El bono social eléctrico, la principal herramienta para ayudar al pago de la factura de la luz a hogares vulnerables, tiene una categoría para casos extremos: la dedicada a hogares en riesgo de exclusión social, que se benefician de un recibo de cero euros al mes. La mitad de la factura la cubren las comunidades autónomas y el resto, el conjunto de consumidores a través de los cargos del recibo de la luz.
Los datos, sin embargo, evidencian que prácticamente todas las autonomías se desentienden de este servicio, sin importar el color político. Solo Extremadura tiene una cobertura amplia que acapara el 80% de todos los beneficiarios de España, con 6.318 hogares. También destaca, aunque a mucha distancia, Galicia, con 775, a 31 de enero de 2026.
Sin embargo, lo más llamativo no es quién cumple con su obligación, sino el resto de regiones que se desentienden. La suma de las cinco comunidades autónomas más ricas del país (Madrid, País Vasco, Navarra, Cataluña y Aragón) solo arroja 74 beneficiarios, y en algunas de ellas se cuentan con los dedos de las manos.
La cifra choca con los últimos datos de pobreza energética, que afirman que 5,3 millones de hogares gastan en energía la mitad de lo que deberían para cubrir sus necesidades básicas, según un informe de la Cátedra de Energía y Pobreza de la Universidad Pontificia Comillas, con datos de 2024.
En 2017, el Gobierno creó la figura del consumidor en riesgo de exclusión social como una categoría todavía más blindada para el bono social eléctrico, una ayuda creada originalmente en 2009, que en la actualidad supone un descuento sobre el coste de la luz (dentro de la factura, solo sobre el concepto de energía) del 42,5% para los consumidores vulnerables y del 57,5% para los vulnerables severos.
Una persona catalogada como vulnerable severa, si además está siendo atendida por servicios sociales del ayuntamiento o la comunidad autónoma, pasa a ser considerada en riesgo de exclusión social. Y además de no pagar la factura de la luz, también tiene garantizado el suministro. No pueden cortarle la luz de ninguna manera.
Las ayudas a hogares vulnerable y vulnerable severo funcionan perfectamente. Solo hay que mirar, por ejemplo, a Cataluña, con solo seis personas consideradas en riesgo de exclusión social pero con 196.550 que reciben las otras dos figuras de bono eléctrico. La razón es que esas dos ayudas no dependen de los presupuestos autonómicos, sino que se financian íntegramente a través de los peajes de la factura de la luz, que pagan todos los ciudadanos y empresas. Otro caso claro es Andalucía, con poco más de 300 domicilios en riesgo de exclusión en su registro, frente a 353.899 adscritos a las otras dos categorías.
También facilita las cosas que, para ser incluido en las categorías vulnerable y vulnerable severo, la gestión no depende de los servicios sociales de las comunidades autónomas, que a menudo están infrafinanciados y carecen de recursos para avalar a las miles de familias que no pueden pagar sus recibos. En esos casos, el aspirante tiene simplemente que rellenar una documentación y enviarla a la comercializadora eléctrica.
Si Extremadura tiene más de 6.000 hogares en riesgo de exclusión social, ¿cómo es posible que comunidades con más población tengan cien veces menos beneficiarios o, incluso, mil veces menos? Según un portavoz del Gobierno extremeño se explica porque su comunidad tiene un convenio con las comercializadoras eléctricas que facilita el intercambio de información con los servicios sociales, de manera que estos atienden a las familias, las empresas gestionan la rebaja en la factura y la Junta abona en un plazo de cinco meses la cantidad adeudada. "A nosotros también nos sorprendió tener más que ninguna otra. Puede ser porque tenemos un acuerdo de 2024 entre la Junta de Extremadura, los municipios, Iberdrola y Endesa para garantizar que no se corte el suministro de luz a las familias en riesgo", valora.
También es cierto que Extremadura tiene una implicación especial en este asunto porque es, por mucho, la comunidad con mayor pobreza energética de España. Según el informe de Comillas con datos de 2024, el 26,9% de las familias en esa región sufre pobreza energética oculta severa, diez puntos más que Andalucía, la segunda en el top. La pobreza oculta severa indica que un hogar no puede pagar siquiera una cuarta parte de lo necesario para cubrir sus necesidades energéticas básicas.
Los expertos afirman que si Extremadura es capaz de hacer que el mecanismo funcione, el resto de comunidades podrían hacer lo mismo, porque es evidente que necesidad hay. En toda España hay 1,73 millones de hogares adscritos al bono social eléctrico, pero solo 7.769 son considerados en riesgo de exclusión social.
"Es una cuestión de voluntad política", opina Cecilia Foronda, experta en energía de la Fundación Ecodes. "No es que no haya personas en riesgo de exclusión fuera de Extremadura, es que para ello la comunidad autónoma, y en su defecto los ayuntamientos, tiene que asumir el 50% del pago de la factura. Pero la mayor parte de ellos no han adaptado su normativa para la concesión de estas subvenciones", añade.
El Ministerio de Transición Ecológica, por su parte, explica que llevan tiempo advirtiendo a las comunidades de las cifras irrisorias en las ayudas que son de competencia autonómica, pero que ninguna se implica. "Es un tema que se ha tratado en las Conferencias Sectoriales de Energía, y el MITECO ha pedido implicación a las comunidades autónomas", señalan fuentes de este ministerio.
El bono social eléctrico, la principal herramienta para ayudar al pago de la factura de la luz a hogares vulnerables, tiene una categoría para casos extremos: la dedicada a hogares en riesgo de exclusión social, que se benefician de un recibo de cero euros al mes. La mitad de la factura la cubren las comunidades autónomas y el resto, el conjunto de consumidores a través de los cargos del recibo de la luz.