Unos 230 migrantes que se encontraban a la deriva en dos balsas al sur de la isla griega de Creta, en el Mediterráneo Oriental, han sido rescatadas por la Agencia Europea de Guardia de Fronteras y Costas (Frontex), dijo a EFE una portavoz de la Guardia costera de Grecia. Además, está en curso una segunda operación de rescate por parte de los guardacostas griegos de otro grupo, estimado en al menos un centenar de personas, en la misma zona, añadió.

Tan solo el domingo, más de 840 migrantes fueron rescatados en distintas operaciones al sur de Creta, lo que eleva el número de llegadas a esta isla a más de 1.100 en los últimos dos días. Los rescatados de este lunes han sido trasladados al puerto cretense de Palaiochora para su identificación y registro.

La operación más grande de este domingo fue lanzada cuando los guardacostas localizaron un pesquero con 442 inmigrantes al sur de la localidad cretense de Kaloi Limenes. Todas las personas fueron rescatadas por barcos de la Guardia Costera y después fueron transbordados a un buque que navegaba cerca para llevarlos a tierra. Otras 400 personas que se encontraban a bordo de balsas o embarcaciones de madera y de otro tipo fueron rescatadas ese mismo día en distintas operaciones.

Hasta el momento se desconoce la procedencia de los migrantes, si bien en un caso -el rescate de 68 hombres y cinco menores- se sabe que la embarcación había partido desde las costas libias, situadas a unos 300 kilómetros al sur de Creta. Las autoridades han arrestado a un egipcio de 22 años y a un sudanés de 21 que se encontraban a bordo de dicha embarcación bajo la sospecha de ser los presuntos traficantes.

Según explicó la portavoz, los flujos migratorios hacia Grecia comenzaron a aumentar hace tres meses y se han intensificado especialmente en los últimos 30 días.

Entre el 1 de enero y el pasado 22 de junio, las autoridades griegas han registrado la llegada de 7.051 migrantes a la isla, más del triple de la cifra de 1.968 registrada en el mismo período del año pasado, lo que supone un incremento del 258 % de llegadas irregulares.

Según Acnur, la agencia de la ONU para refugiados, un total de 18.800 personas han llegado de forma irregular a Grecia entre el 1 de enero y el 19 de junio de 2025. En su mayoría llegaron por vía marítima a Creta, isla que carece de centros permanentes de acogida como sí tienen las islas de Samos o Lesbos, en el Egeo oriental.

En consecuencia, las autoridades cretenses enfrentan importantes dificultades para alojar a los refugiados y cubrir sus necesidades básicas.

El domingo se registró un incidente cuando varios autobuses que trasladaban unos 442 migrantes desde la ciudad cretense de Rétino a La Canea tuvieron que dar vuelta y regresar al punto de partida, después de que ciudadanos y organizaciones locales de la segunda ciudad se opusieran a que fueran alojados en ella, informó el portal 'Cretalive.gr.'.

La crisis financiera que sufre en los últimos años la ONU se ha agudizado con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y sus recortes masivos a la cooperación internacional, lo que está forzando a la organización a plantearse el cierre, fusión o traslado de sus agencias especializadas para ahorrar costes, según recoge EFE. 

Por ahora no hay decisiones firmes, pero desde que en marzo de este año el secretario general António Guterres anunciara un ambicioso plan para "mejorar la eficiencia" de Naciones Unidas, un proyecto bautizado como Iniciativa ONU80 por coincidir con el octogésimo aniversario de la organización, la inquietud del personal por el futuro de sus empleos es máxima.

"El plan de reforma, hecho con prisas y secretismo, no hace frente a la crisis de liquidez ni da apoyo a las personas que llevamos a cabo la misión" de la ONU, afirmó esta semana el presidente de la Unión de Empleados de Naciones Unidas en Ginebra, Ian Richards, en una rueda de prensa para comentar la iniciativa.

Guterres ha nombrado un grupo de trabajo para proponer posibles "cambios estructurales", liderado por el exdirector general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) Guy Ryder.

Aunque sus propuestas son por el momento materia confidencial, la filtración de algunas a la prensa en las que se sugiere fusionar agencias o sacarlas de ciudades "caras" como Ginebra o Nueva York ha puesto en alerta al personal de la ONU, que en la ciudad suiza incluso se movilizó el pasado Primero de Mayo frente a su sede por la defensa de sus empleos.

"Se habla por ejemplo de fusionar la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM)", mencionó la presidenta del Consejo de Personal de la primera de estas organizaciones, Nathalie Meynet, en la misma rueda de prensa.

La nueva política de Trump ha sido especialmente negativa para ACNUR, explicó la representante del personal de esa agencia, ya que de la noche a la mañana han perdido un 40% de su financiación presupuestaria y ello va a causar probablemente el despido de entre 3.000 y 4.000 trabajadores, de una plantilla de 15.000.

Similares recortes podría sufrir el Programa Mundial de Alimentos (PMA), para el que la contribución estadounidense suponía entre un 30% y un 40% del total, o el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), que pierde con los recortes norteamericanos un 20% de sus fondos.

Según Laura Johnson, secretaria ejecutiva de la Unión de Empleados de Naciones Unidas en Ginebra, muchos países han interpretado el plan ONU80 de Guterres como una invitación a ofrecer sus ciudades como posibles nuevas sedes de agencias, y ya ha habido ofertas en este sentido por parte de Ruanda, Turquía o Catar.

Fuentes próximas a la ONU indican que países como Canadá, China o Alemania han ofrecido ser sedes de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, de gran importancia en actuales conflictos como el de Gaza, o que algunas funciones de la OIM podrían llevarse a la ciudad española de Valencia.

Para los representantes del personal de la ONU en Ginebra esta descentralización podría complicar la coordinación dentro de las agencias o entre unas y otras y sin reducir costes, o incluso aumentándolos.

"No está claro que estas mudanzas vayan a facilitar las cosas a la organización", aseguró Richards, quien también advirtió que muchos países de rentas bajas que ahora sólo tienen representantes ante la ONU en Nueva York y Ginebra, podrían quedar fuera de los debates si se llevan importantes agencias a otras ciudades, ya que podrían carecer de fondos para multiplicar sus misiones multilaterales.

En el caso de Ginebra, por otro lado, llevar a otros países algunas de las agencias que acoge la ciudad sería un duro golpe para Suiza, después de que sus autoridades a distintos niveles hayan sufragado buena parte de los 840 millones de dólares que está costando la gran obra de restauración del Palacio de las Naciones, la sede europea de la ONU que en su día acogió la Sociedad de Naciones.

La obra, que está suponiendo obras de remodelación del histórico edificio durante prácticamente toda esta década, podría acabar siendo un despilfarro si muchas agencias con oficinas en el edificio acaban mudándose a otras ciudades, advierte el personal en Ginebra.

Marruecos y Colombia figuran en una lista inicial de siete "países de origen seguros" propuestos este miércoles por la Comisión Europea (CE) para poder devolver a los migrantes irregulares en la Unión Europea, ha informado EFE. Los otros países son Bangladesh, Egipto, India y Túnez. La CE incluye también a Kosovo como "país de origen seguro", aunque hay algunos Estados miembros que no lo reconocen como país.

Además, la Comisión considera que "los países candidatos a la adhesión a la UE cumplen, en principio, los criterios para ser designados como países de origen seguros" y que solo serían excluidos en determinadas circunstancias específicas como "violencia indiscriminada en situaciones de conflicto", indicó Bruselas en un comunicado.

Por otra parte, el Ejecutivo comunitario propuso este miércoles acelerar la puesta en marcha de dos elementos previstos en el pacto europeo de migración y asilo, cuya entrada en vigor está prevista para junio de 2026.

El objetivo es ayudar a los Estados miembros a procesar las solicitudes de asilo de forma más rápida y eficiente para los solicitantes cuyas reclamaciones "probablemente sean infundadas".

En particular, Bruselas planteó que los Estados miembros puedan aplicar el procedimiento fronterizo o un procedimiento acelerado a los migrantes procedentes de países en los que, de media, solo el 20% o menos de los solicitantes obtienen protección internacional en la UE.

Además, sugiere poder designar países terceros seguros y países de origen seguros "con excepciones", para dar a los Estados miembros "más flexibilidad al excluir regiones específicas o categorías de personas claramente identificables", indicó la Comisión en un comunicado.

Con el mismo fin la Comisión propuso "utilizar una de las novedades" del pacto migratorio y establecer la citada lista de la UE de países de origen seguros, cuyos nacionales verán sus solicitudes tramitadas mediante un procedimiento acelerado o en la frontera.

Será una "lista dinámica", dijo el portavoz comunitario Markus Lammert en la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea. Aparte, los Estados miembros pueden tener su propia lista con más países, además de los siete designados hoy, precisó el portavoz.

Es decir, la lista de la UE de países de origen seguros podría ampliarse o revisarse con el tiempo. Además, los países también pueden ser suspendidos o eliminados de la lista si ya no cumplen los criterios para ser designados como país de origen seguro.

Bruselas parte de la base de que los países candidatos a la adhesión a la UE cumplen, en principio, los criterios para ser designados como países de origen seguros ya que se "esfuerzan por lograr instituciones estables que garanticen la democracia, el Estado de derecho, los derechos humanos y el respeto y la protección de las minorías".

Por ello, "un país candidato sólo sería excluido en determinadas circunstancias específicas: violencia indiscriminada en situaciones de conflicto, sanciones adoptadas por el Consejo contra ese país o una tasa de reconocimiento de solicitantes de asilo superior al 20% a nivel de la UE".

En todo caso, los Estados miembros "deben realizar una evaluación individual de cada solicitud de asilo, independientemente de que la persona proceda o no de un país de origen seguro", precisó Bruselas. La propuesta de la Comisión se basa en el análisis de la Agencia de Asilo de la UE y otras fuentes, incluida información de los Estados miembros, el ACNUR y el SEAE.

La designación como país de origen seguro no establece una garantía de seguridad para todos los nacionales de ese país. Tras la presentación de la propuesta, corresponde al Parlamento Europeo y al Consejo (países UE) llegar a un acuerdo sobre la misma.

El Gobierno ha aprobado en el Consejo de Ministros de este martes el programa nacional para acoger en 2023 a 1.200 personas refugiadas procedentes de los conflictos incluidos en las prioridades globales de reasentamiento identificadas por ACNUR y la Unión Europea, la misma cifra que un año antes.

Según han informado a Europa Press fuentes del Gobierno, la propuesta conjunta de los Ministros del Interior y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones contempla la acogida de 1.200 refugiados, la misma cifra que en el año 2022, cuando se llegó a acoger en España por este procedimiento a 1.112 personas.

El Programa Nacional de Reasentamiento de refugiados se desarrolla en cumplimiento de la disposición adicional primera de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria.

Se trata de un proceso por el cual un refugiado que ha huido de su país de origen porque está perseguido por motivos de raza, religión o por opiniones políticas, y que ha encontrado asilo temporal en otro país, es reasentado en un tercer Estado, donde tendrá protección permanente, igual que un refugiado en sentido estricto.

Para ello, establece que el Gobierno elaborará programas de reasentamiento de refugiados y acordará anualmente el número de personas que podrán ser reasentadas en nuestro país al amparo de dichos programas, a propuesta de los Ministros del Interior y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

España viene participando de este instrumento desde el año 2011, cuando se aprobó el primer Programa Nacional de Reasentamiento. La ejecución del programa, que tendrá lugar a lo largo del año 2023, se llevará a cabo por los Ministerios del Interior y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, con la colaboración del Ministerio de Asuntos Exteriores en lo que afecta a la tramitación y expedición de visados.

Entre las actuaciones a desarrollar se incluyen la determinación de los perfiles y criterios de selección de las personas a reasentar, partiendo de las prioridades y necesidades de protección identificadas por el ACNUR, así como cumplir con el estatuto de protección a reconocer a las personas candidatas elevando los expedientes a la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio (CIAR).

También contempla una orientación cultural sobre España y se facilita a los refugiados información sobre las condiciones del programa, practicándose exámenes médicos con la expedición de documentación de viaje, previo viaje por medios propios o con la colaboración de otras organizaciones y la posterior distribución territorial en función de los criterios fijados por el Ministerio de Inclusión.

Los refugiados tendrán el estatuto de refugiado o el de beneficiario de protección subsidiaria, es decir, tendrán derecho a la no devolución a su país de origen, a obtener una autorización de residencia y trabajo permanente, y a que se les expidan documentos de identidad y de viaje.

El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (Acnur), Filippo Grandi, ha asegurado este miércoles ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que la guerra en Ucrania ha provocado "el mayor y más rápido" desplazamiento de personas en décadas, según informa Europa Press. En concreto, cerca de 14 millones de personas se habrían visto obligadas a abandonar sus hogares desde el pasado 24 de febrero, cuando tuvo comienzo la invasión rusa de Ucrania. Todo esto ante las puertas de un invierno que podría incrementar el número de ucranianos que deciden salir del país.

"La invasión rusa de Ucrania ha provocado el mayor y más rápido desplazamiento visto en décadas. Unos 14 millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares desde el 24 de febrero. Y ahora los ucranianos están a punto de enfrentarse a uno de los inviernos más duros del mundo en circunstancias extremadamente difíciles", ha aseverado Grandi durante su intervención, según ha recogido en un comunicado Acnur.

Por ello, según el Alto Comisionado para los refugiados de la ONU, las organizaciones humanitarias han aumentado "drásticamente" su respuesta, si bien considera que "se debe hacer mucho más, comenzando por poner fin a esta guerra sin sentido".

Además, Acnur se ha enfocado en ayudar a las personas desplazadas en Ucrania, pidiendo asistencia a países más vulnerables como Moldavia, y aplaudiendo la respuesta "abierta" de la Unión Europea sobre los refugiados

No obstante, Grandi ha recordado ante los miembros del Consejo de Seguridad que "no es solo en Ucrania donde el conflicto ha expulsado a la gente de sus hogares", señalando que en los últimos 12 meses Acnur ha respondido a 37 emergencias en todo el mundo.

"Las otras crisis no logran captar la misma atención, indignación, recursos y acción internacionales", ha remachado, detallando que Acnur trata de estar presente allí donde hay desplazamientos forzados, como en el caso de Etiopía, Birmania, República Democrática del Congo, así como en crisis prolongadas como las de los refugiados afganos y sirios. "Estas crisis, y muchas, muchas más (...) no solo están desapareciendo de la atención de los medios, sino que están fallando por la inacción global", ha remarcado Grandi, subrayando que la emergencia climática se está convirtiendo en un nuevo motivo para los desplazamientos.

Por este motivo, Acnur ha hecho un llamamiento a la comunidad internacional y a los miembros del Consejo de Seguridad para que superen sus divisiones y desacuerdos y discutan cuestiones humanitarias y, "con suerte, aborden las causas fundamentales que están desplazando a las personas en todo el mundo".

Las tensiones surgidas en los últimos días en la isla griega de Lesbos, principal punto de destino de los migrantes que intentan llegar por mar a la UE desde Turquía, demuestran en opinión de Médicos Sin Fronteras (MSF) el "fracaso" de "una Europa cruel, cínica y despiadada" que ha desoído a quienes siguen huyendo de zonas de conflicto como Siria.

Así lo ha lamentado el coordinador de MSF en Lesbos, Marco Sandrone, para quien "es una total inconsciencia continuar fingiendo no entender lo que está sucediendo en Lesbos", especialmente después de que en los últimos días se hayan sucedido las movilizaciones contra la constante llegada de migrantes.

Sandrone ha recordado que la situación "ya era incontrolable" a principios de año, cuando los migrantes comenzaron a movilizarse para denunciar las precarias condiciones en las que esperan su traslado a la Grecia continental o la resolución de sus peticiones de asilo.

"Durante semanas, la hostilidad y la frustración se han vuelto inmanejables y se han sucedido las acciones agresivas de grupos aislados contra la desesperación de los habitantes de Moria ante la total ausencia de las instituciones griegas", ha lamentado el representante de MSF.

En su opinión, la situación que hay hoy en día en campamentos como el de Moria –construido para 3.000 personas y residencia de unas 20.000– "no es muy diferente de la de una zona en conflicto", aunque en este caso la guerra es "contra la dignidad, los Derechos Humanos y la resistencia de quienes huyen en busca de seguridad".

"En Europa, un continente teóricamente seguro, hemos elegido deliberadamente mirar hacia otro lado", ha lamentado, al recordar que "el derecho a ser niños es devorado por la miseria de un campo sin dignidad, a las puertas de Europa". "El cálculo político a costa de personas inocentes debe terminar y debe hacerlo ahora", ha apostillado.

Sandrone ha advertido de que la "verdadera emergencia" pasa por "evacuar a las personas de las islas a los países europeos que pueden acogerlos, proporcionar un sistema de asilo que funcione, y dejar de atrapar a las personas en condiciones horribles".

Aumentan las tensiones

El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) calcula que entre el lunes y el martes llegaron a las islas griegas más de 1.200 personas. Un niño falleció el martes tras el hundimiento de una patera frente a las costas de Lesbos, en el marco de una operación de rescate de la Guardia Costera griega.

ACNUR ha denunciado que en estos últimos días se han registrado "actos deplorables e intimidatorios" contra refugiados, trabajadores humanitarios y periodistas, por lo que ha pedido "calma". La agencia ha instado a las autoridades griegas a garantizar la seguridad de todo el personal que trabaja para atender a los migrantes.

Así, aunque ACNUR entiende la "ansiedad y frustración" expresada por los vecinos de las islas, también ha llamado a evitar "actitudes violentas y agresivas", de tal forma que "prevalezcan los valores de humanismo y compasión".

La ofensiva iniciada por las fuerzas turcas el 9 de octubre ha derivado en una crisis de desplazamiento que amenaza con forzar a 300.000 personas a abandonar sus hogares en las principales localidades de Hasaka y Raqqa. Más de 2.000 han llegado a la frontera con Irak e incluso han cruzado a territorio iraquí, según las organizaciones humanitarias.

Naciones Unidas elevó el lunes a 160.000 la cifra provisional de desplazados por la ofensiva turca en el noreste de Siria, de los cuales unos 70.000 serían menores de edad. "El impacto humanitario completo de la actual operación militar sigue siendo difícil de determinar dado lo volátil de la situación", ha reconocido la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha advertido en un comunicado del posible desplazamiento de 300.000 civiles, mientras que el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) ha confirmado las primeras llegadas a territorio iraquí. El lunes llegaron 184 personas procedentes de Siria, a las que se sumarían otras 200 que han cruzado durante la noche del martes.

"Muchos de los refugiados han huido de sus casas en la zona de Kobani, algunos de ellos después de caminar tres o cuatro días", ha asegurado la portavoz de ACNUR, Liz Throssell, que ha confirmado que hay "otras 2.000 personas" en zonas sirias cercanas a la frontera.

ACNUR ha atendido ya a 31.800 personas por la última escalada de tensiones, de las cuales 21.500 viven en campos para desplazados internos y otras 11.550 residen en refugios comunitarios. También el CICR ha redoblado sus trabajos para ayudar a 515 familias –más de 2.500 personas– alojadas en escuelas de Hasaka.

"Acabábamos de comer cuando oímos una fuerte explosión cerca de nuestra casa. Mis hijos pequeños comenzaron a llorar. Mi marido y yo los cogimos, salimos de casa y caminamos durante horas", cuenta Um Ali, una mujer de 38 años residente en Ain Issa. La familia no tenía dinero para alquilar un coche, por lo que tardó dos días en llegar a Hasaka, donde se sienten "un poco más seguros" en una escuela.

"No hemos traído comida, ni agua, ni colchones", explica. El CICR ha subrayado que el perfil de estas familias corresponde en su mayoría a mujeres y niños y ha recordado que la ocupación de las escuelas ha provocado como daño colateral que "miles" de estudiantes se hayan quedado sin poder ir a clase.

Principales necesidades 

Las organizaciones coinciden en que la ofensiva lanzada por Turquía contra las milicias kurdas está teniendo consecuencias palpables sobre la población civil, que corre el riesgo de quedarse sin suministros básicos. El CICR teme que la ciudad de Hasaka, donde viven unas 400.000 personas, se quede sin agua por los efectos de los combates sobre una estación cercana.

ACNUR también ha citado entre las "necesidades inmediatas" la falta de documentos de los desplazados, en la medida en que la mayoría de ellos han huido prácticamente con lo puesto y "las familias se han separado". Asimismo, ha abogado por incrementar el apoyo psicológico a estas personas, muchas de las cuales arrastran ya traumas de la larga guerra.

La agencia de la ONU calcula que necesita 31,5 millones de dólares (28,5 millones de euros) adicionales para atender las nuevas necesidades surgidas en Siria, aunque tanto esta agencia como otras organizaciones reconocen que ni siquiera se conoce a día de hoy la magnitud de la crisis humanitaria en la zona noreste.

La ONU advierte a Turquía

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha advertido a Turquía de que puede ser penalmente "responsable" de los abusos que cometan los rebeldes sirios que apoyan su ofensiva militar en el noreste de Siria y le ha instado a investigar posibles ejecuciones extrajudiciales.

La oficina de Michelle Bachelet verifica "cada día" las víctimas civiles que estaría dejando esta ofensiva, que comenzó el 9 de octubre por orden del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. "El peor incidente" en suelo sirio habría tenido lugar el domingo en la carretera que conecta Tel Tamor con Ras al Ain y se cobró la vida de al menos cuatro civiles que viajaban en un convoy alcanzado por la aviación de Turquía.

Las autoridades turcas también han informado de la muerte de 18 civiles en su lado de la frontera, entre ellos un bebé de nueve meses, desde el inicio de los enfrentamientos, según un comunicado del portavoz del Alto Comisionado, Rupert Colville.

La ONU examina dos vídeos que supuestamente muestran ejecuciones extrajudiciales perpetradas por el grupo armado Ahrar al Sharqiya, aliado de Turquía. Uno de ellos mostraría la muerte de tres prisioneros kurdos y en otro se aprecia la ejecución de una política kurda, en ambos casos en una carretera entre Hasaka y Manbij.

Colville ha recordado que tanto los civiles como los combatientes que ya no representan peligro, por ejemplo los que ya están capturados, están protegidos por el Derecho Internacional y las ejecuciones extrajudiciales "podrían equivaler a un crimen de guerra".

"Turquía podría ser considerada responsable por las violaciones cometidas por sus grupos armados afines, en la medida en que ejerza un control efectivo sobre estos grupos o sobre las operaciones en que tienen lugar estas violaciones", ha añadido el portavoz.

El Alto Comisionado recaba datos sobre los posibles abusos, pero ha instado a las autoridades turcas a adelantarse con una investigación "imparcial, transparente e independiente" de los dos incidentes señalados, así como a detener y juzgar a sus responsables, "fácilmente identificables" por los vídeos divulgados en redes sociales.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos examina, además, ataques contra infraestructuras civiles como el servicio eléctrico, el suministro de agua o instalaciones médicas, que amenazan con llevar aún más al límite a la población residente en el noreste de Siria. La oficina de Bachelet tenía constancia hasta el lunes de cinco ataques contra instalaciones médicas.

Más de mil migrantes y refugiados han perdido la vida este año intentando cruzar el Mediterráneo para alcanzar las costas del sur de Europa, según el último balance de Naciones Unidas, que de esta forma ha confirmado que, por sexto año consecutivo, se ha superado el umbral del millar de víctimas.

Los naufragios se repiten de forma prácticamente constante desde hace años, sin que se tenga constancia siquiera de la cifra real de fallecidos. Las organizaciones internacionales aún tratan de confirmar los efectos de un incidente ocurrido el pasado fin de semanas frente a las costas de Marruecos y si, como se sospecha, pudo haber unos 40 muertos.

Sin embargo, con los datos que ya tienen sobre la mesa, tanto el Alto Comisionado para la ONU para los Refugiados (ACNUR) como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) han confirmado este martes que se ha alcanzado el millar de víctimas en 2019. Desde 2014, al menos 15.000 personas han perecido intentando cruzar el Mediterráneo.

En tres de los cinco años anteriores (2015, 2016 y 2017), la confirmación de las mil muertes llegó antes de mediados de abril, mientras que en 2014 y 2018 el balance se confirmó en julio y junio, respectivamente.

Un portavoz de ACNUR, Charlie Yaxley, ha lamentado que de nuevo se haya superado el "desolador umbral" de los mil fallecidos y ha lanzado un llamamiento "urgente" para que aumentar las operaciones de búsqueda y rescate en el Mediterráneo, lo que pasa por una mayor implicación logística de la UE y por un "reconocimiento" del "crucial papel" que han desempeñado las ONG a la hora de "salvar vidas".

Por su parte, un portavoz de la OIM, Leonard Doyle, ha condenado también las cifras, con un mensaje claro hacia los líderes europeos: "Esta masacre en el mar nos duele a todos. También nos avergüenza a todos". "En medio de una tendencia al alza de mensajes contra los migrantes en la política mundial, esta impactante cifra (...) se debe de alguna forma al endurecimiento de las posiciones y a la abierta hostilidad hacia quienes huyen de la violencia y la pobreza", ha criticado.

La zona central del Mediterráneo, que conecta básicamente con Italia y Malta, sigue siendo la más mortífera, con más de 650 víctimas mortales desde el 1 de enero. La parte occidental, donde se circunscribe España, ha registrado este año unos 270 fallecidos, según la OIM.

La Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) ha hecho un llamamiento, este martes 13 de agosto, a los gobiernos europeos para que permitan el "desembarco inmediato" de 507 personas rescatadas recientemente en el Mediterráneo central y que permanecen varadas en el mar, según ha indicado la organización. Un total de 151 personas permanecen a bordo del barco del Open Arms y 356 más han sido rescatadas en los últimos días por el Ocean Viking.

En este sentido, han señalado que muchos de los tripulantes son "supervivientes de horribles abusos en Libia y proceden de países que generan refugiados", por lo que todos están en necesidad de asistencia humanitaria y algunos han expresado ya su voluntad de pedir asilo.

El enviado especial de Acnur para el Mediterráneo Central, Vincent Cochetel, ha explicado que "se esperan tormentas en los próximos días y la situación a bordo de los dos barcos sin duda seguirá empeorando". "Dejar en alta mar y en estas condiciones meteorológicas a personas que han huido de la guerra y la violencia en Libia sería infligir aún más sufrimiento a su sufrimiento. Se les debe permitir desembarcar de inmediato y tener acceso a una ayuda humanitaria que tanto necesitan", ha agregado.

Asimismo, han solicitado que se les proporcione "un puerto de desembarco seguro de inmediato" y "compartir la responsabilidad entre los Estados para la acogida" tras el desembarco.

La organización ha contabilizado casi 600 personas que han muerto o desaparecido en el Mediterráneo central en lo que va de año, y ha destacado que es en el Mediterráneo central "donde más gente muere, comparando las llegadas y muertes en las rutas del Mediterráneo occidental y oriental".

Igualmente, Acnur ha pedido que "se incremente la capacidad de búsqueda y rescate en el Mediterráneo central" y que el papel de los barcos de las ONG sea reconocido y apoyado, porque "están salvando vidas y no deben ser estigmatizadas y criminalizadas por ello".

Por último, la organización de la ONU ha reiterado que "los intensos combates en Libia, así como las violaciones de derechos humanos de las que dan cuenta números informes, incluyendo la detención arbitraria, significa que Libia no puede ser considerada un puerto seguro y que nadie debe ser retornado allí".

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha recalcado este viernes que "Libia no es un puerto seguro" para el desembarco de migrantes interceptados o rescatados en el mar Mediterráneo, ante el deterioro de seguridad en el país africano.

"Se necesitan urgentemente alternativas legales", ha dicho, antes de agregar que los equipos de rescate "siguen recuperando" cuerpos tras el hundimiento de una embarcación frente a las costas del país, que podría haber dejado hasta 150 muertos. Así, ha recordado que, en medio de esta situación, "tuvieron lugar al menos tres operaciones de intercepción o rescate en el mar durante la pasada noche, con el desembarco de más de 200 migrantes y refugiados en Trípoli, Al Joms y Zuara".

En este sentido, el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, Filippo Grandi, ha resaltado que el hundimiento del jueves fue "la peor tragedia del año en el Mediterráneo". "Restablecer el rescate en el mar, terminar con la detención de refugiados y migrantes en Libia, incrementar las vías seguras para salir de Libia tienen que tener lugar ahora, antes de que sea demasiado tarde para muchas más personas desesperadas", ha agregado.

Por ello, el organismo ha reclamado a la comunidad internacional que ofrezca "ayuda adicional, incluso a través de plazas de reasentamiento y otras vías legales, para que la gente más vulnerable o en situación de riesgo pueda salir de Libia". Asimismo, ha recalcado que "es necesario reforzar las acciones para detener y llevar ante justicia a los traficantes y tratantes sin escrúpulos que se benefician de la desesperación de la gente y acabar con su modelo de negocio".

Por su parte, Anne-Cecilia Kjaer, coordinadora de enfermería de Médicos Sin Fronteras (MSF) que atendió a las personas rescatadas tras el naufragio, ha manifestado que "no es posible ni imaginar por lo que están pasando estas personas". "No hay palabras para describir su sufrimiento", ha añadido.

Kjaer ha relatado que al llegar al lugar en el que se encontraban las personas que habían logrado llegar a la costa se procedió a identificar los casos críticos, mientras que algunos estaban en estado de shock por lo ocurrido. "Un hombre de Sudán, que literalmente fue sacado del agua, le dijo a nuestro equipo que había visto cómo se ahogaban su esposa e hijos. Parecía horrorizado. Simplemente estaba sentado allí, en estado shock", ha manifestado. "Las personas con las que hablé habían estado en manos de los traficantes durante mucho tiempo y, en general, estaban en mal estado: parecían estar desnutridas y anémicas", ha añadido.

El hundimiento

Los supervivientes detallaron que iniciaron la travesía el miércoles y que el problema se inició con la entrada de agua en el barco a causa de un daño que sufrió durante el recorrido. "Dijeron que estaban a un par de kilómetros de la costa cuando el nivel del agua en el bote aumentó. Mientras continuaban su camino hacia la orilla, el bote comenzó a hundirse. La mayoría de los niños no podían nadar, e incluso aquellos que podían se hundían debido a la fatiga", ha dicho Kjaer.

En este sentido, ha subrayado que la mayoría de las personas a las que prestó atención "experimentaron viajes sumamente espantosos" y "de nuevo, serán puestos en una posición donde corren un riesgo mortal". "Antes de sobrevivir al naufragio, cruzaron el desierto, estuvieron cautivos por los traficantes, se enfrentaron a violencia y torturas. Después vieron cómo se ahogaban sus familiares, y ahora es probable que sean llevados a una prisión, en condiciones horribles, o que desaparezcan sin dejar rastro en un país en guerra donde los refugiados y los migrantes están particularmente expuestos a niveles alarmantes y bien conocidos de abusos", ha denunciado.

"Terrible recordatorio"

La Comisión Europea ha avisado de la urgencia de que los países de la Unión Europea acuerden una solución temporal que permita el desembarco de inmigrantes en Europa tras el "terrible" naufragio frente a las costas de Libia en el que ha muerto hasta 150 personas.

"Es un terrible recordatorio de los riesgos a los que se enfrentan todavía aquellos que emprenden este viaje muy peligroso a Europa. Cada vida perdida es demasiado", ha subrayado en rueda de prensa la portavoz de la Comisión Europea, Natasha Bertaud, preguntada por el nuevo naufragio.

La portavoz comunitaria ha reiterado la necesidad "urgente" de que los gobiernos europeos acuerden una solución "predecible" para hacer posible el desembarco de inmigrantes rescatados en el Mediterráneo y su distribución posterior entre países. "Necesitamos garantizar una mayor predictibilidad para los actores que están haciendo un trabajo crucial para salvar vidas", ha subrayado.

"Nuestro objetivo siempre ha sido impedir que esas vidas se pierdan en el mar y vamos a continuar con los esfuerzos para que estos viajes peligrosos no se produzcan en primer lugar", ha remachado, tras recordar que la UE ha contribuido a salvar 730.000 vidas desde 2015 a través de cuatro misiones en la zona.

El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) ha expresado su pesar por la "desoladora" foto que muestra los cadáveres de un hombre salvadoreño y su hija de casi dos años a orillas del río Bravo y ha asegurado que este tipo de tragedias evidencian el "fracaso" político para hacer frente a los desafíos migratorios.

El fallecimiento de Óscar Alberto Martínez Ramírez y de su hija Valeria, de 23 meses, ha dado la vuelta al mundo por la publicación de la imagen de los dos cadáveres a orillas del río. A falta de esclarecer los detalles, para ACNUR "lo que está claro es que las circunstancias que han llevado a esta tragedia son inaceptables".

El máximo responsable de la agencia, Filippo Grando, ha subrayado que "las muertes de Óscar y Valeria representan un fracaso a la hora de atajar la violencia y la desesperación que empuja a estas personas a emprender peligrosos viajes en busca de una vida segura y digna". Así, sin alternativas para "buscar protección", las personas "no tienen más opción que arriesgar sus vidas".

ACNUR ha reclamado a todos los países de la región que adopten pasos urgentes y coordinados para evitar que se repitan incidentes similares. Asimismo, ha ofrecido su colaboración para mejorar la atención de los solicitantes de asilo a Estados Unidos y atender las "condiciones" en las que se encuentran retenidos en este país, según un comunicado.

Miles de migrantes centroamericanos han marchado en caravana desde el pasado mes de octubre desde el llamado Triángulo Norte –El Savador, Guatemala y Honduras– para atravesar México y llegar a Estados Unidos.

El número de personas que se han visto obligadas a abandonar sus hogares por conflictos, violencia y persecución sigue aumentando en línea con la tendencia que comenzó hace una década y el año 2018 se cerró con un nuevo récord de 70,8 millones, 2,3 millones más que el año anterior debido principalmente a los desplazamientos de etíopes y venezolanos.

En total, hubo 13,6 millones de nuevos desplazados, entre ellos 2,8 millones que buscaron refugio fuera de sus países tanto como refugiados como solicitantes de asilo, según el informe Tendencias Globales publicado por el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR), lo cual se traduce en que unas 37.000 personas tuvieron que abandonar sus hogares al día de media, unas 25,7 cada minuto, una cada dos segundos.

Del total, 41,3 millones no cruzaron las fronteras de sus países, convirtiéndose así en desplazados internos, mientras que otros 25,9 millones son refugiados -incluidos 5,5 millones de refugiados palestinos- y al término del año había 3,5 millones de solicitantes de asilo. Durante 2018, 2,3 millones de desplazados internos y 600.000 refugiados regresaron a sus hogares.

En la actualidad, según ACNUR, una de cada 108 personas en el mundo es un desplazado forzoso, una cifra que contrasta con el ratio de uno de cada 160 de hace una década, cuando había 43,3 millones de desplazados forzosos a nivel mundial.

Nuevo récord de refugiados

Un año más, la cifra de 25,9 millones de refugiados constituye un récord y los que se encuentran bajo el paraguas de ACNUR, 20,4 millones, constituyen casi el doble de los 10,5 millones que había en 2012. En 2018, se produjo un aumento del 2% en consonancia con los últimos siete años. La mitad de los refugiados son niños.

En cuanto al país de origen, Siria sigue a la cabeza de los diez países que más refugiados generan y que en total representan el 82% del total --16,6 millones--. En la actualidad hay 6,7 millones de refugiados sirios en el mundo, el 85% de ellos en los países de la región, siendo Turquía el que más acoge, con 3,62 millones.

Afganistán es el segundo país con más ciudadanos refugiados fuera de sus fronteras, con 2,7 millones, seguido por Sudán del Sur, con 2,3; Birmania, con 1,1 millones, en su mayoría rohingyas acogidos en Bangladesh; Somalia, con casi 950.000; Sudán, con 724.000; República Democrática del Congo (RDC), con algo más de 720.000; República Centroafricana (RCA), con casi 591.000; Eritrea, con algo más de 507.000; y Burundi, con 387.000.

De los diez países que albergan a más refugiados -que en total suman el 84%-, solo uno, Alemania, no es un país en vías de desarrollo. Además, el 33% de los refugiados del mundo se encuentran en algunos de los países menos desarrollados, como es el caso Bangladesh, Sudán o Yemen, pese a que estos países solo representan el 13% de la población mundial. Los países ricos acogen al 16 por ciento.

Como viene ocurriendo desde el inicio de la guerra en Siria en 2011, Turquía es el país con más refugiados en su territorio, 3,7 millones, el 98% de los cuales son sirios. Pakistán, que durante muchos años encabezó el listado, se mantiene segundo, con 1,4 millones de refugiados, casi exclusivamente afganos.

Uganda acoge algo más de 1,65 millones de refugiados, una cifra inferior a la que presentaba en 2017, con 1,35 millones, ya que, aunque siguieron llegando refugiados, principalmente procedentes de Sudán del Sur, se realizó un ejercicio de verificación que redujo el dato. En cuarta posición aparece Sudán, con más de 1 millón de refugiados -un 19% más que en 2017-, mayoritariamente sursudaneses.

Alemania se sitúa en la quinta plaza, con algo más de un millón de refugiados, la mitad de ellos procedentes de Siria. El listado lo completan Irán, con 979.400 refugiados; Líbano, con unos 950.000, casi en su totalidad sirios, y que es el país con más refugiados por habitantes --72 por cada 1.000--; Bangladesh, con algo más de 906.000; Etiopía, con unos 903.000; y Jordania, con 715.000, mayoritariamente sirios.

Por otra parte, ACNUR ha constatado un estancamiento en cuanto a la situación de los refugiados, puesto que 15,9 millones, el 78% de ellos llevan más de 5 años como tales. En 2017 esta cifra era del 66%.

Siguen aumentando los desplazados internos

El número de desplazados internos volvió a aumentar en 2018, hasta situarse en 41,3 millones, frente a los 40 millones que había al término de 2017, lo que da al traste la tendencia a la baja de los años anteriores.

En Colombia, dos años después del acuerdo de paz con las FARC, el número de desplazados internos no solo no se reduce sino que aumentó durante el año pasado hasta situarse en 7,81 millones, casi 120.000 más que en 2017. En Siria, también se produjeron más de 250.000 nuevos desplazamientos, lo que deja el total en unos 6,18 millones.

También se incrementó el número de desplazados en RDC, hasta situarse en 4,51 millones, con las provincias del este del país como las más afectadas, así como en Somalia, donde al término de 2018 había casi 2,65 millones de desplazados -600.000 más debido a la violencia y la inseguridad alimentaria-.

En Etiopía se produjo igualmente un "aumento dramático" en el número de desplazados internos, que pasó de poco más de un millón en 2017 a 2,6 millones al término de 2018 principalmente motivado por la violencia de carácter interétnico. En el caso de Nigeria, el número de desplazados internos aumentó en un 25 por ciento hasta los 2,16 millones.

El listado de los diez países como más desplazados lo completan Yemen, con 2,14 millones; Afganistán, con 2,1 millones; Sudán del Sur, con 1,9 millones; y Sudán, con 1,84 millones. En el caso de Irak, experimentó un fuerte descenso, ya que pasó de 2,6 millones a principios de 2018 a 1,8 millones, por el retorno a sus casas de casi un millón de desplazados.

Las solicitudes de asilo, en aumento

Por otra parte, durante 2018 se registraron 2,1 millones de solicitudes de asilo o de estatus de refugiado en 158 países o territorios, en comparación con los 1,9 millones de un año antes, según ACNUR. De ellas, 1,7 millones fueron solicitudes en primera instancia.

Los venezolanos fueron por primera vez los que más solicitudes de asilo presentaron en el mundo, con 341.800, o lo que es lo mismo, una de cada cinco. El dato contrasta con los 10.200 venezolanos que pidieron asilo fuera del país en 2015. A esta cifra hay que sumar los 2,6 millones de venezolanos que habían abandonado el país al término de 2018, según ACNUR, pero que no han solicitado asilo.

En segundo lugar se sitúan los afganos, con 107.000 solicitudes, seguidos por los sirios, con 106.000 solicitudes -frente a las más de 400.000 presentadas en 201--; los iraquíes, con 72.600; y los congoleños, con 61.100.

En cuanto a los países que más solicitudes recibieron, Estados Unidos se mantiene a la cabeza, con 254.300, si bien por debajo de las 331.700 registradas en 2017. Perú se sitúa en segunda posición por la llegada de solicitantes de asilo venezolanos, con 192.500 solicitudes, y le sigue Alemania, que registró 161.900, en comparación con el récord de 722.400 de 2015.

En cuarta posición está Francia, con 114.500, seguida por Turquía, con 83.800; Brasil, con 80.000; y Grecia, con 65.000. España se sitúa en octava posición, con 55.700 solicitudes, frente a las 31.700 de 2017, y con 20.000 de ellas presentadas por venezolanos. La lista la completan Canadá, con 55.400, e Italia, con 48.900, la mitad que un año antes.

Al término de 2018, había algo más de 3,5 millones de solicitudes de asilo pendientes, un 13% más que el año anterior. Además, 27.600 menores no acompañados pidieron asilo en 60 países.

En 70 países está prohibido tener relaciones consensuadas con personas del mismo sexo; en 11 de ellos se castiga con pena de muerte; en 26 la homosexualidad o transexualidad es sinónimo de hasta diez años de cárcel e incluso de cadena perpetua; en 31 puede llegar a ser penado con hasta ocho años de prisión, mientras que en dos la criminalización es de facto. Así lo refleja el último informe de homofobia de Estado realizado por la asociación ILGA.

Hay otros 32 países que limitan la libertad de expresión de estas personas, entre ellos Rusia o China, que también se encuentran entre los 41 Estados que ponen barreras a las ONG que trabajan con temas de orientación sexual e identidad de género. Pero no todo es negativo. En 123 países pertenecer al colectivo LGTBI no es delito y nueve Estados lo recogen así en su constitución, entre ellos Ecuador, Bolivia, Nepal y Portugal. Aunque no es la panacea. Debemos recordar que aunque en sus países no les persiguen, sí que sufren discriminación por parte de las familias, en el trabajo, escuela o en la calle.

¿La solución? A veces consiste en marcharse de los países que criminalizan la homosexualidad, bisexualidad o trasnsexulidad. Pero el proceso no es nada sencillo. No lo es por varios motivos, entre ellos, por los prejuicios y estereotipos de las autoridades que tienen que decidir si dar o no la condición de refugiado, según explicó José Díaz Lafuente, profesor de Derecho, Relaciones Internacionales y Estudios para el Desarrollo en Universitat de València y exasesor político en la Comisión de Desarrollo del Parlamento Europeo, durante una reciente charla celebrada en la Complutense sobre los derechos de los refugiados LGTBI.Además, las mujeres lesbianas o las bisexuales lo tienen más difícil porque por su orientación sexual no encuentran trabajo y viven de manera muy precaria. También lo tienen muy complicado las mujeres trans ya que suelen entrar en mafias de trata de personas.

Ovil es una chica trans de 22 años que tuvo que huir de su país, Bangladesh, después de que su familia la rechazase. Su historia la recoge la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) a quienes cuenta que, a través de Internet, encontró a alguien que estaba pasando por lo mismo que ella y decidieron huir juntos. Junto con Omar, un joven paquistaní gay, se marchó rumbo a Europa "donde nadie nos mataría", asevera. En Bangladesh pertenecer al colectivo LGTBI supone hasta 10 años de cárcel o cadena perpetua, mientras que en Pakistán la pena de muerte.  

Leyes sobre orientación sexual en el mundo 2019. Ilga.org

Sin embargo, su encuentro tardó en producirse porque Ovil fue secuestrada en Turquía por una mafia. Un tiempo más tarde por fin se vieron por primera vez. Fue en el campamento de Moria, en Lesbos, y a pesar de que allí sufren discriminación Ovil decidió que iba a mostrarse tal como es. Ahora son pareja y el deseo de ambos es llegar a España: "Nos gustaría ir allí porque he escuchado que respetan a las personas LGTBI", relata Ovil. Por el momento su idea no se cumplirá porque al ser de Bangladesh no puede solicitar participar en el proceso de reubicación ya que no entra dentro de los países que "superan una tasa de reconocimiento de protección internacional de un 75% en la media del conjunto de los Estados miembro". Además, Grecia rechazó la petición de asilo de Osman.

Traumas, vergüenza, homofobia interiorizada en un proceso interminable

Antes de que en 2009 la orientación sexual y la identidad de género fuesen reconocidas como motivo para el reconocimiento de la condición de refugiado en el artículo 3 de la ley de asilo española, las personas LGTBI se aferraban a que en la Convención de Ginebra de 1951 se acordó dar refugio a quienes "debido a fundados temores son perseguidos por pertenecer a un determinado grupo social". En aquella convención no pensaron en quienes podían ser perseguidos por su orientación sexual o identidad de género, pero sí que lo hicieron en quienes podrían ser hostigados por motivos de raza, religión y nacionalidad. Encontraron un pequeño resquicio en la propia ley que, al menos, les daba la opción de intentar escapar de su realidad para conseguir vivir en otra en la que las leyes les reconociesen como sujetos de derechos.

Los pasos a seguir para llegar a un país donde la homosexualidad, bisexualidad y transexualidad no estén penadas son muchos y muy diferentes dependiendo del lugar de origen de la persona que pide asilo. Quienes soliciten protección en España tienen que hacerlo, según la información ofrecida por ACNUR, en los puestos fronterizos habilitados de entrada al territorio español, es decir, puertos o aeropuertos internacionales; en la oficina de Asilo y Refugio (OAR) en Madrid o en las oficinas de Policía autorizadas. Quienes se encuentren en CIES, deben ponerlo de manifiesto a la Dirección del centro para que se dé traslado de la petición en la comisaría correspondiente.

También hay que tener en cuenta el Reglamento de Dublín, es decir, la ley europea que establece los criterios para determinar el Estado de la Unión Europea que se responsabiliza de la solicitud de protección internacional. El país que estudia los casos será por el que la persona haya accedido a la Unión. No pueden elegir.

Ovil, refugiada bangladeshí transexual, en Lesbos (Grecia). CEAR

Si el solicitante de asilo lo ha hecho en un paso fronterizo o en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), las autoridades correspondientes estudiarán los casos de manera "rápida". Según la asociación de migrantes y refugiados LGTB Kif Kif –entre iguales– de la Comunidad de Madrid, a través de estas vías se contempla la posibilidad de "inadmitir a trámite" o "denegar" directamente las solicitudes en el plazo de cuatro días y la persona es devuelta a su país de origen. Si por el contrario quienes piden asilo lo hacen en una de las oficinas de Oficina de Asistencia al Refugiado (OAR), deben saber que el proceso se divide en varias fases. En la web de Kif Kif detallan este proceso y aseguran que es extenso en el tiempo, pues conseguir cita en la OAR resulta muy complicado porque puede llevar varios meses. La asociación aconseja preparar la entrevista inicial con la OAR, en donde preguntarán el motivo por el cual la persona pide asilo y esta tendrá que exponer su caso, algo que no les resulta nada agradable. Incluso desde ACNUR apuntan que algunas personas LGTBI necesitan apoyo adicional para relatar sus casos porque pueden presentar traumas, vergüenza, homofobia interiorizada o estar acostumbradas a ocultar su identidad de género.

Puede ser la explicación de que los casos de las personas que llegan a la frontera se resuelvan tan rápido y de manera negativa: no están preparadas mentalmente para contar a un desconocido su situación. En Kif Kif insisten que para que los solicitantes se sientan cómodos y puedan optar al asilo, deben contar con redes de apoyo, ellos mismos se ofrecen, y también con una "correcta orientación y respaldo por parte de los abogados". El expediente es fundamental para la aprobación de la condición de refugiado y si en él no consta la información primordial, puede que las autoridades responsables se inclinen por el no.

Tras la entrevista en la OAR, se supone que en un plazo no superior a un mes se informará si la solicitud ha sido admitida a trámite o no, en caso negativo deben explicar los motivos y el solicitante puede recurrir a la Justicia. Si la respuesta es positiva, las autoridades tienen un plazo de seis meses para estudiar el caso, aunque puede prorrogarse en el tiempo. ACNUR aclara que el procedimiento de asilo en España se encuentra desbordado — el pasado año el Estado español recibió 55.668 peticiones de asilo y sólo concedió 615, según el Ministerio del Interior — y las personas LGTBI lo sufren en particular. Mientras tanto, la OAR tiene que ofrecer documentación a quienes se encuentren en proceso de estudio y en este punto se pueden dar más entrevistas. Finalmente, las autoridades deciden si reconocer o no a una persona como refugiada, en caso de denegación estas también podrán recurrir.

Otro de los problemas que ACNUR pone sobre la mesa es el de la falta de formación de los profesionales que realizan las entrevistas a las personas LGTBI. "En algunos casos las personas que se encargan de realizar la primera entrevista pueden no haber recibido suficiente formación en técnicas de entrevista o en cómo tratar a estas personas y se pueden tomar datos de una forma que no es la más correcta. También en la oficina de asilo se han incorporado funcionarios nuevos que necesitan formación", argumentan desde la agencia.

Para la organización de la ONU queda mucho por hacer y por eso señalan que hay solicitantes de asilo que "pueden estar quedando fuera por un mal análisis de la información del país de origen, un análisis de credibilidad o porque no se hacen segundas entrevistas en profundidad". Sin embargo, consideran importante destacar que las nuevas autoridades y responsables de la oficina de asilo están "muy sensibilizados y receptivos con las personas LGTBI" y que están preparando materiales para "tratar de mejorar el enfoque y el estudio de los casos".

"Con disimulo se ahorrarían la persecución"

El profesor José Díaz Lafuente señalaba en su exposición el "escaso número de resoluciones favorables" y lo relacionaba con los estereotipos y con el denominado criterio de discreción. Es decir, que algunas autoridades deniegan el asilo porque aseguran que si la persona esconde su orientación sexual o identidad de género, puede vivir en su país sin que nadie le persiga. "Por ejemplo, algunos piensan que las personas bisexuales no tienen que optar al asilo porque pueden vivir siendo heterosexuales. Como si el sentir se pudiese controlar", expuso Díaz Lafuente.

La aplicación del criterio de discreción hizo que el Tribunal Justicia Europeo se pronunciase al respecto y sentenciase que vulnera el derecho de asilo. Según Díaz Lafuente, hasta 16 países de la UE aplicaban el criterio de discreción, entre ellos los Países Bajos, que en noviembre de 2013 llegó a preguntar al tribunal europeo si era "razonable esperar que, para evitar ser perseguida, una persona que solicita asilo oculte su homosexualidad en su país de origen". La Justicia europea determinó que no era "legítimo".

Ante la pregunta de si en España se sigue aplicando el criterio de discreción, en ACNUR argumentan que: "en general el enfoque y la actitud de las autoridades españolas es positivo, y el criterio de discreción quedó atrás hace años, aunque no quiere decir que siempre, en todos los casos, se valore adecuadamente la credibilidad".

Otra de las cuestiones que preocupan al profesor es la necesidad de demostrar que son perseguidos para que les concedan el asilo. En el caso de los refugiados LGTBI, hasta el año 2013 era imprescindible que probasen que en sus países eran hostigados, y por este motivo las denegaciones eran sistemáticas. En España para ser refugiado existen condiciones, entre ellas que los solicitantes no hayan cometido un delito, y si ser homosexual o transexual supone un castigo en algunos países, los solicitantes pedían asilo en vano. Además, acudir a unas autoridades que te persiguen para que reconozcan que lo hacen es algo impensable, pero la UE lo exigía.

A pesar de que la ley ya no ordena como requisito la persecución, desde ACNUR afirman que hay una tendencia en los estados —incluida España— a reconocer como refugiados a quienes hayan sido amenazados por sus países. Sin embargo, también indican que pueden solicitar asilo quienes deseen evitar una situación "que entraña un riesgo de persecución y su vida corre peligro".

Pero la prueba es la cuestión más compleja. Y es que algunos Estados han llegado a vulnerar los derechos humanos para cerciorarse de que alguien es homosexual, bisexual o transexual. En 2009, según una noticia recogida en El País, la República Checa sometió a un solicitante de asilo iraní a varias "pruebas" para demostrar su homosexualidad, entre ellas, el test falométrico, es decir, medían el volumen de sangre que fluía por su pene mientras le mostraban películas pornográficas heterosexuales. No era el único país, en Turquía realizaban pruebas de recto anal.

Asimismo, las pruebas que se piden son fotografías o vídeos para comprobar la pertenencia al colectivo LGTBI y si tenemos en cuenta que cuando alguien huye lo hace de forma desesperada y no repara en llevarse consigo imágenes, demostrarlo puede llegar a ser casi imposible. Por eso Díaz Lafuente aboga por la inversión de la prueba: "Si la persona demuestra un relato coherente, a las autoridades les toca demostrar lo contrario".

Los países receptores de migrantes están desaprovechando su potencial por las trabas que se ponen a la hora de reconocer sus titulaciones previas y por la tendencia a ofrecer puestos de trabajo para los que estas personas están sobrecualificadas, según denuncian la Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Fundación Education Above All y el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR).

En el documento Qué desperdicio: garantizar el reconocimiento de las cualificaciones y el aprendizaje previo de los migrantes y refugiados publicado con motivo el Día Internacional del Migrante, se denuncia que más de una tercera parte de los inmigrantes con un alto nivel de educación tienen una cualificación excesiva para su puesto de trabajo, frente a una cuarta parte de los no migrantes.

"Las historias de inmigrantes que son médicos o profesores y que trabajan como taxistas sacan a la luz todo el potencial que se está desperdiciando en todo el mundo", ha subrayado Ita Sheehy, asesora superior sobre educación de ACNUR.

Según los tres organismos, los sistemas de reconocimiento de sus cualificaciones y aprendizaje anterior son inadecuados, a pesar de las necesidades, de ahí el que uno de cada ocho inmigrantes que viven en Europa considera que el hecho de no poder obtener el reconocimiento de sus cualificaciones es el principal problema al que se enfrentan, muy por encima del conocimiento insuficiente del idioma, la discriminación o las restricciones para la obtención del visado.

"Para algunos migrantes y refugiados, los procedimientos para obtener el reconocimiento de sus cualificaciones son tan complejos que no pueden encontrar trabajo en absoluto", ha denunciado Sheehy. "Imaginemos hasta qué punto la sociedad podría ser mejor si estas personas ocuparan puestos que correspondan a sus aptitudes", ha subrayado.

Los migrantes con estudios superiores no ocupan puestos calificados

En este sentido, se calcula que solo el 30% de los migrantes y refugiados que viven en países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y poseen títulos de educación superior obtenidos fuera de Europa y América del Norte ocupan puestos de alta cualificación.

Además, menos del 15% de ellos consideran que su puesto de trabajo está a la altura de su nivel de educación. En el caso concreto de Estados Unidos casi uno de cada cuatro inmigrantes con títulos de educación postsecundaria ocupan puestos de baja cualificación o están desempleados. Según el documento, esto se traduce en un coste anual de 39.000 millones de dólares de salarios no percibidos y 10.200 millones de dólares de impuestos que se pierden.

Las dos agencias de la ONU y la Fundación Education Above All han lamentado que pese a la existencia de numerosas convenciones y leyes creadas para hacer frente a este problema la mayoría se enfrentan a dificultades y no todas se están aplicando.

Por ejemplo, han indicado, en el Convenio de Reconocimiento de Lisboa se pedía a los signatarios que adoptaran medidas para reconocer las cualificaciones de los refugiados que no pueden ser plenamente documentadas, pero hasta 2016 más de dos terceras partes de los firmantes habían adoptado pocas medidas o ninguna, lo que dio lugar a una nueva Recomendación en noviembre de 2017.

Los refugiados se enfrentan a aún más problemas

Como subraya el director del Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo que ha elaborado el documento, Manos Antoninis, "en el caso de los refugiados es aún menos probable que dispongan de pruebas de sus cualificaciones".

"Cuando huyen de un conflicto, llevarse consigo un diploma seguramente no es lo primero en lo que piensan", ha incidido, reclamando que los sistemas sean "más sencillos" y se reduzcan "los obstáculos administrativos que se está pidiendo que superen los refugiados".

Pese a todo, algunos países están adoptando medidas positivas, como es el caso de Alemania que cuenta con una página web sobre el reconocimiento de las cualificaciones, disponible en nueve idiomas, que recibe un millón de visitas al año, o la región belga de Flandes, donde los migrantes están exentos de pagar las tasas de los trámites de reconocimiento, y disponen de un procedimiento adaptado cuando no tienen pruebas de las calificaciones.

Además, varios países, entre ellos Noruega, han colaborado con el Consejo de Europa en la elaboración de un Pasaporte Europeo de Cualificaciones para Refugiados, que actualmente se está implantando en Grecia, Italia, Noruega y Reino Unido y tiene posibilidades de ser utilizado a escala mundial, han destacado los autores del documento.

Pero el problema no solo afecta a los migrantes adultos sino que los niños y los estudiantes también tienen dificultades para ser inscritos en los niveles de educación adecuados sin trámites oficiales. En algunos países como Costa Rica, Irak, Líbano, Sudáfrica, Suecia y Turquía se realizan pruebas de nivel o de conocimientos generales, entrevistas o programas de transición.

Según la directora ejecutiva del programa Educa a un niño de la Fundación Education Above All, Mary Joy Pigozzi, "está previsto que el próximo año se apruebe una nueva convención mundial sobre el reconocimiento de las cualificaciones de la educación superior, redactada por la UNESCO".

"Sin embargo, aunque se está haciendo mucho hincapié en perfeccionar nuestros instrumentos relativos a la educación superior, no debemos olvidar los problemas de reconocimiento que existen en los niveles de la educación primaria y secundaria", ha reclamado.

En este sentido, los autores del documento han reclamado que los mecanismos de reconocimiento de titulaciones incluyan disposiciones dirigidas a migrantes y refugiados, además de ser más sencillos, más flexibles y menos costosos.

Asimismo, apuestan por que se establezcan marcos claros, transparentes y coherentes para reconocer el aprendizaje previo, y que se aumente la difusión de los procedimientos de reconocimiento existentes. También reclaman que se evalúen los conocimientos y las competencias de los niños para inscribirlos en los niveles adecuados unas semanas después de su llegada, como máximo.

El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (Acnur) ha alertado de un descenso en el dinero que la comunidad internacional dedica a la atención de desplazados y refugiados en todo el mundo, hasta el punto de que la organización solo prevé recaudar este año poco más de la mitad de los fondos que ha solicitado para cubrir sus programas, informa Europa Press.

A nivel mundial, la ONU estima que 68,5 millones de personas han tenido que abandonar sus hogares, una cifra sin precedentes y que añade tanto presión política como económica. Acnur ha advertido de que, mientras el número de desplazados y refugiados no deja de aumentar, los fondos de los donantes caen cada vez más.

La agencia prevé que la financiación caiga este año al 55% de los 8.200 millones de dólares (unos 7.100 millones de euros) necesarios. El dato representa un nuevo descenso en relación a años anteriores, ya que en 2017 se logró recaudar el 56,6% de los fondos requeridos y en 2016 la proporción alcanzó el 58%, según datos del Servicio de Relación con Donantes y Movilización de Recursos de Acnur.

La organización ha subrayado que estas carencias están afectando ya a las personas refugiadas y desplazadas, en la medida en que se ha detectado ya "incremento de los casos de malnutrición, saturación de instalaciones médicas, deterioro de viviendas y refugios, hacinamiento de los niños y niñas en las aulas y descenso de matriculación escolar". También aumentan los riesgos para la protección debido a la escasez de personal para atender a los menores no acompañados o víctimas de violencia sexual.

Acnur ha expresado su especial preocupación por crisis concretas como la de Burundi, para la cual sólo se han recibido un 28% de los 206 millones de dólares que hacen falta. El impacto sobre las 400.000 personas refugiadas en países vecinos es "grave", ha advertido en un comunicado en el que ha alertado de la reducción de las raciones de comida, el mal estado de instalaciones clave o la congelación del programa de asistencia económica en efectivo.

Las carencias se repiten en el caso de la crisis de República Democrática del Congo (RDC), en el marco de la cual se ha obtenido únicamente un 3% de los 369 millones de dólares solicitados por Acnur y sus socios, mientras que en el caso de Afganistán, los 304 millones de dólares están financiados solo al 32%.

La tónica se repite en Sudán del Sur (33% de 783 millones de dólares), Siria (35% de 1.968 millones de dólares) y Somalia (37% de 522 millones de dólares), según los datos de Acnur, que agradece especialmente la colaboración de los donantes que no destinan dinero a crisis concretas sino que permiten a la organización redirigirlo allí donde más se necesite.

El número de migrantes y refugiados que han llegado a Europa por mar o por tierra en los siete primeros meses del año se ha reducido considerablemente pero no ha ocurrido lo mismo con el número de muertos, que ha aumentado, según ha denunciado este lunes el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR), ha informado Europa Press.

España ha pasado a convertirse en el principal país de entrada seguido por Grecia y con Italia, hasta hace unos meses a la cabeza, como tercer país de recepción. Hasta finales de julio, España había recibido 27.600 llegadas por mar y tierra, frente a las 26.000 de Grecia –igualmente por mar y tierra– y las 18.500 de Italia.

Sin embargo, según ha subrayado ACNUR, tres años después de que la imagen del niño sirio Aylan Kurdi en una playa de Turquía tras el naufragio del barco en el que trataba de llegar a Grecia estremeciera al mundo, la travesía del Mediterráneo se ha vuelto "aún más letal" que entonces, en plena ola migratoria.

Así, 1.600 personas han muerto o desaparecido mientras trataban desesperadamente de llegar a Europa, 1.500 de ellas en aguas del Mediterráneo, según los datos recogidos en el informe 'Travesías desesperadas'.

En el Mediterráneo Central, en la ruta que lleva a Italia, se produjo una muerte o desaparición por cada 18 personas que cruzaron a Europa entre enero y julio de este año, por encima de la tasa de un muerto por cada 42 llegadas de este mismo periodo en 2017. Y ello pese a que, según ACNUR, las llegadas han caído en un 81% en los siete primeros meses del año. En 2017 hubo 95.200 llegadas hasta julio.

En cuanto a la ruta hacia España, hasta julio se han registrado 318 fallecidos, frente a los 113 del mismo periodo del año pasado. En total, 212 personas perdieron la vida en su intento por llegar a España en todo 2017. No obstante, el número de muertos ha ido en consonancia con el incremento de las llegadas, de un 130% en los primeros siete meses. Del total de 27.600 llegadas, 23.800 han sido por mar y 3.800 por tierra.

También han aumentado los muertos en la ruta hacia Grecia. En este caso, se han contabilizado 99 fallecidos en el periodo analizado, frente a los 38 de 2017. Las llegadas a Grecia también han experimentado una fuerte subida, del 88%, hasta alcanzar las 26.000 en total –16.200 por mar y 9.800 por tierra–.

"Este informe confirma que el Mediterráneo es uno de los puntos marítimos de cruce más letales del mundo", ha subrayado la directora de la Oficina de ACNUR en Europa, Pascale Moreau. "Con la caída del número de llegadas a las costas europeas, ya no se trata de si Europa puede hacer frente a las cifras, sino de si puede demostrar humanidad suficiente para salvar vidas", ha añadido.

ACNUR, junto a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), ha estado pidiendo en estos últimos meses que se establezca un enfoque regional predecible para gestionar las labores de rescate y desembarco de personas en peligro en el mar Mediterráneo.

Incremento de las vías legales y seguras

Asimismo, la agencia de la ONU también insta a Europa a que incremente las vías legales y seguras de entrada para refugiados, incluyendo el aumento de las plazas de reasentamiento y la eliminación de obstáculos a la reunificación familiar, proporcionando así de alternativas a estas peligrosas travesías.

Por otra parte, el informe también describe los peligros que enfrentan los refugiados en las rutas terrestres hacia Europa e incluso en ocasiones dentro de Europa, resaltando la elevada proporción de personas que, habiendo cruzado desde Libia, han sufrido algún tipo de abuso.

Así las cosas, el informe hace un llamamiento a los estados para que faciliten acceso a los procedimientos de asilo a quienes piden protección internacional y a que refuercen los mecanismos para proteger a los niños y niñas que viajan solos en busca de asilo. Estos suponen el 81% del total de menores llegados a Italia hasta julio, casi 3.000.

La representante de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en España, Francesca Friz-Prguda, ha apuntado este jueves 16 de agosto que la narrativa del líder del PP, Pablo Casado, sobre inmigración "no es correcta" ni "se corresponde con la realidad". Según ella, ni hay "millones" de migrantes intentando llegar a España ni existe una "avalancha" de pateras hacia las costas europeas.

Friz-Prguda ha destacado que las cifras de llegadas marítimas a España asciende a 27.000 y ha agregado que "eso no son millones". Además, ha destacado que las llegadas a Europa por mar han disminuido de manera "significativa". "Esto contrasta con las palabras de políticos en Europa que hablan de avalancha", ha dicho en una entrevista en Cadena Ser recogida por Europa Press.

"No se corresponde con una realidad que observamos con cautela", ha puntualizado la representante de ACNUR España, que ha expresado su "preocupación" por "cualquier discurso que se aleje de la realidad" y que "busque un enemigo" en los migrantes. "Cualquier demonización de estas personas nos preocupa enormemente", ha apostillado, al tiempo que ha apelado a "la responsabilidad" de los políticos.

En este sentido, ha revelado que ACNUR España ha solicitado una reunión con los líderes del PP y de Ciudadanos, "una invitación que sigue en pie", según ha incidido.

La representante de ACNUR España ha subrayado que la tendencia de las llegadas a España por la ruta del Mediterráneo occidental "claramente ha sido en aumento" en los últimos 18 meses, al tiempo que ha afirmado que con el buen tiempo "es muy probable" que sigan incrementándose.

Así, Friz-Prguda ha destacado el "déficit" del sistema de asilo, la falta un "protocolo estandarizado" sobre la acogida de los refugiados. En esta línea, ha reclamado infraestructuras y recursos ante el incremento de llegadas a España.

No obstante, ha hecho hincapié en que la política narrativa del Gobierno de Pedro Sánchez "es bastante positiva", al tiempo que ha saludado que España haya "intentado favorecer" y "se haya involucrado" en cerrar un pacto entre los países europeos ante la situación en la que hace unos días se encontraba en Aquarius, a la deriva con 141 inmigrantes y refugiados a bordo.

"Nunca deberíamos haber llegado a una situación de personas navegando en alta mar sin poder desembarcar en puerto más cercano y seguro", ha afirmado.

Por otro lado, no ha valorado la decisión del Gobierno de mantener el recurso del anterior Ejecutivo contra la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH) que condenó a España a indemnizar con 10.000 euros a dos personas que fueron devueltas a Marruecos tras entrar en España a través de la valla de Melilla, al considerar que se produjo una expulsión colectiva contraria a la Convención Europea de los Derechos Humanos.

En cualquier caso, ha recalcado que ACNUR, al igual que otros organismos internacionales, consideran que las devoluciones sumarias en las fronteras "no están acorde a la legislación internacional ni europea".

"Pensamos que hay soluciones mejores de las devoluciones automáticas", ha remarcado. En esta misma línea se ha pronunciado sobre las concertinas en las vallas de Ceuta y Melilla, ya que cree que "hay que combinar la necesidad de proteger la fronteras con la de proteger a las personas".

Del total de refugiados que había a finales de 2017, el 52 por ciento eran menores de 18 años, una cifra similar a la de los últimos años pero que supone un claro aumento desde 2009, cuando los niños refugiados eran el 41 por ciento, según los últimos datos publicados por el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) en sus Tendencias Globales.

En el caso del África Subsahariana, es la región que tiene una mayor proporción de menores entre sus comunidades de refugiados. Así, en Burkina Faso, Chad, Congo, República Democrática del Congo (RDC), Sudán del Sur y Uganda más del 60 por ciento de los refugiados que albergaban a finales de 2017 eran menores de edad. Mientras, en Bosnia y Herzegovina los niños solo suponen el 6 por ciento de los refugiados.

Vista parcial del campamento de refugiados sirio Al-Basma en la zona Deir Zanoun del valle Bekaa, Líbano.  | EFE

Los niños suponen el 51 por ciento de los refugiados que hay en toda África, el 50 por ciento de los que hay en Asia y el Pacífico, pero solo el 29 por ciento en Europa y el 20 por ciento en las Américas.

Por otra parte, el 45 por ciento del total de refugiados están en edad laboral —de 18 a 59 años—, una proporción que no ha variado con respecto a 2016, mientras que los refugiados mayores de 60 años han disminuido ligeramente hasta situarse en el 3 por ciento.

En cuanto al sexo de los refugiados, la falta de datos desagregados en la materia impide tener una panorámica real de quiénes son estas personas, aunque cada vez son más los países que ofrecen este tipo de información.

Según los datos disponibles, también hay una clara disparidad por regiones. Así, por ejemplo, en Europa solo el 39 por ciento de los refugiados son mujeres mientras que en África suponen el 51 por ciento del total y en Oriente Próximo y el Norte de África representan el 50 por ciento. En Asia y Pacífico son el 48 por ciento y en las Américas son el 47 por ciento.

Refugiados venezolanos en la plaza Simón Bolívar en la ciudad de Boa Vista, capital del estado de Roraima (Brasil). | EFE

Refugiados cada vez por más tiempo

Por otra parte, el tiempo que los refugiados llevan viviendo fuera de sus países de origen cada vez parece dilatarse más en el tiempo. De acuerdo con ACNUR, al término de 2017 había 13,4 millones de refugiados, es decir, casi dos tercios del total viviendo en situaciones de refugio consideradas enconadas —más de 25.000 refugiados de la misma nacionalidad en el exilio durante 5 años o más—.

De ellos, 3 millones llevan viviendo como refugiados 38 o más años, de los que los afganos en Irán y Pakistán suponen 2,3 millones. Otros 6,9 millones llevan entre cinco y nueve años viviendo refugiados en otros países, de los que 5,4 millones son sirios, mientras que 3,5 millones de refugiados están en esa situación desde hace entre 10 y 37 años.

Niños del campamento improvisado de Fafin para las familias desplazadas del distrito de Afrin, Siria. | Unicef

Los refugiados prefieren vivir en las ciudades, si bien el porcentaje de quienes vivían en zonas urbanas cayó al 58 por ciento en 2017 frente al 60 por ciento de un año antes. Además, prefieren vivir en alojamientos individuales que en campos para refugiados. Así, el 61 por ciento vivían de este modo —cifra que llega al 90 por ciento entre los refugiados sirios—, mientras que en el caso de los refugiados rohingya o congoleños, residen principalmente en campos específicos.

Países de origen

Las guerras y la violencia parecen ser el principal motivo para huir, habida cuenta de que los diez principales países de origen solo en dos de ellos no hay un conflicto propiamente dicho, Eritrea (con 486.000) y Burundi (con 439.000). En el caso del primero, la falta de libertades y la represión de la disidencia empujan cada año a miles de eritreos a huir del país, mientras que en el segundo la crisis política que arrancó en 2015 por la decisión del presidente, Pierre Nkurunziza, de optar a un tercer mandato generó la persecución de la oposición y un éxodo de refugiados.

Estos dos países cierran una lista que abre, un año más, Siria, con más de 6,3 millones, casi un tercio del total y un 14 por ciento más que un año antes. Le siguen Afganistán, con 2,6 millones, y Sudán del Sur, donde el conflicto que comenzó a finales de 2013 deja ya 2,4 millones de refugiados, un millón más que un año antes.

La primera y poderosa lluvia monzónica empapa el campo de refugiados de Shamlapur Rohinya. | Unicef

Birmania ha entrado en el top 10 debido al éxodo masivo de rohingyas a raíz de la represión de las fuerzas de seguridad tras una ola de ataques en el estado de Rajine, con un total de 1,2 millones de refugiados, casi un millón de ellos en el vecino Bangladesh.

La lista de los diez principales países de origen la completan Somalia (con 986.400), Sudán (con 650.400), República Democrática del Congo (con 620.800) y República Centroafricana (con 545.500). En total los refugiados procedentes de estos diez países suponen el 82 por ciento del total bajo mandato de ACNUR —lo que deja fuera a los 5,4 millones de refugiados palestinos—y los cinco primeros aglutinan más de las dos terceras partes.

Entrada del campamento de refugiados palestinos de Aida, ubicado entre los municipios de Belén, Beit Jala y Jerusalén, y parcialmente rodeado por el muro de separación israelí. | EFE

Países de acogida

El 85 por ciento de los 25,4 millones de refugiados viven en países en desarrollo, entre los que figuran nueve de los diez principales países de acogida. La única excepción es Alemania, que se sitúa en sexta posición con 970.400 refugiados, un 45 por ciento más que un año antes.

Como en años anteriores, el podio de la lista lo ocupan Turquía con 3,5 millones de refugiados —un 21 por ciento más que en 2016—, de los que 3,4 millones son sirios; Pakistán, con 1,4 millones de refugiados, y Uganda, con 1,4 millones. Líbano es el cuarto país de la lista, con casi un millón de sirios, seguido por Irán, con 979.000 refugiados, mayoritariamente afganos.

En el caso de Bangladesh, séptimo en la lista, el número de refugiados en su territorio se triplicó debido a la llegada masiva desde finales de agosto de 655.000 rohinya, hasta situarse en 906.000 a finales de año. La completan Sudán (con 906.000, el doble que en 2016), Etiopía (con 889.400) y Jordania (con 691.000).

Situación de los refugiados en Europa. | EFE

¿Qué soluciones hay para los refugiados? 

Evidentemente, la mejor solución para aquellos que han tenido que huir de su país es poder regresar, una vez la situación que les empujó a escapar se ha resuelto. En 2017, fueron 667.400 quienes volvieron a sus países, según ACNUR, que defiende que dichos retornos deben ser siempre voluntarios e informados y nunca impuestos a los refugiados.

Por otra parte, aunque según las estimaciones de la ONU habría unos 1,2 millones de refugiados que necesitarían ser reasentados del país en el que se encuentran a otro, si embargo solo 102.800 lo consiguieron en 2017, un 46 por ciento menos que en 2016. De ellos, 33.400 fueron reasentados en Estados Unidos —un 65 por ciento menos—, 26.600 en Canadá, 15.100 en Australia, 6.200 en Reino Unidos y 3.400 en Suecia.

Aún más improbable que el reasentamiento es la naturalización de los refugiados como ciudadanos del país de acogida. En total, en 2017 hubo 73.400 naturalizaciones en 28 países, un aumento considerable frente a las 23.000 de 2016. Canadá fue el país que más refugiados nacionalizó, con 10.500, aunque muy por debajo de los 25.900 de 2015.

Unas 44.000 personas se vieron obligadas a abandonar sus casas a la fuerza cada hora en 2017, más de 30 al minuto, una cada dos segundos. Los motivos que les empujaron a ello, las guerras, la violencia y la persecución en sus países. Estos datos, publicados este martes por el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (Acnur), sitúa la cifra de desplazados forzosos en el mundo en 68,5 millones, una cifra récord y que supone un aumento del 50% con respecto a hace diez años, según informó Europa Press.

En total, en 2017 hubo 16,2 millones de nuevos desplazados, de los que 11,8 millones buscaron refugio en otros países y 4,4 millones optaron por quedarse dentro de las fronteras del propio, según el último informe de Tendencias Globales publicado este martes por la agencia de la ONU. La tasa de desplazamiento fue superior a la de 2014, cuando hubo 42.500 desplazados a la hora.

Como consecuencia de estos nuevos desplazamientos y del retorno a sus lugares de origen de casi 5 millones –4,2 desplazados internos y 667.000 refugiados–, Acnur estima que actualmente hay en el mundo 25,4 millones de refugiados –incluidos 5,4 millones de refugiados palestinos–, 40 millones de desplazados internos y 3,1 millones de solicitantes de asilo.

El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, Filippo Grandi, subrayó que estamos "en un punto de inflexión y para que la gestión del desplazamiento en el mundo tenga éxito es necesario un nuevo enfoque mucho más integral, que no deje solos a los países y a las comunidades frente a estas situaciones".

En este sentido, hizo un llamamiento a todos los países a que apoyen el nuevo Pacto Mundial sobre Refugiados que está previsto que sea adoptado en la Asamblea General de la ONU el próximo septiembre porque "nadie se convierte en refugiado por elección, pero cada uno de nosotros sí podemos elegir cómo ayudar", sostuvo.

25,4 millones de refugiados

La cifra de 25,4 millones de refugiados es la más alta hasta la fecha y supone 2,9 millones más que los que había a finales de 2016, como consecuencia de que durante el año unos 2,7 millones de personas se registraron como refugiadas, un dato próximo al récord registrado en 2014.

Siria sigue siendo el país que más refugiados generó debido a los más de siete años de guerra civil, con más de 6,3 millones, casi un tercio del total y un 14% más que un año antes. Le sigue Afganistán, donde la población refugiada aumentó un 5% y se situó en 2,6 millones, aunque en este caso el crecimiento viene motivado por nacimientos y la concesión de asilo en Alemania.

En tercer lugar se sitúa Sudán del Sur, donde el conflicto que comenzó a finales de 2013 deja ya 2,4 millones de refugiados, un millón más que un año antes. Birmania entró en el top 10 debido al éxodo masivo de rohingyas a raíz de la represión de las fuerzas de seguridad tras una ola de ataques en el estado de Rajine, con un total de 1,2 millones de refugiados, casi un millón de ellos en el vecino Bangladesh.

La lista de los diez principales países de origen la completan Somalia (con 986.400), Sudán (con 650.400), República Democrática del Congo (con 620.800), República Centroafricana (con 545.500), Eritrea (con 486.200) y Burundi (con 430.300). En total los refugiados procedentes de estos diez países suponen el 82% del total bajo mandato de Acnur y los cinco primeros aglutinan más de las dos terceras partes.

El 85% acogidos en países en desarrollo

En cuanto a los países de acogida, el 85% encontró refugio en países de regiones en desarrollo, entre ellos nueve de los diez primeros países en la lista. Una lista que encabeza un año más Turquía, con 3,5 millones de refugiados, un 21% más que en 2016, de los que 3,4 millones son sirios.

Pakistán se sitúa en segundo lugar, con 1,4 millones de refugiados, y le sigue Uganda, con 1,4 millones al término de 2017 debido a un incremento del 44% en las llegadas de refugiados a su territorio, principalmente sursudaneses. Líbano es el cuarto país de la lista, con casi un millón, seguido por Irán, con 979.000 refugiados, mayoritariamente afganos.

Alemania es el único dentro del top 10 que es un país desarrollado. A finales de 2017 acogía a 970.400 refugiados, un 45% más que un año antes debido a las decisiones favorables en las solicitudes de asilo presentadas y la llegada de refugiados reasentados.

En el caso de Bangladesh, el número de refugiados en su territorio se triplicó debido a la llegada masiva desde finales de agosto de 655.000 rohingya, hasta situarse en 906.000 a finales de año. Completan el listado Sudán (con 906.000, el doble que en 2016), Etiopía (con 889.400) y Jordania (con 691.000).

40 millones de desplazados internos

Por otra parte, los abusos de los Derechos Humanos, los conflictos y la violencia provocaron que 40 millones de personas se vean desplazadas dentro de sus países, una cifra que se reduce por tercer año consecutivo –40,3 millones en 2016, 40,8 millones en 2015– pero que enmascara, según Acnur, que en 2017 se produjeron desplazamientos a gran escala en algunos países como República Democrática del Congo.

Pese al acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC, Colombia sigue siendo el país con más desplazados internos, con 7,7 millones y unos 250.000 más que a principios de año. A continuación se sitúa Siria, con 6,2 millones, unos 100.000 menos en total en un año en el que hubo 2,9 millones de nuevos desplazados y casi 600.000 retornados a sus casas.

En el caso de República Democrática del Congo, 2017 terminó con 4,4 millones de desplazados internos, el doble de los 2,2 millones que había al término de 2016, mientras que en Irak la cifra de desplazados se redujo en casi un millón hasta situarse en 2,6 millones.

La lista de los países con más de un millón de desplazados internos la completan: Somalia (con 2,1 millones, más de medio millón más), Yemen (2 millones), Sudán (2 millones), Sudán del Sur (1,9 millones), Afganistán (1,8 millones), Ucrania (1,8 millones), Nigeria (1,7 millones) y Etiopía (1,1 millones).

Solicitantes de asilo

En 2017, hubo 1,9 millones de solicitudes de asilo presentadas en países o ante Acnur, lo que supone una caída con respecto a los 2,2 millones de 2016 y los 2,5 millones de un año antes. Además, la agencia de la ONU estima que al finalizar 2017 había en el mundo 3,1 millones de personas a la espera de que se resolviera su solicitud de asilo.

Estados Unidos fue, por primera vez desde 2012, el país que más nuevas solicitudes recibió (331.700), un 27% más que en 2016 y casi el doble que en 2015 (172.700). Según Acnur, se mantuvo la tendencia en el aumento de solicitantes de asilo del norte de Centroamérica, que supusieron el 43% del total y un 44% más hasta alcanzar datos no registrados desde los años 1980.

Le sigue Alemania, donde hubo un 73% menos de solicitudes que en 2016 –198.300 frente a 722.400–, y donde sirios, iraquíes y afganos fueron los principales países de procedencia. En el caso de Italia, recibió 126.500 solicitudes de asilo que coparon nigerianos, bangladeshíes y paquistaníes.

Por primera vez desde 2013, Siria no fue el primer país de origen de los nuevos solicitantes de asilo, sino Afganistán, con 124.900 solicitudes presentadas por sus ciudadanos en 80 países, frente a las 237.800 de 2016. Le siguen Siria (117.100 solicitudes), Irak (con 113.500), Venezuela (con 116.600 frente a los 34.200 de 2016) y RDC (con 104.700).

La representante en España del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), Francesca Friz-Prguda, considera que "hay que empezar a gestionar" la llegada irregular de inmigrantes y refugiados a las costas españolas, "estandarizarlas y protocolizarlas" a través de un Plan Nacional. "Mucha gente con necesidad de protección está internada en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y eso es absolutamente ilegal", sostiene.

En una entrevista con Europa Press, la portavoz ha reclamado una mejora de la primera acogida y asistencia de las personas que llegan a las costas españolas. El año 2017 fue un año récord en llegada de pateras a España: 22.103 personas en 1.280 embarcaciones de acuerdo a los datos oficiales del Ministerio del Interior, que cifra en 8.162 las personas que han alcanzado el país en los cinco primeros meses de 2018, casi el doble que las que lo había logrado en el mismo periodo del año pasado.

En este contexto, Friz-Prguda ha afirmado que su "primer deseo" ante la nueva etapa de Gobierno liderada por Pedro Sánchez es reconocer que este fenómeno está aumentando para gestionarlo y "enfrentarse a él". Según ha incidido, este es el reto "más agudo y urgente". A su juicio, "lo más importante y clave" es identificar a las personas que llegan "con la mayor brevedad posible" para así poder derivar al canal de asilo "inmediatamente" a todos los que puedan ser beneficiarios de protección internacional.

"Nada de esto existe, hay métodos ad hoc –ha apuntado–. Mucha gente con necesidad de protección está internada en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y eso es absolutamente ilegal". En este sentido, ha señalado que Acnur dispone de un catálogo con propuestas para la identificación de los migrantes que llegan a España, al tiempo que ha dicho esperar que el Gobierno "lo ponga encima de la mesa".

"Estaremos felices de discutirlo y estaremos felices de ponerlo en marcha a la mayor brevedad", sostiene, para después mencionar la posibilidad de lanzar un proyecto piloto en Algeciras, donde se establecería un punto central y un equipo disciplinar encargado de acometer la identificación y posterior derivación de las personas que entran.

"Revisar y modernizar" el sistema de asilo

Por otro lado, la responsable de Acnur en España ha abogado por "modernizar, revisar y equipar con recursos" el sistema de asilo ante el aumento de la demanda. Este sistema, según ha incidido, está "colapsado". El año 2017 terminó con más de 30.000 expedientes pendientes de resolver, según datos oficiales.

Su tercer deseo, según ha explicado, es que el Ejecutivo "entienda lo que significa la responsabilidad colectiva de proteger a los refugiados del mundo" a través de un bueno sistema de integración. "España es un gran país, con una sociedad muy acogedora y muy solidaria", ha manifestado.

En su opinión, España debe expresar esta solidaridad, y una de las vías es facilitando los traslados "regulares y organizados" de refugiados, teniendo en cuenta que hay países de primera acogida como Líbano, Jordania, Turquía, Uganda o Chad que "están totalmente desbordados". "Muchos países hacen muchísimo, pero ya no pueden hacer más", ha recalcado, insistiendo en que su acogida es una responsabilidad "colectiva y global".

Como punto de partida, cree que el nuevo Gobierno debe liderar la "eficacia y capacidad" del programa de reasentamiento de refugiados y, a través del Ministerio de Administraciones Públicas, fomentarse en "enlace" entre el Estado centras y las comunidades autónomas y ayuntamientos "que quieren acoger" a refugiados.

España "quiere y puede" acoger

En este sentido, matiza que existe programas específicos de acogida que impulsan números "modestos" de personas acogidas, pero que "permitirían que esta solidaridad que se ha expresado millones de veces por parte de la ciudadanía se satisfaga".

"Se puede hacer mucho más y se debe hacer mucho más", ha remarcado Friz-Prguda en varias ocasiones. Para la responsable de Acnur, este Ejecutivo tiene la "oportunidad" de "lucirse" y sacar adelante un programa en materia de inmigración "con orgullo".

"No mucha gente sabe lo solidaria y generosa que es la gente española, hay que demostrarlo", ha defendido, desde el convencimiento de que España "quiere y puede" acoger y proteger a los refugiados "con la determinación y liderazgo de su Gobierno. "Si no es aquí, ¿dónde? y si no es ahora, ¿cuándo?", cuestiona.

Desde Acnur sostienen que es indispensable gestionar los retos existentes en materia de refugio y asilo cumpliendo la legalidad, pero también "de forma humana, eficaz y rápida". "Tiene que haber una respuesta a tiempo cuando la gente lo necesite", ha subrayado Friz-Prguda.

"Esperanzada" con el nuevo Gobierno

La portavoz ve "positivo" que el nuevo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una de sus primeras intervenciones públicas tras tomar posesión hiciese una mención directa a la solidaridad con los refugiados como uno de los "desafíos de España del siglo XXI". También destaca la recuperación de una Secretaría de Estado de Migraciones. "Este Gobierno se interesa por el asunto y quiere visibilizar el gran reto de las migraciones", ha agregado.

En cualquier caso, ofrece el asesoramiento y experiencia de Acnur en esta materia. "La responsabilidad de proteger a los refugiados es del Gobierno, y la de Acnur es apoyar a los Gobiernos para que lo hagan bien", ha destacado. Friz-Prguda se muestra convencida de que a través del diálogo y "trabajando codo con codo" se encontrará "el mejor método" para gestionar las llegadas de refugiados desde un enfoque basado en "la oportunidad" que suponen para un país con una demografía negativa.