansouri, condenados por la insurgencia huthi "con arbitrariedad" pueden ser ejecutados en cualquier momento.

"Este 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa, pedimos de nuevo la libertad de todos los informadores profesionales o ciudadanos, blogueros y colaboradores de medios que están entre rejas por ejercer el periodismo, por contribuir al flujo libre de la información", han indicado. "Queremos darles voz, pronunciar sus nombres, contar sus historias. Tienen que saber que no están solos y que no les hemos olvidado, que el #periodismoconfinado en las prisiones no es un periodismo abandonado", subraya el grupo.

RSF tiene constancia en 2020 de diez periodistas asesinados, un colaborador asesinado, 229 periodistas en la cárcel, 116 internautas entre rejas junto a otros 14 colaboradores de todo el mundo.

La UE alerta de ataques bajo la excusa del virus

La Unión Europea ha alertado este mismo sábado de ataques a los medios de comunicación en varios países del mundo usando la pandemia de coronavirus como coartada. "Es preocupante que la pandemia se esté utilizando en algunos países como pretexto para imponer restricciones indebidas a la libertad de prensa", ha lamentado el máximo responsable diplomático de la Unión Europea, Josep Borrell.

Precisamente la propia RSF ha informado de este fenómeno en los últimos días, en especial en países como China, origen de la pandemia. En Europa se han vertido críticas sobre las restricciones en países como Hungría.

África tampoco queda exenta. La ONG pro Derechos Humanos Human Rights Watch (HRW) ha denunciado este fin de semana que las autoridades somalíes han lanzado una campaña de intimidación a los periodistas del país al amparo de la lucha contra la pandemia de coronavirus en el país africano.

"Queremos todos los hechos y la verdad sobre el coronavirus, el cambio climático y todos los desafíos pendientes. La libertad de expresión e información son la piedra de toque de la democracia", ha destacado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. "Europa apoya y defiende la libertad de prensa para periodistas de todo el mundo. La libertad de prensa es nuestra libertad. Día Mundial de la Libertad de Prensa", ha añadido Von der Leyen en un mensaje en Twitter.

Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, el belga Charles Michel, ha apuntado que "durante la crisis del covid-19 no es exagerar decir que la información creíble y fundamentada puede salvar vidas". "En el Día Mundial de la Libertad de Prensa quiero rendir un homenaje especial a todos los periodistas que día a día nos mantienen mejor informados y más seguros. Sois la piedra de toque de nuestras democracias. Gracias", ha indicado.

En la misma línea, el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, ha destacado que "garantizar una información transparente y precisa es vital en momentos de crisis". "En el Día Mundial de la Libertad de Prensa recordamos a los periodistas que han sacrificado su vida para defender la verdad y la justicia. Nuestras democracias dependen de una prensa independiente, libre de interferencias políticas y económicas", ha remachado.

España conserva la posición en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2020 de Reporteros Sin Fronteras (RSF) y se sitúa en el puesto 29 de una tabla que integran 180 países, como consecuencia de "la vuelta a la calma tras momentos de grave deterioro" de la libertad de información y "por la situación en una zona de la tabla relativamente tranquila".

Así lo pone de manifiesto la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa [ver aquí] que elabora Reporteros Sin Fronteras (RSF), y que apunta que la "penetración de la extrema derecha en la política" española marcó 2019. En concreto, la organización destaca que "Vox, convertido en la tercera fuerza, mantiene una cruzada contra los medios de comunicación". RSF argumenta en su informe que los simpatizantes de la organización "incitan al linchamiento de periodistas en las redes sociales o los acosan físicamente cuando cubren los acontecimientos".

"Los dirigentes políticos insultan públicamente a los reporteros y, en ocasiones, les niegan el acceso a sus encuentros", denuncia RSF en la última edición de su informe anual sobre Libertad de Prensa en el mundo. Asimismo, la entidad detalla que los periodistas de investigación en España "padecen un encarnizamiento judicial" y explica que algunos han sido acusados del delito de revelación de secretos por publicar información del sumario secreto y otros han sido objeto de requisas. Es el caso de reporteros de Europa Press y 'Diario de Mallorca' que cubrían el 'caso Cursach' y que sufrieron la incautación de sus móviles por orden judicial.

"Aunque en la mayoría de los juicios no se les ha sancionado, los jueces y la policía tienden cada vez más a no respetar la protección de las fuentes periodísticas, así como a obstaculizar el periodismo de investigación", apunta RSF.

En relación con Cataluña, la ONG pone de relieve que "en un ambiente de extrema polarización política, los periodistas han sufrido violencia física, tanto por parte de la policía como de los manifestantes independentistas".

Reporteros Sin Fronteras sostiene además que en España –como en Austria (18º, -2), Italia (41º, +2) y Grecia (65º)– se produce otro fenómeno "cada vez más visible" y es que "grupos nacionalistas o simpatizantes de la extrema derecha agreden abiertamente a los periodistas".

"Década decisiva" para la libertad de prensa

En términos generales, RSF sostiene que los próximos diez años serán "una década decisiva" para la libertad de prensa debido a las crisis que afectan al futuro del periodismo: geopolítica, por la agresividad de los modelos autoritarios; tecnológica por la falta de garantías; democrática pro la polarización y las políticas de represión; de confianza, por el desapego, e incluso odio, hacia los medios de comunicación; y económica por el empobrecimiento del periodismo de calidad.

"Entramos en una década decisiva para el periodismo, debido a las crisis simultáneas que afectan al futuro de la prensa", afirma el secretario general de RSF, Christophe Deloire, que añade que la pandemia del coronavirus "muestra factores negativos para el respeto del derecho a una información fiable".

Deloire indica que "esta es, en sí misma, un factor multiplicador". "¿Qué será de la libertad, del pluralismo y de la credibilidad de la información de aquí al año 2030? La respuesta a esta pregunta es lo que hoy está en juego", avisa. En este sentido, la organización aprecia "una clara correlación" entre la represión de la libertad de prensa registrada durante la crisis del coronavirus y el lugar que ocupan los países en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa.

RSF apunta que China (177º) e Irán (173º, -3), epicentros de la pandemia, establecieron dispositivos de censura masivos, y que el Gobierno de Irak (162º, -6) suspendió la licencia de trabajo de la agencia de noticias Reuters durante tres meses, horas después de que esta publicase una nota que cuestionaba las cifras oficiales de casos de Covid-19.

En Hungría (89º,-2), el primer ministro, Viktor Orbán, hizo que se aprobara una ley relativa al coronavirus que sanciona la difusión de noticias falsas con penas de hasta cinco años de prisión, "una forma de coacción completamente desmesurada", según la ONG. "Los gobiernos autoritarios ven en la crisis sanitaria la oportunidad de aplicar la famosa 'doctrina del shock': aprovechar la interrupción de la vida política, la consternación de la población y el debilitamiento de los movimientos sociales, para imponer medidas que sería imposible adoptar en condiciones normales", denuncia Christophe Deloire.

Los datos de la clasificación

Respecto a la Clasificación 2020, Noruega conserva, por cuarto año consecutivo, el primer lugar y Finlandia se mantiene en la segunda posición, seguido de Dinamarca (3º, +2) que se sitúa ahora en el tercer lugar, ya que Suecia (4º, -1) y los Países Bajos (5º, -1) sufren un descenso por el aumento de los casos de acoso a periodistas en internet. En el lado opuesto, Corea del Norte (180º, -1) desciende a la última posición y ocupa el lugar de Turkmenistán, mientras que Eritrea (178º) sigue siendo el país peor calificado del continente africano.

Por regiones, Europa sigue siendo el continente mejor clasificado en cuestión de libertad de prensa, seguido de América, pese a que Estados Unidos y Brasil se han convertido, según RSF, "en dos verdaderos antimodelos". África se ubica en la tercera posición. En esta zona se registraron importantes retrocesos por el aumento de las prolongadas detenciones arbitrarias de periodistas y por los ataques que estos sufren en internet.

Sin embargo, RSF detalla que la región que experimenta un mayor deterioro es la de Asia y el Pacífico (+1,7%). Australia (26º, -5) desciende en la Clasificación debido a que el secreto de las fuentes y el periodismo de investigación están en peligro en este país, que antes era un modelo en la zona. Otros dos países de Asia-Pacífico también han contribuido al descenso de la puntuación de esta región: Singapur (158º), que pierde siete posiciones por su ley contra las noticias falsas y entra en la zona negra de la Clasificación, y Hong Kong (80º), que también pierde siete lugares por las agresiones a periodistas durante las manifestaciones pro democracia. Finalmente, la región de Europa del Este-Asia Central conserva el penúltimo lugar y Oriente Medio-África del Norte sigue siendo la región donde resulta más peligroso para los periodistas ejercer su profesión