Más allá de los grandes casos como la trama Gürtel, la Operación Kitchen o el de la Policía Patriótica, que afectan al PP nacional y al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y parte del que fue su Ejecutivo, la corrupción ligada al PP ha arraigado en varias de las comunidades en las que gobierna. Dos de los territorios en los que es hegemónico desde hace 30 años, la Comunidad de Madrid y la Región de Murcia, son, con mucha diferencia, los más afectados por causas que permanecen abiertas. Pero también sucede en administraciones a las que el partido que dirige Alberto Núñez Feijóo ha llegado mucho más recientemente, como Andalucía, donde el Juzgado de Instrucción 13 de Sevilla investiga a la Junta por los contratos sanitarios de emergencia durante la pandemia y por el incremento de los precios abonados a la sanidad privada por pruebas diagnósticas derivadas del Sistema Andaluz de Salud. Este es el estado procesal en el que se encuentran las principales causas abiertas en esas comunidades.

El caso lo tiene todo. Afecta a la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, siempre presta a saltar a la poltrona de su líder nacional, Alberto Núñez Feijóo, si en las próximas generales no logra una mayoría suficiente para gobernar. Pero por otro lado, la causa está muy relacionada con el principal contratista sanitario de la Comunidad de Madrid, a quien ha adjudicado la gestión de varios hospitales, el gigante Quirón.

La investigación nace de una inspección fiscal abierta a la sociedad Maxwell Cremona, cuyo titular es Alberto González Amador, el novio de Ayuso. La Agencia Tributaria detectó dos fraudes en el Impuesto sobre Sociedades superiores a los 120.000 euros por lo que le denunció a la Fiscalía como presunto autor de dos delitos fiscales que podrían comportar su ingreso en prisión: la Fiscalía pide tres años y nueve meses de cárcel. La instrucción que dirige el Juzgado de Instrucción 19 de Madrid está lista para ir a juicio. Según fuentes fiscales, a la pareja de Ayuso no le quedará más remedio que reconocer sus delitos –algo que ya hizo en 2024, aunque el pacto no fraguó– para lograr una rebaja de pena. La titular, Inmaculada Iglesias, acordó el procesamiento el pasado 28 de mayo. Además de los delitos fiscales, a Amador se le imputa otro de falsedad documental al haber presentado facturas falsas durante la investigación en Hacienda.

Pero la parte más política del caso, la relacionada con Quirón, se inició a instancias de las acusaciones populares del PSOE y Más Madrid. La jueza abrió una pieza separada por los presuntos delitos de corrupción en los negocios y administración desleal por camuflar una supuesta comisión de González Amador a la esposa de Fernando Camino, director general de Quirón Prevención, filial del gigante sanitario. Amador le pagó casi medio millón de euros por la sociedad Círculo de Belleza SL, supuestamente dedicada a productos de droguería, perfumería y cosmética pero que, en realidad, según Hacienda, no tenía inmuebles ni empleados: solo un ordenador portátil sin valor y unos aparatos de depilación. Es decir, que la pareja de la presidenta madrileña compró una firma sin valor y ahora se investiga si la operación sirvió para ocultar ese pago.

El caso de González Amador tiene otra derivada, el proceso abierto por el Supremo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por desmentir bulos filtrados por el entorno de Ayuso a medios afines sobre sus delitos fiscales. El jefe de gabinete de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez, distribuyó en dos chats de WhatsApp con 50 periodistas que la Fiscalía le había ofrecido a González Amador un pacto para reducir su condena y evitar la cárcel y luego lo había retirado "por órdenes de arriba". En realidad fue el propio abogado de González Amador el que ofreció el pacto al Ministerio Público. Tras publicarse las patrañas de Rodríguez, algunos medios las desmintieron. El Supremo cree que fue García Ortiz quien filtró a estos últimos la información, algo que el jefe de la Fiscalía ha negado siempre y de lo que no existen pruebas. Al día siguiente, la Fiscalía General del Estado sí emitió un comunicado con un desmentido oficial y un relato pormenorizado de la evolución del caso. El instructor del caso, el magistrado Ángel Hurtado, procesó a García Ortiz el pasado junio por revelación de secretos. Están por ver las consecuencias que una eventual condena tendría en el caso de González Amador.

En el último congreso del PP de Madrid, celebrado en 2023, Isabel Díaz Ayuso la convirtió en su número tres. Ana Millán, exalcaldesa de Arroyomolinos y diputada en la Asamblea de Madrid, de la que es vicepresidenta, fue catapultada al cargo de vicesecretaria de Organización y Electoral del partido en el círculo más próximo a la presidenta. Llegó a ese puesto pese a la investigación que le ha abierto la titular del Juzgado de Instrucción 6 de Navalcarnero. Según la instructora, en su etapa como concejala, Millán habría favorecido al empresario Francisco Vicente Roselló, al que adjudicó irregularmente contratos municipales a cambio de contratos para su hermana y su pareja, un empresario hostelero que se benefició en una unión temporal de empresas (UTE) con el presunto corruptor.

La colaboradora de Ayuso permanece imputada desde 2022 por prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude contra la administración pública. Siendo concejala de Juventud en Arroyomolinos, aprobó siete contratos públicos a favor de Roselló. Se investiga si el dinero recibido por el entorno de Millán sirvió para pagar la hipoteca y la comunidad de vecinos de un inmueble de su propiedad. En total, la actual diputada madrileña recibió presuntamente del empresario beneficiado por esos contratos la cantidad de 44.462 euros. La instructora se inhibió a favor de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, al que Millán está aforada, pero ese órgano le ha devuelto la causa porque considera que la investigación no está terminada.

Este mes ha saltado a los medios por otro motivo. Tras la dimisión de la diputada Noelia Núñez por inflar su currículum, fue acusada de hacer lo propio con el suyo. Durante las campañas electorales para las elecciones municipales en su municipio se había presentado como licenciada en Ciencias Políticas. Sin embargo, en su relación de méritos enviada a la Asamblea de Madrid, esa licenciatura ha desaparecido para convertirse en "diplomatura de Gestión y Administración Pública". Millán ha reconocido que no es licenciada, pero asegura que los folletos electorales en los que así se presentaba no habían sido diseñados por ella.

Es un mecanismo clásico: el de fracturar contratos públicos para poder otorgarlos a dedo sin tener que abrir una convocatoria a todo el que quiera presentarse. El mismo por el que, por ejemplo, ha sido condenada la expresidenta del Parlamento de Cataluña Laura Borrás. El caso FP también puede salpicar a un presidente de parlamento autonómico. Al de la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, que en las fechas en las que se produjo el escándalo era consejero madrileño de Educación. La actual consejera de Economía, Rocío Albert, era entonces la viceconsejera de Ossorio.

El motivo es el fraccionamiento de obras en institutos de Formación Profesional por un valor total de más de tres millones de euros. El empresario más beneficiado, Gabriel Navarro, aseguró en el Juzgado de Instrucción 39 de Plaza de Castilla, donde se sigue la investigación, que recibió "instrucciones precisas" del Ejecutivo madrileño para no superar los 50.000 euros en los cobros de cada una de sus sociedades. Y que era una práctica que llevaba desarrollándose muchos años.

La Fiscalía ha calificado la operativa de "claramente irregular" y ha constatado "la grosera y palmaria falta de procedimiento". El caso afecta al menos a 12 centros en los ejercicios de 2021, 2022 y 2023. La jueza, por el momento, aprecia un posible delito de prevaricación administrativa. La propia Comunidad de Madrid, a través de su Intervención General, ha confirmado al juzgado las irregularidades.

Han pasado 11 años desde que el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco autorizó la operación que desarticuló una macrotrama de corrupción liderada por el número dos de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, Francisco Granados. La investigación está desgajada en múltiples piezas. La número seis, centrada en la adjudicación de 225 millones de euros de manera fraudulenta a la empresa energética Cofely, se inició el pasado abril. 13 de los 37 acusados, entre ellos varios alcaldes del PP y el socio de de Granados, el empresario David Marjaliza. En los próximos meses se espera, además, la fijación de la fecha del juicio de la pieza separada siete, en la que también se acusa a varios alcaldes de contrataciones destinadas a financiar irregularmente campañas electorales del PP, y de la número nueve, centrada en la caja B del PP de Madrid. El sustituto de Velasco, Manuel García-Castellón, sacó del caso a Aguirre y al también expresidente de la Comunidad Ignacio González, pero Granados sí se sentará en el banquillo. Otras seis piezas del caso se encuentran todavía en la fase de instrucción.

Otro caso complejo es Lezo, centrado en el saqueo del Canal de Isabel II, la empresa de aguas madrileña, y cuyo principal implicado fue el exvicepresidente de Aguirre y después presidente de la Comunidad, Ignacio González. Cuatro de las piezas ya se han instruido y están a la espera de que la Audiencia Nacional fije fecha para el juicio. Se trata de la compras infladas de otras compañías de suministro de Brasil y Colombia (Emissao e Inassa). Entre los implicados, además de González (para el que la fiscalía pide ocho años de cárcel) se encuentran varios exconsejeros del también expresidente y exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, como Juan Bravo y Pedro Calvo. Otra de las piezas pendientes de que se fije el inicio de la vista es la relativa al tren entre Móstoles y Navalcarnero, adjudicado por el gobierno de González pero nunca terminado.

Si la Comunidad de Madrid tiene a un presidente encausado, en la Región de Murcia son dos. Tras su condena a tres años de cárcel por fraude y prevaricación en el caso Auditorio, Pedro Antonio Sánchez afronta ahora una nueva petición, esta vez de 13 años de cárcel, por el fraccionamiento en siete contratos menores de las obras de un edificio destinado a centro de la mujer y escuela infantil cuando era alcalde de Puerto Lumbreras. Se le imputan los delitos de prevaricación, fraude, falsedad de documento público y contra la ordenación del territorio. El caso está pendiente de juicio en la Audiencia de Murcia.

También está pendiente de juicio el caso de la desaladora de Escombreras, cuyo principal implicado es el que fuera presidente murciano durante 19 años, Ramón Luis Valcárcel. El fiscal pide para él 11 años de cárcel por los presuntos delitos de prevaricación, fraude continuado y malversación de caudales públicos. La trama pretendía dar agua a nuevas edificaciones y urbanizaciones en pleno boom inmobiliario a través de la planta desalinizadora y sin tener que pedir permiso a la Confederación Hidrográfica del Segura en contra de lo que establece la Ley de Aguas.

Es 22 de noviembre de 2016. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil logra captar una conversación entre Ignacio González y Eduardo Zaplana. Ambos charlan sobre la carrera judicial. En un momento dado, el expresidente madrileño, que ya tenía constancia de que estaba bajo la lupa de una justicia que iba acorralando al PP en casos como Púnica, comienza a divagar sobre la posibilidad de deshacerse del magistrado Eloy Velasco, entonces provisional en el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional. Plantea dos opciones: ascenderlo o mandarle directo a la plaza que tiene en propiedad. "Vamos a ver Eduardo, tenemos el Gobierno, el Ministerio de Justicia, no sé qué y tal, y escucha, tenemos un juez que está provisional… tú lo ascienden… yo le digo, a ver, venga usted pa acá, ¿cuál es la plaza que le toca? Onteniente, a tomar por culo a Onteniente, y aquí que venga el titular, que ya me las apañaré con el titular", desliza. El titular de aquel puesto era el magistrado Manuel García-Castellón.

Pocos meses después, los astros se alinean. Como ocurriera con Manuel Moix y su nombramiento al frente de la Fiscalía Anticorrupción, los deseos de González se cumplen. Velasco es ascendido a la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional. Y García-Castellón solicita volver a su plaza como titular del Juzgado Central de Instrucción 6. Por aquel entonces, el magistrado era un personaje desconocido fuera de los ámbitos judiciales. Llevaba más de tres lustros en destinos dorados en el extranjero: primero como juez de enlace en París y luego en Roma. Pero poco a poco comienza a ganar relevancia pública. Los grandes casos mediáticos –Púnica, Lezo o Tándem– se acumulan en su mesa y le colocan de forma constante en periódicos, radios y televisiones. Se convierte así en una suerte de juez estrella cuyas decisiones, sin embargo, han sido corregidas en multitud de ocasiones.

Esta misma semana, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional le ha ordenado que diera carpetazo a la investigación secreta que mantenía abierta, a raíz de la información aportada por el exjefe de la Inteligencia venezolana Hugo Armando El Pollo Carvajal, sobre la supuesta financiación irregular de Podemos. Los magistrados le han acusado de ampliar "artificiosamente" la causa para "investigar posibles delitos que no cabe entender relacionados con la financiación ilegal", al ser entonces esta "atípica" –no se introdujo en el Código Penal hasta 2015–. Tres meses antes, la misma Sala de lo Penal había puesto ciertos límites a las pesquisas, al tiempo que despreciaba las declaraciones de El Pollo Carvajal al considerar que se sujetaban sobre "narraciones de terceras personas".

No es el único rapapolvo que ha recibido en relación con la formación morada. Da buena cuenta de ello el llamado caso Dina, una de las piezas separadas de Tándem –la macrocausa que pivota alrededor del excomisario José Manuel Villarejo– en la que se investiga el robo de la tarjeta de móvil de la exasesora de Podemos Dina Bousselham y la publicación de parte del contenido de la misma en diferentes medios. Tras la primera ola de la pandemia, García-Castellón decidió retirar al entonces vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias la condición de víctima en la causa. Lo hizo deslizando que la filtración a OkDiario podría haber partido incluso del propio Iglesias. Pero la Sala de lo Penal, una vez más, le corrigió: "No hay pruebas que sustenten que los hechos se han producido conforme a alguna de esas alternativas".

El magistrado, pocos días después de aquel varapalo, decidió poner punto y final a la fase de investigación. Por un lado, propuso juzgar a Villarejo y un par de periodistas. Y, por otro, envió al Supremo la parte relativa a Iglesias, poniendo sobre la mesa posibles delitos de revelación de secretos o daños informáticos.

Ambos intentos naufragaron. El Alto Tribunal rechazó la exposición razonada y criticó que el magistrado hubiera abandonado determinadas líneas de investigación. Y la Sala de lo Penal, tras un recurso de la Fiscalía, revocó el final de la instrucción y ordenó a García-Castellón que tomara declaración, entre otros, a la propia Bousselham y a Eugenio Pino, quien fuera director adjunto operativo de la Policía. Testificales que la Sala de lo Penal consideraba "procedentes" pero que el magistrado había rechazado.

García-Castellón, no obstante, se ha llevado más tirones de orejas por llegar a conclusiones antes de tiempo. La instancia superior de la Audiencia Nacional tumbó en abril de 2019, a petición de PSOE y Fiscalía, su decisión de archivar la causa contra el expresidente murciano del PP Pedro Antonio Sánchez en relación con la trama Púnica. Lo hizo al entender que el magistrado no había justificado su decisión. En el auto, la Sala de lo Penal le reprochaba que en aquel escrito omitiese, de manera "incomprensible", toda "mención a los hechos evidenciados". Por ello, García-Castellón se vio obligado a dictar un nuevo auto de archivo que, esta vez sí, terminó siendo confirmado por la instancia superior.

Por las prisas a la hora de tomar decisiones también recibió el año pasado reproches en otras dos piezas de esta macrocausa. En concreto, en la 4 y en la 10, donde se investigaban un amaño urbanístico en Valdemoro del que supuestamente se habría beneficiado El Corte Inglés y los trabajos de reputación online a políticos, respectivamente.

En el primer caso, la Audiencia Nacional acordó revocar el sobreseimiento dictado por el magistrado contra quien fuera asesor legal de los grandes almacenes y un empresario porque consideraba precipitada la decisión y todavía estaban "pendientes de practicar" algunas diligencias de investigación "relevantes". Casi tres meses antes, la Sala de lo Penal hizo lo propio con la decisión de sacar de la segunda investigación a Ignacio García de Vinuesa, que dimitió como comisionado de Víctimas del Terrorismo en el Gobierno de Ayuso tras su imputación. De nuevo, se consideró "precipitado" el movimiento.

Esto también ha ocurrido en alguna de las piezas separadas de la macrocausa Tandem. Es el caso de la número 21, donde se investiga el supuesto espionaje a través de Villarejo al expresidente de Sacyr Luis del Rivero. García-Castellón archivó la causa para Repsol, Caixabank, el presidente de la primera –Antonio Brufau– y el expresidente de la segunda –Isidro Fainé–. Una decisión que acabó tumbando la instancia superior tras el recurso de Ministerio Fiscal, empresario y Podemos. La Sala de lo Penal volvió a repetir lo mismo: no se puede dar carpetazo al asunto cuando quedan cosas por hacer para "agotar la investigación". Ahora, casi un año después, el magistrado ha vuelto a archivar. Y Anticorrupción, otra vez, a recurrir por lo mismo.

Los tiras y aflojas del Ministerio Público y de las acusaciones con el titular del Juzgado de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional han sido una constante. Principalmente, por sus "prisas" a la hora de ir concluyendo investigaciones y por su negativa a la hora de practicar determinadas diligencias. En la pieza separada 9 de Púnica, en la que se investiga la supuesta existencia de una caja B en el PP de Madrid, la Fiscalía tuvo que recurrir a la Sala de lo Penal para que el magistrado retomase la línea de investigación sobre la supuesta vía de financiación irregular del partido y la implicación de directivos de Indra. Al final, García-Castellón se vio obligado a llamar a declarar como investigadas a diferentes personas, unas diligencias que había rechazado por considerarlas "innecesarias e inútiles".

Aquella victoria fue el resultado de un recurso de Anticorrupción en el que se enfrentaba al magistrado por la urgencia a la hora de cerrar las pesquisas. En él, el Ministerio Público sostenía que el derecho de todo investigado a ser enjuiciado "en un plazo razonable" no podía convertirse "en el derecho de todo delincuente a ser descubierto e indagado con prontitud". Y se quejaba de que llevaba cuatro años esperando a que se "materializase" por completo el envío de las "informaciones e indicios" obtenidos en el marco de la Operación Lezo que García-Castellón ordenó trasladarle.

El magistrado dio por concluida el pasado mes de enero la instrucción de esta pieza, en la que se encuentra imputada la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre. "No debe prolongarse, de modo indebido, el ya sobradamente añejo plazo de investigación", concluyó el juez, rechazando alargar las pesquisas varios meses más como pedían algunas acusaciones.

El asunto, sin embargo, quedó en stand by a la espera de recibir los escritos de acusación y archivo y a la espera de que el ex alcalde de Majadahonda Guillermo Ortega aportase un informe que, supuestamente, podía afectar a Aguirre. Y así se mantuvo hasta la pasada semana, cuando el magistrado decidió zanjar la investigación sin esperarle más tiempo.

Este último movimiento ha sido criticado por el PSOE y la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade). Esta acusación popular ha remitido un escrito a la Audiencia Nacional en el que solicitan más tiempo para el exalcalde conservador. Recuerdan que se tardó "20 meses" en poner a su disposición en el Centro Penitenciario Madrid V "la documentación" y "medios técnicos" para elaborar un "informe" que, a ojos de esta parte, "reviste vital importancia". Y cargan con dureza contra García-Castellón: "No se entiende la celeridad que se quiere imprimir al proceso de instrucción justo en la recta final. Como ya señaló la Fiscalía en otra causa, la inacción y las prisas parecen dibujar líneas rojas que blindarían al Partido Popular y sus dirigentes, en este caso a la que fuera presidenta de la Comunidad de Madrid y del Partido Popular en esta Comunidad Autónoma".

La Policía ha identificado a José Luis Almazán, ex director del Puerto de Melilla y ex secretario de Desarrollo Económico del PP de la Ciudad Autónoma, como la voz que pidió a OHL una aportación de 400.000 euros para las elecciones europeas de 2009, tras analizar una de las grabaciones que fueron realizadas por el ex ejecutivo de la empresa constructora Paulino Hernández y que forman parte del caso Lezo, informa Europa Press.

En un oficio del pasado 24 de septiembre, adelantado por 'El Periódico de España' y al que ha tenido acceso Europa Press, la Policía Científica responde a la petición del magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón de comparar la voz de Almazán en su declaración judicial con dos archivos de audio que corresponderían a esas grabaciones.

Las dos especialistas de la Sección de Acústica Forense de la Comisarla General de Policia Científica que han efectuado el análisis sonoro concluyen que existe "un alto nivel de similitud entre la voz dubitada y la voz indubitada", por lo que estiman que ambas corresponden a Almazán.

Según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, los extractos analizados obedecen a los exámenes periciales que el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional encargó en su día para identificar a los interlocutores de Hernández, ex director de Zona de Obra Civil de OHL que habría grabado conversaciones comprometedoras que finalmente le fueron incautadas en la entrada y registro de su vivienda.

De acuerdo con los audios revelados en su momento por la Cadena Ser, Hernández grabó en abril de 2009 una reunión con Almazán en la que este último se queja de que OHL habría aplicado un sobrecoste de hasta un 30% para una obra de ampliación del puerto de Melilla y acaba pidiéndole, para dar "cierto gusto" a sus jefes, que aporte 400.000 euros para las elecciones europeas. "No nos pasemos ya, José Luis", le responde.

'El Periódico de España' detalla que la comparativa que llevan a cabo las agentes es precisamente con el audio de esa conversación. Las mismas fuentes han explicado a Europa Press que, aunque se intuía que Almazán era el interlocutor de Hernández en ese diálogo, este informe de la Policía Científica viene a confirmarlo.

Ana Cuenca, la fiscal del caso Lezo, en el marco de la pieza 5 relativa al blanqueo de capitales de la trama, remitió un informe el pasado 22 de julio al juez instructor, Manuel García-Castellón, en el que le indicaba que de la documentación recibida por las autoridades judiciales suizas fruto de las diversas comisiones rogatorias "se desvela" que existen ingresos no declarados a la Hacienda pública española.

En el escrito, que avanzaba La Razón y al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público revela que esas cuentas bancarias suizas estaban a nombre de la sociedad Sparklingwater Management, detrás de la cual está Ildefonso de Miguel.

Además, indica que hubo hasta cuatro ingresos: uno de 1.717.284,99 euros el 1 de septiembre de 2008; otro de 214.198,82 euros el 4 de septiembre de 2008; otro de 250.000 euros el 30 de septiembre de 2008; y un último ingreso de 459.884 euros el 9 de febrero de 2011.

Las declaraciones, a devolver 

Con esos datos sobre la mesa, Cuenca solicitó a la Unidad de Apoyo de la Agencia Tributaria que comprobara en sus bases de datos si esos ingresos habían sido declarados, y tras acreditarse que no fue así, interesó que se cuantificaran las posibles deudas tributarias generadas por esos ingresos no declarados.

La Agencia Tributaria emitió dos informes en mayo y en julio. En el último de ellos especificaba que esos cuatro ingresos (tres de 2008 y uno de 2011) no fueron declarados y que por tanto "generaron unas cuotas no ingresadas de 935.856,46 euros en el ejercicio de 2008 y de 204.369,49 en el ejercicio de 2011.

En ese informe de Hacienda se especifica además que la declaración de la renta de Ildefonso de Miguel en 2008 le salió a devolver, por lo que se le abonaron 12.570 euros, y que en 2011 se le devolvieron 2.275,72 euros.

En la providencia del juez de 23 de julio que recogía el informe de la fiscal sobre esas cuentas suizas, se acuerda también la petición del Ministerio Público de traducir al castellano la documentación remitida por Suiza en contestación a varias comisiones rogatorias que llegaron en inglés y en alemán.

Ignacio González en la pieza 5 

En esta pieza, el juez rechazó en julio la petición de la defensa del que fuera presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y de su esposa Lourdes Cavero para ser exonerados, según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.

La decisión se producía en consonancia con el criterio de la fiscal, y ello a pesar de que, en su escrito de alegaciones a la petición de la defensa, al que tuvo acceso Europa Press, la acusación pública ya avanzaba que existen elementos que sustentan "un eventual sobreseimiento". La fiscal aplaza la posición final sobre este asunto a la resolución de las diligencias aún pendientes.

"Ciertamente la citada representación apunta elementos que sustentan un eventual sobreseimiento de sus representados. No obstante, no se puede desconocer que la fuerza actuante mediante oficio de 13 de julio de 2021 del que se ha dado traslado al Ministerio Fiscal (...) solicitó la práctica de diligencias referidas a estos dos investigados que, tras su análisis, el Ministerio Fiscal considera pertinentes y útiles para agotar esta instrucción", decía Cuenca.

Por eso, y con el objetivo de poder emitir un informe valorando el global de las diligencias, considera mas adecuado "posponer su dictamen sobre la procedencia del sobreseimiento de ambos al momento en que se resuelva y, en su caso, se practiquen dichas diligencias", algo que prevé que sea en breve. En este mismo escrito dirigido al titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García Castellón, la Fiscalía instaba el archivo de las actuaciones en la pieza 5 de este macrosumario para Edmundo Rodríguez Sobrino, ex responsable del Canal de Isabel II en Latinoamérica.

Anticorrupción considera que la investigación sobre el pago de una presunta comisión de 2,5 millones de dólares a Ignacio González para la adjudicación en 2007 a OHL del proyecto de cercanías entre los municipios madrileños de Móstoles y Navalcarnero –que no llegó a culminarse– ya está concluida. Por ello, interesa que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 dicte un auto de pase de diligencias previas a procedimiento abreviado para poder formular escrito su escrito de acusación contra seis investigados.

Así, ha anunciado que dirigirá su acusación por los delitos, según los casos, de tráfico de influencias, cohecho y falsedad documental al expresidente madrileño Ignacio González –para quien la Fiscalía pide 15 años de cárcel por otras dos piezas del caso Lezo–; el exconsejero delegado de OHL Javier López Madrid (yerno de Villar Mir); a los directivos de la constructora Rafael Arturo Martín de Nicolás Cañas y Felicísimo Damián Ramos Ramos; el exgerente del Canal Isabel II Ildefonso de Miguel Rodríguez; y al empresario Adrián de la Joya Ruiz de Velasco.

Asimismo, la Fiscalía ha adelantado que no aprecia que existan indicios suficientes para formular acusación contra otros investigados como Juan Miguel Villar Mir, quien en sus diversas declaraciones ante el juez ha negado tener conocimiento del pago de la comisión; el exconsejero delegado de la extinta empresa pública Mintra, Jesús Trabada y el exconsejero delegado de OHL Tomás García Madrid.

OHL siempre ha defendido que en la investigación interna que realizó con respecto a este asunto se identificaron dos transferencias por importe de 2,5 millones de dólares por facturas emitidas y contabilizadas de Lauryn Group sin que haya indicio de que pudieran estar relacionadas con actos ilegales o ilícitos de ningún tipo.

Plan para asegurarse la adjudicación

La Fiscalía explica en un comunicado que la investigación ha revelado que la adjudicación de este contrato "obedeció presuntamente a un plan ideado" por Javier López Madrid y el que fuera consejero director general de Construcción Nacional de OHL Rafael Arturo Martín de Nicolás Cañas para "asegurarse la adjudicación inicial y conseguir la posterior autorización de un modificado contractual".

Para lograr ese propósito, señala el Ministerio Público, ambos investigados destinaron 2,5 millones de dólares al abono de una ilícita comisión entre cuyos beneficiarios se encontraban Ildefonso de Miguel e Ignacio González, quien entonces ocupaba el cargo de vicepresidente de la Comunidad de Madrid y presidía la empresa pública de aguas.

Así para ejecutar este plan y llevar a cabo el pago de dicha comisión, todos estos investigados contaron con la "colaboración esencial" del entonces director de Control de Gestión de la constructora, Felicísimo Damián Ramos Ramos, y del empresario Adrián de la Joya.

El juez García Castellón ya ha enviado a juicio las dos primeras piezas de este causa sobre corrupción en el Canal Isabel II, relacionadas con la compra con fondos públicos de la empresa brasileña Emissao y de la colombiana Inassa por las que sienta en el banquillo a 29 personas. Por estos hechos, Anticorrupción solicita 15 años de cárcel para Ignacio González.

El exsecretario general del PP madrileño, Francisco Granados, y el empresario, Javier López Madrid, han negado este jueves ante el juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Lezo que comieran junto al empresario David Marjaliza y que hablaran del pago de una comisión de en torno a un millón de euros por la adjudicación en 2007 de las obras del tren de Navalcarnero.

Tras una breve declaración ante el juez, López Madrid ha emitido un comunicado, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que explica que "jamás se produjo la comida ni la conversación" a la que aludió en febrero Marjaliza. Entonces, sostuvo que en una cena que compartió Granados y el empresario, el primero le pidió al segundo el pago de una comisión de "en torno a un millón de euros".

López Madrid, que ha comparecido a petición propia ante el juez "para desmontar las falsas acusaciones de Marjaliza", explica en su nota que su interés es aclarar el asunto. Tanto es así, que, tras ser la solicitud de comparecencia inicialmente rechazada por el juez, López Madrid recurrió la decisión ante la Sala, que estimó la petición, y por eso ha sido citado este jueves "con la confianza de que su testimonio servirá para dejar probada la falsedad de las declaraciones que le involucran".

Por su parte, Granados, que en esta ocasión declaraba como testigo ha señalado a la prensa a la salida de su comparecencia que venía para colaborar con la justicia "y seguir desmontando las mentiras continuadas que este sujeto absolutamente abyecto lleva contando desde el primer día", por Marjaliza.

"Es una pena que al final este sujeto, que baila al son que le van tocando, tenga mareada a la Administración de Justicia en un asunto en el que no hay absolutamente nada, es una invención más de este señor", ha apuntado.

Así, al igual que López Madrid, ha negado que se diera esa cena y lo achaca a la "vida de fábula" de Marjaliza que busca "algún tipo de beneficio judicial". "Me parece triste que la Administración de Justicia de alguna forma se vea influenciada por un sujeto de estas características", ha añadido.

Por último, antes de abandonar la Audiencia Nacional, Granados ha indicado a la prensa que mientras "a los que hasta hace poco se les llamaba la casta" estaban dando la cara ante la Audiencia Nacional, "los parias de la tierra se esconden debajo del escaño para no asumir su responsabilidades judiciales". Hacía referencia así al vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, que está pendiente de que el Supremo decida si abre causa tal y como solicita la exposición razonada del juez que instruye Dina.

El caso Lezo

Con las declaraciones de este jueves, García-Castellón retoma esta causa de la que ya ha enviado a juicio dos de las piezas y ha sentado en el banquillo al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y exdirectivos del Canal Isabel II, en concreto por la compra de las empresas Emissao e Inassa con fondos públicos procedentes de la empresa de aguas y los presuntos repartos de comisiones derivados de estas operaciones.

Hoy, además de López Madrid y Granados, ha habido declaración de otros testigos en relación a la pieza que investiga los presuntos sobornos al embajador de España en Haití entre 2011 y 2014, según han informado fuentes jurídicas.

Las testificales de este jueves realcionadas con la adjudicación del tren del Navalcarnero llegan después de que en febrero Marjaliza asegurara que ambos "se reclamaban dinero uno a otro por una adjudicación de una obra", aludiendo así a una comisión que pedía el exdirigente madrileño por la adjudicación en 2007 de las obras del tren de Navalcarnero al grupo OHL.

"Yo escuché esa conversación entre Paco -Granados- y Javier -López Madrid-. Paco le reclamaba el pago del millón de euros a Javier, y Javier le dijo que él no había intervenido, que había intervenido Nacho", aseguró ante los medios de comunicación tras comparecer ante el juez, apuntando así al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González.

El juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Lezo, Manuel García Castellón, ha citado este jueves en calidad de investigado al empresario Javier López Madrid en relación a la pieza relativa a la adjudicación en 2007 de las obras del tren de Navalcarnero. El magistrado instructor también ha convocado este mismo día al exsecretario general del PP madrileño Francisco Granados, en calidad de testigo.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ha citado a ambos a partir de las 10.00 horas y ese mismo día también tomará declaración a otros testigos en relación a la pieza que investiga los presuntos sobornos al embajador de España en Haití entre 2011 y 2014, según han informado fuentes jurídicas a Europa Press. 

El magistrado reactiva así el caso Lezo, que ya ha enviado a juicio dos de las piezas que constituyen la causa y ha sentado en el banquillo al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y exdirectivos del Canal Isabel II, en concreto por la compra de las empresas Emissao e Inassa con fondos públicos procedentes de la empresa de aguas y los presuntos repartos de comisiones derivados de estas operaciones.

El pasado 27 de febrero, el empresario David Marjaliza declaró ante el juez de la Audiencia Nacional que en una cena que compartió con el exsecretario general del PP madrileño Francisco Granados y el empresario Javier López Madrid, el primero le pidió al segundo el pago de una comisión de "en torno a un millón de euros". Así ratificaba lo que ya había declarado en el marco de la causa Púnica, donde es uno de los principales imputados, y que también investiga el magistrado García Castellón.

Declaración de Marjaliza 

Marjaliza aseguró que López Madrid y Granados -que también está imputado por el caso Púnica- "se reclamaban dinero uno a otro por una adjudicación de una obra", aludiendo así a una comisión que pedía el exdirigente madrileño por la adjudicación en 2007 de las obras del tren de Navalcarnero al grupo OHL.

"Yo escuché esa conversación entre Paco -Granados- y Javier -López Madrid-. Paco le reclamaba el pago del millón de euros a Javier, y Javier le dijo que él no había intervenido, que había intervenido Nacho", aseguró ante los medios de comunicación tras comparecer ante el juez, apuntando así al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González.

López Madrid ha negado en sus declaraciones ante el juez de la Audiencia Nacional tener conocimiento alguno del presunto desvío de fondos desde la multinacional a cambio de adjudicaciones públicas y afirmó que en aquella época no tenía relación alguna con Ignacio González.

Por otro lado, según la investigación de la causa Púnica, sus iniciales aparecen en la agenda en la que el exsecretario general del PP madrileño recogía supuestas donaciones irregulares al partido que podrían haber sido recompensadas con la adjudicación de obra pública.

Comisiones rogatorias internacionales cursadas a organismos equivocados o mediante conductos erróneos. O que se tradujeron tarde al inglés como paso previo a su envío. O en las que faltaban datos clave como el número de la cuenta sobre la que se requería información a un banco de Londres. E incluso otra que se había "extraviado" camino de Panamá y así lo terminó reconociendo el Ministerio de Justicia.  O una petición de ayuda judicial para que los peritos verificasen la autenticidad de una grabación y que la Guardia Civil tuvo dos años y medio en el cajón. Todo eso ocurrió en los más de siete años de instrucción sobre la oscura compra en 2012 de un ático de lujo en Estepona por el expresidente de Madrid, Ignacio González, cuya imputación sobreseyó este martes el juez que investigaba esta causa. Por qué en el caso del ático se enviaron rogatorias a organismos equivocados o con datos erróneos, por qué su traducción se demoró o por qué la Guardia Civil tardó dos años y medio en activar una petición de ayuda son aspectos para los que nadie ha ofrecido una explicación razonada. El sucesor de Esperanza Aguirre continúa investigado en otras dos macrocausas de corrupción: Lezo, donde se encuentra ya pendiente de juicio y en la que dos arrepentidos colombianos le han señalado como quien ordenó cómo repartir las mordidas para quedarse la mejor parte en una operación del gigante público Canal de Isabel II; y Púnica, donde figura entre los imputados de mayor relevancia por la supuesta financiación ilegal del PP madrileño. 

Provisional y por tanto reversible pero solo si surgieran nuevos hechos incriminatorios de relevancia, el sobreseimiento del caso del ático se produce bajo el siguiente argumento: "A pesar de la ardua instrucción llevada a cabo en el presente procedimiento durante más de siete años, no se ha conseguido acreditar la procedencia del dinero utilizado (...) para la adquisición de los bienes inmuebles". El juez concluye que nada demuestra la existencia de un delito de cohecho (soborno) ni de blanqueo.

No hay –sostiene el auto judicial– "indicios que permitan sostener que el origen del dinero utilizado" para la compra del piso provenga, como sospechaban las acusaciones, del empresario Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid. Primero el sindicato policial SUP y, luego, trabajadores de Telemadrid, los denunciantes observaban indicios de que el ático había sido un regalo en especie de Cerezo. ¿A cambio de qué? Pues en compensación por una operación urbanística que en el municipio madrileño Arganda aseguró un verdadero pelotazo a la constructora Martinsa. Y es aquí donde entra en escena el comisario José Manuel Villarejo, preso bajo la acusación de graves delitos desde noviembre de 2017. Fue Villarejo quien declaró en el juzgado de Estepona que, según un confidente del caso Gürtel, González había cobrado dos millones por una recalificación en Arganda. 

Junto con González y su esposa, Lourdes Cavero, Cerezo era el tercer protagonista de una investigación que ya en su fase inicial sufrió atascos con Alberto Ruiz Gallardón como ministro de Justicia. Los retrasos, con episodios como los enunciados en el primer párrafo, persistieron en la etapa de Rafael Catalá. Tras su cese como titular de Justicia a raíz de la moción de censura de 2018, Catalá fue fichado en noviembre de ese año como patrono de la Fundación del Atlético de Madrid.

Extraído del sobreseimiento dictado por Eloy Marfil –el tercer juez que se hizo cargo de la instrucción–, los entrecomillados sobre el origen del dinero se refieren al manejado en la compra del ático. En realidad hubo dos adquisiciones: primero, en mayo de 2008, se hizo con la propiedad una extraña empresa domiciliada en Delaware (EEUU) y dirigida por un tal Rudy Valner, testaferro profesional según su propia publicidad. La sociedad se llamaba Coast Investors Llc y las pesquisas policiales pronto señalaron que tras ella se encontraba una compañía panameña, Waldorf Overseas Investments, como su verdadera propietaria. Residente en EEUU, Valner había comprado el ático de Estepona tras una negociación telefónica. O sea, sin verlo. Quien sí lo había visto era la esposa de Ignacio González, Lourdes Cavero. Al menos, así lo declararon bajo juramento el anterior propietario del inmueble y una agente inmobiliaria. El fiscal ni siquiera asistió a la declaración de los dos testigos.

Cuatro años después y cuando el sindicato policial SUP ya había interpuesto una denuncia por sospechas de corrupción, González y su mujer compraron la vivienda. No era un aterrizaje sorpresivo. Nada más adquirir Coast Investors Llc. el ático y pese a que los involucrados señalaron que no conocían a Valner, residente en California, González y su esposa habían alquilado el ático. En diciembre de 2012, ambos dejaron así de ser inquilinos para convertirse oficialmente en propietarios. Situado a medio kilómetro de la playa, con una superficie de casi 500 metros cuadrados, piscina privada, jacuzzi, sauna y tres plazas de garaje, la pareja escrituró la compra por 770.000 euros. En 2008, Coast Investors había pagado oficialmente 750.000 euros, es decir, solo 20.000 euros menos. El entonces presidente de la Comunidad de Madrid y su esposa adujeron desde el primer momento que sufragaron aquella compra gracias a la estratosférica indemnización por despido –unos 700.000 euros– abonada a Cavero por la patronal eléctrica Unesa.

El auto judicial que sobresee el caso alude a ese finiquito en el siguiente párrafo: "En este caso, no sólo no constan en el procedimiento indicios sobre la existencia de un delito antecedente del cual procedería el dinero utilizado (...) para la adquisición de los bienes inmuebles sitos en Estepona, sino que tampoco existen indicios de que el dinero utilizado tuviera un origen ilícito. Así, ya en el oficio policial (...) de 30 de mayo de 2019 (...) se alude al origen no sospechoso de los fondos empleados, atendiendo, entre otros, a la escritura pública en la que se formaliza la compraventa (...) y al finiquito percibido por la señora Cavero Mestre en el año 2011 (...), de los que se infiere cómo se financió la compra, sin que pueda vislumbrarse que el dinero utilizado en la adquisición no sea lícito".

El misterio de la comisión rogatoria extraviada

Que los errores y los retrasos inexplicados han sido la tónica en estas diligencias judiciales quedó claro desde el inicio. Por ejemplo, en marzo de 2013, la primera jueza del caso ya libró una rogatoria dirigida al Lloyds Bank de Londres para que informasen sobre el beneficiario último de una cuenta corriente abierta a nombre de Coast Investors. Dos años más tarde y como publicó infoLibre en febrero de 2015, aquella rogatoria seguía atascada. La respuesta del Reino Unido ilustra lo que estaba pasando: "A menos que la información solicitada sea cumplimentada, la Oficina de Información de Impuestos del Reino Unido no podrá llevar a cabo la asistencia requerida".  ¿Y qué datos faltaban? Pues nada menos que el número de cuenta bancaria y la concreción del período sobre el que el banco británico Lloyd's TSB Bank debía suministrar la información vinculada a la compra del ático. El bloqueo de la entrega de datos bancarios solicitados por el Reino Unido a España terminó por dar al traste con la comisión rogatoria cursada a ese país, esencial para desentrañar la madeja societaria internacional que rodea al inmueble.

El verano de 2017 asestó otro golpe a la instrucción del caso. Dos años antes, en julio de 2015, trascendió que EEUU no había podido aportar la información pedida mediante otra rogatoria sobre las cuentas desde las que Coast Investors había pagado el ático en 2008. Y que no había podido porque España envió datos erróneos. La rogatoria se refería a dos pagos y dos cuentas. Y los números de las cuentas corrientes estaban intercambiados. 

Pero hubo todavía más golpes a la investigación. El 5 de mayo de 2016, había llegado al Ministerio de Justicia una rogatoria para que la cursara a Panamá. El departamento que entonces dirigía Rafael Catalá la envió, pero se confundió: la hizo llegar al Ministerio de Gobierno y no a la Procuraduría [Fiscalía] General del país. Casi un año después, el 15 de marzo de 2017, el ministerio de Catalá recibió un escrito de las autoridades panameñas que ponía de manifiesto el error. Justicia volvió a remitir el 22 de marzo la solicitud a la Procuraduría panameña. En enero de 2019, el juez Eloy Marfil preguntó a través de un escrito por qué el juzgado de Estepona no había recibido aún respuesta a la comisión cursada tres años antes.

Fue a partir de ahí cuando se supo que la rogatoria, aquella que por una confusión el ministerio de Rafael Catalá había remitido al organismo panameño equivocado, jamás llegó a su destino.  Lo expuso una funcionaria de Justicia en su respuesta al juez Marfil: "Teniendo en cuenta que las autoridades de Panamá comunican que no han recibido la comunicación original entendemos que se ha extraviado durante el envío".

Detrás quedaban otros episodios igualmente inexplicados. Por ejemplo, el que involucra a la Guardia Civil, que tardó dos años y medio en comenzar a atender la petición del juzgado de Estepona para que los peritos analizaran una de las más famosas grabaciones del caso: aquella fechada en noviembre de 2011 y donde, tras las primeras informaciones publicadas por El Mundo, el político madrileño expresaba al comisario Villarejo su temor a la difusión de los datos sobre el ático que ya entonces amenazaban con colocarle en el disparadero. El juzgado pidió la pericial el 15 de julio de 2015. Y la Benemérita no le contestó hasta el 4 de enero de 2018. Pero su respuesta no fue un informe sino un aviso de que o le confirmaba en un mes que el caso seguía abierto o  daría "de baja definitiva" la solicitud de pericial. Este periódico preguntó entonces al Instituto Armado el porqué de aquella demora de dos años y medio.  "Es la habitual en los análisis que realiza el departamento de ingeniería". Esa fue la respuesta.

El 30 de abril de 2015, el entonces ministro de Justicia, Rafael Catalá, puso sobre la mesa del Congreso de los Diputados su proyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, una iniciativa con la que se buscaba “agilizar la justicia, fortalecer las garantías procesales de los investigados y promover la regeneración democrática y la lucha contra la corrupción”. Sin embargo, la aplicación real de los plazos máximos de instrucción lo que ha terminado generando ha sido una “impunidad” alrededor de complejas macrocausas judiciales a lo largo de los últimos años. Es el caso de Pasarela, Acal o Colina Roja, que se derrumbaron por esta cuestión, o de Púnica, asfixiada por unos límites que cumplen en las próximas semanas. Un debate que estará bien presente este miércoles en el Pleno de la Cámara baja, donde se volverá a abordar la proposición de Ley de Unidas Podemos que busca poner fin de una vez por todas a una norma “de punto final” duramente criticada por parte de las asociaciones de fiscales: “Es imposible que en ese tiempo se puedan tramitar casos importantes que requieren de periciales complejas o instrumentos de cooperación internacional”.

La proposición de Unidas Podemos llegó al Congreso el pasado mes de febrero después de dos intentos fallidos de tramitar la derogación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) en los últimos dos años. El Pleno aprobó la toma en consideración con sólo un voto en contra y las abstenciones del Grupo Parlamentario Popular y EH Bildu. Este miércoles, cuatro meses y una pandemia después, el Congreso dará otro impulso importante a la iniciativa con el debate en el hemiciclo de las enmiendas a la totalidad presentadas. Un punto al que no se había conseguido llegar antes –PP y Ciudadanos dejaron varado el texto en la Comisión de Justicia– y que los conservadores intentan aprovechar para descafeinar la propuesta planteada. En su enmienda a la totalidad, la formación presidida por Pablo Casado mantiene los plazos máximos fijados, aunque incluyendo algunas novedades respecto a 2015, como la obligación del juez de informar al fiscal de la finalización de los límites temporales impuestos para que pueda pedir en tiempo y forma la ampliación de la investigación.

Esta idea choca frontalmente tanto con lo que llevan años solicitando las asociaciones de jueces y fiscales como lo que plantea directamente Unidas Podemos. El grupo confederal es claro en su texto. “Queda derogado el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal”. Once palabras para poner fin a unos topes temporales que han introducido “serias dificultades” en la investigación de grandes delitos patrimoniales, de defraudación y de corrupción. El texto, además, añade una disposición transitoria única en la que se establece que esto “será de aplicación a todos los procedimientos que se hallen en tramitación” a su entrada en vigor. “Esto tiene una doble lectura. Por un lado, las causas que se estén instruyendo en ese momento dejarían automáticamente de estar encorsetadas en unos plazos máximos. Y, por otro, se cierra la puerta a una posible retroactividad. Es decir, no afectaría a las archivadas en base al artículo 324”, señalan fuentes jurídicas consultadas por este diario.

Esta disposición transitoria impediría, por tanto, que algunos de los grandes casos de corrupción que se encuentran en marcha en estos momentos acaben cerrándose en falso por la falta de tiempo para completar correctamente las pesquisas. De una derogación de los plazos máximos que fuera efectiva tras el verano se podría beneficiar, por ejemplo, Lezo, la causa con un sinfín de piezas y comisiones rogatorias por la que está siendo investigado desde hace años el expresidente madrileño Ignacio González y cuya instrucción debería finalizar a mediados del próximo mes de diciembre, tal y como acordó el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. Sin embargo, no es la única. Una eliminación de los límites temporales también daría un respiro en el complejísimo caso Pujol, en el que están bajo la lupa más de una treintena de personas. El instructor de la causa ha fijado marzo de 2021 como fecha límite para seguir recopilando información sobre la supuesta fortuna oculta del expresident de la Generalitat.

Desde el grupo confederal dan por hecho que la enmienda a la totalidad conservadora no prosperará. Y calculan que el texto pueda estar aprobado definitivamente, más o menos, para el mes de octubre. Un plazo que, sin embargo, no englobaría en principio otras causas como Púnica. A comienzos de junio, el magistrado instructor fijó en un auto el próximo 27 de agosto como fecha límite para la instrucción de la causa que salpica a los expresidentes madrileños Ignacio González, Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes. En un principio, la finalización estaba prevista para hace diez días. Y el decreto anti-colapso del Gobierno durante la pandemia llevó a pensar que el contador de los plazos volvería a ponerse de nuevo a cero. Nada más lejos de la realidad. Al final, las pesquisas se han prolongado por 82 días, los mismos que duró el parón. Dos meses y medio en los que se tratará de dilucidar, entre otras cosas, qué papel jugó Aguirre –si jugó alguno– en la trama. Para ello, entre las diligencias que tiene acordadas el magistrado a petición de Anticorrupción destaca la declaración de quien fuera administradora de varias de las sociedades de Gürtel.

De hecho, algunos de los últimos escritos del Ministerio Público, publicados por El País, ya ponían en evidencia el problema del tiempo. Así lo trasladaron las fiscales cuando el juez denegó la petición de requerir al Ayuntamiento de Valdemoro, epicentro de la trama, documentos previos al año 2004. “La denegación de las diligencias causa indefensión al Ministerio Fiscal (…) Además, valorando que estamos en el plazo máximo de instrucción de la causa, y que el mismo está próximo a concluir, el dictado de este Auto motiva la interposición de un recurso cuya preparación, y resolución por la Sala, recorta el tiempo del que se dispone para concluir una instrucción que es extremadamente compleja”, señalaban el pasado mes de enero.

“Impunidad” alrededor de causas de corrupción

La reforma de la Lecrim, impulsada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, fue aprobada en junio de 2015 con los votos a favor del PP, la abstención de CiU y el PNV y el voto en contra del resto de grupos parlamentarios. Entre sus novedades, la nueva norma fijó unos plazos máximos de instrucción de causas penales con el objetivo de obligar a los jueces a resolver las pesquisas en un tiempo “razonable”. En concreto, el artículo 324 establece que “las diligencias de instrucción se practicarán durante el plazo máximo de seis meses desde la fecha del auto de incoación del sumario o de las diligencias previas”. No obstante, contemplaba para los casos en los que la causa fuera declarada compleja un tope de dieciocho meses, prorrogables por el instructor de la causa “por igual plazo o uno inferior” a instancia del Ministerio Fiscal. En resumen, el tiempo máximo puede oscilar entre los 18 y los 36 meses. Es decir, entre un año y medio y tres años.

Todas las asociaciones de jueces y fiscales cargaron entonces duramente contra la norma. Y, cinco años después, lo siguen haciendo. Cristina Dexeus, presidenta de la mayoritaria Asociación de Fiscales (AF), explica que esos plazos impuestos pueden dar lugar “de facto al archivo de la causa” o hacer que todas las diligencias que se han practicado con posterioridad a la fecha límite queden completamente invalidadas. Aunque sean clave para atar una acusación. Esto a lo que conduce, continúa la jurista, es a que las investigaciones queden “muertas” o, como poco, “cojas”. Algo que si se suma, además, a la falta de medios puede ser letal. En opinión de la fiscal, que por supuesto es partidaria de que las instrucciones no se eternicen “infinitamente” estigmatizando al investigado, estos límites temporales sólo tienen sentido con un sistema procesal acorde a la realidad de otros países de nuestro entorno, en la que sea el fiscal el encargado de dirigir las pesquisas. “En la nuestra, tiene difícil encaje porque se obliga a quien no lleva la investigación a ejercer una función de vigilancia, algo que es muy complicado”, dice.

En la misma línea se pronuncia Teresa Peromato, presidenta de la Unión Progresista de Fiscales. “Es imposible que se puedan tramitar causas complejas, con multitud de investigados, periciales difíciles e instrumentos de cooperación internacional, con plazos tan exiguos”, explica en conversación con infoLibre. Estos límites temporales, explica, lo único que han hecho ha sido provocar “impunidad” alrededor de diferentes causas de corrupción. Es algo con lo que coincide un miembro del equipo jurídico de IU que lleva años con los ojos puestos en causas como Púnica, Lezo o Los Papeles de Bárcenas. “Nos ha afectado en algunas piezas de Gürtel. Estos límites obligan a acelerar de forma artificial todo porque hay un plazo impuesto, no porque la investigación esté agotada, lo que provoca que en ocasiones el caso no quede bien cerrado. Y es un problema que afecta, sobre todo, a causas ligadas a delitos patrimoniales, de corrupción, de fraude, de criminalidad organizada. Causas que suelen estar asociadas al PP”, apunta.

Carpetazos en Murcia o Granada

De hecho, todas las fuentes consultadas recuerdan que en los últimos años se han producido numerosos archivos derivados de estos tiempos máximos de instrucción. Uno de los más sonados fue el caso Pasarela, centrado en la contratación del arquitecto Martín Lejarraga para la reconstrucción y embellecimiento de un puente y una pasarela en Puerto Lumbreras durante el primer mandato del expresidente murciano Pedro Antonio Sánchez. El proceso fue una auténtica montaña rusa. El fiscal solicitó declarar la causa como compleja dos días después de que expirara el plazo, lo que llevó al juez instructor a dictar el archivo. Meses más tarde, tras el recurso del Ministerio Público y las acusaciones populares, la Audiencia Provincial de Murcia ordenó reabrirla. Sin embargo, con los acusados ya sentados en el banquillo, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial dio carpetazo al asunto al entender que hubo una “indolencia en la instrucción”. El pasado mes de octubre, la Fiscalía presentó un recurso ante el Supremo pidiendo la anulación de las resoluciones y la celebración del juicio.

Lo mismo pasó en la región con el caso Acal y en Granada con Colina Roja. La primera causa, en la que se investigaba si el Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz había incorporado a expedientes urbanísticos informes jurídicos falsos, fue archivada por el instructor después de que la Audiencia Provincial anulase una resolución del juzgado por haberse producido doce días después de que hubiera expirado el plazo para la finalización de la instrucción. En cuanto a la segunda, centrada en una supuesta trama de contratos en la Alhambra que habría provocado un perjuicio en las arcas públicas de 7 millones de euros, una disputa de competencias entre dos juzgados hizo encallar el proceso hasta tal punto que cuando se nombró finalmente instructor el plazo para solicitar la prórroga como causa compleja ya había concluido. Tras un recurso de una de las investigadas, la Audiencia Provincial ordenó poner punto y final y el instructor se vio obligado a declarar el sobreseimiento. La Fiscalía recurrió el archivo, pero la Audiencia Provincial confirmó el carpetazo, aunque reduciéndolo a provisional.

Los límites temporales también han afectado al famoso caso del ático de Ignacio González en Estepona o a la causa conocida como La Sal, centrada en la supuesta malversación de fondos públicos en el proyecto de la desaladora de Escombreras y que ha llegado a poner bajo la lupa al expresidente murciano Ramón Luis Valcárcel.

Incluso el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia se ha llegado a pronunciar sobre los problemas que está provocando el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Lo hizo en julio de 2019, en un acuerdo en el que sostenía que “la concreta forma en la que se ha regulado esta materia (…) produce efectos negativos en la eficacia de la persecución penal”. Así, destacaba que con la reforma de Catalá se limitaban “las clases de asuntos susceptibles de ser declarados complejos y, por tanto, de prorrogar el plazo de instrucción” a sólo aquellos que reúnen “determinados y muy exigentes requisitos”. “La gran mayoría de asuntos objeto de investigación judicial (…) deben ser instruidos completamente en el plazo de seis meses, sin posibilidad de prórroga”, continuaban los magistrados, que añadían que con la norma, además, se incrementa “la posibilidad de disfunciones, errores y problemas de coordinación”, lo que puede provocar que se agoten los plazos “sin haberse podido completar las diligencias de instrucción necesarias”.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha acordado la apertura de juicio oral de las dos primeras piezas del 'caso Lezo' sobre corrupción en el Canal de Isabel II, en las que sienta en el banquillo a un total de 29 personas, incluido el expresidente madrileño Ignacio González y exdirectivos de la empresa pública de aguas. En concreto, por la pieza en la que se investiga la compra de la empresa brasileña Emissao con fondos públicos del Canal de Isabel II y el presunto reparto de comisiones derivados de esta operación, en el auto que interesa la apertura del juicio oral, el juez Manuel García Castellón pide, de acuerdo al escrito de acusción de Fiscalía, ocho años de prisión y 19 de inhabilitación para Ignacio González por los delitos de fraude a la Administración y malversación de caudales públicos, según informa Europa Press.

De igual modo, también solicita siete años de cárcel y 16 años de inhabilitación por los mismos delitos para el que fuera la mano derecha de González, Edmundo Rodríguez Sobrino. Junto a ellos, García Castellón incluye a otras cuatro personas, acusadas también de participar en la operación. En su escrito de acusación, el Ministerio Fiscal explicaba que el proceso de compra de Emissao se llevó a cabo a través de las sociedades Canal Extensia e Inassa entre los años 2012 y 2014 y estuvo "plagada de ilicitudes", ya que supuso "una salida indebida de fondos públicos" de la Administración autonómica por un importe entre 6,8 y 9,7 millones de euros, debido al "sobreprecio pagado en su adquisión".

Ahora, el juez de la Audiencia Nacional en su auto recuerda que el Ministerio Fiscal solicita que los acusados sean condenados a indemnizar al Canal de Isabel II en la cantidad de 2 millones de euros en concepto de responsabilidad civil, conjunta y solidaria. Apunta el juez que en diciembre de 2017 con el objetivo de reparar en lo posible el perjuicio causado, el acusado Edmundo Rodríguez Sobrino ingresó en la cuenta de consignaciones judiciales un total de 2,7 millones de dólares; García Arias ingresó 828.000 dólares mas un cheque bancario de 71.000 dólares; en septiembre de 2018 Navarro Pereira entregó cheques bancarios por importe total de 900.000 dólares; y en octubre de 2018 el acusado Sebastio Cristovam realizó las gestiones necesarias ante las autoridades suizas para que desde su cuenta del Royal Bank de Canadá en Ginebra se transfirieran 2 millones de dólares a la cuenta de consignaciones judiciales.

Anticorrupción afirma que todo se debió al "plan ideado" por González y por el que fuera su 'mano derecha' y expresidente de Inassa (sociedad con la que se realizaba la política de expansión internacional del Canal), Edmundo Rodríguez Sobrino; el ex delegado del Gobierno en Ceuta Luis Vicente Moro --vinculado a la mercantil Essentium--; el ex gerente de Inassa Diego García Arias y el exdirector de otra filial del Canal Ramón Navarro, por el que se habrían repartido 5,4 millones de dólares (más de 4,8 millones de euros) en comisiones ilegales con cargo a dicho sobreprecio. Para ello, habrían contado con la "colaboración esencial" del propietario de Emissao, Sebastiao Cristovam, quien incrementó el precio de venta para "facilitar el reparto de los fondos públicos". Por este motivo, se solicitan también seis años y medio de cárcel para Cristovam; mientras que para García Arias y para Navarro interesa dos años de prisión.

En el juicio oral también se sentará en el banquillo la exdirectora del Canal María Fernanda Richmond al entenderse que "conocía todas las circunstancias" en las que se llevó a cabo la operación de compra y que las "ocultó deliberadamente" a los demás miembros del Consejo de Administración "a fin de conserguir que estos votaran favorablemente, como así hicieron". Por ello, pide la pena de cinco años de prisión por el delito de malversación de caudales públicos.

Paralelamente, el juez del Juzgado Central de Instrucción número 6, acuerda la apertura de juicio oral para la pieza 1 del 'caso Lezo' en la que se investigó la compra de la sociedad colombiana Inassa a cargo del Canal de Isabel II en el año 2001. Anticorrupción, en su escrito de acusación de junio de 2019 solicitaba 7 años de prisión y 15 de inhabilitación absoluta para los exconsejeros madrileños Pedro Calvo y Juan Bravo, antiguos colaboradores del que fuera alcalde de Madrid y presidente de la Comunidad de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón.

A los dos excosenjeros se les imputa un delito de malversación de caudales públicos en concurso con un delito de Prevaricación, al igual que a los otros 20 procesados en esta causa, todos ellos técnicos y exconsejeros de la empresa pública de aguas así como gestores e intermediarios en la operación, para quienes Fiscalía reclama entre 6 y 7 años de prisión y entre 12 y 15 años de inhabilitación absoluta. En concepto de responsabilidad civil, la fiscal pide que los 22 procesados indemnicen al Canal de Isabel II de forma conjunta y solidaria con el "sobreprecio pagado por la adquisición" de la sociedad panameña a través de la cual el Canal de Isabel II compró Inassa, lo cual asciende a algo más de 19 millones de euros, "sin perjuicio de la cantidad mayor que pueda fijarse en el trámite de conclusiones definitivas".

García Castellón archivó durante la instrucción la investigación que se venía siguiendo contra Ruiz-Gallardón en el marco de esta piezaa pesar de que cuando se realizó la compra de Inassa, él era el presidente de la Comunidad de Madrid. También exculpó al expresidente madrileño Ignacio González, principal imputado en otras piezas del 'caso Lezo', ya que aún no había llegado a la presidencia del Canal de Isabel II cuando se cerró la operación de compra.

La operación de compra de Inassa por parte del Canal de Isabel II por 73 millones de dólares a través de una sociedad radicada en Panamá --Aguas de América (SAA)-- se enmarca, según el escrito de la Fiscalía, en la "expansión internacional" que en el año 2001 el Canal de Isabel II inició en Colombia mediante la adquisición del 75% de Inassa, para lo cual "utilizó una sociedad vehículo de nueva creación" llamada Canal Extensia, participada en un 75% por la empresa pública madrileña y en un 25% por la mercantil valenciana Técnicas Valencianas del Agua. La adquisición estaba sometida a la previa autorización, primero, del consejo de administración del Canal y, segundo, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.

Desde su creación en el año 1996, Inassa pertenecía a la sociedad Aguas de Barcelona (Agbar) y a distintos socios locales colombianos. Su principal activo era la sociedad también colombiana Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla (Triple A), que se nutría de los ingresos obtenidos por la prestación del servicio de concesión municipal que le fue otorgada por el Ayuntamiento de Barranquilla.

La Fiscalía Anticorrupción pide ocho años de prisión y 19 años de inhabilitación para el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González por los delitos de fraude a la administración y malversación de caudales públicos por la compra de la empresa brasileña Emissao con fondos públicos del Canal de Isabel II, así como por el presunto reparto de comisiones derivados de esta operación.

El Ministerio Público ha presentado este miércoles su escrito de acusación en el que explica que el proceso de compra de Emissao se llevó a cabo a través de las sociedades Canal Extensia e Inassa entre los años 2012 y 2014 y estuvo "plagada de ilicitudes", ya que supuso "una salida indebida de fondos públicos" de la Administración autonómica por un importe entre 6,8 y 9,7 millones de euros, debido al "sobreprecio pagado en su adquisión", según informa Europa Press.

Anticorrupción afirma que todo se debió al "plan ideado" por González, el que fuera su mano derecha y expresidente de Inassa (sociedad con la que se realizaba la política de expansión internacional del Canal), Edmundo Rodríguez Sobrino; el ex delegado del Gobierno en Ceuta Luis Vicente Moro –vinculado a la mercantil Essentium–; el ex gerente de Inassa Diego García Arias y el exdirector de otra filial del Canal Ramón Navarro, por el que se habrían repartido 5,4 millones de dólares (más de 4,8 millones de euros) en comisiones ilegales con cargo a dicho sobreprecio.

Para ello, habrían contado con la "colaboración esencial" del propietario de Emissao, Sebastiao Cristovam, quien incrementó el precio de venta para "facilitar el reparto de los fondos públicos", añade.

Por ello, Anticorrupición solicita también siete años de prisión y 16 de inhabilitación por los mismos delitos que al expresidente madrileño (fraude a la administración en concurso medial con malversación de caudales públicos agravada) para Rodríguez Sobrino y Moro; seis años y medio de cárcel para Cristovam; mientras que para García Arias y para Navarro interesa dos años de prisión.

La Fiscalía también acusa a la exdirectora del Canal María Fernanda Richmond al entender que "conocía todas las circunstancias" en las que se llevó la operación de compra y que las "ocultó deliberadamente" a los demás miembros del Consejo de Administración "a fin de conserguir que estos votaran favorablemente, como así hicieron". Por ello, pide la pena de cinco años de prisión por el delito de caudales públicos.

Plan para garantizar las comisiones

Según relata el fiscal en su escrito de acusación, fue Luis Vicente Moro quien entre octubre y noviembre de 2012 propuso a Ignacio González, "con quien mantenía una estrecha relación personal", hacer "lo necesario" para que el Canal Isabel II adquiriera la empresa brasileña conjuntamente con Essentium, "pagando por ella un sobreprecio indebido con cargo al cual pudieran repartirse comisiones ilegales".

Esta idea fue aceptada por el expresidente de la Comunidad de Madrid "en consciente perjuicio" de la Administración y, aún así, contactó "con su íntimo amigo", Edmundo Rodríguez Sobrino para encomendarle la gestión de dicha operación y el encargo de que "garantizara en todo caso el cobro de comisiones por parte de los tres acusados y de las personas que necesitara incluir en el plan", indica la Fiscalía.

El fiscal subraya también que González fue la persona que supervisó y vigiló el desarrollo de toda la operación y quien fijó las cuantías de las comisiones, "siendo la suya el doble que las de los demás, para lo cual mantuvo reuniones con algunos de los acusados en su propio despacho oficial de la Presidencia de la Comunidad de Madrid".

El reparto se hizo de este modo: para Ignacio González, un total de 1,8 millones de dólares (1,6 millones de euros), mientras Rodríguez Sobrino, García Arias, Navarro y Moro se llevaron 900.000 dólares (813.400 euros) cada uno. En cuanto a Richmond, no consta en la investigación que llegara a percibir comisión alguna por la operación.

Advertencias de deficiencias

Por otro lado, la Fiscalía constata que los acusados recibieron diversa documentación que advertían de las dificultades de inversión de Inassa en Emissao, debido a "las graves deficiencias existentes en la información financiera y contable suministrada por el vendedor, su sobrevaloración y el sobreprecio que se disponían a pagar, 30 millones de dólares por adquirir un 80% de esa sociedad" y que fueron "obviadas deliberadamente".

El contrato de compraventa de Emissao se firmó en noviembre de 2013 por un precio de 29,5 millones de dólares (más de 26,6 millones de euros), que recibió Cristovam en enero de 2014 en tres transferencias ordenadas por Richmond. Acto seguido, el propietario de Inassa transfirió el importe de las comisiones ilegales (5,4 millones de dólares) desde su cuenta de Suiza a distintas cuentas situadas en el extranjero a nombre de alguno de los otros investigados y sus sociedades interpuestas.

Por último, la Fiscalía señala en su escrito que en el caso de Rodríguez Sobrino y Cristovam concurre la aplicación de la atenuante de reparación del daño ya que consignaron en la cuenta judicial las comisiones ilegales que habrían recibido de la compra de Emissao, así como para García Arias y Navarro, para quienes también se aprecia la atenuantes de confesión.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón propuso juzgar a González, Rodríguez Sobrino y al resto de acusados el pasado mes de noviembre por esta pieza separada que se enmarca en el caso Lezo,que estalló en abril de 2017 y supuso la detención del expresidente madrileño. Si bien, acordó el sobreseimiento de la causa para 14 personas que habían permanecido investigadas estos dos años y medio que ha durado la instrucción.

La de Emissao es la segunda pieza de la causa que se manda a juicio, pues ya dictó otro auto en relación a la pieza sobre Inassa, en la que procesó a una veintena de ex altos cargos del Canal de Isabel II por la compra de la empresa colombiana a finales de 2001 y que se archivó con respecto a Ignacio González.

El Canal de Isabel II, la empresa pública madrileña que ejerce una de las acusaciones particulares como perjudicada en el caso Lezo, acaba de pedir para Ignacio González la misma pena que para los otros cinco principales implicados en la ruinosa compra de la compañía brasileña Emissao. Pide iguales condenas pese a que fue el expresidente madrileño quien en todo momento tuvo el mando y quien, según las investigaciones, se reservó para sí el doble de dinero cobrado en mordidas. Tras el auto dictado por el juez Manuel García Castellón el pasado 18 de noviembre, el caso está ya en la recta final hacia el juicio que sentará en el banquillo al antiguo delfín y luego sucesor de Esperanza Aguirre así como a otras seis personas.

La investigación ha concluido que fue Ignacio González quien entre 2012 y 2014 dirigió aquella operación ilegal de compra de Emissao, que le costó al erario madrileño 31 millones de dólares, una cifra superior entre nueve y 13 millones de dólares a la que distintos informes señalaban como la admisible. Y fue él quien, al ordenar cómo debían repartirse las comisiones, se embolsó el doble (1,8 millones de dólares) que cada uno de sus cuatro principales colaboradores.

Tres de ellos y el empresario que vendió Emissao al Canal acabaron por confesar, lo que permitió cerrar el círculo. Pero las penas que solicita el Canal los equipara a González, que durante casi una década tuvo su feudo en la empresa de aguas, buque insignia del conglomerado público de la Comunidad de Madrid y quien en todo momento ha proclamado su absoluta inocencia. Para todos ellos, la acusación que ejerce la empresa pública solicita en su escrito de conclusiones once años de cárcel: ocho por malversación, que es el máximo previsto por el Código Penal para quien desvía dinero de la Administración; y otros tres por fraude a la Administración, delito susceptible de ser castigado con hasta seis años de reclusión y que consiste en concertarse con un tercero para favorecerle con contratos públicos. Exactamente las mismas condenas solicita el Canal para el antiguo dueño de Emissao, Sebastiao Cristovam, quien terminó por detallar ante el juez cómo transfirió desde Suiza las mordidas: "corretagem", dijo en portugués. En total, 5,8 millones de dólares que fluyeron desde Suiza hacia Panamá y la República Dominicana.

Solo para la séptima acusada, María Fernanda Richmond, que era directora financiera del Canal y que no recibió comisiones, se reclama en este escrito una pena inferior: dos años por fraude y siete por malversación.

El Canal coincide con el juez de la Audiencia instructor del caso, Manuel García Castellón, en que González, que durante casi una década dirigió la empresa de aguas, fue quien ejerció la "permanente supervisión y vigilancia" de aquella operación ilegal cuyo punto álgido se sitúa en noviembre de 2013. La adquisición del 75% de la mercantil brasileña se hizo ese mes por 31 millones de dólares.

A finales de 2012, el hasta entonces propietario de Emissao, Sebastiao Cristovam, había ofrecido el 80% de la empresa por 23,7 millones de dólares. Y ya en enero de 2013, los técnicos de la gran filial hispanoamericana del Canal, la colombiana Inassa, habían cuantificado en 19,09 millones de dólares el valor de aquel 80%. En resumen, cuando en noviembre de 2013 el buque insignia de las empresas públicas de la Comunidad de Madrid se hizo con el 75% de Emissao debería haber pagado –y así lo recalca el Canal en su escrito de conclusiones– "una cantidad comprendida entre 22.231.005 dólares y 17.901.245 dólares". 

Una confesión que actuó como acelerante

No fue así. Al Canal aquella compra le costó los 31 millones arriba mencionados. Pero esa cifra, y ahí radica la clave del caso, incluía el importe de "las ilícitas comisiones que se iba a repartir": 5,8 millones de dólares que Sebastiao Cristovan transfirió desde Suiza a González y los suyos. ¿Quienes formaban este equipo delictivo? Edmundo Rodríguez Sobrino, expresidente de Inassa, la filial colombiana del Canal de Isabel II que operaba como su cabeza de puente en América; los directivos locales de Inassa Diego García Arias y Ramón Navarro Pereira; y el exdelegado del Gobierno en Ceuta Luis Vicente Moro. Todos ellos, salvo Moro, le acabaron contando a los investigadores los detalles del asunto. E hicieron algo más que, salvo terremoto, se acabará traduciendo en la presumible solicitud de atenuantes por parte de otras acusaciones, entre ellas la de la Fiscalía cuando presente su escrito.

Ese algo más lo constituye la devolución del dinero, algo que los juristas suelen denominar como reparación del daño. Entre noviembre de 2017 y enero de 2018, Rodríguez Sobrino devolvió el dinero. Según un informe de la Guardia Civil esencial para la acusación, "el hecho de que devolviese 2,7 millones de dólares implicaría que, en esas fechas, aún gestionaba 1,8 millones de dólares que le corresponderían a Ignacio González".

Fechado el 4 de noviembre de 2019, ese mismo informe narra también cómo Ramón Navarro y Diego García "depositaron cheques en la Audiencia Nacional para devolver parte de los fondos desviados, aunque finalmente no han podido ser compensados y han sido devueltos a sus representaciones procesales para que materialicen la devolución de los fondos por otro canal".

Diego García Arias aparece en la causa como un arrepentido de gran relevancia: fue el primero que ante los fiscales Anticorrupción que se desplazaron a Colombia en 2017 ofreció una cascada de datos que luego confirmó Ramón Navarro. La declaración del primero de los dos directivos colombianos actuó como el gran acelerante que inflamó de manera definitiva un caso donde la compra de Emissao constituye una de las dos vertientes principales junto con la de los desmanes del campo de golf del Canal con que la familia González dio un auténtico pelotazo. Ambas facetas amenazan a Ignacio González con devolverlo a la cárcel, donde en 2017 ya permaneció seis meses como preso preventivo tras el estallido de la Operación Lezo.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha propuesto enviar a juicio al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González por presuntos delitos de malversación y fraude en la compra de la empresa Emissao con fondos públicos del Canal de Isabel II, en una operación en la que se habrían desviado 25 millones de euros.

Según han informado fuentes jurídicas a Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 atiende así la petición de la Fiscalía Anticorrupción que pedía la conclusión de la instrucción de esta pieza separada del caso Lezo sobre la adquisición de la empresa brasileña a cargo del Canal Isabel II, una vez que ya estaba bajo el mando de González, así como sobre el presunto reparto de comisiones derivados de la operación de compra.

Anticorrupción también pedía el procesamiento del que fuera mano derecha de Ignacio González y expresidente de Inassa, Edmundo Rodríguez Sobrino; el ex delegado del Gobierno en Ceuta Luis Vicente Moro; la exdirectora del Canal María Fernanda Richmond; el exgerente de Inassa Diego García Arias; el exdirector de otra filial del Canal Ramón Navarro; así como el representante de Emissao Sebastiao Cristovam.

Con este auto de procesamiento, el magistrado considera pertinente el cierre de la segunda pieza de este caso que estalló en abril de 2017 con la detención del exvicepresidente madrileño, pues ya dictó otro auto en relación a la pieza sobre Inassa, en la que procesó a una veintena de ex altos cargos del Canal de Isabel II, en este caso por la compra de la empresa colombiana a finales de 2001.

Aquí tienes el auto:  

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, que investiga el caso Lezo, que procese por los delitos de malversación de caudales públicos y fraude al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González por la compra de Emissao en 2013, según han informado fuentes jurídicas a Europa Press.

De este modo, el Ministerio Público pide que concluya la instrucción de esta pieza sobre la adquisición de la empresa brasileña Emissao en la que se habría desviado 25 millones de euros de fondos públicos del Canal Isabel II, una vez que ya estaba bajo el mando de González, así como sobre el presunto reparto de comisiones derivados de la operación de compra.

Asimismo, según ha informado el diario El Mundo, Anticorrupción solicita que también se proponga juzgar al que fuera mano derecha de Ignacio González y expresidente de Inassa, Edmundo Rodríguez Sobrino; al ex delegado del Gobierno en Ceuta, Luis Vicente Moro; a la ex directora del Canal, María Fernanda Richmond; al ex gerente de Inassa, Diego García Arias; el exdirector de otra filial del Canal Ramón Navarro; así como al representante de Emissao, Sebastiao Cristovam.

De aceptar el juez la petición de la Fiscalía, se cerraría así la segunda pieza de este caso que estalló en abril de 2017 con la detención de Ignacio González. El magistrado García Castellón acordó archivar la pieza sobre la compra de la empresa colombiana Inassa, por la que también estuvo investigado el expresidente de la Comunidad de Madrid y el ex ministro de Justicia Alberto Ruíz Gallardón.

El reparto de comisiones

Según contó Pablo González, hermano del expresidente madrileño, al juez en una de sus comparecencias como imputado en este caso, el expresidente de Inassa le confesó los detalles de la operativa ilícita por la que se repartieron unos 5,5 millones de euros por la compra de Emissao. Esta cantidad supuestamente se habría repartido entre el expresidente regional, Rodríguez Sobrino, Moro, García Arias y Navarro, como personas implicadas en la operativa por la que la empresa pública de aguas pagó 30 millones de dólares.

La división de las comisiones, siempre según la declaración de Pablo González, fue de 2,7 millones de euros para Rodríguez Sobrino a través de las sociedades opacas Amalfi y Rafaello, de los cuáles 1,8 millones corresponderían al expresidente madrileño; mientras que Moro recibió otros 1,8 millones que fueron ingresados en cuentas en República Dominicana. García Arias y Navarro, por su parte, se embolsaron por la valoración económica de Emissao 900.000 euros.

Según explicó Pablo González, la conversación se mantuvo estando con Rodríguez Sobrino en prisión preventiva y en ella este último le reconoció que los investigadores encontraron parte de esas comisiones ilícitas, más de 260.000 euros, en el apartamento que tiene en Barranquilla (Colombia) a nombre de su hija.

En este sentido, Rodríguez Sobrino confesó que el dinero a repartir procedía "de las comisiones de lo de Brasil" y que su temor era que los investigadores iban a comprobar las transferencias hechas desde el país sudamericano a los implicados en esta operación, como efectivamente se pudo averiguar en la investigación de la comisión rogatoria trasladada a Colombia.

Ante esta revelación, el magistrado instructor acordó en abril del año pasado librar 12 comisiones rogatorias para obtener toda la información posible sobre las presuntas irregularidades cometidas en dicho reparto de dinero, así como sobre el patrimonio del considerado cabecilla de la trama, por lo que también requirió la cooperación internacional a países como Reino Unido y Bélgica para conocer el patrimonio del expresidente de Inassa y de su hija.

Confesión de un exdirectivo de Inassa

Estos hechos fueron confirmados posteriormente, en mayo de 2018, por el exgerente de Inassa Diego García Arias, detenido en Colombia unos meses después de que se destapara este caso de corrupción. En su declaración ante el juez precisó que la parte correspondiente al expresidente madrileño no se le ingresó a él directamente porque en 2013 ya estaba siendo investigado por las operaciones de compraventa de su ático en Estepona (Málaga), así que para evitar sospechas el dinero se traspasó a Rodríguez Sobrino.

Sobre la compra de Emissao, García Arias —que como parte de su colaboración con la justicia, devolvió el dinero de la comisión recibida— afirmó que el número dos de la trama dio órdenes para que la valoración oscilase entre los 32 y 34 millones de euros y que, de salir adelante la operativa, el reparto autorizado por Ignacio González sería de seis millones de euros, aunque finalmente descendió a cerca de 5,5 millones. 

Además de por las tensas negociaciones mantenidas entre PSOE y Podemos hasta el último minuto, la sesión de investidura fallida del candidato socialista a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, se caracterizó por las diferentes advertencias en relación con el intenso curso judicial que arrancará tras el parón estival. Uno de los encargados de poner esta cuestión sobre la mesa fue el portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, quien tras certificarse el hundimiento de un posible acuerdo entre PSOE y Podemos avisó a ambos partidos desde la tribuna de oradores de lo difícil que podría ser un nuevo intento de investidura después del verano: “Septiembre nos complica la vida política a todos y el otoño no será un buen momento para hacer política”. Pero no fue el único. También el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, se encargó de recordar a Sánchez que el nuevo curso que se avecina en los tribunales será especialmente intenso. “¿Dimitirá usted si condenan a su partido y a sus compañeros del PSOE?”, preguntó al candidato socialista desde la tribuna.

El próximo 9 de septiembre, a mediodía, tendrá lugar en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo la apertura del año judicial 2019-2020. Un curso que se espera bastante cargado y al que se mirará con atención desde la arena política. Para los próximos meses están previstos algunos fallos de gran relevancia, empezando por el del procés y continuando por el del caso de la salida a Bolsa de Bankia, el de la pieza política de la macrocausa de los ERE o el de la destrucción de los discos duros de Bárcenas. Además, se esperan avances en otros tantos frentes judiciales abiertos que tocan de lleno al PP. Uno de ellos es el caso Gürtel, una macrocausa en la que todavía hay varias piezas separadas pendientes de juicio o sentencia. Pero también está sobre la mesa de los tribunales la Operación Lezo o el caso Púnica, por el que la Fiscalía Anticorrucpión ha pedido que se cite a declarar como investigadas a las expresidentas madrileñas Cristina Cifuentes y Esperanza Aguirre. Causas que se suman a las que también afectan al exministro de Economía conservador Rodrigo Rato.

  El independentismo espera al Supremo

Buena parte del foco judicial de este año se ha situado sobre el Tribunal Supremo, encargado de enjuiciar a los doce líderes independentistas acusados de rebelión, sedición, desobediencia y malversación de caudales públicos por el referéndum del 1-O. El pasado mes de julio, tras 52 sesiones y después de que desfilasen por el Salón de Plenos del Alto Tribunal más de cuatro centenares de testigos –entre políticos, miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y representantes de la sociedad civil–, el magistrado Manuel Marchena dejó el juicio visto para sentencia. Está previsto que el fallo se conozca antes de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncie sobre la inmunidad del líder de ERC, Oriol Junqueras, con el objetivo de no prorrogar la prisión preventiva de los acusados y evitar que la decisión de Luxemburgo interfiera en la sentencia. El TJUE ya ha fijado para el próximo 14 de octubre la vista para analizar el caso del exvicepresident de la Generalitat, por lo que se prevé que se haga público antes de esa fecha.

También está pendiente del calendario judicial el actual jefe del Ejecutivo catalán. A comienzos de julio, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) decretó la apertura de juicio oral contra el president de la Generalitat, Quim Torra, por no haber acatado la orden de la Junta Electoral Central de retirar los lazos amarillos de los edificios públicos durante la campaña de los comicios generales del 28A. El líder del Gobierno catalán acudió a declarar a mediados de mayo como investigado por un presunto delito de desobediencia. “Sí, desobedecí porque yo me debo a un mandato superior de la ciudadanía de defensa de los derechos humanos”, apuntó en sede judicial. Se espera que Torra se siente en el banquillo de los acusados a comienzos de otoño, después de que el TSJC haya desestimado el recurso que presentó. La Fiscalía pide para el president un año y ocho meses de inhabilitación y una multa de 30.000. Una pena que la extrema derecha de Vox, que ejerce como acusación popular, eleva a dos años y una sanción económica de 73.000 euros.

  El PP, atento a sus ‘manchas’ de corrupción

El PP también mirará con preocupación a los tribunales durante el próximo curso judicial. En estos momentos, la formación conservadora se encuentra a la espera de conocer la sentencia por la destrucción de los discos duros de su extesorero Luis Bárcenas, un procedimiento en el que el propio PP se ha tenido que sentar en el banquillo de los acusados como persona jurídica junto a tres de sus empleados –la gerente, el responsable de los servicios jurídicos del partido y el director del Departamento de Sistemas de la Información del PP–. El juicio se celebró el pasado mes de junio en el Juzgado de lo Penal nº 31 de Madrid y en él prestó declaración como testigo Bárcenas, quien aseguró al juez que los dos ordenadores cuyos discos duros fueron formateados más de una treintena de veces en Génova contenían información que permitiría acreditar “al cien por ciento” la contabilidad B de la formación conservadoracontabilidad B, algo que rechazaron tajantemente los acusados. Por el momento, las defensas y las tres acusaciones se mantienen a la espera del fallo.

Por otro lado, la formación conservadora tendrá que seguir haciendo frente al viacrucis que lleva soportando durante más de una década por el caso Gürtel, la macrocausa de corrupción que costó la Presidencia del Gobierno a Mariano Rajoy. Tras la sentencia de la conocida como Época I, en la que se consideró probada la existencia en el PP de “una estructura financiera y contable paralela a la oficial existente, al menos, desde 1989”, todavía quedan varias piezas separadas pendientes de juicio o inmersas en plena vista oral. Una de ellas es la relativa a tres adjudicaciones irregulares que el Ayuntamiento de Jerez habría otorgado a empresas de la red corrupta para eventos de la feria de Fitur de 2004, que está siendo juzgada desde junio. Esta pieza se suma a otras que todavía están pendientes de juicio, como la de los papeles de Bárcenas o la de la visita del papa Benedicto XVI a Valencia, cuya vista oral se celebrará el próximo mes de marzo. Mientras tanto, el PP está maniobrando en el Supremo para intentar anular la sentencia de Gürtel Época IGürtel Época I que condenó al partido como partícipe a título lucrativo.

Otro de los quebraderos de cabeza que también tiene la formación conservadora es Lezo, la macrocausa en la que se investiga el desfalco del Canal de Isabel II y por la que ha estado en prisión preventiva el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González. Hasta la fecha, todavía ninguno de los investigados en las diferentes piezas en las que se divide este caso se ha sentado en el banquillo de los acusados. Sin embargo, ya hay más de una veintena preparados para hacerlo. El pasado mes de mayo, el juez instructor, Manuel García-Castellón, dictó auto de transformación de las diligencias en procedimiento abreviado y procesó a 22 personas por la compra presuntamente irregular de Inassa por parte del Canal de Isabel II, dejando fuera tanto al exministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón como a Ignacio González. Esta pieza será la primera de Lezo en ser juzgadaLezo. Anticorrupción pide para los acusados entre 6 y 7 años por malversación de caudales públicos.

En el próximo curso judicial también serán importantes los pasos que se den en relación con el caso Púnica, una trama corrupta presuntamente liderada por el ex secretario general del PP Francisco Granados. El pasado viernes, la Fiscalía Anticorrupción propuso al magistrado García-Castellón reducir la macrocausa a 11 piezas diferentes, entre las que se encuentra la relativa a la época de Granados en el Ejecutivo madrileño –número 8– y la que versa sobre el supuesto desvío de fondos para el pago de gastos del PP madrileño –número 9–. En relación con esta última pieza, la de la financiación irregular, el Ministerio Público solicitó también al magistrado la imputación de las expresidentas madrileñas del PP Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes, una petición que se extendió también a Ignacio González. La solicitud se apoyó en varios informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en los que se analiza la actuación de dos grandes tramas: una que parte del dinero aportado por Indra y otra con epicentro en la fundación Fundescam. Ahora, la decisión está en manos de García-Castellón.

  El “artífice del milagro económico”El artífice del milagro económico

Otro frente judicial al que se prestará atención desde la formación conservadora será el que afecte a Rodrigo Rato, el exministro de Economía durante el segundo Gobierno de José María Aznar. Tras su condena a cuatro años y medio de prisión por las tarjetas black, el que fuera considerado “gran artífice del milagro económico español” se encuentra desde el pasado mes de noviembre sentado en el banquillo de los acusados por el caso Bankia, un procedimiento casi concluido que se reanudará en septiembre y en el que se está analizando la fraudulenta salida a Bolsa de la entidad. Al que fuera director gerente del Fondo Monetario Internacional, que está siendo juzgado junto con una treintena de personas, se le acusa de un delito de falsedad en las cuentas anuales de los ejercicios de 2010 y 2011 de la entidad y de otro de fraude a inversores por incluir datos falsos en el folleto informativo del salto al parqué español del banco. La Fiscalía, tras endurecer las penas pedidas en un principio, solicita ocho años y medio de prisión para el exministro de Economía.

Durante el próximo curso judicial, además, se espera que se avance en el conocido como caso Rato, en el que se investiga el origen de su fortuna. El pasado mes de febrero, el juez Antonio Serrano-Arnal acordó procesar a Rato y otra docena de personas en la conocida como Pieza Zenith-Publicis, en la que se investigaba un presunto trato de favor en la concesión de contratos publicitarios de Bankia a estas dos agencias, en los que habría mediado una comisión de 2 millones de euros. El paso dado por el juez la convertía en la primera pieza del caso Rato lista para ser juzgada. Sin embargo, a comienzos de julio, la Audiencia Provincial de Madrid anuló el procesamiento del exministro de Economía por un presunto delito de corrupción entre particulares y ordenó al instructor de la causa que acumulase todas las piezas –una decena– en un único proceso por los delitos de corrupción en los negocios, delitos fiscales y blanqueo de capitales. Una unión que, valoró la Audiencia Provincial, no supone riesgo de dilaciones indebidas debido al avanzado estado de la instrucción de todas ellas.

  El PSOE mira a Andalucía

Pero no solo el PP tiene que hacer frente durante los próximos meses a su propio viacrucis particular. También lo tendrá que hacer el PSOE, tal y como se encargó de recordarle Albert Rivera a Pedro Sánchez en la sesión de investidura fallida. Además de la sentencia del procés, para el próximo otoño también se espera que la Audiencia de Sevilla falle sobre la conocida como pieza política del caso EREcaso ERE, en la que se ha analizado el alcance penal de la utilización de un fondo para ayudas sociolaborales de más de 850 millones de euros repartidos por la Junta de Andalucía entre 2000 y 2011, supuestamente sin las debidas garantías legales ni los obligatorios controles internos.

A la espera de la sentencia se encuentra casi toda la excúpula del Ejecutivo andaluz: los expresidentes socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñán; seis exconsejeros y 13 ex altos cargos de sus Gobiernos. Sobre la mesa del tribunal, solicitudes de pena que llegan hasta los 8 años de cárcel y los 30 de inhabilitación por los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

El comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo contó a amigos y clientes que desde la dirección del Partido Popular se le encargó en 2015 parar la difusión del audio grabado en su conversación con el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González en relación a la compra de un ático en Estepona, aunque después, la encomienda fue que lo dejase correr para darle "el estocazo" porque ya le habían sustituido por Cristina Cifuentes.

"Me llaman de Génova y me dicen 'oye Pepe, que hay una grabación por ahí circulando a ver si lo puedes parar' y digo 'oye, es que os pasáis la vida pidiendo cosas y no dais nada'", cuenta el comisario en un audio que obra en el sumario del 'caso Villarejo' en la Audiencia Nacional y al que ha tenido acceso Europa Press .

"Eso fue un jueves --prosigue Villarejo--. El viernes nombran a Cifuentes y el sábado, por deferencia, llamé a Génova y dije, 'oye, que estoy intentando parar la grabación pero no sé si va a ser posible. Y me dicen: 'Ya, que siga. Mejor que salga, porque está muy cabreado. Se le pega el estocazo'".

En el sumario consta toda una batería de conversaciones en relación al proyecto 'Pit' por el que el naviero Ángel Pérez Maura encargó a Villarejo que frustrase una causa de corrupción abierta contra él en Guatemala que podía conllevar su extradición, contexto en el que el excomisario regala a sus clientes anécdotas diversas, como esta relativa a Ignacio González.

Fue el 27 de abril de 2017 y acababan de imputar en el caso Lezo al socio de Villarejo en 'Pit', Adrián de la Joya, por una comisión que presuntamente debía haber entregado a González a cambio de la licencia para la construcción del tren de Navalcarnero y de la que se apropió. Pérez Maura expresa su inquietud por esta situación y el comisario decide ponerle en antecedentes sobre el ya expresidente de la Comunidad de Madrid, a quien define como "prepotente" y "muy tonto".

"Te recuerdo que el que le busca la avería soy yo y además, se lo busco en 2011, cuando era intocable", dice Villarejo en relación a la mayoría absoluta que acababa de obtener el PP en aquel momento. Explica que se reunió con él en una cafetería de Madrid porque se lo encomendó el director de la Policía, a quien a su vez le había llegado por "el que entonces era director de seguridad" en la región, que González quería "colaborar y contar cosas" al comisario.

Cita en La Mallorquina

La cita, según publicó en su día el diario El Mundo, tuvo lugar el 29 de noviembre de 2011 en la cafetería La Mallorquina de Madrid y se prolongó durante tres cuartos de hora. Según declararía años después el propio Villarejo durante la instrucción judicial de la causa por la compra del ático a través de una sociedad radicada en un paraíso fiscal, el encuentro fue instado por González, conocedor de que se habían iniciado pesquisas por la sospecha de que el inmueble obedeciese a una comisión ilegal. Él, por su parte, siempre defendió su inocencia.

El comisario cuenta a sus clientes que cuando llegó a aquella cita, el número dos de Esperanza Aguirre "no quería contar nada, quería parar el tema" y en lugar de pedir ayuda, "iba muy prepotente", así que hizo su informe y se olvidó del asunto. Pero, siempre según su versión, "el propio Ignacio González crea un sumario para denunciar e imputar al comisario que le había investigado en Marbella, que era un currante", llama al ya director de la Policía, Ignacio Cosidó y "le abren un expediente para expulsarlo por haber investigado el ático".

Para Villarejo, este fue el origen de los problemas de González, ya que a ese comisario "lo tratan como un pelele" y "como no estaba contento", recurre a un juez de Instrucción de Madrid que abre diligencias y le imputa. Hubo un elemento más, había "despedido de mala manera" al abogado que le llevaba los temas, "el único", según el comisario, que sabía toda la historia y que en respuesta, habría filtrado la nota policial sobre la reunión en la Mallorquina que se publicaría en el diario El Mundo.

Una pelea "cainita"

"El Mundo no me menciona, pero el muy gilipollas (de González) da al día siguiente una rueda de prensa diciendo que aquí ha habido dos comisarios que le han chantajeado. Yo, que he estado callado desde 2011 le presenté una denuncia y a los dos días, alguien le dio a un periodista la grabación", dice Villarejo, que sitúa en este contexto la llamada que en teoría, recibió de Génova cuando supieron que ese audio estaba circulando.

Para el comisario, investigado por organización criminal, extorsión y cohecho entre otros delitos; en prisión provisional desde noviembre de 2017 y que durante años grabó todo tipo de conversaciones que clasificó y almacenó meticulosamente en discos duros y otros soportes de almacenamiento que le fueron intervenidos a su detención, al final la suerte de Ignacio González tuvo que ver con una "pelea cainita" y "de locos" entre la ex secretaria General del PP, María Dolores de Cospedal; y la exvicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, por sustituir a Mariano Rajoy cuando diera un paso atrás.

Sea como fuere, la causa por la compra del ático sigue bajo investigación en el Juzgado de Instrucción número 5 de Estepona, que trató de inhibirse en favor de la Audiencia Nacional, donde Ignacio González está imputado en la causa Lezo, pero la pretensión fue rechazada por la Audiencia Provincial de Málaga. El plazo de instrucción terminó en octubre de 2018, aunque sigue pendiente del resultado de varias diligencias de investigación.

La Fiscalía Anticorrupción solicita 7 años de prisión y 15 de inhabilitación absoluta para los exconsejeros madrileños Pedro Calvo y Juan Bravo, antiguos colaboradores de Alberto Ruiz-Gallardón, por la pieza 1 del caso Lezo, esto es, la compra de la sociedad colombiana Inassa a cargo del Canal de Isabel II en el año 2001.

Anticorrupción les acusa de un delito de malversación de caudales públicos, como a los otros 20 procesados en esta causa, todos ellos técnicos y exconsejeros de la empresa pública de aguas así como gestores e intermediarios en la operación, para quienes reclama entre 6 y 7 años de prisión y entre 12 y 15 años de inhabilitación absoluta.

En concepto de responsabilidad civil, la fiscal pide que los 22 procesados indemnicen al Canal de Isabel II de forma conjunta y solidaria con el "sobreprecio pagado por la adquisición" de la sociedad panameña a través de la cual el Canal de Isabel II compró Inassa, lo cual asciende a algo más de 19 millones de euros, "sin perjuicio de la cantidad mayor que pueda fijarse en el trámite de conclusiones definitivas".

La operación de compra de Inassa por parte del Canal de Isabel II por 73 millones de dólares a través de una sociedad radicada en Panamá --Aguas de América (SAA)-- se enmarca, según el escrito de la Fiscalía, en la "expansión internacional" que en el año 2001 el Canal de Isabel II inició en Colombia mediante la adquisición del 75% de Inassa, para lo cual "utilizó una sociedad vehículo de nueva creación" llamada Canal Extensia, participada en un 75% por la empresa pública madrileña y en un 25% por la mercantil valenciana Técnicas Valencianas del Agua. La adquisición estaba sometida a la previa autorización, primero, del consejo de administración del Canal y, segundo, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.

Desde su creación en el año 1996, Inassa pertenecía a la sociedad Aguas de Barcelona (Agbar) y a distintos socios locales colombianos. Su principal activo era la sociedad también colombiana Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla (Triple A), que se nutría de los ingresos obtenidos por la prestación del servicio de concesión municipal que le fue otorgada por el Ayuntamiento de Barranquilla.

Plagada de ilicitudes

Para Anticorrupción, la adquisición de Inassa estuvo "plagada de ilicitudes y, contrariamente a lo autorizado, se realizó de manera indirecta", pues lo que realmente se compró fue la sociedad panameña Aguas de América, entre cuyos activos se encontraba el 75% de Inassa y el 51% de la sociedad dominicana Watco, "provocándose un desvío de los fondos públicos destinados a su pago debido, principalmente, al sobreprecio abonado y a la inclusión dentro de su objeto de activos no autorizados ni valorados que no redundaron en ningún beneficio" para la Comunidad de Madrid.

Según el relato de hechos que hace la fiscal, en la compra asumieron un papel relevante los acusados Francisco Olmos Fernández-Corugedo, Francisco Javier Vilaplana Oliva, Esteban Palacios Ortega, Ángel Conde Álvarez y Santiago García Benavides, quienes en marzo de 2000 "consiguieron que Agbar, a la que estaban vinculados profesionalmente, vendiera su participación en Inassa a la panameña SAA, sociedad de su propiedad y del resto de socios colombianos de Inassa".

De forma paralela, "iniciaron un proceso de licitación privado dirigido a vender la sociedad SAA, el cual culminó a principios del año 2002 con su venta al Canal de Isabel II, lo que se llevó a cabo por un precio muy superior a su valor real, obteniendo así, a costa del erario público autonómico, cuantiosas plusvalías de las que se beneficiaron tanto ellos como los socios colombianos locales".

Según Anticorrupción, fueron los exdirectivos del Canal Juan Pablo López Heras y José Antonio de Cachavera, con el beneplácito del entonces director gerente Arturo Canalda, los que elaboraron un dosier explicativo sobre esta operación que desvelaba que la compra del 75% de Inassa a través de la sociedad panameña.

Y aunque en el documento se hacía mención "de forma atemperada" a los riesgos, obviaron "valorarlos", de modo que el consejo de administración del Canal de Isabel II, en un papel que la fiscal considera "esencial", acabó aceptando el pago de 73 millones de dólares con un "sobreprecio injustificado de, al menos, una cantidad comprendida entre 23 millones y 35,4 millones de dólares (entre 25,4 millones y 38,7 millones de euros)".

Palmaria y consciente dejación de funciones

"En definitiva, la palmaria y consciente dejación de las funciones que los acusados tenían encomendadas en sus respectivos ámbitos de actuación como miembros del ente Canal de Isabel II para la protección de los intereses públicos permitió que se desviaran cuantiosos fondos públicos a financiar una operación que causó indebidamente un menoscabo económico a dicha entidad en beneficio exclusivo de terceros", subraya la Fiscalía.

La compra de Inassa no habría sido posible sin el visto bueno del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, que en el año 2001 presidía Gallardón, si bien Anticorrupción ha quitado toda responsabilidad a los que entonces eran consejeros, salvo a Calvo y Bravo, quienes a su vez también eran consejeros del Canal y, por tanto, "emitieron su voto conociendo todos los detalles de la operación y los perjuicios económicos que se derivarían de la misma".

Junto a Calvo y Bravo, Anticorrupción pide condena para el resto de miembros del consejo de administración del Canal de Isabel II del año 2001. Ignacio López Galiacho, Juan María del Álamo, Fernando Autrán, Francisco Díaz Latorre, Adriano García-Loygorri, José Manuel Herrero, José Antonio Llanos, Roberto Molero, Andrés Muñoz Hernández, Agapito Ramos, Miguel Ángel Saldaña y Roberto Sanz Pinacho se enfrentan a 6 años de prisión y 14 de inhabilitación absoluta.

Para el ex director gerente del Canal Arturo Canalda, la fiscal solicita 7 años de prisión y 15 de inhabilitación absoluta, al igual que para los técnicos Cachavera y López Heras, mientras que para Ángel Conde, Santiago García Benavides, Esteban Palacios, Francisco Javier Vilaplana y Francisco Olmos, personas vinculadas a la operación en calidad de compradores, vendedores y gestores, pide 6 años de cárcel y 12 de inhabilitación absoluta.

Manuel García Castellón, titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, ha pedido un informe a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) sobre las cuentas bancarias de Financiera SIA Capital SL, empresa en la que Javier López Madrid aparece como administrador único, en busca de una transferencia de 718.648 euros procedente de una sociedad luxemburguesa que podría haber estado recibiendo dinero de la filial mexicana de OHL para pagar sobornos a cambio de obra pública, según informa Euroa Press.

En un auto al que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado requiere a la AEAT "para que informe de las cuentas bancarias de las que sea titular la entidad Financiera SIA Capital" con la finalidad de identificar esa transferencia "realizada por la empresa luxemburguesa Lendir Investments SA el 10 de noviembre de 2010 o en fecha próxima".

"En el mes de noviembre de 2010 esa sociedad luxemburguesa recibió 3,4 millones de dólares procedentes de OHL SA a través de una filial mexicana (de OHL), presuntamente, para financiar el pago de comisiones", detalla el auto judicial, que se enmarca en la octava pieza separada del caso Lezo e investiga sobornos por un importe cercano a 40 millones de euros.

El instructor del caso Lezo dispone, asimismo, que el procedimiento por el que ya han prestado declaración varios ex trabajadores de la multinacional, se dirija contra seis personas "que en su momento desempeñaron funciones públicas en organismos o entidades vinculadas a la adjudicación o ejecución de obras públicas a cargo del grupo OHL".

Políticos del PP, el PSOE y CC

Entre estas seis personas se encuentran: el exdirector de la extinta GIASA (actual Agencia de Obra Pública de Andalucía), Abelardo Genaro Moya (del PSOE); el exdirector de la Autoridad Portuaria de Melilla, José Luis Almazán (del PP); y el exdirector del Puerto de Cádiz Albino, Pardo Rodríguez. Todos ellos citados a declarar los días 12 y 13 de junio en la Audiencia Nacional.

El procedimiento también va contra: el exsubdirector general de construcción de la Dirección de Carreteras de Fomento, bajo gobierno del PP, Luis Manuel Bruno Romero; el ex consejero canario y ex senador por CC Antonio Ángel Castro Cordobez; y el expresidente del Puerto de Santa Cruz de Tenerife, Luis Pedro Suárez Trenor (de Coalición Canaria). Aunque aún no se ha programado la fecha en la que estas tres personas deberán acudir a declarar.

Todas estas personas ostentaban cargos públicos cuando se adjudicaron los 12 contratos de obra con OHL que la Fiscalía Anticorrupción tiene en el punto de mira por la sospecha de que hubiesen mediado comisiones para conseguir los contratos y sobre los que el juez pide a las autoridades competentes que remitan la documentación. El más antiguo es de 2001 y el más reciente, de 2013.

Variantes, puentes, muelles

En concreto, pide a la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento documentación sobre el proceso de adjudicación, contratación y certificación de tres expedientes que corresponden a tramos en la N-630, la A-7 y la A-44. Mientras, requiere a la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife información similar sobre las obras de ampliación de los puertos de La Estaca y La Granadilla.

Asimismo, el juez le pide información a: la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz sobre el contrato con una Unión Temporal de Empresas (UTE),en la que estaba OHL, para la ampliación del muelle de Marqués de Comillas; a la de Almería, sobre el muelle de Poniente; y a la de Melilla, sobre la adjudicación a la empresa SATO de un proyecto de calado en el muelle Ribera II.

El auto también se ha remitido a la entidad Gestión de Infraestructuras de Andalucía SA para que informe sobre otros tres expedientes de obras adjudicadas a OHL, como un puente en Río Genil, la renovación del firme en la A-92 o una variante en la A-334; y a la Consejería de Transportes de Canarias por otro contrato de infraestructuras con la constructora.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha archivado la investigación que se venía siguiendo contra el exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón en la pieza del caso Lezo sobre la compra de la sociedad colombiana Inassa a cargo del Canal de Isabel II en el año 2001, cuando era presidente de la Comunidad de Madrid.

En línea con lo que pedía la Fiscalía Anticorrupción, también exculpa al expresidente madrileño Ignacio González, principal imputado en otras piezas del caso Lezo, ya que aún no había llegado a la presidencia del Canal de Isabel II cuando se cerró la operación de compra de Inassa; al socio de éste Edmundo Rodríguez Sobrino, quien después ejerció como presidente de la empresa colombiana; y a Manuel Cobo, exvicealcalde de Madrid y quien fuera mano derecha de Gallardón. Además de estos cuatro, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 archiva las diligencias para otras 11 personas, incluidos exconsejeros del Gobierno de Gallardón como Paz González, Luis Blázquez, Luis Eduardo Cortés, Carlos Mayor Oreja, Alicia Moreno, Pilar Martínez y Luis Peral; así como exdirectivos como Gaspar Cienfuegos, Jesús Sánchez, Salvador Cardona y Ángel Varona.

Tras más de dos años, Inassa es la primera pieza del caso Lezo cuya instrucción el magistrado da por finalizada, por lo que, al tiempo que exculpa a estas 15 personas, sí acuerda el procesamiento de otras 22, a los que imputa el delito de malversación de caudales públicos agravado en el proceso de compra de la sociedad colombiana.

Entre ellas destacan dos de los más cercanos colaboradores de Gallardón tanto en el Ayuntamiento de Madrid como en la Comunidad: Pedro Calvo y Juan Bravo, en tanto formaban parte del consejo de administración del Canal de Isabel II cuando tuvo lugar la compra, aunque también integraban el Consejo de Gobierno autonómico.

En realidad, el juez procesa a consejeros del Canal que en 2001 votaron a favor de la adquisición de Inassa: Juan María del Álamo, Fernando Autrán, Francisco Díaz Latorre, Ignacio López Galiacho, Adriano García-Loygorri, José Manuel Herrero, José Antonio Llanos, Roberto Molero, Andrés Muñoz Hernández, Agapito Ramos, Miguel Ángel Saldaña y Roberto Sanz Pinacho.

También procesa al que fuera director gerente del Canal Arturo Canalda; los exdirectivos de la empresa pública José Antonio de Cachavera y Juan Pablo López Heras; así como otras personas vinculadas a la operación en calidad de compradores, vendedores y gestores como Ángel Conde, Santiago García Benavides, Esteban Palacios, Francisco Javier Vilaplana y Francisco Olmos.

Compra a través de una sociedad panameña

Tras el prolijo escrito que hace una semana le entregó la Fiscalía Anticorrupción, García Castellón considera que ya se han practicado las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos, la operación de compra de Inassa por parte del Canal de Isabel II por 73 millones de dólares a través de una sociedad radicada en Panamá –Aguas de América–.

Según el magistrado, la operativa se enmarca en la "expansión internacional" que en el año 2001 el Canal de Isabel II inició en Colombia mediante la adquisición del 75% de Inassa, para lo cual "utilizó una sociedad vehículo de nueva creación llamada Canal Extensia, participada en un 75% por la empresa pública madrileña y en un 25% por la mercantil valenciana Técnicas Valencianas del Agua. La adquisición estaba sometida a la previa autorización, primero, del consejo de administración del Canal y, segundo, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.

Desde su creación en el año 1996, Inassa pertenecía a la sociedad Aguas de Barcelona (Agbar) y a distintos socios locales colombianos. Su principal activo era la sociedad también colombiana Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla (Triple A), que se nutría de los ingresos obtenidos por la prestación del servicio de concesión municipal que le fue otorgada por el Ayuntamiento de Barranquilla.

Como Anticorrupción, el juez considera que la adquisición de Inassa estuvo "plagada de ilicitudes y, contrariamente a lo autorizado, se realizó de manera indirecta", pues lo que realmente se compró fue la sociedad panameña Aguas de América, entre cuyos activos se encontraba el 75% de Inassa y el 51% de la sociedad dominicana Watco, "provocándose un desvío de los fondos públicos destinados a su pago debido, principalmente, al sobreprecio abonado y a la inclusión dentro de su objeto de activos no autorizados ni valorados que no redundaron en ningún beneficio" para la Comunidad de Madrid.

Sobreprecio de entre 23 millone y 35,4 millones de dólares 

En el auto se indica que fueron los exdirectivos del Canal López Heras y Cachavera, con el beneplácito de Arturo Canalda, los que elaboraron un dossier explicativo sobre esta operación que desvelaba que la compra del 75% de Inassa a través de la sociedad panameña. Y aunque en el documento se hacía mención "de forma atemperada" a los riesgos, obviaron "valorarlos", de modo que el Canal de Isabel II acabó aceptando el pago de 73 millones de dólares con un "sobreprecio injustificado de, al menos, una cantidad comprendida entre 23 millones y 35,4 millones de dólares (entre 25,4 millones y 38,7 millones de euros)".

García Castellón acuerda el sobreseimiento de las actuaciones para Gallardón, González y otras 13 personas porque para la Fiscalía, "no ha quedado indiciariamente acreditada su participación delictiva en los hechos referidos". En cuanto al expresidente y exalcalde y al resto de sus exconsejeros, Anticorrupción cree que no se ha podido probar que con el voto que emitieron a favor de la compra en el Consejo de Gobierno conocieran "los detalles de esta operación y, por tanto, el menoscabo económico que para la Administración autonómica se generaría".

Así, tanto el juez como la fiscal diferencian muy claramente entre el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid y el consejo de administración del Canal de Isabel II. En éste último, asegura Anticorrupción, todos los asistentes el día que se aprobó la operación de compra de Inassa, el 14 de noviembre de 2001, "dispusieron del dossier explicativo que desvelaba cómo se iba a realizar esta operación", por lo que García Castellón cree que su conducta fue "esencial" para que el proyecto saliera adelante.

Sin embargo, para la fiscal no está indiciariamente acreditado que ni el presidente ni los consejeros del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid –salvo Pedro Calvo y Juan Bravo, que también estaban en el consejo del Canal– "conocieran o dispusieran de ese dossier" en la reunión en la que dieron el visto bueno a la operación, celebrada el 29 de noviembre de ese año.

"La única documentación de la que dispusieron contenía información general sobre el objeto social de Canal Extensia y datos generales de Inassa, así como los informes favorables emitidos por la Consejería de Medio Ambiente, la Dirección de Patrimonio y el Servicio Jurídico de la Consejería de Hacienda. Ninguno de los citados documentos e informes desvelaba los detalles de la operación desencadenantes del presunto delito de malversación", apunta la Fiscalía.

La Fiscalía Anticorrupción ha registrado este miércoles en la Audiencia Nacional un escrito en el que solicita el archivo de la investigación que se venía siguiendo contra el exministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón en la pieza del caso Lezo sobre la compra de la sociedad colombiana Inassa a cargo del Canal de Isabel II en el año 2001, cuando era presidente de la Comunidad de Madrid. También pide sacar de esta investigación al expresidente madrileño Ignacio González, principal imputado en el caso Lezo, ya que aún no había llegado a la presidencia del Canal de Isabel II cuando se cerró la operación de compra de Inassa; al socio de éste Edmundo Rodríguez Sobrino, quien después ejerció como presidente de la empresa colombiana; y a Manuel Cobo, exvicealcalde de Madrid y quien fuera mano derecha de Gallardón.

Además de estos cuatro, Anticorrupción reclama al juez instructor Manuel García Castellón que archive las diligencias para otras 11 personas, incluidos exconsejeros del Gobierno de Gallardón como Paz González, Luis Blázquez, Luis Eduardo Cortés, Carlos Mayor Oreja, Alicia Moreno, Pilar Martínez y Luis Peral; así como exdirectivos como Gaspar Cienfuegos, Jesús Sánchez, Salvador Cardona y Ángel Varona.

En el mismo escrito, la Fiscalía insta a finalizar la investigación, al haberse practicado ya las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos, y se acuerde auto de transformación en procedimiento abreviado (equivalente al procesamiento). Y en dicho auto, sí solicita incluir a un total de 23 personas para su posterior enjuiciamiento por el delito de malversación de caudales públicos en la operación de compra de Inassa por 73 millones de dólares a través de una sociedad radicada en Panamá —Aguas de América—.

Calvo y Bravo, los únicos señalados

Entre esas 23 personas destacan dos de los más cercanos colaboradores de Gallardón tanto en el Ayuntamiento de Madrid como en la Comunidad, Pedro Calvo y Juan Bravo, en tanto formaban parte del consejo de administración del Canal de Isabel II cuando tuvo lugar la compra, aunque también integraban el Consejo de Gobierno autonómico. En realidad, la fiscal solicita procesar a consejeros del Canal que en 2001 votaron a favor de la adquisición de Inassa: Juan María del Álamo, Fernando Autrán, Francisco Díaz Latorre, Ignacio López Galiacho, Adriano García-Loygorri, José Manuel Herrero, José Antonio Llanos, Roberto Molero, Andrés Muñoz Hernández, Agapito Ramos, Miguel Ángel Saldaña y Roberto Sanz Pinacho. La Fiscalía también dirige su petición para el que fuera director gerente del Canal Arturo Canalda; los exdirectivos de la empresa pública José Antonio de Cachavera y Juan Pablo López Heras; así como otras personas vinculadas a la operación en calidad de compradores, vendedores y gestores como Ángel Conde, Santiago García Benavides, Esteban Palacios, Javier Vilaplana y Francisco Olmos.

En su escrito presentado al juez, la Fiscalía Anticorrupción hace un relato pormenorizado de la operativa que se ha investigado, la cual se enmarca en la "expansión internacional" que en el año 2001 el Canal de Isabel II inició en Colombia mediante la adquisición del 75% de Inassa, para lo cual "utilizó una sociedad vehículo de nueva creación llamada Canal Extensia, participada en un 75% por la empresa pública madrileña y en un 25% por la mercantil valenciana Técnicas Valencianas del Agua. La adquisición estaba sometida a la previa autorización, primero, del consejo de administración del Canal y, segundo, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid Desde su creación en el año 1996, Inassa pertenecía a la sociedad Aguas de Barcelona (Agbar) y a distintos socios locales colombianos. Su principal activo era la sociedad también colombiana Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla (Triple A), que se nutría de los ingresos obtenidos por la prestación del servicio de concesión municipal que le fue otorgada por el Ayuntamiento de Barranquilla.

Sobreprecio y ningún beneficio

La fiscal considera que la adquisición de Inassa estuvo "plagada de ilicitudes y, contrariamente a lo autorizado, se realizó de manera indirecta", pues lo que realmente se compró fue la sociedad panameña Aguas de América, entre cuyos activos se encontraba el 75% de Inassa y el 51% de la sociedad dominicana Watco, "provocándose un desvío de los fondos públicos destinados a su pago debido, principalmente, al sobreprecio abonado y a la inclusión dentro de su objeto de activos no autorizados ni valorados que no redundaron en ningún beneficio" para la Comunidad de Madrid.

Según Anticorrupción, fueron los exdirectivos del Canal López Heras y Cachavera, con el beneplácito de Arturo Canalda, los que elaboraron un dosier explicativo sobre esta operación que desvelaba que la compra del 75% de Inassa a través de la sociedad panameña. Y aunque en el documento se hacía mención "de forma atemperada" a los riesgos, obviaron "valorarlos", de modo que el Canal de Isabel II acabó aceptando el pago de 73 millones de dólares con un "sobreprecio injustificado de, al menos, una cantidad comprendida entre 23 millones y 35,4 millones de dólares".

El Consejo de Gobierno no conocía los detalles

Sobre las 15 personas para las que se pide el sobreseimiento de las actuaciones, incluidos Gallardón, González, Rodríguez Sobrino y Cobo, la fiscal considera que "no ha quedado indiciariamente acreditada su participación delictiva en los hechos referidos". En cuanto al expresidente y exalcalde y al resto de sus exconsejeros, Anticorrupción cree que no se ha podido probar que con el voto que emitieron a favor de la compra en el Consejo de Gobierno conocieran "los detalles de esta operación y, por tanto, el menoscabo económico que para la Administración autonómica se generaría". "En este caso, a diferencia de lo ocurrido en el Consejo de Administración del Canal de Isabel II de 14 de noviembre de 2001, donde todos sus asistentes dispusieron del dossier explicativo que desvelaba cómo se iba a realizar esta operación, no consta indiciariamente acreditado que ni el presidente ni los consejeros del citado Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid —salvo Pedro Calvo y Juan Bravo-— conocieran o dispusieran de ese dossier", explica el escrito.

"La única documentación de la que dispusieron contenía información general sobre el objeto social de Canal Extensia y datos generales de Inassa, así como los informes favorables emitidos por la Consejería de Medio Ambiente, la Dirección de Patrimonio y el Servicio Jurídico de la Consejería de Hacienda. Ninguno de los citados documentos e informes desvelaba los detalles de la operación desencadenantes del presunto delito de malversación", apunta.