El Comité de Derechos Humanos pide más contundencia en materia migratoria a España
El Comité de Derechos Humanos ha pedido al Estado Español redoblar sus esfuerzos en materia antirracista, ya que considera que las medidas tomadas por el Gobierno no son lo suficientemente contundentes como para erradicar la discriminación racial.
Esta advertencia llega justo después de los sucesos de Torre Pacheco (Murcia). España ha vivido uno de los capítulos más crueles contra los migrantes de los últimos 25 años. En la localidad los ultras asolaron la población murciana durante días con duros enfrentamientos y mensajes xenófobos.
Según los datos del último boletín del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE), dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que monitoriza el discurso de odio en redes sociales, durante el pasado mes de junio se detectaron más de 54.000 contenidos con discurso de odio, una cifra que refleja una tendencia "preocupante" en el entorno digital en el primer semestre de 2025.
Desde el Comité apuntan a que la situación de los migrantes es crítica, no sólo por los ataques racistas, sino también por la insuficiencia en recursos del propio Estado. De hecho, sobre esta materia el informe subraya la falta de plazas en los centros de acogida de migrantes. En esta misma línea, el documento expone que los Centros de Atención Temporal de Extranjeros todavía no tienen un marco reglamentario unificado.
Y todo ello con un aumento en las solicitudes de protección internacional, con 96.251 en 2024, un 4,2% más que el año anterior. Según explican en el informe, es necesario aumentar la capacidad de recepción y respuesta a estas solicitudes. Además, añaden que la calidad de vida que se ofrece a las personas migrantes deja mucho que desear y piden que se mejoren las condiciones de los Centros de Internamiento de Extranjeros.
Aunque consideran positivas las medidas tomadas por el Gobierno para garantizar los derechos de los menores no acompañados, insisten en que haya una normativa de todo el territorio que respete la sensibilidad de los menores.
También en materia migratoria, el Comité considera que la actuación respecto a las fronteras no está siendo correcta, con prácticas como devoluciones sumarias o rechazos en la frontera, además de que apuntan a que el acuerdo bilateral con Marruecos no garantiza que se respete los derechos de los migrantes ni en la frontera con España ni a su vuelta a Marruecos.
También señalan a la violencia que ejercen las fuerzas de seguridad con los migrantes, llegando a la muerte de varios casos en la frontera del norte de África. En concreto, apuntan a los hechos ocurridos en Ceuta en 2014 y a la tragedia de la valla de Melilla en 2022. Piden que se garanticen los derechos humanos y que la violencia sea juzgada en un proceso transparente.
Consideran que los profesionales deben tener una mayor formación para evitar esta violencia, incluso en contextos urbanos, para cumplir con los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de hacer cumplir la ley.
Más medidas contra los delitos de odio
Los delitos de odio se mantienen en aumento, con 1.955 infracciones penales e incidentes de odio en 2024. El Comité señala al aumento del neofascismo por el incremento de los discursos del odio contra el pueblo gitano y afrodescendiente, el colectivo LGTBIQ+, las personas musulmanas y judías, y los catalanes.
Esto preocupa al Comité, que pide que haya un mayor esfuerzo en lo relativo a la protección de estos colectivos y la garantía de que haya libertad de opinión y de expresión. Consideran que esto debe de ser un trabajo colectivo entre toda la sociedad civil, con la promoción en los medios de comunicación de la aceptación por la diversidad.
Dentro de este marco, también muestran su preocupación por la situación del colectivo LGTBIQ+, ya que, aunque reconoce que ha habido avances en la autodeterminación de género, con su inclusión en la legislación española, indican que sigue habiendo contradicciones al solo reconocer legislativamente las categorías de “hombre” y “mujer”, por lo que las personas no binarias no estarían recogidas en documentos oficiales o en registros administrativos del Estado, lo cual supone una discriminación a la hora de acceder a los servicios públicos. El Comité, por lo tanto, pide que se garantice que todas las personas LGTBQ+ puedan vivir en igualdad de condiciones.
Los feminicidios preocupan al Comité
El número de denuncias por violencia de género recibidas en los órganos judiciales durante el primer trimestre de 2025 creció un 4,28% con respecto al año anterior, hasta alcanzar los 47.865, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
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Este aumento en la violencia contra las mujeres preocupa al Comité, que considera necesario mejorar las instituciones por las dificultades que las mujeres siguen teniendo a la hora de denunciar. Todavía persisten los estereotipos de género, según denuncian, en instituciones clave como el sistema judicial. Asimismo, piden que se redoblen los esfuerzos para garantizar que todas las mujeres y niñas puedan tener un acceso garantizado a un aborto seguro.
Aunque el Estado a tomado medidas para prevenir esta violencia contra las mujeres, como con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, el Comité considera que fenómenos como la trata de personas o la explotación sexual siguen vigentes y han de ser erradicados.
Por ello, consideran necesario crear una ley integral contra la trata y poner en marcha un mecanismo nacional de derivación para las víctimas de trata, así como mayor formación para aquellos que intervienen en la protección de estas mujeres, con más medidas de protección y asistencia.
