El Gobierno de Cuba anunció este jueves que aprobó el indulto de 2.010 presos, una decisión que calificó de "gesto solidario humanitario y soberano" y enmarcó en el contexto de las celebraciones de la Semana Santa.

"Este gesto humanitario y soberano partió de un análisis cuidadoso de las características de los hechos cometidos por los sancionados, la buena conducta mantenida en prisión, haber extinguido una parte importante de su sanción y estado de salud", refirió el comunicado del Gobierno insular divulgado por medios oficiales.

Indicó que entre los más de 2.000 presos incluidos en esta excarcelación "aparecen jóvenes, mujeres, adultos mayores de 60 años, los que arriban al término de libertad anticipada en el último semestre y próximo año; así como extranjeros y ciudadanos cubanos residentes en el exterior".

También señaló que en la lista de indultados se descartaron a personas que "cometieron delitos de agresión sexual, pederastia con violencia, asesinato, homicidio, drogas, hurto y sacrificio de ganado, robo con violencia o fuerza con la utilización de armas o menores víctimas, corrupción de menores, delitos contra la autoridad, reincidentes y multirreincidentes y algunos que fueron beneficiados con indulto anteriormente y cometieron nuevos delitos".

Asimismo, subraya que este "es el quinto indulto que realiza el Gobierno cubano desde 2011, con los que se han beneficiado más de 11.000 personas".

"Se trata de la segunda excarcelación de personas privadas de libertad del presente año, en el contexto de las celebraciones religiosas de la Semana Santa, que constituye una práctica habitual en nuestro sistema de justicia penal y de la trayectoria humanitaria de la Revolución", añadió.

El pasado 12 de marzo, el Ejecutivo de La Habana informó sobre la excarcelación de 51 presos, personas que -según explicó- habían cumplido "una parte significativa de la pena y mantenido buena conducta en prisión" y encuadró esa decisión en "el espíritu de buena voluntad, de estrechas y fluidas relaciones entre el Estado cubano y el Vaticano".

Desde entonces, 24 presos por motivos políticos han sido excarcelados como parte de ese proceso, según ha informado la ONG Prisoners Defenders (PD).

La mayoría de los excarcelados hasta ahora participaron en las protestas antigubernamentales del 11-J y cumplían sanciones de entre seis y 18 años de cárcel por los delitos como desórdenes públicos, desacato, atentado y sedición.

Las primeras excarcelaciones de este proceso coincidieron con el anuncio del Gobierno cubano de que había iniciado un diálogo con representantes de la Administración estadounidense, aunque La Habana en ningún momento ha relacionado ambas cuestiones.

La amnistía en Venezuela avanza con cuentagotas y con la incertidumbre de familiares de presos políticos, que han acudido a los tribunales para solicitar la aplicación de la norma que, lejos de ser una medida de gracia inmediata, pasa por un filtro institucional coordinado, en principio, por la Fiscalía, defensores públicos y los jueces en un plazo no mayor a 15 días.

Está en pleno desarrollo y la Fiscalía asegura que se han beneficiado unas 3.000 personas. El Parlamento, en tanto, señala que más de 2.000 personas con medidas cautelares han recibido libertad plena y que 177 han sido excarceladas. Sin embargo, ONG y partidos políticos sostienen que han logrado confirmar la salida de prisión de al menos 109 presos políticos y, no han ofrecido, en cambio, información sobre las personas con libertades restringidas.

La medida promovida por la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, en el marco de lo que ella misma ha denominado como un "nuevo momento político" que se da justo después de que Estados Unidos presionara por la liberación de estos detenidos tras capturar al presidente Nicolás Maduro, avanza de la siguiente manera:

La ley establece en su artículo 7 que los detenidos o requeridos por la justicia que quieran ser amnistiados deben presentar una solicitud ante los tribunales de la República y, hasta ahora, la Fiscalía y los defensores públicos han sido los encargados de hacer estas peticiones. "La teoría dice que debería ser declarada de oficio porque las disposiciones de la ley son de orden público y de interés general, pero lo que estamos viendo es que (...) no es un proceso verdaderamente automático, aunque debería serlo", dijo a EFE el director vicepresidente de la ONG Foro Penal, Gonzalo Himiob.

Hasta la noche del lunes el Parlamento hablaba de más de 3.000 solicitudes, mientras planea abarcar a más de 11.000 personas bajo medidas cautelares. Foro Penal también ha cuestionado que los mismos jueces que dictaron condenas sean los que decidan sobre las liberaciones.

La ley aprobada establece que su aplicación abarca entre 1999 y 2026, los últimos 27 años de Gobiernos chavistas, pero especifica 13 episodios, lo que excluye el resto del período establecido, así como los casos relacionados con operaciones militares. Según Foro Penal, en Venezuela hay más de 600 presos políticos y de ellos más de 180 son militares.

La ley además excluye los delitos de violación a los derechos humanos, de lesa humanidad, guerra, narcotráfico, corrupción y homicidio intencional. Este último, a veces, imputado en casos de presos políticos detenidos en el marco de protestas o crisis políticas, según ONG. Se dejan fuera también a todos aquellos que hayan promovido operaciones militares contra el país.

Inmediatamente después de su aprobación, ONG como Provea, Foro Penal y Justicia, Encuentro y Perdón coincidieron en que hay un "injustificable exceso de exclusiones" con este marco legal.

La ley, sin embargo, permitió la creación de una comisión especial que se encarga de velar por el cumplimiento de la amnistía y que puede evaluar la solicitud de casos no especificados en la norma y para ello puede contar con el apoyo de expertos. Esto, explica Himiob, abre la puerta a la posibilidad de "ampliar el marco de la amnistía", lo cual fue una sugerencia directa de las organizaciones no gubernamentales, pero aún no está claro el protocolo para ello.

La comisión está conformada por 12 diputados chavistas, entre ellos el hijo de Maduro, Nicolás Maduro Guerra, y nueve opositores, varios de ellos tachados de colaboracionistas con el Gobierno, lo que ha generado dudas de imparcialidad debido a su inclinación política.

Mientras el proceso avanza entre la coordinación de la Fiscalía y los tribunales, decenas de personas acuden al Palacio de Justicia en Caracas o buscan asesorías con ONG para pedir la aplicación de la ley para los casos de sus familiares.

Sin embargo, se han encontrado con tribunales "sin despacho" (como se conoce cuando no están funcionando), en "comisión" (desplazados a otros sitios), sin secretaria o una remisión a los defensores públicos correspondientes, según denunció el lunes el Sindicato de Prensa venezolano, que también trabaja para apoyar en los casos del gremio que quieran solicitar amnistía.

Y aunque Himiob dijo a EFE que "hasta ahora es muy pronto para saber cómo se va a procesar la solicitud hecha por familiares y por los propios interesados", también advirtió luego en X de que "ningún tribunal puede negarse" a recibir peticiones debido a que se trata de un tema de "orden público".

El Parlamento de Venezuela, de amplia mayoría oficialista, aprobó este jueves por unanimidad y en primer debate el proyecto de ley de amnistía para los presos políticos impulsado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

El proyecto, que se remonta a los casos de presos políticos desde 1999 —cuando el chavismo llegó al poder—, excluye a los procesados o condenados por violaciones graves de derechos humanos, y aún debe ser aprobado en un segundo debate.

El proyecto de ley ahora debe ser sometido a consultas con diversos sectores de la sociedad civil y para ello el presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), el chavista Jorge Rodríguez, designó una comisión especial presidida por Arreaza e integrada por otros 18 diputados, entre ellos Nicolás Maduro Guerra, hijo del mandatario Nicolás Maduro, y la exministra del Servicio Penitenciario Iris Varela, a los que pidió celeridad. "No tenemos mucho tiempo", aseguró Rodríguez, quien hizo un llamado a insistir "en la necesidad de sanación".

El funcionario, hermano de la mandataria encargada, instó a que la consulta sea "profunda" e incluya a "quien tenga un testimonio" o propuesta, así como a los "familiares de las personas privadas de libertad", los propios detenidos y "las víctimas también de los crímenes que se han cometido en todos estos años".

"Independientemente de los hechos que cometieron, me va a reconfortar cada abrazo de las personas liberadas con su madre, con su padre, con su esposa, con su familia y con sus hijos", expresó.

Maduro Guerra, tras equiparar a su padre, detenido en EEUU, con el expresidente sudafricano y nobel de la paz Nelson Mandela, dijo esperar que, una vez aprobada la ley, se haga política "sin violencia, sin odios, sin misiles, sin invasión militar y sin secuestro de presidentes", en referencia a los ataques estadounidenses del pasado 3 de enero en suelo venezolano y a la captura del líder chavista y su esposa, Cilia Flores.

La propuesta de ley fue presentada el pasado 30 de enero por la presidenta encargada en medio de un proceso gradual de excarcelación de presos políticos que comenzó el día 8, casi una semana después de la captura de Maduro y de su esposa.

Según la ONG Foro Penal, al menos 383 presos políticos han sido excarcelados desde el 8 de enero, cuando el presidente del Parlamento anunció la liberación de un "número importante" de personas.

La legislación venezolana establece que un proyecto de ley debe pasar por una primera discusión para la exposición de motivos y evaluación de "objetivos, alcance y viabilidad", y luego, tras una fase de consultas, ser estudiada artículo por artículo en un segundo y último debate para finalmente ser aprobada.

La ONG Foro Penal y la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que agrupa a la oposición mayoritaria en Venezuela, confirmaban este martes entre 56 y 76 excarcelaciones de presos políticos, cinco días después de que el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, anunciara la liberación de "un número importante de personas", informa EFE.

El director de Foro Penal, Alfredo Romero, confirmó este martes en X la excarcelación de la hispanovenezolana Sofía Sahagún, quien, indicó, estaba en camino a Madrid.

Recalcó que la ONG, dedicada a la defensa de presos políticos, solo ha verificado 56 excarcelaciones de su registro, que superaba los 800 detenidos hasta el pasado domingo. "El Gobierno indica que son 116, pero no publica lista de nombres. Los familiares y presos se mantienen en la incertidumbre y la dolorosa expectativa", señaló Romero en otra publicación en X.

Por su parte, la PUD actualizó su cifra de excarcelaciones confirmadas desde las 73 que difundió la noche del lunes, a 76 hasta las 11:20 hora local (15:20 GMT) de este martes, según informó en X.

"Tienen que acelerar los procesos de excarcelaciones para que finalmente cese el sufrimiento de los presos políticos y sus familiares, quienes se han mantenido en vigilia permanente a las afueras de muchos de los centros penitenciarios", declaró la plataforma opositora. Las ONG locales y la dirigencia opositora se han encargado de registrar y verificar las excarcelaciones.

El pasado jueves, Rodríguez, hermano de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, anunció las excarcelaciones pero no ofreció una cifra concreta. Este lunes en la mañana, el Ministerio de Servicio Penitenciario informó sobre "116 nuevas excarcelaciones", aunque no detalló las identidades de los beneficiarios ni las condiciones de estas medidas.

Desde el jueves, familiares de presos políticos han pernoctado y realizado vigilias, para pedir información y la libertad plena de todos los presos políticos, en las afueras de varias cárceles, como El Helicoide (Caracas), Tocorón (en el estado Aragua), El Rodeo I (Miranda) y la sede de la Zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana (Caracas).

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha anunciado este martes la liberación de otros tres ciudadanos españoles que se encontraban presos en cárceles de Venezuela, según recoge EFE. Estos nuevos liberados, que contaban con la doble nacionalidad hispano-venezolana, se suman a los cinco que ya pudieron salir de la prisión de Venezuela para volver a España el pasado viernes.

En declaraciones a Catalunya Ràdio, Albares ha indicado que estas "tres nuevas liberaciones" tuvieron lugar el lunes. También ha detallado las decisiones que han tomado. Uno de ellos "ha decidido mantenerse en Venezuela", otra ciudadana "saldrá hoy mismo" rumbo a España, mientras que la tercera persona esta todavía barajando sus opciones y no sabe "si prefiere quedarse en Venezuela o regresar a España".

Se trata de un "paso muy positivo", ha afirmado Albares, que ha animado al Gobierno venezolano a "seguir avanzando en esa línea" de las liberaciones. Precisamente, 24 presos más fueron liberados en la madrugada del lunes por la administración venezolana, según informó la ONG Foro Penal.

El ministro también ha querido agradecer la labor del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, que "no actúa ni a nombre ni a demanda del Gobierno de España", sino "a solicitud de la oposición" venezolana.

La ONG venezolana Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) informó este lunes de que confirmó 53 excarcelaciones de presos políticos, luego de que el Ministerio del Servicio Penitenciario del país anunciara la liberación de 116 personas.

"Celebramos profundamente cada reencuentro en libertad, así como la alegría de las personas liberadas y de sus familias, con la esperanza de que estos abrazos sigan multiplicándose", indicó JEP en un mensaje en X.

La ONG indicó que estás son las excarcelaciones que ha podido confirmar hasta las 08:20 hora local (12:20 GMT) de este lunes, luego de que el gobierno informara sobre las más de 100 excarcelaciones, sin publicar una lista con nombres. La oposición mayoritaria ha hablado de 24 liberaciones, mientras que la ONG Foro Penal reporta más de 40.

En otra publicación en X, JEP consideró que "es fundamental" que en este proceso se considere de forma "prioritaria" algunos perfiles que, afirmó, "merecen una atención urgente y con enfoque humanitario".

En este sentido, señaló a "los adolescentes, las personas dentro del espectro autista, las mujeres, los enfermos graves y los adultos mayores, quienes deben ser reconocidos como grupos especialmente vulnerables".

Además recordó que la cifra de presos políticos excarcelados "continúa siendo muy inferior" a la cantidad de casos que documenta la organización, que contabilizaba 1.011 casos hasta el pasado jueves.

"Esta brecha refuerza la necesidad de mayor transparencia, verificación independiente y de que las excarcelaciones se concreten de manera plena, efectiva y sin exclusiones arbitrarias", añadió.

En el pasado, la JEP también ha indicado que en las rondas de excarcelaciones anunciadas por el Gobierno venezolano a veces se incluye a personas que estaban "detenidas por motivos no políticos".

El Ministerio de Servicio Penitenciario anunció este lunes, en un comunicado, 116 "nuevas excarcelaciones" en las últimas horas de personas que vinculó con "hechos asociados a alterar el orden constitucional y atentar contra la estabilidad de la nación".

Este anuncio se efectúa días después de que el jefe del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció el pasado jueves la excarcelación de un "número importante" de personas.

Hasta el momento, el Gobierno venezolano no ha hecho pública la cifra total, los nombres, ni las condiciones de las excarcelaciones.

Desde el pasado jueves, cuando se anunciaron las excarcelaciones, familiares de presos políticos han pernoctado en varios centros penitenciarios, como El Rodeo I, a la espera de la liberación de sus seres queridos.

La ONG Foro Penal informó este lunes de la liberación de al menos 24 presos políticos esta madrugada de las cárceles venezolanas La Crisálida y El Rodeo 1, entre ellos dos de nacionalidad italiana.

"Estamos verificando otras excarcelaciones de venezolanos y extranjeros que también habrían tenido lugar esta madrugada", afirmó la ONG en su cuenta de X, en la que publicó un listado con las identidades de los 24 excarcelados de los que tiene constancia.

La oposición en Nicaragua celebró este sábado la liberación de al menos 20 presos políticos por el Gobierno que copresiden Daniel Ortega y Rosario Murillo, pero recordaron que el total de arrestados asciende a 62, por lo que reclaman la excarcelación de todos, al tiempo que agradecieron a Estados Unidos la presión sobre el Ejecutivo nicaragüense, que conmemora hoy 19 años consecutivos en el poder, según ha informado EFE.

"Celebro con alegría y solidaridad, la salida de una parte de los prisioneros políticos de las cárceles de la dictadura en Nicaragua, donde nunca debieron haber estado. Todos los restantes deben ser liberados sin excepción", resumió en X el escritor y premio Cervantes nicaragüense Sergio Ramírez, que se encuentra en el exilio.

El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas de Nicaragua, que confirmó la excarcelación de al menos 20 presos políticos tras verificarlo con sus familias, recordó en un comunicado que "las personas excarceladas formaban parte de la lista oficial de 62".

"Si bien estas excarcelaciones representan un alivio para las familias, el Mecanismo insiste en que todas las personas detenidas arbitrariamente deben ser liberadas. Esto significa todas las 62 personas que integran la lista oficial: líderes indígenas, guardabosques, personas opositoras, trabajadores del Estado", exigió el organismo.

También advirtió de las "decenas de personas detenidas de forma arbitraria" desde el pasado 3 de enero, por haber hecho comentarios o celebrar la captura en un misión militar estadounidense del mandatario venezolano Nicolás Maduro, uno de los principales apoyos de la pareja presidencial Ortega-Murillo en la región.

La Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN), que confirmó la liberación de su "hermano y amigo" Engels Gutiérrez, "secuestrado por el régimen desde agosto de 2025", dijo en un comunicado recibir con "esperanza y cautela las recientes excarcelaciones de aproximadamente 30 presos políticos en Nicaragua".

"Sabemos lo que significa para las familias volver a abrazarse después de una separación forzada que nunca debió suceder, y reconocemos ese respiro en medio de tanta injusticia (...) Sin embargo, reiteramos que la excarcelación no equivale a justicia ni a libertad plena", subrayó AUN.

Entre los presos políticos que no fueron liberados está Aníbal Martín Rivas, según recordó su hija en redes sociales. "238 días detenido arbitrariamente, en una celda de máxima seguridad, aislamiento total, sin ver ni escuchar a nadie más. Mi papá no fue liberado el día de hoy, pero seguimos firmes por su libertad inmediata", reclamó Sadie Tamara Rivas.

Esta liberación de presos se produce un día después de que la embajada de Estados Unidos en Managua recordara que tras el "paso importante" dado por Venezuela para liberar a "un gran número de presos políticos", en Nicaragua también hay "más de 60 personas" que siguen "injustamente detenidas o desaparecidas".

Este sábado, las autoridades estadounidenses insistían en sus presiones, algo que agradeció de forma amplia la oposición en sus mensajes. "Expresamos nuestra profunda gratitud al presidente Donald Trump y al secretario de Estado Marco Rubio, por su firmeza, su liderazgo y la presión determinante ejercida para lograr esta liberación. Su compromiso con la democracia en Nicaragua ha sido fundamental para este logro", declaró la Gran Confederación Opositora Nicaragüense, que aclaró que aunque esta medida fue "un paso indispensable (...) la lucha por la democratización continúa".

El Gobierno español ha pedido a la nueva presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, la liberación inmediata de los "presos políticos" españoles en ese país. La gestión se ha realizado tras asumir el poder en Venezuela la que era hasta ahora vicepresidenta de la República, según adelantó el diario español El Español y confirmaron a EFE fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Rodríguez juró el lunes el cargo ante la Asamblea Nacional después de Nicolás Maduro fuera apresado por las fuerzas norteamericanas y llevado a Estados Unidos, donde está acusado de narcotráfico y otros delitos.

El Gobierno español, muy crítico con la intervención militar estadounidense, ya anunció ayer por medio del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, que se disponía a hablar con Delcy Rodríguez.

España tiene distintos intereses en Venezuela, también empresariales, además de una colonia de unas 150.000 personas.

El Ejecutivo asimismo anunció que seguirá manteniendo la interlocución con la oposición venezolana para conseguir un diálogo que posibilite la estabilidad en el país.

El Gobierno de España confirmó que catorce personas de nacionalidad española permanecían detenidas "arbitrariamente" en cárceles de Venezuela, la mayoría con doble nacionalidad y nacidas o residentes en ese país.

En septiembre de 2025, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP) y el partido Vente Venezuela mencionaron la existencia de alrededor de veinte ciudadanos españoles entre los encarcelados por motivos políticos.

Uno de los últimos casos es la detención de José María Basoa y Andrés Martínez Adasme en septiembre de 2024, acusados de pertenecer a los servicios secretos españoles y planear un atentado contra Maduro.

El Ministerio para el Servicio Penitenciario de Venezuela confirmó este jueves la excarcelación de 99 personas que habían sido detenidas tras las elecciones presidenciales de 2024, en un contexto de crisis política marcado por la denuncia de fraude por parte de la oposición en el resultado que dio la reelección al mandatario Nicolás Maduro.

En un comunicado publicado en Instagram, la cartera de Estado afirmó que estas personas permanecían detenidas por su supuesta participación en "hechos de violencia e incitación al odio" posteriores a las presidenciales de 2024, cuando se produjeron protestas contra la victoria de Maduro proclamada por el ente electoral, institución que controlan funcionarios afines al chavismo.

"El Gobierno Nacional y el sistema de Justicia han tomado la decisión de evaluar caso por caso y otorgar, conforme a la ley, medidas cautelares, lo que ha permitido la excarcelación de 99 ciudadanos, como expresión concreta del compromiso del Estado con la paz, el diálogo y la justicia", se asegura en el escrito.

El ministerio subrayó que el Estado venezolano "garantiza a todos los privados de libertad un trato basado en el respeto, la legalidad y la atención integral", aún en un escenario marcado -dijo- por el "asedio imperialista y las agresiones multilaterales" contra Venezuela, que permanece en tensión por el despliegue militar de EE.UU. en el mar Caribe, visto por Maduro como un intento para sacarlo del poder.

"El Gobierno bolivariano continuará trabajando de manera firme y responsable por la paz, la justicia y la defensa de la soberanía nacional", concluye en comunicado.

En la jornada de este jueves, varias ONG informaron sobre la excarcelación de decenas de personas en medio de la celebración de la Navidad en Venezuela, lo que dio pie a nuevos llamados para la liberación de todos los presos políticos.

Después de las presidenciales del 28 de julio de 2024, más de 2.400 personas fueron detenidas -la mayoría de ellas excarceladas- y acusadas de "terrorismo" y "vandalismo", según la Fiscalía, aunque varias ONG y partidos opositores consideran que son inocentes y denuncian "represión".

La ONG Foro Penal contabiliza 902 presos políticos en Venezuela, la mayoría detenidos tras las elecciones, según un boletín difundido la semana pasada, que tiene como fecha de corte el 15 de diciembre.

Sin embargo, el Ejecutivo de Maduro asegura que el país está "libre de presos políticos" y que los señalados como tal están encarcelados por la "comisión de terribles hechos punibles".

Las liberaciones de este jueves se reanudaron tras un período de suspensión desde el pasado marzo, según familiares de los detenidos.

El proceso de excarcelaciones, que comenzó el año pasado, ha permitido la salida de prisión, con medidas cautelares, de más de 2.000 personas, de acuerdo a la Fiscalía venezolana.

Un tribunal revolucionario iraní ha condenado en ausencia al director de cine Jafar Panahi, con numerosos premios internacionales y último ganador de la Palma de Oro en Cannes, a un año de prisión por propaganda contra el sistema, informó este lunes uno de los abogados del cineasta. "La Sección 26 del Tribunal Revolucionario Islámico de Teherán ha condenado en ausencia al señor Jafar Panahi a un año de prisión por actividades de propaganda contra el sistema", dijo en X Mostafa Nili, uno de los defensores del director, que se encuentra fuera de Irán en estos momentos.

Nili indicó que el vencedor de la última edición de Cannes este año con Un simple accident ('Un simple accidente’) ha sido condenado además a dos años de prohibición de salir del país y afiliarse a grupos políticos o sociales. "Llevaremos a cabo las acciones necesarias para apelar esta sentencia", añadió el abogado.

Director, guionista y activista por los derechos humanos, Panahi pudo salir de Irán el pasado mayo tras quince años de prohibición de viajar al extranjero y siete meses en prisión, y presentó Un simple accident en Cannes. "Un simple accident no la hemos hecho nosotros, la ha hecho la República Islámica, es la República Islámica la que nos encarcela. Deben saber que cuando encarcelan a un artista tienen que asumir las consecuencias", explicó el cineasta en una rueda de prensa en Cannes sobre una película profundamente política en la que denuncia la violencia del estado contra ciudadanos inocentes.

Después visitó el Festival de San Sebastián en septiembre donde en una entrevista con EFE aseguró que la República Islámica "se ha autodestruido por dentro, solo le queda el cuerpo". En su última película, Panahi, de 65 años, retrata la cotidianidad a menudo surrealista de los ciudadanos de Irán. Un grupo de antiguos presos políticos trata de averiguar si han dado con su torturador, al que solo pueden reconocer por la voz, mientras se afanan en tareas como preparar su inminente boda, trabajar en un taller mecánico o ayudar a una parturienta. "En la cárcel te sientan en una silla frente a la pared con los ojos vendados mientras un policía te interroga. Pero más que tener la atención puesta en qué contestar, estás pendiente de la voz que te está preguntando. Quieres reconocer y entender a esa persona y tu oído se fortalece, pierdes el resto de los sentidos", rememoró Panahi.

Representante de la 'nueva ola iraní', Panahi es uno de los cuatro cineastas -junto a Robert Altman, Michelangelo Antonioni y Henri-Georges Clouzot- que ha conseguido el premio principal de los tres festivales internacionales más importantes del mundo: Cannes, Venecia y Berlín.

Ganó el León de Oro de Venecia de 2000 por El círculo ('The Circle', 2000); el Oso de Oro de Berlín por Taxi Teherán (2015) y este año la Palma de Oro de Cannes con Un simple accidente, película presentada por Francia como candidata al Óscar a mejor filme internacional.

En 2010 le condenaron a seis años de prisión y a veinte sin realizar filmes, escribir guiones, viajar al extranjero ni dar entrevistas, acusado de "reunión y colusión contra la seguridad nacional" y "propaganda contra el sistema" de la República Islámica de Irán. Fue detenido de nuevo en julio de 2022 por protestar por la detención de los cineastas Mohamad Rasoulof y Mostafa Ale Ahmad y encarcelado hasta febrero de 2023, cuando salió tras una huelga de hambre.

Izquierda Unida ha registrado una proposición no de ley (PNL) para declarar la antigua cárcel de Segovia, que durante la dictadura franquista acogió a presos políticos y se utilizó como un reformatorio de 'mujeres caídas', como lugar de memoria democrática por su valor histórico “como espacio de represión y resistencia”.

El portavoz parlamentario de IU, Enrique Santiago, y el portavoz en temas de Memoria Democrática, Nahuel González, han registrado este viernes la iniciativa, que se debatirá en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados a través de Sumar, ha indicado la formación en nota de prensa.

La PNL reclama también que el Gobierno central coordine la dotación de recursos humanos, materiales y logísticos para garantizar la conservación y difusión del actual Memorial Democrático de Segovia, y que esté abierto de forma permanente y con actividades educativas, culturales y de investigación vinculadas a la memoria democrática.

Izquierda Unida ha recordado que la antigua cárcel de Segovia, en uso entre 1924 y el año 2000, fue durante la dictadura un espacio de reclusión para presos políticos, y que además entre 1956 y 1969 funcionó como un reformatorio de 'mujeres caídas', con presas vulnerables sometidas al adoctrinamiento franquista.

Enrique Santiago y Nahuel González destacan en su texto que con la iniciativa presentada se avanza en la solicitud del Foro por la Memoria de Segovia de crear un Memorial Democrático en las instalaciones de la antigua prisión, petición canalizada por el Grupo Municipal de IU mediante una moción aprobada en 2016.

La primera fase de ese memorial fue inaugurada en 2019 y estuvo compuesta por cuatro celdas; en 2024 se abordó una segunda, con cinco celdas, y homenajes a los presos políticos que pasaron por la cárcel e intervenciones artísticas inspiradas en obras como las del poeta y militante comunista Marcos Ana.

Para IU, este conjunto que conforma la exposición permanente ‘La cárcel franquista (1936-1977)’ supone una “muestra única en España que explica la evolución del sistema penitenciario durante la dictadura”.

Lamentan que, pese a su valor histórico, el Memorial Democrático de Segovia no esté abierto al público de manera regular, según el Ayuntamiento por falta de medios, y solo se pueda visitar con cita previa y autorización municipal.

Por todo ello, IU considera necesario garantizar la preservación, apertura y puesta en valor de este espacio como Lugar de Memoria Democrática, en cumplimiento de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática.

El edificio donde ahora se encuentra la antigua cárcel de Segovia albergó el Reformatorio de Mujeres, inaugurado en 1924 y diseñado por el arquitecto municipal de Segovia, Joaquín Odriozola.

Posteriormente, en 1933, la entonces directora general de Prisiones, Victoria Kent, decide convertir el espacio en un moderno Hospital Asilo Penitenciario para hombres.

Sin embargo, con el golpe de Estado en julio de 1936 y la sublevación de la guarnición de Segovia, el hospital comenzó a encerrar a presos políticos. Se estima que, durante la guerra civil, el número de reclusos no bajaba de 500.

En 1941, pasa a denominarse Sanatorio Antituberculoso Penitenciario de Mujeres. No es hasta 1946 cuando se transforma en la Prisión Central de Mujeres de Segovia.

Entre 1956 y 1969 retoma su actividad originaria, la del Reformatorio de Mujeres, pero de lo que denominaban como 'mujeres caídas'. Esto es aquellas que fueron detenidas por infracciones relacionadas con la prostitución.

A partir de 1969, el edificio volvió a utilizarse para encerrar a presos políticos hasta el final del franquismo, bajo el nombre de Centro Penitenciario de Cumplimiento Ordinario de 1º grado para Delincuentes por Convicción.

La cárcel continuó su actividad penitenciaria hasta el año 2000, cuando se inaugura el nuevo Centro Penitenciario de Segovia.

- Me acuerdo de la mañana en la que unos militares detuvieron a mi padre, de la voz nerviosa de mi madre hablando por teléfono y de las lágrimas de mi abuela.

-Me acuerdo de las llamadas de madrugada y de que nadie contestaba al otro lado del teléfono.

-Me acuerdo de la mañana del 20 de noviembre del 75. 'Morreu Franco', me dijo mi abuela entre susurros. 

-Me acuerdo de la broma que me gastó mi hermano Alberto: ¿Sabes por qué a las islas Canarias le llaman Las Afortunadas? Porque Franco murió una hora antes." Recuerdo las risas de todos. 

-Me acuerdo de mi hermana mayor, Susana, abriendo de par en par las ventanas del salón y poniendo en el tocadiscos a todo volumen Canto a la libertad de Labordeta.

-Me acuerdo de haber oído que los adultos brindaron con champán y de que nosotros lo hicimos con sidra El Gaitero. 

-Me acuerdo de ver el entierro de Franco en televisión y de cómo su ataúd se parecía mucho a uno que había visto días antes en una película de Bela Lugosi.

-Me acuerdo de escoger, semanas después, un bloc de anillas de color rojo como premio por un trabajo de religión y las palabras enfadadas de la monja que nos daba clase. "Las hay de todos los colores, pero yo ya sabía que Fortes iba a coger la roja”.

-Me acuerdo de los primeros 6 meses sin ver a mi padre y de abrazarlo por fin el día de Navidad del 75 en la prisión militar de Hoyo de Manzanares. 

-Me acuerdo del viaje en tren a Madrid, que era más grande y tenía más cines que Pontevedra. Me acuerdo de ver por fuera el Santiago Bernabéu, que era también más grande que el estadio de Pasarón.

-Me acuerdo de la cena de Nochebuena en la calle Altamirano 34, la casa de los Valero, cuyo padre también estaba encarcelado junto al mío por ser militar y demócrata en aquellos años. 

-Me acuerdo de que nos ganaron todas las partidas al Scalextric, pero también de la alegría que nos llevamos cuando nos dijeron que en Madrid no había playa. Pontevedra superaba en algo a Madrid.

-Me acuerdo de mi abuela esperando el primer mensaje de Navidad del Rey por si decía algo de la libertad de nuestro padre. No hubo suerte.

-Me acuerdo de la hostia que le dio mi madre a un militar que le faltó al respeto y al honor.

-Me acuerdo de un envío con ropa que nos llegó de Alemania por medio de una red europea de apoyo a las familias de presos políticos españoles. 

-Me acuerdo de que en el reparto me tocaron unos calzoncillos largos de franela, hasta los tobillos, como en las películas de Terence Hill y Bud Spencer, y de que por supuesto nunca me los puse.

-Me acuerdo de una tarta medio comida por los ratones que llegó de Holanda y a la que no hicimos ascos.

-Me acuerdo de una foto de Olof Palme pidiendo en una calle de Estocolmo con una hucha en la que se leía “para las familias de presos españoles”.

-Me acuerdo de contar las onzas de chocolate Dolca en los bocadillos de la merienda.

-Me acuerdo de las visitas al castillo de La Palma de Ferrol, frente a la ría, donde mi padre cumplió los últimos meses de su condena. Me acuerdo del foso y del puente levadizo, pero no de los cocodrilos. 

-Me acuerdo del accidente del petrolero Urkiola que asfaltó toda la ría y acabó con nuestras jornadas de pesca desde las alturas del castillo.

-Y por supuesto me acuerdo del día en que por fin liberaron a mi padre, pronto hará medio siglo, y de aquel año en el que lloramos y reímos tanto.

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Xabier Fortes es periodista, director y presentador de 'La Noche en 24 Horas' de TVE.

"O le liberan o le condenan a muerte. Ahora tienen que decidir”. Son las palabras que Jean-Louis Chalanset, abogado de Georges Ibrahim Abdallah, pronunció en su intervención ante el Tribunal de Apelación de París el pasado 19 de junio. El fiscal general y el abogado de los Estados Unidos, que se habían constituido en parte civil, acababan de indicar, en una sesión a puerta cerrada, que el militante comunista libanés no podía salir de prisión debido a su falta de “arrepentimiento”.

Una vez más, el letrado Chalanset salió de la audiencia con una mezcla de ira y fatalismo. “He recordado al tribunal que en el derecho francés no existe el arrepentimiento. En Francia reina un imperialismo judicial en lo que respecta a la participación de Estados Unidos en este caso”, se burlaba el abogado, que entonces decía “no adelantarse” al resultado del caso.

El 17 de julio por la mañana, su estado de ánimo era muy diferente. Tras una breve audiencia, se tomó finalmente una decisión: Georges Ibrahim Abdallah “queda en libertad condicional a partir del 25 de julio, con la condición de abandonar el territorio nacional y no volver a regresar”, según la sentencia dictada. El militante comunista queda así en libertad y abandonará el territorio para viajar a Líbano en una semana.

“Estoy emocionado. Es una victoria política contra Estados Unidos, que escribió al tribunal de París para que no fuera liberado, al igual que hicieron todos los presidentes de la República Francesa, desde Jacques Chirac hasta Macron. La justicia va más allá de la política, por lo que también es una victoria de la justicia francesa. Es una gran alegría para él”, declaró el abogado al término de la vista. “Si los israelíes lo asesinan en Beirut, como es posible que hagan, morirá libre como resistente, tal y como lo considera todo el pueblo libanés”, añadió.

Esta decisión pone fin a ocho meses de dudas y giros inesperados durante los cuales los partidarios de Abdallah, que se mantuvieron en constante movilización, vivieron todo un carrusel de emociones. “Estamos muy emocionados. Por fin ha caído esa ignominia jurídica y política. Ya era hora”, confesaba José Navarro, de camino con su compañero Daniel Larregola para visitar al preso en el centro penitenciario de Lannemezan (Altos Pirineos). Ambos fundaron hace quince años el comité de apoyo a Georges Ibrahim Abdallah.

“Dadas las presiones políticas, teníamos que creer firmemente en la justicia de nuestro país. Es una decisión muy acertada”, reaccionó la diputada comunista Elsa Faucillon, que se dijo “muy feliz por Georges, muy feliz por lo que esto representa para su lucha, para la lucha de todos”. Así, según las palabras de Jean-Louis Chalanset, concluyen ocho meses de “mezquindad jurídica”, un caso que, a medida que se iban despejando los obstáculos legales para su liberación, se ha vuelto “más político que nunca”.

Georges Ibrahim Abdallah fue condenado a cadena perpetua por la justicia antiterrorista francesa en 1987 por complicidad en el asesinato de dos diplomáticos, uno estadounidense y otro israelí, en París en 1982: el teniente coronel Charles R. Ray y Yacov Barsimantov. La Fracción Armada Revolucionaria Libanesa (Farl), organización marxista que pretendía responder a la invasión del Líbano por Israel exportando la guerra a Europa, de la que Abdallah era cofundador, reivindicó ambos asesinatos.

Pero se han demostrado desde entonces varias anomalías en su juicio. El primer abogado de Abdallah, Jean-Paul Mazurier, era en realidad un agente de los servicios secretos franceses. El entonces ministro del Interior, Charles Pasqua, y su secretario de Estado de Seguridad, Robert Pandraud, también acusaron injustamente a Abdallah y a sus hermanos de ser los autores de los seis atentados perpetrados en septiembre de 1986 en París. Además Estados Unidos, parte civil en este caso, intervino directamente en el proceso para impedir su liberación.

El carácter excepcional de su encarcelamiento es evidente. “He sufrido tantos reveses judiciales en este caso durante trece años que no tenía ninguna confianza”, confesaba Jean-Louis Chalanset el jueves por la mañana. Abdallah, que podía haber salido en libertad en 1999, presentó más de una decena de solicitudes de libertad, todas ellas denegadas.

Pero desde entonces, casi todos los militantes de extrema izquierda de su generación, encarcelados por motivos similares, han conseguido la libertad condicional. Hasta hoy, él seguía cumpliendo su 41º año en el centro penitenciario de Lannemezan. Finalmente, no superará al revolucionario Auguste Blanqui, apodado “el encerrado” por haber pasado cuarenta y tres años en prisión... en el siglo XIX.

En 2013, cuando fue aceptada la octava solicitud de libertad de Abdallah con la condición de que fuera expulsado del territorio francés, el entonces ministro del Interior, Manuel Valls, se negó a firmar la orden de expulsión. Recientemente asumía, en un artículo en Le Monde, su decisión política: “Lo mantengo en prisión voluntariamente, no era cuestión de que firmara la orden de expulsión. Lo hago por convicción. Informé de ello al presidente de la República [François Hollande, ndr], quien no me disuadió de hacerlo.”

Esta vez han sido definitivamente eliminados todos los obstáculos. Ya era inequívoco el texto de treinta páginas dictado por los jueces el 15 de noviembre de 2024. Para motivar su decisión, coincidían en que cuarenta años de prisión “constituyen indiscutiblemente un plazo que permite garantizar la eficacia y el carácter ejemplar de la pena”. Le describían como “laico y comunista, lo que lo distingue de los miembros de organizaciones terroristas islamistas”. Y consideraban que el riesgo de reincidencia era “muy poco probable”.

Los magistrados concluyeron estimando su solicitud en los siguientes términos: “Si bien es legítimo cuestionarse el símbolo que Georges Ibrahim Abdallah representa para algunos, lo que representa hoy en día es sobre todo el símbolo de un hombre que lleva más de cuarenta años en prisión, un período que se ha vuelto desproporcionado en relación con los hechos cometidos y su peligrosidad actual.” Incluso Georges Kiejman, abogado de los Estados Unidos en el juicio de 1987, declaró en sus memorias escritas junto con Vanessa Schneider (L’homme qui voulait être aimé, El hombre que quería ser amado, edit. Grasset, 2021): “Georges Ibrahim Abdallah podría ser liberado. Siento por él un respeto que no tenía en aquella época.”

Pero el recurso presentado por la fiscalía francesa para anular esa sentencia y la obstinación de Estados Unidos en mantenerlo en un destierro absoluto y definitivo lo habían dejado todo en suspenso. En febrero, el tribunal de apelación y los Estados Unidos consideraron que el activista debía pagar, “en función de su capacidad contributiva, los daños y perjuicios que se le imputaban”, que se habían abordado “de manera sumaria durante el debate”. La decisión se aplazó hasta el 19 de junio para “permitir al condenado justificar en ese plazo un esfuerzo significativo”, según la sentencia.

A sus 74 años, en prisión, sin trabajo y, por lo tanto, sin ingresos, Abdallah habría tenido grandes dificultades para reunir los 250.000 euros que se le reclamaban. El 19 de junio, Jean-Louis Chalanset anunció a los jueces que había ahora a disposición de las partes civiles 16.000 euros en su cuenta de la prisión de Lannemezan. Pero tampoco eso sirvió de nada, ya que el recluso no había dicho explícitamente que ese dinero correspondía a Estados Unidos, sino que estaba “disponible”. “Es un pretexto de Estados Unidos”, espetó entonces Jean-Louis Chalanset.

En su sentencia del 17 de julio, el tribunal de apelación finalmente se rindió a la evidencia: si bien el abogado de los Estados Unidos “tiene derecho a reclamar el cobro de esta deuda, más los intereses de demora, no es razonable exigir al condenado, que carece de recursos propios, que salde esa deuda durante el tiempo que dure su encarcelamiento”.

Según quienes lo han visitado en los últimos meses en la sala de visitas, Abdallah se encuentra en buena forma física y mental. “Piensa más en las víctimas de los israelíes y los americanos que en sí mismo, ya que considera que, al fin y al cabo, su caso no es tan importante en comparación con los que mueren”, informaba Jean-Louis Chalanset el 19 de junio.

No obstante, los partidarios del preso más antiguo relacionado con el conflicto en Oriente Medio siguen mostrándose cautelosos. La fiscalía tiene diez días para recurrir ante en Casación. Dado que el recurso no tiene carácter suspensivo, el abogado del activista se muestra confiado. “Cuando sea examinado por el Tribunal de Casación ya habrá abandonado Francia para irse al Líbano”, señala. Georges Ibrahim Abdallah será pues libre.

Traducción de Miguel López

Casi un centenar de presos palestinos liberados por Israel llegaron en la tarde de este jueves en dos autobuses a la localidad cisjordana de Ramala, donde les esperan sus familias, equipos médicos y también cientos de personas para darles la bienvenida provistos de banderas palestinas y del movimiento nacionalista palestino Fatah, según informa EFE.

Los reclusos salieron de las dependencias de la Cruz Roja a las 17.00, hora local (15.00 GMT), de la prisión israelí de Ofer rumbo al Centro Recreativo de Ramala (el mismo punto donde fueron liberados otros presos el pasado sábado) en un convoy que pasó por la localidad de Beitunia y tardó más de una hora y media en cubrir alrededor de 20 kilómetros. Los equipos médicos esperaban a los prisioneros con sillas de ruedas para un primer examen físico en el centro de recepción de Ramala, donde se escuchaban cánticos de "La gente quiere a las brigadas de Al Qasam" (brazo armado de. grupo islamista palestino Hamás) y "Alá es grande".

La liberación se produjo en la tercera ronda de intercambio de rehenes por presos, a 110 prisioneros de cárceles israelíes -unos 95 de ellos en Ramala-, una puesta en libertad que se atrasó unas horas después de las quejas del Gobierno israelí por las condiciones en que fueron liberados siete rehenes (dos israelíes y cinco tailandeses) en la Franja de Gaza.

En el camino de los dos autobuses desde la prisión de Ofer hasta Ramala, retransmitido en directo por la cadena Al Jazeera, se produjeron enfrentamientos entre jóvenes palestinos y las fuerzas de seguridad israelíes, que dispararon contra ellos y les lanzaron gases. Luego, los autobuses continuaron lentamente rodeados de coches y motocicletas que pitaban para recibir a los presos, así como de periodistas y viandantes que les filmaban dentro de los vehículos, entre vítores de palestinos congregados en las calles de Ramala.

Antes de la salida de los autobuses, al menos 14 palestinos resultaron heridos a poco más de un kilómetro de distancia de la cárcel de Ofer cuando soldados israelíes abrieron fuego contra decenas de personas allí congregadas, entre ellas periodistas, para ver la salida de los presos.

Entre los prisioneros liberados figuran 32 condenados a cadenas perpetuas, 48 presos con otros tipos de sentencias y 30 menores de edad. Todos, menos una presa, son hombres, informaron fuentes de la Comisión de Presos y Expresos Palestinos. La mayoría -unos 95- fueron puestos en libertad en Ramala, otros 14 fueron trasladados a la Franja de Gaza y 1 a Jerusalén Este, según la misma fuente. Al Jazeera ofreció imágenes de la llegada de nueve de los presos al Hospital Europeo de Jan Yunis, en el sur de Gaza, y de uno a su casa familiar en Jerusalén.

La lista de presos palestinos recoge al reconocido líder de las Brigadas de los Mártires de Al Aqsa (el brazo armado de Fatah), Zakaria Zubeidi, y al miliciano de Hamás Mohamed Abu Warda, condenado a 48 cadenas perpetuas. Sus liberaciones se produjeron después de que la Yihad Islámica palestina y Hamás pusieran en libertad este jueves en Jan Yunis, sur de Gaza, a los rehenes israelíes Arbel Yehud (mujer de 20 años) y Gadi Moses (anciano de 80), así como a cinco ciudadanos tailandeses. Horas antes, liberaron a la soldado israelí Agam Berger, de 20 años, que fue entregada por Hamás a la Cruz Roja en la localidad de Yabalia, en el norte de la Franja de Gaza.

El canje de rehenes de este jueves no estaba previsto en el acuerdo original de alto el fuego, pero se incluyó ante las presiones de Israel a Hamás por no haber liberado el pasado sábado a la civil Arbel Yehud. 

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyayu, celebró este jueves la liberación de tres rehenes, incluidos dos civiles y una soldado, en un intercambio por presos palestinos, y criticó las escenas de caos producidas en la entrega. En un comunicado, dio la bienvenida a territorio israelí en su nombre y en el de su familia y el resto del país a la soldado Argam Berger y a los civiles Arbel Yehud (mujer de 29 años) y Gadi Moses (hombre de 80 años).

"Esta liberación se consiguió, antes de todo, gracias a nuestros heroicos soldados y también gracias a la posición firme y decidida que tomamos durante las negociaciones", manifestó Netanyahu. El primer ministro reiteró sus críticas ante el caos que se produjo en la liberación de Yehud y Moses, que fueron increpados por algunos de los miles de personas que se congregaron con banderas del grupo islamista Hamás y la Yihad Islámica Palestina en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza.

"Durante la liberación de nuestros rehenes hoy, vimos imágenes sobrecogedoras. Dejamos claro a los mediadores que no pensamos aceptar ningún riesgo para nuestros rehenes. Y añadiré: Quien se atreva a dañar a nuestros rehenes pagará el precio", dijo Netanhayu.

La liberación, horas antes de que la soldado israelí Agam Berger, de 20 años, que fue entregada por Hamás a la Cruz Roja en la localidad de Yabalia, en el norte de Gaza, se realizó sin incidentes. Posteriormente, se produjo la liberación de casi un centenar de presos palestinos por parte de Israel.

Se trata de la tercera ronda de intercambio entre Israel y Hamás desde que anunciaron un alto el fuego el pasado 15 de enero en Gaza tras 15 meses de conflicto.

Gran lío conceptual. El ministro Urtasun dijo el otro día que a Miguel Hernández lo habían asesinado y los forenses más reputados de cada casa salieron a enmendarle la plana. «¡Tuberculosis, tuberculosis!», gritan los generales más ilustrados de la trinchera cultural. Hasta Girauta le ha dedicado una cuartilla, con lo que debe costarle juntar un sujeto con un predicado. ¡La cosa es grave!

Según los próceres de la pulcritud histórica, que te encierren en una pocilga y te nieguen los cuidados médicos no tiene por qué privarte de los laureles de la muerte natural. Lo mató Dios, que lo llamó a su presencia. Cuando creíamos que no había cosa más difícil que separar al autor de su obra, fíjate por dónde nos obsequian con una pirueta aún más virtuosa. Me gusta el argumento y lo llevaría más lejos. Stalin no tuvo ninguna culpa de que en el gulag hiciese frío. ¿Paracuellos? Las cuentas, a las balas, ¡Carrillo, inocente! A Anna Frank la mató el tifus, a los cristianos del coliseo les vino mal el hambre de las fieras y Carrero Blanco se enemistó con las reacciones químicas. Pensarán que exagero, pero el argumentito no es nuevo: los malnacidos que arrojaron a Enrique Ruano por una ventana del séptimo piso de la Dirección General de Seguridad declararon que al muchacho lo había liquidado la ley de la gravedad. 

No quisiera estar en la cabeza de uno de estos garantes de la precisión tanatológica, que lo mismo te dicen que vivimos en una dictadura woke porque las muchachas no se dejan tocar el culo en los bares que se ponen tiquismiquis sobre cuánta culpa tiene el tirano de su preferencia en las muertes de los reos a su cargo. ¡Maduro, genocida! ¿Franco? Carcelero ejemplar.

La semana nos ha traído otro revival histórico. Aprovechando la visita de Estado de sus majestades, el Gobierno le ha concedido la Orden de Isabel la Católica a Giorgia sí a fronteras seguras no a la inmigración masiva Meloni. El fascismo se cura viajando y repartiendo medallitas en el lugar de destino. Tampoco quisiera sobredimensionar la importancia de estas condecoraciones: hace una temporada, el consejo de ministros más progresista de la historia obsequió a la princesa de Asturias una chapita de Carlos III por el increíble mérito de haber llegado viva a la edad de dieciocho años (¡bravo, alteza!). Comprobando la tenacidad en la defensa de las convicciones democráticas y la lucha numantina que el pe so e y asociados están librando contra el acelerado auge del nacional populismo, no descartemos que pronto nos persuadan de los enormes beneficios geopolíticos que nos traería hacer a Milei maestrante de alguna orden de caballería, con el correspondiente feudillo en Torrevieja.

La política internacional tiene sus complejidades, quién lo duda, pero seguro que hay una opción intermedia entre el cierre de fronteras y ponerse a remedar las sobremesas de Ribbentrop y Mólotov. Qué sabré yo. Pero, ahora que lo pienso… el recorte de las siglas del colectivo LGTBIQ+ ¿habrá sido un guiñito a la fiera dirigente transalpina? Confío en enterarme en la tercera entrega de las memorias del presidente Sánchez. Las espero ansioso, más ahora que puedo encargarle un resumen de tres líneas a ChatGPT.

El Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela estaría cometiendo el crimen de lesa humanidad de persecución por motivos políticos, según explicó este martes la Misión de Establecimiento de los Hechos creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para documentar las violaciones que ocurren en el país, según informa EFE.

Según la Misión, presidida por la jurista portuguesa Marta Valiñas, el aparato de gobierno se centra ahora en aplastar a la totalidad de la oposición pacífica a través de una serie de acciones que no son "aisladas o aleatorias, sino parte de un plan continuo y coordinado para silenciar, desanimar y reprimir" a quienes pueden expresar algún pensamiento no acorde con la retórica oficial. 

"Estamos presenciando una intensificación del aparato represivo del Estado (...) Aunque esto es una continuación de patrones previos, la represión reciente, debido a su intensidad y carácter sistemático, representa un ataque muy grave a los derechos fundamentales del pueblo venezolano", dijo Valiñas al presentar a la prensa en Ginebra el último informe elaborado por su equipo.

La Misión, que también integran el abogado chileno Francisco Cox y la experta argentina en derechos humanos Patricia Tappatá, apoyados por un equipo técnico, presentará oficialmente el jueves su informe al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Entre los hechos y conclusiones que resalta es que la actual crisis que vive Venezuela "es la peor de la historia reciente" y que se ha alcanzado "un nuevo hito en el deterioro del Estado de derecho" tras las elecciones presidenciales del 28 de julio. Para los miembros de la Misión, las autoridades públicas ya ni siquiera intentan fingir cierta independencia y la ciudadanía está totalmente indefensa ante la arbitrariedad porque muchas garantías judiciales han perdido su efectividad.

El informe, que inicialmente comprende el periodo entre el 1 de septiembre de 2023 y el 31 de agosto pasado, ha sido actualizado para cubrir los hechos previos y posteriores a los comicios.

Entre los casos documentados se encuentran 48 detenciones entre diciembre y marzo pasados bajo el cargo de conspiración, así como órdenes de arresto contra otras personas, que no solo son activistas, periodistas u opositores políticos, sino incluso militares.

Durante julio, en plena campaña electoral, hubo 120 detenidos, aunque otras 2.000 personas corrieron la misma suerte después del escrutinio, de acuerdo a datos de las propias autoridades, que les acusaban de terrorismo e incitación al odio.

Según la Misión, entre éstos últimos había al menos un centenar de menores de edad, algunos con discapacidades. "La Misión ya había advertido que el gobierno podía activar su aparato represivo a voluntad, y eso es lo que estamos viendo ahora", dijo Cox, quien insistió en el clima de terror que vive la población.

El 1 de febrero de 2021 un golpe de Estado devolvió el poder al ejército en Myanmar, la antigua Birmania, tras apenas una década de frágil democracia. Los militares acusaron a Aung San Suu Kyi, la líder de la Liga Nacional para la Democracia (NLD) y premio Nobel de la Paz en 1991, de fraude electoral: no aceptaron la victoria en noviembre de 2020 de la Dama de Rangún, que consiguió el 87% de los escaños. Myanmar vive desde entonces bajo un gobierno militar, en realidad una constante en el país del sureste asiático desde 1962, sólo interrumpida en 2011 con las reformas que condujeron a las primeras elecciones democráticas de 2015, ganadas por Suu Kyi, hija de un general héroe de la independencia del país.

Tras declarar el estado de emergencia, arrogarse plenos poderes el comandante en jefe del ejército y ser detenidos tanto Aung San Suu Kyi como el presidente del país, Win Myint, las protestas se extendieron. También la represión. Según informó entonces la ONU, los enfrentamientos armados y la violencia contra los opositores provocaron el desplazamiento interno de 284.700 personas. Además, se endureció enseguida el Código Penal, eliminando la necesidad de una orden judicial para detener a un ciudadano e incluso criminalizando cualquier comentario en internet contrario al ejército o al golpe. “Usar la popularidad en las redes sociales de forma que pueda dañar la paz y el orden del país” es una causa de detención, que ha mandado a la cárcel a actores, cantantes y directores de cine.

Como resultado, se han multiplicado los arrestos y reanudado las ejecuciones. Según los datos de la Asociación de Asistencia a Presos Políticos (AAPP), una organización independiente sin fines de lucro fundada por expresos políticos birmanos en el exilio, desde el golpe de 2021 y hasta el 11 de diciembre de 2023 habían sido detenidas en Myanmar 25.529 personas, de las que aún permanecen en prisión 19.740. Los militares han ejecutado a 4.252 condenados. Sólo el 6 de abril de 2023, 151 opositores fueron sentenciados a muerte.

Para encarcelar a tantos miles de presos políticos, la junta militar birmana ha necesitado redoblar la capacidad de su sistema penitenciario. Desde del golpe de 2021, se han ampliado 25 prisiones con nuevos edificios y otras dos más han extendido su perímetro, se han construido dos nuevas cárceles y se han planificado otras dos más. Son las revelaciones del proyecto Myanmar Witness, elaborado por el Centro para la Resiliencia de la Información, una organización británica sin ánimo de lucro experta en análisis e investigaciones de fuentes abiertas.

Utilizando imágenes de satélite, Myanmar Witness ha localizado 59 centros penitenciarios y 53 campos de trabajos forzados en el país. El 46% de esas 59 prisiones han sido ampliadas y, si se les añaden las que han sufrido reformas, el 88% de ellas han hecho obras desde el golpe de Estado. A juicio de Myanmar Witness, este elevado porcentaje demuestra las grandes inversiones que han fluido hacia el sistema penitenciario local desde el golpe.

En los campos de trabajos forzados, en cambio, no se han hecho trabajos de reforma o ampliación pero, en cualquier caso, su actividad ha sido constante en estos últimos tres años. Los hay de dos tipos: canteras y plantaciones agrícolas. Tanto los trabajos forzados como los campos de reeducación contravienen las leyes internacionales.

Myanmar Witness también ha identificado 20 centros de detención no oficiales, de los que 10 se encontraban en comisarías de policía y otros tantos eran centros de interrogatorio.

“Es muy posible que nuestra metodología subestime la expansión de los centros penitenciarios”, advierte Matt Lawrence, director de proyectos de Myanmar Witness. “Los datos de fuentes abiertas no nos permiten ver el interior de cada edificio nuevo ni determinar para qué se utiliza cada bloque”.

Según destaca, además, en este momento el régimen militar está “sometido a una presión cada vez mayor”. “El año pasado”, explica, “una alianza de grupos armados lanzó una gran ofensiva contra el ejército, que aún continúa, y son numerosas las noticias sobre la toma de posiciones militares”.

Que los militares estén dedicando tanto dinero a aumentar la capacidad de las cárceles no significa que las condiciones de los internos hayan mejorado. El director general de Instituciones Penitenciarias nombrado nada más consumarse el golpe, Zaw Min, fue sancionado por la Unión Europea en 2022 y por Estados Unidos en octubre de 2023 por los malos tratos infligidos a los reclusos. Fue sustituido en julio de 2023 por Myo Swe, colaborador próximo del teniente general Soe Htut, actual ministro del Interior y considerado responsable del ahorcamiento de cuatro presos políticos en julio de 2022. Las denuncias de la AAPP sobre huelgas de hambre, palizas a presos y violencia sexual han sido continuas, en unas prisiones que, además, siguen tan masificadas como antes del golpe pese a las ampliaciones.

El informe de Myanmar Witness detalla las obras realizadas en seis de las prisiones localizadas. La principal es la de Inn Sein, la más antigua y tristemente conocida por las torturas, el hacinamiento y sus deficiencias de higiene y sanitarias. Es enorme –tiene una extensión de 226.764 metros cuadrados– y fue construida en 1887. Por tanto, se trata de una cárcel de los tiempos coloniales, con una estructura circular típica de la época, para facilitar la vigilancia. En ella estuvo recluida, en 2003, 2007 y 2009, Aung San Suu Kyi, quien además pasó 15 años en arresto domiciliario. En los dos últimos años se le han construido dos nuevos edificios y un nuevo tejado.

Maung Phoe, detenido y acusado por la junta militar de llevar a cabo actividades políticas revolucionarias, y su esposa pasaron seis meses en Inn Sein. “Había 700 prisioneros en nuestro pabellón, y de ellos 400 se contagiaron con covid”, cuenta Phoe, que tiene 50 años. Eso fue en junio de 2021, cuatro meses después del golpe. Al menos 10 de ellos fallecieron. Phoe comenzó a dibujar a sus compañeros de reclusión porque se aburría, confiesa. Bocetos con bolígrafo azul que retratan a otros presos, unos 200, y escenas cotidianas de la cárcel. “Quería documentarlo todo y sacar los dibujos de la prisión”, dice. Ahora le gustaría publicarlos en un libro. Tras salir de la cárcel en octubre de 2021, escapó por la frontera con Tailandia. “Mis dibujos aparecieron en un artículo de la agencia Reuters”, explica.

Con él fue arrestada también su mujer, a la que enviaron a la misma prisión. “Primero éramos 70, después 230 y más tarde nos metieron a más de 400 reclusas en dos salas”, asegura. Sin agua para asearse: “Los guardianes repetían que aquello no era un hotel, sino una cárcel”. Guardianes que cobran, añade su marido, entre 100.000 y 150.000 kiats, el equivalente a entre 44 y 66 euros al mes. Muy poco, así que viven de los sobornos. “Las mujeres teníamos guardianas, pero cuando había que golpear a las presas, eran hombres los que se encargaban”, recuerda la esposa de Maung Phoe. La policía esgrimió en su contra que habían encontrado una camiseta con la foto de Aung Sam Suu Kyi en su casa, también pancartas de protesta y un casco que su hijo utilizaba para protegerse del gas lacrimógeno en las manifestaciones. El menor también fue detenido, y puesto en libertad al día siguiente después de pagar al jefe de policía 500.000 kiat –220 euros–.

En Inn Sein permaneció recluido, 22 meses, un líder estudiantil de la Universidad de Yangón. Le golpearon en la cabeza durante los interrogatorios antes de ser encarcelado además de obligarle a permanecer de rodillas durante cinco o seis horas. Después, en Inn Sein, estuvo más de dos meses en régimen de aislamiento. “Pero debido al hacinamiento, en realidad estábamos tres presos en cada celda”, explica. Él se negó a trabajar, pero otros reclusos se encargaban de cultivar verduras o limpiar los baños, en unos pabellones que carecían de sistema de aguas residuales, por lo que tenían que retirar los excrementos “con las manos”. Pero el trabajo más habitual, añade, era vigilar a otros prisioneros.

Tras el golpe, Aung San Suu Kyi estuvo presa en la cárcel de Naypytaw, una de las más modernas de Myanmar, construida entre 2015 y 2017 en esa ciudad, donde se ha establecido la nueva capital del país. Suu Kyi permanece en ella, en régimen de aislamiento, desde junio de 2022, tras haber sido condenada a 27 años de prisión en agosto de 2023. Su traslado a arresto domiciliario debido a los problemas de salud que padece –tiene 78 años– no ha sido confirmado a día de hoy.

Veinte meses vivió Naw May en la cárcel de Hpa An. Ella tiene 41 años. Su marido, de 43, murió mientras ella estaba en prisión. Embarazada. Tras parir, tuvieron que ingresarla de urgencia para quitarle el útero. A los 11 días, asegura, la devolvieron a su celda, cuando aún no le habían quitado los puntos. Para utilizar el retrete de los guardianes –no podía agacharse en el de los reclusos, una letrina– tuvo que pagar 100.000 kiats. “Había otras 14 mujeres embarazadas conmigo: cuando estaban de parto las enviaban al hospital militar y al día siguiente las devolvían a la prisión”, relata.

La cárcel de Mawlamyne es una de las de nueva construcción. Empezó a levantarse en 2021, tras el golpe de Estado, y según Radio Free Asia, la administrará el ejército, no el departamento de prisiones del Gobierno. Estará destinada a albergar únicamente a presos políticos.

De los campos de trabajos forzados, Myanmar Witness sólo ha podido rastrear imágenes de la cantera de Pyaung, donde aparecen dos prisioneros, uno de ellos con grilletes, picando unas enormes rocas en 2021, y de la plantación de Min Kone. Esta última documenta una inspección llevada a cabo por la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Myanmar en enero de 2023. El campo ya fue objeto de denuncias por el trato vejatorio a los prisioneros y sus malas condiciones higiénicas en 2018.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha exigido este jueves la "liberación inmediata" de 14 políticos opositores encarcelados en Nicaragua por el Gobierno de Daniel Ortega, informa Europa Press.

Así pues, el Tribunal considera "necesario, debido a las circunstancias excepcionales del presente asunto, ordenar la liberación inmediata" de los opositores, entre los que se encuentra Cristina Chamorro, y también pide retirar la orden de detención de otra persona amenazada con ser encarcelada.

Chamorro, junto con Arturo Cruz y Miguel Mora, aspiraban a ser el candidato que representase a la oposición de cara a los comicios de este domingo, pero el Gobierno de Ortega los encarceló acusándoles de blanqueo de capitales o traición a la patria, apunta el diario local 'La Prensa'.

Para la CIDH, Nicaragua vive un "contexto de hostigamiento" hacia aquellas personas que se muestran como oposición al oficialismo, y más aún este año con la detención de más de una docena de políticos contrarios a la ideología de Ortega.

Por otro lado, el organismo ha ampliado las medidas provisionales otorgadas una serie de políticos y sus familiares, "tras identificar que se cumplían los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad" necesarios.

Finalmente, la Comisión Interamericana ha lamentado que, pese a que se le ha pedido a las autoridades nicaragüenses, "nunca se recibió respuesta que indique que se adoptaron medidas de protección para atender la situación de riesgo, lo cual es especialmente preocupante".

Fraude electoral 

Las elecciones presidenciales convocadas este domingo 7 de noviembre en las que el presidente, Daniel Ortega, prevé renovar su mandato se celebran con "falta de garantías y libertades", ha avisado este jueves la ONU, que ha pedido al Ejecutivo que se "restablezca el Estado de Derecho y se libere a todas las personas detenidas arbitrariamente".

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina Regional de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en América Central han indicado este jueves que "vienen observando" un incremento de la represión y de las "afectaciones a los derechos humanos y las libertades fundamentales en el marco del proceso electoral".

En este contexto, ambas agencias han instado reiteradamente al Gobierno de Nicaragua a cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos, a la vez que han señalado que "resulta imperioso" restablecer los derechos y libertades.

Asimismo, se han mostrado preocupados ante la negativa de permitir la entrada a Nicaragua de varios periodistas extranjeros durante las últimas semanas, así como la falta de respuesta a las solicitudes de acreditación para poder informar sobre el desarrollo de la jornada electoral y los ataques contra medios de comunicación y periodistas.

El 7 de noviembre los nicaragüenses acudirán a las urnas entre llamados de la oposición a la abstención en una denuncia por las condiciones en las que se han desarrollado los comicios, con una oleada represiva que se ha intensificado en los últimos meses de cara a una jornada en la que Ortega previsiblemente se proclamará vencedor y se fortificará en el poder durante otros cinco años, con los que sumará casi dos décadas al frente del país centroamericano.

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha celebrado que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont quede en libertad tras ser detenido la noche del jueves en Cerdeña (Italia), pero critica la "persecución judicial que desde hace cuatro años le fuerza a vivir en el exilio".

"Exigimos la libertad total de Carles Puigdemont y de todos los represaliados. La represión sólo parará con amnistía y autodeterminación", ha destacado en un mensaje en su cuenta de Twitter recogido por Europa Press. Está previsto que Puigdemont quede en libertad este viernes después de que el Ministerio Fiscal no haya presentado medidas cautelares contra él, aunque de momento deberá permanecer en la isla de Cerdeña.

Previamente antes de conocer la decisión de la justicia italiana y en una comparecencia, Aragonès ha exigido su puesta en libertad porque "es el clamor de una mayoría de la sociedad catalana, es el clamor del Govern y también el mío". "Los acontecimientos de ayer visualizan claramente que el Estado español no ha actuado de buena fe ante la justicia europea", ha dicho en rueda de prensa en la Generalitat, donde ha convocado de urgencia a todo el Govern tras anular su propia agenda de este viernes para seguir la última hora de la detención de Puigdemont.

"El Estado ha engañado al Tribunal Europeo e incumple de nuevo el derecho de la Unión Europea. La credibilidad del sistema judicial español ya estaba tocada, pero con las discrepancias sobre las euroórdenes se demuestra que es un sistema totalmente anacrónico que solamente busca venganza", ha añadido.

Rodeado de su Govern y en un discurso inicial que ha combinado el catalán y el inglés, ha pedido también la libertad "de todos los presos políticos, exiliados y represaliados en esta causa general contra el independentismo".

El presidente de la Generalitat ha exigido "la retirada de las órdenes de detención contra el presidente Puigdemont y el conjunto de las personas represaliadas". Pere Aragonès, que ha calificado la situación de "gravísima", ha anunciado que se desplazará este viernes por la tarde a Cerdeña para dar apoyo a Puigdemont.

Mesa de diálogo 

Preguntado por si esta detención podría afectar a la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat, ha respondido que "no contribuye a generar unas condiciones que favorezcan la confianza entre las partes" y que no ayuda en el proceso de resolución del proceso político, ha dicho literalmente.

Para el presidente de la Generalitat, además, la detención de su antecesor Carles Puigdemont es la última muestra de que la "represión no cesa". Ha añadido que "la prioridad más inmediata" del Govern en estos momentos es que Puigdemont sea liberado, y que su determinación para avanzar hacia la independencia de Cataluña es absoluta.

Aragonès ha apelado a "fortalecer la alianza entre instituciones, partidos, sociedad civil y ciudadanía" y a conjurarse para conseguir la amnistía y la autodeterminación y a trabajar más cohesionados y unidos.