Migrantes

El Comité de derechos del niño de la ONU insiste en la importancia de comprobar la edad para garantizar protección a los menores.

Así lo recrimina el Ministerio Público en la Memoria Anual correspondiente al año 2019 que hace una radiografía de la criminalidad en la región.

12.000 personas han tenido que ser evacuadas del centro de internamiento de Moria y se hallan en pésimas condiciones.

Las autoridades italianas llevaron a cabo una inspección de once horas el sábado: "Se nos acusa de salvar 'sistemáticamente' a personas, se nos critica por tener demasiados chalecos salvavidas a bordo y se cuestiona el sistema de saneamiento".

El campamento tiene capacidad para cerca de 3.000 personas, lo que implica que la mayoría de personas afectadas por el incendio se quedará sin alojamiento.

Más de 12.000 personas han tenido que dormir a la intemperie desde que el fuego arrasara las tiendas donde estaban instaladas.

Estos chicos y chicas son víctimas de un sistema inmisericorde y, como dijo hace poco la diputada Teresa Rodríguez en el Parlamento andaluz, no hay cosa más miserable que agredir a los niños, a los débiles.

Condenan la situación de "explotación, hacinamiento e insalubridad" en la que se encuentran los trabajadores más precarios, en su mayoría migrantes.

Los morados piden también apoyo a los grupos parlamentarios para otorgar a nacionalidad a aquellos que prestaron servicios esenciales durante la pandemia.

El Servicio Jesuita a Migrantes denuncia la falta de transparencia por parte del Gobierno durante el estado de alarma a la hora de facilitarles los datos.

Durante el estado de alarma, Canarias acumuló el 60% de las llegadas en patera a nuestro país

En 2019 España recibió 118.264 solicitudes de protección internacional, mientras que un año antes la cifra fue de 55.749.

Como personas que llegan del extranjero, los migrantes irregulares llegados en patera deben guardar 14 días de cuarentena, aunque el Gobierno todavía trabaja en el protocolo específico para establecer de qué manera.

Cerca de 140.000 personas se han inscrito en las bolsas de empleo de las organizaciones agrarias para recolectar fruta y hortalizas. Buena parte de ellas proceden de Madrid y de los sectores de la hostelería y el comercio. Deberían sustituir a los jornaleros extranjeros que no han podido entrar en España por el cierre de fronteras.

Las alrededor de 600 mil personas sin papeles que viven en España no tienen acceso a las ayudas aprobadas por el Gobierno para paliar las consecuencias de la crisis económica derivada de la sanitaria que ha provocado el covid-19.