La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ejecutó esta semana varias acciones contra el tráfico internacional de cocaína a gran escala. Así, al mismo tiempo que un grupo de agentes viajaba a Brasil para atacar a una de las redes criminales que enviaba droga a Europa en pesqueros, otros llegaban a Ibiza con un objetivo: detener a un ciudadano de los Países Bajos que, aprovechando la espléndida fachada que ofrece el gran turismo presente en la isla, dirigía un sindicato del crimen centrado en el transporte transoceánico de polvo blanco.

La investigación, según desvelan fuentes de Europol, se centró en el sospechoso neerlandés, que tenía acceso directo a traficantes y facilitadores de alto nivel en Colombia. Aunque tenía su base operativa y su residencia oficial en Ibiza, viajaba frecuentemente a los Países Bajos y otros países europeos.

El presunto líder narco, de 56 años, trabajaba de forma conjunta con sus dos hijos para organizar importantes cargamentos de cocaína con destino a Europa. Las relaciones de confianza siempre han sido básicas para los que se dedican a estos negocios, y la presencia de la familia es muy habitual en todas las partes del mundo.

La información sobre el caso apareció inicialmente en la plataforma Sky ECC y gracias a la desencriptación que tuvo lugar en 2021, cuando se accedió a los servidores ubicados en Roubaix.

A partir de ahí, la investigación fue desarrollada por la policía neerlandesa, junto con Europol y la citada UCO de la Guardia Civil española. Mediante vigilancia, análisis de inteligencia e intervenciones telefónicas, los investigadores identificaron intentos constantes de coordinar nuevos envíos de cocaína. La red estaba vinculada a un mínimo de seis grandes cargamentos de esta droga interceptados e incautados en el Reino Unido, España y los Países Bajos.

Con todos los datos en la mano, el 2 de diciembre de 2025 se produjo la fase de explotación del operativo. El hombre de 56 años fue arrestado en Ibiza, España, y sus hijos de 31 y 23 años fueron detenidos en La Haya y Haarlem, Países Bajos, con lo que se cierra esta fase de la investigación. Coordinaba todas las acciones desde una lujosa residencia en la isla balear que fue objeto de un minucioso registro policial con presencia de todas las fuerzas actuantes. 

Los líderes de los partidos neerlandeses se reunieron este martes para comenzar la fase exploratoria del futuro gobierno y designar a la figura encargada de iniciar las consultas entre posibles socios de coalición, el primer paso formal hacia la constitución del nuevo Ejecutivo, en un proceso encabezado por Rob Jetten, líder del liberal progresista D66.

El presidente del Parlamento, Martin Bosma, recibió a los jefes de grupo para designar a un explorador ("verkenner"), encargado de conversar con todos los partidos con representación parlamentaria para analizar qué combinaciones podrían lograr mayoría.

Bosma destacó el “amplio consenso” alcanzado para designar al exministro Wouter Koolmees, a quien definió como una figura con “una larga trayectoria y gran capacidad para generar confianza”.

Koolmees, de 48 años, es el actual director general de los Ferrocarriles Neerlandeses (NS) y fue viceprimer ministro y ministro de Asuntos Sociales en el tercer gobierno de Mark Rutte (2017–2022).

Fue también mediador en 2021, cuando logró que el liberal VVD, el democristiano CDA, D66 y la Unión Cristiana renovaran su coalición para un cuarto gabinete de Rutte (2022-2024).

El propio Jetten, de 37 años, lo elogió por su capacidad de “conectar ambos lados del espectro político” y consideró fundamental formar “un gabinete estable y ambicioso”. El líder de D66 asumió la dirección inicial de las conversaciones, después de declarar, al ganar los comicios de la semana pasada, que estaba “dispuesto a asumir el cargo de primer ministro”, aunque reconoció la "gran responsabilidad" de liderar unas negociaciones que se prevén complejas.

"Los votantes quieren que dejemos los juegos políticos y trabajemos juntos de verdad", afirmó Jetten.

Se espera que Koolmees presente su informe el 11 de noviembre, tras reunirse con los líderes de las quince fuerzas que han obtenido representación.

Tras finalizar esa tarea inicial, el Parlamento designa a un mediador ("informateur"), encargado de guiar la negociación de los puntos comunes entre posibles socios, y una vez pactadas las bases y cerrados los detalles del acuerdo, se aborda el reparto de ministerios y el nombre del futuro primer ministro, último paso antes de la investidura.

No será una tarea fácil, pues se necesitan al menos cuatro partidos para una mayoría absoluta de 76 escaños.

Con la derecha radical PVV (26 escaños) vetada por la mayoría de las fuerzas, la única mayoría viable de cuatro partidos sería la formada por D66 (26 escaños), VVD (22), CDA (18) y el bloque de ecologistas y socialdemócratas GroenLinks-PvdA (20), que sumarían 86 escaños y son la fórmula preferida de Jetten.

Pero el VVD mantiene su negativa a gobernar con GroenLinks-PvdA, bloque al que considera “demasiado radical”, mientras, la alternativa de derechas que prefieren los liberales, con el euroescéptico JA21 (9 escaños), necesitaría añadir un quinto partido para alcanzar mayoría absoluta.

Dilan Yesilgoz, líder del VVD, reiteró hoy ante la prensa que no gobernará con GroenLinks-PvdA, ni siquiera tras la dimisión de Frans Timmermans y el relevo de liderazgo de la alianza de izquierdas, que pasó ayer a manos de Jesse Klaver, diputado ecologista de 39 años. “La llegada de Klaver no cambia nada. No hay ningún escenario en el que esos partidos estén juntos en un gobierno”, insistió.

Por su parte, el líder de la derecha radical PVV, Geert Wilders, reconoció su derrota y felicitó a Jetten, después de varios días instando a esperar a que el viernes la Junta Electoral publique los resultados oficiales. “La posibilidad de que 30.000 votos más vayan a nuestro lado es pequeña”, dijo tras la reunión hoy con los demás líderes.

La diferencia entre el PVV y D66 supera los 28.000 votos a favor de Jetten, aunque ambos se mantienen con 26 escaños.

Wilders rechazó las voces que le acusan de haber socavado la democracia tras insinuar la semana pasada presuntas irregularidades electorales: “Es una tontería total; investigar (denuncias de posible fraude) refuerza la democracia”, afirmó.

El líder de JA21, Joost Eerdmans, se mostró abierto a participar en un gobierno de centroderecha con D66, CDA y VVD, aunque reconoció que no alcanzarían mayoría solos los cuatro. CDA, liderado por Henri Bontenbal, evitó fijar preferencias, pero pidió una “exploración rápida y basada en el contenido”, sin descartar un gabinete en minoría.

El propio Klaver subrayó que su partido busca “hacer avanzar a Países Bajos, desde la oposición o desde el gobierno”, y expresó su confianza en el trabajo del explorador.

Los 150 diputados de los 15 partidos que integrarán la nueva Cámara se instalará el 12 de noviembre. Las elecciones marcaron también un récord histórico de representación femenina, con 65 diputadas (43,3 %), según la fundación Stem op een Vrouw (Vota por una mujer).

El partido liberal progresista D66, liderado por Rob Jetten, se impuso en las elecciones legislativas de Países Bajos, según los datos de la agencia nacional ANP, que lo sitúan como la fuerza más votada por delante de la ultraderechista PVV de Geert Wilders, con la que empata en número de escaños, 26 cada una, según informa EFE.

Aunque el recuento aún no ha concluido, a falta del voto por correo, el análisis de los resultados municipales indica que el avance de los progresistas es ya irreversible. La proyección se basa en los datos de casi todos los municipios del país, salvo Venray, que publicará su resultado a lo largo del día y que no alteraría el orden de los partidos en el escrutinio final.

Países Bajos pospuso hasta el próximo martes la designación de la persona que tanteará inicialmente las posibilidades de formar gobierno, debido a que el recuento oficial de las elecciones sigue sin aclarar qué partido, si el liberal progresista D66 o el ultraderechista PVV de Geert Wilders, se ha impuesto en número de votos, según ha informado EFE.

La decisión fue anunciada por el presidente del Parlamento, Martin Bosma (PVV), quien explicó que, aunque para el martes no se habrán contado aún todos los sufragios -incluidos los emitidos por correo y desde el extranjero-, convocará igualmente a los líderes de los partidos para analizar los resultados. En condiciones normales, esto debía haber tenido lugar este viernes.

El propio Wilders pidió a Bosma esta mañana retrasar el inicio de la fase de exploración con el argumento de que “las diferencias son tan pequeñas que es decisivo quién tiene derecho a comenzar las negociaciones”. 

Según recordó el ultraderechista, el partido más votado es el primero en recibir el mandato para intentar formar coalición: “No puede designarse un explorador si ni siquiera sabemos con certeza quién es la mayor fuerza política del país”, insistió Wilders.

A falta del recuento final, D66 y PVV se mantienen empatados en 26 escaños cada uno, aunque los votos pendientes del extranjero podrían alterar ligeramente el resultado. D66 aventaja en torno a 15.000 papeletas a la formación de Wilders, lo que le situaría de nuevo en primera posición, después de varias horas la mañana de este jueves aventajado en unos 2.000 votos por la ultraderecha.

A pesar del empate en escaños, el ganador político de los comicios sigue siendo D66, que suma 17 asientos más que en las elecciones anteriores. Wilders, en cambio, figura entre los grandes perdedores, al perder 11 de los 37 escaños que tenía.

El bloque GroenLinks-PvdA, que lideró hasta su dimisión anoche Frans Timmermans, se mantiene con 20 escaños; el VVD, del ala liberal conservadora encabezado por Dilan Yeşilgöz, retrocede a 22; y el CDA democristiano, dirigido por Henri Bontenbal, se queda con 18.

La extrema derecha de Foro por la Democracia (FvD) y la Unión Cristiana (CU) obtienen 7 y 3 escaños, respectivamente.

El euroescéptico JA21 alcanza 9; el movimiento agrario BBB logra 4, y el Partido Socialista (SP), Denk, el Partido por los Animales (PvdD) y el calvinista SGP consiguen 3 cada uno. El partido de los jubilados 50Plus logra 2 escaños, el proeuropeo Volt obtiene 1, y el centrista NSC, fundado en 2023, desaparece del Parlamento tras perder los 20 escaños que había conseguido en los anteriores comicios.

El partido liberal progresista D66 ganaría las elecciones generales celebradas este miércoles en Países Bajos, impulsado por la buena imagen de su líder, Rob Jetten, según el sondeo a pie de urna publicado al cierre de los colegios electorales por la encuestadora Ipsos I&O, que aplica un margen de error de un escaño por partido, informa EFE.

D66 obtendría 27 de los 150 escaños del Parlamento neerlandés, 18 asientos más de los que tenía hasta ahora, seguido de cerca por la derecha radical de Geert Wilders (PVV), que pasaría de ser la fuerza más grande de la Cámara a quedarse con 25 y situarse en segundo lugar. Wilders sería uno de los grandes perdedores de estos comicios, al quedarse de golpe sin 12 escaños y perder el liderazgo parlamentario que le daría prioridad para negociar gobierno.

El partido liberal VVD, liderado por Dilan Yeşilgöz (sucesora del exprimer ministro neerlandés Mark Rutte al frente de los liberales), alcanzaría 23 escaños, perdiendo tan solo uno con respecto a la actualidad, mientras que el bloque de ecologistas y socialdemócratas GroenLinks-PvdA, encabezado por Frans Timmermans, lograría 20, perdiendo cinco escaños de golpe.

El partido democristiano CDA también sería uno de los grandes ganadores de los comicios y sumaría 19 escaños, un total de 14 más que en la actualidad. El euroescéptico JA21 pasaría de uno a nueve escaños, mientras que la extrema derecha de Foro para la Democracia (FVD) crecería de tres a seis. El movimiento campesino BBB caería de siete a cuatro escaños, y el Partido Socialista (SP) bajaría de cinco a tres.

El centrista NSC, que en las elecciones anteriores irrumpió con veinte escaños, desaparecería totalmente del Parlamento según esta primera proyección, un castigo del electorado después de que el partido se uniera a la derecha radical en la coalición de gobierno que Wilders dejó caer el pasado junio, forzando la convocatoria de estas elecciones anticipadas.

Como viene siendo habitual, ningún partido obtendría la mayoría suficiente para gobernar en solitario, por lo que, según estos resultados, será necesaria una coalición de al menos cuatro o cinco partidos para alcanzar los 76 escaños que marcan la mayoría absoluta.

La encuesta, realizada por Ipsos I&O en 65 colegios electorales con la participación de unos 80.000 votantes, ofrece una estimación provisional de la distribución de escaños. Una segunda actualización del sondeo se difundirá a las 21.30 hora local del miércoles (20.30 GMT), tras incluir los últimos votos emitidos antes del cierre de las urnas.

Este año, dos tercios de los municipios neerlandeses aplicarán el sistema de “recuento rápido”, que consiste en contabilizar primero únicamente los votos por partido, para poder publicar los resultados con mayor rapidez. Antes, los miembros de las mesas electorales debían contar en la misma noche tanto los votos por partido como los votos preferenciales por candidato.

Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Policía Nacional de Turquía y la Dirección General de Control de Aduanas de Turquía, han desarticulado una organización criminal dedicada a la introducción de heroína en la península ibérica y al posterior envío de marihuana desde la misma hacia Estambul, empleando la misma ruta. Hasta ahora, el derivado del cannabis llegaba a Turquía por carretera a través de Bulgaria y el derivado del opio hacía lo propio a España por la ruta de los Balcanes, vía Holanda, lo que hace que el actual operativo sea muy novedoso.

Los narcos invertían los beneficios obtenidos en marihuana para hacerla llegar a Turquía. Para el viaje del derivado del opio de este a oeste y el posterior del cannabis de oeste a este empleaban la misma ruta marítima que unía la localidad de Sete (Francia) con la de Yalova (Turquía).

De los 15 miembros de esta organización, once ingresaron en prisión tras pasar a disposición judicial como presuntos responsables de un delito de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal. Se ha intervenido heroína, marihuana, sustancias adulterantes, dinero, móviles y diversa documentación.

La investigación se inició a finales del pasado año tras detectar una partida de heroína en la Comunidad de Madrid y tener conocimiento de la existencia de un grupo que, presuntamente, estaba exportando marihuana desde España a Turquía. Desde ese momento se analizó esa relación.

Las primeras pesquisas determinaron que existía una organización criminal, asentada en ambos países, que utilizaba la ruta marítima que circulaba entre Yalova (Turquía) y Sete (Francia) para transportar el estupefaciente hasta España, operando principalmente en Madrid, Alicante, Barcelona y Tarragona.

El pasado mes de febrero se llevó a cabo la primera fase de esta investigación cuando los agentes arrestaron a uno de los líderes de la organización junto a su lugarteniente y a dos colaboradores. Las detenciones se llevaron a cabo cuando transportaban una partida de dos kilogramos de heroína y procedían a realizar la transacción.

Dos días después se realizó la entrada y registro en el domicilio de uno de ellos, quien ejercía las funciones de 'caletero' –persona encargada de transportar, ocultar o guardar droga en un lugar seguro, conocido como "caleta"– y las tareas de adulteración de la sustancia, donde se procedió a la aprehensión de seis kilos de heroína más, un kilo aproximadamente de sustancia de corte y unos 300 gramos de anfetaminas, además de diverso material para el empaquetado de la droga y dinero.

A pesar de estos arrestos, la red criminal continuó con su actividad delictiva, haciéndose cargo de una cantidad de marihuana para ocultarla en caletas de los vehículos tipo tráiler y poder transportarlas desde España a Turquía. Para ello utilizaban una nave ubicada en Els Garidells (Tarragona), con el objetivo de preparar los compartimentos destinados a esconder la sustancia en los depósitos de combustible y de agua de los camiones, y así poder pasar desapercibidos ante cualquier control policial.

Una vez que los investigadores tuvieron conocimiento de la llegada del tráiler, establecieron un dispositivo para el registro de la nave que contó con la participación del Grupo Especial de Operaciones (GEO) y otras unidades de la Policía Nacional y que se saldó con la detención de seis miembros de la organización.

El dispositivo policial logró la detención del líder de la organización, así como del testaferro, en la localidad de El Campello (Alicante). El resto de miembros, encargados del aparato logístico de distribución, fueron localizados y detenidos en Madrid.

En las entradas y registros realizados en Madrid, Alicante, Barcelona y Tarragona, se han incautado un total de 8 kilogramos de heroína de gran pureza, más de 170 kilos de marihuana en cogollos, 30 kilos de sustancia adulterante, más de 47.000 euros, siete vehículos de alta gama, terminales telefónicos y documentación.

El Partido por la Libertad de los Países Bajos (PVV) no es un partido al uso. Es una formación que no tiene cuadros, ni siquiera militantes. Legalmente, su único socio, integrante y propietario es un hombre de 61 años con una larga cabellera rubio platino. Esa persona, una de las mentes más radicales de la extrema derecha mundial, es Geert Wilders. Amo y señor, no solo del partido, sino también, durante el último año y medio, del Gobierno de los Países Bajos sin ni tan siquiera figurar en él. En el PVV todo empieza y acaba en Wilders, él mismo fue quien, la pasada semana, cortó el hilo de vida de la coalición de cuatro partidos que sostenía el Ejecutivo, abocando de esa forma a los neerlandeses a unas nuevas y disputadas elecciones el 29 de octubre.

Sin embargo, la sentencia de muerte de la coalición había sido firmada mucho antes, en una decisión que hirió una de las características más temibles de Wilders: su orgullo. Ante el continuo bloqueo de todos los partidos, las cuatro formaciones decidían que ninguno de sus líderes integraría el nuevo Ejecutivo. Aquello fue un golpe a la línea de flotación del PVV, ya que relegaba a su todopoderoso presidente a un segundo plano. Tras duras negociaciones, se acordó dar el puesto de primer ministro a Dick Schoof, un antiguo militante socialdemócrata y que durante los anteriores cuatro años había desempeñado el cargo de secretario general del Ministerio de Justicia y Seguridad. 

Su Gobierno, finalmente, tan solo ha durado 11 meses. Algo que no es del todo extraño en un país que acostumbra a legislaturas cortas, coaliciones, inestabilidad y parlamentos enormemente fragmentados dado su sistema electoral proporcional. “Aun así, en esta ocasión ha sido demasiado. Han sido cuatro partidos para formar el Ejecutivo, con muchos intereses diferentes y que han acabado chocando continuamente, algo que ya preveían las duras negociaciones previas. Así, las formaciones solo consiguieron firmar un acuerdo de mínimos que llevó a un Gobierno más técnico que político en el que ninguno acababa de estar contento y donde era difícil que se implementaran las políticas de cada uno, especialmente las del PVV”, señala Héctor Sánchez Margalef, investigador del Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB).

Precisamente, esa falta de contundencia en la agenda ha sido uno de los principales lastres del PVV. Sus propuestas, algunas de las cuales se encuentran entre las más radicales de las extremas derechas europeas, no han estado ni cerca de salir adelante. De hecho, ha sido la legislación de migración, una de las puntas de lanza del PVV, la que ha terminado por destruir la frágil estabilidad de la que gozaba el Gobierno. “En un Ejecutivo con tantas voces, es muy complicado hacer valer tus propias propuestas, porque las tienes que acordar con muchos partidos. Es lo que le ha sucedido al PVV, que también ha pecado de inocencia e inexperiencia. Dentro de la coalición, estaba con ellos el Partido Popular por la Libertad y la Democracia, la formación del ex primer ministro Mark Rutte, que ha gobernado en varias legislaturas y que sí tiene esa experiencia”, explica el experto. 

Tanto más difícil para ellos ha sido sacar adelante propuestas que no sólo chocaban con las divisiones internas del Gobierno, sino también con el propio derecho europeo, sobre todo en cuanto a migración. “No podemos, además, perder de vista que Wilders ha actuado como si estuviera en la oposición. Al estar él mismo fuera del Ejecutivo, criticaba constantemente al Gobierno, aunque estuviera integrado por personas de su propio partido. Al tener esa fórmula hipercentralizada de un solo militante, no hay posibilidad de debate interno y todo está en sus manos”, destaca Steven Forti, profesor de Historia Contemporánea en la Universidad Autónoma de Barcelona y autor de Democracias en extinción: el espectro de las autocracias electorales.

Esa doble estrategia, pese a todo, no parece haber servido para retener los apoyos de una parte sustancial de quienes confiaron en el PVV hace dos años. En las elecciones de 2023, la formación de Wilders logró su mejor resultado histórico, ganando los comicios con el 23,5% de los votos y 37 escaños, dando un golpe de mano a la política neerlandesa y ubicándose como uno de los partidos de extrema derecha más importantes de Europa. Desde las anteriores elecciones, subió 20 escaños y dobló sus votos, rozando los dos millones y medio de papeletas. Ahora, las cosas pintan de forma muy distinta para Wilders y es casi imposible que repita ese resultado, el mejor de la historia del partido.

Desde hace ya más de un año, el PVV puntúa a la baja en las encuestas. Ya en las elecciones europeas del pasado año, la extrema derecha vivió un pequeño adelanto de lo que puede llegar en octubre. Solo siete meses después de su gran triunfo, el partido caía cinco puntos en porcentaje de voto y quedaba relegado a la segunda posición por la coalición entre socialdemócratas y verdes liderada por el excomisario europeo Frans Timmermans. Ahora, según la media de sondeos de Politico, la pérdida sería de ocho escaños, quedándose en el 20% del voto y empatando en la primera posición y a 29 asientos con la coalición de Timmermans. Según la misma encuesta, hace algo más de un año, los de Wilders tenían un 33% de apoyo y más de 15 puntos de ventaja sobre la unión de verdes y socialdemócratas.

El choque con la realidad vivido por el PVV no ha sido el único que ha sufrido un partido de extrema derecha en Europa. Otras formaciones ultras han visto como su apoyo bajaba exponencialmente en las encuestas una vez tocaban el poder. Un ejemplo paradigmático es el de las formaciones de este tipo en los países escandinavos. En el caso sueco, los Demócratas de Suecia, que gobiernan en coalición con la derecha moderada del primer ministro, Ulf Kristersson, han visto cómo sus votos llevan estancados casi dos años, sin grandes subidas y peleando la segunda posición a su socio de Gobierno. En Finlandia, la situación del Partido de los Finlandeses es incluso más preocupante. Desde que entraron como socio minoritario en el Ejecutivo de los conservadores del primer ministro, Petteri Orpo, el apoyo a la formación ha caído en barrena. De quedar en las últimas elecciones en segundo lugar con un 20%, empatados con los socialdemócratas y a solo un punto del ganador, actualmente las encuestas los colocan cuartos y con un 11%. 

Pero si ha habido un caso sonado, ha sido el del actual ministro del Interior italiano, Matteo Salvini. El líder de la Lega, que allá por 2019 se colocaba como uno de los hombres más prominentes de la extrema derecha europea, arrasando en las europeas de ese año con un 34% de los votos, está ahora en camino de la pura irrelevancia, completamente destronado en el espectro ultra por la primera ministra, Giorgia Meloni. Por medio ha estado un Ejecutivo de coalición con el Movimiento 5 Estrellas y otro técnico de concentración nacional liderado por Mario Draghi que destruyeron las expectativas electorales de La Lega. Especialmente este último, donde Meloni capitalizó su decisión de quedarse fuera del mismo y presentarse como la oposición real a él.

“La teoría avala que quien es el socio minoritario de una coalición, no solo en el caso de la extrema derecha, sino en general, suele sufrir el desgaste y asume una pérdida de votos mayor que el mayoritario. Y el caso italiano, con Meloni y Salvini, lo ejemplifica perfectamente”, describe Guillermo Fernández Vázquez, profesor de la Universidad Carlos III y autor del libro Qué hacer con la extrema derecha en Europa. De hecho, ante el fracaso repetido en muchos países como Alemania o Francia de la estrategia del cordón democrático, que ha hecho crecer cada vez más a las fuerzas extremistas, algunos plantean que, si se deja a los ultras en el Gobierno, mostrarán su incapacidad, se desgastarán y, en último término, sufrirán una gran debacle electoral. Una táctica que, sin embargo, para Sánchez Margalef, implica muchos riesgos.

Porque no todo es tan fácil o claro como parece en última instancia. Todos los expertos consultados coinciden en que vincular la entrada en el Gobierno de la extrema derecha con una pérdida de votos o una debacle electoral masiva es un error. En primer lugar, porque es una norma que no siempre se cumple, y en segundo, porque es casi imposible hacer desaparecer a los partidos extremistas, ya que se alimentan de un descontento estructural de los ciudadanos con la democracia. “La extrema derecha ha venido para quedarse, fluctúa, pero ni va a conseguir el 30% ni tampoco va a desaparecer. En España, por ejemplo, Vox ha estado en el Gobierno de las autonomías y eso probablemente les pase factura, pero no van a tener un retroceso radical”, señala Fernández Vázquez.

Ese patrón es el que, indica Forti, ha seguido buena parte de la extrema derecha italiana a lo largo de las últimas décadas. “Siempre tienen subidas y bajadas, pero no es habitual que se les castigue con grandes batacazos que les destruyan. No existe tampoco un patrón donde se vea claramente que la extrema derecha muestre su incapacidad en el gobierno y entonces se le castiga. Incluso, aunque se llegue a hacer, esta represalia termina siendo de muy corta duración”, describe el historiador. Como ejemplos evidentes de esta tendencia está el Partido de la Libertad de Austria (FPÖ) que, si bien ha sido penalizado por estar dentro del Gobierno y ha vivido grandes épocas de valle, ha terminado siempre recuperándose hasta incluso llegar a ganar las elecciones en 2024.

Por no hablar de otros líderes de extrema derecha que no solo han llegado al poder sino que se han consolidado en él. Quizás los dos más claros ejemplos sean el del presidente estadounidense, Donald Trump, o el del mandatario húngaro, Viktor Orbán, aunque también puede incluirse aquí a la propia Meloni, la cual ha terminado por sustituir a la derecha tradicional. Todos ellos han conseguido algo que, a priori, parece muy complicado: combinar el discurso antisistema de la extrema derecha con ser ellos mismos parte de ese sistema y del Gobierno. “Para ello, suelen siempre aludir a agentes externos que no les permiten hacer lo que quieren o llevar a cabo su programa. Por ejemplo, en el caso de Orbán, ese chivo expiatorio suele ser la Unión Europea o, en el de Trump, el Estado profundo (o deep state) o las élites globalistas. Es un clásico discurso populista que funciona para eludir esa responsabilidad y poder mantenerse en el gobierno mientras culpabilizan a otros”, zanja Forti.

La formación ultraderechista neeerlandesa Partido por la Libertad (PVV) ha anunciado este sábado su incorporación a Patriotas por Europa, el nuevo bloque abanderado por el primer ministro húngaro, Viktor Orban, con vistas a su presencia en el Parlamento Europeo.

El anuncio ha sido realizado por el líder del PVV, Geert Wilders, quien ha esgrimido que los valores de su partido se ajustan plenamente con los manifestados por la alianza, según informa Europa Press.

"Somos patriotas, amamos a nuestra nación. Fuerte y soberana. Resistimos contra la inmigración ilegal. Defendemos la paz y la libertad. Y apoyamos a Ucrania", ha manifestado Wilders en su cuenta de la red social X sobre el partidismo a favor de Kiev en su guerra contra Rusia.

"Protegemos nuestra herencia judeo cristiana y a nuestras familias. Queremos combinar nuestras fuerzas en el Parlamento Europeo, así que nos unimos con orgullo a Patriotas por Europa", ha zanjado Wilders.

El partido de Wilders, vencedor de las elecciones legislativas en Países Bajos el pasado noviembre, es el más importante de la nueva coalición de cuatro partidos de derecha que tomó posesión el martes y que dirige Dick Schoof, ex jefe del servicio de Inteligencia, como primer ministro.

Con la incorporación del PVV, Patriotas por Europa solo necesita de un país más para cumplir el requisito de formación de bloque parlamentario en la Eurocámara, ya que necesita de representantes de siete Estados miembro.

De momento Patriotas por Europa ya cuenta entre sus filas con el PVV, el partido Fidesz de Orbán, el austriaco Partido de la Libertad, la Alianza de Ciudadanos Descontentos (República Checa), Vox (España) y Chega (Portugal).

Karim Bouyakhrichan, presunto cabecilla de la conocida como Mocro Maffia, fugado ahora de la justicia, cumplió por última vez el pasado 1 de abril con la medida cautelar de comparecer ante un juzgado impuesta por la Audiencia de Málaga tras su puesta en libertad con fianza de 50.000 euros en relación con la causa que le investiga por blanqueo y otros delitos.

Así lo han informado desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y recoge Europa Press, precisando que este investigado ha estado firmando fuera de Marbella en relación con esta causa "y se notificaban al Juzgado número 4 de Marbella unos días después", precisando que "la última firma recibida correspondió a la del 1 de abril". Al respecto, estas fuentes han indicado que el día 15 de este mes "debía firmar nuevamente" este investigado "y aún puede llegar la notificación desde el lugar donde lo haya hecho", han apuntado.

Dicho juzgado investiga a este hombre en una causa por blanqueo, tráfico de drogas, organización criminal y banda armada. Tras ser detenido este pasado mes de enero, el juzgado de instrucción acordó la prisión provisional comunicada sin fianza del investigado al apreciar la existencia de riesgo de fuga.

La defensa presentó un recurso solicitando su puesta en libertad y la Fiscalía se opuso a dicho recurso, pidiendo que su desestimación y el mantenimiento de la medida acordada en el auto apelado; es decir, instando a que se mantuviera en prisión. En un auto fechado el 22 de febrero de este año, la Audiencia de Málaga, tras una vista en la que compareció el investigado, asistido por un letrado, y las partes expusieron sus argumentos, acordó su puesta en libertad con medidas cautelares, como el pago de una fianza de 50.000 euros.

También se incluyó la obligación apud acta de comparecer ante el juzgado de su domicilio, o el que instruya o conozca de la causa cada 15 días, la retirada del pasaporte, con prohibición de salida del territorio nacional, así como la designación de domicilio y deber de facilitar un teléfono de contacto directo entre el investigado recurrente y las autoridades judiciales.

En dicho auto, consultado por Europa Press, el Tribunal de Málaga señala que "en contra de lo que se alega en el recurso, sí que existe riesgo de fuga"; pero considera, poco más de un mes después, que "los fines perseguidos cuando se adoptó la medida de prisión -riesgo de fuga-, también pueden conseguirse con otras medidas aseguratorias menos gravosas", como son las medidas cautelares ya mencionadas.

Al respecto, los magistrados de Málaga apuntan que no consta que el investigado tenga bienes raíces en España, "en donde ha venido viviendo en una casa propiedad de su esposa"; aunque esta "manifestó que ella vive en Dubai y que solo viene a Marbella de vez en cuando". A esto se suma que el tipo básico del delito de blanqueo de capitales "prevé pena de hasta seis años de prisión".

Pero, tras analizar "las notas de excepcionalidad y subsidiariedad" que caracterizan a la medida de prisión, "y en general a toda limitación de derechos fundamentales", recuerdan que cualquier medida restrictiva de tales derechos "exige la estricta observancia del principio de proporcionalidad" y estiman la existencia de otras medidas "menos gravosas", como la imposición de la fianza, entre otras.

La Audiencia de Málaga rechaza el resto de argumentos del recurso de la defensa del investigado, como la supuesta falta de indicios racionales para la medida de prisión, ya que, según la resolución, de los informes remitidos al juzgado y del resultado obtenido en las diferentes entradas y registros "se revelan indicios de su participación en el delito de blanqueo que se le imputa".

La Sala de Málaga también indicó que "no cabe apreciar la vulneración de derechos fundamentales a los que se hace alusión por el recurrente", ni tampoco vio vulneración del derecho fundamental al juez predeterminado; apuntando, además, que en el momento de la detención fue informado de los derechos y no estima que hubiese agravio comparativo, "pues no cabe apreciar discriminación en situaciones de ilegalidad".

En enero, la Policía Nacional detalló en una rueda de prensa en el complejo policial de Canillas (Madrid) de la operación con la que habían golpeado a una estructura de la Mocro Maffia en la Costa del Sol y llegó a bloquear 172 propiedades valoradas en 50 millones de euros y cerca de tres millones en cuentas bancarias.

Los responsables de la UDEF se felicitaron entonces por arrestar tras años de investigación a un "objetivo prioritario", ya que las diferentes ramas de Mocro Maffia están detrás de numerosas operaciones de narcotráfico, ajustes de cuentas y de las amenazas contra la Casa Real holandesa y, en concreto, contra la princesa heredera al trono, Catalina Amalia de Orange.

El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ha calificado de "preocupante" la fuga del líder de la Mocro Maffia. "Es una noticia preocupante, así la valoramos", ha señalado Bolaños a preguntas de la prensa en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, añadiendo que no podía entrar en detalles sobre ninguna resolución judicial.

Bolaños ha dicho que su deseo es que "cuanto antes" las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado lo vuelvan a poner a disposición judicial y ha recordado que las autoridades judiciales españolas, de hecho, "ya han dictado una orden de búsqueda" sobre Karim Bouyakhrichan.

Por su parte, la Fiscalía de Países Bajos ha mostrado su extrañeza por la decisión de los jueces españoles de dejar en libertad provisional a Karim Bouyakhrichan. "No sabemos qué sucedió", han indicado este martes desde la Fiscalía holandesa. "El juez español determinó que, de ser liberado, sería puesto en prisión preventiva por el caso holandés", han añadido, en referencia a que en su país es reclamado al ser considerado "sospechoso de tráfico de drogas a gran escala".

En un comunicado remitido a Europa Press, la Fiscalía de Países Bajos destaca la buena relación con las autoridades españolas y que mantiene su intención de procesar al arrestado en España en enero en una operación de la Policía Nacional.

El Ministerio Público holandés dice que presentó una solicitud de entrega en cuanto fue informada de la detención y se remite a las explicaciones que pueda dar el tribunal español. Además, recuerda que "actualmente están esperando una decisión sobre la solicitud de extradición". "Nuestra experiencia con el sistema de justicia español es que esta cooperación es en general buena; cada año se entregan decenas de sospechosos", han puntualizado.

Tres asociaciones holandesas, Oxfam Novib, Pax for Peace (paxvoorvrede) y The Rights Forum, demandaron al gobierno de los Países Bajos reclamando que se prohibiera la exportación de armamento a Israel sobre la base de las leyes del país. La demanda de prohibición concierne a los repuestos para los aviones F-35, que están actuando en los ataques contra la palestina Gaza. La sentencia de 30 folios recoge las argumentaciones del gobierno neerlandés:

La primera es que la licencia y el permiso general para exportar los repuestos del F-35 es de 2016, sin necesidad de otro permiso por separado para cada envío. Es decir, antes del 7 de octubre de 2023, fecha que, de forma interesada, hay quienes consideran el comienzo del actual estadio de violencia, olvidando la estructural ocupación y colonización de Palestina. Esta excusa es similar a la presentada por el ministro de Exteriores, Albares, ante los datos presentados por el Centre Delas y divulgados por eldiario.es.

A mayor abundamiento, el F-35 es un avión producido en los Estados Unidos, país con derechos sobre su uso y destino; los Países Bajos son socios del programa del F-35 en la producción y mantenimiento de dichos aviones, además de ser comprador de los mismos. También Israel los adquiere. Las piezas de dichos aparatos las suministran los Estados Unidos que figuran como propietarios mientras no se instalen en los F-35 vendidos. Los demandantes consideran que Israel ataca objetivos civiles y se ha producido una cifra desproporcionada de víctimas civiles. Consideran que hay indicios fiables de un riesgo grave de genocidio inminente de la población palestina de Gaza.

Las leyes neerlandesas prohíben la exportación de bienes militares a menos que haya un permiso concreto, y éste tiene que respetar las obligaciones internacionales contraídas por los Países Bajos, entre ellas la Posición Común del Consejo Europeo y el Tratado sobre el Comercio de Armas, que forman parte preminente del ordenamiento jurídico holandés (y español). La Posición Común prohíbe la exportación militar en caso de que el comprador contribuya a una agresión internacional o a la inestabilidad regional, y uno de los criterios de exportación establece que el comprador debe respetar los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.

Por su parte, el Tratado sobre Comercio de Armas tiene como uno de sus principios “respetar y hacer respetar el Derecho Internacional Humanitario, de conformidad, entre otros, con los Convenios de Ginebra de 1949, y respetar y hacer respetar los derechos humanos de conformidad, entre otros, con la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos Humanos”. Los demandantes, además de estas normas, invocaron las Convenciones de Ginebra y las obligaciones vinculantes que contienen, “de garantizar el respeto” a las partes contratantes de los mismos (incluyendo a los Países Bajos y, añadimos nosotros, al Estado Español).  

La ministra de Defensa neerlandesa ha replicado que Israel debe disponer de la capacidad de responder a amenazas terroristas; ha justificado el efecto disuasorio del F-35 ante otros Estados, para que el conflicto no se extienda, ha argumentado que no se ha establecido que Israel, ni estos aviones en particular, violen el Derecho Internacional Humanitario; y ha sostenido que la interrupción del suministro de piezas del F-35 dañaría las relaciones de los Países Bajos con los Estados Unidos e Israel y minaría la confianza de otros aliados que participan en el proyecto del F-35. El Tribunal refuta esas argumentaciones sobre la base de las leyes neerlandesas: “Los intereses declarados por el Estado no son intereses que tengan tanto peso, y prevalece la obligación de cumplir con las normas de Permisos, interpretados de conformidad con el Tratado de Comercio de Armas y “los criterios obligatorios” de la Posición Común Europea y, por supuesto, del Convenio de Ginebra (incluido el artículo 1, apartado 1, Primer Protocolo Adicional)”.

El tribunal que admitió el recurso presentado por esas tres ONGs después de que perdieran la demanda en primera instancia, considera que las ONG están legitimadas para plantear la demanda, que sus objetivos son la paz y el desarrollo humano de forma universal, por lo que incluyen a los gazatíes; que los informes de organismos internacionales han evaluado bombardeos masivos y la destrucción de infraestructuras y viviendas civiles, incluyendo las sanitarias, un domicidio [destrucción sistemática del parque de viviendas y otros edificios], muertes indiscriminadas, hambruna generalizada y desplazamiento de millones de personas, por lo que son estimables sus argumentos y, aunque no se pueda derivar de esas fuentes un juicio jurídico definitivo, el tribunal los acepta porque son verosímiles para considerar que hay un ‘riesgo claro’ de violaciones del Derecho Internacional Humanitario.

Además, el tribunal, con los datos suministrados por el Gobierno holandés, amén de otros testimonios, conoce que se están desplegando los F-35 en apoyo de las fuerzas terrestres israelíes presentes en Gaza, llevando a cabo ataques que han causado graves daños. “Los hechos muestran que se ha causado un gran número de víctimas civiles, entre ellos miles de niños, que se han destruido miles de hogares, que se utilizan "bombas tontas" y que todas las zonas residenciales son atacadas ante el más mínimo indicio de actividad terrorista. que se han ampliado los límites aplicados anteriormente en relación con los " daños colaterales" en el conflicto actual, se ha abandonado la política de advertir a los civiles antes de un ataque, se han destruido suministros de agua potable, panaderías y un molino de cereales, y (…) han sido bombardeados muchos de los hospitales de Gaza, …”

“No hay razón para considerar que el riesgo claro sólo está presente si se puede demostrar que los propios F-35 han cometido directamente violaciones graves del Derecho Humanitario. Ahora que las acciones de guerra de Israel en la Franja de Gaza han implicado un riesgo claro de violaciones graves del derecho humanitario y que se han desplegado los F-35 en apoyo de esas acciones de guerra, existe un riesgo claro de que las piezas del F-35 que se exporten puedan utilizarse para cometer violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario”.

El tribunal acepta que la Posición Común o el Tratado de Comercio de Armas pueden no contener la obligación de reevaluar cada licencia concedida si surgen nuevas circunstancias, pero considera que esa obligación sí existe en el presente caso, porque “se trata de un cambio de circunstancias que consiste en un riesgo claro de violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario, un motivo convincente de denegación según la Posición Común (y de los Convenios de Ginebra). El artículo 1 de los Convenios de Ginebra es incompatible con la idea de que un Estado que ha concedido una licencia para exportar armas pueda hacer la vista gorda ante violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario en el país de destino y negarse a imponer consecuencias a la licencia.

El tribunal coincide con las asociaciones en que existe un riesgo claro de que se cometan violaciones graves del Derecho Humanitario de guerra con el F-35. Y dado que los Países Bajos son parte de diversos tratados, deben imponer restricciones a la exportación de material militar. En su decisión de no intervenir en la licencia de exportación, la ministra de Defensa incumplió erróneamente estas obligaciones internacionales. Creemos que esta argumentación del tribunal neerlandés es de plena aplicación al caso español, y que de ella se derivaría la facultad de prohibir la exportación, aunque la licencia hubiera sido anterior al 7 de octubre.

La última alegación del Estado neerlandés al tribunal, intentando que las argumentaciones de las ONGs no prosperasen, es que Israel acabará recibiendo las piezas del F-35 de otra manera (quizás con retraso), por ejemplo, mediante entrega directa por parte de los EE.UU. El tribunal replica que no puede especular ni anticipar la cuestión de si otros países suministrarán las piezas del F-35 a Israel si los Países Bajos ya no lo hacen, ni evaluar si esto sería legal en otros países. Al fin y al cabo, señala que los demás países también tienen que hacer frente a las obligaciones (de Derecho consuetudinario) derivadas del artículo 1 de los Convenios de Ginebra y con otras posibles obligaciones nacionales.

Finalmente, el tribunal, el 12 de febrero de 2024, ordena al Estado que cese toda exportación (real) y tránsito de piezas del F-35 con destino final a Israel, dentro de los 7 días posteriores a la notificación de esta sentencia. Esperemos que en el caso español no haya que recurrir a los tribunales y, por iniciativa del propio Gobierno, se prohíba el comercio de armas con un Estado ocupante, colonizador y con indicios de estar cometiendo un genocidio.

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Santiago González Vallejo es cofundador del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe.

Geert Wilders podría ser el próximo primer ministro holandés si consigue convencer a liberal-conservadores y a democristianos para que se unan a sus 37 diputados hasta alcanzar los 76 necesarios para la investidura. O podría no serlo porque estos decidan buscar apoyos en el centro izquierda o apoyar a la segunda fuerza política, la coalición socialdemócrata-ecologista del ex ministro de Exteriores y comisario europeo hasta este verano Frans Timmermans. Lo que sí es seguro es que el “efecto bloqueo” en la Unión Europea que genera la victoria de Wilders ya es inevitable.

El primer bloqueo es mental, político. La victoria de Wilders reventando al alza las encuestas envalentona a la extrema derecha europea, que había sufrido la incapacidad de Vox de unirse al PP para formar gobierno como una derrota después de ver como la extrema derecha del PiS polaco caía en las urnas frente a una coalición conservadora pero europeísta liderada por el antiguo primer ministro y antiguo presidente del Consejo Europeo Donald Tusk. La de Tusk es de las victorias conservadoras que más podían doler a la extrema derecha porque el polaco rechaza de plano cualquier colaboración con los ultras.

Wilders les da de nuevo esperanzas, y a poco más de siete meses de unas elecciones europeas que auguran una subida de la extrema derecha hasta el punto de que con las derechas tradicionales podrían formar mayoría europarlamentaria, esas esperanzas de la extrema derecha se traducen en miedos y bloqueos en Bruselas. De los jefes de Gobierno europeos sólo Viktor Orban había felicitado este viernes a Wilders. Nadie más, ni siquiera la italiana Giorgia Meloni. En parte por prudencia, porque no es seguro que Wilders pueda gobernar.

El otro bloqueo importante se dará en Bruselas. El Gobierno holandés en funciones tiene poderes limitados y las orientaciones de Wilders, en plena negociación para formar una coalición si democristianos y liberal-conservadores no lo rechazan de plano, van a afectar a la posición del primer ministro en funciones, Mark Rutte, en la cumbre europea de mediados de diciembre, la que tradicionalmente cierra el año político europeo y en la que, este año, se deben tomar decisiones de calado como la posible aprobación de la reforma del Pacto de Estabilidad, las ayudas financieras a Ucrania para los próximos años (50.000 millones de euros hasta 2027) o la apertura de negociaciones de adhesión con Ucrania o Moldavia.

Wilders repitió durante la campaña electoral que, más allá de querer un referéndum sobre una eventual salida de su país de la Unión Europea, rechaza mientras tanto cualquier ampliación de la Unión Europea. Su lista de exigencias a las instituciones europeas es larga y en algunos casos exigiría cambios en los tratados europeos, a ratificar por unanimidad de los 27. Exige que no se apliquen a su país las normas europeas en materia de lucha contra la crisis climática, de pesca, de agricultura, de derecho de asilo y así una larga lista. No quiere ni la bandera europea en los edificios oficiales holandeses.

¿Puede Mark Rutte hacer como que no existe Wilders y tomar decisiones con un Gobierno en funciones? El primer ministro holandés tendrá las manos atadas y cada vez que tenga que tomar una decisión en Bruselas necesitará primero el visto bueno del Parlamento holandés. Y como él, cada ministro de su Gobierno hasta que tome posesión el relevo. Ya ocurrió lo mismo entre septiembre y noviembre de 2021 cuando Olaf Scholz sucedió a Angela Merkel en Alemania, pero en aquella ocasión las posiciones de Merkel (de salida) y Scholz (de entrada) eran tan similares que el segundo había sido ministro de Finanzas de la primera y Merkel tuvo siempre manos libres tras consultar con Scholz. Rutte y Wilders están en las antípodas en política europea.

La llegada de Wilders al Consejo Europeo, si logra formar Gobierno, provocará además un reequilibro de fuerzas. Después de la salida del polaco Morawiecki y de la llegada del eslovaco Fico (un populista por otro, aunque Fico es oficialmente socialdemócrata, pero está alineado con las extremas derechas), Wilders sería un voto más para los eurófobos y un voto menos para los eurófilos.

Antes de las próximas elecciones europeas se podría dar un escenario en el que hasta cuatro jefes de Gobierno (la italiana Meloni, el húngaro Orban, el holandés Wilders, el eslovaco Fico) unieran filas. En Austria hay elecciones en un año y el FPO, un partido que ya gobernó en coalición con los conservadores y que fue fundado en los años 50 del siglo pasado por antiguos SS austríacos, lidera todas las encuestas. Esos cinco unidos estarían muy cerca de lograr minorías de bloqueo.

Pieter Omtzigt no era “nadie” hasta hace dos años, apenas un diputado de la conservadora CDA, el equivalente holandés al Partido Popular. Pero este miércoles, cuando cierren los colegios electorales holandeses, puede convertirse en la persona clave para formar gobierno en un escenario de atomización política tal que podría ver la entrada de casi 20 partidos en el Parlamento.

La historia política de Omtzigt, a quien nadie sabe definir bien entre centro-derecha, centro puro y centro-izquierda, empieza en 2013. Ese año el Gobierno holandés puso en marcha un programa informático que debía detectar fraudes en ayudas sociales. El programa erró durante años y provocó consecuencias dramáticas. Decenas de miles de familias fueron acusadas por error de haber cobrado ayudas sociales a las que no tenían derecho.

Las consecuencias fueron espeluznantes. Desde familias arruinadas por tener que devolver en un solo pago las ayudas sociales de casi una década hasta familias desahuciadas pasando por suicidios y llegando a que casi 2.000 niños fueron sustraídos a la patria potestad de sus padres para pasar a ser tutelados por el Estado. La inmensa mayoría eran familias inmigrantes o de ascendencia extranjera. El estallido del escándalo provocó la caída del Gobierno del liberal-conservador Mark Rutte (los holandeses tienen también liberal-progresistas) y, tras unas elecciones anticipadas, todo volvió a su cauce natural a pesar de que las autoridades reconocieron que se había hecho “por racismo institucional”.

Pero un hombre, Pieter Omtzigt, no se conformó y empezó a buscar justicia para esas familias. En 2021 abandonó su partido (la CDA conservadora) y quedó como diputado independiente mientras luchaba en sede parlamentaria para que se hiciera algo para reparar en lo posible la injusticia. Nadie le hizo mucho caso, hasta que el pasado agosto fundó un partido político, Nuevo Contrato Social (NSC), que va como un tiro en los sondeos hasta el punto de que algunas casas de encuestas ya no descartan que sea la primera fuerza política. Sin apenas más caras conocidas y con sólo 7.000 afiliados hasta mediados de noviembre, Omtzigt puede tener la llave para la previsiblemente difícil formación de gobierno.

Tres otras fuerzas son las principales favoritas. Por este orden en los sondeos, aunque separadas por muy poco, están la ultraderecha del PVV de Geert Wilders, los liberal-conservadores de Dilan Yesilgöz-Zegerius (de origen turco), heredera de Rutte y actual ministra de Seguridad y Justicia, y la coalición formada por socialdemócratas y ecologistas y liderada por el antiguo ministro de Exteriores y recién dimitido comisario europeo Frans Timmermans.

El políglota Timmermans, criado en Italia porque su padre era diplomático, es el mejor visto en Bruselas. El hombre que se parece a Papá Noel si se deja la barba unas semanas, aseguraba en el cierre de campaña que la coalición que encabeza dará la sorpresa y será la primera fuerza política. La tradición dice, aunque no las leyes, que es el líder de esa primera fuerza el primero que debe intentar formar gobierno y las normas no establecen un plazo, por lo que podrían pasar meses, como ocurrió algunas veces para la formación de los gobiernos de Mark Rutte, quien ha llevado las riendas del gobierno durante 13 años.

Lo que en la víspera de estas elecciones parece confirmarse es que la extrema derecha Geert Wilders no tendrá apoyos entre las principales fuerzas políticas, lo que hará imposible que pueda ser primer ministro. Y en función de los resultados, Pieter Omtzigt podría pedir apoyo a Timmermans o a Yesilgöz-Zegerius. O directamente buscar apoyos para sí mismo. Wilders no tendrá apoyos porque los conservadores de la CDA aprendieron en la pasada década que pactar con la extrema derecha, aun cuando era sólo apoyo parlamentario sin meter a los ultras en el gobierno, los llevaba por el camino de la desaparición. Hace ya casi un lustro que cortaron esa vía, por lo que si sus diputados pudieran jugar un papel en la formación de una coalición de gobierno lo harían, previsiblemente, para apoyar a Yesilgöz-Zegerius.

Sea cual sea el resultado, lo más previsible es que, de nuevo y como pasa en la vecina Bélgica, hará falta reunir a tres, cuatro o hasta cinco formaciones políticas para formar gobierno.

Los desencuentros entre los miembros de la coalición de Gobierno en Países Bajos en materia de política migratoria han llevado a la caída del gabinete que encabeza Mark Rutte, después de días de reuniones que han terminado saltando por los aires este viernes por la noche, por lo que el país está abocado a unas elecciones anticipadas, informa Europa Press.

El primer ministro ha confirmado en una rueda de prensa su dimisión y la de todo su gabinete, presentada ya ante el rey, después de constatar que no hay consenso posible sobre lo que, a su juicio, representa un gran problema social.

El Partido Popular por la Libertad y la Democracia (VVD) de Rutte había puesto sobre la mesa una propuesta para limitar la llegada de migrantes, en concreto una medida que permitiría limitar la reunificación familiar para evitar situaciones de colapso como las de 2022, cuando grupos de migrantes durmieron al raso en Ter Apel.

Los liberales Demócratas 66 y los democristianos de Unión Cristiana habían expresado su oposición públicamente, aunque el primer ministro ha matizado que la ruptura no se debe tanto a la salida de un partido en concreto como al entendimiento común de que no había vía posible para mantener la actual coalición, informa la televisión pública NOS.

Rutte lleva siendo primer ministro de Países Bajos desde el año 2010 y lideraba su cuarto gabinete, que tomó posesión en enero de 2022 tras diez meses de arduas negociaciones postelectorales. El actual Gobierno seguirá de forma interina y el primer ministro ha avanzado que tiene energías suficientes para seguir como líder del VVD, aunque ha matizado que ahora debe consultar con la dirección del partido el camino a seguir.

Los dos activistas climáticos que perpetraron una acción de protesta en un museo de La Haya contra el cuadro La joven de la perla, llegando incluso uno de ellos a pegarse la cabeza con pegamento a la famosa obra de Johannes Vermeer, han sido condenados a dos meses de prisión.

Un juez de un tribunal de La Haya ha considerado probada la intención de destrucción contra el cuadro, que no sufrió daños, y ha calificado de "impactante" la acción de protesta. "Es posible que tratara de causar el menor daño posible, pero por la forma en que actuó aceptó la posibilidad de que la pintura pudiera dañarse", ha dicho, según ha recogido la empresa de radiodifusión NOS.

La pena ha sido inferior a la exigida anteriormente por la Fiscalía, que pedía cuatro meses de prisión, dos de ellos condicionales, contra los responsables. El tercero de los involucrados no ha comparecido ante los tribunales por no estar de acuerdo con el juicio rápido, pero será juzgado en el futuro.

La Policía neerlandesa detuvo a tres activistas por esta acción: uno de ellos por pegarse la cabeza contra el cuadro, el otro por arrojar un líquido rojo sobre la pintura, protegida por un vidrio, y el tercero por grabar supuestamente la acción de protesta.

Tras el suceso, el museo Mauritshuis lamentó la "indefensión" del arte y condenó cualquier intento por dañar las obras, independientemente de sus objetivos. En las últimas semanas, se han sucedido las protestas en museos de todo el mundo, con incidentes en Alemania, Reino Unido y Francia.

Varios ataques informáticos han dificultado el lanzamiento del pasaporte covid-19 en Países BajosPaíses Bajos, según ha informado este domingo el Ministerio de Salud holandés. Como resultado de los ataques, que bloquearon la capacidad del servidor, el sábado hubo momentos en los que la ciudadanía no pudo descargar el código QR requerido. Ya han sido solucionados, informa Europa Press.

El pasaporte de vacunación es obligatorio para los mayores de 13 años desde este sábado para acudir a restaurantes o eventos deportivos y culturales. Certifica que la persona que lo porta tiene la pauta completa de vacunación contra el covid-19, una prueba diagnóstica con resultado negativo o que ha pasado la enfermedad. Aquellos no vacunados o que no se han contagiado pueden acceder a pruebas diagnósticas gratuitas.

La imposición del pasaporte covid ha creado controversia en Países Bajos. El primer ministro, Mark Rutte, cesó el sábado a la secretaria de Estado para Asuntos Económicos, Mona Keijzer, después de mostrarse crítica con la introducción del certificado en una entrevista concedida al diario De Telegraaf. De TelegraafTambién se registraron varias manifestaciones contra el uso del pasaporte durante la jornada.

Tras 18 meses, las autoridades holandesas han suprimido las normas que regían la distancia física y ya no hay restricciones a los aforos de estadios, pubs o tiendas, siempre que se presente el pasaporte. No obstante, el uso de mascarilla sigue siendo obligatorio en el transporte público de Países Bajos, donde alrededor del 82% de la población adulta tiene la pauta completa de vacunación.

Los ciudadanos de Países Bajos que quieran acudir a restaurantes, eventos deportivos o instalaciones culturales deben presentar desde este sábado el pasaporte de vacunación contra el covid-19, una prueba diagnóstica negativa o un certificado de haberse recuperado de la enfermedad.

Tendrán que presentar el documento las personas con edades superiores a los 13 años. Aquellos que no estén vacunados o no hayan pasado la enfermedad pueden realizarse el test necesario para entrar en estas instalaciones de forma gratuita en centros dedicados a tal fin, según informa Europa Press.

La normativa ha levantado controversia en Países Bajos. Propietarios de restaurantes de varias ciudades ya han anunciado que no validarán los pasaportes covid, alegando falta de personal y miedo a posibles agresiones o amenazas por parte de los clientes. Por su parte, los antivacunas ya han anunciado protestas para este sábado en La Haya.

De acuerdo con una encuesta encargada por las autoridades holandesas, casi un tercio de la población cree que la normativa restringe su libertad "demasiado". No obstante, otro 30% apoya la medida.

La obligatoriedad del pase llega después de que el Gobierno de Países Bajos haya suprimido la distancia social de 1,5 metros. "Estamos emprendiendo pasos claros que llevan hacia una sociedad sin medidas restrictivas por el coronaviruscoronavirus", justificó este viernes el Gobierno holandés.

Las autoridades han decidido relajar algunas medidas a la luz de las bajas cifras de contagio y las altas tasas de vacunación contra el covid-19. Entre estas destacan que restaurantes, bares, tiendas, teatros y estadios pueden completar su aforo, la eliminación de las restricciones en escuelas y universidades o la obligatoriedad del uso de la mascarilla. Por su parte, las discotecas aún tienen que cerrar a medianoche.

¿En qué quedó aquella cláusula antiparaísos en el decreto de ayudas del Gobierno de mayo de 2020? Se suponía que tenía que evitar que empresas en paraísos fiscales se beneficiaran de dinero público. Sonaba bien. Ahora ni el Ministerio de Hacienda ni el de Trabajo ofrecen detalle. El diagnóstico de las organizaciones de denuncia de la evasión es coincidente: nunca fue mucho más que un gesto. En realidad, no ha sido un problema sólo español. Los gobiernos europeos “no han logrado introducir medidas eficaces para garantizar que el apoyo público no termine en paraísos fiscales”, señala Tove Maria Ryding, de la European Network on Debt and Development (Eurodad). Es más, que estas medidas de urgencia arrojen balances más que discretos ni siquiera es el problema central. La pandemia, que incrementa la urgencia de la Unión Europea (UE) y sus Estados por dotarse de recursos para lidiar con una crisis histórica, está demostrando la facilidad con la que los paraísos fiscales y las empresas que operan en ellos se ponen a salvo.

Los puntos débiles de la respuesta institucional han aflorado. Para empezar, los listados de territorios opacos de España y la UE se quedan cortos. “Las jurisdicciones que figuran en la lista negra de la UE causan menos del 2% de las pérdidas fiscales mundiales”, señala un informe de Tax Justice Network. El propio Parlamento europeo acaba de asumir la "ineficacia" de esta lista, solicitando su modificación con 587 votos a favor, 50 en contra y 46 abstenciones. "Los ajustes simbólicos no deben bastar para considerar un sistema tributario justo", señala la Eurocámara,

Además, genera dudas que sean los países ricos, y sobre todo Estados Unidos, quienes lideran la negociación fiscal mundial en el seno de la OCDE. Alterar el esquema de poder internacional que facilitan los paraísos es, en palabras de Dereje Alemayehu, coordinador de la Global Alliance for Tax Justice, tarea “imposible para un club de países ricos”. A esto se suma que el semestre de la presidencia alemana del Consejo de la Unión Europea finalizó sin culminar las previsiones más optimistas. “Ha estado demasiado centrada en conseguir un acuerdo sobre impuestos digitales a nivel de la OCDE, mientras no se desarrolla un plan B de la UE”, señala Vicky Cann, del Corporate Europe Observatory. 

Del dicho al hecho

La primera ola cogió a los gobiernos desprevenidos ante el virus. Los meses de abril y mayo, con el trauma económico acompañando de la mano al golpe sanitario, generaron un escenario óptimo para que unos gobernantes desbordados alzaran al menos banderas de solidaridad con el pueblo sufrido. ¿Y qué figura encarna mejor la insolidaridad y la desigualdad? Exacto. Los paraísos fiscales. Con la herida del virus del carne viva, estos territorios fueron puestos en el punto de mira. Abrió fuego Dinamarca, que introdujo en un paquete de ayuda por valor de 100.000 millones de coronas (13.400 millones de euros) una enmienda que vetaba el acceso a empresas en paraísos. La idea prendió en otros países, con más o menos concreción. El debate se abrió paso en Francia, Italia, Polonia, Holanda, Bélgica, Austria...

Y llegó a España, arrastrado por Más País. ¿Qué había más vistoso que un titular, en plena zozobra popular, apuntando el dedo contra los malvados capitalistas offshore?offshore El decreto-ley en defensa del empleo de 12 de mayo decía: “Las empresas y entidades que tengan su domicilio fiscal en países o territorios calificados como paraísos fiscales conforme a la normativa vigente no podrán acogerse a los expedientes de regulación temporal de empleo”. La cuña antiparaísos generó desde primera hora múltiples suspicacias por dos motivos: 1) Los listados español y europeo de paraísos fiscales dejan fuera el grueso de los territorios problemáticos. 2) El diseño de la medida dejó abierta una gatera al permitir el acceso a ayudas a empresas con filiales en paraísos. 

Especialistas y organizaciones de justicia fiscal –Eurodad, Corporate Europe Observatory, Tax Justice Network– coincidían desde el principio en el dudoso alcance de las medidas, no sólo en España sino en toda Europa. Consultadas para este artículo, el diagnóstico es claro: fueron iniciativas de carácter eminentemente simbólico que han contribuido a abrir un debate imprescindible pero que, si han tenido algún impacto real, apenas ha sido detallado.

¿Y concretamente en España? infoLibre trasladó al Ministerio de Hacienda dos preguntas: ¿Se ha aplicado la cláusula antiparaísos a alguna empresa? Si es así, ¿a cuántas? El departamento que dirige María Jesús Montero (PSOE) derivó a Trabajo (Unidas Podemos), donde no hubo respuesta. 

“El decreto tuvo mucho de brindis al sol, sobre todo porque hay un problema con los listados. Los paraísos con mayor impacto son precisamente los que están dentro de la UE. Y esos no están en las listas de España ni de la UE”, señala Ricardo García Zaldívar, miembro de la Plataforma por la Justicia Fiscal y presidente de Attac, que recuerda que es frecuente que las grandes empresas españolas tengan filiales en territorios offshore, por lo que se quedan fuera de medidas diseñadas con el enfoque del decreto de mayo [ver aquí información en detalle sobre el IBEX].

“Fue una primera declaración normativa, sin efectividad. Tiene sobre todo un valor simbólico”, señala José María Mollinedo, secretario general del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha). La medida, señala, partía de un potencial limitado al afectar sólo en la práctica a empresas con sede en un paraíso fiscal que operasen en España mediante un “establecimiento permanente”. No es lo normal. Lo más lógico es que si una empresa tiene sede en un paraíso fiscal, opere en España con un “establecimiento no permanente”, con lo cual es altamente improbable que tenga que acogerse a medidas sociales, añade. Mollinedo interpreta la norma como “un primer aviso” de que el Gobierno tiene intención de “avanzar en ese camino". 

La insuficiencia de los listados

Lo cierto es que el Gobierno, dando la razón a Mollinedo, sí tiene intención de avanzar en ese camino. El Consejo de Ministros aprobó en octubre el proyecto de Ley contra el Fraude Fiscal, ahora en tramitación en el Congreso. La norma, que pretende limitar las deducciones a empresas con operen en territorios de nula o baja tributación, afina el propio concepto de paraíso fiscal al asimilarlo al de “jurisdicción no cooperativa”, utilizado por la UE.

A la espera de ver en qué se concreta, lo que ahora pone de relieve el proyecto de ley es la existencia de un grave problema: la insuficiencia de los listados de paraísos fiscales. Y aquí hay dos preguntas que adquieren gran sentido y cuya respuesta contribuye a entender el porqué de la impunidad de los paraísos. ¿Qué es para España un paraíso fiscal? ¿Y para la Unión Europea?

En España el punto de partida es un listado de 48 países, establecido en un real decreto de 1991. Dicho listado ha quedado superado por la Ley contra el Fraude Fiscal de 2006, que fija requisitos para salir del listado o ver limitado el impacto de seguir en el mismo, como la firma de convenios. Al menos 15 países han firmado acuerdos de este tipo, entre ellos Andorra, Antillas Neerlandesas, República de Chipre, Emiratos Árabes Unidos, Hong-Kong, Las Bahamas, Barbados, Jamaica y Luxemburgo. Ahora mismo no hay un listado oficial como tal, resultante de pasar el de 1991 por el filtro de la ley de 2006. Pero la Agencia Tributaria sí cuenta con un catálogo de una treintena de territorios, en el que están Bahrein, Brunei, Antigua y Barbuda, Bermuda, Anguila, Islas Cook, Granada, Isla de Man... Un recorrido centrado sobre todo en los exóticos destinos a los que acude la mente cuando escucha las palabras “paraíso fiscal”.

En cuanto a la UE, tiene un listado de 12 países y territorios "no cooperadores": Samoa Americana, Anguilla, Barbados, Fiyi, Guam, Palaos, Panamá, Samoa, Trinidad y Tobago, Islas Vírgenes de Estados Unidos, Vanuatu y Seychelles. El resultado salta a la vista: hay sólo cinco territorios, sólo cinco, que están al mismo tiempo en la lista española y la europea: Anguilla, Fiyi, Islas Vírgenes de Estados Unidos, Vanuatu y Seychelles. Y ninguno de esos cinco territorios forma parte del cogollo del problema.

El “enemigo en casa”

“El problema en Europa es que tenemos el enemigo en casa. Lo que hace la UE es ir negociando poco a poco con ese enemigo”, señala Ricardo García Zaldívar, de la Plataforma por la Justicia Fiscal. Son palabras duras. Pero es un diagnóstico compartido por todos los observatorios. Un dato. La clasificación extraoficial de referencia, el Índice de Paraísos Fiscales Corporativos, ordena diez nombres. Pues bien, hay dos de la UE: Holanda y Luxemburgo, 4º y 6º. Es lo que García Zaldívar llama “el enemigo en casa”. Además, en el 5º puesto está Suiza, del espacio Schengen.

La pandemia ha elevado la repercusión del trabajo de organizaciones como Tax Justice Network En abril, el informe El eje de la evasión fiscal concluyó que los Estados de la UE pierden más de 24.700 millones de euros al año en impuestos de sociedades por esquemas fiscales que pasan por Luxemburgo, Países Bajos, Suiza y la red de Territorios de Ultramar y Dependencias de la Corona de Reino Unido. Según una estimación facilitada por Tax Justice Network a infoLibre, España pierde 2.280 millones al año por estos cuatro "paraísos fiscales" que no lo son para los listados oficiales.

Ahora Tax Justice Network, junto con otras redes de asociaciones contra la evasión fiscal, ha publicado otro informe de escala aún mayor, que concluye que la pérdida de los Estados en el mundo asciende a en torno a 350.000 millones de euros, 3.700 de ellos en España. Hay una conclusión demoledora para el enfoque el problema que hacen la UE y sus miembros: “Los mayores propiciadores del abuso fiscal son los países ricos que se encuentran en el centro de la economía mundial y sus dependencias, y no los países que figuran en la lista negra altamente politizada de la UE o las pequeñas islas bordeadas de palmeras de la creencia popular”. Los países miembros del G20, según el informe, son culpables del 26,7% de las pérdidas fiscales. El “eje de la evasión fiscal” –Reino Unido, Holanda, Suiza, Luxemburgo– se anota más de un 50%, siempre según este estudio. Y añade el informe, echando sal en la herida de la UE: “Las jurisdicciones que figuran en la lista negra de la UE causan menos del 2% de las pérdidas fiscales mundiales”.

Dudas sobre la OCDE

La iniciativa más desarrollada para embridar el problema la lidera la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), donde se encuentran las principales potencias occidentales y el grueso de los países más ricos y poderosos. Están entre los fundadores los países que Tax Justice Network considera el “eje de la evasión fiscal” y Estados Unidos. ¿En qué consiste su proyecto? La OCDE negocia actualmente “normas tributarias internacionales” y un “impuesto mínimo mundial” para ayudar a los países pobres a compensar “la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios por parte de las empresas multinacionales”, lo cual supone reconocer el problema. El argumento de la OCDE es pragmático. Sin medidas fiscales ahora, advierte la organización en una comunicación de octubre, podrían recrudecerse las guerras fiscales y comerciales y castigar al PIB mundial con un -1%. El organismo defiende su legitimidad alegando que están sentados a la mesa 137 países y territorios, no sólo los miembros de la OCDE.

Las negociaciones en el seno de la OCDE no han fructificado, al menos de momento. Y el posible acuerdo, buscado para 2020, se pospone a este año. La pandemia y las “diferencias políticas” han ralentizado las negociaciones, admite la propia OCDE, que se pone como objetivo fijar un acuerdo a mediados de 2021. Se verá. Lo que sí da la OCDE por aceptado es que hay que “garantizar que las multinacionales con un fuerte componente digital […] paguen impuestos en el lugar en el que operan de manera sostenida y significativa, aunque no tengan presencia física”. Es lo que popularmente se conoce como Tasa Google.

¿Qué hay tras el tropiezo de la OCDE? “El retraso se debe sobre todo a los intereses de Estados Unidos. Trump entró en campaña a principios de 2020 y eso retrasa cualquier decisión sobre un sistema fiscal que suponga que las grandes tecnológicas paguen más”, explica Susana Ruiz, responsable de Justicia Fiscal de Oxfam Intermón. A su juicio, el ámbito de la cuestión está bien delimitado por la OCDE. Se trata de encontrar fórmulas para que las multinacionales paguen más, en un mundo en que la financiarización y la digitalización de la economía han desbordado a los sistemas fiscales. En el punto de mira está evitar la competencia entre países, para lo que se busca –explica Ruiz– “redefinir derechos tributarios y asumir un mínimo en impuesto de sociedades a nivel internacional”, lo cual lleva a “poner coto a las prácticas más agresivas” y con ello a los paraísos fiscales. Entonces, si los problemas están correctamente diagnosticados, ¿cuál es el problema? “De gobernanza”, dice Ruiz.

El statu quo dificulta unos resultados aceptables, según el análisis de Ruiz. “Hay 137 países en torno a la mesa, pero con poder muy desigual. Es un proceso liderado por el G20 y mandatado a la OCDE en el que acaban pesando sobre todo Estados Unidos y China”, explica Ruiz. Está por ver ahora hacia dónde se mueve Joe Biden.

En cuanto a la UE, a juicio de Ruiz tiene “un problema de credibilidad” por ese “enemigo interior” que citaba García Zaldívar. No obstante, no tacha a la UE de la lista de actores clave. Podría ser, afirma, “un laboratorio” para ir por delante en la definición de reglas, aprovechando su condición de club con normas comunes. Además, Ruiz destaca el hecho de que en clave nacional se hayan ido abriendo paso discursos de limitación de ayudas estatales. Al mismo tiempo, la responsable de Justicia Fiscal de Oxfam muestra su decepción con los resultados del semestre de presidencia alemana del Consejo de la Unión Europea, ya que no se ha dado el suficiente impulso a las exigencias de transparencia a las multinacionales a través de los conocidos como “informes públicos país por país”. Ruiz regresa una y otra vez a una palabra: “transparencia”. “Salvo Dinamarca, ningún país ha hecho público el listado de empresas que han sido receptoras de ayudas”, lamenta.

Justicia fiscal

Parecido diagnóstico se da entre diversos analistas y organizaciones consultados para este artículo. Hay tres elementos ampliamente compartidos: la evasión fiscal sigue provocando una sangría impune mientras Estados de todo el mundo se adentran en una crisis de consecuencias imprevisibles; al margen de los propósitos loables, las medidas adoptadas hasta ahora en la UE han sido fundamentalmente cosméticas; la OCDE no es el espacio idóneo para abordar reformas.

Tove Maria Ryding, coordinadora de fiscalidad de la European Network on Debt and Development (Eurodad), afirma: “Hemos visto a los gobiernos proporcionar apoyo público a las grandes empresas multinacionales y endeudarse aún más”. Al mismo tiempo, los gobiernos europeos “no han logrado introducir medidas eficaces para garantizar que el apoyo público a las empresas multinacionales no termine en paraísos fiscales”.

En declaraciones a infoLibre, Ryding muestra su escepticismo sobre las negociaciones en la OCDE, porque postergan los intereses de los países pobres. Y añade: “Existe el riesgo de que las normas se vuelvan aún más complejas e ineficaces de lo que ya son”. A escala europea, reclama una directiva de transparencia que permita a los ciudadanos “ver dónde hacen negocios las multinacionales y cuánto pagan de impuestos en cada país”. “En lugar de eso”, lamenta, “algunos de los Estados miembros de la UE han intentado utilizar la llamada lista 'negra de paraísos fiscales de la UE', tan profundamente defectuosa que, por un lado, no incluye muchos de los mayores paraísos fiscales, y por otro lado incluye varios países muy pequeños que no son realmente un problema”. Ryding, partidaria de que la solución se busque en Naciones Unidas, alerta contra la posibilidad de que la OCDE fije un mecanismo de “arbitraje secreto y vinculante”. “Es lo último que necesitamos”, dice.

En el informe de justicia fiscal de noviembre, hace suya la inquietud sobre el rumbo de las negociaciones en la OCDE Dereje Alemayehu, coordinador ejecutivo de la Global Alliance for Tax Justice: “El hecho de que la OCDE no haya realizado reformas significativas en las normas fiscales mundiales en los últimos años, a pesar de las reiteradas declaraciones de buena voluntad, deja claro que la tarea era imposible para un club de países ricos”. Alex Cobham, director ejecutivo de la Tax Justice Network, añade: "Un sistema tributario global que pierde más de 427.000 millones de dólares al año no es un sistema roto, es un sistema programado para fallar”. Cobham cree que la negociación podría desembocar en un mero “impuesto de redención” para los gigantes tecnológicos, lo que sería una receta insuficiente.

Vicky Cann, especialista en fiscalidad de del Corporate Europe Observatory, resalta su “enorme decepción” con la presidencia alemana del Consejo, sobre todo por la falta de impulso a los informes públicos país por país, “importantes porque la transparencia del impuesto de sociedades es un requisito esencial”. “La presidencia alemana ha estado demasiado centrada en conseguir un acuerdo sobre impuestos digitales a nivel de la OCDE, mientras no se desarrolla un plan B de la UE”, señala a este periódico. Caan sostiene que han pesado los intereses de empresas alemanas como BASF o Fresenius, dueña de la sanitaria española Quirón.

Veterano ya en las lides del debate fiscal, García Zaldívar admite no tener unas expectativas excesivas sobre la futura ley española contra el fraude, aunque cree que sí avanzará en la dirección correcta, ni tampoco sobre el resto de iniciativas en marcha en el ámbito internacional. Eso sí, cree que se están dando pasos al frente en el terreno de la “batalla de las ideas”, requisito para cualquier cambio. Su esperanza reside sobre todo en que la pandemia provoque un “retroceso de las teorías neoliberales”, según las cuales “el mercado siempre se autorregula” y el Estado no debe intervenir en el reparto de la riqueza. “Ya se ha visto que no es cierto”, dice. Y añade: “Antes de cada avance en los impuestos, siempre ha habido una oposición. Siempre se ha dicho eso de: '¿Quién es el Estado para entrar ahí?'”.

La opinión pública no les presta atención en España, pero de este problema lleva hablándose desde hace al menos tres años: en 2019 se movilizó incluso la televisión, interesada en saber por qué miles de jóvenes españoles malvivían en cámpings insalubres de Países Bajos. O en por qué muchos no solo no ahorraban dinero sino que tenían que pagar a su ETT más de lo que ganaban en el sector logístico. El nuevo fenómeno migratorio hacia Holanda empezó en la anterior crisis (2008-2014) pero se ha exacerbado en los últimos años por la digitalización del sector -un monstruo en Holanda- y, últimamente, por el covid-19 que ha disparado el e-commerce a niveles inimaginables. Hoy el 90% de los productos que consumimos pasa por un almacén, según el sociólogo David Gaborieau, y eso tiene consecuencias laborales terribles para decenas de miles de españoles en el país de los tulipanes. 

Proliferan quejas de veinteañeros atraídos por promesas de un sueldo decente que al final se queda en migajas, de trabajadores españoles que cambian semanalmente de alojamiento de manera forzosa, de episodios puntuales de violencia, de despidos sin motivo aparente. Se dan problemas con la inmigración polaca -que llegó antes que la española-, episodios racistas con superiores holandeses (muchos se refieren a los españoles como "manitos") y casos de gente que se larga a Holanda a vivir con la promesa de que empaquetaría productos y está en casa sin trabajar y sin cobrar. 

Por el contrario, están quienes denuncian jornadas extenuantes de 18 horas sin descanso con achaques para la salud o llamadas para incorporarse al trabajo con media hora de antelación. Y planeando sobre la organización laboral de los contratados vía ETT, hay incluso un algoritmo llamado Isabel que mide el rendimiento de los expatriados de forma arbitraria, y en consecuencia decide su despido si considera que la productividad es baja. Todo este mejunje ha sido recogido en un monumental trabajo sociológico publicado el pasado mes de noviembre por la Fundación Primero de Mayo, de CCOO: Bienvenidos al Norte: Explotación de la nueva emigración española en el corazón logístico de Europa. Un epicentro marcado por el Puerto de Rotterdam, el más grande de Europa. 

infoLibre ha contactado con los autores del documento, coordinado por el profesor de la Universidad Complutense Pablo López Calle; con la embajada española en Países Bajos, que ha tomado conciencia del problema y habilitó en mayo un apartado en su web titulado Cuidado con las ofertad de empleo a través de Empresas de Trabajo Temportal (ETTs) en Países Bajos; con varias Empresas de Trabajo Temporal denunciadas por explotación, como Covebo o T&S o Team Tempo, que no han respondido a este medio. Y con una quincenade afectados españoles, a los que eufemísticamente se denomina flexworkers, llamados en su día por los cantos de sirena de un buen salario en un país de tradición abierta y liberal. Muchos de los testigos no han querido hablar y otros han pedido después que se les cambie el nombre por miedo a represalias. Y otros, que se borre directamente el testimonio que habían prestado horas antes.

Las ETT mencionadas trabajan con multinacionales: Bol.com (el Amazon holandés, nueve millones de usuarios al año), Ingram Micro o Solvus. Para agravar la presión logística, Amazon acaba de construir su gran centro de distribución en la frontera germano-holandesa -sexto en Europa- y el gigante chino AliBaba construirá en Lieja (Bélgica) su centro de logística, el EWTP (Electronic World Trade Platform), la primera plataforma de e-commerce de Europa. 

El estudio cifra en 50.000 el número de residentes españoles, censados o no. El hecho de estar registrado en un ayuntamiento es un trámite crucial para obtener derechos como el acceso a la Sanidad, un problema recurrente entre los expatriados. Porque mucha gente está sin registrar, una práctica ilegal que fomentan las agencias de colocación al cambiar permanentemente de alojamiento a los expatriados, de manera forzada y de cámping en cámping. El informe de la Primero de Mayo cita un artículo de prensa que dice que Holanda no tiene localizados a 2,3 millones de trabajadores inmigrantes. La mayoría de la comunidad española pasará allí la Navidad porque es el periodo en que la logística está en su apogeo. 

El de los españoles es "un colectivo del que no se sabe prácticamente nada respecto de los motivos de la migración, sus condiciones de vida y trabajo, su integración social y sus intenciones", cita el estudio a partir de la encuesta The New Immigrant Survey del año 2018 en Holanda. Tan grande es la comunidad que, en los sondeos sobre nuevas tendencias migratorias, las nacionalidades china y marroquí se han caído de las encuestas y se ha incluido la española. Por delante solo hay polacos, turcos y rumanos, si bien la población procedente de Marruecos, Surinam o Antillas Holandesas (las dos últimas ex colonias) copan el grueso de los migrantes.

Los problemas se dan nada más llegar. Erica llegó procedente de Valencia en 2017, siguiendo los pasos de su amiga Rosa. Ambas tenían Bachillerato y apenas 20 años. "El contacto español de la ETT (Covebo) me dijo que me recogería en el aeropuerto de Schipol, Ámsterdam", cuenta la primera. "Antes de embarcar, de repente me envía un WhatsApp diciendo que no podría ir a buscarme y me adjunta los siete enlaces de tren que me llevarían a un pueblo perdido. Al sexto tren me perdí y pagué 200 euros por un taxi". Al llegar no tenía cama y tuvo que dormir en un sofá en la habitación compartida de su amiga. El contacto español -que Erica identifica pero pide no dar su nombre- introduce una nueva figura: la del explotador al servicio de las ETT que se mueve al filo de la legalidad explotador entre ambos países.

La nueva servidumbre capitalista

A partir de aquí, ambas describen una movilidad laboral y residencial desquiciante. "Saltabas de una empresa cárnica a hacer cualquier otra cosa relacionada con la logística. Teníamos problemas de espalda por el frío que hace en los almacenes. Llorábamos al ver nuestras nóminas". Contactaron con un abogado porque al cobrar "te quitaban impuestos que no existían". Sobre el alojamiento, empezaron en un "bungalow en un cámping relativamente decente" que compartían con otros inmigrantes. Luego, cada semana les trasladaban a un cámping peor ("camas sin sábanas", "casas marcadas por una cruz roja para identificarnos") hasta que finalmente les alojan en un psiquiátrico abandonado en medio de la nada, sin Internet y completamente deteriorado. Convivían una quincena de personas, polacos y españoles, y relatan casos de violencia de género entre los polacos. 

Para López Calle, que la explotación masiva a trabajadores españoles no haya causado aún un revuelo sigue siendo una "incógnita". "Con la logística hay una gran aceptación por parte de la opinión pública: al abaratarse los costes, hay una sensación de participar del beneficio al comprar. Es un poco como criticar el modelo laboral de los rider y encargar comida para llevar a un mensajero precario en su bici, no deja de ser una contradicción social", razona. El equipo investigador hizo varias estancias en Países Bajos durante un año y medio.

Antonio Pedreño, profesor de Sociología de la Universidad de Murcia y co-autor, detalla la experiencia de ver funcionar el puerto de Rotterdam. "Al final del dique entraba a puerto un inmenso buque lleno de containers, un Maesrsk clase Triple E, de los más grandes del mundo, equivalente a varios cientos de camiones trailer". El problema viene después porque, una vez se descargan, las mercancías pasan a los numerosos centros de logística en un radio de 70 kilómetros alrededor de Rotterdam, que es donde principalmente faenan los españoles.

"Quienes distribuyen esas mercancías por media Europa parece que no existieran", denuncia Pedreño. "Carecen de política migratoria, son trabajadores desafiliados malviviendo en cámping o albergues, o en el mejor de los casos, alquilados en viviendas compartidas, y siempre, siempre esperando que ese día los llamen a trabajar. Son una nueva servidumbre bajo mando capitalista".

A puñetazos en zonas comunes

La Consejería de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social de la Embajada de España en Países Bajos recibió 102 quejas en 2019, "la mayoría relacionadas con problemas laborales", revelan en el organismo. "Los españoles se quedan con una idea falsa, que les van a pagar 1.600 euros", dicen fuentes del Ministerio de Exteriores consultadas por este medio. "Luego vienen por ETT, se les aloja en varios sitios, se les quita dinero por todos lados de la nómina y se frustran", agregan estos consultados. En ocasiones les sale a pagar dinero a la empresa. "La realidad es que en ningún momento las ETT te garantizan que vayas a trabajar 40 horas semanales y a las nóminas les dan luego un tijeretazo que les impide ahorrar".

Los datos de la Embajada arrojan unos 49.000 españoles inscritos y otros 5.000 que no lo han hecho ante ningún ayuntamiento. Varias fuentes confirman que muchos de los españoles recientemente instalados en Países Bajos son ciudadanos de origen venezolano con nacionalidad española, confirmando el auge de la inmigración venezolana en los últimos años. 

El desahogo de muchos españoles se produce en páginas de Internet: "Me vine hace mes y medio a trabajar a una ETT. Me prometieron coche para desplazarnos al trabajo pero no me dieron nada. A mi y a otros nos metieron en unas habitaciones compartidas y llenas de mierda, con uno de recepción súper racista con todo lo que no fuera raza aria", contaba recientemente un usuario en Facebook. "Hemos tenido que aguantar peleas a puñetazos en zonas comunes de hoteles, residencias o cámpings. Y cualquier excusa es buena para dejarte en la calle, como me ha pasado a mi: entraron de noche en los cuartos sin avisar y me pillaron una bolsita con dos petas. Estamos en un Airbnb desde hace semana y media, pero nos piden 2.500 euros por quedarnos en diciembre, una locura...  Si alguien sabe de alguna habitación o estudio asequible, por favor, háganmelo saber".

Los autores del estudio han hablado con casi un centenar de expatriados. Uno les cuenta su experiencia en los bungalow:  "El grupo de seguridad [del cámping] era totalmente atroz. Yo no fumo pero recuerdo un chaval que conocí en el siguiente camping que era argentino, que fumaba y le pillaron fumando un porro, fuera de su vivienda. Y paliza y al hospital directamente. Una cosa tremenda". El profesor Pablo López Calle afirma tener documentados "casos de brotes psicóticos y consumo de ansiolíticos por el nivel de incertidumbre sobre si me llamarán o no, no saber con qué personas vas a convivir… ".

El algoritmo que juzga la desmotivación

Cristian Bailén, ex trabajador de la agencia T&S y creador del grupo de Facebook, Españoles en Tillburg (más de mil seguidores), sufrió en sus carnes a las agencias de colocación antes de regresar a España y poner rumbo a una vida mejor. "La High Season (temporada alta) es a partir de septiembre y alcanza su pico en noviembre-diciembre. A partir de enero, solo consiguen quedarse o quienes hablan inglés o quienes trabajan mucho y bien. Estos últimos pueden encontrar buenos trabajos. La mayoría, el 90%, termina regresando a España". Bailén apunta a lo que para él es el gran obstáculo: "Si no te registras, no puedes afiliarte a un sindicato, no puedes acceder a la Sanidad. No estás, en definitiva, en Holanda. La ley holandesa dice que tienes que ser informado de la opción del registro en el lugar donde te ofrecen trabajo. Eso no ocurre y te mueven de un lado para otro. Las autoridades españolas no hacen nada". 

El algoritmo Isabel mide la productividad de los trabajadoresIsabel . "El algoritmo que gestiona la vida laboral es Big Data que opera con memoria acumulada", explica el profesor López Calle. "Se basa en funciones matemáticas que toman decisiones en función del recuerdo de anteriores decisiones empresariales, incluidos los despidos. Juzga la desmotivación o la disciplina. Es racionalidad económica pero no empresarial. Se despidena trabajadores con ratios de productividad muy altos, porque la lógica de Isabel se mueve en el corto plazo".

Hay opiniones alternativas a la explotación. Marcos, que ha llegado a alcanzar rango de jefe o coordinador, dice estar "harto de ver a españoles con bajo nivel de inglés y que lo quieren todo hecho". "A la oficina me vienen quejas de todas las maneras, pero es cierto que hay problemas con los reclutadores en España que se traen a la gente a Holanda. La gente firma los contratos con las empresas sin leerlos antes y se convierten en flexworkers, personal disponible las 24 horas para lo que la empresa necesite".

La diferencia de Marcos con la mayoría es la cualificación: él tenía estudios universitarios y experiencia laboral en distintos países, lo que le permitió asimilar el ritmo y obtener unos ingresos. "He visto barbaridades, es cierto. Casos en los que el reclutador no estaba en contacto con la agencia en Holanda, envía gente y la deja tirada en Eindhoven. O una agencia que cogió a varios trabajadores y los metió en un almacén con colchones, un caso que terminó en juicio". Según este coordinador, "en Holanda se quedan un 2% de los que vienen".

El febrero de 2019, El País reportó la situación y contactó con un reclutador en España: "Llevo cinco años mandando gente a Holanda. Emigrar no es fácil", decía esta persona de los emigrados. "Pero algunos no acuden al trabajo, se drogan con marihuana y llegan a conducir en ese estado. Se les aloja en casas en las ciudades y en algún camping, pero pocos".

Ciudades impersonales

El informe de la Fundación Primer de Mayo aborda el problema global de la logística, y sitúa el "punto de partida" en 1975 en el G-6, la primera reunión de líderes de las economías mundiales celebrada en el Castillo de Rambouillet. En aquella discusión, en plena crisis capitalista, el entonces canciller alemán Helmut Schmidt tomó la palabra y aventuró lo que sucedería casi medio siglo después: “Dados los altos niveles de salarios en Europa, no puedo evitar creer que, a la larga, la industria textil tendrá que desaparecer. Los salarios del Este de Asia son muy bajos comparados con los nuestros. La industria textil alemana es viable, pero desaparecerá en diez o doce años”.

Desde entonces, Los centros de producción manufacturera se han ido deslocalizando a Asia de manera frenética mientras que los centros logísticos se han hecho fuertes en Europa. "Las viejas fábricas fordistas abandonarían el norte de Europa con destino al sudeste asiático. Los salarios bajos y los avances tecnológicos posibilitarían la producción de ingentes cantidades de mercancías que serían transportadas hacia Europa a través de los grandes barcos cargados de containers", resume el informe de CCOO. 

Como consecuencia de lo anterior, la morfología de muchas ciudades está cambiando rápidamente en torno a lo que se conoce como Northern Range europea: los puertos de Dunkerque, Zeebrugge, Gante, Amberes, Amsterdam y -el más importante- el puerto de Rotterdam debido a la velocidad que se exige al transporte (just in time) y a los hábitos de consumo, cada vez más fundados en comprar online. La creación de hubs logísticos ni muy cerca ni muy lejos de los grandes puertos multiplica el tamaño de las ciudades a base de polígonos impersonales dotados de enormes almacenes, algo que no es exclusivo de Europa: en el Corredor del Henares, Zaragoza, Vitoria, Miranda de Ebro o la Provincia de Jaén el monstruo logístico no para de crecer. Sus consecuencias serán impredecibles. 

Cambio a mejor

La irrupción del covid-19 a comienzos de 2020 cambió un poco la situación. A mejor, detallan en la Embajada en La Haya. "El Gobierno de Países Bajos se puso en contacto con nosotros para repatriar lo antes posible y en las mejores condiciones a los empleados españoles, sobre todo a los que no tuvieran un contrato fijo ni los medios de aguantar en el país". Algunos testigos de esa operación relata que las autoridades de ambos países "se pusieron las pilas" para evitar males mayores. 

Los sindicatos holandeses se están haciendo eco de la situación, y la Federación de Sindicatos Neerlandeses (FNV, en el idioma local) ha tomado nota y está contactando con inmigrantes españoles para que se afilien y dispongan de los servicios de las organizaciones en defensa de sus derechos. Paralelamente, el diputado del Partido Socialista (SP, ideológicamente más cercano a Podemos que al PSOE) Emile Roemer ha presentado un informe ante el Parlamento de los Países Bajos para estrechar la vigilancia sobre las agencias que contratan trabajadores extranjeros para operar en el sector logístico. Según Roemer, "se dan casos en los que varios trabajadores son hacinados en una habitación. Esto tiene que terminar ya". 

Esa es la letra grande, pero las letrillas pequeñas son más preocupantes para los países del sur de Europa. Y es que los frugales europeos, Austria, Finlandia, Dinamarca y Suecia, junto a los Países Bajos –capitaneados por el primer ministro holandés Mark Rutte– nos piden que precaricemos aún más el mercado laboral, que subamos el IVA y rebajemos las pensiones y algunos subsidios más. Mal asunto para el Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos para aprobar los presupuestos generales en octubre y para dejar atrás recortes y reformas laborales rajonianas.

Ahora estamos descubriendo la insolidaridad del marco conceptual, utópico y ambiguo, de lo común europeo. Si Merkel y los otros líderes de la UE nos han ayudado relativamente, es porque somos un buen y necesario mercado para sus productos estrellas. Amigos sí; si hay pelas que repartir y ponemos lo que nos piden. Hay que reconocer que esos países salen ganando, aunque parece que han cedido. Y es que estos frugales se garantizan cheques de compensación mucho más generosos que los previstos antes de la reunión de la Comisión Europea. También podrán controlar o vetar con un freno de emergencia –opción de bloqueo–, si ven desviaciones graves en el uso de esas ayudas por parte nuestra.

La Unión Europea no ha cambiado mucho sus políticas ni su proyecto: el mismo que llevó al hundimiento de Grecia en 2008 y que atará los préstamos actuales a exigencias parecidas. Más o menos se repite el esquema del 2012 con los recortes, aunque de momento, con menos drama y crudeza. Lo vimos entonces con la actuación intransigente de los hombres de negro, miembros de la troika (FMI, el BCE y la CE), con Grecia y Portugal especialmente. Aunque también esos troikos visitaron el Gobierno de Rajoy para imponernos severos recortes, reformas laborables y cumplimiento estricto del rescate.

Se nos dice ahora que “no vuelven los hombres de la troika ni la austeridad y que sólo habrá una condicionalidad blanda”. Pero lo cierto es que los personajillos de la Troikapersonajillos están ya instalados en los ministerios de Economía, Fomento, Exteriores, Industria e incluso en la Moncloa. También dominan en el Ibex 35, en el Banco de España, en el Central Europeo y en la Comisión Europea. Incluso, sus políticas neoliberales austericidas son muy comunes entre los funcionarios de la Representación Permanente de España ante la UE, que manejan los asuntos de Estado en el Consejo de la UE.

Varoufakis –exministro griego– considera que Sánchez "ha cometido un error decisivo” en su carrera al abandonar la pelea por los eurobonos, a los que defendía hace meses con ahínco. Y afirma que el presidente español “probablemente quedará marcado por ello".

En este 2020 no llegará el dinero; no es adelantado porque según el pacto empezará a circular en marzo del 2021 y será en dos tramos hasta 2023. El 70% del dinero se comprometerá entre 2021 y 2022 y el 30% restante estará disponible hasta el final de 2023. Con este goteo del dinero, las ministras Calviño y Montero, las de las Finanzas, se van a encontrar con un déficit monumental en poco tiempo. Y entonces desde Bruselas y Berlín presionarán para que España sitúe el déficit por debajo del cuatro o mejor del tres por ciento. Y eso supondrá la austeridad masiva otra vez.

Criticamos que ellos son más gastizos y que nos roban. Aunque se necesita más mesura en las críticas y una más clara y transparente información. O la UE es una mierda que hay que aguantar porque fuera de ella no somos nada. O es lo menos malo que nos puede pasar al pertenecer a un espacio que es un grupo económico pero no social ni político.

O sea, que eso de los hermanos frugales de Europa es un camelofrugales. Ellos son mercaderes de lujo. Nosotros seremos gastosos pero ellos también, aunque son más tacaños para lo que no es suyo. Presumen de ser ahorradores virtuosos y prudentes, pero derrochan más en políticas sociales que nosotros. Son países individualistas e insolidarios, privilegiados, y lo son porque ganan –con la estructura fiscal de la UE y del euro– miles de millones anuales a nuestra costa. Y no son menos corruptos: de hecho tienen muchas formas de corrupción económica completamente naturalizadas. Y, en general, sí son más racistas respecto al reparto de los dineros comunes.

Irlanda, Luxemburgo y Holanda, más otros pequeños países europeos, practican exageradamente desde hace tiempo el dumping fiscal: grandes empresas desvían sus beneficios hasta alguno de estos estados miembros donde pagan muchos menos impuestos, dañando los ingresos de otras naciones.

La fiscalidad frugal del neerlandés Rutte resta al menos 6.800 millones al año a Alemania, Francia, Italia y España. Y se cifra en más de 29.000 millones el agujero a sus socios de la UE en impuestos. Además, ahora hemos sabido que la economía holandesa anda floja pues la deuda de sus familias y empresas es de las mayores de la UE.

Si ya suponíamos esto, que eran unos bribones, escaqueadores de impuestos y demás mamandurrias, por qué no lo hemos denunciado antes y no ahora…Y por qué les hemos permitido que lo hagan dentro de la Unión Europea.

Aquí, en España, PP y Vox, esos que se dan golpes en el pecho con el himno nacional y compiten por ver quién tiene la bandera patriotera más grande, han trabajado a todo gas para que las instituciones europeas intervengan la soberanía española. Han presionado a sus compinches europeos de la derecha y ultraderecha danesa, austríaca y holandesa –y otras– para que pongan duras condiciones a España en la Comisión Europea para el Fondo de Recuperación por la pandemia de la Covid-19. Y eso lo aprovechó el PP y Vox para atizar duras criticas al Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos.

Pero parece que el líder del PP, Casado, no se jala una rosca tampoco con Europa, a pesar de presumir de amigos poderosos como el PPE (grupo parlamentario popular europeo). Respecto a los fondos de recuperación europea por la crisis de la Covid19, decía a la vez, en sede parlamentaria, que “es un buen acuerdo”, y tres minutos después, que “es una enmienda a Sánchez”. Vamos, que le recriminaba como si fuera un rescate en toda regla para el Gobierno de España.

Por eso le respondió Pésanchez, mandándole un recadito, que su aportación a la cumbre sobre los fondos de recuperación ha sido nula, cero patatero. Y le espetó al líder pepero que "estaba mimetizándose con la ultraderecha", metiendo cizaña inútilmente –con actitud obstruccionista con sus amigos del PPE (los populares europeos)– contra él. Anda ahí, Casado, aclárate.

Ángel Lozano Heras es socio de infoLibre

Quizás sea la edad, el calor o las secuelas psicológicas del confinamiento, pero lo cierto es que uno entra en esta extrañísima fase vacacional con la sensación de que la mochila no resiste una sola carga más. Demasiados debates estériles, demasiados bulos dañinos, demasiadas muertes que aún no tocaban, demasiada soberbia en la disputa política… Sobran motivos para pensar que no hemos aprendido lo suficiente de la primera temporada de esta serie de terror denominada covid-19.

Me explico (o al menos lo intento):

1.- El Consejo Europeo ha firmado un acuerdo que supone la mayor apuesta jamás realizada por la UE en términos de cohesión, solidaridad y garantías de futuro. Lo ha hecho en defensa propia, después de que las medidas austericidas impuestas desde 2008 por la ideología neoliberal dominante multiplicaran la desigualdad y situaran el proyecto de Europa al borde del abismo. Pero en lugar de poner en valor lo conseguido y el esfuerzo realizado (ver aquí), el debate público ha seguido girando en España alrededor de una falacia absoluta: si ese acuerdo obliga o no al Gobierno a no tocar una coma de las reformas laboral y de pensiones decretadas por el Gobierno Rajoy (ver aquí). No hay una sola mención (ni podría haberla) a tal cosa en las 67 páginas del acuerdo (ver aquí). Pero no importa. Convertir la hipérbole en costumbre supone que a nadie extraña el insólito hecho de que el líder del principal partido de la oposición, Pablo Casado, sostenga en la misma declaración que el pacto europeo es “un rescate en toda regla” y lo defienda a la vez como “un buen acuerdo” cuyo logro debemos precisamente a los esfuerzos del Partido Popular (ver aquí).

2.- Se empieza manipulando el lenguaje y se termina imponiendo una ideología como si se tratara de una ciencia exacta. Del mismo modo que disfrazaron en su día el mayor fracaso del capitalismo financiero como una especie de exceso irresponsable (de otros) que había que corregir con “austeridad”, se trataba ahora de confrontar a los llamados “frugales” con los eternos “golfos” del sur. Menos mal que Ángela Merkel ya no se presenta a elecciones. Menos mal que Macron ha sufrido ya serios avisos de tarjeta roja. Menos mal que Sánchez, Conte y Costa han sumado fuerzas para advertir que el proyecto social de Europa naufragaría si de nuevo se hipotecaba a varias generaciones para pagar una deuda imposible e injusta. Menos mal que el aliento de un populismo ultranacionalista y xenófobo se siente en la nuca de partidos sistémicos en todo el continente. Es cierto que la crisis del covid no tiene comparación con ninguna otra anterior, pero también conviene admitir que las políticas neoliberales han demostrado su absoluto fracaso a la hora de evitar el hundimiento. O nos salvamos todos o aquí no se salva ni dios, que diría Blas de Otero.

3.- Solemos cargar la responsabilidad de la desinformación y los bulos en las redes sociales y en ciertos políticos e improbables periodistas que las utilizan para difundir medias verdades o solemnes mentiras con el objetivo de manipular a la ciudadanía en beneficio de intereses concretos. Hay mucho de eso. Pero denunciamos poco lo que a mi juicio hace tanto o más daño a la calidad democrática: el empeño de los grandes emporios de la información en colocar como ejes de debate público asuntos completamente ajenos a la realidad, mientras minimizan o directamente ocultan cuestiones decisivas para el interés de la ciudadanía y para una convivencia sana. ¿Cómo es posible que sigamos discutiendo sobre si un gobierno progresista elegido en las urnas puede o no derogar los “aspectos más lesivos” de una reforma laboral que ha disparado la precariedad en el empleo? ¿Cómo es posible que admitamos que la única forma de garantizar las pensiones públicas sea la que vienen promoviendo los fondos privados desde hace más de tres décadas sin lograr ninguna mejoría en las previsiones sino todo lo contrario? ¿Cómo es posible que no sea permanente y prioritaria la exigencia de datos a todas las administraciones sobre los refuerzos prometidos en el sistema sanitario y sobre esa “reserva estratégica” que nos garantice una protección suficiente ante una segunda oleada que quizás esté mucho más cerca de lo previsto? (ver aquí)

4.- Durante tres meses asistimos día tras día a la denuncia de una “dictadura constitucional” que pretendía “cambiar el régimen” mediante un estado de alarma que atropellaba “derechos fundamentales” e “impedía” a las comunidades autónomas aplicar las medidas más eficaces para superar la crisis del covid. Concluyó el estado de alarma y ahora afrontamos la multiplicación de brotes de contagio y la opacidad sobre el número de rastreadores y sobre los refuerzos de la sanidad pública comprometidos para poner fin al confinamiento y retomar la actividad económica. Pablo Casado, Santiago Abascal y toda su tropa mediática, quienes tachaban de autoritarismo y de posible “negligencia criminal” a Sánchez, a Illa o a Fernando Simón, les acusan ahora de “lavarse las manos” (ver aquí).

5.- Para lograr una democracia sana es tan importante un gobierno sólido como una oposición eficaz. Los errores y lagunas de un Ejecutivo no se corrigen desde el griterío de una alternativa tramposa. Y errores claro que hay. Cuesta entender que desde el Ministerio de Sanidad se haya reconocido que no todas las comunidades autónomas le aportan los datos que se les piden sin concretar de inmediato a qué autonomías se refiere y qué datos ocultan. Cuesta entender que se nos diga que el número de rastreadores y los refuerzos en la atención primaria son claves para evitar rebrotes del covid y a la vez se admita que algunas comunidades no tienen suficientes rastreadores ni han reforzado los centros de salud como convendría. Si esto es así, el Gobierno no sólo tiene la obligación de denunciarlo sino también la de plantear a través del Consejo Interterritorial de Sanidad o de la Conferencia de Presidentes medidas urgentes y necesarias para no poner en riesgo de nuevo el sistema sanitario. No basta con culpar al ocio nocturno o a la panda de irresponsables que juegan con su vida y con la nuestra.

6.- El tiempo irá colocando a cada cual en su lugar. Quienes hacen imposible un acuerdo amplio en el Congreso sobre los planes de reconstrucción tendrán que explicar por qué es aquí tan difícil el consenso político mientras en la UE se ha logrado y mientras empresarios, sindicatos y Gobierno siguen pactando medidas de alivio que salvan empresas y empleos. En las próximas semanas y meses veremos si esa “geometría variable” con la que Sánchez está obligado a gobernar permite elaborar unos Presupuestos capaces de dar estabilidad a una legislatura convulsa desde antes de aparecer el coronavirus. Empeñarse en intentar negociar a la vez con el PP y los independentistas, con Ciudadanos y el PNV, puede ser un ejercicio rentable en términos de comunicación, pero probablemente estéril a la hora de lograr la suma parlamentaria imprescindible. El acuerdo europeo frustra definitivamente la aspiración del PP de tumbar el gobierno de coalición en mitad de la pandemia: habrá dinero (mucho, aunque hará falta seguramente más) para financiar los efectos primeros de esta hecatombe. Es hora de que se hable menos de falacias y mucho más de cómo concretar la verdadera (y positiva) condicionalidad de esos fondos: que se inviertan en economía verde, en energías limpias, en digitalización, en investigación, en educación… Que los proyectos financiados abran horizontes de empleo digno a esas generaciones jóvenes que ya no soportan más másteres ni más precariedad.

7.- Reconozco un último hartazgo personal que viene de lejos. Cada vez que escucho la letanía de la necesidad de “reformas” me echo mano a la delgadísima cartera. Son ya demasiados años observando cómo el eufemismo disfrazaba puros recortes de lo público, verdaderos hachazos a los derechos colectivos, nuevas vueltas de tuerca a la desigualdad. Y sería del género bobo de solemnidad aceptar que los trileros continuaran con el mismo juego al tiempo que exigen a gritos que el Estado les salve de los daños económicos provocados por un virus. Es hora de ejecutar de una santa vez otras “reformas” siempre aparcadas, despachadas como “socialcomunistas” con esa prepotencia de dueños del cortijo a la que nos tienen tan mal acostumbrados. Un solo y muy concreto ejemplo: el mayor grupo propietario de residencias de mayores en España, DomusVi, utiliza dos sociedades en Luxemburgo para no pagar impuestos sobre sus ingresos en España y Francia. Lo viene documentando estos días nuestro compañero Manuel Rico en infoLibre, y se resume en un par de cifras: DomusVi no paga un solo euro por impuesto de sociedades pese a facturar 1.370 millones al año (ver aquí). Todo indica que este emporio, en cuyos geriátricos se han producido centenares de muertes durante la pandemia, comete múltiples irregularidades para desviar lo que gana (sobre todo aprovechando el dinero público que recibe de 82 administraciones españolas) hasta una sociedad opaca en la isla de Jersey. ¿A qué esperamos para abrir una investigación oficial y, una vez comprobadas las irregularidades, retirar hasta el último euro público a esta gente y exigirles lo que no han pagado? No es la única empresa que utiliza la ingeniería fiscal para eludir impuestos. Pero no estaría mal empezar a poner pie en pared con quienes han convertido los cuidados en un negocio puramente especulativo.

Lo reconozco. Anda uno con las baterías muy bajas para seguir resistiendo los sermones de los llamados “frugales”, de ese primer ministro holandés que no se cansa de poner condiciones sobre los fondos contra los efectos de la pandemia mientras se pasa por el arco del triunfo una de las “recomendaciones” que el propio Consejo Europeo le ha dado sobre la necesidad de reformar “la normativa fiscal del país”. Mientras recetan austeridades al sur, Holanda y Luxemburgo facilitan a miles de empresas una gigantesca elusión fiscal que drena nuestras arcas públicas (ver aquí). Frugales no, jetas.