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Anticorrupción pide 6 años de cárcel para Ignacio González por el caso del campo de golf

El expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González en uno de los registros tras su detención

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La Fiscalía Anticorrupción interesa seis años de cárcel y una multa de 550.000 euros para el ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González en la pieza de Lezo relativa a las irregularidades cometidas en adjudicaciones asociadas al campo de golf del Canal de Isabel II y que supuestamente tenían como objetivo obtener comisiones ilegales con la intermediación de sociedades afines al exdirigente del PP, informa Europa Press.

En el escrito de acusación del Ministerio Público, se imputan al ex presidente conservador dos delitos de cohecho penados cada uno con tres años de cárcel. Idéntica condena solicitan para el exgerente del Canal de Isabel II Ildefonso de Miguel; para el hermano de Ignacio González, Pablo Manuel; para su cuñado José Juan Caballero; y para el socio de la empresa TCT, José Antonio Clemente.

Anticorrupción explica que esta pieza 2 de Lezo comprende los hechos relativos a las ilicitudes cometidas con ocasión del concurso para la ejecución de las obras del proyecto de consolidación, impermeabilización y ajardinamiento sobre la cubierta del tercer depósito del Canal de Isabel II. Fue licitado por el Canal y adjudicado en marzo de 2003 a 'ACS Proyectos, Obras y Construcciones' que, a partir de junio de 2004, pasó a denominarse 'Dragados'.

Indica que al año de realizarse esta adjudicación, desde la dirección del Canal, ostentada por los investigados Ildefonso de Miguel (presidente del ente público CYII) e Ignacio González entre los años 2003 y 2012, "con el fin de beneficiar a familiares de este último, "se impulsó y facilitó la tramitación de un modificado del anterior concurso, a pesar de que, atendiendo a las variaciones sustanciales que se iban a introducir, debería haberse convocado una nueva licitación".

Señala además que guiados con ese fin, convinieron con Dragados que el Canal del Isabel II le adjudicaría directamente a esta sociedad dicho modificado, imponiéndole una condición: que subcontratara para determinados trabajos a la empresa Tecnoconcret Proyectos de Ingeniería (TCT). Los socios de esa empresa eran Clemente, el hermano del presidente y Caballero. Estos dos últimos ostentaban su titularidad a través de personas interpuestas, para así ocultar sus vínculos familiares con el expresidente de la Comunidad de Madrid.

La aprobación y adjudicación directa a Dragados de dicho modificado tuvo lugar en la sesión del Consejo de Administración del Canal de Isabel II el 19 de julio de 2006, en la que se contó con la intervención de los protagonistas investigados, Ignacio González e Ildefonso de Miguel.

En ese mismo julio de 2006 se convocó otro concurso más para la gestión y explotación de las instalaciones deportivas de CYII-Tercer Depósito. En diciembre se acordó por unanimidad su adjudicación a la UTE formada por TCT, Soto Once SL e Iridium Consesiones de Infraestructuras SA. "De todos los asistentes a ese Consejo, solo los acusados Jaime Ignacio González González e Ildefonso de Miguel Rodríguez conocían el vínculo familiar del primero de ellos con los socios de TCT, extremo que ocultaron a los demás para evitar cualquier veto obligado por razón de tal vínculo".

"En definitiva, la actuación conjunta de los acusados (...), permitió que TCT, empresa sin capacidad técnica para efectuar ninguno de los trabajos encomendados, se interpusiera innecesariamente y se beneficiara indebidamente con ambas adjudicaciones, obteniendo un beneficio de, al menos, 504.780 euros financiado con los fondos públicos asignados a tales contrataciones", dice el escrito de acusación.

TCT NO TENÍA CAPACIDAD DE EJECUCIÓN

En cumplimiento de lo acordado e impuesto por los investigados, el 15 de junio de 2006, con anterioridad a que se le adjudicase formalmente el citado modificado, Dragados subcontrató a TCT para la realización de determinados trabajos, aduciendo que en un concurso había sido la oferta más ventajosa.

Lo cierto es que los socios de TCT habían acordado reservadamente con los responsables de Dragados "incrementar en un 47% el importe a cobrar". El 15 de junio de 2006, Dragados firmó con TCT ese contrato por importe de 160.204,79 €, cuyo objeto era la ejecución de un hoyo número 4 de prueba en el campo de golf, si bien este objeto se amplió después con cuatro anejos de fechas 10 de agosto, 15 y 24 de noviembre de 2006 y 14 de febrero de 2007 por importes respectivos de 2.292.232,82 €, 298.830,24 €, 286.270,58 € y 30.326,40 €. Así, el importe total de los trabajos que Dragados subcontrató con TCT ascendió a 3.067.864,83 euros.

Tras exponer estas cifras, la Fiscalía indica que TCT se fundó en mayo de 2003 con la razón social de trabajos de ingeniería, y que no fue hasta 2008 cuando incluyó la realización de proyectos deportivos. "Sin embargo, la sociedad carecía de toda capacidad para llevar a cabo la ejecución de los trabajos incluidos en el modificado", apunta.

El 8% de intermediación

Dado que los encausados eran incapaces de ejecutar esos trabajos deportivos, los subcontrataron a su vez con las sociedades Onlygolf Planning and Design y Fieldturf España. Acordaron con ellas percibir una comisión del 8 por ciento por su intermediación.

Fieldturf emitió tres facturas a TCT por importe de 270.204 euros y Onlygolf emitió hasta once facturas por importe total de 2.605.805 euros. Al tiempo, TCT emitió trece facturas contra DRAGADOS por importe total de 3.257.039,12 euros, de forma sucesiva y correlativa a las catorce facturas emitidas por Onlygolf y Fieldturf contra TCT por importe de 2.876.010,16 euros, obteniendo así un beneficio de 381.029 euros "por su innecesaria e impuesta intermediación".

La Fiscalía indica que entre noviembre de 2006 y marzo de 2008, en un escenario de precrisis económica, los acusados fueron repartiéndose parte de los beneficios "según un plan perfectamente documentado". Así, Pablo Manuel González, oculto bajo las siglas PG, recibió 101.348 euros a través de 20 entregas en efectivo.

Juan José Caballero, oculto bajo las siglas JJC, recibió 94.425 euros en once entregas. José Antonio Clemente, oculto bajo las siglas "JCM", 71.199 euros. Además, los pagos se hicieron contra facturas de emitidas por sociedades instrumentales.

La gestión y explotación

En 2006, el Canal adjudicó el concurso para la gestión y explotación de las instalaciones deportivas de ese tercer depósito a una UTE formada por TCT, Soto Once SL e Iridium Concesiones de Infraestructuras (de Dragados). Tras la adjudicación, esa UTE constituyó la sociedad Green Canal Golf que firmó en 2007 la concesión, y al poco subcontrató con TCT el trabajo de mantenimiento del césped durante cinco años por un precio mensual de 9.875 euros.

A su vez, ese mismo día TCT, "al carecer de capacidad para ejecutar ese trabajo", lo subcontrató con Onlygolf, reduciendo el canon mensual a 7.941€, consiguiendo así, por su mera intermediación, un beneficio aproximado de 124.000 euros

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