El secretario general del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), Oscar Reina, fue detenido por orden judicial por un presunto delito de injurias a la Corona y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a través de las redes sociales desde diciembre de 2016, según confirmó a Europa Press su abogada, Irene Cañamero.

Las fuentes precisaron que la Guardia Civil de Osuna detuvo en Gilena (Sevilla) a Reina, después de que el juzgado de instrucción número 4 de Sevilla haya abierto diligencias por un presunto delito de odio e injurias contra la Corona y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado por sus publicaciones en redes sociales desde diciembre de 2016.

Así, la detención se produce por los comentarios de Reina en Twitter, Instagram o Facebook en los últimos años. El propio Reina criticó su detención en un mensaje de Twitter en el que recordó uno de sus tuits contra el rey: "Hay que tener poca vergüenza Felipe de Borbón es usted un miserable", se puede leer.

Las fuentes explicaron que se le tomó declaración a Reina, el cual se acogió a su derecho a no declarar y fue puesto en libertad. El SAT se personará, verá a qué comentarios y a qué contenido se refieren, a la espera de ver si esas diligencias previas bien se archivan o bien finalmente se celebra juicio.

El Sindicato Andaluz de Trabajadores en Jaén (SAT) volvió a ocupar la finca del Aguardentero, bautizada como Cerro Libertad en pasadas ocupaciones, con el objetivo de pedir que dichas tierras "estén al servicio de los trabajadores".

En declaraciones a Europa Press, el portavoz del SAT en Jaén, Francisco Moreno, explicó que la ocupación se realizó el pasado día 20 de abril, justo un día después de que se efectuara la orden de desalojo de esta misma finca, que desde un año antes ocupaba el sindicato, si bien fue este sábado cuando se hizo "oficial" esta nueva ocupación.

En concreto, fue sobre las 10,00 horas, y con la participación de unas 50 personas instaladas en una caseta de la finca, según explicó el representante del SAT.

El terreno, de 74 hectáreas y propiedad de una entidad financiera, está situada a cuatro kilómetros de Jaén capital. Cabe recordar que el SAT la ocupó 1 de abril de 2017, cuando se cumplía un año de la entrada en prisión del que fuera portavoz provincial del SAT, Andrés Bódalo, y se llevó a cabo como una medida más para reivindicar su puesta en libertad.

Moreno explicó que la ocupación se debe a que "el 40% de las grandes fincas en Andalucía se encuentran en manos de entidades financieras pese a las altas tasas del paro en el sector rural". "El 90% de las tierras están sin trabajar, mientras que el 99% podrían pasar a tener una función social si la Junta de Andalucía quisiese", recalcó.

En este sentido, el sindicalista reclamó a la administración andaluza que se involucre en el proceso, ya que "la finca Cerro Libertad va a ser el faro que alumbre esta lucha para que la tierra sea para quien la trabaje".

Al respecto, Moreno subrayó que "los jóvenes no están dispuestos a irse de la provincia mientras haya tierras con recursos", por lo que matizó que desde el sindicato "no queremos la propiedad del terreno, sino que esté al servicio de los trabajadores".

Asimismo, desde el SAT recalcaron que no se retirarán del inmueble hasta que "no haya una orden de desalojo firmada por un juez", así como también criticaron que agentes de la Guardia Civil les pideran identificarse.

Por ello, Moreno indicaron que sólo lo harán los representantes del sindicato, entre ellos, el diputado de Unidos Podemos por Jaén y ex portavoz del SAT, Diego Cañamero, y el portavoz nacional del SAT, Óscar Reina, presentes también en la finca, según relató.

El que fuera responsable del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) en Jaén y concejal de Jaén en Común en el Ayuntamiento de la capital jiennense, Andrés Bódalo, saldrá este viernes de prisión con un nuevo permiso.

En su salida estará arropado por miembros del SAT, así como por uno de sus dirigentes históricos y actual diputado por Unidos Podemos, Diego Cañamero, quienes lo esperarán en la explanada que hay frente al centro penitenciario para darle la bienvenida.

Será el tercer permiso que Bódalo disfrutará desde que entrara en la cárcel el 30 de marzo de 2016 para cumplir una condena de tres años y medio por agredir al entonces teniente de alcalde del Ayuntamiento de Jódar, el socialista Juan Ibarra, durante una protesta de jornaleros en 2012. Los anteriores los tuvo en los pasados meses de mayo y julio y ambos fueron de tres días.

Ahora podrá estar fuera del centro penitenciario durante seis jornadas, según avanzó la pasada semana SAT-Jaén no sin reivindicar también que cese la "represión y castigo a una persona honrada que ha dedicado toda su vida a la defensa de la clase obrera y el pueblo andaluz".

En enero de este año, la Sección Segunda de la Audiencia de Jaén denegó la concesión del tercer grado, una opción que cada vez se ve más cercana, habida cuenta de que Bódalo lleva ya un año y cinco meses en prisión. Sobre lo que todavía no ha habido pronunciamiento es acerca de la solicitud de indulto.

El magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Andrés Martínez Arrieta ha acordado el sobreseimiento provisional de la causa abierta al diputado de Unidos-Podemos Diego Cañamero Valle por presuntos delitos sobre los derechos de los trabajadores, en su modalidad de coacciones sobre el derecho de huelga y de daños, por una acción ocurrida en la finca "La Jarilla", en el municipio de La Rinconada (Sevilla), en 2008.

El instructor concluye que de los hechos indiciariamente acreditados no resultan las debidas exigencias de individualización de los actos ilícitos que ha exigido la jurisprudencia del Tribunal Constitucional

La causa fue abierta el pasado 26 de enero y se citó a Cañamero para comparecer de forma voluntaria el pasado 9 de mayo, tal y como prevé la ley, si bien Cañamero no acudió a la convocatoria.

Argumenta el instructor que en este caso no es posible individualizar la conducta, ya que únicamente consta que Cañamero lideraba un grupo de trabajadores que requería de otros una adhesión a sus finalidades que exponían "sin que quepa admitir que el tipo penal de las coacciones para iniciar o continuar una huelga haga responsable a quienes encabezan tales acciones de los excesos punibles que puedan cometer otras personas de un grupo.

El auto dado a conocer este viernes recoge que los hechos que dieron lugar a la investigación ocurrieron en el mes de noviembre de 2008, concretamente, los días 24, 25, 26 y 27, y que durante esos cuatro días Diego Cañamero se personó en dicha finca sevillana liderando un grupo de personas pertenecientes al SOC (Sindicato de Obreros del Campo) para pedir que se contratase para las faenas agrícolas a trabajadores del sindicato en sustitución de quienes ya habían sido contratados.

En relación con el retraso en la tramitación de la causa sobre unos hechos que ocurrieron en el 2008, el magistrado precisa que una de las razones del mismo se encuentra en la conducta del aforado que no atendió las citaciones y personaciones que le fueron dirigidas desde la instrucción de la causa. También indica que a ese retraso ha contribuido el aforamiento que ha supuesto la suspensión de la misma cuando se encontraba en fase procesal de señalamiento para el juicio oral en Sevilla.

La apertura del procedimiento se produjo tras el envío por parte del Juzgado de lo Penal número 4 de Sevilla de una exposición razonada al Tribunal Supremo al tener conocimiento de que Cañamero había sido elegido diputado en las elecciones del 26 de junio de 2016.

En la causa seguida en Sevilla contra Cañamero y otras personas por los sucesos de "La Jarilla", se había dictado ya auto de apertura de juicio oral por el juez instructor, así como auto de admisión de pruebas y señalamiento de juicio oral por parte del Juzgado Penal 4, señalamiento que fue suspendido al tenerse conocimiento de la elección de Cañamero como diputado. Hace varios años ya Cañamero se declaró "insumiso judicial" y decidió no acudir a ninguna de las citaciones que pudiera tener como sindicalista.

El que fuera responsable del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) en Jaén y concejal de Jaén en Común en el Ayuntamiento de la capital jiennense, Andrés Bódalo, saldrá este martes de prisión con un permiso de tres días, el primero al que accede después de llevar 419 días en la cárcel.

El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Jaén ha concedido a Andrés Bódalo su primer permiso desde que entrara en prisión el 30 de marzo de 2016 para cumplir una condena de tres años y medio de cárcel por agredir al entonces teniente de alcalde del Ayuntamiento de Jódar (Jaén), el socialista Juan Ibarra, durante una protesta de jornaleros en 2012.

Desde el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) se ha informado de que ya se está trabajando para recibir a Bódalo a las puertas de prisión de donde se espera que salga sobre las 17,00 horas de este martes.

Hasta la cárcel de Jaén se desplazarán, además de familiares y amigos de Bódalo, responsables del SAT nivel nacional y provincial como son Óscar Reina y Francisco Moreno.

Moreno ha indicado a Europa Press que "este permiso es una cuestión de derecho y de justicia", ha dicho Moreno, al tiempo que ha recordado que Bódalo lleva más de un año en la cárcel por "defender los derechos de los trabajadores" sin que hasta el momento haya podido acceder a ningún tipo de beneficio penitenciario.

De hecho, en enero de este año, la Sección Segunda de la Audiencia de Jaén denegó a principios de este año la concesión del tercer grado y el pasado mes de marzo, la Junta de Tratamiento de la prisión de Jaén denegaba también los permisos solicitados por Bódalo.

La defensa de Bódalo recurrió la negativa de la Junta de Tratamiento y ahora el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria estima el recurso, lo que permitirá al que fuera líder del SAT en la provincia de Jaén y concejal de Jaén en Común en el Ayuntamiento de Jaén, Andrés Bódalo, disfrutar de tres días de libertad.

También relacionado con Bódalo, Moreno ha recordado que "muy pronto" se va a cumplir el año de la presentación de la solicitud de indulto para Bódalo sin que hasta el momento haya habido pronunciamiento por parte del Ministerio de Justicia.

"Queremos que el indulto de Bódalo se vea en el Consejo de Ministros y no que decaiga después de un año sin pronunciamiento", ha dicho Moreno. En este sentido, desde el SAT se va a volver a presentar nueva documentación para incorporarla al expediente de indulto como es el pronunciamiento de los plenos de Jaén capital y Jódar que se han mostrado a favor de la tramitación del mismo.

Bódalo deberá regresar a prisión el viernes, 26 de mayo, para seguir cumpliendo su condena y esperando a ver si la acceder al tercer grado y si la solicitud de indulto llega al consejo de ministros.

El Tribunal Supremo acordó abrir procedimiento al diputado de Unidos Podemos Diego Cañamero por presuntos delitos sobre los derechos de los trabajadores (en su modalidad de coacciones sobre el derecho de huelga y de daños) por unos hechos que tuvieron lugar en una finca de la localidad sevillana de La Rinconada en noviembre de 2011, según el escrito del fiscal. Cañamero se desplazó a una finca de ese pueblo con un grupo de personas para presionar a los trabajadores a que "iniciaran o continuaran con una huelga", informa Europa Press.

La Sala II designa instructor al magistrado Andrés Martínez Arrieta y abre este procedimiento después de que el Juzgado de lo Penal número 4 de Sevilla enviara una exposición razonada al alto tribunal debido a la condición de aforado del exportavoz del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), que fue elegido diputado en las elecciones del 26 del junio de 2016.

El auto del Supremo recuerda que, según el escrito de calificación del fiscal ante el Juzgado de Instrucción de Sevilla, entre el 25 y 27 de noviembre de 2011 Cañamero, junto con un grupo de personas, y "con la finalidad de presionar a los trabajadores" de la finca La Jarilla a que iniciaran o continuaran una huelga, se personó en el lugar y les insultó con descalificativos de "sinvergüenzas, fascistas, hijos de puta" causando además destrozos en el lugar.

"Una vez en el lugar insultaron a los trabajadores y a los empresarios y causaron diversos destrozos, como partir candados, inutilizar cerraduras, desinflar las ruedas de un tractor para impedir el desarrollo de la producción y que los trabajadores que deseaban trabajar esos días no pudieran hacerlo. Los daños causados en la finca se tasaron en 1.797,97 euros", según el relato del fiscal que sitúa los hechos en 2011.

Declaración de Cañamero

El Supremo expone en el auto que abre causa por presuntos delitos sobre los derechos de los trabajadores "con el fin de que pueda ser oído el diputado aforado, manifestando lo que estime procedente para su defensa, conforme a lo prevenido en el artículo 118 bis de la Ley Enjuiciamiento Criminal".

En la causa seguida en Sevilla contra Cañamero y otros acusados se había dictado ya auto de apertura de juicio oral por el juez instructor, así como auto de admisión de pruebas y señalamiento de juicio oral por parte del Juzgado Penal 4.

No acudirá a la vista

Por su parte, Cañamero cree que es "un poco raro" el hecho de que Supremo acordara abrir procedimiento contra él un día antes de Vistalegre II, y ya anunció que no acudirá a la vista o juicio que se celebre, al reafirmarse como "insumiso judicial", pero apuntó que sí irá a la asamblea.

Considera algo "lógico" que el Supremo dé el visto bueno a su procesamiento, ya que estaban implicados "unos 40 ó 50 compañeros", por lo que está "a favor de no tener privilegios por ser diputado. Si somos procesados, lo debemos ser o todos o ninguno; no hubiera permitido que procesaran a los demás y a mí no por ser diputado, eso no tendría sentido", añadió.

La Sección Segunda de la Audiencia de Jaén ha rechazado la concesión del tercer grado penitenciario para Andrés Bódalo, condenado a tres años y medio de prisión por agredir al que fuera teniente de alcalde de Jódar (Jaén) durante una protesta de jornaleros en 2012.

La emisión del auto se produce cuando ya se han cumplido diez meses del ingreso en prisión del que fuera en Jaén responsable del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) y concejal de Jaén en Común en el Ayuntamiento de la capital jiennense.

El auto de la Audiencia en el que se rechaza el recurso interpuesto por la defensa de Bódalo, al que ha tenido acceso Europa Press, establece como factores positivos de adaptación el que es "su primer ingreso en prisión, buena conducta penitenciaria, asunción correcta de la normativa institucional, bajo nivel de prisionización, correcta participación en actividades programadas, ausencia de sanciones, apoyo familiar, hábitos laborales y ausencia de adicciones". Además se apunta el hecho de que el interno ha abonado la responsabilidad civil a la que fue condenado.

"Pronóstico de reincidencia medio-alto"

No obstante como factores de inadaptación, se recoge, entre otros, "la reincidencia delictiva" y el haber cometido "hechos delictivos especialmente violentos", así como el de contar con "un pronóstico de reincidencia medio-alto". Se apunta también que Bódalo no reconoce "los errores que le llevaron al delito" y "una adaptación pasiva sin modificación de actitudes".

El auto se refiere también al informe psicológico emitido en octubre de 2016 en el que se apunta que "no existen evidencias de arrepentimiento del penado respecto a la actividad delictiva por la que está cumpliendo condena", además minimiza los hechos delictivos estando continuamente preocupado por su deseabilidad social y su repercusión mediática". También se apunta el hecho de que Bódalo "se ha visto envuelto en un incidente en prisión que le ha acarreado una sanción disciplinaria".

La Sección Segunda, teniendo en cuenta todo lo anteriormente expuesto, junto con el hecho de que la cuarta parte de la condena no la cumplirá hasta el próximo el 8 de febrero, establece "la falta de capacidad de interno para vivir en un régimen de semilibertad como es el tercer grado, e incluso un segundo grado flexible" por lo que es necesario "un mayor tiempo de cumplimiento y de seguimiento en el tratamiento a fin de corregir aquellas así como disfrutar de algún permiso de salida antes de acceder a un régimen de mayor libertad".

Esta decisión, dice el auto, no choca con el informe favorable al indulto parcial elevado por esta misma sala al Ministerio de Justicia, "pues aún en el hipotético caso de ser concedido en los términos informados ello supondría la rebaja de la pena a la mitad y esta no la cumplirá hasta el 24 de diciembre de 2017".

El ex portavoz nacional del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) y diputado de Unidos Podemos en el Congreso, Diego Cañamero, ha mostrado este martes su apoyo a Francisco Molero, un joven malagueño que ha sido condenado a cinco años de prisión por un delito de atentado contra la autoridad durante la protesta Rodea el Congreso del 25 de abril de 2013, según ha informado Europa Press.

Su defensa pide que se paralice la ejecución de la sentencia hasta que se pronuncie el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Según su abogado, Jesús Díaz, todos los demás casos se archivaron, pero no fue así en el caso de Molero porque él solo declaró ante la policía, no volvió a hacerlo hasta el juicio y no se solicitaron más pruebas durante la instrucción.

Cañamero y otros militantes del Sindicato Andaluz de Trabajadores se han concentrado frente al Congreso junto a Molero y su abogado. Todos han resaltado que el joven jornalero malagueño fue el único de los 15 detenidos contra los que se presentaron cargos en aquella protesta.

Sin medios, la defensa es difícil

"Fue condenado con las únicas pruebas de la acusación", ha denunciado el letrado, quien ha culpado de la situación que vive su defendido a la actuación de la abogada de oficio que se le adjudicó y que, según ha dicho, ni siquiera se presentó a la vista oral y mandó una sustituta. "La defensa es difícil para la gente que no tiene medios", ha sentenciado.

Díaz ha querido dejar claro que su intención no es que Molero "quede impune", sino que tenga derecho a una defensa y un juicio justos. Por eso van a iniciar una campaña de recogida de firmas para entregarlas en el Consejo de Europa solicitando que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (donde han recurrido tras rechazar el Tribunal Constitucional su recurso de amparo) estudie su caso.

Pasa aquí, "no en Cuba ni en Venezuela"

Por su parte, el portavoz nacional del SAT, Óscar Reina, ha reclamado que el Tribunal y la Comisión Europea "pongan pie en pared" porque es España "y no en Cuba ni en Venezuela" donde suceden casos como el de Molero, al que ha presentado como víctima del "terror generalizado que se practica contra quien defiende sus derechos".

Molero, quien aún no sabe cuándo tendrá que ingresar en prisión, también ha dicho ser víctima de un trato "injusto" por algo tan básico como "defender los derechos de las personas". "El ha pagado el pato", ha resumido Cañamero.

El diputado electo por Unidos Podemos Diego Cañamero y otros dirigentes del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) dicieron reocupar la finca pública Somonte, propiedad de la Junta de Andalucía, en la localidad cordobesa de Palma del Río, para que se le vuelva a dar uso, y están trabajando en presentar un plan de viabilidad para la explotación agrícola de la finca.

Según indicó a Europa Press el coordinador general del SAT, Oscar Reina, unas 14 personas decidieron reocupar la finca, y apuntan que "por el momento no hay peligro de desalojo", a pesar de que reconocen que están apercibidos por un auto de la jueza donde se investiga al diputado electo Diego Cañamero, y la parlamentaria andaluza de Podemos María del Carmen García Bueno, entre unas 15 personas, por la ocupación anterior de esta finca, el pasado 5 de junio.

El auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Posadas (Córdoba) indica que con esa ocupación anterior se podría haber cometido un delito leve de usurpación inmobiliaria, a la vez que considera que "pudieran existir indicios" de la supuesta comisión de un delito de desobediencia a la autoridad. De hecho, el letrado de la Junta, en un escrito del 13 de junio de 2016, solicitó un nuevo desalojo de la finca, que se produjo hace unos días, y "con apercibimiento a los presuntos responsables de que en caso de no cesar en su conducta, y no desalojar definitivamente la finca o reiteren la ocupación de la misma, podrán incurrir en delito de desobediencia grave a la autoridad".

En ese sentido, Reina reconoció que "aunque estamos apercibidos y existe el peligro nos pueden detener en cualquier momento, lo que depende de la juez y que sería una injusticia, nosotros no nos vamos a ir, pues pensamos que hay posibilidad de dar mano de obra cooperativa".

"Seguimos convencidos de que hay que seguir ocupando, es una necesidad ética y vital", aseveró el dirigente sindical, quien considera que las leyes se deben ajustar a las necesidades de las personas, apuntando que "había leyes injustas, como las del apartheid, pero gracias a la lucha se consiguieron cambiar".

Apuntó que "se está trabajando en un proyecto de viabilidad sobre esta finca para proponer el establecimiento de cultivos sociales que puede dar mucha mano de obra". Reina precisó que Cañamero ya trabaja en esta iniciativa y valora el "gran adelanto" que supone para la clase trabajadora que "una persona como Diego pueda llevar nuestra voz al CongresoCongreso".

Reina precisó la intención seguir ocupando "pues hay que recoger la cosecha sembrada", toda vez que, según explicó, se consiguieron "cultivar 400 hectáreas, mientras que cuando entramos hace cuatro años no daba utilidad ninguna ni beneficio ninguno". Lamento, además, que "la Junta recibió 800.000 euros procedentes de la PAC para esta finca que debería invertir aquí".

La finca fue ocupada por el SAT hace cuatro años, el día antes de ponerse a subasta, según recordó el sindicato, que lamentó que la Junta, que disponía en 2010 de unas 20.000 hectáreas de tierra pública, "comenzó a deshacerse de este patrimonio público agrario para malvenderlo a especuladores y terratenientes".

El SAT indicó que actualmente "se calcula que sólo quedan unas 5.000 hectáreas de tierra pública", frente a lo que el SAT aboga por que la tierra "cumpla una función social en la creación de empleo y riqueza".

Precisó que en Somonte el SAT "invirtió unos 70.000 euros y muchas horas de trabajo voluntario que convirtieron aquella finca abandonada en 400 hectáreas de cultivos de trigo, avena, habas, girasol y colza". También se emplearon en la creación de un huerto, un gallinero, compra de maquinaria, mejoras de las instalaciones de riego y reparación de caminos y edificaciones.

Critican que "durante este tiempo la Junta de Andalucía cobró 800.000 euros de la Política Agraria Común por la finca de Somonte, mientras que con ese dinero se podría haber dado muchos jornales en Somonte, creando riqueza en una comarca azotada por el desempleo".

Apuntó que "cuando Somonte fue ocupada, la finca no estaba cultivada ni dando empleo alguno más que a un cuidador", tras lo que dejaron claro que la ocupación de Somonte "no es simbólica, es una ocupación real que demuestra que las cosas se pueden hacer de otra manera, algo que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, no puede admitir y por eso nos desaloja un día y otro también".

El secretario de Relaciones del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), Diego Cañamero, ha quedado en libertad con cargos por un presunto delito de hurto después de pasar por el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno de Úbeda (Jaén), de modo que se reincorporará a la marcha hasta Madrid por la libertad de Andrés Bódalo.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) consultadas por Europa Press han precisado que Cañamero se ha acogido a su derecho a no declarar ante la titular del citado órgano judicial ubetense, que actuaba por petición de otro juzgado de Sevilla, donde la instrucción sigue su marcha.

En concreto, había sido reclamado dada su reiterada incomparecencia para explicar su participación en el asalto a un hipermercado Carrefour en Dos Hermanas en 2013 con la apropiación de material escolar, según ha explicado el portavoz del SAT en Jaén, Francisco Moreno, al informar de su arresto por la Guardia Civil en Jódar.

La detención se ha producido pasadas las 10,00 horas de este jueves en la plaza Primero de Mayo, en el "arranque de la marcha" hasta Madrid para reclamar la libertad de Andrés Bódalo, en prisión desde el pasado 30 de marzo, a la que Cañamaero tiene previsto reincorporarse.

Moreno ha recordado que la permanente de la organización tomó la decisión hace ya varios años de declararse "insumisos judiciales", de manera que "cuando hay un juicio, una declaración o algo pues no asistimos", por lo que "te tienen que detener y ponerte delante del juez".

En cualquier caso, ha lamentado la "estrategia" de la Benemérita de esperar a ese momento, cuando "todo el mundo sabe que lleva un mes en el mismo sitio, en la cochera de Andrés" en Jódar, donde se encontraba la acampada permanente en su apoyo.

"Esperar al día de hoy para detenerlo y montar el paripé e intentar que la marcha no comience con buen pie, nos parece algo innecesario, pero bueno. Hay mucha gente más que seguimos andando y cuando lleguemos a Úbeda --donde tienen previsto finalizar la primera etapa--, estará esperándonos o se sumará a mitad de camino", ha manifestado.

Con esta marcha, el SAT sigue insistiendo en su petición para que Bódalo sea puesto en libertad desde que ingresara el pasado 30 de marzo en prisión. No toda será a pie. y algunos de los tramos se realizarán en autobús para poder cumplir los plazos y llegar el 14 de mayo a Vallecas (Madrid).

El día 15 de mayo, la marcha saldrá de Vallecas para terminar en la Puerta del Sol coincidiendo con el aniversario del 15-M. "Vamos a ser mucha gente, la que de una manera u otra nos sumemos a esta marcha por las libertades fundamentales y cada uno lo hará de la manera en la que pueda contribuir", ha afirmado Moreno.

Mientras tanto, Bódalo ya ha cumplido su primer mes en la cárcel de Jaén de una condena de tres años y medio dictada por la Audiencia de Jaén tras considerarlo culpable de agredir al entonces teniente de alcalde de Jódar, el socialista Juan Ibarra, en el transcurso de una protesta de jornaleros en la que se reclama peonadas.

El Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) ha asegurado que la Policía Nacional ha detenido en Granada al portavoz nacional del sindicato, Oscar Reina, que es reclamado por un juzgado por participar en el asalto a un hipermercado Carrefour en Dos Hermanas (Sevilla) en el año 2013, donde se llevaron una decena de carros con material escolar diverso.

Según ha indicado el SAT en una nota, Reina se había desplazado a Granada para participar en una conferencia en la Universidad, concretamente en la Facultad de Ciencias Políticas, a la que han asistido más de 200 alumnos.

Un dispositivo policial lo ha detenido a la salida del acto, en la misma puerta de la Universidad. Oscar Reina, al igual que Néstor Salvador, Manuel Rodríguez y Diego Cañamero es "insumiso judicial" y por tanto no acude por decisión del sindicato y como protesta ante la represión, a las citas judiciales, motivo por el que ha sido detenido.

El sindicato ha explicado que un juzgado de Sevilla reclama a estos sindicalistas por una "acción simbólica" que se desarrolló el 30 de agosto de 2013 en una gran superficie comercial de Sevilla que consistió en la "expropiación solidaria" de material escolar.

Dicho material –bolígrafos, lápices, cuadernos o rotuladores– fue entregado el 8 de septiembre de 2013 a las familias de La Corrala Utopía. Ha recordado que la acción se desarrolló "a cara descubierta sin que los guardias de seguridad se dieran cuenta hasta que los carros ya salían por la puerta". "No hubo ningún forcejeo, los medios fueron convocados previamente y llevados a la superficie comercial para que documentaran la acción", ha explicado el sindicato, que ha agregado que cuando llegó la Policía "ningún sindicalista estaba ya en el lugar, excepto Diego Cañamero que se quedó voluntariamente en la puerta de la superficie comercial a esperar a la Policía con objeto de explicar los hechos". El SAT ha recordado que la superficie comercial (Carrefour) "no interpuso denuncia".

La juez del Juzgado de Instrucción número 19 de Sevilla acordó este martes la detención del antiguo portavoz y responsable institucional del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), Diego Cañamero, tras "reiteradas peticiones" para que comparezca voluntariamente en el Juzgado.

De esta manera, fuentes del TSJA señalaron que se ha ordenado su detención, a petición de la Fiscalía, para escuchar su declaración judicial y seguir investigando un presunto delito de robo por parte de Cañamero, acusado de sustraer diversos productos de un centro comercial que luego donó a familias necesitadas; en total una decena de carros con material escolar.

Cabe recordar que el SAT aseguró este martes que la Guardia Civil está buscando para detener, por orden judicial, al portavoz nacional del sindicato, Óscar Reina; al antiguo portavoz y responsable institucional, Diego Cañamero; y al responsable de finanzas del SAT, Manuel Rodríguez, que son reclamados por participar en este asalto a un hipermercado Carrefour en Dos Hermanas (Sevilla) en el año 2013.

Según indica el sindicato en una nota, estos tres dirigentes sindicales se habían declarado "insumisos judiciales", negándose a comparecer ante el juez instructor de la causa.

El diputado de Podemos en el Congreso y juez en excedencia Juan Pedro Yllanes ha señalado este miércoles que "no comparte algunos de los argumentos que se han empleado para pedir el indulto del concejal de Jaén en Común (JeC) en el Ayuntamiento de la ciudad, Andrés Bódalo, quien la Policía ha detenido esta mañana para cumplir una condena de tres años y medio de prisión.

En rueda de prensa, Yllanes ha dicho que él es "enormemente crítico con utilizar un instrumento como es el del indulto, cuando hemos predicado la necesidad de revisar profundamente este procedimiento". En este sentido, ha apuntado a la "urgente necesidad" de revisar la Ley del Indulto de 1870, actualmente en vigencia.

Así, el diputado de Podemos ha considerado que la pena de tres años y medio de prisión es "enormemente dura" por los mecanismos propios del Código Penal, ha explicado.

Precisamente, esta misma mañana agentes de la Policía Nacional de paisano han detenido finalmente a Andrés Bódalo, para hacer así efectivo su ingreso en prisión después de que la Audiencia de Jaén le haya condenado a tres años y medio de cárcel por agredir al teniente alcalde del Ayuntamiento de Jódar en 2012 durante una protesta de jornaleros que reclamaban peonadas para acceder al subsidio agrario.

El concejal de Jaén en Común (JeC) en el Ayuntamiento de Jaén y miembro del SAT Andrés Bódalo ha ingresado en prisión pasado el mediodía de este miércoles para cumplir la condena de tres años y medio impuesta por la Audiencia provincial por agredir al teniente alcalde del Ayuntamiento de Jódar en 2012 durante una protesta de jornaleros que reclamaban peonadas para acceder al subsidio agrario.

Su entrada en el centro penitenciario se ha producido después de que fuera detenido sobre las 10.35 horas a las puertas de la sede del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) en la capital jiennense, donde se viene desarrollando desde este martes una acampada indefinida por la libertad de Bódalo con la presencia de decenas de personas.

Agentes de paisano y de uniforme lo trasladaron sin esposas hasta un vehículo policial para trasladarlo a la Comisaría de la Policía Nacional, donde se le ha notificado la orden judicial para después ser conducido a la prisión Jaén II, según han informado a Europa Press fuentes de la Policía Nacional

De este modo, Bódalo ha entrado en coche policial mientras en el Portillo de San Jerónimo se han quedado decidiendo cuál será el próximo lugar donde se asentará la acampada que reclama la libertad de este sindicalista y concejal de Jaén en Común.

Minutos antes de la detención, reiteró a los medios su inocencia. "Que sepa todo el mundo que entro en la cárcel, pero lo haré como inocente porque yo no he agredido a nadie", dijo. También agradeció a todas las personas que han mostrado su solidaridad y que le han apoyado durante este tiempo, en especial a su familia para la que ha tenido palabras de aliento. "Dejo a mi mujer, a mis tres hijos, a mi nieta y a mi madre con 80 años", comentó con semblante serio ya esperando a que los agentes hicieran acto de presencia para detenerle.

Una pareja de agentes vestidos de paisano han sido los encargados de comunicarle la detención pasadas las 9.15 horas de este martes cuando se encontraba desayunando. Bódalo, según han informado a Europa Press desde el SAT, ha pedido a los agentes que le dieran una hora para despedirse de su familia y de sus hermanos que estaban al llegar antes de que se hiciera efectiva el arresto y su trasladado a la Comisaría para el posterior ingreso en prisión.

La familia se ha acercado hasta la sede del sindicato para poder despedirse tras una noche en la que varias decenas de personas han acampado al aire libre junto al propio sindicalista después de que desde primera hora del martes hubieran iniciado un campamento indefinido junto a la sede del SAT.

Lo hacían tras descartar concentrarse frente a la Subdelegación del Gobierno como inicialmente estaba previsto, puesto que no obtuvieron la autorización correspondiente al no haberla solicitado con el tiempo previsto de antelación que marca la ley.

La condena

La Sección Segunda de la Audiencia de Jaén condenó en octubre del pasado año a Andrés Bódalo a tres años y medio de prisión y 1.800 euros de multa tras considerarlo culpable de un delito de atentado y una falta de lesiones. En el banquillo se sentaron él y otros 17 jornaleros acusados de agredir al entonces teniente de alcalde, el socialista Juan Ibarra. Sólo Bódalo y otros tres jornaleros más fueron condenados por estos hechos. La pena más alta fue para Bódalo por reincidencia, mientras que otros tres condenados se saldaron con un año de cárcel y multas de 1.000 euros.

Tras la sentencia condenatoria, anunció el recurso de apelación al Tribunal Supremo. Sin embargo, un error de la procuradora que presentó el recurso en tiempo y forma llevó al Supremo a devolver el expediente a la Audiencia de Jaén para que ejecutara la sentencia. Aunque la defensa de Bódalo ha interpuesto un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por supuesta vulneración de los derechos fundamentales, esto no conseguido parar la ejecución de la sentencia.

Indulto y adhesiones

La Sección Segunda de la Audiencia de Jaén fijó para el 29 de marzo como fecha tope para su ingreso voluntario en prisión. Bódalo ha declinado esta posibilidad y ha optado por esperar a que lo detengan. Paralelamente, la familia de Andrés Bódalo ya ha cursado la petición de indulto que ha avalado con más de 5.000 firmas, mientras que se siguen recogiendo adhesiones. Las últimas han sido la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y los líderes nacionales de Podemos e Izquierda Unida, Pablo Iglesias y Alberto Garzón, respectivamente.

También la refrendaron los alcaldes de Cádiz y Zaragoza, José María González y Pedro Santisteve, respectivamente; la periodista Olga Rodríguez y el actor Alberto San Juan. Entre las adhesiones se encuentra también la de la coalición EH Bildu, a las que se suman, según ha precisado este miércoles el SAT, las del secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, el actor Juan Diego Botto y el director de cine Benito Zambrano.

Sobre Bódalo, que fue cabeza de lista de Podemos por Jaén en las últimas elecciones generales, pesa una orden de ingreso en prisión para este martes día 29 de marzo por una condena a tres años y medio por un delito de atentado contra la autoridad durante una protesta en 2012. La agresión, producida durante un tumulto y que Bódalo niega insistentemente haber cometido, causó al agredido, Juan Ibarra, "dolor costal" y "un hematoma", lo cual tardó "cuatro días" en curar. El agredido era una autoridad pública, concretamente teniente de alcalde de Jódar por el PSOE. A ello se suma una condena anterior a Bódalo por altercados durante un piquete en la huelga general de 2002.

Bódalo afirma que su encarcelamiento es "una represalia" que sufre por sus tareas como sindicalista y como concejal del Ayuntamiento de Jaén por la agrupación de electores Jaén en Común, que recibió el apoyo de Podemos. Aún conserva cierta esperanza de evitar la prisión mediante el recurso de amparo presentado al Tribunal Constitucional y la petición de indulto solicitada por su familia ante la Subdelegación del Gobierno, para que dé traslado a la Audiencia Provincial. En caso de que estas iniciativas no prosperen, Bódalo entrará en la prisión de Jaén II, a las afueras de la ciudad. El sindicalista intentó presentar un recurso ante el Tribunal Supremo, pero llegó fuera de plazo por un error de la procuradora, según explica.

Bódalo, de 42 años en la actualidad, vive en Jaén en una vivienda con su "compañera", tres hijos de 22, 19 y 12 años y una nieta de siete. Su hija mayor es madre soltera. La entrada en la cárcel de Bódalo, según explica, dejará como únicos recursos económicos a su familia 745 euros de ingresos mensuales de su compañera. Bódalo afirma que sus ingresos hasta la fecha han sido de 1.150 euros al mes, ya que el resto lo tiene "embargado" por las multas impuestas como resultado de su actividad con el SAT, un sindicato combativo en la defensa de los derechos de los trabajadores del campo y en el que ha sido compañero de movilizaciones de Diego Cañamero y Juan Manuel Sánchez Gordillo. "Si entro en prisión, será una tragedia familiar", afirma Bódalo, que considera su condena "una injusticia increíble".

La Subdelegación del Gobierno en Jaén ha prohibido la concentración convocada por el SAT para el martes en solidaridad con Bódalo por no haberse solicitado con diez días de antelación. El pasado 19 de marzo una manifestación en su apoyo reunió en Jaén a unas 2.000 personas –según los organizadores–, entre ellos miembros de Podemos, IU, Equo, el SAT, Ustea, CGT y la PAH.

Bódalo cuenta con el apoyo expreso de Teresa Rodríguez, líder de Podemos en Andalucía, y Pablo Iglesias, secretario general del partido. "Es una vergüenza que al tiempo que miles de corruptos se van de rositas, Andrés Bódalo pueda ir a la cárcel. Solidaridad con los que luchan", escribió Iglesias en Twitter el pasado 7 de marzo. El Consejo Ciudadano de Jaén, en cambio, se desvinculó públicamente de Bódalo el pasado mes de febrero.

Encierro pidiendo jornales

Los hechos arrancan con un encierro que duró 21 días de trabajadores y familiares de éstos en la Casa de la Cultura de Jódar solicitando al Ayuntamiento empleo para los jornaleros del municipio, muchos de ellos en situación precaria, más aún en un año (2012) con escasos días de trabajo en la vendimia. También solicitaban al Gobierno el fin del requisito de un mínimo de peonadas anuales para que los jornaleros pudieran cobrar el subsidio agrario de algo más de 400 euros al mes para paliar la escasez de los años con poco trabajo en el campo.

Eran días de pancartas y gritos del SAT contra el PSOE. El Ayuntamiento les abrió un expediente sancionador por incumplir una ordenanza municipal sobre uso de megafonía. "Fue una vulneración de la libertad de expresión. Nos querían poner multas de entre 1.500 y 3.000 euros", cuenta Bódalo. El 27 de septiembre de 2012 Bódalo y otros sindicalistas fueron citados por el Ayuntamiento para comparecer ante el instructor de los expedientes sancionadores. En la puerta se les informó de que no podían pasar todos juntos, sino de uno en uno. La sentencia dice que se produjo "una discursión entre los comparecientes y la policía local sobre dicho extremo".

Una sentada de 70 personas

La discusión derivó en una sentada de 70 personas, que obligó a un corte de tráfico y que "se estaba desarrollando por cauces pacíficos", señala la sentencia, que sostiene que los actos violentos se produjeron cuando Juan Ibarra, teniente de alcalde, regresaba de "tomar un café" y quiso entrar de nuevo en el edificio consistorial. Entonces, afirma el fallo, Bódalo y otro hombre lo golpearon "con los puños". Además, Ibarra recibió "patadas" de dos mujeres (no de Bódalo).

"La Policía Local al ver los anteriores hechos formó rápidamente un cordón de seguridad para proteger al concejal, logrando introducirlo en el Consistorio e impidiendo a los allí reunidos entrar en dichas dependencias, si bien finalmente se calmaron los ánimos y desistieron de su actitud, volviendo al encierro en la Casa de la Cultura, donde fueron finalmente desalojados el 5 de octubre", señala la sentencia, que añade que dos policías locales y dos manifestantes resultaron "lesionados [...] con diversas contusiones".

Cuatro condenados de 18

Bódalo fue condenado a tres años y medio de prisión, además de a nueve meses de multa pagando 6 euros al día por atentado, así como a un mes de multa a razón de 6 euros el día por una falta de lesiones. La Fiscalía pedía para él seis años y medio de prisión. Hubo otros tres condenados (el otro hombre que golpeó a Ibarra con los puños y las dos mujeres que le dieron patadas, según la sentencia). Sus penas son menores y no tendrán que entrar en prisión. Otros 14 acusados fueron absueltos.

El concejal de Jaén en Común afirma que la sentencia supone en la práctica que la Audiencia ha creído la palabra de Ibarra y de la Policía Local, y no la de los manifestantes. "No hay ni una sola prueba. No puede haberla", afirma Bódalo, que sí señala que cuando Ibarra intentó entrar de nuevo en el Ayuntamiento tras tomar su café hubo "empujones", pero no agresiones, y que él siempre intentó "calmar las cosas" y nunca agitar los ánimos. El SAT ha colgado en Youtube varios vídeos de la protesta ante el edificio del Ayuntamiento aquel 27 de septiembre.

El portavoz nacional del SAT, Diego Cañamero, fue detenido este viernes por la Policía Nacional minutos antes de comenzar una reunión para organizar las tareas previas del II Congreso del sindicato, que se celebrará el 4 y 5 de octubre, según informó Europa Press.

Según el SAT, un dispositivo de ocho agentes de uniforme procedió a su detención cuando se encontraba desayunando al lado de la sede nacional del sindicato, en la sevillana Avenida de Blas Infante.

Cañamero ya comunicó en su día que no se iba a ocultar y que seguiría realizando su trabajo diario como portavoz del sindicato. El SAT cree que Cañamero será trasladado a Osuna, donde será puesto ante el juez.

El propio sindicato ya anunció hace unos días que Cañamero iba a ser detenido en breve y llevado a declarar por la ocupación de la finca de Las TurquillasLas Turquillas.

La finca de Las Turquillas fue ocupada en varias ocasiones por miembros del SAT, tanto en 2012, 2013 y 2014. Un total de 53 militantes ya fueron denunciados, junto al parlamentario de IULV-CA Juan Manuel Sánchez Gordillo, por la ocupación en 2012 durante 18 días.

Por esta acción, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) condenó a siete meses de prisión al parlamentario andaluz de IU; al secretario general del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), Diego Cañamero, y otras dos personas más.

El SAT denunció que la finca, dependiente del Ministerio de Defensa, tiene 1.200 hectáreas, "la inmensa mayoría en baldío, dado que el Ejército sólo utiliza 20 hectáreas para la Yeguada".

El objetivo era entonces ocupar estas tierras de forma permanente para reivindicar que pasen a manos de trabajadores y cultivarlas, siguiendo el ejemplo de Somonte, finca perteneciente a la Junta de Andalucía en Palma del Río (Córdoba) que lleva ocupada por jornaleros liderados por el SAT desde hace más de un año.

Por su parte, el Gobierno central detalló entonces que la finca cuenta con una superficie aproximada de 1.124 hectáreas, de las que 730 hectáreas están dedicadas a explotación agrícola de secano, 65 a praderas para la cría de ganado en libertad, 179 de lagunas –de las que 80 están cedidas al Ayuntamiento de Osuna por convenio–, 180 de monte y terreno improductivo y 52 dedicadas a edificios de mando, cuadras, almacenes, caminos y cañadas.

Ocupación de 'La Isla'

De igual manera, el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) ocupó este pasado mes de julio de forma pacífica la finca militar La Isla de Écija (Sevilla), propiedad del Estado, como forma de protesta contra su posible venta y para pedir que pase al patrimonio agrario andaluz.

En declaraciones a Europa Press, el portavoz nacional del SAT, Diego Cañamero, explicó entonces que la ocupación de la finca estaba prevista como acto "simbólico" para "dar un toque de atención" y evitar que la finca se venda.

La eurodiputada gaditana de Podemos y aspirante a la Secretaría General del partido en Andalucía, Teresa Rodríguez, ha invitado a la CUT, organización liderada por el alcalde de Marinaleda (Sevilla), Juan Manuel Sánchez Gordillo, y al entorno del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) a participar en la conformación del Consejo Andaluz de Podemos en esta comunidad.

En una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, Rodríguez explicó que ya hay militantes de la CUT que participan en Podemos en sus pueblos. "Queremos integrarlos en esa nueva dirección", señaló la eurodiputada, quien ha mostrado su respeto a los "ritmos" de esta organización, así como también a las decisiones que ésta tome al respecto.

Rodríguez explicó que hay una candidatura de "unidad y pluralidad" de cara a la Secretaría General de Podemos en Andalucía que agrupa a distintas sensibilidades y que ella se ha postulado para liderarla, pero ha asegurado que ésta "no será la única". El plazo para la presentación de candidaturas finaliza el próximo día 24.

Se ha mostrado convencida de que al Gobierno del PSOE "ya no le duele Andalucía" porque se ha "acostumbrado" a que la comunidad se encuentre "en el vagón de cola". "Nosotros queremos aportar empujar y aportar para que Andalucía recupere la voluntad de autogobernarse, tanto en términos económicos como políticos", afirmó.

Rodríguez, que ha lamentado que gran parte de las demandas recogidas en el Estatuto de Autonomía se hayan quedado "congeladas", aseguró que Andalucía se encuentra en una situación de "emergencia social" con 1,5 millones de desempleados, un millón de personas en el umbral de la pobreza y un 62 por ciento de jóvenes desempleados.

Ha defendido la necesidad en Andalucía de una regeneración democrática después de gobiernos "ininterrumpidos" del PSOE durante 35 años y ha negado que su formación haya dicho que "no sea ni de izquierdas ni de derechas". En su opinión, quien dice eso, en el mayoría de los casos, es porque es de derechas.

La eurodiputada de Podemos, que ha indicado que el PSOE defiende en la oposición lo que luego "no cumple" en los gobiernos, destacó que su formación ha aprobado que cualquier tipo de alianza o pacto post-electoral será sometido a un referéndum, abierto no solo a los militantes y simpatizantes de Podemos sino a toda la ciudadanía.

Polémica sobre la Semana Santa

Sobre la polémica que se ha generado sobre el apoyo o no de Podemos a la Semana Santa, a raíz de las declaraciones de la secretaria general de Podemos de Sevilla, Begoña Gutiérrez, la eurodiputada ha negado que su formación se haya planteado en ningún momento quitar la Semana Santa.

"Esta supuesta polémica es un Pisuerga en el que todo el mundo se ha puesto a pescar", manifestó Rodríguez, quien ha defendido las costumbres populares y el "máximo respeto" que su formación tiene a la Semana Santa y a la "expresión de religiosidad de la gente". También ha defendido los Carnavales de Cádiz y lamentó que este año se los vaya a perder.

Pablo Iglesias ya es el secretario general de Podemos y aglutinará todo el poder de la organización. Los militantes le han elegido como líder del partido con un abrumador 88,6% de los votos, y sus listas también han sido las más votadas para los otros dos órganos que se sometían a la decisión de los afiliados: el Consejo Ciudadano –el ente ejecutivo más potente del partido entre congresos– y la Comisión de Garantías Democráticas.

Los resultados se han dado a conocer este sábado en un abarrotado teatro Nuevo Apolo de Madrid, donde Luis Alegre, coordinador del Equipo Técnico que se ha encargado de organizar la llamada Asamblea Ciudadana Sí Se Puede –el congreso fundacional del partido, que acaba hoy–, ha presentado los resultados en un ambiente festivo que ha contado con la presencia, entre otros, de Diego Cañamero, portavoz del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), Joan Herrera, líder de ICV, Ada Colau, portavoz de Guanyem Barcelona, y José Antonio Pérez Tapias, que aspiró hace unos meses a la secretaría general del PSOE y que ha asegurado a los medios que “saluda” lo que está significando Podemos “en el panorama político español y también en la izquierda”.

En la votación para la elección de los líderes han participado 107.488 de los más de 250.000 afiliados con los que cuenta la formación. Y, aunque las listas para el Consejo Ciudadano y la Comisión de Garantías eran abiertas y se presentaron hasta 72 candidatos para ocupar la Secretaría General, no ha habido sorpresas. Las candidaturas de Iglesias han arrasado en los tres ámbitos y su poder interno será inmenso, especialmente tras haber retirado su candidatura para ocupar algunos asientos del máximo órgano entre congresos el sector crítico que más apoyos ha suscitado: el liderado por los eurodiputados Pablo Echenique y Teresa Rodríguez, cuya corriente –que en su día propuso un modelo de estructuras de carácter más asambleario que las planteadas por Iglesias– quedan fuera de los órganos decisorios de Podemos.

Así, el que hasta ahora era el líder del partido seguirá ocupando este puesto, pero ahora contará con la legitimidad que le da haber recibido más de 95.300 votos de los 107.000 emitidos y, además, tendrá el apoyo de un Consejo Ciudadano totalmente favorable en el que se sentará el resto del grupo promotor –Íñigo Errejón, Luis Alegre, Carolina Bescansa y Juan Carlos Monedero–, así como algunos de los colaboradores más cercanos de Iglesias, como la también eurodiputada Tania González y el ex fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo. De entre los 62 nombres recién elegidos para este órgano deberán salir los entre 10 y 15 componentes del llamado Consejo de Coordinación, la ejecutiva del partido que se encargará de diseñar en los próximos días Iglesias y que tendrá que ser sometida a la aprobación del Consejo Ciudadano, que esta tarde tendrá su reunión constitutiva.

Tsipras reivindica el 15-M

Tras la lectura de los resultados por parte de Alegre y de que los nuevos integrantes del Consejo Ciudadano subieran al escenario, ha llegado el turno de las intervenciones de Iglesias, Alexis Tsipras, líder del partido griego Syriza, y Marisa Matias, eurodiputada del Bloco de Esquerda portugués. La primera en intervenir fue precisamente Matias, que en castellano ha pedido "mantener alta la bandera de la dignidad" y ha reivindicado el trabajo del grupo de la Izquierda en el Parlamento Europeo. "Estamos hartos. No somos colonias de las grandes corporaciones, ni de una señora que se llama Merkel", ha denunciado la parlamentaria, que ha pedido que "si nos quitan la vida, quitémosles el poder" entre los aplausos del público.

Muy jaleada ha sido igualmente la intervención de Tsipras, que a través de una traductora ha querido hacer hincapié en la "lucha" de los "pueblos del sur" de Europa. "Ya está claro que juntos podemos", ha proclamado el líder de Syriza en un guiño a la formación de Iglesias. "Y vamos a volver a poner en primer plano a los pueblos de Europa y la justicia social; antes las personas que las ganancias de las multinacionales", ha dicho Tsipras, que ha reivindicado la importancia del 15-M para el ascenso de las fuerzas de izquierdas en el continente.

"Todo empezó aquí. Vosotros preguntábais en la Puerta del Sol '¿qué hora es? es la hora de que se vayan'. Pues es la hora de que se vayan Rajoy y [el presidente de Grecia, Antonis] Samarás. Es la hora de que venga el pueblo de mi país, y del vuestro, y de los pueblos del sur, con la esperanza de derrocar a los gobiernos de la corrupción", ha proclamado entre aplausos Tsipras, que ha denunciado a los que "nos acusan de tener una vida fácil, de ser vagos y de vivir por encima de nuestras posibilidades".

"¿Vamos a seguir atados a la austeridad, o vamos a reivindicar como Podemos un discurso de justicia?", se ha preguntado el líder de Syriza, que ha pedido "huir de dogmatismos" ya que, a su juicio "la rendición de mucha gente es el arma de la dominación actual". Y, entre las muchas referencias a Alemania en el discurso de Tsipras ha reverberado en todo el auditorio una, referente a la condonación parcial de la deuda alemana tras la Segunda Guerra Mundial: "Alemania no tiene derecho a negar a Europa lo que Europa, de manera tan generosa, le ofreció", ha remachado Tsipras.

El objetivo es la Moncloa

Pero el discurso más esperado era el de Iglesias, que nada más subir al escenario coreó junto al público "el pueblo unido jamás será vencido". La intervención, que ha durado una media hora, ha comenzado con el agradecimiento del nuevo secretario general a todas las delegaciones internacionales de partidos de izquierda que han asistido al acto, entre los que se encontraban formaciones bolivianas, uruguayas, colombianas, nicaragüenses, francesas o suecas. También han sido invitados los embajadores argentino, boliviano y palestino –quien ha recibido una cálida ovación del público–, así como un representante del Frente Polisario y de diversos colectivos, como la marea blanca, Cáritas o el Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha).

"Las verdaderas dificultades empiezan ahora, y cuando ganemos las elecciones en noviembre de 2015", ha comenzado su discurso Iglesias, que ha afirmado que "Podemos es el resultado del fracaso del régimen, de sus oligarcas y de sus partidos". "Pero el miedo lo tienen otros, como JP Morgan. No solo el miedo está cambiando de bando, la sonrisa también, así que cuando nos insulten, mientan y difamen, sonreid, porque vamos a ganar", ha asegurado el secretario general entre el fervor del auditorio.

La intervención ha girado en torno al proyecto político que plantea Podemos, y una buena parte se ha dedicado a la economía, donde para Iglesias "la cuestión no es reducir el gasto, sino aumentar los ingresos". "La corrupción no tiene que ver con manzanas podridas, tiene que ver con pagar impuestos y democratizar la economía", ha asegurado el líder del partido, que ha puesto como ejemplo en ese sentido a Dinamarca, el país con menor nivel de corrupción de Europa. "Corrupción es un régimen que permite que 20 personas tengan la misma riqueza que 14 millones", ha remachado.

Iglesias ha definido a Podemos como "una escoba para barrer la sociedad", y ha querido enfrentarse a los que, a su juicio, enarbolan contra el partido el discurso del "miedo". "Todos estamos juntos en esto. Los únicos que tienen que tener miedo son los que no pagan impuestos",  ha asegurado, para también referirse a la necesidad de "una fuerte intervención pública" en la economía a nivel español y europeo para elaborar "un plan integral que nos saque de la dependencia del ladrillo y el turismo".

Críticas a Juncker, el PP, CiU y también a ERC

Para eso, y para los créditos públicos que también ha propuesto, "hace falta dinero", ha admitido el nuevo secretario general. "Por eso hay que hacer una reforma fiscal para aumentar los ingresos, y para que paguen más los que más tienen" cuyo objetivo, según ha anunciado, es reducir la dependencia de los mercados internacionales. Iglesias, en este sentido, ha anunciado que, junto a Tsipras, está preparando una conferencia internacional sobre la deuda, y ha tenido palabras también para Jean Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, en el centro de la polémica por los contratos que, mientras él era primer ministro, Luxemburgo firmó con grandes empresas para que tributasen incluso por debajo del 1%.

"Yo digo que Juncker es un ladrón, y que la crisis tiene nombres y apellidos", ha señalado tajantemente el nuevo secretario general de Podemos, que ha señalado que el partido es "europeísta", pero no partidario de una Europa "que algunos han convertido en una pesadilla oligárquica". "Junto a todos los pueblos europeos queremos recuperar una Europa para los ciudadanos, que recupere los valores de los que todos somos hijos: libertad, igualdad y fraternidad", ha dicho Iglesias.

¿Y sobre la cuestión territorial en España? El líder de Podemos se ha mostrado partidario del derecho a decidir y ha criticado que el PP hable de "legalidad" cuando ellos, ha añadido irónicamente, "la cumplen mucho", pero también ha tenido palabras para los partidos que sustentan el gobierno catalán. "PP y CiU son partidos de la casta que se retroalimentan", ha asegurado Iglesias, que no se ha quedado ahí, sino que ha hecho también una referencia directa a ERC –que sostiene el gobierno conservador de Artur Mas– al criticar los "brindis al sol" de la "esquerroconvergencia".

El Comité Nacional del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) se trasladó este martes a la prisión de Albolote, en Granada, para anunciar que sus 40 miembros se declaran en huelga de hambre y que permanecerán acampados allí hasta lograr la libertad de los dos condenados a tres años de cárcel por su actuación durante un piquete del 15M en la huelga general del 29 de marzo de 2012.

Así lo ha señalado en declaraciones a los periodistas el líder nacional del SAT, Diego Cañamero, quien ha criticado una condena por "luchar por la Justicia". "Si les cae a ellos tres años y un día de cárcel no habrá cárcel ni horas de cárcel para todos los mangantes que están haciendo sufrir a la población", subrayó.

Cañamero ha considerado que Carlos C.N. y Carmen B.C. son "presos políticos", algo que, en su opinión, "no se puede permitir en democracia". Por ello, los 40 miembros del Comité Nacional del SAT irán llegando paulatinamente a las puertas de la prisión de Albolote para unirse a una protesta que incluirá acampadas en el centro penitenciario y que no tiene horizonte temporal, pero que comenzará la misma noche de este martes, según informa Europa Press.

“En cuanto alguien comprende que obedecer leyes injustas es contrario a su dignidad de hombre, ninguna tiranía puede dominarle”. Esta famosa cita de Mahatma Gandhi ilustró su lucha pacífica por la igualdad y la justicia, y, durante las últimas décadas, ha acompañado a multitud de colectivos que han protestado hartos de la opresión. También acompañó a los cinco jóvenes periodistas que hace cuatro meses, cuando las Marchas del 22-M comenzaron su camino, decidieron filmar el recorrido para convertirse en testigos de cuál era el auténtico movimiento por la dignidad. Diles que se vayan es el resultado de aquellas intensas semanas.

Miguel Ángel Valero y otros cuatro amigos de Elche, periodistas en paro o con trabajos precarios, vieron en el 22-M un movimiento diferente. “En cuanto empezamos a ver la evolución de las columnas y la reacción que algunos, como el alcalde de Caudete (Albacete), tenían con las marchas, supimos que esta no era una manifestación al uso”, señaló Valero durante la proyección del documental en el Ateneo de Madrid. Estos cinco jóvenes se pusieron manos a la obra con muy poco presupuesto y escasos medios pero con muchas ganas. “Queríamos apoyar a esta gente y resaltar lo que los grandes medios de comunicación no estaban resaltando”, añade.

El documental refleja la peregrinación de los manifestantes que formaron parte de la Columna este (que partió desde la Comunidad Valenciana y Murcia), hasta su confluencia con la Columna de Andalucía, y la llegada a Madrid el día 22 de marzo, donde decenas de miles de personas protestaron contra los recortes en los servicios públicos, contra el pago de la deuda y la precarización del sistema.

Una masiva manifestación pacífica que se vio perjudicada por los violentos incidentes que ocurrieron en torno a las ocho y media de la tarde, una hora antes de que finalizara el acto, cuando el conflicto entre un grupo de antisistemas y miembros de la policía antidisturbios terminó con 101 heridos, en su mayoría policías. Los periodistas y los propios organizadores de las marchas critican que estos hechos aislados fueran utilizados por el Gobierno y por un sector de la prensa para ocultar el esfuerzo de meses y la lucha de casi un millón de personas, que actuaron de forma pacífica y solidaria.

Durante sus sesenta minutos de duración, Diles que se vayan pone cara a decenas ciudadanos y activistas que, de forma desinteresada, trabajaron durante meses para que esta manifestación fuera una realidad. Buscar dinero para los autobuses, crear las rutas, buscar alojamiento gratuito… “Un trabajo eclipsado por la hora de caos que no tuvo nada que ver con la gente que se dejó los pies”, señaló uno de los organizadores de la Columna este.

Los creadores del documental también entrevistaron a Jacinto Morales, secretario de la Federación de UIP del Sindicato Unificado de Policía (SUP), que admite "profundos errores de comunicación y planificación" por parte de la Policía y afirma que los que produjeron los altercados fueron "un grupo conflictivo" anteriormente identificado en otras protestas sociales.

Financiado por crowdfunding

El documental se realizó gracias a la campaña de crowdfunding que iniciaron sus creadores a través de Verkami. Buscaban obtener 900 euros y lograron trescientos más. Valero agradeció a sus mecenas la inversión y planteó que, quizás, esta forma de financiación ayude a una “nueva forma de periodismo”. “Lo que hemos hecho es demostrar que se puede hacer periodismo independiente y no el que te dicen que tienes que hacer”, apuntó Valero.

Además, los autores comentaron que este es el primero de una serie de proyectos documentales que quieren llevar a cabo. “Una nueva forma de periodismo por y para la gente”, señalaron.

El documental pone también un poco de luz sobre los últimos coletazos de las marchas, las detenciones de Ismael y Miguel tras los disturbios (que el pasado 13 de junio quedaron en libertad provisional tras meses de prisión) o conflictos como el que ocurrió en Caudete, cuyo alcalde, tras la discusión que se produjo en una protesta simbólica frente al ayuntamiento del pueblo, se niega a devolver el dinero que los caminantes dejaron como fianza para poder dormir en un lugar público.

A pesar de los contratiempos, los organizadores y participantes se muestran más que contentos con su participación en las marchas y agradecen en el documental los numerosos gestos de solidaridad que recibieron en la mayor parte de los pueblos por donde pasaron. Los ciudadanos les ofrecían abundante comida y les entregaban bolsas con bebidas y frutas, Protección Civil dedicó horas a curar las heridas de los participantes…

Cañamero llama a la “unidad del pueblo”

Tras la proyección del documental Diego Cañamero, secretario general del Sindicato Andaluz de Trabajadores, hizo una breve intervención llamando a las conciencias de la “gente con sentido común”. Cañamero pidió “democracia para el pueblo y economía para el ser humano” y declaró que el 22-M había sido una continuación del espíritu del 15-M, reflejo de un pueblo “harto de ver cómo se pudre el sistema”. “El 22-M no fue el fin de nada, fue el principio de algo nuevo que está surgiendo en todo le territorio: la unidad del pueblo. No habrá cambio posible si el pueblo no se une”, denunció el sindicalista.

Cañamero también apeló a la participación ciudadana en las próximas protestas que han convocado desde la organización del 22-M: una acción para rodear los Parlamentos de todas las Comunidades Autónomas el próximo 21 de junio.