El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha confirmado este miércoles de forma definitiva la sanción de 3,6 millones de euros a Alquiler Seguro por prácticas abusivas contra inquilinos, tras desestimar el recurso presentado por la empresa y agotarse la vía administrativa.

La resolución ha sido firmada por el ministro Pablo Bustinduy, lo que convierte en firme la multa propuesta en diciembre de 2025 y ratifica las conclusiones del expediente sancionador abierto por la Dirección General de Consumo.

El departamento concluye que la inmobiliaria incurrió en seis infracciones muy graves y una grave al vulnerar derechos de los consumidores y “aprovechar su posición de predominio de mercado” .

Entre las conductas sancionadas figuran la “imposición al arrendatario” de costes que corresponden al propietario, como un servicio de atención al inquilino, la contratación obligatoria de un seguro del hogar o cargos por reclamaciones incluso cuando no eran imputables al arrendatario.

Asimismo, se penaliza la inclusión de cláusulas que permitían incorporar a los arrendatarios a ficheros de morosos sin deudas exigibles y la limitación del derecho de desistimiento en determinados contratos.

La sanción se desglosa en varias multas, entre ellas una de un millón de euros y otra de 990.900 euros, además de tres de 500.000 euros, una de 100.001 euros y otra de 10.001 euros.

La resolución obliga a la compañía a eliminar las cláusulas consideradas abusivas y a corregir los incumplimientos detectados, además de hacer pública la sanción y la identidad de la sociedad responsable.

El expediente se inició en marzo de 2025 tras denuncias de organizaciones como Facua, el Sindicato de Inquilinas y la OCU, y se suma a otra investigación en curso por hechos similares.

En diciembre, Consumo ya había anunciado la sanción por trasladar a los inquilinos gastos de gestión y formalización del contrato, prohibidos por la Ley de Vivienda. La empresa recurrió entonces la decisión, un recurso que ahora ha sido rechazado por el Ministerio, lo que cierra la vía administrativa.

Alquiler Seguro va a recurrir a la vía judicial, con un recurso contencioso administrativo. Sostienen que esta resolución es "injusta y arbitraria" y defiende que todos los servicios prestados son legales y así lo ratifican cuatro sentencias judiciales que les dan la razón sobre los mismos puntos que Consumo les sanciona, según han apuntado a EFE fuentes de la compañía.

El corte del Estrecho de Ormuz, en Irán, suma ya cinco semanas. Apenas una veintena de buques mercantes han cruzado desde entonces este paso marítimo, un punto estratégico para la salida de materias primas desde los países del Golfo hacia el resto del planeta. Aunque el cese de las exportaciones de gas natural y el crudo ha recibido toda la atención, los fertilizantes son otro de los productos clave que atraviesan este punto, lo que ha provocado una subida de alrededor del 30% en su precio.

España depende de manera limitada de los fertilizantes de esta región y los agricultores tienen reservas para esta temporada, pero el sector advierte de que con el paso de los meses –cuando comiencen los futuros aprovisionamientos– el sector primario tendrá que asumir ese sobrecoste y posiblemente trasladarlo a los mercados. El Ministerio de Agricultura ya ha activado un plan de ayudas de 877 millones de euros y ha pedido esta semana a Bruselas un programa para asegurar el abastecimiento de abonos sintéticos durante los próximos meses.

A corto plazo, el maíz es el único cultivo que preocupa, ya que la siembra se realiza entre abril y mayo, según explica Javier Fatás, responsable de fertilizantes de la organización agrícola COAG. "Este año habrá probablemente rendimientos peores en cereal. Habrá gente que se replantee si cultivar el maíz porque la crisis ha pillado en un momento en el que algunos ya tenían sus pedidos de fertilizantes cerrados a buen precio, mientras que otros estaban pendientes de ello, y si quieren recibirlo tendrán que pagar un 30% más", valora el portavoz.

Aunque el abastecimiento de fertilizantes está garantizado a corto y medio plazo en Europa, el cierre de Ormuz sí ha golpeado el mercado interior. Alrededor de un tercio de los fertilizantes que consume el planeta atraviesan ese estrecho y de la noche a la mañana han desaparecido del mercado. La mayoría se vendían a India, Tailandia, Australia o Corea del Sur, pero como el mercado es global, cualquier escasez local de productos químicos afecta al resto del mundo. En concreto, el año pasado atravesó Ormuz el 47% del sulfuro global, el 35% de la urea y el 24% del amoniaco, según la consultora S&P Global.

Todos esos productos son imprescindibles para producir fertilizantes. La urea se puede usar como abono por sí misma, pero también es la base de los fertilizantes nitrogenados, los más comunes en el mundo agrícola. Los abonos nitrogenados complejos, que necesitan también fosfatos, son los más usados en España, pero para obtener estos fosfatos es necesario tratar la roca fosfórica con ácido sulfúrico, escribe Pablo Resco, experto en materias primas de Plataforma Tierra.

En resumen, para obtener fertilizantes son necesarios multitud de minerales y químicos que dependen del fin de la guerra en Irán, por mucho que haya otros grandes vendedores en el mundo, como Argelia, Rusia, Egipto, Marruecos o China. Paloma Pérez, secretaria general de Anffe, la patronal española de fertilizantes, subraya que esta crisis debe servir para proteger todavía más la producción nacional de abonos y considerarlo un sector estratégico. "Depender de terceros países nos hace más vulnerables al suministro exterior. Algunos países están ya limitando sus exportaciones por la guerra, como Rusia, con las de nitrato amónico", señala.

La portavoz de la industria también añade que España –y otros países europeos– han llegado a esta crisis con un gran excedente de fertilizantes en sus almacenes, lo que disminuye el riesgo de escasez. Esto se debe a que la guerra ha coincidido con la entrada en vigor de una nueva normativa europea, el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM, en inglés), un impuesto fronterizo sobre la entrada de fertilizantes extranjeros altamente contaminantes que ha comenzado a operar en 2026. De hecho, en diciembre de 2025, la UE importó un 140% más de abonos nitrogenados que un año antes para aprovechar los precios más bajos.

Al problema de suministro global de fertilizantes se suma la escasez global de gas natural, un componente indispensable en la producción de abonos. Esta crisis también deriva del cierre del Estrecho de Ormuz, por donde pasaba cada día el 20% del gas natural licuado (el que viaja por barco) que consume el mundo, hasta que fue cerrado.

Este combustible es necesario en dos partes de la cadena de producción. Primero, porque para producir amoniaco (la base de la urea) es necesario mezclar el gas natural con nitrógeno mediante el proceso químico Haber-Bosch. Y segundo, porque ese proceso necesita grandes cantidades de calor, que también se obtiene quemando gas natural.

El precio del gas natural se ha encarecido desde que comenzó la guerra un 80% en Europa, hasta los 55 euros/MWh. La urea de Egipto, la que compra España, se ha encarecido un 50%, hasta 720 dólares/tonelada. Mientras que el amoniaco cotiza a unos 600 dólares/tonelada, un 24% más que antes de la crisis. Todo esto, según Javier Fatás, ha llevado a que la tonelada de fertilizante nitrogenado que compra el agricultor medio español haya pasado de 400 euros a 500 euros, o incluso a 580 euros.

No obstante, el Ministerio de Agricultura ha activado ya una serie de ayudas para el campo que deberían aminorar el golpe e impedir una subida de los alimentos. Concretamente, una rebaja de 20 céntimos para el gasóleo agrícola –que se suma a la rebaja del IVA del combustible del 21% al 10%, para todos los consumidores–, así como una subvención para profesionales de 22 euros por hectárea cultivada en secano y 53 euros para regadío.

"Aunque no van dirigidas concretamente a fertilizantes, son la forma correcta de hacerlo", opina Fatás. "Aunque no compensan toda la subida de costes, son ayudas indispensables con un impacto rápido", valora el portavoz de COAG.

La economía española creció el 2,8% en 2025 gracias al mayor consumo de los hogares y al aumento de la inversión empresarial, después de que en el último trimestre del año el crecimiento se acelerase al 0,8%, dos décimas más que el anterior y la mayor tasa trimestral del año.

La demanda nacional (consumo e inversión) aportó 3,6 puntos porcentuales al crecimiento de 2025, mientras que la demanda externa (exportaciones e importaciones) restó 0,7 puntos en el año de la guerra de aranceles iniciada por Estados Unidos, según el Instituto Nacional de Estadística (INE) que ha confirmado este jueves los datos adelantados el pasado 30 de enero.

El valor del PIB a precios corrientes para el conjunto del año se situó en 1.687.152 millones de euros, un 5,8% superior al de 2024.

Aunque 2025 ha sido un año de moderación de crecimiento, puesto que ha quedado 0,7 puntos por debajo del registrado en 2024 (3,5%), el Ministerio de Economía ha destacado que el avance del PIB español ha duplicado al de la zona del euro y sitúa a España "como líder entre las economías avanzadas por segundo año consecutivo y creciendo al doble que la zona del euro".

El crecimiento anual del 2,8% ha quedado finalmente una décima por debajo de lo que preveía el Gobierno y la mayoría de analistas nacionales y organismos internacionales.

La demanda interna es la que ha tirado del crecimiento en 2025, con un incremento del consumo de los hogares del 3,3%, tres décimas más que en 2024, sostenido por la creación de empleo, en tanto que el consumo de las administraciones públicas se moderó cinco décimas, hasta el 2,4%.

La formación bruta de capital fijo (inversión) creció un 5,8%, frente al 3,6% de 2024, con un incremento significativo del 7,4% de la inversión empresarial en maquinaria, bienes de equipo y sistemas de armamento, cuando un año antes avanzaba el 1,9%.

También repuntó la inversión en vivienda, edificación y construcción, un 5,2%, frente al 4% de 2024.

Frente al dinamismo de la demanda interna, el sector exterior fue el responsable de la desaceleración económica en 2025, a pesar de lo cual las exportaciones cerraron el conjunto del año en positivo, con una avance del 3,6%, que fue del 1,1% para las exportaciones de bienes y del 8,4% para las exportaciones de servicios.

Destaca la notable desaceleración del gasto de hogares no residentes en España que ha pasado de crecer el 12,4% en 2024 a hacerlo el 4,4%.

Las importaciones se incrementaron el 6,2%, frente al 2,9% de un año antes, en línea con la fortaleza del consumo y la inversión internos, dado que el mayor aumento ha sido para la compra de bienes en el exterior (6,1%).

El empleo equivalente a tiempo completo se incrementó un 3,1% en 2025, por encima del 2,8% del año anterior, tras sumar 627.800 ocupados en el año, si bien las horas trabajadas crecieron un décima menos que en 2024, el 2,1%.

La construcción fue el sector que más valor añadido generó a la economía en 2025, con un avance del 5,6%, seguido del sector servicios (3,2%), la industria (2,3%) y la agricultura (1,5%).

Medido el PIB en rentas, la remuneración de los asalariados creció el 7,2% (7,3% en 2024), el excedente de explotación bruto/renta mixta bruta subió un 3,6% (5,2% en 2024) y los impuestos menos subvenciones sobre la producción y las importaciones aumentaron un 8,6% (7,9% en 2024).

Los análisis realizados por la Región de Murcia sobre la calidad de sus cultivos alejan las sospechas sobre el riesgo de contaminación por metales pesados de su agricultura. Los datos recopilados por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria (Aesan), dependiente del Ministerio de Consumo, recogen que entre 2021 y 2024 no se detectaron niveles de plomo o cadmio por encima del límite legal en esta comunidad autónoma.

La información se basa en el análisis de 41 muestras tomadas en alimentos frescos a lo largo de estos cuatro años, el equivalente a diez exámenes por temporada. Estas frutas y verduras se recogen aleatoriamente en tiendas o naves industriales de la región. Sin embargo, no hay garantía de que los vegetales estudiados sean cultivados en Murcia, puesto que "no se dispone de información sobre el origen de producción" a la hora de analizar, explica a infoLibre una portavoz de la Aesan. Simplemente, son alimentos que en ese momento se distribuyen en establecimientos de esa comunidad autónoma. Los encargados de hacer esos estudios son los servicios de sanidad vegetal de cada región. Después, la Aesan se encarga de coordinar los muestreos de todas las autonomías.

infoLibre ha realizado esta consulta tras conocerse que en los últimos cinco años el Gobierno de Murcia ha efectuado al menos dos análisis –que mantiene ocultos– sobre los suelos agrícolas de la Región que han dado positivo en metales pesados. Concretamente en el Campo de Cartagena, una zona que se sabe que está profundamente contaminada por los residuos de las balsas de las minas que funcionaron el siglo pasado. Numerosos estudios han demostrado que esos metales pesados se transfieren a las plantas y cultivos, especialmente a las lechugas –el vegetal más exportado de Murcia–, y evaluaciones independientes han encontrado plomo y cadmio en lechugas cultivadas en esa zona.

Sin embargo, hasta ahora no se ha declarado ninguna alerta de consumo ni hay evidencias oficiales de esta transmisión a los cultivos. Según los datos recopilados por la Aesan, entre 2021 y 2024 se realizaron 485 análisis (41 en Murcia) en busca de plomo para frutas y verduras comercializadas en España y ninguno superó el máximo permitido. En este periodo también se analizaron 701 muestras para cadmio (41 en Murcia), que asimismo dieron un resultado negativo. Todavía no hay datos disponibles para 2025.

Tanto el cadmio como el plomo son dos metales considerados como contaminantes alimentarios. Ninguno tiene un umbral de consumo seguro porque siempre dañan la salud –el primero es cancerígeno y el segundo potencialmente cancerígeno–, pero la ley europea sí establece una concentración máxima legal en frutas y verduras. En cadmio es de entre 0,020 y 0,5 mg/kg (en función del cultivo) y en plomo de entre 0,1 y 0,3 mg/kg.

De las muestras estudiadas para plomo en España, el 91% resultó estar por debajo del límite mínimo de cuantificación, y el 9% dio entre 0,0065 mg/kg y 0,3 mg/kg. En plomo, el 80% de los test se encontró por debajo del límite de cuantificación, y 141 muestras (de 701) presentaron valores cuantificados que oscilaron entre 0,001 mg/kg y 0,21 mg/kg.

El sistema de avisos de riesgo alimentario se rige según el programa 11 de control de contaminantes del Plan Nacional de Control de la Cadena Alimentaria (PNCOCA), que establece el número de muestras que tiene que llevar a cabo cada región, y son los Gobiernos autonómicos quienes deciden dónde hacer estos controles: en fábricas, envasadoras, almacenes o minoristas. Aun así, bajo alerta, denuncia o sospecha, se pueden realizar análisis no programados.

Según el informe de la Aesan de 2024, el último publicado, ese año Murcia contó con dos trabajadores para realizar controles de calidad en alimentos y seis más para hacer inspecciones, en una Comunidad que produce cada año más de 3.500 toneladas de verduras y frutas. Las regiones que más especialistas en control tienen son Andalucía (71 personas en total) y Galicia (80), aunque la mayoría cuenta con muchos menos. Madrid tiene seis, Cataluña tiene diez, Aragón tiene dos y Baleares tiene 16, por ejemplo.

Ecologistas en Acción Murcia, que lleva años luchando contra la contaminación minera y agrícola en el Campo de Cartagena y el Mar Menor, reclama desde hace un mes –cuando se destapó el caso– que se proteja a los vecinos de la contaminación por plomo, así como a los consumidores.

"Han negado la existencia de un estudio que advierte de niveles preocupantes, algunos ilegales, de metales pesados en suelos agrícolas y, por si eso fuera poco, lo hacen cuatro años después de conocer una tesis doctoral que demuestra la incorporación de estos metales a partes comestibles de lechugas”, recogió Pedro Luengo, de Ecologistas en Acción Murcia, en un comunicado.

Casi cualquiera que haya alquilado un piso recientemente sabe lo que son los honorarios de agencia. Esta tasa, que se declaró ilegal en mayo de 2023, cuando entró en vigor la ley de vivienda, hacía recaer sobre el inquilino los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato. La nueva regulación entendía que el servicio de la agencia se le prestaba al casero y no al inquilino, por lo que quien debía abonarla era el primero y no los segundos. Sin embargo, asociaciones de consumidores e incluso el propio Ministerio de Consumo han detectado que esta comisión se sigue aplicando de manera ilegal o que ha cambiado de nombre para esquivar la ley.  "Después de tres años seguimos viendo muchos casos de personas a las que se les demandan gastos de agencia", apunta Pablo Pérez, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid.

"Hay una asimetría y una urgencia en el mercado que hacen que la gente, cuando necesita una casa, muchas veces termine aceptando condiciones abusivas o ilegales para no perderla", señala. "Esta presión es la que hace que se normalice algo que es ilegal y es la baza que juegan las agencias que incumplen la ley", concluye el portavoz.

Este lunes, la asociación de consumidores Facua denunciaba ante la Dirección General de Consumo de Canarias a una inmobiliaria por ejercer, supuestamente, estas prácticas abusivas. La causa: “Obligar a los usuarios interesados en visitar una vivienda en alquiler a cumplimentar y firmar dos documentos donde les pide abonar una comisión en concepto de «servicios de atención al inquilino (búsqueda activa, desplazamiento y otros)» y por el «acceso a información exclusiva y especializada»", señala la asociación. Este servicio que se cobra aparte es, según Facua, una comisión ilegal, pues entienden que no se puede considerar un servicio de búsqueda activa la mera publicación de un anuncio de alquiler y que “no hay ningún servicio extra donde la empresa lleve a cabo una búsqueda personalizada en base a ciertas peticiones o características”, ya que es el interesado el que llama a la inmobiliaria tras ver el anuncio. 

Los inquilinos llevan tiempo denunciando estas situaciones, pero en muchos casos la necesidad de encontrar un techo pesa más y, aunque la tasa sea ilegal, la terminan pagando. Los precios desbocados del mercado y la imposibilidad de muchos salarios de acceder a la compra dejan atrás los presupuestos de las familias, y en este caldo de cultivo las prácticas abusivas son más fáciles de imponer. “No me quería quedar sin el piso”, explicaba meses atrás una afectada a infoLibre. Ella había abonado 200 euros en metálico a la agencia justo antes de firmar el contrato de su nuevo piso, cuando ya no estaban presentes los propietarios de la casa. “Es de estas cosas que sabes que son ilegales, pero no me quería quedar sin el piso”, puntualizaba. 

La persistencia de esta práctica se explica por la vulnerabilidad de quienes alquilan, pero también por la dificultad de demostrar que esta tasa se corresponde con un servicio al casero y no al usuario. Si a esto se suma la ausencia de controles, el margen de impunidad se ensancha. "Lo que hemos visto en nuestras asambleas es que se camuflan estos cobros. En vez de llamarles honorarios, se rebautizan como servicios integrales o de atención al inquilino, como estudios de viabilidad o directamente como servicios. Pero ninguno de ellos es libremente rechazable, por lo que son un rodeo para cobrar lo mismo", protesta el portavoz del Sindicato de Inquilinas.

"Nosotros no hemos tenido constancia de que existan controles de inspección o campañas de oficio por parte de las comunidades autónomas", explica el secretario general de Facua, Rubén Sánchez, quien también apunta que la mayoría de las inspecciones llevadas a cabo han partido de denuncias de usuarios o de asociaciones como la suya. Para Sánchez, el papel de las instituciones regionales debería ser más activo a la hora de perseguir esta práctica. "Las comunidades autónomas son las que pueden actuar contra las inmobiliarias porque la mayoría de ellas tiene ámbitos de funcionamiento local, provincial o autonómico, y hay pocas que funcionen en todo el territorio nacional", concluye.

Desde Facua insisten en que las sanciones deberían ser más amplias. "Hay comunidades que ni nos contestan y de algunas que lo han hecho nos han llegado respuestas en las que el expediente sancionador equivale al importe de un fraude", concluye el secretario general. Es decir, si al inquilino le han defraudado un mes de cuota, por ejemplo mil euros, les obligan a abonar el equivalente a modo de sanción. A nivel gubernamental tampoco se contemplan actuaciones específicas para investigar esta práctica, pero desde el Ministerio de Vivienda señalan que ya existe una prohibición legal al respecto.

"El fraude les sale extraordinariamente barato", protesta Sánchez. Y es que, en general, la gente no denuncia, porque además de arriesgarse a tener que volver a buscar piso, entrar en un proceso judicial no está al alcance de todo el mundo. "Una denuncia pone la carga de la prueba sobre el inquilino, implica recabar pruebas, reclamar en Consumo e incluso ir a juicio, y no todo el mundo puede asumir ese nivel de desgaste", apunta Pérez.

En las asambleas del sindicato han visto muchos casos de este tipo y por eso, apunta, las Administraciones deberían poner en marcha labores de inspección que hiciesen esta carga más compartida. "Desde el sindicato creemos que no basta con que sea ilegal en el BOE, sino que necesitamos una inspección activa, sanciones ejemplarizantes y mecanismos rápidos para recuperar el dinero", concluye.

El caso más sonoro y la multa más alta que se ha puesto hasta la fecha en relación con los abusos en este tipo de tasas la recibió la compañía Alquiler Seguro por parte del Ministerio de Consumo. El departamento que dirige Pablo Bustinduy impuso una sanción de 3,6 millones de euros a la empresa por vulnerar supuestamente los derechos de los consumidores. Contratar un servicio de atención al inquilino obligatorio, obligar a que el arrendatario presente un estudio de solvencia o a contratar seguros de hogar son algunas de las prácticas que Consumo penalizaba en siete multas que, conjuntamente, superaban los seis millones.

Desde el Sindicato de Inquilinas de Madrid, conscientes de la problemática y de la vulnerabilidad de los arrendatarios, han lanzado una guía de recomendaciones para responder a esta situación sin quedarse en la calle. "Como sabemos que se hace difícil negociar cuando queremos alquilar un piso y la inmobiliaria nos recuerda continuamente que hay una gran lista de gente dispuesta a aceptarlo, podemos llegar a plantearnos la posibilidad de firmar y reclamar después", apuntan.

Lo importante en estos casos es lograr pruebas y por eso recomiendan pagar por transferencia poniendo en el concepto que se trata de gastos de gestión. Además, se debe solicitar una factura con IVA y guardar tanto las conversaciones como los pantallazos del portal web para dejar claro que la búsqueda ha corrido a cargo del inquilino, sin asesoramiento de la agencia. Eso cuando pueden recabarse evidencias de estas malas prácticas, algo infrecuente dado que las inmobiliarias son conscientes de a lo que se exponen y buscan subterfugios precisamente para evitarse problemas futuros.

La inflación se ha mantenido en el 2,3% en febrero, la misma tasa que el mes anterior, afectada a la baja por el abaratamiento de la electricidad y al alza por los combustibles y lubricantes, restaurantes y servicios de alojamiento, y alimentos y bebidas no alcohólicas, según informa EFE.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado este viernes el dato adelantado del índice de precios de consumo (IPC) de febrero, que, de confirmarse, rompería la tendencia de tres meses consecutivos de moderación, desde el máximo de octubre (3,1%).

El INE publica por primera vez este mes de febrero datos adelantados de varios grupos especiales relevantes, como alimentos con elaboración, bebidas y tabaco; alimentos sin elaboración; productos energéticos o servicios.

Así, la tasa interanual del grupo especial productos energéticos fue la única en terreno negativo, en el 3,1%, mientras que la de los alimentos sin elaboración se situó en el 6,7%; en el 3,5% la de alimentos, bebidas y tabaco y la de servicios, en el 2,3% la de alimentos con elaboración, bebidas y tabaco y en el 0,9% la de bienes industriales sin productos energéticos.

En cuanto a la inflación subyacente (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos), la tasa de variación anual estimada aumenta una décima, hasta el 2,7%.

La tasa subyacente ha alcanzado su nivel máximo de los últimos meses y encadena diez meses consecutivos de subidas leves o de mantenerse estable, desde el mínimo de mayo (2,2%).

En tasa mensual, los precios de consumo subieron un 0,4% respecto a enero, la mayor subida desde octubre de 2025, según detalla el INE.

En cuanto a los datos armonizados para la comparación con Europa, la tasa de variación anual del IPCA fue del 2,5%, una décima por encima de la registrada el mes anterior, y la subyacente se situó en el 2,8%, mientras que la variación mensual estimada es del 0,4%.

 El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa señala que España sigue en la senda de control de precios marcada por el objetivo del Banco Central Europeo (BCE) de un crecimiento cercano al 2%.

"Esta moderación favorece que los salarios aumenten por encima de la inflación, permitiendo a las familias ganar poder adquisitivo", indican las mismas fuentes en un comunicado.

Todos los detalles de evolución por componentes y la cifra definitiva de la inflación de febrero se publicarán el próximo 13 de marzo. 

La CNMC ha multado con 20,5 millones a varias empresas del grupo Repsol (Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, Solred y Campsa Estaciones de Servicio) por su política comercial de estrechamiento de márgenes "abusivo" en perjuicio de estaciones de servicio independientes y que son competidoras, según recoge EFE.

Repsol ha rechazado la sanción anunciada este martes por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) al entender que se apoya en un relato "parcial" y "descontextualizado" con errores de "método y de derecho", y ha avanzado que la impugnará.

Según ha indicado Repsol en un comunicado, la CNMC no tiene en cuenta el contexto excepcional de 2022, no acredita posición de dominio, ni efecto de exclusión en el mercado; y defiende que actuó con transparencia y en beneficio de los consumidores "en el peor momento de la crisis inflacionaria".

"Es la primera vez en la historia del derecho de la competencia nacional y comunitaria que la CNMC sanciona a una compañía por aplicar descuentos, en este caso superiores a 450 millones de euros, comunicados públicamente y supervisados por la propia Administración para aliviar la delicada situación de familias y profesionales, todo ello en un contexto excepcional de mercado", ha subrayado Repsol.

Repsol entiende que sancionar una conducta "legal y supervisada" por la propia CNMC desnaturaliza el sentido de la norma, limitará los descuentos futuros de las compañías en numerosos sectores y desincentivará respuestas empresariales ante crisis futuras. Indica que los descuentos minoristas fueron exigidos por el Real Decreto-ley 6/2022, cuya aplicación la propia CNMC supervisó a través de su Dirección de Energía durante todo 2022. 

Así, insiste en que la resolución de la CNMC es arbitraria, ya que no define con rigor el mercado mayorista español de aprovisionamiento de gasóleo A a estaciones independientes, que asegura que es abierto y transparente; e infla artificialmente la cuota de mercado, mezclando productos y clientes. 

Repsol explica que, si se considera el segmento correcto, la cuota de la compañía se situó en torno al 25% en 2022 y que nunca se ha sancionado a una empresa por abuso de posición de dominio con cuotas de mercado por debajo del 30% y menos en un periodo tan corto de tiempo (9 meses) y en condiciones excepcionales. 

Recalca que durante ese periodo no hubo ningún efecto en el mercado ni exclusión de competidores ni dependencia real y considera que la CNMC está más preocupada por los resultados de esos competidores que por los ahorros que los descuentos supusieron para clientes y consumidores. 

Por otra parte, ve sorprendente que esta decisión se dé en un contexto de crecimiento de la cuota de mercado de los operadores de estaciones de servicio independientes, frente a la de los operadores tradicionales. "Repsol hará valer todos estos argumentos en su impugnación de la sanción ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Estamos convencidos de que los tribunales nos darán la razón", insiste.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto una investigación que busca eliminar los anuncios de pisos en alquiler en zonas declaradas tensionadas que infrinjan la normativa vigente de consumo, según ha anunciado este viernes en un comunicado y recoge EFE.

Los anuncios perseguidos en grandes portales inmobiliarios serán los que ofrezcan pisos en alquiler a precios superiores a los fijados por ley para los grandes tenedores o los que no incluyan cuál era el precio del último contrato de arrendamiento que se ofreció en esta vivienda, para el caso de los particulares.

Estos anuncios, según ha apuntado el Ministerio, podrían ser considerados infracciones de la normativa de consumo como “prácticas desleales por engañosas” y, por tanto, acarrear sanciones.

La Ley de Servicios de Atención a la Clientela, que entró en vigor el pasado 27 de diciembre, obliga a los portales inmobiliarios a publicar en los anuncios de internet de viviendas situadas en zonas tensionadas información que permita al consumidor conocer los parámetros utilizados para justificar la renta ofertada conforme a esa normativa.

Entre ellos se encuentra el precio del último contrato de alquiler que se ofreció en la vivienda o el índice de renta aplicable para los grandes tenedores.

Por ello, el secretario general de Consumo y Juego, Andrés Barragán, informó recientemente por carta a los diferentes portales y asociaciones inmobiliarias de los cambios legislativos aprobados en esta ley y de sus responsabilidades como intermediarios entre arrendador y arrendatario.

El inicio de esta investigación se produce tras haber detectado prácticas que podrían infringir las nuevas reglas y en medio de un debate a nivel nacional sobre las políticas a seguir en materia de vivienda en el que han surgido discrepancias entre el PSOE y Sumar, que posee las competencias de consumo.

A pesar de las habituales subidas de los precios alrededor de la Navidad, parece que la inflación ha dado tregua, al menos ligeramente. Debido fundamentalmente a la bajada de los precios de los carburantes, el índice de precios de consumo (IPC) se situó en diciembre en el 2,9% interanual, una décima menos que en noviembre, según informa EFE.

Según el indicador adelantado publicado este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), junto a los carburantes influyó la menor subida de los precios de ocio y cultura, mientras que tiraron al alza los alimentos y bebidas no alcohólicas, cuyos precios subieron más que en diciembre del año pasado.

Con esta tasa de diciembre, la inflación cierra el año con una media del 2,7%, según destaca el Ministerio de Economía, que añade que esa tasa media es una décima inferior a la del 2024, "permitiendo que las familias sigan recuperando poder adquisitivo".

Los precios empezaron el año con una tasa anual del 2,9% y subieron al 3% en febrero para moderarse los siguientes meses hasta el 2% de mayo, mínimo anual, tras lo que comenzaron a repuntar hasta tocar el 3,1% en octubre, la mayor tasa desde mediados de 2024.

En los últimos dos meses del año, la evolución ha vuelto a moderarse ligeramente hasta ese 2,9%.

En cuanto a la inflación subyacente (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos) la tasa se mantuvo en el 2,6%.

"La inflación subyacente media en 2025 baja al 2,3%, frente al 2,9% de 2024, en línea con el objetivo del Banco Central Europeo (BCE)", añade Economía en su valoración de los datos de inflación.

En cuanto a la evolución mensual, los precios de consumo subieron un 0,3% respecto al mes de noviembre.

En cuanto al indicador armonizado, IPCA, en diciembre la tasa de variación anual disminuyó dos décimas al 3%, mientras que la subyacente fue del 2,8% y la variación mensual, del 0,3%.

Los datos definitivos, así como los detalles por grupos, se publicarán el próximo 15 de enero.

El Ministerio de Consumo ha sancionado con 64 millones de euros a la plataforma en línea de alquiler de viviendas turísticas Airbnb por, entre otros motivos, publicar anuncios de alojamientos turísticos sin licencia. El importe de la multa equivale a seis veces el beneficio ilícito obtenido por la plataforma, según informa el Ministerio de Consumo en una nota de prensa.

La resolución deviene firme y agota la vía administrativa después de haberse resuelto el recurso de alzada interpuesto ante el ministro de Consumo, según ha comunicado el ministerio este lunes.

La resolución implica, además, dos sanciones accesorias que obligan a la plataforma a rectificar los incumplimientos identificados, eliminando los contenidos ilícitos publicados, y a hacer pública la multa impuesta.

La estafa en la venta de atún rojo sigue vigente en Europa después de años de denuncias. La ONG Oceana ha analizado el atún rojo que se sirve en numerosos restaurantes en Bruselas y ha detectado que solo el 9% de los platos analizados eran realmente de esa especie, mientras que el resto eran otras variedades de atún e incluso otros pescados más baratos.

El estudio, publicado este lunes, no ha sorprendido a nadie en el sector pesquero. El atún es el pescado más propenso a las estafas y desde hace más de una década se han denunciado redes dedicadas a tintar el atún para que sea aún más rojo o a sustituirlo por variedades más baratas y ganar un buen pellizco.

En este caso, Oceana ha analizado 30 platos de 26 restaurantes de la capital europea y solo el 9% del atún rojo estaba correctamente etiquetado. El resto se trataba en realidad de atún de aleta amarilla (68%) y atún patudo (14%), e incluso de salmón del Atlántico (5%) y pez espada (5%). Los resultados son similares a los de un estudio de Oceana mucho más grande de 2015 en el que analizaron 280 restaurantes en Bruselas, y el 95% de los platos que supuestamente eran atún rojo resultaron ser otras variedades.

El problema radica, según los autores de la investigación, en que los restaurantes no están obligados a aclarar qué están vendiendo, por lo que en la carta pone "atún", y al preguntar al camarero, este dice que es rojo. En la mayoría de los casos, incluso el restaurante cree que vende atún rojo porque la estafa proviene del mercado de abastos. 

"Se dan las dos situaciones", aclara Marine Cusa, investigadora de Oceana. "Unas veces hay un fraude a propósito, pero la mayoría es un genuino desconocimiento del restaurante. Ni siquiera le sacan beneficio porque te venden el falso atún rojo a un precio más barato, pero te dicen que es rojo porque no saben qué decirte lo que es en realidad". La inmensa mayoría de los platos que pagaron para la investigación costaron alrededor de 15 euros, un precio inferior a lo que costaría cenar atún rojo en la capital europea.

Aunque el estudio se haya realizado en Bruselas, hay evidencias de que esta estafa está presente en todo el mercado europeo, incluida España. El Centro de Estudios Avanzados de Blanes (CEAB-CSIC) analizó en 2017 el tráfico de atún en Cataluña, desde el mercado de abastos hasta el consumidor final, y concluyó que el 58% del atún rojo de pescaderías y el 62% en restaurantes, es sustituido por otros atunes más baratos.

Ana Gordoa, la ecóloga que lideró la investigación, subraya que el 40% de ese producto es falseado en el mercado mayorista –estudiaron Mercabarna, Mercamadrid y Mercamálaga– , por lo que aquel estudio describía el problema como un efecto dominó que se va amplificando a lo largo de la cadena. 

El estudio español analizó también la estructura de costes del atún y detectó que el fraude es muy rentable. "El origen del fraude está en los mercas y la razón es evidentemente económica. Si haces pasar por atún rojo un atún patudo, puedes ganarle 10 u 11 euros por kilo, y algo menos si lo sustituyen por aleta amarilla", afirma. "De todas formas, si la estafa sucede es porque el etiquetado en España es malo o directamente inexistente", añade.

En principio, opina Gordoa, este cambio no supone un problema de salud pública porque todos los atunes se tienen que congelar en barco, y las otras especies de atún no son peores. "Todos los atunes son rojos, y sinceramente, ni yo soy capaz de diferenciar un atún u otro si los cocino", reconoce. "La única particularidad del atún rojo de cercanía tiene una cadena de frío perfecta para su conservación y características adaptadas a nuestro paladar, como el porcentaje de grasa", comenta la experta.

Tanto Marine Cusa como Ana Gordoa señalan que esta estafa –o malentendido, en algunos casos– está permitida en la Unión Europea por la laxitud que tiene la ley de información al consumidor.

Los restaurantes no están obligados a detallar el origen ni el nombre completo del animal, lo que abre la puerta al engaño. En el caso del pescado (o la carne) envasado, sí tiene que aparecer el nombre comercial y científico del animal, el área de captura y la técnica de pesca. Si se compra fresco en un supermercado, esta información debe estar visible en carteles o etiquetas, pero es un requisito que rara vez se cumple.

Sustituir un atún por otro no supone un riesgo para la salud, pero en los últimos años sí se han detectado estafas peligrosas en las que el atún es tratado químicamente o con aditivos naturales para intensificar el color de la pieza y dar una apariencia de mayor frescura. Gordoa afirma que en las 375 muestras de atún que analizaron no encontraron este problema, pero son muchos los casos denunciados en Europa.

Roberto Sáez y María Luisa Cervera, investigadores de la Universitat de València, publicaron un artículo sobre ello a raíz de la incautación de 80 toneladas de atún en Bélgica procedente de Asia, de los que una parte habían sido tratados con monóxido de carbono para aumentar la rojez y ocultar el deterioro de la carne.

"Al descongelar y filetear el atún, la mioglobina queda expuesta al aire. Esto provoca una transformación del color desde el rojo intenso inicial (debido a la oxihemoglobina) a un marrón rojizo mucho menos atractivo para el cliente", explicaron los expertos. Hay tres maneras de adulteración: añadir sales de nitrato y nitrito, tratar con monóxido de carbono o añadir extractos vegetales.

Las tres técnicas son ilegales en Europa, aunque solo el nitrito es realmente peligroso, porque "es capaz de generar reacciones de formación de nitrosaminas, compuestos relacionados con la aparición de distintos tipos de cánceres", añaden.

La organización Oceana también publicó un estudio similar hace un mes sobre cómo la industria del calamar aprovecha el agujero legal del etiquetado para vender mayoritariamente productos capturados en lugares donde abundan las flotas de pesca ilegal o barcos con trabajadores prácticamente esclavizados.

A través de análisis de ADN a productos de calamar comprados en restaurantes y tiendas de Bruselas y Milán, descubrieron que más del 90% se importaba de las lejanas aguas de los océanos Índico, Pacífico y Atlántico Suroccidental.

"Además, el análisis de ADN reveló que alrededor del 71% de las muestras cuyo lugar de captura geográfico declarado era el océano Atlántico nororiental o el mar Mediterráneo, pertenecían en realidad a especies originarias del océano Pacífico o del océano Atlántico sudoccidental, lo que indica casos de etiquetado erróneo o deliberadamente incorrecto", concluye el informe.

En el caso del atún, sin embargo, es extremadamente difícil averiguar si las variedades que se venden en Europa proceden de mares lejanos o de flotas pesqueras chinas o indonesias, donde es habitual encontrar casos de pesca ilegal. Según detalla Marine Cusa, la pesca del atún es global y una misma especie está presente en diferentes océanos, de manera que solo se puede averiguar su origen si lo etiqueta el pescador. Mientras que en las especies de calamar están muy acotadas geográficamente, un análisis de ADN permite averiguar con alta precisión el lugar de la captura.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha resuelto sancionar a Alquiler Seguro con 3.600.902 euros por cobros a inquilinos y otras irregularidades, según ha apuntado la organización de consumidores Facua, una de las denunciantes, y han confirmado a EFE desde la compañía.

Fue a finales de octubre cuando el Ministerio que dirige Pablo Bustinduy trasladó a la empresa Alquiler Seguro esta propuesta de sanción al entender que había vulnerado los derechos de los consumidores. Entonces, el ministro ya advirtió de que los abusos en el mercado de la vivienda se iban a pagar "muy caros".

Contra esta sanción, la empresa puede presentar un recurso de alzada ante el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, antes de agotar la vía administrativa. 

En la resolución, que Consumo ha comunicado ahora a Facua como parte personada en el procedimiento, se desestiman las trece alegaciones presentadas por Alquiler Seguro, según apunta en un comunicado la asociación de consumidores. 

Entre las prácticas fraudulentas detectadas, se hace referencia a un servicio de atención al inquilino que, según Facua, "disfraza" el cobro a los arrendatarios de gastos que debe soportar el propietario, la obligación de contratar un seguro del hogar o un estudio de solvencia económica. También se menciona el limitar el derecho de desistimiento del contrato o imponer a inquilinos gastos derivados de reclamaciones judiciales o extrajudiciales.

La resolución sancionadora concluye que la compañía de servicios inmobiliarios ha cometido seis infracciones calificadas como muy graves y una como grave. Todas ellas han derivado en una multa de un millón de euros, otra de 990.900 euros, tres de 500.000 euros y otra de 100.001 euros. La infracción grave se sanciona con 10.001 euros. 

Alquiler Seguro ya anunció en octubre que iba a presentar alegaciones frente a la propuesta de sanción del Ministerio de Consumo con el objetivo de defender la legalidad de sus servicios y agregó que el importe de la sanción era "abusivo" y "desproporcionado". 

Facua denunció a Alquiler Seguro en noviembre de 2023 al considerar que estaba obligando a los inquilinos a abonarles el equivalente a un mes de renta más el 21% de IVA, así como por el cobro de un servicio de atención al inquilino que incluía, entre otros, un asesoramiento para gestiones de cambio de titularidad de suministros energéticos, asesoramiento jurídico sobre el contrato de alquiler o resolución de siniestros e incidencias, gestiones que en muchos casos corresponde al arrendador.

El índice de precios de consumo (IPC) se moderó una décima en noviembre, hasta el 3% interanual, por el abaratamiento de la electricidad, mientras que la inflación de los alimentos aumentó cuatro décimas, hasta el 2,8%, por el encarecimiento de aceites y grasas, leche, queso y huevos, según informa EFE.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha confirmado este viernes los datos adelantados hace dos semanas, con la inflación subyacente (sin energía y alimentos frescos) en el 2,6%, una décima más que en el mes anterior.

La moderación del IPC se debe, principalmente, al grupo de la vivienda, cuya tasa anual disminuyó 1,8 puntos, hasta el 5,7%, debido a la bajada de los precios de la electricidad, frente a la subida en noviembre de 2024.

Entre los grupos con influencia positiva destacó el del ocio y cultura, cuya tasa anual se situó en el 1,2%, más de un punto por encima de la del mes anterior, por la menor bajada de los precios de los paquetes turísticos respecto a noviembre del año pasado.

También tiró al alza el grupo de los alimentos y bebidas no alcohólicas, cuya tasa anual aumentó cuatro décimas, hasta el 2,8%, debido principalmente al incremento de los precios de los aceites y grasas, que bajaron en noviembre de 2024, y a la mayor subida de los precios de la leche, el queso y los huevos.

La tasa general ha cambiado la tendencia y deja atrás cinco meses consecutivos de subidas (a excepción de agosto que se mantuvo estable), desde el mínimo de mayo (2%), mientras que la subyacente lleva cinco meses consecutivos al alza (a excepción de septiembre que no varió).

Los huevos son el elemento de la cesta de la compra que más subió en noviembre en tasa interanual, un 30%, seguidos de la carne de vacuno (18%), del café (17,3%), otros aceites comestibles (17%), del chocolate (14,5%) y del cacao y chocolate en polvo (12,4%).

También destacan las subidas de los despojos comestibles, un 8,3%; del pescado fresco o refrigerado, un 7,8%; de las frutas frescas, un 7,1%; de los frutos secos, un 6,8%; y de la carne de ovino y caprino, un 6,5%.

Por contra, el aceite de oliva fue el producto que más redujo su precio, un 38,1% en el último año, aunque desde enero de 2021 acumula un aumento del 57,7% y en tasa mensual ha subido por segundo mes consecutivo, un 2,6%, detalla el INE.

También bajaron en tasa interanual el azúcar, un 7,5%; las patatas, un 3%; y la pizza y la quiche, un 1,7%.

Dejando a un lado el ámbito alimentario, lo que más se encareció respecto a un año antes fue la recogida de basura (30,3%), la joyería y bisutería (29,6%), el transporte combinado de pasajeros (26,7%) y la electricidad (11,9%).

En el extremo contrario, las mayores bajadas en noviembre las registraron los equipos audiovisuales, un 6,2%; los vuelos internacionales, un 5,3%; las cocinas, un 4,3%; y los juegos y aficiones, un 4%.

En comparación mensual, los precios de consumo en noviembre subieron un 0,2% respecto a octubre. Lo que más subió fueron los huevos (6,8%) y el transporte de pasajeros por mar (5,5%) y lo que más bajó, los hoteles, hostales, pensiones y alojamientos similares, un 10,6 %.

Los grupos con mayor repercusión mensual positiva fueron el del vestido y calzado, por el inicio de la temporada de invierno; el del transporte, debido al encarecimiento de los carburantes y lubricantes para vehículos personales; y el de alimentos y bebidas no alcohólicas, por la subida de la leche, queso y huevos, y de la carne.

Por su parte, entre los grupos con repercusión mensual negativa destacó el de hoteles, cafés y restaurantes, como consecuencia del descenso de los precios de los servicios de alojamiento.

El IPC registró tasas anuales positivas en todas las comunidades autónomas en noviembre: las más elevadas en Madrid (3,7%) y Comunidad Valenciana (3,4%), y las más bajas, en Canarias (2,3%) y La Rioja (2,4%).

En noviembre, la tasa de variación anual del IPCA se situó en el 3,2%, la misma que la registrada en el mes anterior, y no hubo variación mensual.

El Gobierno prevé una reducción del 25% del consumo energético de las viviendas para 2030 y de un 33% para 2035, lo que supera los objetivos de reducción del 16% y del 20% para esos años fijados por la directiva europea, según ha apuntado el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana en un comunicado que recoge EFE.

Para lograr estos objetivos, el Ministerio ha sacado este viernes a audiencia pública el Plan Nacional de Renovación de Edificios (PNRE), que junto con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) guiarán esta transformación del parque edificatorio español, tanto público como privado, para lograr la neutralidad climática en 2050.

Entre los años 2020 y 2023 el consumo energético de las viviendas se redujo en un 10%, con una media de 540.000 rehabilitaciones al año en ese periodo, según datos del INE.

La reducción del consumo y las emisiones previstas por el Plan Nacional de Renovación de Edificios entre 2020 y 2030 equivalen a la rehabilitación integral de 1.567.986 viviendas, superando la previsión del PNIEC (1.377.000 viviendas).

Para alcanzar esos objetivos previstos, el plan de renovación edificatoria propone el despliegue de siete políticas con más de 200 actuaciones agrupadas en 57 medidas orientadas a la rehabilitación energética de edificios, la lucha contra la pobreza energética, la regeneración urbana y los barrios sostenibles, el impulso a la energía renovable o la innovación e industrialización.

Con la actualización de la Directiva de Eficiencia Energética, la Unión Europea solicita a los países miembros un plan de acción para cumplir los objetivos europeos de descarbonización para 2030 y contribuir a alcanzar un parque edificado de cero emisiones en 2050.

El Ministerio de Consumo ha vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de regular las cajas botín o loot boxes en los videojuegos debido a los riesgos que generan en torno a la ludopatía para los menores. La cartera de Pablo Bustinduy ha lanzado esta semana una campaña institucional —"Menos loot boxes, más real gamers"— en la que alerta de que el 30% de los españoles entre 11 y 30 años que juegan a videojuegos ha comprado al menos una caja botín en el último año. Estas opciones, presentes en títulos tan populares como Fortnite o FIFA, consisten en que el usuario obtiene una caja virtual, jugando o comprándola con dinero real, y su contenido es un misterio hasta que se abre. Por tanto, podría contener un objeto muy común o algo extremadamente valioso para el videojuego.

El mecanismo es muy similar a los juegos de azar, ya que puede generar un fuerte incentivo para seguir comprando cajas hasta obtener el objeto deseado. Por tanto, no debe confundirse con otro de los sistemas que muchos videojuegos utilizan para generar ingresos como los micropagos. Estas son pequeñas transacciones de dinero que los jugadores realizan para conseguir un contenido concreto. A diferencia de estos, muchos expertos comparan el deseo de recompensa inmediata y la emoción del azar de las loot boxes con las apuestas o el juego.

El propio Ministerio de Consumo alerta de estas consecuencias en su campaña, apoyándose en un informe de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) que indica que los usuarios que han comprado cajas botín tienen 4,5 veces más probabilidades de acabar desarrollando problemas con las apuestas. Ante esta problemática, el Consejo de Ministros aprobó en junio de 2024 un anteproyecto de ley orgánica para la protección de los menores en los entornos digitales, que incluye la prohibición de los mecanismos aleatorios de recompensa en videojuegos para los usuarios menores de 18 años.

Los intentos por legislar los riesgos que estos mecanismos suponen para los menores se remontan a la etapa de Alberto Garzón al frente de Consumo, cuando el ministerio trató de "ser el primer país en tener una ley específica para regular las loot boxes". En julio de 2022, el ministerio publicó un anteproyecto que proponía medidas similares, como prohibir el acceso de los menores a estos sistemas y considerar las loot boxes una forma de juego de azar por su aleatoriedad y coste. Sin embargo, la iniciativa no contó con los apoyos suficientes en el Congreso y no pudo aprobarse antes de finalizar la legislatura.

El psicólogo especializado en adicciones y psicoterapeuta del Instituto de Psicología e Investigación Controla, Bruno Cortés, valora que el nuevo anteproyecto supone "un avance" respecto al intento que lideró Garzón. "A diferencia del texto anterior, que solo pretendía regular las cajas botín con valor económico real, el nuevo anteproyecto amplía el marco a todos los tipos de cajas existentes". explica. "Esto supone un salto cualitativo, porque reconoce que todas ellas, incluso las que no implican dinero, reproducen patrones de azar propios del juego de apuestas y pueden fomentar conductas adictivas".

El especialista destaca que el nuevo texto "se acerca mucho más a la realidad clínica y a lo que llevamos años reclamando los profesionales". No obstante, advierte de que el éxito dependerá de que el Gobierno "tenga la voluntad política de enfrentarse a la industria del videojuego". No obstante, fuentes del Ministerio de Consumo trasladan a infoLibre que se centraran en impulsar medidas como las campañas de información o la colaboración con investigaciones académicas mientras se busca aprobar la ley.

Frente al intento español por ser pionero en la regulación de estos mecanismos, otros países europeos han tomado medidas en base a su legislación vigente. Poco después de que Países Bajos prohibiera ciertos tipos de cajas botín, Bélgica fue más allá al declararlas una forma de juego ilegal y prohibirlas en el país. Al analizar varios títulos, como FIFA y Overwatch, determinó que el sistema aleatorio de recompensa inherente a las cajas botín equivale a un juego de azar.

Cortés señala que el modelo belga demuestra que la industria puede adaptarse sin perder mercado. "En Bélgica los videojuegos han eliminado las loot boxes y siguen vendiéndose; eso significa que, si hubiera una ley firme, aquí también podrían hacerlo. Lo que falta es decisión política".

A esta falta de convicción se suma, según los expertos, la presión que ejerce la industria del videojuego. La patronal tecnológica AMETIC, que agrupa a las principales compañías tecnológicas y de contenidos digitales, ha remitido a los grupos parlamentarios un amplio documento con enmiendas al proyecto impulsado por el Gobierno. En ellas, la asociación pide revisar la prohibición de acceso de los menores a las cajas botín, alegando que la relación entre los juegos de azar y los comportamientos problemáticos "no está acreditada".

Bayta Díaz, psicóloga especializada en adolescentes y adicciones, denuncia que existe una "resistencia significativa" por parte del sector del videojuego frente a cualquier intento de regulación. "La industria ha sabido proteger su negocio amparándose en una zona gris legal y en la dificultad de definir qué es juego de azar en otros sectores que no sean las apuestas", apunta.

Ante la falta de apoyos parlamentarios, los expertos recuerdan que España "tiene medios de sobra para aplicar medidas efectivas", desde la vía legislativa hasta fórmulas fiscales. "Podrían, por ejemplo, gravar los videojuegos que incluyan cajas botín o prohibir la publicidad de aquellos títulos que exploten este mecanismo, como se hizo con los productos azucarados. Pero en lugar de actuar, se limitan a lanzar campañas que apenas ven los jóvenes".

Cortés insiste en que las loot boxes son la "antesala del juego", y buena parte de los jóvenes que las consumen acaban desarrollando conductas de riesgo o pasando a las apuestas en línea. "Ningún videojuego puede considerarse saludable si las contiene", añade. El psicólogo recalca que "el Gobierno ya sabe que hay un problema y ahora lo que hace falta no es otra campaña, sino una ley clara que proteja a los menores de una exposición al azar para la que no están preparados".

Por su parte, Bayta Díaz alerta de que el fenómeno se ha expandido a otros ámbitos del ocio digital ante la falta de legislación. "Las plataformas de compra como Temu o Shein también incluyen pequeños juegos de ruleta o sorteos con luces y explosiones de colores que prometen descuentos o regalos", detalla.

Entre la sede central del Fondo Monetario Internacional (FMI) en Washington y cualquier supermercado de barrio hay una maraña de relaciones económicas tan compleja que, en lo que se refiere a la economía española, se ha vuelto paradójica. Recientemente, las tres grandes agencias de calificación crediticia —Moody’s, Fitch y S&P— elevaban a la letra A su calificación sobre la capacidad de España para pagar su deuda, la mejor nota desde la crisis de 2007. Por otro lado, el FMI estimó la pasada semana que el PIB español aumentaría este año un 2,9% y sería la economía avanzada que más crece en los últimos dos años. Pero a la vuelta de la esquina de estos buenos resultados aparece la percepción ciudadana, que dista mucho de las halagüeñas corrientes macroeconómicas. 

El 52% de los españoles considera que el origen social condiciona la capacidad de progresar en la vida, según recogía Oxfam este martes. Y esta percepción ha empeorado en tres puntos porcentuales desde la última encuesta, realizada en 2023. En el informe Vivir la desigualdad, el ascensor social y la meritocracia salen muy mal parados a ojos de los ciudadanos y, además, la vivienda se posiciona como la principal fuente de desigualdad, seguida, paradójicamente, de la economía. Es un sentimiento que corroboran otras encuestas, como el Termómetro que la agencia 40dB difundió la pasada semana. En este análisis, de nuevo, el sentimiento económico de los españoles se había deteriorado en siete décimas y se acercaba a una valoración de “pesimismo moderado”.

¿Cómo se explica esta disonancia? “Los datos macroeconómicos como el crecimiento del producto interior bruto, la reducción del desempleo o la contención de la inflación son positivos, son ciertos y reflejan el comportamiento real de la economía de un país, pero estos datos no muestran cómo se reparte esta riqueza ni su impacto en la vida de cada ciudadano”, resume rápidamente Sara Muñoz, economista experta en consumo.

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) recoge en su último barómetro que un 40% de los encuestados ve la situación general de España en materia económica como buena o muy buena, mientras que un 54% se mueve entre las categorías de mal a muy mal (páginas 6 y 12 del documento enlazado). Al preguntar por la situación particular de cada cual, en cambio, el análisis mejora y un 66% afirma que su situación personal es buena, frente a un 34% que dice que es regular o muy mala. A esta diferencia entre la percepción personal y la valoración de la economía se acogía el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, cuando le preguntaban por este asunto.

Cuerpo argumentaba que el clima geopolítico y cuestiones como los aranceles podían estar influyendo en una valoración más “emocional”, aunque sí reconocía que temas más locales como la vivienda o las condiciones laborales seguían siendo grandes retos. Julia García es la investigadora que ha llevado a cabo el informe de Oxfam y, en su opinión, hay “un estancamiento e incluso un empeoramiento” en la percepción de los ciudadanos que bebe del mercado inmobiliario y de unos salarios que siguen corriendo un tanto exhaustos detrás de los precios. 

En su análisis, la vivienda y el gasto que conlleva, la precariedad laboral o el hecho de que un 30% de los encuestados declara no llegar bien a final de mes son los puntos en los que se concreta este malestar, según la investigadora. “Que los datos macroeconómicos estén creciendo es una buena noticia y es una condición para reducir la desigualdad, pero no es sinónimo de que eso llegue a la gente porque hay una distribución desigual de ese crecimiento”, explica. 

Del lado de lo laboral viene uno de los principales desafíos. Y es que aunque el mercado de trabajo es uno de los motores del crecimiento —el número de desempleados está en mínimos desde 2007, con un dato de 2,4 millones y los afiliados superan los 21,8 millones—, también posee una parcialidad que alcanza a 2,5 millones de personas y que inevitablemente se traduce en salarios más bajos.

Otro punto es el paro, que aunque se ha ido reduciendo desde la reforma laboral, es de los más persistentes de la eurozona. La tasa de paro nacional se situó en el 10,4%, muy por encima del 5,9% de la media europea. “Este es uno de los desafíos estructurales en los que hay que hacer hincapié. España es un país que tiende a generar mucha desigualdad durante las crisis por su modelo productivo y eso hace que luego le cueste más recuperarse, porque sigue concentrando muchos empleos de baja cualificación y bajos salarios”, sentencia Julia García. Esto ha llevado a que en los datos de Oxfam, recopilados sobre una base de más de 4.000 personas, el sentimiento de satisfacción laboral también haya caído desde un 75% en 2023 hasta un 69% en 2025. 

Pero el gran motor del descontento es la vivienda. De hecho, cuando el periódico británico Financial Times definió a España como “un punto de luz” entre las economías europeas y elogió su crecimiento, también advirtió que el impulso que la inmigración ha dado al mercado laboral corre el riesgo de perder efecto si el Gobierno no “brinda el apoyo adecuado para el acceso asequible a la vivienda”, concluía el diario. El precio de las casas repuntó un 10,4% en el segundo trimestre del año y la evolución de los alquileres también está dejando atrás el presupuesto de las familias. En concreto, el año pasado los inquilinos tuvieron que dedicar un 47% del salario bruto medio, 12.758 euros, al alquiler, según un estudio de Fotocasa e Infojobs. “Esto genera un cansancio acumulado que hace mella en las perspectivas de la gente”, señala la experta. 

La brecha entre lo macro y lo micro, explica Muñoz, se da por la forma en que se traducen los grandes números al bolsillo, que además de ser lenta, puede no ser equilibrada. “Puede aumentar el empleo, pero si no es de calidad, la percepción de los ciudadanos no mejora. Puede bajar la inflación, pero si los precios, que ya habían subido, continúan altos, la sensación de pérdida de poder adquisitivo se mantiene”, explica. Además, esta pérdida se agrava por la vivienda, que muerde, poco a poco, los ingresos de las familias. De hecho, al cierre de 2024, la Encuesta de Presupuestos Familiares publicada por el INE señalaba que el gasto de los hogares había crecido un 4,4% a lo largo del año, con la vivienda como uno de los principales lastres, sobre todo en los hogares más pobres: llegaba a suponer el 40,3% de todo el presupuesto familiar en el quintil con menos renta.

Aunque las grandes tendencias tardan en aterrizar en las economías domésticas, y algunas veces lo hacen de forma desigual, ambas economistas coinciden en que la mejora en las tendencias macroeconómicas es una condición necesaria, aunque no suficiente, para que las sensaciones a pie de calle mejoren. Entre los puntos fuertes que destacan los análisis de mercado se encuentra la forma en la que España ha incorporado al mercado laboral a personas migrantes y que, según el Financial Times, le ha permitido sortear la escasez de talento que sufren otros países. A esto se suma el turismo, que ha seguido creciendo en gasto por viajero y consumo interno, un elemento que, aunque tensionado, se ha mantenido.

En el mar de datos, el FMI mejoró incluso las previsiones de crecimiento del Gobierno —que pronosticaba un 2,7% de aumento en el PIB de 2025— hasta el 2,9%. Y el Banco Central Europeo destacó en sus actas de octubre el “excepcional desempeño” de la economía española como motor de principal en la evolución que ha tenido la zona euro. Según el Fondo, otras grandes potencias económicas tendrán en lo que queda de año un desempeño peor, como Francia (0,7%), Alemania (0,2%) o Italia (0,5%). Incluso Estados Unidos se queda en un 2%.

El reto ahora será hacer la traducción desde lo macro hacia lo micro: “Puede parecer paradójico, pero el hecho de que la economía crezca no siempre implica que vivamos mejor. Los datos macroeconómicos importan y podemos celebrarlos, pero la economía del bolsillo también cuenta”, concluye la economista Sara Muñoz.

Una mujer joven se compra unas botas de más de 100 euros. No pasa nada, son gratis. ¿Cómo llega a esta conclusión? Lo previsible es que se las ponga más de 100 veces, así que el coste por uso no llegará al euro. Girl Math. Una acérrima fan de Bad Bunny ha comprado entradas para verle en Madrid por 150 euros, pero el concierto es dentro de un año. Para entonces, habrá pasado tanto tiempo desde que pagó que será como si fuera gratis, porque no recordará el esfuerzo que supuso gastar ese dinero. Girl Math. La nueva camiseta que lleva una mujer saliendo de Zara no ha tenido coste alguno, iba a devolver una falda y se ha llevado otra prenda en su lugar. Se podría decir, incluso, que ha ganado dinero, puesto que su nueva adquisición era cinco euros más barata. Girl Math.

Mensajes como estos inundan las For You Page –la página principal de TikTok, donde aparecen innumerables vídeos personalizados por el algoritmo– de millones de usuarias de la red social, en un fenómeno masivo que recorre todo el mundo.

Con las girl math, los gastos son inversiones, las cantidades se dividen hasta que el coste es casi simbólico, los caprichos se disfrazan de necesidades y la cuenta del banco permanece intacta porque siempre se paga en metálico.  Las matemáticas de chicas —hasta en el nombre dejan claro que sólo están destinadas a ellas — son fáciles, divertidas y parece que simplemente forman parte de “lo femenino”. Lo que empezó como una broma entre amigas se ha convertido en un mensaje encubierto que a través de razonamientos sencillos, les dice a las mujeres lo de siempre: para lo serio, ya están los hombres. 

El consumo es el claro protagonista de esta quimera económica, que incita a las usuarias a pensar en la compra compulsiva de productos como algo intrínseco de su condición femenina. “Estos estereotipos sexistas lo que hacen es apoyar el consumo, de una forma graciosa y divertida” argumenta la Dra. Marina Pibernat Vila, antropóloga por la Universitat Autònoma de Barcelona. Esto no es más que la misma trampa del capitalismo que ha existido siempre en la sociedad moderna, pero ahora, llevado a las redes sociales, explica. A esta idea se suma Silvia Díaz, investigadora de la Universidad Complutense de Madrid que expone que “con el capitalismo todo es consumible hasta el punto de comercializar los estereotipos”. 

Es fácil caer en la trampa. Los videos son graciosos, digeribles y, ante todo, están dentro de un algoritmo que deja la mente en blanco. Los jóvenes se ven atrapados por una situación límite marcada por la crisis de la vivienda, la precariedad del empleo o el cambio climático. Es por esto que las redes sociales funcionan como una distracción frente a la imposibilidad de tener una vida digna.

“Lo femenino siempre ha sido ridiculizado. Pero esta feminidad tiene un lado más tenso cuando se infantiliza y se nos trata como si fuéramos de cristal. Lo que esto pretende es que volvamos a la idea de que el hombre nos tiene que proteger”, explica Díaz. El propio uso del término girl (chica), pone a las mujeres bajo el espectro de algo inferior y sobre todo, dependiente en lo intelectual. 

“Estamos en plena ola de reacción conservadora y estos vídeos se alinean mucho con cómo está cambiando el pensamiento”, añade la investigadora. Precisamente, la usuaria de TikTok y escritora @Gema del Castillo, apunta que este fenómeno puede conducir al terreno pantanoso de la ultraderecha y el antiintelectualismo, tirando por tierra la independencia o la inteligencia de las mujeres. 

A su vez, las redes están llenas de prototipos femeninos que responden a un ideal conservador, mediante el bombardeo de cierto tipo de estéticas o modelos de vida. “Todos los contenidos que se viralizan, como la fiebre por el clean look –un peinado recogido que apuesta por una estética pulcra y minimalista– detonan una vuelta a la feminidad pero un rechazo a la hiperfeminidad. Lo deseable es una feminidad conservadora, pura y blanca”, añade la investigadora, que analiza cómo todo lo que busca lo femenino como algo performativo o incluso artístico se ve como poco deseable o vulgar. 

Un estudio conjunto de la Universidad de Kent y la University College de Londres revela que contenidos dañinos y misóginos se presentan en redes sociales como simple entretenimiento y que, a su vez, dicho contenido sube como la espuma a través del algoritmo. 

Este mecanismo premia aquello que causa más daño y, de esta forma, consigue llegar a miles de usuarios que acaban interactuando con algo que quizá ni siquiera querían ver. “Las redes están basadas en el capitalismo digital y están programadas mediante algoritmos. Estos dos factores hacen que lo importante sea el engagement –la interacción con la publicación–”, expone Díaz. Esta es una característica que los contenidos misóginos poseen como parte de su ADN ya que “generan tanto admiración por unos, como indignación por otros, que interactúan con el post para así intentar combatirlo, pero acaban por darle más atención y, por tanto, más dinero”, añade la investigadora.

“Quien gana es quien dice la mayor barbaridad, la cosa más polémica. Eso es lo que genera el entretenimiento en redes y ha funcionado siempre así, lo podemos ver también en películas de comedia o en la televisión”, añade Pibernat. 

El estudio también descubre el origen de estos mensajes. Todos ellos provienen de plataformas Incel y círculos misóginos que buscan una mejora en el ideal de mujer. Estos puntos de vista, dice el estudio, se presentan a través de contenidos suaves como memes o tendencias virales que pueden parecer una parodia pero que tienen un mensaje con una raíz machista. 

Estas ideas, según exponen las universidades británicas, acaban siendo asimiladas por las nuevas generaciones. Es lo que se conoce como cámaras de eco: reciben siempre los mismos mensajes y por lo tanto, los asumen como naturales.

Precisamente TikTok es el lugar más prolifero para que esto suceda. Según un informe de Qustodio, el gigante chino es la red social más consumida en todo el mundo, con 120 minutos diarios de media al día globalmente. Entre los menores españoles, también es la más utilizada, con una media de 103 minutos diarios. 

A pesar de la raíz del mensaje, son las propias mujeres quienes están participando masivamente en este fenómeno digital e incluso quienes lo han creado. Muchas lo reivindican como una forma de apropiarse de los estereotipos o de lo que significa “ser una chica”. Pibernat asocia esto a una falta de visión crítica de la sociedad: “Puede ser que estas mujeres no tengan conocimientos sobre lo que es el feminismo y, por ello, acaban reivindicando algo que resulta machista”, expone.

"Es la articulación de unos estereotipos muy antiguos pero trabajados de una forma más moderna. Si antes te decían que las matemáticas no era una cosa de mujeres, ahora el mensaje se lanza a través de redes sociales de una forma humorística, por lo que lo asumimos como algo que es intrínseco a nosotras. Somos las mujeres quienes lo reclamamos, con las Girl Math, el estereotipo se establece como natural", añade Díaz.

Esta interiorización se traduce en datos. Según un estudio realizado por Esade, las tasas de mujeres matriculadas en grados universitarios STEM no llega al 50% en ninguna de ellas, siendo el porcentaje más alto un 36% en Matemáticas. En lo laboral, solo un 5,5% de las mujeres trabajan en este área, mientras que el porcentaje de hombres sube hasta el 13%. 

Esta brecha empieza a formarse desde antes, según ha podido comprobar este mismo estudio, y es que, ya en la escuela, las niñas tienen peores calificaciones en esta materia. Se debe a una autopercepción negativa sobre su propia capacidad que acaba por conseguir que no se planteen estudiar estas carreras, siendo la probabilidad de seguir este camino un 12,7% más baja en las niñas. 

El peligro de las redes sociales se vuelve latente cuando se convierten en lugares donde se reafirman estas ideas. El descontrol llega ante el libre albedrío de estos refugios de Internet, donde las más jóvenes ven vidas irreales promovidas por influencers que parecen perfectas. “Para las niñas o adolescentes, lo que les llega es un mensaje de una mujer con la que pueden llegar a crear una relación parasocial, que hace que sea mucho más difícil de cuestionar el mensaje que se lanza, ya que es muy sencillo de procesar”, zanja Díaz. 

Es una buena noticia y poco habitual en materia de salud y ecología. Es posible alimentar mejor a los seres humanos para ofrecerles una mejor salud y, al mismo tiempo, preservar la del planeta. Pero para ello es necesario cambiar nuestros hábitos alimenticios, reducir las pérdidas y el desperdicio y modificar las prácticas agrícolas.

Hace casi diez años que decenas de investigadores internacionales, procedentes de diversas disciplinas (nutrición, epidemiología, clima, agricultura, ciencias políticas, economía...), reunidos en la organización sin ánimo de lucro EAT, examinan la literatura científica y crean diferentes escenarios.

Su segundo informe, publicado el viernes 3 de octubre en la revista científica The Lancet, muestra que, transformando tanto la producción como el consumo, es posible conciliar salud, medio ambiente y justicia social.

Este extenso informe de 75 páginas comienza con una constatación implacable: nuestra alimentación actual es perjudicial para nuestra salud y contribuye activamente a la destrucción del planeta. Aunque producimos suficientes calorías para satisfacer las necesidades de la población mundial, su distribución es claramente desigual e inadecuada, con un “consumo excesivo y malsano” en algunos lugares, mientras que casi mil millones de personas siguen padeciendo desnutrición.

Las dietas inadecuadas, demasiado ricas en carne, azúcar, grasas y alimentos ultraprocesados, provocan según el estudio varios millones de muertes prematuras cada año, debido a enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, obesidad o incluso ciertos tipos de cáncer. Por no hablar de los efectos nocivos indirectos relacionados con las prácticas agrícolas, en particular la contaminación del aire y del agua.

En cuanto a la salud del planeta, el impacto también es enorme. Al menos el 30% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero (GEI) provienen actualmente de nuestros sistemas alimentarios. Según los autores, “incluso si se abandonaran por completo las energías fósiles, los sistemas alimentarios por sí solos podrían superar el umbral de 1,5 °C de calentamiento”. La producción agrícola ocupa actualmente el 37% de la superficie terrestre mundial, de la cual el 67% son pastos. Y el riego utiliza entre el 70% y el 90% del consumo mundial de agua.

De ahí la urgente necesidad de transformar nuestros sistemas alimentarios para garantizar “un futuro seguro, justo y sostenible para todos”. Una transformación que se basa en tres pilares: una reducción del 50% del desperdicio y las pérdidas (actualmente se pierden alrededor de 775 kilocalorías –kcal– por persona y día, lo que representa el 20% de las tierras agrícolas utilizadas); la “intensificación ecológica y sostenible” de las prácticas agrícolas (con el objetivo de reducir en un 70% el uso de pesticidas); y, sobre todo, un cambio en nuestros hábitos alimentarios.

“Ahí radica todo el interés del informe: pensar conjuntamente la producción y el consumo”, analiza Olivier de Schutter, que fue relator especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación y copresidente del Panel Internacional de Expertos en Sistemas Alimentarios Sostenibles (IPES-Food). “Este enfoque permite, por ejemplo, reexaminar el reciente debate sobre la ley Duplomb: en lugar de debatir sobre la necesidad de los neonicotinoides para los cultivos de remolacha, nos preguntamos si realmente necesitamos producir tanto azúcar”, dice el investigador belga.

A la luz del “régimen de salud planetaria” (planetary health diet en inglés) propuesto por la comisión EAT, la respuesta a esa pregunta es clara: no. El azúcar es opcional y no debería superar los 30 gramos al día por persona. Este “plato ideal”, diseñado para nuestra salud individual, se basa en una abundante bibliografía científica. La ingesta diaria recomendada es de 2.400 kilocalorías por persona, es decir, unas 1.000 kilocalorías menos que la media actual en Francia.

Este régimen se compone principalmente de vegetales, en particular verduras (incluidas las plantas acuáticas), cereales integrales (arroz, trigo, maíz, avena, mijo...), y frutas o bayas. Al igual que el azúcar, los alimentos de origen animal son opcionales y no deben superar las dos raciones diarias: una de productos lácteos (20 centilitros de leche o equivalentes) y otra de productos no lácteos (pescado, carne o huevos). Se proponen adaptaciones específicas para los niños y las mujeres en edad reproductiva con el fin de evitar posibles carencias de hierro o vitamina B12.

“No imponemos un régimen único para todos, realmente hay espacio para una alimentación diversa”, insiste Walter Willett, copresidente de la comisión y profesor de epidemiología y nutrición en Harvard. No obstante, en comparación con los platos medios de un europeo o un americano, la dieta propuesta por estos expertos representa entre 6 y 7 veces menos de carne roja. Ello implica una reducción de 1.100 millones de cabezas de ganado al año, lo que supone una reducción del 26% del ganado actual.

Consecuencia: el sector cárnico se opone frontalmente a esta “mafia anticarne”, como algunos la denominan. Ya en la primera publicación de EAT en 2019, se desató una campaña de desprestigio, especialmente en las redes sociales. Una investigación realizada por la ONG Changing Markets Foundation acaba de revelar quiénes son los principales actores –académicos, periodistas, influencers e instituciones– que actúan de forma coordinada para sembrar dudas sobre los datos científicos, difundir información falsa y lanzar ataques personales contra los científicos de la comisión.

La ONG ha conseguido, entre otras cosas, una grabación de una conferencia sobre “el papel de la carne” organizada en Denver, Estados Unidos, en octubre de 2024 por RedFlag, una agencia de relaciones públicas que también trabaja para la industria tabacalera. En ella se oye a un consultor explicar a los participantes que “los datos científicos no son tan importantes como quiénes sois” y que “la verdad es un concepto relativo”.

“Con nuestra nueva publicación, esa red se reactiva”, explica a Mediapart Fabrice DeClerck, director científico de la fundación EAT. Se nos acusa de ser fanáticos anti-carne. En realidad, consideramos que la carne puede ser un alimento saludable, pero se consume en exceso con demasiada frecuencia”.

Para argumentar aún más sobre la pertinencia de su régimen, los autores han modelado el impacto de su adopción a escala mundial. El resultado es que “se podrían evitar hasta 15 millones de muertes prematuras al año, solo entre los adultos”, indica Walter Willett.

“Lo que realmente entusiasma es darse cuenta de que existen innumerables soluciones y que todos los actores pueden desempeñar un papel: los consumidores, pero también los productores, los supermercados, los políticos...”, subraya Fabrice DeClerck. Por primera vez, todos estos actores se reúnen estos días en Estocolmo, Suecia, incluidos algunos productores de carne, con el objetivo de transformar estas soluciones en acciones concretas.

Si se aplicaran todas las soluciones de la comisión, las emisiones anuales de gases de efecto invernadero relacionadas con la alimentación se reducirían a la mitad, al tiempo que se “liberaría” el 7% de las tierras dedicadas actualmente a la alimentación para preservar la biodiversidad y el funcionamiento de los ecosistemas. Todo ello por un coste diez veces inferior a los beneficios sanitarios y medioambientales esperados, señala el informe. Ahora queda pasar de la modelización a la práctica.

Traducción de Miguel López

Nuestras decisiones de compra dependen en gran medida del acceso a los productos y muchos de los que los supermercados ponen a la vista no favorecen una dieta equilibrada. Es la conclusión a la que ha llegado un informe que ha publicado la Federación de Consumidores y Usuarios (CECU). El documento sostiene que “los principales supermercados en España condicionan lo que comemos y dificultan el acceso a alimentos saludables y sostenibles como las legumbres y otros productos de origen vegetal” e incide en la escasa variedad de las ofertas, de las cuales ocho de cada diez son carne, pescado, huevos, leche o embutidos, que se priorizan sobre aquellos de origen vegetal.  

Hay un lugar común que dice que ir a supermercado con hambre, casi garantiza que uno llegue a casa con un montón de productos apetecibles, pero no necesariamente saludables. Ese es el punto de partida del estudio publicado por CECU. Sarahi Boleko, portavoz de la agrupación de consumidores, explica que “hay muchas cosas que influencian a las personas consumidoras a decidir qué comen y los supermercados son factor clave”. Y uno de ellos es qué productos encontramos a primera vista y cuáles no. 

El trabajo analiza las ofertas y los folletos de 5.200 productos comercializados por Carrefour, Lidl, Mercadona, Día y Alcampo lanzan a los consumidores. En todos ellos los productos de origen animal aparecen como más frecuencia que los vegetales. Así, constatan que la presencia de la legumbre en los supermercados sigue siendo simbólica (4%), a pesar de las recomendaciones sanitarias para aumentar su consumo, mientras que los productos de origen animal representan el 72,33% de las ofertas disponibles. Para Boleko, qué ofertas se lanzan y dónde se colocan los productos es clave en la formación de hábitos alimentarios, por eso pone también el foco en la promoción en redes sociales. 

“Las recetas que vemos en redes son otro factor que determina cómo comemos y hemos visto que las que proporcionan los supermercados solo incluyen vegetales o legumbres como guarnición”, apunta. En ese sentido el estudio recoge que los productos cárnicos o con carne, ultraprocesados y de rápida preparación “son los grandes protagonistas”: representan en promedio un 20% de las publicaciones alimentarias, seguidos por el pescado y marisco (15%) y otros productos de origen animal como lácteos, huevos y caldos (29%). En el caso de las verduras, suponen el 27%, pero “rara vez son las protagonistas de las publicaciones” y suelen estar representadas más de manera decorativa. 

La queja de los consumidores tiene respaldo científico. De hecho, un estudio publica en la prestigiosa revista PLoS Medicine, realizado por la Universidad de Southampton (Reino Unido),  señalaba que un estudio piloto había mostrado cómo al colocar las frutas y verduras en lugares más visibles, aumentaban sus ventas y favorecía que la dieta del grupo muestral mejorase considerablemente. El experimento lo realizaron en una cadena de supermercados británica, sustituyendo la confitería y alimentos poco saludables de las cajas registradoras por otros productos y moviendo las hortalizas a lugares más centrales. 

El comercio de proximidad es otra de las cosas que el documento echa en falta en relación con el consumo de legumbres y verduras. “Un 56% las legumbres ofertadas en estas cadenas de supermercados proceden de importaciones transatlánticas, a pesar de que España cuente con tierras fértiles y una gran tradición en el cultivo”, señala el documento. Desde CECU lamentan que este tipo de hábitos de comercio “desincentiva la producción local y la agricultura familiar, además aumenta la huella ambiental”, concluye. 

“Lo que nos pasó haciendo la recogida de datos es que cuando nos íbamos a los lineales de frutas y verduras, cuando queríamos ver el origen y la proximidad algunos no estaban bien concretados”, explica la portavoz. Esto les llevó a repasar el etiquetado y la calidad de la información que llega a los consumidores en las estanterías del supermercado. “Ha mejorado con respecto al informe que presentamos hace un par de años, pero en las ofertas y las promociones no son siempre las más saludables”, apunta. Desde CECU reclaman que se preste más atención a las recomendaciones de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) a la hora de promocionar productos o de diseñar la distribución dentro de las tiendas. 

“Se deberían promover hábitos más saludables, pero también más sostenibles con el medio ambiente”, apunta Boleko, quien reconoce que también la falta de tiempo y el ritmo de vida dificultan en muchos casos que se le dedique tiempo a cocinar. En ese sentido, el estudio también apunta que, dentro de la comida precocinada, la variedad es escasa y no atiende demasiado a criterios saludables. “Es necesario ampliar la gama de productos de fácil consumo, incorporando más opciones precocidas o preparadas con base vegetal”, recoge el documento. 

En los datos recopilados, los folletos promocionales de los supermercados y en sus redes sociales, los productos cárnicos o con carne, ultraprocesados y de rápida preparación son los grandes protagonistas. Estos representan en promedio un 20% de las publicaciones alimentarias, seguidos por el pescado y marisco (15%) y otros productos de origen animal como lácteos, huevos y caldos (29%).

La conclusión a la que llega el estudio es que los supermercados en España "dificultan" el acceso a dietas saludables y sostenibles. "Aunque la regulación ha mejorado en los últimos años, los reclamos siguen siendo los mismos", apunta la portavoz de CECU, que también pide, desde la asociación de consumidores, una mayor vigilancia de estas dinámicas.

El verano ha comenzado por todo lo alto con una temprana ola de calor a la que van a seguir unos meses más cálidos de lo normal, según la Agencia de Meteorología. Junio ya dejó uno de los mayores consumos de electricidad de la última década en España para este. mes por el abuso del aire acondicionado. Y el número de aparatos de refrigeración no para de subir. Ante esta situación, muchas familias se preguntan estos días si se pueden permitir refrigerar su casa durante dos meses más y si interesa incluso tener el aire toda la noche encendido.

Calcular el coste del aire acondicionado puede parecer complejo porque tiene diferentes variables, pero en realidad solo debes conocer tres cifras: la potencia que tiene el aparato (en vatios W), el coste de la electricidad (en céntimos/kWh) en el momento de uso y las horas que permanece encendido. Para facilitar las cosas, puedes utilizar webs como esta donde introduces los tres valores y te devuelven el coste final.

Si prefieres hacer el cálculo por tu cuenta, puedes apoyarte en una calculadora e introducir lo siguiente:

Consumo en kWh = Potencia (W) × Horas de uso / 1000. 

Coste del AC = Consumo en kWh × Precio de la luz (céntimos/kWh)

Por ejemplo, si tienes un aire acondicionado con una potencia de 2,6 kilovatios, y lo enciendes durante tres horas, a un precio redondeado de 12 c/kWh, el cálculo quedaría así:

2.600 W × 3 horas / 1.000 = 7,8 kWh

7,8 kWh × 12 céntimos/kWh = 93 céntimos por tres horas de uso

Si ahora quiero calcularlo para toda la noche, tomando por ejemplo ese precio de 12 c/kWh durante ocho horas, el coste subiría a 2,50 euros la noche.

La potencia del electrodoméstico puedes encontrarla en la etiqueta energética del aire acondicionado. Aquí abajo tienes un ejemplo, y en el recuadro rojo hemos subrayado la potencia del aparato y otro número que explicaremos más adelante y que es también importante, el SEER. Hay que tener en cuenta que la potencia del aire que aparece en la etiqueta es a máximo rendimiento, pero si lo ponemos al mínimo consumirá mucho menos.

La potencia del aparato siempre la encontrarás en forma de kilovatios hora (kW). Para pasarlos a vatios (W), multiplica por 1.000.

En el lado derecho de la etiqueta verás unos valores distintos, justo encima del mapa de Europa, y estos corresponden al consumo de electricidad para generar calor, que te vendrá bien conocer en invierno. Si tu etiqueta no lo tiene, es porque la bomba solo expulsa aire frío.

El coste de la electricidad es algo más complejo de encontrar. Si tienes contratada una tarifa a precio cerrado, el conocido como mercado libre, puede que tengas un único precio para la luz las 24 horas, o que se divida en tramos horarios.

Lo mejor es que mires en tu última factura el apartado "consumo de electricidad" o "factura de consumo" o un término similar, y verás tu consumo multiplicado por una cantidad en €/kWh. Ahí tienes el precio de tu tarifa. Recuerda pasar esa cifra a céntimos/kWh, multiplicando por 100, y ten en cuenta que estas cifras no incluyen los impuestos energéticos.

Si por el contrario tienes una tarifa regulada, la conocida como PVPC, el precio de la luz cambia cada hora y tendrás que mirar el precio de la luz de la subasta diaria para saber cuándo es más barato y más caro encender el aire. En esta web puedes encontrarlo. A modo de referencia, el precio de la luz en julio en PVPC ha sido de media 160,70 €/MWh (o 16,70 céntimos/kWh). Estos precios tampoco incluyen impuestos.

José Antonio Ferrer, investigador del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat), afirma que a la hora de elegir un aparato de aire acondicionado hay que fijarse en la letra de eficiencia, que va de la A+++ (más eficiente), a la D (menos eficiente). "Evidentemente cuanto mayor sea la letra, más caro es el electrodoméstico. Ahí habrá que echar cuentas de qué nos compensa más", añade.

En la etiqueta energética hay otro valor clave, el Ratio de Eficiencia Energética Estacional (SEER, por sus siglas en inglés), y consiste en un número que va del 3 al 9. Cuanto mayor sea, más eficiente es el aparato. "Un SEER situado en 8 indica que por cada kilovatio de electricidad que consume el aire, genera 8 kilovatios térmicos, también llamados frigorías. Es un número importante porque si el SEER es de 4, consumirá cuatro veces más energía para producir el mismo frío que uno de 8", apunta el experto de la Unidad de Eficiencia Energética en la Edificación del Ciemat.

A la hora de encender el aire, también hay que tener en cuenta otros factores, principalmente el aislamiento de la vivienda. Ferrer explica que el consumo de refrigeración de una casa depende de la letra de eficiencia energética del inmueble. Esta letra se suministra de forma obligatoria al comprar o alquilar una casa y va desde la letra A (más eficiente) a la G (menos eficiente).

"De una casa con letra A a una F podemos estar hablando de diez veces más de consumo de aire acondicionado si está en una zona muy calurosa. Por ejemplo, en Sevilla, una casa A puede consumir 14 kWh por metro cuadrado de refrigeración al año, y una letra F, 60 kWh", apunta el investigador. A un precio medio de la luz de 14 céntimos/kWh, la primera vivienda pagaría al año 115 euros en electricidad, y la segunda 500 euros, según sus cálculos.

Es por ello que antes de aventurarse a comprar el mejor aire acondicionado de la tienda, Ferrer recomienda mejorar el aislamiento de las ventanas o sombrear la casa con toldos, que pueden reducir las necesidades de refrigeración hasta un 20%. También propone utilizar el ventilador siempre que se pueda, que consume fácilmente 70 veces menos que un aparato de aire acondicionado. Si un ventilador estándar puede tener 50 vatios de potencia punta, una bomba de frío moderna puede consumir 3.500 vatios.