Más de 160 españoles, a los que se suman 95 empresas y organizaciones, han sido víctimas del espionaje encargado por Emiratos Árabes Unidos en busca de extremistas islámicos. En el listado en manos de los servicios de inteligencia emiratíes hay políticos y feministas del ámbito musulmán, representantes de organizaciones islámicas y activistas contra la islamofobia. Todos ellos niegan su relación con los Hermanos Musulmanes, que son vinculados por Emiratos con el radicalismo islámico.

La agencia de detectives suiza Alp Services era conocida hasta ahora en España por una de sus clientes, Corinna Larsen. La que fuera amante del rey emérito contrató los servicios de Mario Brero, el fundador de la firma, para que investigara a 14 empresarios amigos, y quizá testaferros, de Juan Carlos I. Una información que la comisionista alemana pretendía utilizar en la demanda por espionaje y acoso que presentó contra el ex jefe del Estado ante el Alto Tribunal de Justicia británico y que aún sigue pendiente de resolución. Según publicó en su día El País, también le pagó para mejorar su imagen pública, publicando noticias favorables, y para arruinar la reputación del fiscal suizo Yves Bertossa, que la investigó por blanqueo de capitales, en concreto de los 65 millones de euros que le donó el emérito tras recibirlos éste de Arabia Saudí en 2008. Brero es un detective muy conocido en Suiza, a quien contratan millonarios y poderosos de todo el mundo, además de una controvertida fuente de numerosos periodistas y un habitual en los escándalos policiales del país helvético.

Alp, la agencia de Brero, también ha mantenido una relación contractual larga en el tiempo, provechosa en lo económico y turbia por sus objetivos, con el Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos. Según documentos confidenciales obtenidos por Mediapart y compartidos con infoLibre y la red de medios European Investigative Collaborations (EIC), junto con Heidi News (Suiza), RSI Television (Suiza), Domani (Italia) y Daraj Media (Líbano), el cliente formal que contrataba con Alp Services era Ariaf Studies & Research LLC, una empresa fundada en 2014, pero en realidad quien negociaba y recibía los resultados de las investigaciones de los detectives suizos es un agente de los servicios de inteligencia de los Emiratos de nombre Matar, cuyo superior es Alí Saeed Al Neyadi, a su vez a las órdenes del jeque Tahnoun Bin Zayed, consejero de seguridad nacional y hermano del presidente, Mohamed Bin Zayed Al Nahyan.

Casi una decena de proyectos ocuparon a los detectives de Alp por cuenta de los servicios de inteligencia emiratíes. Sus tarifas mensuales eran de 50.000 euros por cada nueva investigación, 100.000 euros si se trataba de una campaña de comunicación y otros 50.000 euros en caso de que quisieran una campaña “discreta de lobby e influencia”. Sólo para uno de los proyectos, bautizado como Narciso, los suizos elaboraron 58 casos prácticos. Según los documentos a los que ha tenido acceso EIC, Alp Services se embolsó al menos 5,7 millones de euros entre 2017 y 2020.

La investigación Abu Dhabi Secrets revela cómo Alp Services fue contratada por el Gobierno de los Emiratos para espiar a ciudadanos de 18 países europeos y de otros continentes. La agencia suiza envió a los servicios de inteligencia emiratíes los nombres de más de mil personas y 400 empresas y organizaciones, alegando que son miembros, simpatizantes o están relacionados con la Hermandad Musulmana en Europa.

De esas numerosas operaciones que Alp llevó a cabo para el agente Matar desde su primer contacto en agosto de 2017, varios tienen como objetivo España, ya sea para investigar la penetración de los Hermanos Musulmanes o la presencia de Islamic Relief, una organización internacional de ayuda humanitaria a la que los Emiratos acusan de estar vinculada con la Hermandad y de financiar el terrorismo. Con ese fin, Brero subcontrató a una agencia de Barcelona, Castor & Pollux, creada por Julián Peribáñez tras el abrupto cierre de Método 3, que saltó a las páginas de los periódicos por haber grabado en 2010 la conversación entre la entonces presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, y la expareja de Jordi Pujol Ferrusola, Victoria Álvarez, en el restaurante La Camarga de Barcelona. De hecho, Peribáñez fue detenido y acusado de espionaje ilegal por esa operación.

Julián Peribáñez ha declinado contestar a las preguntas que le ha enviado infoLibre sobre su relación con Alp Services.

Apoyándose en los trabajos aportados por Castor & Pollux, Alp Services elaboró un buen número de mapas de relaciones que, según ha podido contar infoLibre y sólo en lo que respecta a la Hermandad Musulmana, incluyen al menos a 162 personas en España, así como 95 empresas y organizaciones. En esos gráficos aparecen los detenidos y condenados en las dos principales operaciones contra el yihadismo abiertas en España –Dátil en 2004 y Warmor en 2019– junto a personas que, sin embargo, poco o nada tienen que ver con los Hermanos Musulmanes y menos aún con el terrorismo islamista. Sus nombres, acompañados en ocasiones de números de teléfono, DNI, NIF o domicilio, terminaron en manos de los servicios de inteligencia de los Emiratos Árabes Unidos. Muchos de los señalados son representantes de las múltiples organizaciones musulmanas en España, otros son políticos musulmanes –concejales, parlamentarios autonómicos–, también hay activistas y feministas musulmanas, organizadores y conferenciantes de eventos contra la islamofobia, personas que en algún momento fueron entrevistadas en los medios de comunicación por cualquier motivo o que, sencillamente, figuran entre los amigos de Facebook de otros musulmanes. Por ejemplo, muchos de los que seguían a Riay Tatary, fundador y secretario general de la Unión de Comunidades Islámicas de España (Ucide) e imán de la mezquita de Tetuán en Madrid, fallecido de coronavirus en abril de 2020. Histórico dirigente de los musulmanes españoles durante tres décadas, Tatary figura en el centro de todos los mapas de la Hermandad Musulmana confeccionados por Alp.

El criterio que los detectives emplearon para señalar a los supuestos simpatizantes españoles de los Hermanos Musulmanes fue, por tanto, muy vago y sus métodos, poco profesionales. La información suministrada bebía, en su inmensa mayor parte, de fuentes públicas –medios de comunicación, Facebook, Twitter–; poco o casi nada era alto secreto. Bastaba con haber apoyado públicamente al expresidente egipcio Mohamed Morsi o haber posteado en las redes sociales el signo de la rabía, también llamado rabaa o r4bia –cuatro dedos estirados con el pulgar contra la palma–, que nació con la primavera árabe, para ser incluido en la cartografía de la Hermandad en Europa.

Además, algunos de esos nombres que figuran también en los informes enviados por Castor & Pollux a Suiza y en los remitidos después por Alp a su cliente emiratí contienen datos erróneos respecto a la filiación política, por ejemplo. Los 162 objetivos citados más arriba excluyen a los implicados en las operaciones antiterroristas –detenidos, sentenciados y, en algunos casos, absueltos– y a tres individuos fallecidos.

La mayor parte de las personas que aparecen en los mapas e informes de Alp y han sido contactadas por infoLibre piden que no se haga público su nombre. Temen que se repitan los ataques o el acoso que ya antes habían sufrido en las redes sociales por el mero hecho de llevar velo o debido a su activismo político o social. “Con llevar pañuelo ya parece que eres la más practicante del mundo”, lamenta una de las mujeres incluidas en los gráficos. Pero también hay quien asegura que, aun reconociéndose como musulmán, no es “apenas practicante”. Otros dicen que ni tienen ni han tenido nunca una posición política. Todos niegan tener vínculos con los Hermanos Musulmanes y se muestran sorprendidos primero y enfadados después.

“Siempre me he movido como musulmán español”, contesta Houssein El Ouariachi, activista de derechos humanos y uno de los fundadores del Colectivo No Violencia en España, que respondió con una carcajada a la noticia de que se le relacionaba con los Hermanos Musulmanes: “Es un mal chiste”. “Defiendo que los musulmanes se sientan españoles y se independicen de la tutela de sus países de origen, mi línea de acción es un islam español”, replica. Y como prueba de la arbitrariedad de que ha sido objeto, El Ouariachi cuenta que hace no tanto la Embajada de Emiratos Unidos le ofreció un trabajo de prensa, que él rechazó. Pero tampoco duda de que está “en el radar”, además de por su activismo, porque trabajó muchos años en el canal Córdoba Internacional TV, fundada por un jeque saudí y cerrada en mayo de 2018.

Con parecida estupefacción reacciona Hanan Serroukh, que fue coordinadora del área de convivencia, inmigración y mediación y coordinadora de distrito en el Ayuntamiento de Badalona entre 2020 y 2021. Para el cargo fue nombrada por Xavier Albiol en su segundo mandato como alcalde. Aunque carece de carné, antes se había presentado en las listas del PP para las elecciones de 2017 y 2021 al Parlamento catalán. Es educadora social y experta en inmigración, también asesora de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Además de conversa cristiana. “Es incoherente, grave y hasta insultante”, advierte entre risas, “que mi nombre salga como afín a los Hermanos Musulmanes porque mis principios y trayectoria profesionales están enfocados en detectar las corrientes y elementos que estructuran los Hermanos Musulmanes en Europa”. Serroukh fue la primera mujer que en 1987 denunció un matrimonio forzoso: cuando su padrastro quiso casarla a los 14 años con un marroquí tan fundamentalista como él, se escapó de su casa de Figueres (Girona) y, tras llegar a Barcelona, quedó bajo tutela de la Generalitat. Desde entonces se dedica a denunciar el peligro de la radicalización. Y lamenta la “visión cortoplacista y sesgada que han tenido tanto España como Europa sobre la amenaza de las diferentes versiones del islamismo”.

En los gráficos e informes enviados a los emiratíes también hay españoles de nacimiento como Pedro Rojo Pérez, arabista, codirector del Observatorio de la Islamofobia en los Medios y fundador de la Fundación Al Fanar. “No tengo ninguna relación con los Hermanos Musulmanes más que mi especialidad, que es el mundo árabe”, asegura infoLibre. Por ese motivo se ha entrevistado con muchos de los miembros de la Hermandad y vivió en Egipto en los años 80, cuando la organización aún estaba prohibida. Pedro Rojo cree que su inclusión en los mapas de Alp Services puede deberse a que llevó al Congreso y al Senado a, entre otras personas, un ministro egipcio de los Hermanos Musulmanes –“elegido democráticamente”, precisa–. “Los reunimos con exparlamentarios españoles para que les explicaran cómo fue la Transición española y para que entendieran que se trata de un proceso muy complejo”, explica.

Pedro Rojo protesta contra la “caza” a los Hermanos Musulmanes, que describe como un movimiento muy heterogéneo, defensor de un “islamismo político moderado”, y clama contra el “blanqueo” simultáneo que España y Europa llevan a cabo con saudíes y emiratíes “por el petróleo”, mientras éstos “intentan imponer su hegemonía política, infinitamente más radical”. A su juicio, la distancia entre wahabíes y Hermanos Musulmanes es similar a la que existe entre Vox y el PP, entre la extrema derecha y los conservadores.

Ahmed El Hanafy Mesalem es el presidente de la Unión de Comunidades Islámicas (Ucide) del País Vasco. También fue imán de la mezquita Assalam de Bilbao. No sólo aparece en los mapas de relaciones enviados a Emiratos, sino que incluso se le hizo una investigación completa, una due dilligence que incluye desde sus propiedades y relaciones con la Administración hasta su huella en redes sociales o sus vinculaciones familiares. El Hanafy, que nació en Egipto pero adquirió la nacionalidad española en los años 90, niega pertenecer a los Hermanos Musulmanes.

“En Ucide tenemos prohibido ocupar ningún cargo político”, responde. Sí que apoyó en su día el Gobierno –“democrático”, puntualiza– de Mohamed Morsi. “Por fin”, añade, “un país árabe tenía el gobierno democrático que anhelamos todos”. Como Pedro Rojo, lo contrapone con los regímenes del Golfo: “Son contrarios a nuestra línea”. El Hanafy dice que ha colaborado con la Embajada de Emiratos Árabes Unidos en España, que envió cajas de dátiles para los niños en Ramadán, el mes de ayuno musulmán. Ucide los repartió, explica su responsable, pero no permitió que los emiratíes se fotografiaran con los niños que los recibieron para impedir que hicieran “propaganda”. “Somos españoles y queremos serlo”, resume su postura política El Hanafy antes de despedirse con un “agur”.

En el afán de los detectives por ampliar lo más posible el mapa de influencia de los Hermanos Musulmanes en España, en esos gráficos de relaciones llega a aparecer hasta Marcial Dorado, el narcotraficante gallego con quien se fotografió de vacaciones el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, sólo porque compartió abogado con uno de los condenados de la Operación Dátil que fue detenido después en la Operación Warmor. O el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y su hermano Pablo, porque la empresa Tecnoconcret Proyectos e Ingeniería, de la que era socio este último y que fue beneficiada con un contrato del Canal de Isabel II investigado en el caso Lezo, intercambió acciones entre 2008 y 2011 con Ulesan Limited, una sociedad británica controlada por el narcotraficante Vicente Lamarca, quien a su vez había vendido tres de sus empresas al clan de los Kutayni, detenido en la Operación Warmor.

En definitiva, los detectives suizos hicieron realidad la teoría de que se puede conectar a dos personas de cualquier parte del mundo a través de no más de cinco intermediarios. Incluso menos.

El motivo por el que Joan Josep Nuet i Pujal, director de Relaciones Institucionales de la Generalitat catalana, aparece en uno de los mapas de relaciones trazados por Alp es que preguntó al Gobierno en el Congreso –entonces era diputado de IU– por las acciones que pensaba acometer para conseguir la liberación de Humam Kutayni Assi, entonces encarcelado en Siria por el régimen de Bashar Al Assad, y detenido en 2019 en la mencionada operación contra el yihadismo.

Otro ex dirigente del PP incorporado al mapa de Alp es el exconseller Rafael Blasco, condenado en 2015 a seis años y medio de prisión por el Supremo por el caso Cooperación, uno de los muchos procesos por corrupción que arrasaron a los populares en la Comunidad Valenciana durante los últimos 16 años. El motivo de su inclusión: en 2009 Blasco había concedido una subvención de 131.000 euros al Consejo Islámico Valenciano.

Hasta la Ertzaintza figura con su escudo en uno de los gráficos porque colabora en diferentes programas contra la radicalización con Euskal Bilgune Islamiarra (EBI), una asociación creada para favorecer la convivencia.

Aunque no aparecen en los mapas, sí que se menciona en los informes enviados a Emiratos al exjuez Javier Gómez de Liaño y a su mujer, María Teresa Márquez de Prado, debido a que son los abogados de los Kutayni. De ahí a Luis Bárcenas sólo quedaba un paso y los detectives lo dan, puesto que el matrimonio de abogados también defendió al extesorero del PP. Para los autores de estos documentos, la corrupción asociada a Bárcenas parece aumentar la carga de la prueba contra los supuestos terroristas de origen sirio.

A tenor de los documentos a los que ha tenido acceso infoLibre, Castor & Pollux elaboró al menos siete informes para Alp Services sólo entre enero y agosto de 2018. El 26 de enero se le extendió una factura por dos “investigaciones en España” a razón de 2.000 euros cada una. En febrero los detectives españoles firman un informe sobre el empresario de origen sirio Imad Al Naddaf Yalouk, que no ha respondido a las peticiones de infoLibre de ponerse en contacto con él. El 25 de julio les pagan otros dos informes por un total de 8.500 euros. Ese mismo mes entregan uno más sobre los Hermanos Musulmanes en el País Vasco y en agosto, otro sobre un periodista español por el que se les retribuye con 2.000 euros más.

Pero Castor & Pollux no fue la única fuente de información española de los detectives suizos. Antes, en septiembre de 2017, habían recurrido además a una persona que figura como contacto con los servicios de inteligencia de la Guardia Civil. A su nombre, Alp provisionó el pago de 3.000 euros por tres “estudios”. Pero sus servicios no satisfacían demasiado a los suizos. “No es gran cosa, muy especulativo”, lo describen en una anotación en la lista de contactos de la agencia.

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En una primera versión de esta noticia se citaba por error a la Fundación Ibn Battuta, que no tiene relación con la visita de un ministro egipcio a España.

El ex ministro del Interior y ex secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba; acudió este domingo por la noche al programa deportivo de Onda Cero, El Transistor. En la entrevista no solo habló de fútbol, sino que también hizo declaraciones sobre asuntos políticos. Preguntado por el excomisario Villarejo —de actualidad por la difusión de varias grabaciones que están comprometiendo a personalidades públicas—, Rubalcaba fue contundente: "Yo nunca vi a Villarejo, nunca despaché con él, nunca le encargué nada y nunca encargué a nadie que le encargara nada"; y añade: "Como lo ha grabado todo, si me ha visto seguro que estoy grabado y saldré, pero yo estoy seguro de que no voy a salir […] Tengo la conciencia de que mi voz nunca saldrá hablando con él".

Esta entrevista se produjo tan solo unas horas antes de que el portal Moncloa.com publicase nuevos audios en los que se revela que María Dolores de Cospedal y su marido, Ignacio López del Hierro, le encargaron a Villarejo espiar al hermano de Rubalcaba mientras éste era ministro del Interior y el caso Gürtel estaba en plena eclosión. En las grabaciones, el excomisario asegura, entre otras cosas, que Alejandro Pérez Rubalcaba mantenía una relación sentimental con la directora de la empresa de espionaje catalana Método 3 y frecuentaba algún prostíbulo.

En Onda Cero, Rubalcaba también confesó que, dentro de la estructura del ministerio del Interior, no sabía en qué estrato se encontraba Villarejo y, sobre la aversión que el excomisario ha manifestado hacia él, dijo que no sabía "por qué no me tenía simpatía, pero tampoco tendría que tenerme antipatía porque nunca me trató". También se pronunció sobre la investigación de la Gürtel: "Los culpables de Gürtel están todos en la cárcel. Seguro que hubo gente que quería que no pasara, pero mi obligación era que se juzgara a los supuestos culpables".

El director de la empresa de detectives Método 3, Francisco Marco, ha asegurado este miércoles ante el Parlament que existe una operación Cataluña contra políticos independentistas "al más puro estilo McCartyiano".

"Quien levanta un dedo y dice independencia, ese es investigado", ha insistido ante la comisión de la Cámara catalana sobre la llamada operación Cataluña, comparando el supuesto ataque al independentismo con la caza de brujas de los años 40 y 50 en Estados Unidos hacia los sospechosos de ser comunistas.

Según informa Europa Press, también ha cargado contra la expresidenta del PP catalán Alícia Sánchez Camacho llamándola "mentirosa" e insistiendo en que ella consintió que la grabaran en el restaurante La Camarga de Barcelona en su almuerzo con Victoria Álvarez, examante de Jordi Pujol Ferrusola.

"La grabación de La Camarga era legal y consentida. Yo la he llamado diez veces mentirosa. ¿Me ha puesto una querella?", ha recalcado Marco, sobre el papel de la exlíder popular en aquel almuerzo.

Igualmente, ha asegurado que los abogados de Camacho le presionaron para que llegase a un acuerdo y cerrar el proceso judicial, y ha asegurado que le amenazaron con "aplastarle como una cucaracha" si no firmaba.

Las acusaciones de Marco contra Camacho y el exministro Jorge Fernández, por la operación Catalunya, ha generado un rifirrafe con los diputados del PP Esperanza García y Sergio Santamaría, que ha obligado a intervenir varias veces a la presidenta de la comisión, Alba Vergés (JxSí).

El juez de Instrucción número 47 de Madrid, Adolfo Carretero, ha acordado archivar el caso de los supuestos seguimientos en 2008 al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González durante un viaje a Cartagena de Indias (Colombia).

Así se determina en un auto, al que tuvo acceso Europa Press, en el que el magistrado archiva de forma provisional la causa iniciada en 2009 por el propio González por presuntos delitos de descubrimiento y revelación de secretos con motivo de los seguimientos ilícitos. No obstante, el archivo es recurrible en apelación ante la Audiencia de Madrid y en reforma, ante el propio juez.

El archivo se produce después de que uno de los denunciantes, Idelfonso de Miguel, ha renunciado a formular escrito de acusación en dicho procedimiento. Seguidamente, el juzgado dio traslado a la representación letrada de Ignacio González para que formulase también escrito de acusación, pero su representación, los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid, comunicaron al juzgado que ya no representan al expresidente regional, por existir conflicto de intereses con él.

Ignacio González, en prisión en el marco de la Operación Lezo, no ha designado un nuevo abogado ni procurador con posterioridad, siendo requerido para ello con carácter terminante. El Ministerio Público también había solicitado el archivo de las actuaciones.

Se da la circunstancia de que la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial tenía señalado para el próximo día 30 de mayo la deliberación y fallo del recurso contra el auto de imputación del procedimiento.

No obstante, el magistrado de Instrucción 47 ha podido archivar la causa dado que el recurso de apelación no suspende el procedimiento en primera instancia. El magistrado ha comunicado su decisión a la Audiencia Provincial a los efectos oportunos.

Contra la resolución de sobreseimiento cabe recurso de reforma, sobre el propio órgano judicial, y subsidiario de apelación a la Audiencia Provincial.

En el proceso penal se investigaba a Julio Gutiez, propietario de la Agencia de Detectives Mira, al director de Método 3, Francisco Marco, y al detective privado Mariano Ortiz. En la Comisión de Investigación negaron haber sido contratados para realizar los citados seguimientos, de los que Gutiez aseguró que sí estaba al corriente.

— ¡Estoy que me subo por las paredes!  Perdona, pero es que... Estoy que... Salgo de una reunión con Jordi... Pujol, el hijo.

— ¿Qué me dices?

— Y el hijo de puta...

— Haberlo invitado a comer.

— ¡Me ha hecho una...!

Primera escena de Camargate, obra de teatro dirigida por Jorge-Yamam Serrano. Antonia Sanchís-Cemacha, dirigente del PP de Cataluña, y Bibi Alves, examante del hijo-de, se reúnen en un restaurante. Comen arroz caldoso, jamón y salmorejo. En la mesa hay un gran ramo de flores. Y en él, una grabadora que dará cuenta de las historias de corrupción e intrigas políticas que comenten las dos amigas. 

Si al lector le ha resultado familiar el argumento, es normal. Ha sido bombardeado con él en telediarios y periódicos desde 2013. Porque lo que recoge la pieza que llega esta semana a Madrid (en el Teatro del Barrio del 18 al 20 de diciembre) es aquella conversación entre Alicia Sánchez-Camacho y Vicky Álvarez —aquí bajo pseudónimo— grabada por la agencia de detectives Método 3 en el restaurante La Camarga. La obra, nacida en el Teatre Tantarantana de Barcelona, es una reelaboración de la grabación original de tres horas y media, a la que tuvo acceso el director. Hay elipsis y cambios de orden para dar coherencia y fluidez. Pero todo es real. 

Así lo advierte la ¿falsa? Sánchez-Camacho al principio de la obra, haciendo de villana a lo Kevin Spacey en la serie política House of Cards. Camargate se inicia con una rueda de prensa —real— de la presidenta del PP en Cataluña, construida con vídeos —reales— de los periodistas. En ella, la líder advierte que tomará medidas judiciales contra los medios que publiquen la conversación, cosa que cumplió, por ejemplo, demandando a la publicación El Triangle. Durante la investigación de la escucha ilegal, el juez prohibió que la conversación se hiciera pública. Por eso, el director es prudente y solo distribuye a la prensa el 25% del texto final. 

Él tuvo acceso a la conversación de la misma manera que otros ciudadanos: a través de Internet. Pese a la orden judicial, el audio de la charla corrió por la red, donde cada vez es más fácil encontrarlo. Si Serrano decidió investigar ese día fue porque tuvo una especie de revelación: esa noche soñó que llevaba a escena la conversación de La Camarga, con las dos actrices que han acabado interpretando su versión (Cristina Gàmiz y Anna Sabaté). Y el subconsciente se impuso. Hasta el punto de que el director se metió también a investigar, lo que le llevó a lo que llama "encuentros en la tercera fase y la cuarta dimensión". Contacta con Método 3, y consigue la versión completa de la grabación, de tres horas y media, desde que se conecta el micro en la agencia hasta que alguien lo recoge. "Quién y cómo lo recoge... Todo eso se contó en medios, pero nosotros hemos tenido acceso a ello", dice orgulloso. 

Para no pillarse los dedos, consultó a un abogado, un juez y un político. "Nos dijeron que tomando una serie de medidas, como cambiar los nombres, no tenía por qué pasar nada. Y nos protege el que sea una obra de teatro", explica. Se han modificado los nombres de las protagonistas y se ha eliminado algún otro porque "era innecesario enmierdar" a personas que no están metidas en política o el mundo empresarial, como la secretaria o el psiquiatra de Pujol Ferrusola. 

Camargate coincide con otra obra de teatro documental de gran éxito: Ruz-Bárcenas, creada a partir de la declaración del extesorero del PP, hizo gira y dio lugar a B, película con varias nominaciones a los Goya. "Más que influirnos, corrobora esta tendencia. El viraje del teatro a mirar hacia la política es el mismo que la sociedad ha realizado, pasar de la desafección a decir: '¿Pero qué ha pasado aquí?". Las obras, sin embargo, difieren bastante en el tono. Si aquella destaca por su "sobriedad", en palabras de Serrano: "Es una declaración judicial, es parca. Te ríes y te indignas a la vez, o te ríes porque estás indignado". La suya, sin embargo, es "una comedia pasada de vueltas entre Valle-Inclán y el programa Polònia": ". Todo lo que dicen es tan extremo, tan esperpéntico... Y se agradece, porque si no saldrías a quemar contenedores".

Lo que más le sorprendió de su investigación creativa fue "la cutrez" de todo lo que rodeaba las escuchas ilegales. Empieza por la llamada a la policía que alerta de que se deja la grabación en una papelera de la plaza de Urquinaona. "Tengo fuentes que juran y perjuran que fue la policía se hizo la llamada a sí misma... y por eso le citan a la plaza Urquinaona, porque la comisaría está al lado", dice, entre risas. La llamada, dice "está mal interpretada, parece de la TIA de Mortadelo y Filemón". Y relata cómo los detectives de Método 3 discutieron durante largo tiempo dónde colocar el micro: "Querían ponerlo en una caja de bombones. Y decían: 'Que no, que estas tías tardan tres minutos en comérsela". Al final, compraron un centro de mesa en una floristería cercana y depositaron ahí la grabadora. De cinta y a pilas, por cierto. 

El Parlament ha aprobado este miércoles reprobar a la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, por no haber comparecido para explicar su vinculación con el caso Método 3. La cámara autonómica ha tomado la decisión tras hacer Sánchez Camacho caso omiso de la petición y declinar la posibilidad de acudir al parlamento catalán.

La propuesta de resolución que exige la dimisión de la política conservadora como senadora designada por el Parlament ha partido de ICV-EUiA y ha contado con los votos favorables de todos los partidos en la comisión de Asuntos Institucionales, salvo los del PP, que ha votado en contra, y los del PSC, que ha decidido abstenerse. 

Es la primera vez que una comisión parlamentaria reprueba a un diputado, aunque la Mesa ya reprobó en diciembre de 2011 al entonces diputado de SI Alfons López Tena. Durante la comisión, el diputado de ICV Jaume Bosch ha acusado a Camacho de incumplir su obligación legal como diputada y senadora catalana al no atender el requerimiento de la Cámara catalana, incumpliendo así "las obligaciones del Estatut".

Por su parte, el diputado del PP Santi Rodríguez ha advertido de que es inédito en el parlamentarismo democrático reprobar a una diputada de la oposición: "Debe de haber otros regímenes en que esto es más normal, como el de Cuba y Venezuela, donde se persigue a la oposición, y el de Corea del Norte, donde se la ejecuta".

Daniel Fernández (PSC) ha argumentado la abstención de su grupo porque dudan de que el Parlamento catalán deba reprobar o pedir dimisiones de diputados, y ha recalcado que lo hacen con Camacho y que lo harían con cualquier otro nombre que se planteara.

Desde CiU, el diputado David Bonvehí ha acusado a Camacho de menospreciar el Parlamento catalán, tras sostener que no entiende sus motivos por no querer explicarse, aunque ha asegurado que aún tiene tiempo para hacerlo "si no tiene nada que esconder".

En el mismo sentido se ha pronunciado Gemma Calvet (ERC), que ha apuntado que la reprobacion podria haberse evitado si la presidenta del PP catalán hubiera aprovechado la oportunidad de rendir cuentas. La diputada de C's Carina Mejías ha lamentado "el menosprecio y la desconsideración" de Camacho, aunque ha constatado que también otros dirigentes deberían comparecer para explicar sus vínculos con Método 3.

Finalmente, para el diputado de la CUP Quim Arrufat, la "desobediencia" de la líder conservadora catalana ante la cámara la inhabilita para continuar ejerciendo de representante del Parlament en el Senado.

La Audiencia de Barcelona ha archivado la investigación contra la agencia de detectives Método 3 por grabar la conversación del almuerzo entre la líder del PP, Alicia Sánchez Camacho, y la exnovia del hijo de Jordi Pujol, María Victoria Álvarez, en La Camarga en 2010. El perdón que otorgaron las dos afectadas extingue la acción penal, según informa Europa Press.

En un auto del 9 de diciembre, la Sección Sexta de la Audiencia considera suficiente para archivar el caso que las dos agraviadas presentaran un escrito otorgando el perdón a los autores de la grabación –que están imputados–, pese a que la Fiscalía consideraba que no se podía archivar porque el caso afectaba a los intereses generales.

El tribunal ha señalado que "no alcanza a atender qué afectación de tales intereses generales pudiera producirse por el ataque al derecho a la intimidad de dos personas concretas, aunque una de ellas ocupe cargos públicos, cuando ambas han otorgado expresamente el tantas veces mencionado perdón y han llegado a solicitar el archivo de las actuaciones", argumenta el tribunal.

La Audiencia entiende que "el desistimiento mediante el perdón de todos aquellos a quienes afecta no justifica la continuación del proceso" y que "de lo actuado hasta la fecha no han aparecido indicios que permitan la imputación de un delito distinto del inicialmente denunciado, no consta que existan otras personas agraviadas fuera de las dos denunciantes otorgadoras del perdón".

Las preguntas tuiteras:

La imputación se ha conocido el mismo día que la Policía Nacional ha acudido a la sede del PSC, en la calle Nicaragua de Barcelona, para efectuar un registro. En esa operación, los agentes se han incautado de un ordenador que pertenece también a Bruger y han procedido a buscar documentación que pueda aportar nuevos detalles a la investigación.

El 'caso Método 3' se refiere al espionaje del que presuntamente fue víctima la dirigente del PP catalán Alicia Sánchez-Camacho durante una conversación con María Victoria Álvarez, exnovia de Jordi Pujol Ferrusola, en un restaurante. La vía civil se agotó tras aceptar el juzgado que llevaba la causa el acuerdo entre Sánchez-Camacho y la agencia de detectives.

El caso de Método 3

Uno de los más destacados –y recientes– es el que atañe a varios políticos catalanes. El 11 de febrero de 2013 el diario El Mundo publicó que el encuentro que mantuvo la presidenta del PP de Cataluña, Alicia Sánchez Camacho, el 7 de julio de 2010 en un restaurante de Barcelona, en La Camarga, con la exnovia de Jordi Pujol Ferrusola, que poco antes había denunciado la existencia de cuentas en el extranjero de la familia del expresidente de la Generalitat, fue grabado por encargo del exsecretario de Organización del PSC José Zaragoza.

Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) siempre ha afirmado con respecto a este caso que nunca ha encargado espiar a nadie. La federación nacionalista anunció acciones legales contra El Periódico de Catalunya, tras salir publicado en este diario a mediados de febrero que CDC encargó en 2009 a la agencia de detectives Método 3 una investigación sobre el conseller de Empresa y Empleo, Felip Puig, a instancias del actual conseller de Justicia, Germà Gordó, y del exdirector de los Mossos y del ya exdirector general de Servicios Penitenciarios Xavier Martorell.

En esas mismas fechas, diversos medios afirman que la trama de espionaje político y empresarial destapada en Cataluña hizo informes sobre políticos como José Montilla, Felip Puig, Joana Ortega, Josep Lluis Carod-Rovira o Joaquin Almunia, y sobre empresarios como Gerardo Díaz-Ferran.

Poco tiempo después, detuvieron al director de la agencia de detectives Método 3, Francisco Marco, y a los directivos de la empresa Elisenda Villena, Julián Peribáñez y Àlex Borreguero, siendo acusados de revelación y descubrimiento de secretos. En marzo comenzaron a declarar todos los implicados el caso. El director de la agencia de investigación denunció ante el juzgado de guardia de Barcelona que se les había atribuido la autoría de informes que no habían sido elaborados por ellos.

Espiando a Ignacio González

También hubo un caso similar en la Comunidad de Madrid, destapado en 2009 por El País. Según el rotativo, exmiembros de la Seguridad del Estado espiaron al vicepresidente del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, al vicealcalde de Madrid Manuel Cobo, y al exconsejero de Justicia Alfredo Prada, a instancias del consejero de Interior y Justicia de Madrid, Francisco Granados. Se abrió una investigación por parte de la Fiscalía tras las denuncias presentadas por las personas que habían sido presuntamente objeto del espionaje.

El Paísl País publicó el 19 de enero de 2009 que ex policías y ex guardias civiles hicieron trabajos de inteligencia e información sobre tramas corruptas o escándalos en ayuntamientos socialistas y conservadores para el consejero madrileño Francisco Granados. El "servicio de espionaje" estaba dirigido por el ex inspector de policía Marcos Peña, fichado por Granados en julio de 2008 como asesor para asuntos de seguridad, e integrado por al menos por tres ex guardias civiles. Las investigaciones abarcan desde políticos o tramas de corrupción en ayuntamientos, como Ciempozuelos o Coslada, hasta las "supuestas mafias" que controlan la seguridad en las discotecas madrileñas.

A raíz de esas informaciones, la Asamblea de Madrid constituyó el 6 de febrero una comisión de investigación parlamentaria para analizar los hechos. Sus trabajos comenzaron el 4 de marzo y finalizaron el 11 de marzo, tras comparecer sólo once de las 29 personas que había aprobado la Mesa de la Asamblea. El 16 de marzo la comisión de investigación aprobó el dictamen propuesto por el PP –que exculpó al Gobierno regional de responsabilidad–, frente a los informes del PSOE e IU, que señalaron a Esperanza Aguirre como "máxima" responsable y exigen el cese del consejero Francisco Granados.

El 18 de marzo, el pleno de la Asamblea madrileña ratificó, con los votos a favor del PP y con el PSOE e IU en contra, que la comunidad no espió. El 23 de junio de 2010 el director del Área de Seguridad de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Sergio Gamón, presentó su dimisión. Gamón se vio imputado por un presunto delito de malversación de fondos públicos en el caso de espionaje.

El 15 de julio la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Madrid decidió archivar el caso. El 27 de julio, el todavía vicealcalde Manuel Cobo retiró a su vez el recurso de apelación interpuesto cuatro días antes contra ese auto judicial. El 30 de marzo de 2011, la Audiencia Provincial de Madrid estimó un recurso de apelación del PSM contra el sobreseimiento del caso, cobrando de nuevo notoriedad el caso. El 6 de febrero de 2012 el juzgado de instrucción 5 de Madrid archivó de nuevo el caso y confirmó el sobreseimiento dictado en julio de 2010.

En una comparecencia ante los medios, el portavoz del ejecutivo catalán y consejero de Presidencia, Francesc Homs, ha asegurado que Mas "trazará las líneas de la acción de futuro".

Los primeros meses de gobierno han estado marcados por la crisis económica y el debate sobre el autogobierno. Homs ha descartado que el Govern se plantee rebajar su perfil soberanista a cambio de una mejora del sistema de financiación de las autonomías de régimen común, que se revisa este año para que entre en vigor el próximo.

La consulta independentista podría posponerse si CiU y ERC lo acuerdan

En relación al debate independentista, el portavoz ha remarcado la hoja de ruta que marcó con ERC en diciembre y que incluye convocar una consulta de autodeterminación para 2014, aunque podría posponerse si ambos partidos así lo consideran, ha afirmado.

Duranto estos meses, el Parlament ha aprobado en dos ocasiones la disposición de una consulta de autodeterminación. Además, la semana pasada, el Govern anunció la composición del Consejo Catalán para la Transición Nacional, órgano que asesorará al ejecutivo catalán en los trámites previos al referéndum.

Confían en suavizar el objetivo del déficit

Así lo ha explicado el Govern y, aunque de momento no han presentado proyectos de presupuestos, en las últimas semanas han ejecutado varias reducciones presupuestarias. Por ejemplo y avalados por ERC, no habrá despidos interinos, pero los empleados públicos seguirán en 2013 sin percibir una de sus dos pagas dobles.

En materia de enseñanza, el Ejecutivo catalán ha anunciado el cierre o reconversión de siete escuelas en los próximos años. En sanidad, ya no se aplica el euro por receta, medida que estuvo en vigor varios meses y que fue suspendido por el Tribunal Constitucional.

Una Ley de Transparencia para luchar contra la corrupción

Los grupos esperan aprobar este año una Ley de Transparencia para luchar contra los casos de corrupción, además de un nuevo dictamen que regule las consultas populares sin contar con el permiso del Estado.

Una iniciativa que viene después de que el pasado 19 de marzo, el líder de CiU en el Parlament, Oriol Pujol fue imputado por presunto tráfico de influencias por el caso de las ITV y los supuestos espionajes políticos que habría hecho la agencia de detectives Método 3.