Cientos de ganaderos dedicados a la leche denuncian desde hace dos semanas una bajada brutal de los precios a los que les compran el producto las grandes marcas de leche. Un porcentaje importante del sector, que algunos cifran en alrededor del 40% de los profesionales, tenían que negociar en marzo un nuevo precio al que vender durante el siguiente trimestre, y se encontraron con propuestas hasta un 20% inferiores respecto al periodo anterior. El sector primario denuncia que no puede rechazar las malas ofertas porque la alternativa es tirar la leche, mientras que la industria contesta que han tenido que ajustar precios porque en España se estaba pagando el litro muy por encima del resto de Europa.

Según Charo Arredondo, responsable de lácteos en la organización agraria COAG, el golpe ha sido sobrevenido porque, en algunos casos, la propuesta ha llegado con menos de una semana de margen antes del vencimiento del contrato de marzo. Sabían que el mercado europeo llevaba meses de precios a la baja y que terminarían llegando a España, pero que no esperaban recibir ofertas que rebajaban entre 5 y 10 céntimos el acuerdo anterior con solo unos días para aceptarlas o rechazarlas.

"No tenemos alternativa porque el producto es perecedero. Un grupo de productores de aquí de Cantabria se negó a ceder, y terminaron haciéndolo a las 23.55 horas del 31 de marzo porque habrían tenido que deshacerse de la producción. Y la industria no cedió en ningún momento porque sabían que tenían todo el poder para negociar", dice la portavoz, que también es ganadera. Sobre el precio de la leche en el supermercado, Arredondo explica que no han notado cambios en las últimas semanas, ni hacia arriba ni hacia abajo, pese a que ahora ellos venden más barato.

Entre las marcas citadas por los profesionales afectados están todas las grandes que se pueden encontrar en el supermercado: Central Lechera Asturiana, Pascual, Lactalis (RAM, Lauki, Puleva) o Celta, entre otras. Estas empresas compran la materia prima a pequeños, medianos y grandes ganaderos, a veces agrupados en cooperativas, y después de tratarla y envasarla con su marca, la ofrecen a las grandes superficies, que también realizan una enorme presión hacia los eslabones inferiores de la cadena para mantener el precio a raya (con el litro de leche siempre a entre 0,90 euros y 1,30 euros) y no espantar al consumidor. 

En la base de esa pirámide, el producto se vende a aproximadamente 0,50 euros el litro de leche, con unos céntimos arriba o abajo en función de la producción interna y del mercado internacional. En este caso, en el mes de febrero –el último dato del Ministerio de Agricultura y antes de las nuevas ofertas que han desatado la polémica– la leche se pagó al ganadero de media a 0,54 céntimos/litro en España. 

Los recortes en las ofertas de abril varían por comunidad autónoma y por marca, pero van desde los 2 o 3 céntimos/litro en País Vasco hasta los 7 céntimos, o incluso 10 céntimos, en Galicia, según José Ramón González, responsable de Ganadería en la organización agrícola UPA. De las grandes regiones productoras españolas, Asturias es en la que más justas habrían sido esas negociaciones, añade González. Estos datos de precios no son oficiales porque no quedan registrados en ningún sitio –debido a que son acuerdos privados entre empresas y particulares– pero es una horquilla que coincide con la que maneja COAG. Esas bajadas suponen reducir de un mes a otro entre un 5% y un 20% los ingresos de un ganadero de leche. 

La industria lechera contesta que esta situación tenía que llegar tarde o temprano porque desde el verano pasado hay un exceso de leche en todo el mundo que ha hundido los precios del litro. Grandes productores como Alemania, Francia o Países Bajos recortaron el precio de la leche pagada al productor entre un 8% y un 29% entre febrero de 2025 y febrero de 2026, según datos de la Comisión Europea, mientras que España lo incrementó un 8%, la mayor subida de toda la Unión Europea. Además del mayor incremento, España también tenía en febrero la leche más cara en origen del continente: 8 céntimos por encima de la media de la UE.

Luis Calabozo,director general de la Federación Nacional de Industrias Lácteas (Fenil), explica que esa diferencia de precios radica principalmente en el sistema español de negociación de ventas. Mientras que en el centro de Europa es común cerrar un precio nuevo de la leche cada mes, en España suelen ser trimestral, semestral o anual, de manera que, hasta ahora, no se había trasladado esa caída al mercado. Y ahora se repercute toda de sopetón.

"El diferencial de precios ha protegido al ganadero español desde septiembre", valora Calabozo, "pero es imposible seguir manteniendo esos precios porque supondría perder mercado exportador. De hecho, a la larga terminaría afectando al ganadero porque la falta de interés en nuestros productos podría llevarle a tirar la leche", continúa el portavoz de la industria.

La explicación que da a esa bajada brusca del precio de la leche en origen está en el mercado internacional. El año pasado hubo una superproducción de leche en Europa, con 2,5 millones de toneladas extra sobre un año normal, que se sumaron a una bajada de la demanda de leche en los hogares. Estos dos sucesos ocurrieron tras cuatro años de subidas ininterrumpidas en el precio de la leche, en un récord muy superior a picos anteriores, de manera que, a mediados del año pasado, se produjo una corrección de su precio a lo largo de todo el continente. 

José Ramón González, de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), insiste en que ellos estarían dispuestos a negociar una bajada progresiva en los acuerdos de venta a la industria, pero que esta imposición es inadmisible, y potencialmente ilegal. La ley de la Cadena Alimentaria prohíbe que ningún eslabón de la producción venda a pérdidas, y este desplome de los precios pone a algunos ganaderos al límite de esa norma. "Podríamos negociar una pequeña bajada, pero no tan sorpresiva y abusiva, poniendo a los ganaderos por debajo de coste. Eso es ilegal y lo hemos denunciado al Tribunal de Defensa de la Competencia y a la AICA", afirma.

La AICA es la Agencia de Información y Control Alimentarios, la que se encarga de investigar que se respetan los precios justos en la cadena alimentaria, un organismo dependiente del Ministerio de Agricultura que tiene siempre un ojo puesto sobre el sector lácteo, acostumbrado a los abusos. El año pasado, fue, de hecho, la segunda rama más estudiada de las que tiene bajo competencia, con más de 1.300 controles, y ya ha avisado de que en 2026 reforzará la vigilancia todavía más tras las quejas de los ganaderos.

Ambas partes del conflicto se sentaron esta semana con el Ministerio de Agricultura, a raíz de la polémica con los contratos lácteos, pero el Gobierno se mantiene, por ahora, al margen mientras no haya evidencias de contratos abusivos por debajo de precio de producción. "En cuanto a la negociación, es un tema entre partes donde el ministerio no puede entrar", valoran fuentes de este organismo a infoLibre.

El tejido industrial europeo se ha deteriorado en las últimas décadas. Dependemos en gran medida de China para la tecnología verde y de Estados Unidos para la defensa. La pandemia del COVID-19, la invasión rusa de Ucrania, la guerra comercial que azota el tablero global y acontecimientos recientes como el cierre del estrecho de Ormuz han evidenciado la fragilidad de las cadenas de suministro europeas. Esta preocupación se refleja en las recientes propuestas europeas para acelerar la capacidad industrial en sectores prioritarios, como la denominada Industrial Accelerator Act.

En este contexto, el dinero público europeo no puede ir destinado a financiar dependencias críticas que limitan nuestra autonomía. Es una cuestión de seguridad. China ya tiene su plan Made in China 2025, Estados Unidos el Buy American y la Inflation Reduction Act. Sin embargo, Bruselas ha operado durante demasiado tiempo bajo una lógica de libre mercado global que hoy se está reconfigurando bajo el impacto de la competencia geopolítica.

En un escenario de competencia geoeconómica entre grandes potencias industriales, la UE debe empezar a tomar decisiones dirigidas a fortalecer la base industrial europea, especialmente en sectores estratégicos —desde la defensa y los semiconductores hasta las tecnologías limpias y digitales— donde la dependencia externa puede generar serias vulnerabilidades sistémicas.

En este sentido, el debate sobre cómo condicionar la contratación pública y las subvenciones a criterios de preferencia europea debería formar parte de la respuesta de Bruselas. Debemos impulsar sectores industriales propios que nutran nuestras áreas estratégicas, apuntalando aquellos ámbitos donde la Unión ya ostenta una ventaja competitiva, como la robótica avanzada, la industria aeroespacial o la biotecnología. No se trata de proteccionismo indiscriminado, sino de reducir, en la medida de lo posible, las dependencias críticas hoy usadas como armas coercitivas.

Sería irreal plantear que la UE produzca en masa teléfonos móviles y televisores a corto plazo, ya que no tenemos la base industrial para ello y las cadenas de valor de estos productos están altamente globalizadas. Ahora bien, Europa debe mantener y reforzar la industria que todavía tiene y que será esencial para asegurar la autonomía estratégica. En vez de adquirir de forma masiva sistemas de defensa antimisiles estadounidenses, la UE puede priorizar, siempre que resulte operativamente viable, el desarrollo y la adquisición de sistemas producidos en territorio europeo. En vez de importar tecnología limpia china sin ningún tipo de miramiento estratégico, los Estados miembros pueden optar por fortalecer sus propias bases industriales en este campo.

Priorizar proveedores europeos en sectores estratégicos cuando exista financiación pública de por medio no es incompatible con el fortalecimiento de nuestra competitividad ante Estados Unidos y China. De forma complementaria, Bruselas, guiada por el informe Draghi, debe continuar profundizando en la mejora de las condiciones para que las firmas europeas sean más competitivas a nivel global.

Además, esta estrategia debe acompañarse de una política activa de diversificación de socios comerciales y del refuerzo de los acuerdos con economías afines, para que la reducción de dependencias críticas no se traduzca en aislamiento, sino en una inserción internacional más equilibrada.

Pero el quid de la cuestión es cómo reducir vulnerabilidades y cómo encajar en un entorno marcado por la seguridad económica. Hoy en día, las interdependencias en las cadenas de valor globales son ineludibles. Aun así, a través del fortalecimiento del tejido industrial europeo, la Unión todavía puede aspirar a desempeñar un papel indispensable en las cadenas de valor globales.

La UE debe consolidar posiciones estructuralmente irremplazables en los sectores de mayor valor añadido, controlar tecnologías críticas y mantener capacidades manufactureras que otros actores no puedan sustituir fácilmente. El objetivo no es romper las relaciones de interdependencia con otros actores, algo irreal debido a la hiperconectividad comercial, sino aprender a gestionar estas relaciones mediante el fortalecimiento de la influencia de la industria europea en el comercio internacional. En un mundo de interdependencias inevitables, el reto no es aspirar a la autosuficiencia absoluta, sino reducir vulnerabilidades y aumentar nuestra capacidad de influencia.

Es verdad que no podemos pretender asumir la producción total, o casi total, de bienes estratégicos. Nuestro tejido productivo no está preparado para ello. Pero sí podemos lograr ser relevantes mediante el refuerzo gradual de nuestras capacidades industriales. El hecho de comprar europeo en sectores estratégicos no debe entenderse como un capricho proteccionista, sino como un medio para fortalecer la resiliencia económica. También puede servir para consolidar una base manufacturera propia y los empleos asociados, favorecer la coherencia climática y la protección de derechos sociales dentro del modelo europeo, así como contribuir a nivelar un terreno de juego hoy desigual. No se trata de cerrar la economía europea, sino de sostener una apertura respaldada por una base industrial sólida y menos vulnerable.

La respuesta seguramente llega tarde y no será gratuita. Reforzar la base industrial europea implicará inversión, coordinación y la inevitable asunción de costes políticos y económicos en el corto plazo. Pero en un entorno donde las dependencias se convierten en instrumentos de poder, la inacción sería aún más costosa.

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Marcel Muñoz Rodríguez es coordinador de Políticas Públicas de la Fundación Alternativas.

En los últimos meses se han multiplicado las quejas sobre problemas para conectarse a la red eléctrica española, tanto a la de alta tensión –donde se engancha la gran industria electrointensiva– como a la red de distribución –hogares, empresas y fábricas–. Este viernes, Red Eléctrica ha desvelado por fin el estado de la primera: la red de alta tensión apenas tiene espacio para crecer un 25% más y solo en aquellos puntos de la geografía en los que hay espacio. Hace unos meses, las compañías eléctricas también calcularon que en la red de distribución hay libre un 17%.

Desde las grandes energéticas se ha trasladado una idea de que la red eléctrica ha colapsado en España por una mala gestión de Red Eléctrica, y que no se pueden proyectar nuevos polos industriales o proyectos inmobiliarios porque no pueden conectarse para consumir electricidad. El Gobierno rechaza esa visión catastrofista y contesta que solo hay un problema de acaparamiento de permisos de conexión a la red, y que está trabajando para corregirlo. "No hay saturación de las redes; hay un acaparamiento de permisos indebido y un efecto pernicioso de nuevos tipos de demanda", señalan fuentes del Ministerio de Transición Ecológica.

Los datos publicados este viernes por la compañía semipública Red Eléctrica han intensificado aún más el debate. Desde 2019, España ha más que duplicado la potencia instalada de energías renovables y paralelamente se ha disparado la llegada de proyectos para consumir esa electricidad, como plantas de hidrógeno, fábricas de coches eléctricos o centros de datos. La noticia es muy buena, porque significa que España está creando nuevas industrias, pero la red eléctrica debe crecer al mismo ritmo para integrar esa generación y esa demanda.

El sector eléctrico cree que no se ha invertido lo suficientemente rápido en redes para seguir el ritmo de las renovables, aunque tampoco puede decirse que España esté paralizada. Los datos de Red Eléctrica subrayan que desde 2022 han dado una cantidad ingente de permisos de conexión a la red de alta tensión a todo tipo de industrias, y que una vez ocupen su lugar, solo habrá libre un 25% de la capacidad total del sistema. En concreto, en los últimos cuatro años se han otorgado 11,8 GW de capacidad para nuevas demandas, el equivalente al 25% de la electricidad que consume ahora el país.

El problema está en que muchos de esos proyectos se van a caer, y hace falta poner orden. Hacerse con un punto de conexión en la península ibérica –donde la energía es más barata que en el resto del continente– es una ventaja estratégica para las compañías intensivas en energía, y es conocido que algunos inversores pidieron más de los que iban a desarrollar, bien para guardarse las espaldas, bien para especular con ellos y venderlos después con un sobreprecio. De hecho, según Red Eléctrica, de la enorme cantidad de proyectos que han recibido permisos desde 2022, ni uno se ha puesto todavía en marcha.

"Cabe preguntarse si toda esa demanda es seria o si hay un importante componente especulativo, como sospechamos", opina Daniel Pérez, director de L'Energètica, la empresa pública de energía de la Generalitat de Cataluña. "Sabemos que con los centros de datos hay especulación, también un poco con el hidrógeno verde. Habría que cribar normativamente los proyectos", añade.

Precisamente este viernes, cuando se ha conocido el estado de la red de transporte, el Ministerio de Transición Ecológica ha anunciado que se prepara para actuar contra estas inversiones falsas que atascan el sistema. Ya hay algunas restricciones para impedir la especulación, pero a todas luces no son suficientes.

Hasta ahora era necesario desarrollar el proyecto para el que se ha solicitado la conexión a la red en un periodo máximo de cinco años, pero los que recibieron permiso de acceso en 2023 tienen hasta 2028 para renunciar, por lo que ese requisito no ha suavizado el problema. También hay que aportar el 10% del coste de las actuaciones necesarias en la red antes de que se cumpla un año de la recepción del derecho de acceso. Sin embargo, según ha comunicado ahora el Gobierno, en las próximas semanas se presentará un paquete que exigirá requisitos extra a las demandas conectadas con electrónica de potencia para "evitar que destruyan capacidad de acceso en su entorno y, además, aflorar una capacidad relevante", según el ministerio.

Hasta que esta situación se resuelva, opinan los analistas del sector, va a haber serios problemas para atraer la llegada de nuevos proyectos de todo tipo a España. Raquel Martínez Torre, del departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Cantabria, destaca que no será porque haya poco espacio, sino porque solo lo hay en algunos nudos concretos de la red. 

"La capacidad que existe ahora mismo libre en España (ese 25% de nudos libres de los que habla REE) es de unos 30 GW más o menos, sumando los nudos que podrían quedar finalmente liberados. Creo que es suficiente para la demanda prevista de España. Eso sí, solo en el 25% de los nudos, por lo que la demanda que quiera acceso se tendrá que mover a las localizaciones con disponibilidad. Si son localizaciones poco interesantes para viviendas o industrias, pues sí puede ser un problema", valora Martínez.

Uno de los sectores que más ha alzado la voz en los últimos meses es el de la construcción de vivienda, un problema inesperado para los gestores de la red eléctrica. Según la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima), buena parte de los proyectos urbanísticos se caen porque no pueden conectarse a la red de distribución. Según la patronal en 2024, los constructores de vivienda solicitaron 6,7 GW de acceso a la red, "de los cuales aproximadamente la mitad no pudieron ser atendidos por falta de capacidad disponible o por el desistimiento de los promotores ante la falta de certidumbre".

El debate sobre la falta de infraestructuras en la red eléctrica tiene también otra cara, y es que el problema no se puede resolver simplemente invirtiendo miles de millones en ampliar la red con nuevos cables, subestaciones y nudos de conexión, como proponen las grandes compañías eléctricas, porque eso dispararía el coste de la factura eléctrica. Todas las inversiones de la red las ejecuta Redeia –la matriz de Red Eléctrica– y su coste lo recupera a través de los peajes de la luz, una de las partes del recibo de la electricidad.

Los fabricantes de automóviles consiguieron en diciembre enfriar la principal normativa ambiental de su sector para la próxima década, salvando así el motor de combustión a partir de 2035. Ahora es el resto de la industria europea la que busca desmontar la regulación verde que más perjudica su negocio, el sistema de comercio de emisiones (ETS, por sus siglas en inglés), que obliga a las empresas a pagar por cada tonelada de CO₂ que emiten. La coyuntura política actual, marcada por un giro a la derecha en el continente, da vía libre a las compañías para cambiar lo que estaba hasta ahora tallado en piedra.

El sistema ETS lleva dos décadas funcionando en la UE y hasta este momento ha logrado reducir un 50% la contaminación de los sectores adscritos a él, demostrando su eficacia. Sin embargo, el mecanismo tiene que someterse este año a una revisión y en los últimos días ha quedado patente que la gran industria quiere aprovechar la ocasión para descafeinar la normativa con apoyo de gobiernos como el alemán, el francés y el holandés.

El objetivo del ETS es limitar cada año la contaminación de la industria europea y fomentar la producción limpia. En ese mecanismo participan las fábricas, centrales de generación eléctrica, aerolíneas y navieras. La Comisión Europea pone un tope cada año al número de toneladas de CO₂ que pueden emitir estas compañías –solo las más grandes, más de 12.000 empresas– y para poder contaminar deben adquirir en subastas permisos de emisión, que cuestan de media entre 70 y 80 euros por tonelada. Quien contamine al margen del sistema se enfrenta a grandes multas. 

El canciller alemán, Friedrich Merz, dijo este miércoles en una cumbre en Amberes, donde estuvo presente toda la industria del continente, que Europa "debería estar muy abierta a revisar o al menos posponer" el endurecimiento del sistema de comercio de emisiones. "Debemos evitar todo aquello que ponga en peligro la competitividad de nuestra industria", añadió. La líder de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, contestó que hasta ahora el ETS ha funcionado y que revertirlo incentivaría el consumo de gas natural importado de terceros países.

Realmente no está claro hasta qué punto pretenden las potencias industriales desmontar el mercado de emisiones, pero el debate sobre el motor de combustión demostró el año pasado que lo que pretendían ser unos pequeños cambios superficiales se convirtieron en un giro histórico que reducirá hasta un tercio la venta de eléctricos en 2035.

Riccardo Nigro, experto en industria de la Oficina Europea de Medioambiente (EEB, en inglés), una red de organizaciones ambientales, opina que lo que hoy se vende como una revisión temporal del ETS puede terminar siendo un desmantelamiento. "Desde el punto de vista jurídico, una revisión puede dar lugar a cualquier cosa que acuerden los colegisladores. Una vez que la Comisión presenta una propuesta, el Consejo y el Parlamento Europeo pueden modificarla; y si existe suficiente impulso político, los cambios pueden ir mucho más allá de los ajustes técnicos", valora Nigro.

El argumento de Alemania y de otros países altamente industrializados es que el mercado de emisiones ha encarecido enormemente la fabricación dentro de Europa y no es posible competir con la producción en China o Estados Unidos. No solo porque las fábricas contaminantes son más caras de mantener, sino porque el ETS también aumenta el precio de la electricidad –las centrales de gas son grandes emisores de CO₂–, y una parte de la industria es muy intensiva en energía. "Los pagos por carbono son exclusivos de Europa y el sistema está diseñado para aumentar los costes año tras año", advirtió este miércoles la industria europea tras reunirse en Amberes con Von der Leyen.

Hay que tener en cuenta también que el dinero que se recauda con la subasta de esos permisos de emisión también ayuda a los ciudadanos europeos, y que rebajar la ambición del sistema reducirá esas contribuciones. Según la Agencia Europea de Medioambiente, los Estados miembros ingresaron 24.000 millones de euros en 2024 a través de este mecanismo, y se recaudaron 13.000 millones que fueron a parar a diferentes programas de apoyo industrial y energético. España ingresó 1.121 millones ese año a través de este sistema.

Más allá del giro de 180 grados que proponen algunas naciones para el sistema de permisos de emisiones, la Comisión Europea debe lanzar en primavera su propuesta para revisar los llamados permisos gratuitos de emisiones para el periodo 2026-2030, una de las patas de la regulación ETS.

En 2025, casi el 40% de estos permisos se entregó de manera gratuita para que quien invierta en descarbonizar su fábrica pueda venderlos y reciba un incentivo por hacer las cosas bien. Asimismo, cada año el número total de bonos en el mercado se recorta para forzar a las empresas a reducir su contaminación.

En los próximos meses se decide si los permisos gratuitos se reducen a mayor o menor velocidad hasta el final de la década, y la industria europea realiza estos días una intensa campaña de presión para que se mantengan como están. Su argumento es que retirar bonos de CO₂ gratuitos encarecerá la energía y también los costes de producción de algunas industrias. 

Juan Antonio Labat, director general de Feique, la patronal química española, propone "parar el reloj" durante unos años y dejar los permisos como están hasta 2030. "No pedimos reducir la ambición ambiental, pero con estos costes no somos competitivos. Y perder industria significa que se mude a China, donde emiten el doble, y luego importar desde allí los productos", opina el portavoz del sector. Según sus cálculos, añade, reducir cada año los bonos gratuitos costará 1.400 millones de euros a la industria española en los próximos cinco años.

Desde Unesid, la patronal española de la siderurgia, piden que antes de recortar los derechos gratuitos se implemente de manera eficaz el conocido como Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM, en inglés), una normativa que lleva años puliéndose en Bruselas que pretende cobrar a las importaciones industriales de terceros por lo que emiten en sus países de origen. Una manera de equiparar los costes de la producción interna y externa para que el ETS no reste competitividad a las compañías europeas.

Aunque la reforma del ETS sea parcial y solo suponga un parón temporal, como proponen algunos, los expertos valoran que esa decisión no solo frenaría la descontaminación industrial, sino que lanzaría el mensaje de que no merece la pena continuar invirtiendo en modernizar las fábricas porque se abre la puerta a que en 2030 se vuelva a posponer su endurecimiento. 

"El ETS funciona no solo porque fija un precio al carbono hoy, sino porque las empresas creen que el límite de emisiones del ETS seguirá estrechándose. Una gestión cuidadosa de las expectativas es esencial para preservar la credibilidad del sistema", publicaron en enero los expertos de Bruegel, un importante centro de estudios europeos.

Riccardo Nigro, del EEB, apunta en la misma línea. "La fortaleza del ETS reside en su previsibilidad. Los inversores, los innovadores y los pioneros confían en una trayectoria clara y estable del precio del carbono para justificar las inversiones en tecnologías bajas en carbono. Reabrir elementos fundamentales del sistema pone en peligro esa certeza, penaliza a las empresas que ya han invertido en la descarbonización y ralentiza la transición en general", opina el analista industrial.

Los contaminantes eternos, conocidos como PFAS, siguen empleándose cada día en millones de productos de consumo, aumentando su concentración en la naturaleza y engordando la factura de su futura limpieza. La Comisión Europea ha calculado por primera vez el coste de retirar estos elementos de la naturaleza en la Unión Europea y la horquilla va de los 330.000 millones de euros a los 1,7 billones de euros de aquí a 2050, en función de si se legisla a corto plazo para prohibirlos o si se continúan utilizando masivamente. La cifra más alta equivaldría al 9,4% del PIB anual del bloque.

Los PFAS son sustancias químicas sintéticas que contienen enlaces de carbono y flúor que se añaden a todo tipo de materiales para darles características especiales como resistencia al calor, impermeabilidad o dureza. El problema es que cuando estos químicos acaban en ríos, cultivos y acuíferos –o en el polvo de casa–, pueden permanecer allí durante décadas o siglos, contaminando durante generaciones el entorno.

La preocupación por estas sustancias ha crecido drásticamente en la última década y Bruselas valora prohibir de golpe la producción y el consumo de las casi 10.000 variantes de PFAS existentes. En su afán por abordar el problema, la Comisión acaba de calcular el coste de limpiar la naturaleza de estos residuos. El documento estima que en 2024 había en Europa 11.500 lugares contaminados por PFAS y que en 2020 se emitieron 11.600 toneladas de estos químicos al medio ambiente.

El análisis tiene en cuenta cuatro escenarios de aquí a 2050. El más pesimista –la contaminación por PFAS sigue creciendo al ritmo actual– estima que entre 2020 y 2050 su concentración en la naturaleza europea crecerá entre un 150% y un 175%, pasando de afectar del 8% del territorio al 10,5%. Diversos análisis confirman que en la actualidad el 100% de la población europea tiene PFAS en la sangre, pero diez millones de personas pasarían de tener concentraciones medias a elevadas en 2050 si la legislación no se endurece.

El daño económico que supondría ese contexto ascendería a 440.000 millones de euros durante las próximas tres décadas, principalmente por los costes sanitarios de la mortalidad y los tratamientos médicos que acarrearía entre la población, pero no sería el escenario más caro porque se asume que nadie se molestaría en limpiar las aguas continentales de esos tóxicos.

De peor a mejor, el análisis contempla además otros tres escenarios. Uno en el que se cumple actual Directiva de calidad de aguas de consumo humano, otro más optimista en el que se cumple la normativa de Estándares de Calidad Ambiental, y mejor de todos, en el que se prohíbe la producción y consumo de PFAS en la Unión Europea, una medida que se negocia ahora en Bruselas.

El escenario que costaría 1,7 billones de euros de aquí a 2050 es el intermedio, en el que se cumplen los Estándares de Calidad Ambiental, debido a que además de los costes sanitarios derivados de la toxicidad de los químicos, habría que depurar las reservas de agua de boca y las aguas residuales del continente, una operación que dispararía la factura.

La simulación más económica, paradójicamente, sería prohibir en los próximos años el uso total de PFAS en la Unión Europea. El coste de limpiar la naturaleza y el recibo sanitario sería durante las próximas tres décadas sería de apenas 330.000 millones de euros porque habría menos que limpiar y la concentración de ese cóctel en la sangre caería poco a poco hasta cero porque se expulsan por la orina y las heces.

Todos los escenarios calculados por Bruselas solo incluyen el coste sanitario de los cuatro PFAS más comunes en la naturaleza (PFOA, PFOS, PFHxS y PFNA), pero la industria emplea cientos más todos los días en menores cantidades. El PFOA y el PFOS ya están prohibidos por la Convención de Estocolmo —a la que está suscrita la Unión Europea—pero continúan presentes en el medioambiente porque tardan siglos en descomponerse, de manera que los europeos siguen expuestos a ellos. En 2023, la Unión Europea también prohibió el uso de PFHxS y el PFNA.

Aunque el coste de limpiar la naturaleza de contaminantes eternos no está desagregado por países, está demostrado que los del sur, entre ellos España, tienen una concentración menor de químicos eternos que los del norte de Europa (Noruega y Suecia) y Europa occidental (Francia y Alemania) por la menor concentración de fábricas que los utilizan. Un estudio de 2023 en adolescentes mostró que en los países del sur tenían de media 0,7 microgramos por litro (µg/L) de sangre de PFOA, frente a 1,12 y 1,13 µg/L en el norte de Europa y Europa occidental, respectivamente. Diferencias similares se encontraron en otros PFAS estudiados.

El principal motivo de la difusión de estas sustancias al medioambiente son los vertidos de aguas residuales industriales, el humo que sale de sus chimeneas y el uso de pesticidas en la agricultura. No obstante, aunque en España no haya concentraciones tan altas de PFAS, están en todas partes. Forman parte de objetos cotidianos como ropa técnica a pesticidas, cosméticos, pinturas, juguetes, extintores o muebles. Pueden encontrarse también en todas las cocinas: en sartenes antiadherentes, en envases de comida rápida o en el papel de horno.

Koldo García, experto en pesticidas de Ecologistas en Acción, ha participado en numerosos análisis de PFAS en España, y afirma que se han detectado en diferentes análisis, tanto de agua como de cultivos y peces. Este mismo jueves,  la organización Pesticides Action Network (PAN Europe) ha publicado un análisis de manzanas cultivadas en Europa, entre ellas cinco muestras de España, y tres de ellas contenían PFAS. "No nos consta que haya depósitos de PFAS en España, pero haber tiene que haberlos porque los hemos encontrado en el agua de grifo", señala el experto.

Un factor común a todos los PFAS es que son persistentes o muy persistentes en la naturaleza y no se degradan en siglos, y muchos de ellos son también "tóxicos, bioacumulativos, carcinógenos, mutágenos o tóxicos para la reproducción y, por lo tanto, presentan riesgos para la salud humana y el medio ambiente a través de la exposición", según se lee en el informe la Comisión Europea. Los humanos se exponen a ellos a través del agua de grifo y embotellada, los alimentos, el aire, el contacto con productos diarios que los tienen o en el trabajo, en profesiones como la construcción.

El estudio, que revisa toda la literatura científica reciente sobre los PFAS, recoge todas las evidencias de su impacto en la salud. Se relacionan con infecciones respiratorias, enfermedades autoinmunes de la tiroides, problemas hepáticos, bajo recuento de espermatozoides, riesgos maternos/neonatales (hipertensión, disminución del crecimiento fetal, bajo peso al nacer). De manera menos fiable, también se relaciona con la diabetes.

Además, los PFAS tienen un altísimo coste para la naturaleza. Se ha demostrado que afectan a la reproducción, el comportamiento y la salud de todos los seres vivos, incluidos mamíferos, peces y plantas. El problema es que su estudio es extremadamente complejo. Los PFAS están poco explorados y su estudio habitual se basa en análisis de seres vivos individuales en entornos controlados, de manera que es difícil conocer realmente su impacto en ecosistemas reales.

El coste económico de estas sustancias ya había sido aproximado en otros análisis, como un estudio de 2025 de The Forever Pollution Project, un proyecto europeo de monitorización de PFAS, que estimó una factura incluso superior: 95.000 millones de euros al año durante dos décadas, casi dos billones de euros. Otra investigación, publicada en 2024 en la prestigiosa revista Science of The Total Environment calculó que eliminar cada año la misma cantidad de PFAS que se emiten al medioambiente en todo el planeta superaría en coste al PIB global (más de 100 billones de dólares).

El informe de la Comisión, publicado este jueves, también contiene una buena noticia. Las prohibiciones de los últimos 20 años de los PFAS más comunes (PFOA y PFOS) provocaron que entre 2001 y 2007 disminuyera su concertación en sangre en Europa un 23% y un 22%, aunque aumentó la de otros contaminantes ternos que los sustituyeron.

Esta semana se celebra en Madrid la principal feria de energías renovables de España, en la que queda patente el dominio chino de la industria que moverá el planeta en las próximas décadas. Uno de los inmensos pabellones de Ifema que acogen la cumbre es exclusivamente chino, aunque la presencia de este país es prácticamente omnipresente en todos los estands, ya que incluso las empresas 100% españolas dependen de fabricantes asiáticos en algún punto de la cadena.

El gigante asturiano Exiom, presente en la feria con un gran rótulo de "empresa española", fabrica sus paneles solares en dos plantas de China, que luego utilizan para levantar parques fotovoltaicos por todo el mundo. DSP Solar, otra compañía asturiana dedicada a la distribución de productos relacionados con las baterías, afirma que los tres fabricantes con los que trabaja también producen en China y en países vecinos, como Taiwán o Vietnam.

"En los últimos años nos hemos dejado pisotear, como con los coches eléctricos", señala Héctor Cortés, director técnico de DSP, que explica que la principal razón por la que los asiáticos arrasan en el mercado es porque venden a mejor precio y porque fabrican al por mayor. Sin embargo, con el paso de los años también han avanzado en investigación, y en este momento su producto es sencillamente mejor. "Al principio copiaban tecnologías europeas, pero ahora mismo no solo tienen mejores fábricas, también mejores ingenieros y mejores ideas de las que nosotros podemos aportar, y creo que esa brecha va a ir a más", añade.

La feria de renovables Genera demuestra que la capacidad de los productores chinos crece más cada año. Si la presencia asiática ya era dominante en las ediciones de la década pasada, en 2025 es masiva. Tres representantes de Zhejiang Juxing New Energy, una empresa de Wenzhou (China) han acudido por primera vez este año a Ifema para ampliar sus ventas a Europa. "España es un gran mercado, pero también venimos porque esta feria es un punto de conexión con otros países vecinos", confiesa Zoe Zhao, una agente de la compañía. Sus productos más vendidos son inversores, controladores de carga solar y convertidores.

A su alrededor hay decenas de estands de vendedores de todo el país. Desde fabricantes de electrónica avanzada para plantas de producción de electricidad, hasta pequeños productos domésticos como bombillas led, enchufes, pilas y pequeñas baterías. La presencia asiática también es abrumadora en los pabellones principales de la feria, con Huawei, DJI o CHNT, empresas capaces de abastecer a todo el mundo.

José Donoso, presidente de la patronal española fotovoltaica (UNEF), es consciente de la situación, y explica que el origen de la decadencia de la industria española de energías renovables está en el parón que tuvo el sector en la pasada década, cuando se unió el llamado impuesto al sol con la crisis económica. 

"Teníamos una industria potente, pero el mercado desapareció, y con él muchos de los fabricantes. Sobrevivieron los que eran muy competitivos", opina el portavoz. En todo caso, los números de UNEF demuestran que una parte de la industria solar española sigue siendo muy potente tanto dentro como fuera de las fronteras, hasta el punto de que el sector tuvo el año pasado un superávit de comercio exterior de 1.384 millones de euros.

En todo caso, China produjo el año pasado el 80% de los paneles solares que se instalaron en el mundo, con una capacidad salvaje para producir a bajo coste que hace imposible producir en Occidente. Un panel de tipo TOPCon –la clase de los paneles la determina sus materiales y las capas que lo componen– se fabricaban en Estados Unidos a cierre de 2024 a 0,24 €/W, mientras que en China, durante el segundo semestre de 2024, se situaban alrededor de los 0,08 €/W, 200 veces menos.

El producto estrella español es el inversor solar, un aparato que transforma la corriente de una instalación fotovoltaica, generalmente de continua a alterna. "El 75% de todos los inversores de potencia que se instalan en Estados Unidos son españoles, y también tenemos grandes mercados como Australia, Italia, Latinoamérica…", resume Donoso. Lo único que no tiene España, al menos todavía, es una fábrica potente del componente imprescindible: la célula fotovoltaica. De hecho, la asturiana Exiom anunció en febrero de 2023 que levantaría la primera de España en Laredo, pero el proyecto todavía no ha empezado a funcionar.

En la feria estuvieron presentes también el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, y el secretario de Estado de Industria, Jordi García, que hablaron precisamente sobre cómo reimpulsar la producción nacional en el sector renovable. "¿Qué se puede esperar del Gobierno?", dijo García. "Mientras impulsamos unos sectores, protegemos otros de regiones [en referencia a Asia] que entran con una gran competitividad de precio para no quedarnos sin ellos", añadió el alto cargo.

Además del inversor solar, la industria española es potente en la fabricación de plataformas que sostienen los paneles, puesto que traer desde Asia estas estructuras grandes y pesadas es demasiado caro. Sin embargo, los empresarios chinos cada vez se ven más fuertes incluso en productos donde antes no eran competitivos. La compañía Lever (Haining, China) ha aterrizado este año por primera vez en Genera para vender sus sistemas de montaje fotovoltaico, con los que aspira a competir con las ingenierías españolas.

"Vender en España es un win-win para todos porque podemos suministrar a la industria estructuras entre un 10% y un 15% más baratas", explica una comercial en Ifema. "Empezamos vendiendo en el extranjero por nuestra diferencia de precio, pero poco a poco hemos mejorado el producto y ahora competimos también en calidad", añade. Por otra parte, confiesa que España es su mercado internacional más importante, porque es también un lugar al que vienen comerciales de toda Europa.

Ni de coña.

Escribir, sin saber sobre qué, es como preguntarse ¿a qué huele el tiempo? Probablemente huela a perros y soledad, tal vez en el transcurso del articulo lo descubra. Esto no es más que una intro bucólica y atemporal.

Habrá que dar algún que otro volantazo o buscar veinticinco helados de diferentes sabores para atenuar la sinrazón de macarras de patio de escuela a los que habría que darles de vez en cuando una buena hostia con la mano abierta, de esas que más que doler, ofenden. Hay mucho imbécil suelto y mucho calor en las calles.

Saber quiénes somos es fundamental para darle contexto a un: váyanse a tomar por culo. Entender el sentido de este tiempo no es posible. Somos vulnerables a cualquiera que venda certezas sobre el sentido o el propósito de la vida. Hay toda una industria creándonos complejos sobre nuestros alicatados cuerpos en las redes, mientras mueven la caja registradora, y esto debo reconocer que me pilla un tanto offside, a la par que me la suda.

El puto tiempo huele a muerte y devastación, a genocidios consentidos. A pirados dispuestos a volarte la tapa de los sesos sin escrúpulo alguno. A cayucos a la deriva. A mentiras a precio de saldo, inmunes a cualquier atisbo de ética. A pseudomedios, tabloides y personajes de medio pelo. A violadores. A togas corruptas. A un “me cago en dios” que supura impotencia y derrota. A esto huele el tiempo. Este tiempo.

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Pako Martí es socio de infoLibre.

“La Presidencia de la República sabía, al menos desde 2022, que Nestlé llevaba años haciendo trampas”. Es decir, tenía conocimiento de las prácticas prohibidas que Nestlé utilizaba para desinfectar sus aguas minerales llamadas naturales, contaminadas regularmente por bacterias de origen fecal y pesticidas. En definitiva, los senadores constatan que el poder ejecutivo prefirió cambiar la legislación vigente a favor de Nestlé, dando preferencia a los intereses privados en detrimento de los intereses sanitarios y ecológicos.

Tal y como señalan, el Gobierno optó por permitir que Nestlé siguiera “fuera de norma”, llegando incluso a cambiar la reglamentación a su favor. Y, dada la negativa del antiguo secretario general del Elíseo, Alexis Kohler, a comparecer el 8 de abril en el marco de esta comisión presidida por el senador de Les Républicains (LR) Laurent Burgoa, los parlamentarios insistieron, en las conclusiones de su informe hecho público el 19 de mayo, en volver a preguntar al Elíseo:

“¿Por qué se ha dado tanto protagonismo a Nestlé?”. Y también: “¿Por qué nadie en el Ejecutivo, y menos aún la Presidencia, aborda este asunto para poner de relieve lo que realmente está en juego, la protección de nuestros recursos de aguas minerales naturales?”.

Los documentos transmitidos por el Elíseo (sede de la presidencia de la República, ndt) y hechos públicos por los senadores en su informe muestran que Alexis Kohler y los asesores de presidencia se pusieron al servicio de la multinacional, no solo adoptando sus argumentos, sino también buscando todas las lagunas en el arsenal normativo, sobre todo europeo, para autorizar los tratamientos prohibidos de microfiltración (por debajo de 0,8 micrómetros), tal como exigía Nestlé.

Ya en agosto de 2021, durante una reunión confidencial con el gabinete de la exministra de Industria Agnès Pannier-Runacher, Nestlé reconoció haber recurrido a prácticas ilegales y exhortó al poder ejecutivo a modificar la normativa a su favor.

Según los documentos transmitidos a los senadores, el 11 de julio de 2022, Alexis Kohler y Victor Blonde, asesores de Matignon (sede del primer ministro, ndt) y del Elíseo, se reunieron con Mark Schneider, director general de Nestlé, en el marco de la cumbre Choose France en Versalles. Además del caso Buitoni, abordaron la contaminación del agua y los tratamientos ilegales a los que recurre Nestlé, así como las investigaciones en curso sobre la empresa, en particular las de la Inspección General de Asuntos Sociales (Igas) y la Dirección General de Competencia, Consumo y Represión del Fraude (DGGCRF).

Con vistas a preparar una reunión prevista entre la presidencia y Nestlé el 29 de septiembre, una nota redactada por los ministerios de Industria y Sanidad propone autorizar a Nestlé a recurrir a tratamientos ilegales y a explotar una fuente, Essar, a menudo contaminada por bacterias fecales y utilizada para el agua de marca Hépar.

En la nota se minimiza el fraude de la multinacional, presentado como “incumplimientos menores de la normativa” y se descarta cualquier riesgo para la salud, aunque solo lo garantizan las declaraciones de Nestlé. Tal y como habíamos documentado, los asesores de los gabinetes ministeriales repiten palabra por palabra los argumentos de la multinacional, afirmando que “los tratamientos refuerzan la seguridad sanitaria”.

Incluso se afirma que Nestlé fue informada por el ejecutivo de la denuncia que la agencia regional de salud Grand Est se disponía a presentar ante la justicia, un procedimiento del que la agencia “no podía prescindir”.

Así, al apoyar a la empresa, el Estado intenta salvar las apariencias y se entrega a una comunicación engañosa. En una nota fechada el 1 de febrero de 2024, Victor Blonde transmite al Elíseo los argumentos que deben adoptarse en respuesta a las revelaciones del escándalo por parte de los medios de comunicación. Recuerda la remisión del caso a la justicia por parte de la agencia regional de sanidad (ARS) Grand Est, un paraguas para afirmar que “el Estado no ha encubierto en modo alguno las prácticas de la empresa, como lo demuestran la sucesión de hechos y controles, así como la remisión del caso a la justicia”.

Las reuniones y conversaciones entre el Elíseo y Nestlé continuaron al menos hasta enero de 2025. En ellas, Alexis Kohler incluso proporcionó al nuevo director general de Nestlé, Laurent Freixe, “los contactos adecuados” en los ministerios, mientras que, más recientemente, surgió el problema del agua contaminada de Perrier en el departamento de Gard y la presencia de virus en algunas fuentes. Pero, una vez más, los intereses económicos se imponen a las cuestiones sanitarias.

Esta intervención del Elíseo en apoyo de Nestlé no ha quedado, evidentemente, sin consecuencias. Como ya revelamos, en Los Vosgos, donde se embotellan las aguas Contrex, Hépar y Vittel, la agencia regional de sanidad descartó rápidamente y sin pruebas cualquier riesgo para la salud. En un informe fechado el 1 de julio de 2022, la ARS, que acaba de descubrir el alcance del fraude, parece sin embargo preocuparse principalmente por los deseos de la multinacional: “Para cada tratamiento, se precisará lo deseado por el fabricante: cese del uso y fecha efectiva de dicho cese o mantenimiento”.

Entre las medidas previstas, ninguna se refiere al cese inmediato de la explotación de los manantiales, dejando así la ARS un plazo, negociado por Nestlé, para poner fin al fraude. Unos meses más tarde, la ARS denunciará el fraude ante la justicia, en una denuncia en la que, sin pruebas, se cuidará de descartar cualquier riesgo sanitario.

En el departamento de Gard, donde se producen las aguas Perrier, el director de la ARS, Didier Jaffre, y el prefecto, Jérôme Bonet, también participaron en “la estrategia de encubrimiento” del fraude, tal y como han documentado los senadores en su informe bajo el elocuente título de “relaciones peligrosas” entre el Estado y Nestlé, o cómo edulcorar un informe oficial a petición de una empresa.

Los hechos se remontan a mediados de diciembre de 2023. Dado el estado de dos de sus fuentes, Nestlé no puede prescindir de varios tratamientos para desinfectarlas y, por lo tanto, solicita su reconversión en “aguas aromatizadas”, para las que están autorizados esos procesos, a diferencia de las aguas minerales naturales.

Su solicitud debe presentarse al consejo departamental de medio ambiente y riesgos sanitarios y tecnológicos (Coderst), presidido por el prefecto y compuesto por representantes de las corporaciones territoriales y miembros de asociaciones, en particular de defensa del medio ambiente.

Las opiniones deben emitirse sobre la base de un informe de la ARS. La presidenta de Nestlé Waters, Muriel Lienau, solicita el 29 de noviembre de 2023 una reunión con el director general de la ARS Occitania, Didier Jaffre, quien, en un primer momento, se niega a acceder.

La empresa recurre entonces al gabinete de la ministra delegada de Industria, así como al de la ministra de Sanidad, quien, a través de uno de sus asesores, Pierre Breton, explica a Didier Jaffre “que hay un tema en un documento que debe comunicarse al Coderst”. En otras palabras, el informe recoge resultados de contaminación que la empresa no desea que figuren en él.

A esto, el director de la ARS responde que está “analizando la solicitud de modificación” formulada indirectamente por la directora de Nestlé Waters. Tras varios intercambios de correos, la ARS tranquiliza al gabinete de la ministra: el proyecto de informe va a ser modificado.

En otro correo electrónico, el director de la ARS del Gard, Guillaume Dubois, informa a su superior Didier Jaffre, responsable a nivel regional, de que “ha hablado por teléfono con el prefecto”. “El punto en el que ha insistido mucho”, precisa, “es el último, es decir, los elementos anteriores que perjudican la imagen de Perrier. […] Si [la nueva versión] no le convence al prefecto, tendrás que llamarle, porque debe de haber hablado por teléfono con los dirigentes del grupo y me temo que ha tomado compromisos un poco precipitados”.

El director industrial de Nestlé Waters, Ronan le Fanic, también transmitirá una serie de modificaciones a las autoridades, ocultando todas las contaminaciones del agua. Ya no se encuentra ningún rastro de la presencia de bacterias de origen fecal, pesticidas o herbicidas (algunos prohibidos desde hace años).

En lugar de los índices de contaminación, se presentan los porcentajes de “conformidad” del agua. Una lectura totalmente diferente de los resultados, mucho más positiva y engañosa, que uno de los funcionarios encargados de redactar el informe se negó a firmar. En una carta dirigida el 4 de diciembre de 2023 a la dirección de la ARS, este funcionario lamenta que ese dictamen “ya no se corresponda realmente con los elementos recogidos en el expediente”. Por ello, “desea retirar su firma del informe”.

No obstante, el informe modificado se presentará al Coderst, para satisfacción de los representantes del Estado. El director de la ARS de Occitania, Didier Jaffre, se felicitará por ello ante el consejero Pierre Breton tras la reunión: “Otro paso más para Perrier”.

“En este informe están presentes todas las disfunciones descritas”, concluyen los senadores: “presión de la empresa, permeabilidad del gabinete ministerial a sus exigencias, debilidad de la dirección del gabinete, que, como mínimo, deja hacer, y ausencia de resistencia de la administración local del Estado”.

Pero la comisión formula pocas recomendaciones para evitar que se repita en el futuro tal desvío de las instituciones. Entre las veintiocho sugerencias que formulan los senadores, proponen que se controlen los 104 yacimientos minerales para verificar la ausencia de tratamientos prohibidos. También recomiendan que se preserven mejor los recursos imponiendo restricciones de uso, en particular de pesticidas, en torno a las perforaciones. Y piden que se vigilen más los PFAS y los microplásticos en las aguas. Los senadores también anuncian una propuesta de ley en fase de elaboración para reforzar las competencias de la comisión de investigación, de modo que nadie pueda eludir su comparecencia cuando sea convocado.

Traducción de Miguel López

Hay un precedente en la mente de todos. En plena Semana Santa, el primer ministro británico, Keir Starmer, convocó urgentemente al Parlamento para aprobar una ley que autoriza la incautación inmediata de la planta siderúrgica de Scunthorpe: el último alto horno británico, que pasó a manos del grupo chino Hebei Jingye Group en 2020, amenazaba con cerrar, sin posibilidad de reabrir, lo que privaría para siempre al Reino Unido de toda producción de acero primario.

La ley autorizó al ministerio de Industria a tomar el control inmediato de la planta, garantizar los salarios de los 3.500 trabajadores, gestionar los suministros y los flujos logísticos, y tomar todas las medidas necesarias para mantener la planta en funcionamiento. Se creó un fondo de 2.500 millones de libras esterlinas (2.900 millones de euros) para garantizar el futuro. “Hemos cometido un error. Nunca debimos vender nuestra siderurgia”, explicó el primer ministro británico para justificar una medida que supuso la ruptura con el thatcherismo iniciado a finales de los años setenta.

En Francia, ningún responsable ha reconocido nunca que la venta de Usinor, convertida en Arcelor, a la familia Mittal en 2006, fuera un error. Pero en las plantas siderúrgicas, muchos empleados, proveedores que trabajan para el grupo o políticos locales consideran que dejar el destino del grupo —reconstruido y modernizado con miles de millones de dinero público desde finales de los años setenta— en manos de un único accionista privado, sin que el Estado pueda exigirle rendir cuentas, sin que se tenga en cuenta el interés público, ha sido un error fatal.

Año tras año, han visto cómo se vaciaban las instalaciones, sin que se vislumbrara ninguna esperanza de recuperación. El anuncio a principios de abril de la supresión de 600 puestos de trabajo en siete centros del norte del país, la mitad de ellos en Dunkerque, confirmó todos los temores. Muchos temen que este plan social sea el primero de una larga serie que culmine con el cierre de altos hornos en Francia, considerados poco rentables y cuya modernización sería demasiado costosa.

¿Cómo imaginar un futuro para la industria francesa sin un sector tan estratégico, eslabón indispensable tanto para la automoción como para la defensa, el transporte y la construcción? Si la familia Mittal, principal accionista del grupo, ya no está interesada en Francia, ¿por qué no renacionalizarlo?

Basándose en el ejemplo británico, la idea está ganando terreno en todas partes. La federación del metal del sindicato CGT lo ha convertido en uno de sus caballos de batalla, exigiendo la nacionalización total o parcial de las actividades del grupo en Francia. Políticos de izquierdas como François Ruffin, Marine Tondelier, el primer secretario del Partido Socialista (PS) Oliver Faure o Aurélie Trouvé, apoyan la propuesta. El Partido Socialista ha anunciado además su intención de presentar una propuesta de ley de urgencia para poner la planta de Dunkerque “bajo tutela del Estado”.

Pero la propuesta también tiene adeptos en el bando presidencial. El senador por el Norte Franck Dhersin (Horizons) considera que hay que plantearse la idea de la nacionalización si permite “mantener la fabricación de acero en Francia”.

La respuesta del ministro de Industria, Marc Ferracci, no se hizo esperar. Como cada vez que se menciona la palabra nacionalización, considerada “una palabrota” —excepto en el caso de los astilleros de Saint-Nazaire, pero otras consideraciones influyeron en esa decisión— en un dossier industrial. “Recurrir a la tutela o a la nacionalización, como hacen algunos, es un reflejo un poco pavloviano”, ironizó el 5 de mayo en Sud Radio. En un momento en el que solo se habla de economía presupuestaria, según él, sería malgastar el dinero público: “ArcelorMittal tiene una capitalización de 22.000 millones de euros. Por lo tanto, comprar Arcelor, o incluso solo la mitad de sus acciones, sería con el dinero de los franceses”, explicó.

Las cifras mencionadas por el ministro de Industria son falsas. En el contexto actual, no se trataría de tomar el control de todo el grupo, de sus plantas en la India, Brasil o Estados Unidos, sino solo de las plantas francesas. Porque, según las declaraciones contables de ArcelorMittal, que ha elevado la optimización fiscal al arte supremo de la gestión, las plantas francesas apenas son rentables, o incluso pierden dinero. Sobre esa base, el coste de recuperar el control de las plantas de producción francesas sería mucho menor de lo anunciado, del orden de unos pocos miles de millones.

Pero es después cuando el coste podría volverse muy elevado. Y todo el mundo, incluidos los más fervientes defensores de la nacionalización, parece pasar por alto lo que vendrá después, como si recuperar el control público de un capital o de una planta industrial bastara para garantizar su supervivencia.

Y es que ArcelorMittal ha sido desmantelada y reorganizada para convertirse en una simple pieza de un grupo mundial integrado. Sus suministros, sus transportes, parte de sus sistemas informáticos de producción y gestión, su cartera de clientes... todo depende de una dirección centralizada que escapa a su control. Todo ello supone aceptar perder mucho dinero mientras se reconstruye todo.

Los medios financieros movilizados por el Gobierno británico para mantener la única planta de Scunthorpe dan una idea de la magnitud de las sumas que se necesitan. Porque si las plantas francesas recuperaran su autonomía, habría que reconstruirlo todo, reinvertir en herramientas de producción parcialmente abandonadas, modernizar los centros de fabricación para producir acero sin emisiones, so pena de tener que cerrar los altos hornos el 1º de enero de 2030.

Y todo ello en un momento en el que el mercado mundial del acero sufre un exceso de capacidad que provoca un desplome de los precios mundiales, en el que parte de los mercados están cerrados debido al aumento de los aranceles, en el que el sector automovilístico europeo, su principal salida, está en crisis, en el que ya no puede apoyarse en parte de lo que antes constituía su fuerza: sus patentes, sus redes de distribución y sus filiales en el extranjero.

En definitiva, para el ministro de Industria, el de Economía y Finanzas y el gobierno en general, el proyecto, más allá de la convicción ideológica, es impensable. Para salvar Dunkerque y el resto de las plantas francesas de ArcelorMittal, Marc Ferracci tiene la respuesta: “Hay soluciones industriales”. Antes de citar el plan siderúrgico europeo y el impuesto sobre el carbono en las fronteras a partir del 1º de enero de 2026, reconoce que deben reforzarse las medidas de protección en Europa.

Pero el ministro de Industria, fiel defensor de la política de la oferta, cuenta sobre todo con todas las ventajas y ayudas públicas que puede ofrecer el Gobierno. Mucho más eficaces, en su opinión, que establecer una relación de fuerza para incitar a la dirección del grupo siderúrgico a invertir en Francia. Muchas promesas.

En 2023, el Gobierno se comprometió a financiar la mitad de la inversión estimada en 1.800 millones de euros para poner en marcha la producción de acero eléctrico sin emisiones en Dunkerque. El grupo ha decidido suspender el proyecto, al considerar que ya no tiene la visibilidad suficiente para lanzar una inversión de tal envergadura. Pero Marc Ferracci sigue contando con él, dispuesto a aumentar la apuesta si es necesario.

Además de esa importante inversión, también promete al grupo garantizarle una electricidad a precios sin competencia, entre 40 y 42 euros por megavatio hora (MWh), por debajo de los costes de explotación de las centrales nucleares históricas. Promete ayudas para el empleo, la formación y la reclasificación de puestos, así como movilizar fondos europeos.

“ArcelorMittal no está en suspensión de pagos”, señala Christèle Khelf, secretaria general adjunta de la federación de minería y metalurgia de la CFDT, en referencia al aumento de los dividendos y al nuevo plan de recompra de acciones aprobado en la junta general del grupo el 6 de mayo. A diferencia de otros sindicatos, la CFDT se opone a la nacionalización. Pero el sindicato rechaza que el grupo vuelva a recibir ayudas públicas sin ofrecer nada a cambio. “Hay que acabar con el chantaje de Mittal. No se debe conceder ninguna ayuda pública sin contrapartida”, insiste Christèle Khelf.

Y es que el grupo es el campeón de las subvenciones públicas. Según las cifras elaboradas por el senador comunista Fabien Gay, cada año ArcelorMittal recibe 295 millones de euros de dinero público, de los cuales 195 millones se destinan a cuestiones energéticas, 40 millones a exenciones de cotizaciones sociales y 11 millones a créditos fiscales para investigación. Todo ello “sin contrapartida alguna”, señala este senador.

Todos temen que esta situación se perpetúe y que el grupo siderúrgico aproveche la emoción del plan social en el norte para obtener nuevas prebendas. La reunión celebrada el 6 de mayo entre los responsables de ArcelorMittal, los sindicatos, los políticos locales y el ministro de Industria no les dejó nada tranquilos. La dirección de la siderúrgica solo tiene previsto presentar la lista de puestos de trabajo que se suprimirán el 13 de mayo. De lo demás, nada. No se ha asumido ningún compromiso ni se ha esbozado ninguna perspectiva. Los responsables se han negado incluso a comprometerse a participar en una mesa redonda sobre el futuro del grupo en Francia, solicitada a gritos por los sindicatos y los políticos locales, entre ellos Xavier Bertrand, presidente de la región de Hauts-de-France.

“ArcelorMittal está engañando al Estado”, denuncia Gaëtan Lecocq, secretario general de la CGT de ArcelorMittal Dunkerque. Pero eso no parece importarle demasiado a Marc Ferracci, al parecer. Todos los participantes en la reunión terminaron con la impresión de que la única preocupación del ministro era evitar que Dunkerque se conviertiera en un nuevo Florange (enfrentamiento en 2012 entre la siderúrgica y el gobierno por un ERE, ndt) y que el problema industrial y social se transformara en una crisis política de gran envergadura. La única concesión que parece pedir a ArcelorMittal es que acepte un generoso plan social, que el Estado compensará de una forma u otra posteriormente, con el fin de comprar la paz social en Dunkerque.

Esa visión cortoplacista y cínica no resuelve nada, ya que todo apunta a que el plan social de Dunkerque es una prueba para ArcelorMittal con el fin de arrancar aún más concesiones, ayudas y protección en Francia y en Europa, mientras prosigue su reorganización mundial y el abandono del continente europeo, dejando la factura a los gobiernos.

El coste final de esta destrucción industrial masiva es conocido: se paga con miles de puestos de trabajo, con la desaparición de muchísimos subcontratistas, proveedores y prestadores de servicios, con el abandono de territorios, con la pérdida de competencias y conocimientos técnicos, y con un agravamiento de las cuentas sociales y fiscales.

Nadie suma nunca esos costes dispersos y esas pérdidas de ingresos, pero sin duda son más elevados que los de una nacionalización, por arriesgada que sea. En cualquier caso, al final queda una herramienta productiva. Teniendo en cuenta la importancia estratégica del sector y sus efectos impulsores en toda la industria y en los territorios, esta se justifica.

En todo caso, sin un enorme esfuerzo financiero no se conseguirá detener la hemorragia actual que afecta a todos los sectores económicos y reindustrializar el país adaptándolo a las nuevas urgencias climáticas. Pero eso implica también contar con una estrategia industrial y energética, una política de preferencia nacional que comience por la contratación pública y una visión a largo plazo. Todos esos términos son “palabrotas” para este gobierno.

¿Hasta cuándo podrá el Ejecutivo eludir el tema? La política de oferta aplicada por los sucesivos gobiernos de Emmanuel Macron desde 2017 cuesta cada año entre 170.000 y 200.000 millones de euros en ayudas y diversas desgravaciones a las empresas. Pero ¿con qué resultado?

Mientras se multiplican los planes sociales en toda Francia y se ven amenazados sectores enteros, pero al mismo tiempo algunos grupos distribuyen cantidades récord a sus accionistas, merece la pena plantearse la pregunta. Dos comisiones de investigación parlamentaria, una en la Asamblea Nacional y otra en el Senado, han decidido evaluar la pertinencia y la eficacia del gasto público.

En la línea de esas reflexiones, el senador socialista Thierry Cozic acaba de presentar una propuesta de ley para limitar el despido por motivos económicos en las empresas de más de 250 trabajadores.

El texto, que consta de dos artículos, propone revisar una serie de facilidades y libertades, algunas de las cuales se introdujeron con la ley laboral, conocida como ley El Khomri, aprobada en 2016. El primer artículo propone prohibir el despido por motivos económicos si hay distribución de dividendos, acciones gratuitas o stock options, o recompra de acciones durante el último ejercicio contable.

“Por otra parte, ya no es aceptable para Francia que esos despidos sean llevados a cabo por grandes multinacionales que reciben importantes subvenciones públicas”, dice el texto, que propone prohibir cualquier pago de ayudas o créditos fiscales durante tres años en caso de despidos improcedentes, así como el reembolso de las ayudas, incluidas las exenciones sociales relativas a los puestos suprimidos, si la sentencia se considera sin causa real y grave.

La propuesta de ley se someterá a votación en el Senado el 14 de mayo. Como era de esperar, la mayoría gubernamental y la derecha ya se han declarado totalmente en contra de la propuesta.

Traducción de Miguel López

El fraude es conocido y encubierto por el Elíseo desde 2021: Nestlé vende aguas minerales que ya no tienen nada de natural. Ayer, 7 de mayo, el prefecto del Gard, Jérôme Bonet, puso fin a estas prácticas prohibiendo a Nestlé seguir explotando las aguas Perrier, producidas en la planta de Vergèze. No obstante, le ha concedido un aplazamiento de dos meses.

Para obtener la denominación tan codiciada de agua “mineral natural”, el agua debe estar libre de cualquier contaminación en el manantial y no debe someterse a ningún tratamiento de desinfección. Sin embargo, las cinco fuentes de las que proviene el agua Perrier suelen estar contaminadas, en particular por bacterias de origen fecal. Y las técnicas que utiliza la multinacional para desinfectarlas son “contrarias a la normativa”, ya que modifican su composición microbiológica, según las conclusiones de la prefectura dirigidas a la multinacional.

Según un comunicado de la prefectura de Gard, Nestlé ha recibido un requerimiento para retirar esos tratamientos (microfiltros de 0,2 micras) en un plazo de dos meses. Porque, sin estos procesos, sus aguas no son lo suficientemente puras, tal y como indican los análisis de las autoridades sanitarias y el reciente dictamen de los hidrogeólogos designados por el prefecto de Gard, emitido en abril. Estos concluyen que "el criterio de pureza original del agua no parece haber sido respetado ni lo sigue siendo”. En resumen, no parece posible que la actividad continúe.

Queda por saber qué destino se dará a los lotes de botellas Perrier ya producidas y que ya no pueden venderse con la etiqueta “agua mineral natural”. Ni la Dirección General de Competencia, Consumo y Represión del Fraude (DGCCRF) ni la prefectura del departamento de Gard han respondido a nuestras preguntas.

Desde hace más de un año, la multiplicación de los controles realizados por la Agencia Regional de Sanidad (ARS) de Occitania y la prefectura revela frecuentes contaminaciones del agua Perrier. Todavía en marzo, la ARS fue informada por Nestlé, con retraso, de una nueva “no conformidad relacionada con una detección bacteriológica”. Después de ocultarlos durante años, la multinacional tarda ahora en transmitir a las autoridades los informes no conformes.

Sin esos tratamientos, ¿cómo van a garantizar la prefectura y la ARS que el agua embotellada esté libre de contaminación? Al ser interrogada, la prefectura precisó que ya se habían “reforzado” los controles sanitarios. Se seguirán realizando análisis periódicos del agua para garantizar la ausencia de contaminación. En caso contrario, se interrumpirá la explotación de la fuente.

La decisión del prefecto de poner fin a estas prácticas se tomó tras una inspección iniciada en mayo de 2024. La contaminación del agua por bacterias de origen fecal (del tipo Escherichia coli) durante varios días llevó al representante del Estado a exigir no solo el cese inmediato de la captación de agua contaminada, sino también, habida cuenta de los riesgos para la salud (en aplicación del Código de Salud Pública), la destrucción de todas las botellas de agua afectadas, cerca de dos millones.

A raíz de ello, el prefecto ordenó una inspección de la agencia regional de sanidad, que en agosto de 2024 presentó un informe demoledor sobre las aguas Perrier, cuya calidad ya no cumple los “criterios de pureza original” exigidos por la ley para las “aguas minerales naturales”.

A menos que se modifique la normativa y se autoricen los procesos de desinfección, “no es posible”, según los inspectores, “continuar con la producción de agua mineral natural”.

Nestlé se benefició entonces de una moratoria de dos meses para cumplir con la normativa y demostrar, en particular, que sus aguas eran puras y que los tratamientos no consistían en desinfectarlas. Una demostración imposible, habida cuenta de las frecuentes contaminaciones de sus fuentes.

Esas disfunciones, que no son nuevas, habían sido ocultadas hasta ahora por Nestlé, que sabe desde hace varios años que estaría amenazada la producción de sus aguas Perrier .

En efecto, tal y como revelaron Mediacités, Le Monde y Radio France, Nestlé ha recurrido a tratamientos ilegales (lámparas UV, filtros de carbón y microfiltración) para desinfectar todas sus aguas minerales naturales, a saber, Contrex, Hépar y Vittel en los Vosgos y Perrier.

El fraude es conocido por el ejecutivo desde el 31 de agosto de 2021. Durante una reunión confidencial con el gabinete de la entonces ministra de Industria, Agnès Pannier-Runacher (actualmente ministra de Ecología), en presencia de la Dirección General de Competencia, Consumo y Represión del Fraude (DGCCRF), el grupo Nestlé, investigado desde hacía varios meses por esta última, no tuvo más remedio que reconocer el uso de esas prácticas prohibidas. Un fraude que, solo en la planta de Los Vosgos, duró al menos quince años y le reportó más de 3.000 millones de euros.

Pero, lejos de poner fin a la situación, se hará todo lo posible para proteger a la empresa, que cuenta con el apoyo del Elíseo. Muy pronto, el “palacio” interviene en el asunto y ordena a Matignon (sede del ejecutivo, ndt), entonces dirigido por Élisabeth Borne, que modifique la normativa en febrero de 2023, autorizando los procesos de desinfección (en este caso, microfiltros de 0,2 micras en lugar de 0,8). De este modo, se legaliza el fraude, a pesar de los riesgos sanitarios que conllevan estas prácticas. Pero, al no haber obtenido satisfacción ante la Comisión Europea, el gobierno tuvo que dar marcha atrás sin dar nuevas instrucciones, dejando que los prefectos se las arreglaran en esta caótica situación.

El entonces secretario general del Elíseo, Alexis Kohler, que mantuvo frecuentes contactos con los dirigentes de Nestlé, sabía perfectamente que no debían seguir produciéndose las aguas Perrier. El 18 de diciembre de 2024, recibió un mensaje de la asesora de industria del Elíseo, en el que le recordaba que “en los pozos de Vergèze, en el departamento de Gard (marca Perrier), se producen contaminaciones bacterianas y/o virológicas esporádicas. Por lo tanto, Nestlé debe recurrir a filtros, lo que tiene una función desinfectante que contradice la directiva de la UE de 2009 [...], y un informe [...] estima que la empresa debe plantearse el cese de la producción de agua mineral en la planta de Vergèze”.

La mala calidad del agua Perrier es, por tanto, un secreto a voces, pero hasta ahora ningún responsable político ha querido tomar una decisión, a pesar de los riesgos para la salud, en particular de contaminación virológica que los tratamientos no pueden contener.

El último dictamen científico emitido en abril reitera la misma conclusión. En esta ocasión, se trata de tres hidrogeólogos independientes, designados por el prefecto en el marco de la solicitud de autorización presentada en octubre de 2023 por la multinacional para seguir extrayendo agua de cinco pozos de la fábrica Perrier y venderla con la etiqueta “agua mineral natural” (EMN).

En un informe de 143 páginas, justifican su “dictamen sanitario desfavorable” por la frecuente contaminación microbiológica del agua en el manantial y la “vulnerabilidad” del acuífero, y concluyen que “la calidad microbiológica permanente y, por lo tanto, el criterio de ‘pureza original’ del agua parece no haber sido ni ser respetado”. El prefecto debe pronunciarse sobre esta solicitud de autorización antes del 7 de agosto. Pero la decisión que acaba de tomar el 7 de mayo es un presagio de lo que vendrá.

A día de hoy, tal y como había previsto la ARS en una nota fechada el 27 de diciembre de 2024, en caso de “denegación de la autorización para explotar estos cinco pozos como EMN [...], Nestlé Waters, si lo desea, podría utilizar estos pozos para fabricar bebidas alimenticias”.

Cuando el agua se utiliza para “bebidas alimenticias”, puede ser sometida a tratamientos. Esto es lo que ya ha hecho Nestlé con otros dos pozos cuyo agua estaba demasiado contaminada. En diciembre de 2024, la multinacional obtuvo la autorización para tratar estas aguas con el fin de fabricar bebidas alimenticias, vendidas bajo la marca Maison Perrier y destinadas inicialmente a la exportación.

“Al solicitar seguir explotando las aguas Perrier como aguas minerales naturales, Nestlé ha optado por anteponer sus intereses económicos, pensando que pueden imponerse a la fuerza, a pesar de conocer el estado catastrófico de su fuente. La actitud de Nestlé revela el desprecio que siente por los recursos hídricos y la poca consideración que tiene por sus propios empleados” [que son 1.000 en la planta de Vergèze, ndr], lamenta una fuente cercana al caso. “Esto dice mucho de la sensación de impunidad de Nestlé. Pero al apoyarla, el poder político también ha contribuido a crear la situación en la que se va a encontrar la fábrica”. Si Nestlé quiere ahora transformar algunas de sus fuentes en bebidas alimenticias, tendrá que volver a solicitar una autorización a la ARS y a la prefectura. Esto requerirá nuevos plazos de tramitación.

Marc (nombre ficticio), empleado de Nestlé, “sigue enfadado” con la estrategia de su empresa, “que es la peor para los empleados”. “Nestlé podría al menos haber preservado más la actividad de la fábrica solicitando inmediatamente la reconversión de algunos pozos. Después de tantos escándalos, esperaba más respeto y franqueza por parte de Nestlé. Pero debo de ser muy ingenuo”, ironiza, añadiendo: “Incluso los accionistas están enfadados”, en referencia a la última junta general del grupo.

En los Vosgos, las aguas Hépar también corren el riesgo de perder su etiqueta de “agua mineral natural” por las mismas razones que Perrier.

La Dirección General de Competencia, Consumo y Represión del Fraude (DGCCRF) aún no se ha pronunciado oficialmente sobre los lotes de botellas de Perrier vendidas fraudulentamente por Nestlé, cien veces más caras que el agua del grifo, a pesar de que son exactamente lo mismo y de que debería retirárseles la etiqueta de “agua mineral natural”. La DGCCRF está al corriente de este fraude, que también afecta a las aguas Contrex, Hépar y Vittel desde 2020:

· A raíz de una denuncia presentada en octubre de 2019, el Servicio Nacional de Investigaciones (SNE) de la DGCCRF inició una investigación en 2020 y presentó un informe sobre las prácticas fraudulentas de algunas empresas de agua mineral, entre ellas Nestlé.

· 31 de agosto de 2021: Nestlé se reúne en Bercy con la DGCCRF, el director de gabinete y la asesora de salud de la entonces ministra de Industria, Agnès Pannier-Runacher. La multinacional reconoce y detalla el fraude. Sin embargo, al término de la reunión, la DGCCRF no presenta ninguna denuncia ni propone que se destruyan los lotes de botellas.

· En octubre de 2022, la fiscalía de Épinal remite al SNE de la DGCCRF un nuevo caso para que investigue los tratos fraudulentos de Nestlé en Los Vosgos.

En sus conclusiones, presentadas en abril de 2024 y publicadas por Mediapart, la DGCCRF estima que el fraude asciende a más de 3.000 millones de euros durante un periodo mínimo de quince años. A pesar de todas estas conclusiones, no ha remitido el caso a la justicia ni ha solicitado que se retiren del mercado las botellas producidas de forma fraudulenta.

No fue hasta el 25 de febrero, más de cuatro años después, cuando la dirección de fraudes presentó una denuncia ante la fiscalía de Nimes por “prácticas que podrían constituir delitos penales” en relación con la comercialización de las aguas Perrier. En su informe, al que ha tenido acceso Mediapart, la DGCCRF precisa que su denuncia está motivada, en particular, por “el revuelo mediático” y “la investigación abierta por la comisión del Senado”.

Traducción de Miguel López

Un grupo de investigadores demostró esta semana que los vinos europeos contienen altas cantidades de los llamados contaminantes eternos o PFAS, un grupo de sustancias químicas que se empezaron a producir a mediados del siglo XX y que han ganado peso en la última década. Aunque se ha demostrado que son tóxicos para los humanos, aportan tantas propiedades a los productos del día a día que la industria y los gobiernos se resisten a vetarlos. 

En España hay un estudio muy limitado sobre los PFAS porque afortunadamente no ha habido grandes escándalos de contaminación, pero los expertos (las expertas, en este caso) insisten en que están por todas partes, que ningún umbral de consumo es seguro y que hay que reducir la exposición a ellos todo lo posible. infoLibre ha hablado con cuatro científicas españolas que llevan años buscándolos y analizándolos para proteger a la población, y en este artículo contestan a las dudas más habituales.

Las sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (PFAS) son compuestos químicos sintéticos que contienen flúor y que nos rodean en nuestro día a día. Descubiertos en 1938 por la empresa química estadounidense DuPont, fueron primero utilizados en el proyecto Manhattan para el desarrollo de armas nucleares por su extrema resistencia, y a partir de ahí se han creado cientos de sustancias derivadas: hay más de 10.000 PFAS diferentes.

Son imprescindibles para la industria porque aplicados sobre un textil, un plástico, un metal o una madera, convierten estos materiales en ignífugos, antiadherentes, antideslizantes, antimanchas, aportan dureza y evitan la corrosión. Es decir, dan a cualquier material cualidades que se necesitan en todas las industrias, desde la farmacéutica a la aviación, pasando por la alimentación. 

Entre los años 90 y los 2000 se descubrió que los PFAS eran altamente persistentes, bioacumulativos y tóxicos, las tres condiciones que encienden las alarmas entre los reguladores porque suponen un riesgo para la salud durante siglos y a gran escala. Se han hallado restos de estos químicos en personas de todo el planeta.

La respuesta de los expertos es siempre la misma: "Están en todas partes". Su primer uso cotidiano fue en las sartenes de teflón, pero ahora han llegado a cientos de productos que manipulamos a diario. Como los PFAS son resistentes y duran siglos en el medioambiente, se acumulan en la tierra y se filtran a los acuíferos, de manera que terminan en el agua corriente y los alimentos, el mayor riesgo para los humanos.

También están en prendas de ropa técnica, pesticidas, cosméticos, pinturas, tuberías, juguetes, muebles… y hasta en el aire acondicionado. Begoña Jiménez, investigadora de Química Ambiental del Instituto de Química Orgánica General (IQOG-CSIC), los ha buscado incluso en la Antártida. "Allí trabajamos desde 2014 y los hemos encontrado en sus aguas y en la atmósfera. Si están en el punto más remoto del mundo, aquí los tenemos en varios órdenes de magnitud por encima", señala.

Su equipo también trabajó entre 2013 y 2019 en un análisis de las aguas del Duero, Tajo, Ebro, Cantábrico Oriental y Cataluña, y encontró PFOS y PFOA por encima de los niveles ambientales recomendados de la UE en el 51% de los 116 puntos analizados.

Se ha demostrado ampliamente que los PFAS más antiguos y más utilizados son tóxicos para la salud e, incluso, han sido prohibidos en gran parte del mundo para evitar una crisis sanitaria. El problema es que hay miles de sustancias polifluoroalquiladas y es imposible abarcarlas todas porque analizar su impacto en el organismo es extremadamente complejo: cada una puede afectar de una manera al cuerpo y normalmente se acumulan varias de ellas al mismo tiempo, complicando todavía más el diagnóstico. A esto se suma que son sustancias persistentes y no se degradan dentro del cuerpo, de manera que solo se pueden expulsar por la orina y las heces.

Lara Cioni, investigadora de PFAS y plastificantes en el Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (IDAEA-CSIC), explica que "el PFOA y el PFOS son las variantes más estudiadas, pero son dos de miles". "Uno de ellos es cancerígeno y otro está catalogado como posible cancerígeno. También hay evidencias de que dañan el sistema inmunitario y reducen los efectos de las vacunas", señala la experta. También se han relacionado los PFAS con problemas de fertilidad, con daños en los riñones y el hígado, o con alteraciones de tiroides.

Sí, aunque menos que en otros países. En España no ha estallado por ahora ningún gran escándalo por contaminantes de PFAS —a diferencia de países como Italia, Bélgica, Francia o Dinamarca—, pero sí se han encontrado restos de PFAS en ríos de la península y en estudios poblacionales.

Ana Cañas, directora del Centro Nacional de Sanidad Ambiental (CNSA), trabajó en 2009 en el primer estudio en busca de químicos tóxicos en la población adulta española, y en 2017 ese mismo centro realizó otro en adolescentes. El primero arrojó concentraciones de PFOS de entre 6 y 10 microgramos por litro de sangre, con los niveles más altos en Cataluña; mientras que el segundo encontró una media de 5 microgramos por litro de sangre en los adolescentes.

Ambos análisis formaban parte de un estudio más amplio en la Unión Europea, y Cañas explica que España está mucho mejor que otros países. "La buena noticia es que estamos a la cola, tenemos la mitad de residuo que países como Suecia o Noruega", afirma la experta. "En esos estudios también medimos el mercurio… y ahí sí que estamos en el top mundial con Portugal y Japón porque comemos muchísimo pescado", añade.

Realmente es imposible, resumen las investigadoras. El consejo más habitual es buscar la etiqueta 'libre de PFAS' en utensilios de cocina, envoltorios de alimentos o toda clase de objetos que tengan cualidades antimanchas o impermeables como alfombras, ropa o muebles. Pero la realidad es que hoy en día prácticamente ninguna etiqueta lo aclara, salvo en las sartenes.

Dolores Romano, encargada de Químicos de la Oficina Europea de Medioambiente (EEB, por sus siglas en inglés), matiza que en algunos productos, aunque se etiqueten como 'libre de PFOA', han sustituido esa sustancia —hora ilegal— por otra similar menos estudiada, como el PTFE, el que usa, por ejemplo, la marca Tefal en sus sartenes antiadherentes. "Los fabricantes te dicen que su producto es seguro, pero lo que han hecho es utilizar otro PFAS que no tenga un análisis detallado. Los polímeros como el PTFE no tienen riesgos conocidos porque la normativa europea REACH los dejó fuera de la legislación, y no se han estudiado", opina Romano.

La experta también recomienda prestar mucha atención a los envases de la comida, donde son habituales los PFAS. Por ejemplo, el papel antigrasa que envuelve las hamburguesas, las cajas de pizza o el papel de horno.

Los dos más comunes del siglo pasado, el PFOA y el PFOS, están prohibidos por la Convención de Estocolmo —a la que está suscrita la Unión Europea—, por lo que ya no los verás en ningún producto. Sin embargo, todavía están presentes en el medioambiente porque tardan siglos en descomponerse, de manera que los europeos siguen expuestos a ellos. En 2023 la Unión Europea también prohibió el uso de PFHxS y ha restringido el uso de otros dos tipos de PFAS.

El problema, coinciden las investigadoras, es que cuando la industria pierde uno de estos productos, diseña un sustituto similar y lo introduce en el mercado sin saber si es también tóxico, porque estudiar su impacto y prohibirlo después puede llevar fácilmente una o dos décadas. Y mientras tanto, los fabricantes han podido vender toneladas de ese producto.

Dolores Romano, experta en legislación europea sobre químicos, explica que Bruselas se prepara ahora para endurecer los permisos sobre los PFAS con una reforma del reglamento REACH, el que legisla sobre los químicos legales en el continente. Sin embargo, el choque de intereses entre la industria, los activistas y la política podría resultar en una legislación descafeinada. 

Para evitar que la industria se salga con la suya, Alemania, Dinamarca, Países Bajos, Suecia y Noruega presentaron en 2023 una propuesta para prohibir la fabricación y uso de todos los PFAS en Europa a partir de 2026, y la propuesta se está debatiendo en este momento. Paralelamente, explica Romano, se están intentando aprobar pequeños reglamentos para vetarlos en la producción de juguetes y en las espumas de los extintores de incendios.

En España, una ley establece desde 2024 un máximo de concentración de cuatro sustancias PFAS en el agua corriente (PFOA, PFOS, PFNA y PFHxS), y desde 2025 a controlar los niveles de otros 20 tipos más.

Comparado con otros países europeos, España tiene un conocimiento muy limitado de la contaminación por PFAS. Por una parte, porque aquí no ha habido una industria de producción de PFAS a gran escala y no se han desatado escándalos de contaminación masiva, como sí ha ocurrido en fábricas del centro de Europa. Por otra, porque la investigación de los compuestos fluorados y su impacto en la salud es muy limitada en España.

Hay un equipo del CSIC que monitoriza la cuenca del Duero de manera continua en busca de PFAS, y otro equipo del Ciemat estudia la del Tajo, pero no hay análisis continuos de la situación global de estos contaminantes. Sobre la acumulación de PFAS en la población, no ha habido nuevos estudios desde 2017. Ni tampoco hay un organismo que analice sus daños sobre la salud.

No obstante, Ana Cañas, del CNSA, adelanta que preparan con el Ministerio de Sanidad para 2026 el primer estudio de biomonitorización humana para medir contaminantes orgánicos, entre ellos los PFAS, en 4.000 españoles. "Será el primer estudio global en España y vendrá seguido de más ediciones para poder comparar cómo avanza la situación y cómo afectan las legislaciones que entren en el futuro". 

La prueba más clara de la falta de información en España sobre los PFAS está en la mayor base de datos de Europa sobre la ubicación de estos químicos. El PFAS Data Hub, un mapa que recoge todos los puntos conocidos del continente donde se han detectado estas sustancias, apenas tiene registros en la península ibérica. Tiene casi medio millón de coordenadas donde se han recuperado PFAS, y la gran mayoría están en Francia (206.730), Reino Unido (48.909) Alemania (16.582) y Países Bajos (6.447), mientras que solo hay 591 puntos ubicados en España.

En general, las expertas creen que España está más atrasada que otros países del centro y el norte de Europa en el estudio de PFAS, pero no está a la cola de Europa. "Una cosa es que tengamos investigación, que la tenemos, pero necesitamos programas de seguimiento estrictos", apunta Begoña Jiménez. "Y para eso no basta con una financiación concreta, sino que necesitamos partidas presupuestarias continuas del Ministerio de Transición Ecológica y de Sanidad", resume.

El pasado martes, nada más conocerse la exclusión de Altri del listado del Gobierno de España de proyectos que se beneficiarán de los fondos PERTE para la descarbonización, la Xunta no tardó en repetir su argumentación: el Ejecutivo central "discrimina" a Galicia y sigue "criterios políticos" y no técnicos para perjudicar las iniciativas empresariales. Horas antes, Greenfiber —la sociedad promotora de la planta que la papelera portuguesa tiene prevista en Palas de Rei— reconoció en un comunicado que se presentó a esta convocatoria de ayudas de la UE sabiendo que "no podría ser elegible por razones de plazo" a no ser que el Estado "consiguiese acordar con la Comisión Europea una prórroga". Aun así, añadió, recurrirá la decisión del ministro de Industria que deja a la compañía sin 30 millones de Europa a la espera de otros 220 que aún aspira a obtener. 

La pregunta, advierten fuentes comunitarias, es clara. ¿Qué recorrido tiene un recurso sobre la exclusión de un paquete de ayudas del que se queda fuera por no cumplir los plazos? ¿Por qué una empresa se presenta a una convocatoria sabiendo que no cumple con las fechas marcadas como límite? "La táctica es muy vieja", responden, avisando de que la "imposible" adaptación del proyecto a los tiempos que imponen los fondos Next Generation de la UE no impide que Altri (y la Xunta) mantengan el discurso de la ofensa por la supuesta "discriminación a Galicia". 

Porque, tal y como se desprende del documento del Ministerio que aclara las puntuaciones de los proyectos rechazados, el de Altri —el segundo con peor puntuación— fue rechazado, en primer lugar, porque su "fecha de finalización supera el plazo máximo señalado" en la orden de agosto de 2024 que establece las bases reguladoras de la convocatoria de los PERTE de descarbonización. 

Pero también porque no cumple con las exigencias respecto al consumo de combustibles fósiles, que "no deben ser su fuente de energía" ni como "materia prima" ni en "equipos de emergencia o similares". Además, otro de los criterios en los que ni siquiera alcanzó la puntuación mínima fue el referente a las emisiones de gases de efecto invernadero y a la necesidad de evitarlas con recursos técnicos y mejoras ambientales, recibiendo una puntuación de 3 cuando el mínimo exigido era 7. 

En cualquier caso, el hecho de que el proyecto no estuviese en plazo dejó a Altri sin opción en este PERTE. ¿Y cuáles son los plazos? La propia empresa, en su comunicado, aclara que su participación en esta convocatoria "se produjo con pleno conocimiento de que, en el marco de los compromisos asumidos ante la Comisión Europea", los proyectos candidatos "se deben finalizar antes del 31 de marzo de 2026". En menos de un año. 

Se refiere a los plazos marcados por el Plan de Recuperación y Resiliencia de España, que se basa en las fechas estipuladas por la normativa comunitaria que establece este mecanismo de recuperación impulsado tras la pandemia del covid. En el texto se aclara que los pagos a los Estados sólo se hará a finales de ese año 2026 y que aquellas medidas que se vayan a ejecutar con estas subvenciones tendrán que estar finalizadas antes del 31 de agosto de ese año. En España, como en la mayoría de Estados, los plazos para tramitar las ayudas y completar todo lo requerido para los pagos están ajustados, de ahí que la fecha límite para ejecutar gastos o inversiones sea el 31 de marzo. 

Teniendo en cuenta que Altri aseguró varias veces que necesitaría unos tres años para terminar la planta y producir fibras textiles una vez obtenidos todos los permisos, y que la Xunta espera tener la Evaluación Ambiental Integrada que necesita antes de que acabe el verano, las expectativas sitúan el proyecto, como mínimo, en 2028. En el caso de que quisiera acelerar los plazos, la empresa tendría en torno a seis meses para finalizar las obras y poder recibir así los fondos de recuperación, ya sea en forma de PERTE o de otro paquete de ayudas. 

La propia UE lo deja claro en sus documentos. El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que entró en vigor en febrero de 2021, "sirve para financiar las reformas e inversiones en los Estados miembros de la UE que se llevaron a cabo desde el inicio de la pandemia hasta el 31 de diciembre de 2026". Respecto a los fondos Next Generation, aclara que el plazo para ejecutarlos “finaliza el 31 de agosto de 2026”, según la normativa de dicho mecanismo de recuperación. 

"Es un castillo de naipes de manual, porque de eso se trata este proyecto, que tiene como objetivo real obtener en Galicia el eucalipto que no encuentran en Portugal. Por lo tanto, Altri no cumple con los plazos ni del PERTE ni de ninguna otra subvención del Plan de Recuperación que demandan", explica el eurodiputado gallego del PSOE gallego, Nicolás González Casares, que advierte, con ironía, de los "pequeños detalles" que Greenfiber tendría que solucionar ya, como la conexión a la red eléctrica. 

"Incumplieron las reglas conociéndolas desde el minuto cero", añade Casares, quien supone que la Xunta "seguirá con el lamentable rol jugado en toda esta historia y buscará culpar al Gobierno central si Altri no logra lo solicitado". "Acusarán al Estado de marginar a Galicia por no dar 250 millones de euros a fondo perdido a una industria que no puede ejecutar esos fondos en tiempo, incumpliendo las bases por principio", denuncia, además de advertir de la "inmadurez" de un proyecto cuya idea surgió ya en 2020.

Además, ya antes, la eurodiputada del BNG, Ana Miranda, había advertido del "posible incumplimiento de hasta 14 directivas europeas" por parte de Altri y de la "irresponsabilidad" que supondría autorizar el proyecto. Ante la exclusión del PERTE, asegura que el Estado sabe que su inclusión supondría inmediatamente "la apertura de un procedimiento de infracción en Bruselas". "Esa es también una de las claves", asegura. 

Pero Altri denuncia que el Gobierno español podría pactar una prórroga de los plazos en la UE. "Es un wishful thinking, un pensamiento ilusorio, no tiene sentido", explican fuentes comunitarias, que advierten de lo que supondría activar ese cambio. Nada más y nada menos que reformar un reglamento, el del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Y para esto necesita que lo proponga la propia Comisión, que es la que tiene la iniciativa legislativa, y que lo aprueben (y sean convencidos) cada uno de los 27 Estados del Consejo y sea enviado al Europarlamento para recibir el visto bueno de la cámara, además de la convocatoria de un trílogo (negociación entre esas tres partes) para adaptar el texto. 

"Casi nada", insisten las mismas fuentes, que aclaran que "no tiene ningún sentido" algo así teniendo en cuenta que ya hay proyectos en marcha y que, además, recuerdan que hace no mucho el PP votó en contra de la exigencia de ampliar los plazos en lo que tenía que ver con las reformas impulsadas por los Estados al amparo de este mecanismo de ayudas. 

Desde la Eurocámara insisten en que en la UE hay ahora mismo "otras prioridades" antes que las ayudas vinculadas al proyecto de recuperación tras la pandemia, que tienen desde hace tiempo como fecha de caducidad el años 2026 y, además, prorrogarlas supondría una pérdida económica que pocos Estados aceptarían. La pregunta, explican las mismas fuentes, es "qué hicieron Altri y la Xunta desde que se anunció la intención de ejecutar un proyecto hasta que se implementó, teniendo en cuenta que sabían perfectamente cuáles eran los plazos de los fondos europeos". 

Ante la imposibilidad de Altri de acceder a los fondos Next Generation o vinculados al mecanismo de recuperación del covid, como aseguran varias fuentes comunitarias, deja a Altri con pocas opciones. ¿Las tiene? "Pocas o ninguna", insisten, en referencia a los IPCEI (Important Projects of Common European Interest), proyectos de interés común europeo que reciben ayudas extraordinarias si contribuyen claramente a los objetivos de Bruselas, que tengan un impacto significativo en la competitividad, el crecimiento sostenible y la creación de valor de la UE. También en el caso de involucrar a varios Estados o con beneficios que "no se limiten a las empresas o sectores en cuestión, sino a toda la economía o sociedad europea a través de efectos indirectos positivos", según aclara la UE.

En este caso, "el proyecto tendría que estar vinculado a un sector estratégico y tendría que ser el Estado el que solicitara su inclusión en esas ayudas", aseguran las mismas fuentes, que también advierten del "procedimiento extremadamente complejo" que conlleva y de la dificultad que tendría para no incumplir las normas de competencia comunitarias.

El 19 de marzo de 2025, Muriel Lienau, directora general de Nestlé Waters, que hasta diciembre de 2024 dirigió Nestlé Francia, compareció ante la comisión de investigación del Senado sobre las prácticas de la industria del agua y las responsabilidades de los poderes públicos. Le hicieron la siguiente pregunta: “¿Se han contaminado sus aguas con materia fecal, PFAS o pesticidas y han necesitado tratamiento para poder ponerse a la venta?”.

Muriel Lienau respondió: “Todas nuestras aguas son puras en manantial”. Solo hubo, matizó, “una desviación esporádica en 2024” en uno de los manantiales de Perrier, que ya ha sido suspendido. Sin embargo, no dice ni una palabra sobre las aguas de los Vosgos.

Sin embargo, Mediapart ha tenido acceso a una nota “confidencial” de junio de 2022 que dice precisamente lo contrario. Nestlé tendrá dificultades para impugnar su contenido, pues los autores son sus propios ingenieros. Y tampoco podrá alegar ignorancia porque la nota se envió a los principales directivos del grupo. En particular, al vicepresidente de la multinacional, Marco Settembri, a la responsable jurídica internacional, Leanne Geale, y a la jefa de calidad de productos, Natasa Matyasova. En Francia,  también son destinatarias la presidenta del grupo, Muriel Lienau, y la directora de Nestlé Waters en ese momento, Sophie Dubois.

Tres meses después de esta nota que detallaba la contaminación fecal del manantial Essar que abastece a las aguas Hépar, el Elíseo autorizó a Nestlé, el 29 de septiembre de 2022, a seguir utilizando ese mismo manantial.

¿Tendrá el director general de Nestlé, Laurent Freixe, que comparecerá ante los senadores este miércoles 9 de abril, algo que aportar sobre esta nota? Cuatro de sus agentes (dos hidrogeólogos, el responsable de tratamiento de aguas y un ingeniero encargado de recursos hídricos) escriben que, en vista de la inspección que realizaron del 13 al 17 de junio de 2022 en la planta de los Vosgos, donde se embotellan las aguas Contrex, Hépar y Vittel, “la calidad microbiológica del agua bruta (Hépar y Contrex) y los procesos implementados no cumplen con la normativa francesa sobre EMN [aguas minerales naturales, ndr] que indica que el manantial debe estar libre de patógenos […] y que el tratamiento no puede modificar las características microbiológicas y químicas del agua”.

Teniendo en cuenta la “no conformidad” con la normativa francesa y el nivel de contaminación del agua, el riesgo se califica de “crítico” (el grado más alto en el sistema de calificación de peligros de la empresa). Sin embargo, Nestlé ocultará estos datos a las autoridades de control.

En junio de 2022, justo cuando se envió la nota alarmista a sus directivos, la fábrica de Nestlé acababa de ser objeto de una inspección de la Agencia Regional de Sanidad (ARS) en el marco de una investigación llevada a cabo por la Inspección General de Asuntos Sociales (IGAS) sobre las prácticas fraudulentas de las empresas de aguas minerales. Pero la multinacional se guarda muy bien de transmitir este embarazoso documento a los órganos de control, ocultando así el alcance de la contaminación.

Un año después, en julio de 2023, cuando la Dirección General de Sanidad (DGS) se puso en contacto con la Agencia Nacional de Seguridad Sanitaria de la Alimentación, el Medio Ambiente y el Trabajo (ANSES) para verificar el riesgo sanitario, y en particular virológico, que plantean las prácticas de Nestlé, sus conclusiones resultaron incompletas, a la luz de esta nota confidencial y los análisis que figuran en ella. La ANSES califica entonces las contaminaciones microbiológicas de origen fecal de “a priori transitorias”, cuando en realidad son muy frecuentes según la nota.

De hecho, este documento recopila dos años de exámenes exhaustivos y análisis semanales. De enero de 2020 a marzo de 2022, los análisis revelan la presencia regular de bacterias coliformes, Escherichia coli, enterococos o Pseudomonas aeruginosa en numerosas perforaciones.

Más de siete veces al año, el agua que abastece al 50 % de las botellas de Hépar contiene materia fecal, lo que debería haber llevado a la empresa a suspender el embotellado de esta agua. Cerca de 98 de 116 muestras semanales (el 85,8 % de los resultados) muestran otras bacterias patógenas que también hacen que el agua de Hépar no sea potable. Una de las principales fuentes de Contrex también está contaminada 85 semanas de 116.

Pero Nestlé dice que debe seguir vendiendo como si nada. Para ello, debe desinfectar su agua, aunque la normativa vigente prohíbe aplicar una filtración de 0,2 micras, que podría eliminar los rastros de contaminación.

Con este tipo de filtración, el agua ya no sería “pura”. A priori, ya no podría calificarse de agua mineral, perdiendo todas las ventajas de su composición natural (en minerales y oligoelementos) y, de facto, debería venderse al mismo precio que el agua del grifo, es decir, cien veces más barata.

En su nota, los ingenieros de Nestlé son muy claros: explican que para “proteger” la fuente más contaminada de Hépar, se instaló una microfiltración (a 0,2 micras) desde junio de 2022. Y les preocupa además que el filtro de 0,2 micras que van a generalizar para las fuentes más contaminadas “todavía no está autorizado”.

Estos escritos constituyen, por tanto, un desmentido formal a las alegaciones de Nestlé, que lleva meses asegurando que los tratamientos de microfiltración no pueden asimilarse a una desinfección.

Lejos de poner fin al fraude, Nestlé prefiere contar con un aliado de peso,  el Elíseo, a pesar de estar perfectamente informado de las “vulnerabilidades” de Nestlé, como demostró el martes 8 de abril el ponente de la comisión de investigación, el senador socialista Alexandre Ouizille.

De hecho, el 11 de julio de 2022, Alexis Kohler, secretario general del Elíseo, acompañado por Victor Blonde, asesor en Matignon (sede del primer ministro, ndt) y en el Elíseo, se reunió con Ulf Mark Schneider, director general de Nestlé, en el marco de la cumbre Choose France. En ella se aborda el uso de filtros para “corregir la calidad de las aguas Vittel, Contrex y Hépar con posibles impactos en las plantas afectadas y un desafío de comunicación para gestionar bien la secuencia”.

El 26 de septiembre, el Elíseo, de acuerdo con los ministerios de Industria y Sanidad, propone autorizar la producción de Hépar “de forma transitoria”, en “todas las perforaciones”, a pesar de que algunas de ellas presentan “vulnerabilidades”, y recurrir, en contra de la normativa vigente, a una filtración de 0,2 micras.

Este proyecto será aprobado el 23 de febrero de 2023 por el gobierno tras la validación del Elíseo. Las botellas seguirán vendiéndose... Nestlé no cambiará su sistema y seguirá cometiendo fraude durante más de diez meses, extrayendo agua especialmente contaminada de uno de los manantiales de Hépar (cuya perforación, Essar, fue suspendida en mayo de 2023).

Contactado por Mediapart, Nestlé sigue ofreciendo los mismos elementos de comunicación: “la microfiltración no es un tratamiento no conforme” y “la seguridad alimentaria siempre ha estado garantizada”. Cuando se le preguntó sobre la frecuencia de contaminación de sus aguas explotadas ininterrumpidamente desde al menos 2020, precisó que había suspendido algunas perforaciones “debido a su sensibilidad a los imprevistos climáticos”.

Esta nota también revela otra disfunción que tampoco se comunicó a las autoridades: la falta de limpieza frecuente de los elementos de desinfección, ocultados hasta 2022, para evitar que los inspectores de la ARS los descubrieran: “El tratamiento del agua (microfiltros) de Hépar se encuentra en un edificio aislado. […] Los microfiltros se han instalado en una habitación separada, las tuberías de alimentación y retorno de esta unidad de tratamiento están ocultas en una habitación subterránea […]. Son muy difíciles de limpiar”.

A eso se refieren los ingenieros cuando hablan de una “situación muy crítica”.

Nota confidencial de Nestlé de junio de 2022, en su totalidad y en su versión original en inglés. Nestlé

Traducción de Miguel López

La Ley de Residuos obliga desde el pasado 1 de enero a que las prendas y textiles que tiran los hogares a la basura se recojan por separado para facilitar su reciclaje, como se hace con los envases. Los responsables de hacerlo son los fabricantes, como Inditex, El Corte Inglés o Ikea, pero la normativa todavía no se cumple y los vertederos continúan llenándose de ropa. El porqué de este retraso se explica por razones administrativas, según fuentes del sector.

Las compañías están a la espera de que el Ministerio de Transición Ecológica publique el reglamento que regula la recogida separada de textil, y este organismo está a su vez pendiente de que Europa publique una modificación en la directiva de residuos. Mientras tanto, son los ayuntamientos los que asumen los costes de la basura textil, con sus reducidos presupuestos municipales.

Recoger por separado la ropa que se tira es imprescindible para que el residuo sea de calidad, y hasta ahora solo el 10% del textil recuperado en España lo es de forma individual, gracias a las campañas de caridad, y menos del 1% se recicla, según datos de Cáritas. De hecho, el textil es el segundo residuo más importante en el día a día: representa entre el 12% y el 15% del peso de la basura de un hogar, solo por detrás de los restos orgánicos, y está incluso por delante del plástico. En total, cada año llegan 990.000 toneladas de ropa a vertederos en España.

Como la Ley de Residuos concluye que la responsabilidad sobre la recogida de la basura recae sobre quien la genera, el Gobierno dio tres años a los fabricantes para poner en marcha lo que se conoce como un sistema de responsabilidad ampliada del productor (Scrap), y tenía que estar plenamente operativo como tarde el 10 de abril de 2025.

Un Scrap es un sistema que garantiza que las prendas y tejidos no acaban en el cubo genérico, y la fórmula más habitual es mediante la instalación de un cubo específico, como ocurre con el plástico, el vidrio y el papel. En estos casos, la responsabilidad es compartida entre Ecoembes y Ecovidrio, y el textil ya ha creado su organización, Re-Viste, donde están agrupadas firmas como Decathlon, El Corte Inglés, H&M, IKEA, Inditex, KIABI, Mango o Primark. Como ocurre con el cubo amarillo o azul de las calles, los ayuntamientos serían los que coordinarían esta recogida, y luego Re-Viste —con dinero aportado por las marcas— devolvería a los alcaldes el coste del sistema.

Pero la recogida separada no funciona todavía, y parece que tardará más de un año en empezar a hacerlo.

Juan Ramón Meléndez, director de Re-Viste, insiste en que ellos están preparados para empezar a operar, pero que el Ministerio de Transición Ecológica no ha publicado el reglamento que necesitan para poder empezar. "La ley daba hasta el 8 de abril de 2025 para hacernos cargo del flujo de residuo textil, pero no se va a cumplir porque nos falta un reglamento del decreto que defina los objetivos y los plazos para trabajar", defiende Meléndez. 

Según añade, el Gobierno está a su vez esperando a que la Unión Europea saque adelante su revisión de la Directiva de Residuos, donde se esperan cambios importantes en las obligaciones del sector textil. "Lo poco que sabemos de Transición Ecológica es de conversaciones que tuvimos hace meses. Parece ser que no quieren adelantarse con un reglamento por si la directiva da unas indicaciones distintas para el tratamiento de la ropa", añade Meléndez.

El problema es que, mientras todos los actores esperan, son los ayuntamientos quienes costean con sus presupuestos la recogida de prendas de ropa, porque toda la basura que acaba en el cubo gris, el cubo marrón y las papeleras es responsabilidad de la administración local. Además, desde el 1 de enero de 2025 los alcaldes están obligados a recoger por separado los residuos textiles con cubos y camiones específicos, pero falta que se ponga en marcha el segundo eslabón de la cadena: que las marcas paguen a los ayuntamientos ese coste a través de un Scrap.

Igor González, fundador de Ecotextil, la primera organización de recogida de residuo textil del país —la predecesora de Re-Viste—, opina que el Gobierno y las empresas han hecho bien su trabajo, y que tiene sentido esperar a que Bruselas dé el siguiente paso antes de poner en marcha el Scrap. "No tiene sentido que el ministerio saque un reglamento cuando Europa te ha dicho que prepara una modificación sustancial de la directiva que afectará al reciclado textil. Sería poner en marcha un sistema que probablemente luego habrá que cambiar", afirma el experto. González cree que "el Scrap textil no estará plenamente operativo hasta la segunda mitad de 2026".

En todo caso, aunque la culpa sea de las administraciones, los fabricantes también avanzan muy lentos en el diseño de su sistema de recogida del textil desechado. Re-Viste está pendiente de iniciar un proyecto piloto en seis municipios de España —Zaragoza es el más grande— para perfeccionar el sistema, y durará "como mínimo un año".

La idea de los fabricantes es que cuando el Scrap se ponga en marcha en toda España, funcione con contenedores de ropa que estarán en la vía pública, en puntos limpios y en zonas comerciales. Una vez recogida, la ropa se clasificará entre la que puede volver a circular en el mercado de segunda mano, y la que tiene que reciclarse para fabricar nuevos productos.

Raúl González, director de Ecodicta, una empresa de reutilización de prendas, es muy crítico con el sistema de Scrap que prepara la gran industria textil. Afirma que la recogida selectiva de ropa en la calle no resuelve el problema de consumo abusivo de ropa, y que allí donde se ha probado no ha funcionado. En Francia llevan más de diez años utilizando un formato similar, a través de una organización textil llamada Re_Fashion, y los fabricantes no logran recoger en los contenedores ni un cuarto de la ropa que les corresponde tratar. 

"Re-Viste es copiar el fallido modelo Ecoembes en el textil. Solo provoca que los consumidores se relajen todavía más pensando que hay gente ocupándose de las prendas que tiran, pero la realidad es que el mercado está inundado de ropa de segunda mano, y no van a poder hacer nada con ella", explica González. "Separar la ropa y reciclarla es muy caro, la única solución es que la industria se comprometa a reducir la producción con un cambio del sistema", añade.

Esta semana se han publicado las nuevas obligaciones de ahorro de energía para las empresas energéticas españolas en 2025: 5.815 gigavatios hora (GWh), el equivalente al consumo eléctrico del país durante ocho días y medio. Se espera que el sistema de Certificados de Ahorro Energético (el conocido como sistema CAE) represente la mayoría de estos ahorros, aunque los expertos insisten en que hacen falta cambios normativos para que los hogares que participen puedan beneficiarse, por ejemplo, recibiendo más dinero por reformar la envolvente de la fachada.

El año pasado fue el primero en el que funcionaron los CAE, y el sector residencial solo representó el 1,8% del total del ahorro energético de este sistema (35 GWh) y aportó el 11% de las solicitudes totales de actuaciones. La industria monopolizó la gran mayoría de la venta de certificados de ahorro, con 410 solicitudes (54% del total) y una reducción de consumo de energía de 1.342 GWh (70,4%). El sector terciario realizó el 35% de las actuaciones con un ahorro de 530 GWh (27,8%). En total, se repartieron más de 230 millones de euros para financiar actuaciones.

Los CAE permiten a empresas y particulares recuperar una parte del coste de actuaciones de ahorro energético, como mejorar el aislamiento de una fachada o sustituir una calefacción de gas por una bomba de calor. Y el dinero que reciben depende de cuánta energía han dejado de consumir, medida en kilovatios hora (kWh) el primer año tras la reforma. Un kWh ahorrado equivale a un certificado, que luego se vende en el mercado para recuperar parte de la inversión.

Pero expertos en eficiencia energética subrayan que el sistema no está optimizado para el sector residencial, y los ciudadanos de a pie apenas se benefician de él. Cecilia Foronda, directora de Energía y personas en la fundación Ecodes, calcula que en una rehabilitación de fachada se puede recuperar entre el 3% y el 8% del coste total mediante la venta de certificados de ahorro energético. 

"Ese porcentaje es muy, muy pequeños para el sector residencial, y por sí solo no va a impulsar la renovación de edificios ni la eficiencia energética en los hogares", explica. La venta de CAE es en este momento la principal herramienta para incentivar las obras energéticas, puesto que los famosos fondos Next Generation para edificios ya se han agotado en todas las comunidades autónomas. 

Peio Mendia, miembro del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas, coincide con esta opinión. "Los CAE por si solos no impulsan las obras en los vecindarios, solo son una ayuda extra para reformas que ya estaban planeadas con los fondos europeos, que llegaban a darte 16.000 euros por cambiar la fachada. De hecho, los Next Generation se han acabado y las reformas energéticas residenciales están paradas totalmente", añade.

Desde Ecodes han planteado al Gobierno varios cambios para pulir el sistema de certificados energéticos para que lleguen a los hogares, especialmente a los vulnerables. Aislar la fachada o sustituir las calderas de un edificio del extrarradio construido hace medio siglo no solo permitiría a España cumplir con su objetivo de ahorro de energía -que viene dictado por la Directiva europea de Eficiencia Energética-, sino que reduciría los índices de pobreza energética. Sin embargo, el sistema CAE español se diseñó pensando en actuaciones que ahorren energía a corto plazo, y reformar una fachada es una operación pasiva, ahorra a lo largo de dos décadas.

Rodrigo Morell, director de Creara Energy, una consultora especializada en certificados energéticos, confirma que en este momento es muy difícil para una vivienda beneficiarse tanto como para que sea interesante la inversión. "Los CAE se pagan por el ahorro de energía que producen en un año, y aislar un edificio se rentabiliza en 15 o 20 años. Está pensado para inversiones en actividades muy intensivas en calor, como un motor industrial o una caldera de un hospital, donde se puede recuperar hasta el 80% de la inversión solo con la venta de certificados", explica.

De esta manera, la industria es la que más beneficio saca a este mecanismo, porque sus actuaciones son muy caras, pero se rentabilizan en menos de cinco años y ahorran mucha energía. "En general, los CAE están funcionando bien, pero hay que retocar el sistema para hacerlo más atractivo al sistema residencial. Aunque entiendo que el primer objetivo del Gobierno era incentivar grandes actuaciones industriales para que España cumpliese con sus objetivos de ahorro", añade Morell.

Ecodes propone retocar el sistema para que las actuaciones sobre edificios residenciales no calculen el ahorro de energía durante un año, sino durante 10 o 20 años, el ciclo real de ahorro de estas reformas. Si el cálculo se extiende en el tiempo, la comunidad de vecinos recibe mucho más dinero y hace más atractiva la obra. Este formato se utiliza por ejemplo en Francia, donde los CAE funcionan desde hace más de una década.

Cecilia Foronda también reclama a Transición Ecológica introducir los llamados multiplicadores. Si una actuación de eficiencia energética ahorra una cantidad de megavatios hora, y se realiza en un edificio de un barrio vulnerable, propone que la cifra se multiplique por 1,5 o por 2, para incrementar la compensación. Por último, solicita cambios menores, como eliminar el mínimo de concentrar 30 MWh para que una actuación reciba certificados, o que la actuación completa sea dentro de una sola comunidad autónoma.

"Lo ideal sería que una actuación de eficiencia residencial recuperase el 30% del coste vendiendo sus CAE, y que si la inversión es de una zona en riesgo de exclusión social, se llegue a cubrir el 100%", afirma Foronda.

Desde el Ministerio de Transición Ecológica contestan que en julio del año pasado ya introdujeron en 15 de las actuaciones susceptibles de recibir certificados energéticos "la situación de vulnerabilidad de los hogares a la hora de contabilizar los CAE", de manera que en algunas de ellas ya se aplica el efecto multiplicador. "Los caes también persigue la equidad energética y por eso contamos con fichas para proteger a los más vulnerables", dijo a comienzos de febrero la ministra de Transición Energética, Sara Aagesen, tras presentar los resultados del primer año del mecanismo.

Los Certificados de Ahorro Energético son unos títulos que se reciben cuando un grupo de hogares o empresas ahorran energía a través de una actuación, como la reforma del edificio, la modernización de la maquinaria o la compra de una flota de coches eléctricos.

Incluso el pequeño gesto de comprar una nevera de bajo consumo o cambiar la caldera permite solicitar CAE al Ministerio de Transición Ecológica, aunque está pensado especialmente para grandes inversiones industriales.

Por cada kilovatio hora de luz ahorrado (en un periodo de un año) con esa actuación, el beneficiario recibe un CAE, y ese certificado después se venden a las empresas energéticas (eléctricas, petroleras y gasistas) que operan en España.

Estas compañías compran los títulos porque tienen la obligación cada año de ahorrar una cantidad determinada de energía (este año 5.815 GWh) en función de su tamaño. Estas obligaciones se pueden cumplir mediante pagos directos al Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE) al precio de 189,17 euros por megavatio hora (MWh) o en su lugar comprar CAE a industrias, oficinas y hogares a un precio libre. De media, se vendieron el año pasado a entre 115 y 140 euros por MWh, según datos del ministerio.

El dinero recaudado por el FNEE, coordinado por Transición Energética, se destina después a convocatorias públicas de eficiencia energética, mientras que el nuevo sistema CAE, que echó a rodar en 2024, es una inyección directa del dinero en las empresas que han realizado las inversiones, un sistema más rápido y eficiente que el FNEE.

"Los CAE son una herramienta con buenos resultados y más rápida. Muchas veces el sector privado y los ciudadanos se quejan de que tardan en ver los resultados [de las políticas], pero no en este caso. Las certificaciones tardan de media tres meses en resolverse, un tiempo récord para la administración", afirmó la ministra Aagesen el mes pasado.

La Comisión Europea publicó este miércoles su propuesta para rebajar los precios de la energía de aquí a 2040 mediante la inversión en energías renovables, el recorte de impuestos eléctricos, la mejora de las interconexiones y el fomento del ahorro. Pero Ursula von der Leyen, líder de la Comisión, también ha pedido a los 27 gobiernos que reduzcan el IVA de la luz hasta el 5%, el mínimo legal, una medida que ya está contemplada en la legislación europea. Si el plan se implementa íntegramente, Bruselas afirma que este mismo año los hogares europeos se ahorraría de media 230 euros en las facturas energéticas.

El Action Plan for Affordable Energy (Plan de Acción para una Energía Asequible), publicado este miércoles, concluye que los altos precios de la luz que afronta el continente derivan de una amalgama de factores, pero por encima de todos culpa a "los costes de la energía [el gas natural], los costes de las redes y los gravámenes y los impuestos especiales". De esta manera, la Comisión propone a los 27 gobiernos reducir los llamados peajes y cargos de la factura.

Climate Action Network, una red de ONG ambientales, respondió este miércoles que el plan "va en la dirección correcta y reconoce el papel de las energías renovables, las redes y el despliegue de flexibilidad". "Lo que falta es ampliar las medidas de ahorro y eficiencia energética, que son la forma más eficaz de reducir costes en hogares y empresas", añaden los activistas. Otra de las reacciones fue del prestigioso think tank europeo E3G, que abrazó el proyecto, pero criticó duramente la propuesta de explorar mecanismos para financiar infraestructuras de gas en el extranjero porque "es errónea y contribuiría poco a reducir los precios para los consumidores".

Para promover la bajada de los peajes y cargos en el recibo de la luz, la Comisión anunció que en un futuro próximo presentará una metodología para establecer tarifas de red que fomenten la flexibilidad y las inversiones para abaratar la electricidad. Y si es necesario, convertirá estas ideas en una "propuesta legislativa para que sean jurídicamente vinculantes". Esto llegará en la segunda mitad de 2025.

Por otro lado, los funcionarios de Bruselas recuerdan a los Estados miembros que ya pueden aplicar el tipo mínimo del IVA del 5% a la electricidad, como hizo España temporalmente en 2022. También pueden eliminar ya de la factura de la luz gravámenes que no estén relacionados con la energía, o transferir a los Presupuestos Generales los impuestos actuales destinados a políticas energéticas.

Estas medidas serán más fáciles de implementar en países ricos, como reconoció el propio comisario de energía, Dan Jørgensen. "Esperamos que el plan se pueda complementar con la revisión de la fiscalidad energética. Aunque esto es una competencia nacional, los Estados miembros nos siguen pidiendo respuestas sobre como abaratar la luz, y sería raro que no se sumen a esto [bajar los impuestos]. Entiendo que para los ministros de economía será un problema, pero si creen que los cambios estructurales son demasiado lentos, pueden hacer esto mañana mismo", dijo el comisario en una rueda de prensa.

Bruselas también prometió para el tercer trimestre de este año un paquete centrado en las familias para facilitar el cambio de contratos a compañías más baratas, así como medidas específicas "para reducir la pobreza energética". Preguntado por cuáles serían estas medidas, el comisario dijo que no tienen una "única bala" para conseguirlo, sino que el conjunto del plan ayudará a las familias a pagar 230 euros menos este año en energía y 270 a finales de la década, principalmente por el impacto de las renovables en el precio de la luz. En total, los consumidores europeos se ahorrarán 45.000 millones en 2025, una cifra que irá aumentando hasta los 130.000 millones en 2030 y los 260.000 millones en 2040.

Uno de los pilares del ahorro vendrá por la implantación de las energías renovables, que ya produjeron el año pasado casi la mitad de la electricidad en Europa. Para ello, Jørgensen reclama a todos los Gobiernos, entre ellos España, Francia o Países Bajos, que traspongan el reglamento que permite conceder permisos rápidos de construcción a nuevas plantas renovables. Las instalaciones sencillas recibirían respuesta en seis meses, y las complejas en menos de dos años.

Por último, el plan plantea mejorar las interconexiones eléctricas entre países para que la red sea más flexible y eficiente. Aquí España también jugará un papel crucial, puesto que es el país peor interconectado de Europa y lleva más de una década intentando aumentar el número de conexiones físicas con Francia. La Comisión calcula que una mejor integración ahorrará a los europeos entre 40.000 y 43.000 millones de aquí a 2030, porque los actuales cuellos de botella obligan a activar centrales poco eficientes.

El ahorro en la luz no solo ayudará a los hogares, también a las empresas. El informe refleja que el alto coste de la electricidad está dejando fuera de juego a la industria europea frente a sus principales competidores. En 2024, las fábricas europeas pagaron 1,2 veces más por la luz que Japón, dos veces más que China y 2,2 veces más que Estados Unidos.

El principal factor que ha disparado los precios de la electricidad en los últimos tres años ha sido el gas natural, y finalmente la Comisión ha incluido en su paquete una de las medidas más temidas por algunos expertos y ecologistas. Los funcionarios se emplazan a "explorar otros enfoques como el modelo japonés", basado en que la UE o los Estados inviertan en empresas probablemente estadunidenses para que extraigan gas y lo vendan a Europa a precios por debajo del mercado. Este estudio se llevará a cabo entre el primer y segundo trimestre de 2025.

"La propuesta incide en la idea de vincular la seguridad de suministro al sector fósil, a pesar de su volatilidad, y apuesta por el gas natural licuado como tecnología de futuro, lo que contraviene los principios básicos del Pacto Verde", contestó este miércoles la Fundación Renovables.

Sobre las importaciones de gas ruso, en las últimas semanas se han multiplicado las voces que vaticinas un regreso a Europa del gas natural que entra por tuberías si Estados Unidos y Rusia pactan el fin la guerra. Pero los funcionarios de Bruselas recogen en su nuevo plan que "en las próximas semanas, la Comisión también dará un impulso adicional para la plena implantación de RePowerEU para poner fin por completo a las importaciones rusas de energía", una declaración que incluye el fin del gas, el petróleo y las gasolinas.

"Estamos ayudando a Putin a financiar su guerra y {desde que comenzó la guerra] le hemos pagado el equivalente a 2.400 jets F-45. Esto no puede ser, tenemos que ser independientes de los combustibles rusos", declaró el comisario Jørgensen.

El Action Plan for Affordable Energy se engloba dentro de un paquete a gran escala que también presentó este miércoles la Comisión, el Clean Industry Deal (Pacto por la Industria Limpia), enfocado en reconvertir la industria europea para competir con China y Estados Unidos. Las dos metas de este acuerdo serán reimpulsar la industria intensiva en energía, que ha sufrido un duro golpe por el encarecimiento del gas y la luz, y garantizar una industria tecnológica y limpia fuerte. El pilar de este plan consistirá en una inyección de 100.000 millones de euros en la industria europea, que saldrán fundamentalmente de la venta de permisos de emisiones, el conocido como sistema ETS.

El Pacto por la Industria Limpia es una nueva versión del Pacto Verde Industrial de 2023, aunque Bruselas subraya que sustituir la palabra verde por limpia del título no es un lavado de imagen para reducir la ambición ambiental. "Europa mantendrá el rumbo de los objetivos del Pacto Verde Europeo, con la consecución del 55% de reducción neta de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) acordado para 2030, y mediante un objetivo intermedio para 2040 del 90%", se lee en el comunicado la Comisión.

El Gobierno ya ha decidido cuáles será la primera hornada de megaproyectos de hidrógeno verde de España, la tecnología que está llamada a sustituir al gas industrial y a funcionar como combustible en algunos vehículos para mitigar las emisiones de CO₂. El Ministerio de Transición Ecológica ha dado luz verde a siete parques de producción de hidrógeno verde distribuidos en cinco comunidades autónomas, que recibirán en total 1.214 millones de euros de subvenciones de Bruselas, a los que se sumarán casi 4.000 millones más que pondrá el sector privado. La mayoría de este hidrógeno se destinará a industrias intensivas en calor, a la fabricación de fertilizantes y a la producción de combustible para barcos y aviones. Solo estos siete proyectos abastecerán un 33% del hidrógeno renovable que producirá España en 2030.

El hidrógeno verde es un gas que permite producir energía calorífica libre de emisiones, y por lo tanto una de las apuestas de la industria europea para descarbonizarse durante la próxima década. Como señaló la ministra de Transición Ecológica este viernes, España es el epicentro del hidrógeno renovable del continente gracias a la producción solar y eólica. "Somos más atractivos [en hidrógeno verde] porque somos más competitivos en energías renovables. El año pasado casi un 57% de la electricidad fue renovable", dijo Sara Aagesen en un desayuno con la agencia Europa Press.

Esta electricidad de origen renovable se puede utilizar en una planta de electrólisis para convertir agua en hidrógeno. El proceso consiste en aplicar un chispazo sobre una corriente de agua para dividir las partículas de hidrógeno y oxígeno, que se atrapan por separado para utilizarlas después en la industria química. Y todo sin contaminar la atmósfera.

La clave de este hidrógeno está en que puede inyectarse en la red gasista existente de manera relativamente sencilla y sustituir al gas natural por una alternativa verde en aquellas industrias donde es imprescindible alcanzar altas temperaturas, como hornos de cerámica o siderurgias. El hidrógeno verde también puede destinarse a la industria química, o puede ser reconvertido en amoniaco, un compuesto imprescindible para fabricar fertilizantes. Una tercera vía para el hidrógeno es utilizarlo en un motor como combustible para barcos o camiones, aunque para ello debe ser transformado en amoniaco o metanol.

Entre los siete valles del hidrógeno, como se ha bautizado a los siete megaproyectos, España tendrá una capacidad de 4 gigavatios de electrólisis en 2030, y el PNIEC contempla 12 gigavatios (GW) en 2030. Cada infraestructura tendrá además que repercutir en la economía local y compenetrarse con la industria de la zona para que la inversión sea lo más eficiente posible, por eso cada valle se destinará a producir hidrógeno para un uso concreto. Por ejemplo, el Valle Leonés del Hidrógeno Verde, el que más potencia de electrólisis tendrá de los siete (415 MW), se ubicará en los municipios de La Robla y en Villadangos del Páramo, y producirá metanol verde (combustible para vehículos y maquinaria) e hidrógeno verde que se destinará a la industria de los alrededores. En el proceso aprovecharán también residuos de la ganadería local para producir metanol.

El segundo valle más grande del proyecto es el andaluz, bautizado como Onuba (405 MW) y ubicado en Palos de la Frontera. Su objetivo será surtir a la industria de Huelva y fabricar fertilizantes y amoniaco para la planta de Fertiberia. Mientras que el Valle de Hidrógeno de A Coruña (252 MW) tendrá dos plantas, una dedicada a producir amoníaco verde en el puerto exterior de la ciudad (Punta Langosteira) para combustible marítimo, y otra de hidrógeno verde en el polígono industrial de A Grela. El proyecto Compostilla Green, en Cubillos del Sil (Castilla y León, 213 MW), dedicará parte de su capacidad para producir combustible verde de aviación, otro de los derivados del hidrógeno verde.

El apetito en España por producir hidrógeno sobrepasa incluso por mucho las expectativas del Gobierno y los objetivos del Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC), pero solo siete proyectos han llegado a la fase final, aunque las subvenciones son provisionales y falta culminar el proceso de alegaciones. Aragón y Castilla y León tendrán cada una dos de los llamados valles de hidrógeno verde, y Cataluña, Andalucía y Galicia albergarán uno cada una. Otras plantas de hidrógeno verde más pequeñas también han salido adelante en los últimos años, pero los valles se diferencian en que son megaproyectos que producirán grandes cantidades de hidrógeno para abastecer a polos industriales.

Gonzalo Gómez, profesor de Economía de la Universidad de Comillas Icade, explica que el desafío del hidrógeno verde está en su diferenciación de precios respecto al hidrógeno gris, el producido a partir del gas natural, del que se consumen ahora más de 500.000 toneladas en España. "El hidrógeno verde es entre tres y cuatro veces más caro, no es rentable. El problema es que para producir hidrógeno sin emisiones a un precio asequible tienes que tener los electrolizadores funcionando las 24 horas, y la energía solar solo permite operar durante el día", opina el experto. 

Según Gómez, solo Castilla y León cuenta ahora con una capacidad de producción de electricidad libre de emisiones sin interrupciones, gracias al buen equilibrio entre energía solar (día) y eólica (noche). "Lo que no me encaja es quien va a poder comprar el hidrógeno a ese precio. Por ahora, los únicos proyectos viables son estos, que están ampliamente subvencionados", añade.

Este martes se debatió en el Congreso la extensión de la vida de las nucleares en España, y los dos partidos nacionalistas catalanes se opusieron tajantemente a la propuesta del PP. Sin embargo, al día siguiente Junts per Catalunya (JxCat) y ERC se abstuvieron en la votación y la proposición no de Ley (PNL) salió adelante con el apoyo de Vox y Unión del Pueblo Navarro, aunque no será vinculante. Por ahora no hay indicios de que los nacionalistas se vayan a revolver contra el Gobierno y el calendario de apagón nuclear, pero es una clara señal de que el cierre de los tres reactores de Tarragona en 2029, 2030 y 2035 vendrá acompañado de un fuerte debate político.

La relación entre Cataluña y la energía nuclear es mucho más intensa que en el resto de la península. Allí el desafío es energético e industrial, pero también nacionalista. En el debate del martes en el hemiciclo, tanto Junts como Esquerra recordaron que casi el 60% de la electricidad que se genera en la región proviene del uranio, y deshacerse de él significaría instalar muchísima energía renovable en tiempo récord, pero también supondría pasar a depender mucho más de la luz generada en el resto de España.

Así lo resumía la diputada Pilar Calvo, de JxCat: "Las líneas [eléctricas] con Aragón suponen una alternativa que no nos acerca a la soberanía energética de Cataluña. Si cierran los nucleares pasamos a depender de Francia o de Aragón", dijo de forma despectiva.

En otras comunidades de España donde también hay nucleares, su dependencia de la energía atómica es algo menor, pero además cuentan con fuertes conexiones eléctricas con las regiones limítrofes y no tienen una demanda tan grande de energía. En Cataluña, los tres reactores (Ascó I, Ascó II y Vandellòs II) rodean el complejo petroquímico de Tarragona y han acompañado su desarrollo desde los años 80.

Jordi Salvador i Duch, el portavoz de ERC que debatió el martes en el hemiciclo, explica a infoLibre que la abstención de su partido no busca alargar el calendario de desconexión nuclear, sino provocar al Gobierno para que se implique más todavía en el cierre. "Nosotros cerraríamos mañana mismo los tres reactores, pero necesito que me garanticen una energía alternativa, un plan de reindustrialización de la zona, y garantías de que todos los trabajadores serán reasignados", afirma el diputado. Lo que queremos poner sobre la mesa es que este calendario no da soluciones al cierre, y cuando se acerque la hora de apagar las centrales se echarán atrás porque los deberes no estarán hechos", añade.

Un experto en energía con larga trayectoria en Cataluña opina que la región se enfrenta a un gran dilema en los próximos cinco años. Mientras el resto de España ha construido renovables a mansalva desde 2017, allí hubo una moratoria a la solar y la eólica entre 2009 y 2019 que dejó al sector completamente atrasado. "Ahora mismo hay tres opciones: o traes la energía desde Aragón, o mantienes operativas las nucleares, o pones a funcionar las cinco centrales de ciclo combinado de gas de Tarragona y Barcelona. Los planes para desarrollar energías renovables habrían funcionado si se hubieran llevado a cabo, pero a este ritmo no llegamos ni a la mitad del objetivo", dice el analista, que prefiere no dar su nombre.

La Prospectiva Energética de Cataluña 2050, el plan aprobado en 2023 para la transición energética de la región, propone instalar esta década 12.000 megavatios (MW) de energía solar y eólica, pero la meta está muy lejos de materializarse: solo ha instalado 227 MW entre 2019 y 2025, según Red Eléctrica. Cada día de aquí a 2050 habría que construir dos campos de fútbol de paneles solares y cada dos días un molino de viento para llegar a la meta, según calcula JxCat.

El plan de mejorar las interconexiones con otras comunidades tampoco avanza. Como la capacidad de los cables está limitada por la física, aumentar la importación de electricidad de Aragón o Comunidad Valenciana significa construir nuevas redes de transporte, pero uno de los grandes proyectos que pretendía hacerlo se ha caído.

Este mismo jueves el Ministerio de Transición Ecológica ha tumbado una de las cuatro líneas de evacuación de parques eólicos de Forestalia en Aragón, según publica El Periódico de la Energía, un cable de más de 300 kilómetros al que la Generalitat se opuso rotundamente en el pasado por su impacto ambiental. Se espera que otros tres cables similares también caigan próximamente, lo que evidencia que el puzle energético catalán es extremadamente complejo. El siguiente paso quedará entonces en manos de Red Eléctrica, que en este momento elabora su nueva planificación de redes para el periodo 2025-2030.

La alternativa sería construir esos parques eólicos y fotovoltaicos dentro de Cataluña, pero la experiencia reciente demuestra que tampoco va a ser sencillo. Hay que encontrar enclaves óptimos de sol y viento donde además esté permitido levantarlos, y lidiar con la oposición de las áreas rurales, que en Cataluña ha sido históricamente muy fuerte. Además, por mucho que haya inversores interesados en ello, las instalaciones de más de 5 MW de potencia ahora deben pasar por un concurso público que convoca Transición Ecológica, según afirma Salvador Salt, delegado en Cataluña de UNEF, la patronal fotovoltaica.

"Tenemos más de 5.000 megavatios interesados en construirse y otros 5.000 megavatios para almacenamiento en baterías. Solo necesitamos que el Gobierno central convoque los concursos para ponernos en marcha, siempre en diálogo con la ciudadanía y respetando los estándares ambientales", dice el portavoz del sector.

Según concreta Salvador Salt, durante la década pasada y debido a la moratoria en las renovables, apenas se instalaron paneles solares en la región, al contrario que en el resto de la península. En 2020 el Gobierno central cambió el sistema para construir parques renovables para poner orden en el sector, y desde entonces solo se pueden levantar si Transición Ecológica concede un permiso de conexión a un promotor, previo concurso. "La culpa fue nuestra por no ponernos a tiempo, pero ahora queremos compensar el error. Sabemos que el Gobierno ha recogido nuestro mensaje, pero no sabemos cuándo convocará a los concursos. En todo caso, nosotros podemos cumplir con los objetivos y alargar la vida de las nucleares es absolutamente innecesario", resume.

La moratoria a las renovables fue aprobada en 2009 bajo el tripartito del PSC, ERC y los Verds, y estuvo vigente hasta 2019. Durante ese periodo se limitó el tamaño de las instalaciones solares a tres hectáreas, alrededor de 1 MW de potencia, y a cinco molinos a las eólicas, lo que hacía inviable explotarlas económicamente y construir macroplantas energéticas. Durante la moratoria también gobernaron otros partidos que mantuvieron la norma vigente, como Convergència, la CUP, JxCat y ERC. Finalmente, fueron Junts y Esquerra Republicana quienes levantaron el veto en 2019, pero todavía hoy se mantienen duras exigencias para el desarrollo de energías limpias.

El sector calcula que en Cataluña solo es posible instalar eólica y paneles solares en el 10% del territorio, y las tierras de cultivo valiosas están protegidas para evitar compras masivas de tierras agrícolas para producir energía. Los proyectos renovables también deben permitir que los vecinos entren en el capital de los proyectos hasta un máximo del 20%, aunque la acogida es mínima.

Los compuestos orgánicos fluorados, más conocidos como PFAS, nos rodean. Están en el agua, la ropa, la comida, los cosméticos o el aire acondicionado. Pero en España son prácticamente desconocidos, como reconocen los expertos. Son sustancias químicas llamadas eternas porque sobreviven siglos en el medioambiente, de manera que se acumulan de forma exponencial a nuestro alrededor en embalses, cultivos o incluso en el polvo de casa. El problema es que hay miles de PFAS diferentes y la exposición a muchos de ellos provoca cánceres, infertilidad y otros problemas de salud.

En los últimos cinco años, ha crecido en Europa una fuerte oposición contra los compuestos fluorados después que se hayan destapado numerosos escándalos de vertidos industriales al medioambiente. En Bélgica, Francia, Suecia o Italia hay una gran concienciación social para exigir su prohibición, y sobre todo, para que las administraciones estudien en qué zonas de la geografía se encuentran y evitar así que la población se exponga. Pero en España apenas se sabe dónde están, en qué concentraciones y cuál es el peligro real que suponen.

La prueba más clara de la falta de información en España sobre los PFAS está en la mayor base de datos de Europa sobre la ubicación de estos químicos. El PFAS Data Hub, un mapa que recoge todos los puntos conocidos del continente donde se han detectado estas sustancias, apenas tiene registros en la península ibérica. No porque esté más limpia que otras regiones, sino porque apenas se han elaborado muestreos.

Esta base de datos tiene casi medio millón de coordenadas donde se han recuperado PFAS, y la gran mayoría están en Francia (206.730), Reino Unido (48.909) Alemania (16.582) y Países Bajos (6.447), mientras que solo hay 591 puntos ubicados en España. Es cierto que este registro está coordinado por el Centro Nacional de Investigación Científica de Francia (CNRS), de manera que es lógico que tengan más información sobre su propio país, pero también es cierto que en España no hay prácticamente documentación de los PFAS en comparación con los países del entorno.

"En España hay pruebas de que todos los ciudadanos tenemos restos de PFAS en la sangre, pero no hay un análisis profundo de cuál es nuestra exposición diaria a estas sustancias", señala Dolores Romano, experta en Químicos de la Oficina Europea de Medioambiente (EEB). "Hay estudios puntuales que confirman que hay restos de PFAS por todo el país, pero el interés académico por los compuestos fluorados no ha saltado a las administraciones. El día que los busquemos, como ha hecho Francia, probablemente nos encontremos en una situación similar".

La web Datadista, especializada en periodismo de datos, publicó hace dos años un recopilatorio de los seis estudios que se han realizado en España en busca de PFAS en el agua entre 2016 y 2023. Entre todos ellos se han identificado 400 puntos con presencia positiva de químicos fluorados. Eso no quiere decir que solo estén presentes allí, sino que demuestran que están repartidos por toda la geografía. Uno de los principales análisis en España lo realizó un equipo de científicos del Instituto de Química Orgánica (IQOG-CSIC) con registros de calidad del agua entre 2013 y 2021 en el Tajo, el Ebro y el Duero, y el 51% de las muestras tenían concentraciones superiores a los estándares de calidad ambiental de la Unión Europea.

Koldo Hernández, coordinador del área de Tóxicos de Ecologistas en Acción, exige a las administraciones españolas que se tomen en serio la medición de los PFAS en la naturaleza. Un estudio europeo en el que ha participado esta ONG y que se publicará en febrero, ha analizado las entrañas de peces en todo el continente en busca de contaminantes químicos, y Hernández adelanta que en España "las concentraciones de PFAS son muy altas, casi las más altas de Europa".

La directiva europea de aguas de 2020 estableció una veintena de compuestos orgánicos fluorados que los estados deben controlar en sus aguas para que no superen umbrales máximos de contaminación, pero Hernández cree no todos los ayuntamientos están monitorizándolos. En todo caso, por ahora no hay un límite máximo de concentración de PFAS en el agua corriente. La normativa española sobre calidad del agua obliga a que todos los operadores municipales de aguas no superen los 0,10 microgramos por litro (µg/L) en un cóctel de 20 PFAS diferentes a partir de enero de 2026.

En países vecinos, la presión de la población afectada y las manifestaciones han forzado a los políticos a implicarse. Por ejemplo, en Bélgica descubrieron en 2018 que el complejo químico de 3M en Zwijndrecht, junto a Amberes, había contaminado gravemente las tierras agrícolas y el agua de la región con sustancias PFAS, pese a que había abandonado la producción de estos químicos en 2002. Vecinos de la zona llegaron a superar en 500 veces la concentración en sangre recomendada.

En España solo se conoce una fábrica de compuestos fluorados, la de Arkema en Alonsotegi (Vizcaya), pero cerró en 2016 tras la crisis económica. El problema, explica Dolores Romano, es que tras la clausura no se estudió la zona para comprobar la posible contaminación de las tierras. De todas formas, los expertos insisten en que no hace falta que se fabriquen químicos en una región para que el suelo esté contaminado, porque todas las fábricas los emplean en mayor o menor medida en su cadena de producción.

"Nosotros no los producimos, pero eso da igual, las usamos a diario en todas partes, es imposible no usarlos", resume Koldo Hernández. De hecho, en los análisis del CSIC y las conferencias hidrográficas se han detectado restos de PFAS en todas las comunidades autónomas.

Los escándalos europeos con estos productos provocaron que enero de 2023 se formase una coalición de países (Alemania, Dinamarca, Suecia, Noruega y Países Bajos) para pedir a la Comisión Europea una prohibición integral de la producción y el uso de compuestos orgánicos fluorados. Como las políticas sobre químicos son extremadamente exhaustivas, la demanda todavía está siendo estudiada por la Agencia Química Europea (ECHA), aunque la decisión final estará en manos de la Comisión Europea. La ECHA comunicó el pasado noviembre que sigue estudiando el caso, pero que su idea es dejar fuera de la prohibición a los PFAS empleados en fábricas de baterías y electrolizadores porque son industrias clave para el continente.

Los PFAS son un grupo de más de 10.000 compuestos químicos que son usados a diario en todas las industrias imaginables. La clave es que aportan al resto de materiales propiedades antiadherentes, impermeabilizantes y resistencias al calor, entre otras. Se llaman PFAS porque son sustancias perfluoroalquiladas o polifluoroalquiladas, es decir, compuestas por enlaces de flúor y carbono. Estas cadenas son químicamente muy, muy resistentes, y son muy atractivas para la fabricación de textiles, metales, pinturas, embalajes de comida, y miles de otros productos. Pero esta resistencia también provoca que si se vierten al medioambiente resisten durante cientos de años y es muy fácil que terminen llegando a los seres vivos o contaminando cultivos. Como también se disuelven en agua, se concentran en grandes cantidades en embalses, ríos y aguas subterráneas, de manera que a menudo se detectan en el agua corriente de los hogares.

"Los PFAS están en todos los sitios, da igual donde busques", resume Dolores Romano, ingeniera agrícola de formación. "Como aportan impermeabilidad los podemos encontrar en chubasqueros. También aportan resistencia a la grasa, y forman parte de utensilios de cocina o en textil. Otro uso muy importante es en los líquidos refrigerantes del aire acondicionado". Uno de los lugares más conocidos donde se encuentran son las sartenes de teflón, aunque en los últimos años han surgido sustitutos antiadherentes y algunas sartenes llevan sellos anti-PFAS. Marcas como Gore-Tex (ropa impermeable), McDonald's o Ikea están en proceso de abandonarlos.

La mejora de la economía española está lastrando los objetivos del Ministerio de Transición Ecológica. Más empleo, llegada récord de turistas, bajada del coste de la energía… son algunos de los buenos datos que dejó el 2024, pero si no se compensan con la electrificación de la economía, se traducen en mayores emisiones.

Durante el año pasado la movilidad por carretera y avión subió de forma drástica, incrementando el consumo de combustibles, mientras que la industria empezó a asomar la cabeza tras años de capa caída, lo que provocó una subida de la demanda de gas natural. Según las estimaciones provisionales del Basque Centre for Climate Change (BC3), las emisiones de CO₂ subieron en 2024 un 0,9%, de manera que España se aleja cada vez más de sus compromisos de 2030: reducir un 32% sus emisiones frente a 1990.

Cuanto más aumenta la contaminación de la economía española, mayor será el esfuerzo que hacer en los próximos seis años. Los expertos del BC3 advierten de que el año pasado se emitieron 278 millones de toneladas de CO₂ equivalentes —equivalentes porque se incluye en el cálculo otros gases de efecto invernadero como el metano—, y para alcanzar la cantidad objetivo de 2030 habrá que recortar esa cifra a un ritmo del 5,2% anual de aquí a 2030. España logró una reducción similar tras la crisis de 2008, pero en un contexto económico de gran recesión.

El incremento de la contaminación en 2024 fue liderado por el consumo de combustibles, especialmente en la aviación. La demanda de queroseno subió un 11,7% entre enero y noviembre del año pasado frente a 2023 (falta el dato de diciembre), según CORES, un organismo que depende de Transición Ecológica. El transporte por carretera también fue mucho más boyante, con una demanda de gasolina un 7,5% superior en los once primeros meses de 2024 respecto a 2023, y un 21% superior a la de ese periodo de 2019.

"El transporte ha sido sin duda el responsable del incremento de las emisiones", señala Luis Rey, analista del BC3. "Tanto el de carrera como la aviación han subido a un ritmo muy alto, mientras que las medidas para compensar esta contaminación parece que no están dando resultados. La venta de coches eléctricos está estancada y las políticas para fomentar el transporte público no se están notando en la demanda de combustibles" añade el experto. Las estimaciones de emisiones del BC3 son la principal referencia en España hasta que el Gobierno publique las cifras oficiales dentro de unos doce meses, ya que este centro colabora con el Ministerio de Transición Ecológica para elaborar estadísticas climáticas y económicas.

El incremento en la movilidad está estrechamente relacionados con el boom del consumo que sufrió el país el año pasado. Entre enero y diciembre llegaron 94 millones de turistas, un récord histórico y más del doble de la población española. El gasto medio de cada uno de ellos superó los 1.000 euros. Según CaixaBank Research, el consumo doméstico de los españoles también creció un 3,2% respecto a 2023, y el gasto en transporte se disparó un 8,6% entre los nacionales, aunque el desembolso en gasolina cayó un 1,4% por el abaratamiento de los combustibles, lo que fomentó todavía más el uso del coche.

La ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, presentó hace unos días el dato de las emisiones totales de 2023, y reveló que cayeron un 7,6% frente a 2022. Precisamente sacó pecho de que la mejora de la economía de ese año (+2,7% de PIB) no impidió recortar la contaminación: "Ese paradigma del pasado de que no se puede crecer sin aumentar emisiones no es verdad. Nosotros somos un ejemplo", dijo Aagesen. Sin embargo, los datos preliminares de 2024 muestran que la tendencia de caída se ha frenado.

José Luis García, responsable de Cambio Climático, Energía y Movilidad en Greenpeace, también añade que la fiscalidad española y europea promueve los viajes por carretera y en avión, y hace un flaco favor a la política ambiental. "Los menores impuestos al diésel incentivan su consumo incluso sobre la gasolina, mientras que los vuelos internacionales están exentos de IVA. Estos sectores no están asumiendo toda la responsabilidad que deberían por contaminar", opina este experto.

Otro sector que incrementó sus emisiones en 2024 fue la industria española. Desde 2020 no había logrado levantar cabeza, primero por la pandemia y después por el subidón de precios del gas, que obligó a parar y cerrar fábricas. Pero el año pasado vivió un pequeño despegue e incremento su consumo de gas natural un 4,1% frente a 2023, hasta los 176 TWh, según ha publicado este lunes Enagás, debido a que el coste de la energía comenzó a estabilizarse. El refino, la industria que más gas natural consume de todo el sector secundario, disparó su demanda un 14%, y también subió en construcción (4,4%) electricidad (2,7%), servicios (2,1%) e industria química farmacéutica (1,6%).

En el lado contrario, las energías renovables trabajaron realmente bien en 2024, y fue el año en el que el sistema eléctrico expulsó menos CO₂ a la atmósfera del histórico: 26,7 toneladas. Del total de electricidad generada en España el año pasado, el 55,8% fue renovable. La producción de luz en centrales de ciclo combinado cayó del 17,2% en 2023 al 13,2% en 2024, mientras que la generación hidráulica subió casi cuatro puntos porcentuales y la solar casi tres puntos. En resumen, producir un megavatio hora de electricidad emitió de media 0,12 toneladas de CO₂ en 2023, y en 2024 se redujo a 0,10 toneladas.