La Justicia entierra el enésimo intento de resucitar la supuesta financiación venezolana de Podemos

El magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón.

Fin de la enésima causa abierta sobre la supuesta financiación venezolana de Podemos. El magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha dado este lunes carpetazo a la investigación que había impulsado sobre este asunto el pasado mes de octubre. Lo ha hecho por orden de la Sala de lo Penal, que pidió al juez acabar con el caso al considerar que los hechos bajo la lupa son anteriores a la inclusión de este tipo delictivo en el Código Penal.

La resolución, dictada la pasada semana, ha puesto punto y final al último gran caso abierto a nivel judicial relacionado con Venezuela y la contabilidad de la formación morada. Las pesquisas se iniciaron hace ya ocho meses a raíz de las declaraciones del exjefe de la Inteligencia venezolana Hugo Armando Carvajal y se sostuvieron sobre una causa abierta en 2016 en base al famoso informe Pisa. Un caso que, más de un lustro después de ser archivado, rescató el juez García-Castellón para tirar del hilo tras la información de este viejo alto cargo venezolano, interesado en evitar a toda costa su extradición a EEUU.

El carpetazo ha llegado tras un duro auto de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, adelantado por elDiario.es, en el que los magistrados recalcan que las pesquisas que se estaban llevando a cabo en la causa "desbordan claramente" el único objeto de la misma, que el juez "amplía artificiosamente" para "investigar posibles delitos que no cabe entender relacionados con la financiación ilegal, al ser entonces esta atípica". Sobre todo, cuando no solo pretende "investigar económicamente a distintas personas físicas y jurídicas ajenas al objeto del procedimiento" –Juan Carlos Monedero, Carolina Bescansa o los sociólogos Jorge Lago o Arial Jerez–, sino también "fiscalizar la financiación" de un partido político, cuya competencia corresponde al Tribunal de Cuentas.

Todo comenzó el pasado mes de septiembre. Por aquel entonces, la financiación irregular de Podemos era cosa del pasado. Sin embargo, la detención en suelo español de El Pollo Carvajal, reclamado por las autoridades estadounidenses por narcotráfico, blanqueo y colaboración con las FARC, puso todo de nuevo patas arriba. Con una petición de extradición sobre su cabeza, el exjefe de Inteligencia de Hugo Chávez pidió comparecer ante el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón para transmitirle información de interés. Durante semanas, el alto cargo venezolano se convirtió en el centro de todas las miradas. Principalmente, por los datos y documentos que aportaba sobre los supuestos pagos del Gobierno chavista a varios fundadores de la formación morada.

Rescate de una causa archivada del 'informe Pisa'

La de la financiación irregular había sido durante años una de las principales cantinelas sobre el partido. Una acusación que en buena medida se apoyó en un supuesto informe policial difundido a bombo y platillo por determinados medios de comunicación tras la irrupción de la formación en el Congreso de los Diputados como tercera fuerza política. Era el denominado Informe Pisa –acrónimo de Pablo Iglesias SA–, un documento sin membrete oficial ni firma de policía alguno cuya elaboración ha terminado con el paso del tiempo atribuyéndose a la brigada política que operó durante la época de Jorge Fernández Díaz al frente del Ministerio del Interior. Un archivo que diferentes formaciones ultras convirtieron entonces en la punta de lanza de su ofensiva en los tribunales contra Podemos.

Aquel documento no tuvo recorrido judicial alguno. Su contenido fue despreciado una y otra vez por los magistrados, que ya habían frenado varias peticiones para que se investigase al partido morado. Lo intentó el pseudosindicato ultra Manos Limpias, pero el Supremo le cortó el paso recordando que las "meras afirmaciones" sin estar "mínimamente avaladas" por algún elemento que respalde su "verosimilitud" no justificaban la apertura de una causa penal. Y también se pronunció sobre el informe la Audiencia Nacional a raíz de a raíz de una denuncia interpuesta por la formación política Unión Cívica Española-Partido por la Paz, Reconciliación y Progreso de España (UCESP). "La redacción de hechos carece de toda virtualidad indiciaria como principio de prueba y estas carencias no pueden ser cubiertas con la actuación de oficio", apuntaba el auto con el que se dio carpetazo al caso en el Juzgado Central de Instrucción número 6.

Cinco años después, aquellas mismas diligencias de investigación sirvieron a García-Castellón para volver a poner la lupa sobre las cuentas de Podemos. Tras las declaraciones de El Pollo Carvajal, que aportó supuestas órdenes de pago a Bescansa, Jerez, Lago o la Fundación CEPS, vinculada al partido, el magistrado decidió reabrir esa causa guardada en un cajón de la Audiencia Nacional para tirar del hilo. En estos momentos, según publica La Razón, estaban bajo el foco de la investigación cuatro pagos por 3,5 millones de euros que, siempre según el relato del exjefe de la Inteligencia venezolana y algunos testigos protegidos, habrían ido a parar al fundador de Podemos Juan Carlos Monedero. En algunos casos, se habrían canalizado a través de valija diplomática.

Tensión con la Fiscalía y toques de atención

Durante los últimos ocho meses, el magistrado ha encargado varias diligencias de investigación a fin de verificar los datos aportados por El Pollo Carvajal. El pasado mes de febrero, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) dio credibilidad al testimonio del ex alto cargo chavista. Sin embargo, poco después de recibir aquel informe, la Audiencia Nacional dio una primera llamada de atención al juez. Tras un recurso de la Fiscalía, la Sala de lo Penal criticó que los pasos dados suponían una investigación prospectiva, al tiempo que restó credibilidad al testimonio del ex jefe de Inteligencia, cuyo relato se sostenía sobre "narraciones de terceras personas". "No se sabe por qué se les investiga [a algunos de los fundadores del partido] en uno de los puntos más sensibles de la intimidad: el patrimonial", resaltaban los magistrados.

Aquel auto no daba carpetazo al asunto. Y García-Castellón, que ha mantenido la causa bajo secreto en todo momento, continuó investigando. A finales de mayo, dio luz verde a la petición de la UDEF para echar un vistazo a las cuentas de Bescansa, Monedero, Lago y Jerez y comprobar la presencia del segundo en Caracas en unas fechas concretas. De nuevo, el Ministerio Público recurrió, llegando a alegar que la "indefensión" de todos los que se encontraban bajo la lupa era "total" ante unas pesquisas que entraban de lleno en el núcleo más "sensible" de la "privacidad". La Sala de lo Penal, de nuevo, ha vuelto a alinearse con las tesis del Ministerio Público. Pero esta vez ha dado orden de cerrar de una vez el caso, algo que García-Castellón ha acatado a golpe de providencia en cuestión de horas.

En su auto, los magistrados resaltan que "cualquier actividad acaecida antes de la tipificación del delito de financiación ilegal de un partido político" queda fuera del "objeto del procedimiento". Y si tiene indicios de otros delitos, ya sean contra la hacienda pública, falsedad o blanqueo, le pide que deduzca testimonio para ver si se debe abrir otra causa. Esto es algo que, según fuentes próximas a la investigación, no se descarta por el momento. Está por ver si los avances en la investigación durante todos estos meses pueden, o no, dirigirse hacia nuevos procedimientos por algunos de estos otros delitos.

El carpetazo entierra el enésimo intento de resucitar la supuesta financiación venezolana de Podemos. Sin embargo, todavía queda otro procedimiento judicial vivo que pone el foco en las cuentas de la formación morada. Es el caso 'Neurona', donde también se investiga un supuesto delito de financiación ilegal en relación a un contrato suscrito con una consultora de cara a la campaña de las elecciones generales de 2019. Una causa que, no obstante, ha ido perdiendo fuelle. A lo largo de los últimos meses se han llegado a archivar alrededor de media docena de líneas de investigación diferentes. Y la tesis inicial del instructor, que giraba alrededor de la posibilidad de que el contrato fuera simulado, se ha ido desmoronando a medida que se han sucedido las declaraciones y los documentos aportados.

Una relación difícil

El encargado de valorar la decisión de la Sala ha sido el portavoz de Podemos en el Congreso de los Diputados, Pablo Echenique. "El juez García-Castellón lleva años investigando a Podemos sin ninguna prueba. Solamente para proveer de bazofia a las tertulias y que éstas se dediquen a intoxicar. ¿Cuánto dinero público se ha gastado en esta cacería judicial con motivación política?", ha escrito el dirigente en su cuenta de la red social Twitter. "La justicia española es muy prudente y justo antes de que desde instancias europeas puedan abrir un proceso por prevaricación y España pierda puntos en la valoración de su democracia mandan parar. Si el CGPJ funcionara... Lo llaman democracia, cantábamos", ha apuntado, por su parte, Monedero en redes sociales.

La formación morada lleva ya tiempo denunciando ser víctima de una persecución por parte del magistrado de la Audiencia Nacional. "Ahora la historia va a tener que dirimir si García-Castellón pasa a la historia como un juez mediocre, o si por el contrario pasa a la historia como un prevaricador", apuntó el pasado mes de abril.Aquellas palabras, que se han puesto en manos de la Fiscalía, las pronunció durante la presentación de su libro, Verdades a la cara, recuerdos de los años salvajes, en el que aborda, entre otros, el conocido como caso Dina, una de las piezas separadas de Tandem centrada en el supuesto robo de la tarjeta de móvil de una exasesora de Podemos y la publicación de parte del contenido de la misma en diferentes medios de comunicación.

A lo largo de la instrucción de la causa, García-Castellón llegó a retirar la condición de perjudicado a Iglesias –la Sala de lo Penal le obligó posteriormente a rectificar– y a pedir al Supremo que le investigase por los delitos de descubrimiento y revelación de secretos, daños informáticos y acusación y denuncia falsa. Algo que el Alto Tribunal rechazó. Lo hizo a través de un alto en el que, además, le reprochaba que hubiera abandonado otras líneas de investigación sobre cómo fotos, vídeos y conversaciones de aquel móvil acabaron en medios de comunicación.

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