El Ateneo de Madrid acoge este próximo jueves 26 de febrero la presentación de un manifiesto elaborado por la Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones (MERP) y que cuenta con el respaldo de un centenar de juristas. El objetivo de este documento es reclamar que las pensiones queden protegidas en la Constitución.

Entre los firmantes se encuentran profesionales de reconocido prestigio como Manuela Carmena o Baltasar Garzón, magistrados en activo como Ignacio González Vega o Ximo Bosch y magistrados eméritos del Tribunal Supremo como Perfecto Andrés o Alberto Jorge Barreiro. También figuran académicos y constitucionalistas.

Una vez finalizado el acto, una delegación hará entrega del manifiesto a las fuerzas parlamentarias del Congreso, el mismo día en que se someterá a votación la revalorización de las pensiones.

La MERP ha anunciado la movilización por sus redes sociales y ha informado que su objetivo es "prohibir los recortes, la privatización del Sistema Público de Pensiones y la pérdida de poder adquisitivo".

La portavoz del Gobierno y ministra de la Seguridad Social, Elma Saiz, ha asegurado este martes que el Gobierno ha vuelto a garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas con una subida que supone unos 50 euros más al mes de media para cada pensionista, "que es lo que se ha puesto en peligro para más de 9,4 millones de españoles", según informa EFE. 

Una semana después de que el Congreso rechazara el decreto ley que incluía la subida de las pensiones y el escudo social, el Gobierno ha vuelto a aprobar en un nuevo decreto ley la revalorización de las pensiones para 2026, con un alza del 2,7% con carácter general, que llega al 7% en el caso de las pensiones mínimas y al 11,4% para las pensiones no contributivas y el ingreso mínimo vital.

La norma incluye la congelación en 2026 de las cotizaciones de los autónomos, pero ya no contempla la prórroga del salario mínimo interprofesional (SMI), dado que el Gobierno tiene previsto aprobar en breve el decreto que fijará la subida del 3,1% acordada con los sindicatos para este ejercicio, hasta 1.221 euros brutos mensuales en catorce pagas.

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha celebrado este martes que su formación haya "forzado" al Gobierno a "rectificar" y aprobar un real decreto con la subida de las pensiones y otro con el llamado escudo social, sobre el que, ha dicho, aún tienen que "leer la letra pequeña".

En declaraciones distribuidas por el partido de Carles Puigdemont, Nogueras ha celebrado que la revalorización de las pensiones esté ya "garantizada" y ha sacado pecho del papel de su formación, que la semana pasada votó en contra el decreto ómnibus que incluía dicha subida junto a otras medidas sociales, al rechazar que todo fuera en el mismo texto.

No obstante, la portavoz ha dejado claro que todavía tienen que "leer la letra pequeña" del decreto que incluye las medidas del escudo social, entre ellas las de la protección a las familias vulnerables en los desahucios, y ha reprochado al Gobierno que llevan "seis años para encontrar una solución" y no han "hecho los deberes".

Nogueras ha subrayado que el Gobierno se "equivocó" la semana pasada "queriendo colar y hacer pasar por bueno las ocupaciones y los impagos" y ha destacado que a pesar de "todas las mentiras, la presión y el chantaje" a su partido, la subida de las pensiones está "garantizada".

Que un señor que cumple 65 este año y debería estar a punto de jubilarse como Feijóo les niegue a las personas mayores la revalorización de su pensión tiene su explicación. No compensa ser de la tercera edad con el PP. Además, así se siente más joven, como si no fuera con él el retiro, que eso es cosa de viejos y él cada día está más lozano. Si no fuera por el semblante cenizo y de extrema gravedad que adopta cuando tiene un micro delante, podría pasar por un chaval. Desde que se desprendió de las gafas, aprovechando que tenía que operarse por un problema ocular, ya nadie diría que está más próximo a ir al hogar del jubilado que a un concierto de los jóvenes cristianos de Hakuna en la Puerta del Sol. 

El PP necesita crear la sensación de que España está en crisis porque los excelentes datos que muestran los indicadores económicos no le vienen bien. Récord de empleo. Uff, que mal. Somos el país que más puestos de trabajo está aportando a la UE, y por primera vez en 17 años el paro ha caído por debajo del 10%. Arggg, qué horror. Si lo ideal es que la gente lo pase mal mal de verdad. Que no suba el salario mínimo pero que la vivienda no tenga freno. Que los abuelos no ganen poder adquisitivo, lo que tienen que hacer es quedarse en casa. Con el miedo que les ha metido el PP convenciéndoles de que la consecuencia directa de bajar a por el pan es encontrarte el piso lleno de okupas a la vuelta. Total, si lo que hay que hacer con ellos es mandarles al otro barrio, que en el tema de los protocolos Ayuso es cum laude.

Los viejos no son bienvenidos en los hospitales, para nada. Salvo que sean los gestionados por Quirón, que dejan un margen familiar que da gusto. Lógico que Feijóo opte por ir de chico de mediana edad más que de carroza, la sanidad que la Comunidad de Madrid fomenta no le conviene. Un joviejo de libro. Si hasta fue padre primerizo a los 55 años y habrá tenido que aguantar que le pregunten alguna vez si es su nieto. No, señora, que estoy en la flor de la vida. Tengo menos años que Ana Rosa Quintana. Claro que eso casi cualquiera. 

El PP es muy de congelar las pensiones, como hizo en 2013, y de negarse sistemáticamente a subirlas. Si es que los viejos son unos vagos, no como los japoneses que están con 90 currando para no morirse de hambre. Mira lo duro que trabaja él, porque tener que repetir cada día la misma matraca es muy cansado. Hay que estar viajando de acá para allá para soltar embustes como que la regularización de inmigrantes engorda el censo electoral de las próximas elecciones o que los inmigrantes van a desbordar el país. Quién pensará que le va a cambiar los pañales cuando lo necesite o le sacará al parque para que le dé el sol. O simplemente, le servirá una caña fresquita, con lo de bares que son en el PP. Lo bien que viene que los inmigrantes sigan siendo ilegales para pagarles salarios basurísticos y poder acusarles de todos los males. 

No hay compasión posible. En la prórroga del ‘escudo social’ que han tumbado esta semana en el Congreso, estaban incluidas medidas frente a la pobreza energética. Que se pongan el abrigo para estar en casa y que coman bocadillos en lugar de encender la cocina. Ese no es su problema. A él se lo paga todo el PP. Y que no falte. 

Empecé a trabajar nada más acabar mis estudios y cumplir con el obligatorio servicio a la patria. Desde entonces, no he dejado de cotizar. Crisis, reconversiones, reformas laborales, precariedad, cambios de empresa. Siempre cumpliendo. Siempre aportando.

Hoy, con casi 39 años cotizados, más de lo que exige la ley para cobrar el 100% de la pensión, descubro que, si no aguanto hasta la edad exacta que marca la normativa, seré penalizado de por vida.

No por fraude.

No por incumplir.

No por comodidad.

Por no poder más.

Y esto ocurre bajo un gobierno que se presenta como progresista.

Cumples todo… y aun así pierdes.

La legislación fija que, con unos 38 años y 6 meses de cotización, se alcanza el derecho al 100% de la base reguladora. Muchos trabajadores superamos esa cifra con creces.

Hemos sostenido el sistema durante cuatro décadas.

Hemos financiado pensiones ajenas.

Hemos cumplido nuestra parte del contrato social.

Pero si te jubilas un año o dos antes de cumplir los 65 aunque hayas cotizado más de 40 años, se nos aplican coeficientes reductores permanentes. Eso significa cobrar menos hasta el último día, aunque hayas cumplido todas las reglas. 

¿Dónde está el sentido común?

Incentivos para quien puede o quiere, castigos para quien no.

El sistema premia a quien prolonga su vida laboral más allá de los 65. Me parece razonable: quien quiera y pueda seguir, que lo haga.

El problema es el otro lado.

A quien llega agotado, se le castiga.

A quien no puede más, se le recorta.

A quien necesita parar, se le penaliza.

El mensaje es claro:

“O sigues produciendo, o pagas”.

Eso no es justicia social. Es una lógica empresarial aplicada a la vida.

La política ha puesto el tema sobre la mesa, aunque sin resolverlo.

En mayo de 2024 se registró una Proposición de Ley para eliminar las penalizaciones a quienes acrediten 40 años o más cotizados, promovida por Unidas Podemos junto a colectivos como ASJUBI40. La propuesta plantea modificar la Ley General de la Seguridad Social para impedir esos recortes.

En noviembre de 2025, el Congreso aprobó una moción instando al Gobierno a avanzar en esa dirección. Pero no es vinculante. El Ejecutivo mantiene los coeficientes, alegando la sostenibilidad del sistema. Resultado: el Parlamento reconoce la injusticia, pero la ley sigue castigando a los mismos.

El sistema presume falsamente de tratar a todos por igual.

Pero no es lo mismo 40 años en una oficina cómoda que en una obra, una fábrica o un hospital, en una cátedra que en una peluquería. No es lo mismo llegar con 65 estupendo que llegar roto.

Un sistema progresista debería reconocer otros factores como el desgaste. Este no lo hace. Mi generación levantó este país. Pagó impuestos. Pagó cotizaciones. Sostuvo servicios públicos. Y ahora recibe este mensaje: “Aguanta un poco más”. Siempre un esfuerzo más. Siempre un sacrificio más. Nunca basta. Eso no es solidaridad intergeneracional. Es cargar el ajuste sobre los mismos de siempre. No pedimos privilegios. No pedimos regalos. No pedimos más dinero. Pedimos lo que es justo.

¿Es radical exigir jubilarse sin castigo tras cumplir el tiempo exigido?

Lo insostenible es obligar a la gente a trabajar hasta enfermar.

Un error político grave, se está erosionando la confianza de un electorado clave: trabajadores veteranos, futuros pensionistas, clase obrera madura. Personas que votaron esperando protección social. Y reciben recortes. Luego se habla de abstención o voto de castigo. El desencanto nace de decisiones como esta.

Un gobierno que se dice progresista no puede penalizar a quienes más han contribuido. No puede hablar de justicia social mientras recorta pensiones a quienes han trabajado toda su vida. La jubilación debería ser un derecho ganado.

Hoy, para muchos, es un peaje.

Y eso no es progreso. Es fracaso.

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Juan Antonio Gallego Capel es funcionario de carrera de la Administración de la Región de Murcia, socialista, defensor del Estado federal, laico y republicano.

¿Qué pasa cuando te desahucian de la casa en la que llevas viviendo 70 años? ¿Qué pasa cuando eres pensionista y no te puedes permitir acceder a un mercado del alquiler prohibitivo, ni comprar, ni pedir una hipoteca? La respuesta es que quienes pasan por este trance son expulsados de su casa sin ningún colchón de seguridad y sin alternativa habitacional garantizada porque, pese a la vulnerabilidad de las personas mayores, el mercado es igual de insensible a todas las circunstancias. “En materia hipotecaria hay una norma que protege, al menos en teoría, a las personas mayores vulnerables, pero en alquileres no hay absolutamente nada en caso de desahucio”, explica Alejandra Jacinto, abogada del Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES) experta en vivienda. “Lo único que queda es acudir a los servicios sociales. Pero en el mejor de los casos solo consiguen una plaza en una residencia”, apunta.

Esta semana le ha ocurrido a Maricarmen, una vecina de 87 años que reside en el barrio de Retiro (Madrid) desde hace siete décadas. Primero la empresa inversión inmobiliaria Renta Corporation adquirió el inmueble que luego le vendió a Urbagestión. Ella pagaba una renta antigua que esta última empresa logró anular en los juzgados. Ahora le exigen un alquiler de 1.650 euros al mes, un importe “rebajado” desde los 2.650 euros que querían originalmente, según explica el Sindicato de Inquilinas de Madrid. Este importe supone una subida del 275%, pero además, supera con mucho los 1.450 euros que cobra de pensión. Esta es la primera opción imposible que se le ofrece a la inquilina para no perder su casa.

Otra de las opciones que se les da a los afectados en estos casos es prioridad a la hora de comprar el piso, en su caso, en una de las ubicaciones más caras de Madrid (y de España). En la zona donde vive Maricarmen el precio medio del metro cuadrado, según la consultora Tinsa, es de 5.589 euros. “Esta evolución en el coste de la vivienda, supone que el precio medio de un piso de 90 m² en Retiro (Madrid) se sitúa en los 502.968 euros”, recogen en su análisis.

“Lo único que queda es la buena voluntad y disposición de los servicios sociales que intentan ayudar”, explica Jacinto, que ha tratado con casos similares, ya que las rentas antiguas no son lo suficientemente jugosas para un mercado de alquiler que multiplica los precios sin freno. “Por ejemplo, en el caso de los vecinos del edificio de la calle Tribulete (Madrid) muchos de ellos son gente mayor con contratos de renta antigua. Cada vez hay más personas mayores afectadas por este problema”, concluye.

“Maricarmen se queda”, reza un cartel del Sindicato de Inquilinas de Madrid que trata de parar la ejecución del desalojo prevista para este miércoles. Pero no es el único nombre propio de este drama. Hace apenas una semana Albert B., de 83 años, se disparó en la cabeza cuando iba a ser desahuciado de su casa en Málaga por una deuda de 2.685 euros que derivó en la subasta de la casa en la que residía. El mes pasado, Amparo Espino, de 70 años y con un grado de discapacidad reconocido del 39%, esperaba a la Policía en su piso de Vallecas (Madrid) para que se cumpliese una orden de desalojo por impago del alquiler. En julio del año pasado, Marina López, de 95 años, salía de su piso en Lavapiés para terminar en una residencia. La razón: no consiguió afrontar el pago del alquiler de su casa porque cobraba una pensión no contributiva de 517 euros.

Son historias que llegan y pasan por los titulares, pero que sumadas revelan un grave problema de desprotección social. Son la otra cara del mercado inmobiliario que no es la de los jóvenes sin oportunidades, sino la de personas mayores que, en el mejor de los casos, podrán recoger algunas pertenencias para irse a una residencia o a casa de un familiar, perdiendo inevitablemente su hogar y el entorno en el que han vivido. “Algunas veces, cuando no eres mayor, te mandan a un albergue unos días o te pagan una pensión”, puntualiza la abogada, pero en el caso de las personas mayores es más complicado. “Lo que vemos en los juzgados es que, aunque los servicios sociales deben aportar información sobre vulnerabilidad, eso no lleva aparejado ningún derecho: ni la suspensión del desahucio, ni mucho menos una alternativa habitacional. Existe una desprotección total”, explica Jacinto. “Si ya es difícil para una persona joven y con trabajo encontrar un alquiler, imagínate para un pensionista”.

En la última estadística de desahucios de vivienda que publicó el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), los datos indican que entre abril y junio se produjeron 6.960 lanzamientos y, de estos, la mayoría fueron sobre personas en alquiler. Esto es, el 76,1% de los lanzamientos, como se denominan en la jerga jurídica los desahucios, fueron derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). Solo el 17% provenían del impago de la hipoteca. En este último caso es donde existe una cierta protección para quienes pierden su casa. Esto es así, porque el Gobierno extendió por real decreto la suspensión de desahucios hasta 2028 para personas o familias en situación de vulnerabilidad, pero esto no aplica para quienes viven de alquiler, que en este caso son mayoría.

“La Comunidad de Madrid tiene una lista de espera para solicitantes de vivienda pública y vivienda social de años y años”, explica la abogada. Cuando ya no hay nada que hacer y el desahucio se consuma, el único mecanismo que ofrece la comunidad a estas personas es apuntar su nombre en dos listas, una destinada a situaciones de emergencia y otra a situaciones de necesidad. “El de emergencia es un cupo que en teoría está previsto para casos de desahucios vulnerables o si, por ejemplo, hay un incendio y se necesita un realojo rápido. Pero no lo puede solicitar el afectado, se hace de oficio por parte de la Administración”, explica Jacinto, que matiza que “las condiciones son muy estrictas” y poca gente encuentra aquí una solución.

“Y luego está el cupo normal, genérico, de especial necesidad, donde está apuntado medio Madrid. Pero es más fácil que te toque la lotería que conseguir una casa”, concluye. De nuevo, las condiciones se vuelven imposibles y más si el laberinto burocrático se le plantea a personas mayores, poco familiarizadas con los procesos de tramitación.

En el caso de Maricamen el Sindicato de Inquilinas se aferra a la posibilidad de parar el desahucio. En la tarde de este lunes han recorrido el barrio de Retiro en señal de protesta y el próximo miércoles 29, fecha fijada para el desalojo, hay convocada una concentración de apoyo frente al domicilio en la calle Alcalde Sainz de Baranda de Madrid. “La ley dice que las instituciones tienen que proveer una alternativa habitacional y eso no está pasando. Y lo peor es que no está habiendo consecuencias porque esa alternativa habitacional no se ofrezca”, concluye la abogada.

La penúltima estrategia de la cruzada mercantil contra las pensiones públicas está azuzando el conflicto generacional entre boomers y millennials. El ‘’hit’ más reciente ha sido el libelo titulado La vida cañón. La historia de España a través de los boomers, escrito en ameno estilo periodístico, lenguaje cheli y jerga millennials por Analía Plaza (AP), que selecciona a medio centenar de entrevistados (flagrante error muestral), retorciendo los números y los hechos para confirmar una idea preconcebida: los boomers tenemos la culpa de todo lo que les pasa hoy a los millennials. ¡Qué bárbara!

Soy boomer, claro, y pensionista (la mayoría de esta generación acotada arbitrariamente no se ha jubilado aún), he cotizado, sí, durante 40 años a la Seguridad social (en la base máxima durante 38 de ellos), no he tenido jamás un empleo estable y permanente en una sola empresa (contra lo que AP estereotipa), no tengo un piso en la playa, no me voy de safari a Kenia ni viajo de placer a Vietnam (y me encantaría conocer la Bahía de Ha-Long), tengo una casa pagada, sí (no me la trajeron los Reyes Magos, sino una hipoteca por 25 años al 14,75% de interés, y un préstamo personal al 15,80% para la entrada). Cuando terminé dos licenciaturas en la Universidad Complutense, estuve más de un año sin encontrar un trabajo y desde que firmé mi primer contrato (al que siguieron seis o siete más en otras tantas empresas) no tuve en ningún momento la percepción de empleo vitalicio, como los funcionarios y ‘telefónicos’ en los que AP engloba, en desnortada sinécdoque, a todos los boomers que en España somos. Conclusión: no debo de ser un Búmer Bumérez (el personaje masculino de La vida cañón) o no lo es la mayoría de los cinco millones de boomers que vivimos en este país. Y last but not least, tengo tres hijas millennials, lo que explica que conozca bien a esta generación y sus problemas (la vivienda, el primero) y que no me pueda permitir aquí el lujo de devolver la crítica en modo búmeran. 

Dejemos el anecdotario que distrae la atención de la premisa mayor: cómo nos pagamos los boomers la vidorra que tanto envidia Analía Plaza. Pues con la pensionazas que les han caído a este panda de suertudos. Digamos que este es el core business del libro citado, aunque la imputación entronice a los boomers además como los grandes beneficiarios de todas las fallas y despropósitos del sistema capitalista y de los regímenes políticos que han venido administrándolo en la historia de España de los últimos 70 años.  

La interpretación que hace AP del “sistema de reparto” que consagra nuestra ordenamiento jurídico vigente de la Seguridad social se simplifica con que “la generación de pobres está transfiriendo (parte de su renta) a los ricos a través de sus esquilmadas cotizaciones sociales”. Silogismo falso en todas sus premisas. Como se sabe, ha sido la equidad intergeneracional la que ha inspirado este sistema, frente al de “capitalización”, que habría perjudicado a la inmensa mayoría de ciudadanos en este país, antes y ahora. La gestión de las pensiones públicas ha sido, es y será siempre problemática, aquí y en los demás países avanzados que las disfrutan (yo mismo dudaba hace cuarenta años si tendría una pensión digna cuando llegara mi jubilación). Y siempre se dirá que la financiación del sistema es estructuralmente inviable.  

Hay que advertir contra los falsos amigos (los datos trucados) y las cruzadas que desde siempre son y serán enemigas de las pensiones públicas: l@s abanderad@s de los fondos de pensiones privadas y la propia banca que los acoge. Entre los datos falsos, los del coro de escandalizados con el importe abusivo de las pensiones revalorizadas. Lo cierto es que el importe medio de las pensiones de jubilación en España en septiembre de 2025 es de 1.508€, que baja a 1.313€ si contabilizamos todas las pensiones: incapacidad permanente, viudedad, orfandad,… España ocupa el puesto 14º entre los países europeos por el importe medio de sus pensiones de jubilación (están por delante Islandia, con 2.762 €, y siguen Noruega, Dinamarca, Suiza, Austria, Países Bajos, Bélgica, Suecia, Finlandia, Italia, Francia, etc.). Más detalles: la pensión media en Andalucía es de 1179€, en Madrid, 1.522€; en Cataluña, 1.366€, en el País Vasco, 1.618€,…. Es la renta el factor crítico.

Si nos referimos al gasto en protección social, en términos de PIB, en la UE-27, España (25,8%) está también por debajo de Francia (34%), Alemania (30%), Italia (29,8%), Países Bajos (27,1%),… 

El problema no son tanto las pensiones ni los pensionistas como los salarios, es la precariedad laboral, es la desigualdad. Se angustian los millennials porque no hay/habrá gente para costear las pensiones hasta que no desaparezcamos los millones de boomers, pero la Seguridad social cuenta ahora con 21,69 millones de afiliados, récord absoluto, tres millones más que en 2017. Y los angustiados dirán “pero con salarios más bajos”. En efecto, los déficits son la renta, la desigualdad, la brecha de género,…como apuntaba muy bien en su informe Selina Bárcena en infoLibre.

Otro falso amigo de las pensiones es el falso ‘coste de oportunidad’ de su encarecimiento sostenido (en los últimos años): aquello de que lo que se destina a subir las pensiones podría ir a otro capítulo de gasto público (por ejemplo, la política de vivienda). (Paréntesis: a mí me decían lo mismo cuando dirigía una empresa pública de radio y televisión). Es falso que pueda haber un coste de oportunidad: primero, porque esos capítulos de gasto proveen derechos esenciales para los ciudadanos y, además, alimentan la demanda agregada de la economía, vía consumo y, por tanto, contribuyen al crecimiento; y, segundo, porque no hay evidencia alguna de que minorar un gasto de esa naturaleza vaya a aumentar en la misma medida otro de distinta finalidad no atendido antes en el Presupuesto público. Y una pregunta más, en la misma línea: ¿por qué duele tanto la subida de las pensiones y no se da hiperestesia alguna con los más de 70.000 millones de euros, agujero del rescate bancario que no nos iba a costar nada, según Rajoy, ni los 34.000 millones que ha costado el ‘banco malo’ (SAREB), que se quedó con los activos tóxicos de los bancos tras las crisis inmobiliaria?   

En cuanto, finalmente, a los ‘cruzados’ enemigos de las pensiones públicas, ahí están los fondos de pensiones privados, hijos del capital financiero global, y la banca que suele hacer de depositaria y que está encantada con los planes de pensiones: tienen muy baja rentabilidad para el titular y son costosos (suelen cobrar un 1,70% del total, décima arriba o abajo, por las comisiones de gestión y depósito). Yo tenía hace treinta años tan ‘poquita fe’ en mi buena pensión futura, como boomer privilegiado, que he venido suscribiendo PPs y ahí estoy aguantando el chaparrón.  

En fin, menos camelos, que el futuro siempre fue y será incierto pero estoy seguro de que mis hijas no serán más pobres ni vivirán peor que yo cuando sean mayores (state of mind de boomer). Es tramposo comparar la riqueza de un boomer actual, que tiene 60 años o más, con un millennial, de 35, como si lo haces con el mismo boomer de hace 30 años. Entonces, hago votos por la generosidad del Espíritu Santo con Analía Plaza en la procura a la mayor brevedad de casa pagada, empleo vitalicio, pensión máxima y creciente patrimonio…. Para que empate ya y pueda entregarse a la vida cañón.

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Rafael Camacho Ordóñez es periodista y consultor.

¡Albricias! ¡Sapristi! Camaradas, hinchad el pecho: crecemos como nadie. El premio nos lo ha dado el Fondo Monetario Internacional. Casi un tres por ciento, válgame el señor. «Soy español, ¿a qué quieres que te gane?». Por los corrillos no se mienta otra cosa: toca amarrar a los perros con longanizas. Suma y sigue: ¿han leído el último informe de recaudación tributaria? La prosa, amenísima. Resulta que las arcas del fisco han engordado este agosto un diez por ciento más que el pasado. Veintisiete mil cuatrocientos noventa y siete millones. Calderilla.

Nuestro benéfico Gobierno, queriendo hacernos partícipes del regocijo macroeconómico, ha anunciado una nueva subida de la cuota de autónomos. La medida es reconfortante: por un módico tercio de sus impuestos, los que facturen menos de seiscientos setenta euros al mes podrán contribuir al despegue económico patrio. ¡Que nadie se sienta excluido de la bonanza!

Puede que las decisiones del gobierno más progresista de la historia requieran —para comprenderse— que uno se encarame a la atalaya de la historia; pero temiendo que el porvenir me pille cadáver, rogaría que alguien me explicase por qué la misma gente que asegura que los asalariados merecen un jornal de mil euros quiere convencernos de que los más menesterosos de nuestro gremio pueden apañárselas tranquilamente con los cuatrocientos eurillos que les quedarán tras ponerse en paz con la seguridad social.

Uno tiene que haber hecho algo terrible en alguna vida pretérita para terminar en este purgatorio de trimestrales y devengos. Terrible, digo, cuando hasta el fulano que comanda la UGT (derechita a la irrelevancia) aplaude nuestra desgracia. «Es por las pensiones», nos aseguran. Imagino que mi casero, el que compró seis pisos en los ochenta, estará pasando una jubilación estrechísima. No sé cómo se sostiene un país en el que el pensionista medio ingresa más que el trabajador mediocre, pero supongo que quien miente esa bicha palma en las elecciones.

Esta semana leíamos que el censo de trabajadores por cuenta propia registra mínimos históricos. Increíble, ¿verdad? Con lo apetecible que está ser tu propio jefe. Dan ganas de convocar una huelga de desgraciados: estamos bien repartidos aunque no seamos muchos. Tengo la consigna: no pararemos el país, ¡pero lo entorpeceremos muchísimo! Una heroica jornada de mercerías cerradas y de ultramarinos a media asta. Los periódicos, donde el que nos es becario ni está en plantilla, saldrían delgadísimos esa mañana. Los artistas, en la espera eterna de su estatuto, dejarían descansar las gubias y los pinceles. Los taxis reposarían en sus cocheras y los fontaneros caminarían con las manos caídas.

Como soy gilipollas, llevo un quinquenio sin saltarme una cuota aunque haya meses en que declare pérdidas. Pienso que redundará en el bien común que todos aportemos nuestra parte (¿les he dicho ya que soy imbécil?). Hace unos años, la benemérita agencia tributaria me armó una inspección por haber pagado el IVA cuando tocaba: la factura, dirigida a una administración, me fue abonada tras medio año de retraso y, de paso, contabilizada en el trimestre incorrecto. El día que terminaron las pesquisas dijeron en el telediario que los mangoneos pecuniarios del rey Juan Carlos habían prescrito. Mis trescientos diez euros (¡pagados, insisto!) hicieron saltar un centinela al que se le pasaron nosecuantos milloncejos eméritos. Sé que una cosa no tiene relación con la otra, pero manda narices que el anuncio del último giro de tuerca venga en medio de las disquisiciones ministeriales sobre si es buena o mala idea que los partidos suelten a sus acólitos sobres llenos de billetes.

Boomers contra millennials. Caseros contra inquilinos. Jóvenes contra jubilados. Y así, una retahíla de análisis y de simplificaciones llenan últimamente el debate público. La bronca tiene como trasfondo, no tanto un supuesto conflicto entre generaciones, sino la precariedad salarial y la dificultad de los jóvenes para acceder a una vivienda o para acumular un patrimonio propio. Y en el centro de la tormenta está el mercado inmobiliario, que ha detonado la polémica y que determina la principal brecha cuando se analiza la riqueza por cortes de edad. En 2004, el 71% de quienes tenían entre 30 y 44 años eran propietarios, hoy esa cifra es del 55%. Entre los 16 y 29 años, el número de propietarios ha bajado del 48% al 29%, de acuerdo con la Encuesta Financiera de las Familias publicada por el Banco de España. 

La brecha de riqueza se alimenta de la revalorización de los activos inmobiliarios, es decir, quienes poseen una vivienda ven su patrimonio crecer y para quienes tratan de comprar una, los precios del mercado cada vez son más difíciles de perseguir con un salario. Por eso, la brecha se acentúa. La riqueza media de las personas entre 65 y 74 años en 2002 era de 148.000 euros, mientras que la de los jóvenes entre 35 y 44 años era de 132.000 euros. Veinte años más tarde, en 2022, la riqueza de los mayores aumentó hasta 226.000 euros y la de los jóvenes cayó hasta los 75.700 euros. 

Entre los factores que agudizan el problema está la precariedad laboral que se manifiesta, por ejemplo, en factores como la parcialidad. Entre los asalariados de 16 a 29 años, la tasa se sitúa en el 26,9%, 12,7 puntos porcentuales superior a la del total de asalariados, según señalan los datos del Ministerio de Trabajo. Además, señala el documento, las dinámicas de paro “se amplifican” en los cortes de edad más bajos y en el primer trimestre de 2025 la tasa de paro de la población de 16 a 24 años se situó en el 26,5%, seis puntos superior a la del grupo de 16 a 29 años, y 15 puntos más alta que la de la población de 16 a 64 años.

Pero el debate económico tiene un correlato sociológico que muchos tratan de llevar más allá de la constatación de una brecha patrimonial, señalando un choque intergeneracional del que hay pocas evidencias, o deslizando en el debate que la mejora de las pensiones va en detrimento del las políticas para paliar los problemas que enfrenta la juventud. 

Así, el foco se desplaza hacia los pensionistas, quienes, al haber concluido una carrera profesional, acumulan, en general, más patrimonio. Pero, ¿cómo son realmente las pensiones en España? ¿Cuánto mejor vive un jubilado que un trabajador? La respuesta siempre es “depende”, pero los datos ayudan a orientarse en el debate. Y aunque la generación del baby boom suele acaparar la polémica, lo cierto es que muchos de ellos aún no han llegado a la edad de jubilación, ya que esta denominación en España suele hacer referencia a los nacidos entre 1958 (67 años) y 1975 (50 años). 

A uno de septiembre de este año, el importe medio de las pensiones por jubilación en España ascendió a 1.508,70 euros al mes. Quienes menos cobran dentro de este grupo son los cotizantes que aún quedan del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI), que se usaba durante la dictadura, con un importe medio mensual de 504 euros; les siguen los trabajadores autónomos, con una media de 910 euros al mes. Después, los trabajadores del mar con importes en torno a los 1.300 euros. En la parte alta de las prestaciones están los trabajadores del carbón, con una media mensual de 2.300 euros, y los trabajadores del régimen general, con 1.429 euros. En total, componen un conjunto de 6,6 millones de pensiones que percibe un grupo de 6.498.583 millones de pensionistas con una media de edad de 75 años. En este grupo no están contempladas las pensiones por incapacidad, viudedad, orfandad o enfermedad profesional. 

Pero este conjunto no es uniforme y aquí se dan desigualdades internas. Por ejemplo, por edad, quienes llegan ahora a la jubilación cobran más. Si tomamos los datos de pensiones de jubilación –excluyendo incapacidad, accidentes, orfandad, etc.–, quienes menos cobran son los mayores de 85 años, con unos 1.100 euros al mes. Unos ingresos que, sin un patrimonio que los respalde, son poco ostentosos. En el rango de edad de los mejor parados, es decir, entre los 60 y los 65, el importe medio de la pensión supera los 2.000 euros mensuales y se mueve en los 1.600 entre los 65 y los 74.

Otra brecha significativa se da por género y ellas cobran, en general, pensiones un 31% más bajas que ellos, según datos del Instituto de las Mujeres.

El factor de desigualdad es una brecha que no está cerca de cerrarse. En los últimos datos anuales disponibles, relativos a 2024, la Seguridad Social constata que ellas cobraron de media 1.139 euros mensuales frente a los 1.654 que cobraron ellos. Además, en la riqueza acumulada por género, la vivienda vuelve a tener mucho que decir. En la franja de edad en la que la propiedad inmobiliaria está más extendida –a partir de los 65 años, cuando el 88% de los hogares poseen vivienda en propiedad, según el INE– la casa se convierte en un factor determinante de desigualdad de género. Ellas acumulan menos patrimonio que ellos, y buena parte de esa brecha se explica porque ellas poseen menos casas en propiedad a su nombre. En concreto, en algunos casos, hasta el 62% de este salto en la renta se debe a los activos inmobiliarios, según un informe realizado por Closing Gap. De nuevo, es la vivienda la que se convierte en un factor determinante para la riqueza y esta vez, sin que se de un corte etario.

En los últimos meses ha ido ganando intensidad un debate, alimentado por artículos periodísticos, publicaciones en redes sociales e incluso libros, que pone el foco en un supuesto exceso de bienestar material del que disfrutarían las generaciones de mayor edad, frente a los obstáculos que sufren las generaciones más jóvenes, motivados principalmente por la dificultad de acceso a la vivienda. Este debate, impulsado sobre todo por Vox y los sectores más afines a esta formación de ultraderecha, alerta sobre una presunta insostenibilidad del sistema público de pensiones y alienta un enfrentamiento entre generaciones, al tiempo que fomenta el crecimiento de los planes privados de pensiones.

"La generación del baby boom es la primera que vive mejor que sus hijos", leemos con frecuencia. Esta afirmación, muy subjetiva y difícil de contrastar al depender de múltiples factores —entre los que la crisis de acceso a la vivienda es clave—, suele simplificarse en “los boomers cobran pensiones excesivas”. La simplificación comienza en el propio término boomer, que en el Estado español se aplica a las personas nacidas entre 1958 y 1975, en su mayoría aún en edad activa (en Estados Unidos, en cambio, abarca a los nacidos entre 1946 y 1964). Y se extiende a una visión reduccionista del colectivo de pensionistas, olvidando brechas de género y de clase.

Como siempre, ya que “el dato mata al relato”, lo mejor es acudir a las cifras. ¿Cómo son las pensiones en Galicia? ¿De verdad viven tan bien los jubilados y jubiladas? La pensión media de jubilación se situó el año pasado en los 1.240 euros brutos al mes, una cifra que baja hasta los 969 euros mensuales en el caso de las mujeres, y hasta 765 euros si hablamos de pensiones de viudedad. Unos valores, cabe recordar, muy por debajo de la media española (la pensión media de jubilación rondaba el año pasado los 1.441 euros mensuales).

Las cifras también varían mucho al analizar los datos en función de la edad de las personas beneficiarias. La pensión media de los jubilados y jubiladas gallegos entre 65 y 69 años se sitúa en 1.436 euros al mes (1.256 euros en el caso de las mujeres), debido al incremento que en los últimos años están registrando las cuantías percibidas por las personas que acceden a la jubilación. Sin embargo, el importe medio desciende hasta los 1.069 euros en los jubilados y jubiladas de entre 80 y 84 años (779 euros mensuales para las mujeres) y baja hasta los 871 euros para los y las pensionistas de más de 85 años (668 euros si son mujeres).

¿Cuánto cobran, entonces, los y las pensionistas gallegas cada año? Si acudimos a los datos fiscales que publica la Agencia Tributaria, vemos que la mayoría de las pensiones gallegas no superan los 15.000 euros brutos anuales, cifras muy alejadas de un supuesto exceso o trato de favor. Los valores, que tienen en cuenta todo tipo de pensiones —jubilación, viudedad, incapacidad permanente, orfandad...— y todos los grupos de edad, muestran que el 30,4% de las pensiones (el 35,5% en el caso de las mujeres) no alcanzan el nivel del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), fijado en 10.406 euros al año.

Y vemos, igualmente, cómo el 62,5% de las pensiones no supera los 15.609 euros anuales, un porcentaje que se eleva hasta el 73% en el caso de las mujeres. Solo el 25% de las pensiones cobradas en Galicia superan los 21.000 euros anuales, un porcentaje mayor entre los hombres (34,2%) pero que desciende al 17,6% en el caso de las mujeres.

Lo que sí es cierto es que el importe medio de las pensiones de jubilación en Galicia lleva años experimentando un ascenso constante, superior al que han tenido, por ejemplo, los salarios, especialmente en la primera mitad de la pasada década, cuando los sueldos permanecieron congelados. La pensión media de jubilación pasó de 674 euros en el año 2008 a 1.240 euros en la actualidad, prácticamente duplicando su cuantía en 17 años (+84%). Porcentualmente, el incremento fue incluso mayor en el caso de las mujeres (+91%) que en el de los hombres (+80,7%).

Este aumento se debe en parte a un incremento en las cuantías de las nuevas altas, es decir, en las pensiones que empezaron a cobrar los trabajadores y trabajadoras que se jubilaron en las últimas dos décadas, con bases de cotización mucho más altas que las de quienes se jubilaron en años anteriores, especialmente en el caso de las mujeres. Es difícil entender que esto pueda verse como algo negativo.

En las críticas que se pueden leer estos días sobre un supuesto exceso en las pensiones cobradas por los jubilados y jubiladas, suele compararse su cuantía con los salarios que cobran los menores de 35 años, jóvenes que acaban de incorporarse al mercado laboral y que sufren un importante nivel de precariedad. Una precariedad que, a veces, parece que se desee ver extendida también a las pensiones de las personas de mayor edad.

Cabe recordar, en cualquier caso, que el salario medio en Galicia se sitúa (dato de 2023, el último disponible) en 1.806 euros brutos mensuales. Y que el salario medio mensual de los trabajadores y trabajadoras entre 25 y 34 años ronda los 1.434 euros, claramente por encima hace dos años de la pensión media (1.174 euros) y ligeramente superior a la cuantía de las nuevas altas (1.302 euros).

Es cierto, eso sí, que la estabilidad conferida a las pensiones de jubilación y su progresivo incremento han hecho que, por ejemplo, descendiese de forma muy importante el porcentaje de población mayor de 65 años que vive en riesgo de pobreza, del 21% en 2007 al 10% en la actualidad. Y que, en cambio, se haya mantenido estable el peso de la población joven que sufre esta situación de pobreza o exclusión social, que afecta principalmente a familias con menores a cargo y monoparentales.

La precariedad laboral, la pérdida de poder adquisitivo de muchos salarios y, sobre todo, las dificultades de acceso a una vivienda digna —especialmente motivadas por la escalada del precio de los alquileres— son las principales causas.

En una nueva guerra del último contra el penúltimo, el énfasis en un enfrentamiento generacional (y el ataque al sistema público de pensiones) está intentando ocultar otras perspectivas en las que la clase social tiene mucho más peso.

La vivienda es el gran elefante en la habitación para la economía española. Los altos alquileres devoran los sueldos de los jóvenes que no pueden comprar una casa, el malestar social desata protestas sociales y es uno de los asuntos más problemáticos para la política nacional. Es el gran foco de desigualdad y alcanza también a las mujeres que llegan a la edad de jubilación quienes, en general, cobran además pensiones un 31% más bajas, según el Instituto de las Mujeres.

En la franja de edad en la que la propiedad inmobiliaria está más extendida –a partir de los 65 años, cuando el 88% de los hogares poseen vivienda en propiedad, según el INE– la casa se convierte en un factor determinante de desigualdad de género. Ellas acumulan menos patrimonio que ellos, y buena parte de esa brecha se explica porque ellas poseen menos inmuebles. "Históricamente las mujeres han tenido menos acceso a la propiedad inmobiliaria por sus menores ingresos y por el hecho de que sus trayectorias profesionales han sido más discontinuas debido a los cuidados", explica Marta Grañó, profesora de la escuela de negocios OBS. Para Grañó, y eso ha llevado a que ellas "tengan una menor capacidad de ahorro y de inversión en activos a largo plazo como es la vivienda".

 “Baleares, Canarias o Andalucía siguen presentando desigualdades cercanas a los 15.000 euros por persona”, recoge el informe Coste de oportunidad de la brecha de género en pensiones y ahorro previsional, elaborado por la asociación ClosinGap. Y, en algunos casos, hasta el 62% de este salto en la renta se debe a los activos inmobiliarios: “Estas diferencias regionales se explican, en gran medida, por el peso de la vivienda en la composición del patrimonio”, concluye el estudio, que además señala que "son precisamente las comunidades autónomas con brechas de género más reducidas (o nulas) en activos inmobiliarios, aquellas que han logrado eliminar de facto la brecha de género en riqueza".

Si bien la situación ha mejorado con respecto a años anteriores, la vivienda es un factor determinante. En 2022 las mujeres mayores de 67 años acumulaban, de media, 138.000 euros de patrimonio neto, frente a 145.000 los hombres, es decir unos 6.700 euros menos. En 2016 la diferencia patrimonial era de 10.500 euros y la mejora en los datos, apunta el informe, se explica porque ellas cuentan ahora con más activos inmobiliarios que entonces. 

Tres comunidades autónomas (Aragón, Cantabria y La Rioja) han logrado eliminar de facto la brecha de género en riqueza neta. Sin embargo, esta alcanza valores superiores a los 10.000 euros per cápita en comunidades con un perfil turístico. Aquí el informe de ClosinGap menciona a Baleares, Canarias y Andalucía, donde los activos inmobiliarios tienen "especial relevancia", señala el estudio. "No se trata solo de diferencias salariales o puntuales, sino de desigualdades acumuladas en el acceso a activos generadores de riqueza", insiste Grañó.

Esa relevancia atiende al hecho de que estas tres comunidades la vivienda se ha encarecido significativamente, de forma que aumenta su peso en el conjunto del patrimonio y este hecho es que "amplifica" la brecha entre hombres propietarios y mujeres que no lo son, puntualiza la profesora.

Diversos datos avalan la ebullición en el mercado en estas regiones. Por ejemplo, en marzo, la consultora inmobiliaria Tinsa señalaba que en algunas regiones de estas comunidades los precios rebasaban los indicadores previos al estallido de la burbuja inmobiliaria. Los importes en Palma superaban en un 17,9% a los de 2008, en Málaga se encontraban un 6,4% por encima y en Tenerife un 2,1%.

Además de la vivienda, cuando se analiza la situación económica en la que llegan hombres y mujeres a la jubilación, entran otros productos como planes de pensiones, los seguros, fondos de inversión o las acciones. Ellas disponen de menos planes de pensiones (un 19% de los hombres lo tiene frente a un 13% de ellas), en acciones negociadas la brecha alcanza el 31% y en planes de pensiones el 44%.

En las conclusiones que lanzan desde Instituto de las Mujeres señalan que "las mujeres continúan enfrentando una situación de desprotección económica en el momento de su jubilación" y no solo por cuestiones de patrimonio, sino también porque su pensión de jubilación sigue por debajo de las de ellos. En concreto, las mujeres ganaban en enero de 2025 una pensión media de 1.071 euros frente a los 1.556 que cobraron ellos. Esto es, un 31% menos.

Las desigualdades que se dan en el mercado laboral se traducen después en pensiones más bajas. Por ejemplo, son ellas (quienes en su mayoría renuncian a su trabajo para cuidar), las principales beneficiarias de las pensiones no contributivas o de viudedad, que tienen importes más bajos. En el caso de estas últimas, el 91% de las beneficiarias son mujeres frente al 9% de ellos, de acuerdo con el informe Análisis de brecha de género en las pensiones, elaborado por el Ministerio de Igualdad.

Las consecuencias de esta distribución desigual de la riqueza en el momento de la jubilación genera, recoge el informe, unos ingresos insuficientes que dificultan "su autonomía", de forma que muchas "deben continuar realizando tareas de cuidado sin remuneración o depender económicamente de descendientes, entidades sociales o ayudas públicas complementarias", concluye.

Otro elemento que termina por desestabilizar las cuentas de las pensionistas es, precisamente, la vivienda. Porque para quienes no poseen una o no residen en una casa familiar, afrontar los alquileres también supone un esfuerzo económico que, aunque ya es alto, no parece tener freno. Así, en España el metro cuadrado firmaba en agosto los 14,38 euros por metro cuadrado al mes, con una subida interanual del 14%, según Fotocasa. En el tercer trimestre, señalaba el documento, se pagaba de media 1.150 euros al mes por un piso de 80 metros cuadrados. Lejos ya de los 1.071 euros que las mujeres jubiladas ingresaron.

Escribir algo sobre las personas mayores para el 1 de octubre no por habitual deja de ser relevante, en la medida en que se intenta el enfrentamiento generacional, un día tras otro. Empezamos a indignarnos con quienes caen en esa falsa disyuntiva que penaliza a quienes cobramos una pensión que nos permite vivir, una situación falsamente generalizada que no se corresponde con la realidad. Por principio, una gran mayoría no cobra la pensión máxima (3.200 brutos con descuentos de hasta del 37%) y la media se sitúa en 1.400 euros, por lo cual muchísima gente no llega al salario mínimo interprofesional, y peor si se trata de no contributivas (pensión media 547euros). [1]

Quien acepta reforzar ese discurso de jóvenes contra mayores, si se lo cree es pura ingenuidad o, de lo contrario, es lo que necesitan las entidades financieras para que se contraten planes privados. El ataque al sistema público de pensiones ni es gratuito ni es de hoy. Viene de lejos con ataques más o menos creíbles, pero siempre con la misma intención de socavar la sostenibilidad o exagerar lo bien que se vive con la jubilación.

El problema de raíz es el mercado, el debilitamiento del Estado, una fiscalidad enemiga de la justicia social, la especulación inmobiliaria, los bajos salarios. La juventud está sufriendo las consecuencias del capitalismo más salvaje de los últimos tiempos y hay quien encuentra más fácil culpar a las personas mayores (o a la inmigración). Con el agravante de debilitar los derechos humanos de las personas que han dejado de “producir”, que viven más porque las sociedades son más longevas como un triunfo de la humanidad. Como si la pensión fuera caridad y no un derecho afianzado con nuestras cotizaciones, apoyado por impuestos, una conquista de la clase trabajadora, un modelo de solidaridad de carácter colectivo, público, que se aleja del sálvese quien pueda que condena a la gente con menos recursos.

Incluso con la pensión máxima, si hay que pagar un alquiler, las personas mayores se encuentran en igualdad de condiciones que cualquier persona joven con un sueldo similar. Muchas veces tienen que ayudar a sus descendientes, a veces su pareja tiene una pensión mísera. A pesar de que una gran cantidad empezaron a trabajar antes de los 14 años; pensar que la edad de 16 años para poder trabajar se selló por ley en 1980, cuando los diez millones actuales tenían más de 20 años.

Esas personas cotizaron alrededor de 40 años, no pudieron estudiar y procuraron que sus hijos e hijas lo hicieran.

La obligatoriedad de escolarización hasta los 14 años (la EGB) es de la ley de 1970 y no se cumplió hasta la década de los ochenta, imaginaros qué trabajos realizaba una gran mayoría. Por eso, en estos momentos parece pertinente visibilizar los niveles de estudios de las personas mayores, sabiendo que no estudiaron porque no podían, y que sus trabajos han sido de muchas horas, a veces a la intemperie, otras por turnos, y encima lucharon por la democracia con riesgos evidentes. Tal vez, sería pertinente insistir en que los derechos se defienden, y pueden desaparecer sin una defensa colectiva. [2]

Hagamos un repaso con cifras redondas para facilitar la lectura. De las 9.700.000 personas mayores de 65 años (2023), tienen pensión de jubilación entre 6.000.000 y 6.700.000 con diferentes situaciones (alrededor del 66%). Sus niveles de estudios demuestran con claridad las desigualdades sociales que sufrieron, la escasez que soportaron incluso en la alimentación, sobre todo los de mayor edad que vivieron la guerra y la hambruna posterior. Por supuesto, agravado para las mujeres. Veamos los niveles de estudios con el Censo de 2023:

Desde el 38,9% que tienen solamente primaria o menos hasta el 30,6% que consiguieron el equivalente a la EGB (que la mayoría no cursó con la ley del 70) que en determinadas zonas era bastante deficitaria. Los más jóvenes (entre 65 y 69 años en 2023) nacieron entre 1956 y 1960, por lo cual cursaron una primaria hasta los 10 años y unos pocos habrán continuado en condiciones penosas para completar un bachillerato de bajísimo nivel primero y todavía menos el llamado bachillerato superior. Imaginaros las condiciones de vida en la infancia de quienes nacieron antes, cumpliendo 10 años en 1946, 1947 o 1948, y no se puede ni imaginar si tenían esa edad entre el 36 y el 39. Si ahora cumplen entre 85 y 89 años, un 68,5% cursaron sólo primaria o menos. Puede que, en alguna gran ciudad, hayan recibido unas enseñanzas de mayor nivel o hayan podido estudiar un tiempo más.

Estamos hablando de un 69,5% de personas mayores de 65 años, en España 2023, que no tienen ni la E.S.O. Un reducido grupo del 30,5% ha superado ese nivel.

Por lo cual, es útil reproducir unas palabras en un Blog reciente:

“Soy un boomer y cobro una pensión digna, y no pido perdón por ello. Tampoco acepto que nos usen como chivo expiatorio para ocultar la responsabilidad de quienes concentran privilegios. Mis nietos no necesitan que les retribuyan a cargo de mi pensión: necesitan salarios dignos, vivienda asequible, estabilidad laboral y un futuro en el que puedan confiar. Y deben saber que eso no se lo dará, ni en Francia, ni en España, ni en Europa, la extrema derecha.” (Quim González Muntadas, Blog, septiembre 2025)

Partimos de unos discursos donde siempre se culpa al más débil. En lugar de identificar a las grandes empresas que evaden impuestos con subterfugios legales, otras que se niegan a reducir la jornada para acumular beneficios indecentes, cuando deberían invertir en procesos y tecnología para que la organización del trabajo generara mayor productividad. Y no nos olvidemos del mantra del absentismo, cuando están aumentando los accidentes laborales por los ritmos o las horas de trabajo.

Si la gente joven no va a tener suficientes años de cotización será por los contratos temporales, las medias jornadas obligadas, las extras no pagadas, el abuso de los períodos de prácticas y los bajos salarios. La derecha sigue negándose a subir el mínimo interprofesional, a reducir la jornada, al control horario, etc. Hay sectores donde es posible cualquier barbaridad de jornadas, horarios, descansos, saltándose los convenios y en algunos casos con un convenio que rebela la poca potencia de la fuerza de trabajo para conseguir reivindicaciones. Esos son los más débiles que necesitan de las leyes para tener unas condiciones dignas, o convenios sectoriales estatales que les protejan.

Con la edad de jubilación ocurre otra cosa: debería diferenciarse por tipos de trabajo, la voluntariedad para continuar ya existe, pero en algunas actividades deberían poder jubilarse antes (en el diálogo social ya están en ello). La uniformidad ya es una situación del pasado, en todos los sentidos. Ni la jubilación ni el envejecimiento son homogéneos y la diversidad es un valor a tener en cuenta basado en la realidad. No se trata de diferenciaciones forzadas ni de consideraciones minoritarias, es necesario un análisis objetivo de las discrepancias reales entre unas vidas laborales y otras, entre unas condiciones de trabajo penosas y otras más dignas.

La situación de las mujeres va evolucionando, pero todavía son necesarios aumentos importantes para superar la brecha de género y abandonar los riesgos de pobreza, que deberán ir acompañados de otras mejoras en ayudas, servicios sociales o dependencia. Las pensiones de viudedad son una vía directa a la pobreza severa, la media no supera los 900 euros. Unas políticas públicas apropiadas contribuyen a compensar las desigualdades. En el fondo, las desigualdades o las discriminaciones, sean a jóvenes, a mujeres, a inmigrantes o a personas mayores tienen que ser la diana de esas políticas públicas para defender la justicia social, que garantice la cohesión que necesitan las sociedades democráticas.

Unas palabras de Victoria Camps (2025)[3] revelan con claridad el trasfondo de la cuestión de la pérdida de objetivos y valores colectivos imprescindibles para el desarrollo humano (económico, social, cultural, etc.)

“La libertad individual deviene puro egoísmo, mientras que la equidad no está orientando de forma clara y evidente las respuestas a los desafíos que presentan los grandes problemas de nuestro tiempo”

“… ese momento reflexivo ha desaparecido de las mentes de los individuos que, inmersos en el consumismo y programados por la publicidad, identifican la facultad de ser libre con la satisfacción inmediata de cualquier deseo”.

Reiterando aquello que deberían aplicar quienes han entrado en la seducción de las generalizaciones, que tienden a olvidar a los seres humanos concretos. Las personas mayores somos muy heterogéneas, la juventud tampoco es uniforme, las desigualdades y las discriminaciones campan a sus anchas en nuestras sociedades. Enfrentar generaciones es una trampa que favorece la desconfianza en el sistema público de pensiones y promueve el sálvese quien pueda de la privatización. Se dirige hacia la falta de confianza en el diálogo social (que hasta ahora ha sido efectivo para conservar el sistema), promoviendo el individualismo contrario a la solidaridad intergeneracional, que es la clave del desarrollo de la humanidad. Negando las luchas de la clase trabajadora por los derechos laborales, sociales y humanos, olvidando que sin justicia social la democracia no es posible.

Finalizamos sintetizando la advertencia de Daniel Innerarity: la sociedad es compleja, la democracia es compleja, desconfiemos de quienes plantean análisis de buenos y malos y venden recetas simples para solucionar los problemas.

[1] Federación de Pensionistas, Fundación 1º de Mayo y Confederación Sindical de CCOO (2025): Observatorio social de las personas mayores 2024

[2] Artal, R.M: elDiario.es – 20/09/205 

[3] Camps, V (2025): La sociedad de la desconfianza. Arpa. Barcelona.

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Estella Acosta es orientadora y profesora asociada de la UAM, jubilada.

La viabilidad del sistema de pensiones y la salud de las cuentas de la Seguridad Social son cuestiones que componen una de las principales preocupaciones de los analistas económicos y de los españoles. En marzo, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) señalaba en un informe que la reforma de pensiones se ajusta a la denominada regla de gasto, por lo que no se requerían medidas adicionales para proteger el sistema, aunque alertaba de que la sostenibilidad de las pensiones no había mejorado, con un gasto que aumentará en 3,4 puntos del PIB hasta 2050.

El análisis no es halagüeño, pero el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, señalaba el pasado lunes en una entrevista para RNE su preocupación por el hecho de que las visiones más pesimistas terminen por poner en cuestión la importancia del sistema público. “Ahora a los jóvenes se les dice que mejor el dinero en vuestro bolsillo. Todo esto es pura propaganda para conseguir que en España se privatice el sistema de pensiones”, señalaba Álvarez, que también insistía en que las pensiones de los jóvenes “estaban aseguradas”.

El comportamiento del mercado laboral y unas reformas destinadas a aumentar los ingresos, son, para el sindicato, un balón de oxígeno y una ventana de optimismo a tener en cuenta en las valoraciones de la coyuntura.

Para el Banco de España, las tendencias demográficas representan uno de los principales factores que ejercen presión sobre la hucha de las pensiones. Entre los desafíos más importantes para la sostenibilidad del sistema se encuentran la llegada a la edad de jubilación de la generación del baby boom —un grupo compuesto por 7,7 millones de personas actualmente entre los 50 y los 66 años—, el incremento en la esperanza de vida y la reducción de las tasas de natalidad. Es decir, las oleadas generacionales que se incorporan al trabajo son menos numerosas que las que llegan a la jubilación, por lo que cada vez habrá menos trabajadores por pensionista y se elevará el gasto. AIReF señala que en España se gastan 206.000 millones de euros cada año en pensiones, un 12,9% del PIB, pero esa factura seguirá creciendo hasta llegar a un gasto del 16,1% en 2050.

Cristina Estévez, secretaria ejecutiva de la agrupación y vicepresidenta del Consejo Económico y Social, explica que si bien la demografía plantea un reto: “ningún sistema público de pensiones en el mundo se sostiene solo con cotizaciones sociales y es impensable que este solo se sostenga con las aportaciones de trabajador y empresa”. Para Estévez, el hecho de que las transferencias del Estado tengan que aumentar es coyuntural y no supone un desafío insalvable para el sistema.

Las pensiones se financian por tres vías. La primera son las cotizaciones de los trabajadores; la segunda, a través de los presupuestos del Estado y, finalmente, por medio de transferencias del Estado (denominadas gastos impropios), que son partidas para costear, principalmente, las pensiones no contributivas. Además de estos recursos, se destinan las denominadas transferencias implícitas, que se mueven desde otras partidas presupuestarias en caso de ser necesario. Según la AIReF, estas transferencias “cada vez serán mayores” debido a la presión demográfica, y ese es un elemento de preocupación para los analistas. 

Estévez argumenta que, en el cálculo de la sostenibilidad, algunos informes dejan fuera las aportaciones del Estado. "En el informe de la Comisión Europea para evaluar el sistema de pensiones no se contemplaban las partidas que los presupuestos generales del Estado tienen que traspasar a la Seguridad Social para los gastos impropios. Es decir, no los tomaban en consideración y por eso nosotros discrepamos. No se está contando con una parte del balance", y concluye: "Aun sin tener eso en cuenta, las conclusiones del informe de AIReF señalan que no se requiere ajuste".

"Cuando se hacen análisis tan a largo plazo como se ve en estos informes, no se pueden prever todos los parámetros que pueden intervenir en la evolución del gasto", explica la responsable de UGT. De hecho, apunta al efecto positivo que estaría teniendo la evolución de parámetros como el mercado laboral o las reformas llevadas a cabo para aumentar los ingresos. Un ejemplo de esto último sería el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), una cotización adicional que se aplica desde 2023 a trabajadores y empresas para reforzar los ingresos del sistema hasta 2032. "No estábamos en la media europea en cuando a ingresos y eso es lo que se ha intentado corregir con estas reformas", apunta.

Para UGT la evolución del mercado laboral, que superó los 22 millones de ocupados en el segundo trimestre del año, "es buena" y no había sido prevista por los informes anteriores, por lo que las proyecciones, apunta, pueden cambiar. "Y tampoco se están teniendo en cuenta los flujos migratorios", matiza Estévez, que podrían compensar el descenso en la natalidad y el estrechamiento de la pirámide de personas en edad de trabajar.

Lejos de hablar de recortes, desde UGT señalan que las dificultades del sistema de pensiones no deben leerse desde un puto de vista catastrofista. "Abogamos por aumentar la partida de gasto en pensiones cuando se requiera y, de hacerlo, España lo va a requerir solo en un momento muy puntual. Esto es, cuando llegue el pico de la generación del baby boom", concluye la responsable sindical.

El gasto total de pensiones en la nómina de mayo alcanza los 13.532 millones de euros, un 6,28 % más que en mayo de 2024, para abonar un total de 10.321.860 pensiones, de acuerdo con los datos publicados este martes por la Seguridad Social y recoge EFE. El importe de la pensión media del sistema se situó este mes en 1.311 euros mientras que la pensión media por jubilación alcanzó los 1.505 euros.

Del total de la nómina, casi tres cuartas partes van destinadas a las pensiones por jubilación con un desembolso de 9.893,6 millones de euros, seguidas de prestaciones por viudedad (2.192 millones de euros), incapacidad permanente (1.232 millones), orfandad (178 millones) y prestaciones en favor de familiares (36,2 millones).

El número de pensionistas ha crecido un 1,66 % en tasa interanual, hasta los 9,3 millones, de los cuales 6,57 millones tienen la pensión por jubilación como principal prestación.

Por regímenes, el importe de la pensión media de jubilación procedente del Régimen General es de 1.665,5 euros, mientras que en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos es de 1.008,8 euros. En la Minería del Carbón, la cuantía media alcanza los 2.904,8 euros y en el Régimen del Mar es de 1.665,7 euros.

Del total de pensionistas, 4,88 millones son hombres y 5,44 millones son mujeres. En mayo, 1.017.310 pensiones incluyen el complemento para la reducción de la brecha de género, de las que el 88,7% corresponden a mujeres (901.977). El importe medio de este complemento es de 75,4 euros. Este complemento, vigente desde febrero de 2021, consiste en una cuantía fija por hijo, desde el primero, y es cobrado por mujeres en el 88,7% de los casos.

Por otro lado, la Seguridad Social señala que las jubilaciones demoradas representan ya el 11,4% de las nuevas altas, cuando en 2019 eran el 4,8%, tendencia que ha elevado la edad media de acceso a la jubilación a los 65,2 años, frente a los 64,4 años de 2019.

Las personas mayores de 65 años son la única franja de población de España que cuenta con una renta mediana superior a la media de la Unión Europea (UE), en concreto un 6,4% más alta, frente a lo que ocurre con los menores de esa edad, cuya renta es un 7,3% inferior a la media europea, según recoge EFE. Los mayores de 65 años son además los únicos que han mejorado su renta en términos reales respecto a 2009, de acuerdo con un estudio publicado este miércoles por la Fundación BBVA y el Ivie, que toma la mediana (valor central entre la mitad superior y la mitad inferior) para evitar la distorsión de la media por el efecto de los extremos.

En términos intergeneracionales, informa EFE, los datos colocan a España en una de las primeras posiciones de la UE por renta relativa de los mayores respecto a la población de 25 a 54 años, una situación que tiene mucho que ver con el sistema de pensiones, según el informe Formación, transición digital y calidad de vida de los mayores en España, ya que el 90% de su renta procede de estas prestaciones.

En términos económicos, los mayores están en una posición más favorable porque cuentan con rentas más elevadas, están menos expuestos al riesgo de pobreza o exclusión social, se enfrentan a menos carencias económicas y poseen más riqueza neta y mayor seguridad económica respecto a posibles eventualidades adversas.

El estudio señala que una parte sustancial del colectivo supera con claridad los niveles de renta habituales del país, puesto que más de un 30% de los mayores de 65 años tiene rentas al menos un 30% por encima de la renta mediana de España.

La ventaja se amplía conforme aumenta su nivel de formación, una variable que determina las desigualdades dentro del grupo de los mayores de 65 años, según explica el investigador del Ivie y catedrático de la Universitat de Valencia, Lorenzo Serrano. En general, dice Serrano, los mayores más formados participan más en el mercado laboral, son más productivos, encuentran más fácilmente un puesto de trabajo, su empleo es de más calidad, está más ajustado a su formación y conlleva un mejor salario.

El trabajo y los ingresos influyen asimismo en un mejor estado de salud, una mayor participación cultural y política, un mayor aprovechamiento de la tecnología y una mayor interacción con amigos y familiares, según destaca el investigador del Ivie y profesor de la Universitat de Valencia, Ángel Soler. Las diferencias en el colectivo derivadas del nivel de formación implican que la renta mediana pasa de los 16.807 euros de los que solo tienen estudios básicos a 23.134 euros (37,6 % más) para los que tienen estudios medios y hasta los 30.864 euros (83,6 % más) de los que cuentan con formación superior.

La riqueza neta de los hogares también varía en función de los niveles educativos, ya que la riqueza mediana es de 226.000 euros para la cohorte de personas entre 65 y 74 años, pero cae a los 140.000 euros para quienes cuentan con estudios básicos y se eleva a 243.000 para aquellos con estudios medios y a 503.000 para los que tienen estudios superiores. Entre otros indicadores asociados a la formación está la salud, aspecto en el que el estudio destaca que los mayores más formados muestran un 9% menos de sobrepeso y obesidad y practican más deporte que el grupo con educación básica e inferior.

El Imserso ofrecerá este año casi 7.500 plazas para que los pensionistas con las rentas más bajas puedan viajar por una tarifa plana de 50 euros, al tiempo que permitirá, también por primera vez en sus 40 años de historia, la opción de viajar con mascotas. "El objetivo es que nadie se quede sin viajar, sin disfrutar de este derecho por razón de ingresos o de renta. Queremos que los viajes del Imserso lleguen a todos los pensionistas y las pensionistas", ha explicado el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, en declaraciones a EFE.

Con su aprobación por parte del Consejo de Ministros, su ministerio ha iniciado este martes la tramitación de una nueva licitación para los viajes del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), que este año incluye como novedad la introducción de una tarifa plana. Así, se reservarán 7.447 plazas para personas cuya prestación sea igual o inferior a la pensión no contributiva. El coste restante de estos viajes será asumido por el Imserso, según la información facilitada por el ministerio.

Además, entre las novedades de la nueva licitación, se permitirá por primera vez viajar con animales de compañía en los desplazamientos a la costa peninsular e insular, ha detallado el ministro, quien explica que se busca "hacer estos viajes más accesibles, más inclusivos y más justos, y, al mismo tiempo, mejorar la calidad de los servicios que se prestan".

La nueva licitación también busca combatir la estacionalidad en el turismo. Con este fin, se ha establecido que el 36% de las plazas de cada lote se distribuya de manera proporcional a lo largo de la campaña.

Además, los viajes en temporada alta tendrán un coste adicional de 100 euros respecto a los mismos trayectos en temporada baja. La duración de los viajes oscila entre cuatro y diez días, según el destino.

Para garantizar la sostenibilidad del sector y la mejora en la calidad de los servicios, se incrementará el presupuesto destinado a las empresas adjudicatarias y se reforzará el sistema de sanciones en caso de incumplimiento de los estándares de calidad establecidos por el Imserso.

El Consejo de Ministros ha autorizado este martes la tramitación del procedimiento de contratación, necesario para licitaciones superiores a los doce millones de euros. Las bases del proceso se publicarán en las próximas semanas en la plataforma de contratación del sector público.

Este año, los viajes del Imserso cumplen su 40 aniversario. Desde su creación en 1985, cuando se ofrecieron 16.000 plazas, el programa ha crecido hasta alcanzar las 879.213 plazas previstas para la próxima campaña. Actualmente, más de 4,6 millones de personas están acreditadas para participar. "Los viajes del Imserso se han convertido en un estandarte de nuestra política social y queremos mejorarlos: queremos que el acceso sea más equitativo y que nadie se quede sin viajar por no disponer de los ingresos para ello", ha resumido el ministro.

En esta edición, los hoteles incluidos en el programa contarán con un mínimo de tres estrellas y deberán ofrecer actividades de ocio y tiempo libre. Asimismo, las empresas adjudicatarias deberán elaborar materiales informativos sobre envejecimiento activo y prevención del maltrato a personas mayores.

El programa cubre destinos en la costa peninsular, las islas Baleares y Canarias, además de circuitos culturales y de turismo de naturaleza, incluidas capitales de provincia y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Según ha detallado la ministra portavoz, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, con el arranque de esta licitación se eleva a 970 millones el importe destinado a este programa para el periodo 2025-2028. "Hablar del programa del Imserso es también hablar de la propia historia de nuestro país", según Alegría, que ha incidido en que apostar por esta iniciativa es hacerlo por "el envejecimiento activo" y por "la desestacionalización de nuestro turismo,", al tiempo que implica "trabajar contra esa soledad no deseada que afecta fundamentalmente a las personas mayores de nuestro país".

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha constatado que la reforma de pensiones se ajusta a la denominada regla de gasto, por lo que no habrá que tomar por ahora medidas adicionales, pero alerta de que la sostenibilidad del sistema de pensiones no ha mejorado y cuestiona la metodología fijada por el Gobierno para evaluar la reforma.

De acuerdo con el informe publicado este lunes por la entidad y recogido por EFE, el gasto en pensiones se sitúa en el 14,6% del PIB en promedio en el periodo 2022-2050, mientras que las medidas de ingresos ascienden al 1,4% del PIB, lo que arroja una diferencia del 13,2%, por debajo del 13,3% que habría obligado a activar la denominada "clausula de cierre" y plantear nuevas medidas.

No obstante, la AIReF alerta de que la sostenibilidad del sistema de pensiones no ha mejorado y eleva a 3,4 puntos de PIB el crecimiento del gasto hasta 2050. Cuestiona además la metodología de esta regla de gasto, fijada por el Gobierno en la reforma de pensiones, ya que "no constituye un indicador de sostenibilidad" y "merma su capacidad de supervisión e independencia". "Se cumple la regla de gasto, pero no descuidemos la dinámica subyacente", ha alertado la presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, en rueda de prensa.

Herrero ha destacado del diseño de esta regla que tiene "importantes limitaciones" para ser un indicador de la sostenibilidad del sistema y ha incidido en que "es perfectamente compatible que la dinámica del sistema sea peor y cumplamos con la regla". Este mecanismo obligado de evaluación trianual por parte de la AIReF quedó fijado en la reforma de pensiones aprobada en 2022 por el Gobierno con el visto bueno de la Comisión Europea.

Al detalle del impacto de las medidas de ingresos recogidas en la reforma diseñada por el ahora gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, la AIReF cifra en el 0,4% del PIB el impacto promedio 2022-2050 del mecanismo de equidad intergeneracional (MEI), una sobrecotización finalista que irá aumentando. El resto de medidas tienen menor impacto, con un 0,3% del PIB en el caso de la subida de la base máxima y también del 0,3% en las transferencias del Estado.

En este punto, Herrero ha querido aclarar que no todas las transferencias del Estado a la Seguridad Social se pueden considerar como ingresos para las pensiones y ha afeado que el Gobierno les trasladara en el reglamento de desarrollo de este examen qué ingresos debían considerar. El incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), la reforma de la cotización de trabajadores autónomos o la cotización "solidaria" de los salarios más altos aportan 0,1%, 0,1% y 0,2%, respectivamente, en el citado periodo.

La AIReF no estima que la reforma laboral aporte nada en este lado de los ingresos.

Herrero también ha advertido de que el gasto se ha visto reducido por el impacto de las últimas revisiones del PIB que han rebajado a ese 14,6 % del PIB el gasto promedio frente al 15,4% que recogía el informe de envejecimiento de la Comisión Europea. Así, la AIReF ha cuestionado los parámetros que se le obliga a considerar para el informe y ha aportado una visión propia, a la vez que ha recomendado al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que "integre" esta regla en el proceso de adaptación del marco fiscal nacional al nuevo marco europeo.

En la opinión publicada este lunes, junto al informe al que le obliga la reforma de pensiones, la AIReF resalta una "mayor pendiente" del gasto en pensiones, con un promedio del 14,4 % del PIB en el periodo 2022-2050; así como un incremento de la tasa de generosidad en 13 puntos en 2050, cuando se prevén 17 millones de pensionistas.

La Seguridad Social ha abonado en el mes de marzo un total de 10.313.634 pensiones con un desembolso de la cifra récord de 13.492,5 millones de euros, que supone un aumento del gasto del 6,3% interanual.

Según los datos publicados este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y recogidos por EFE, el número de pensionistas se elevó un 1,66% respecto a marzo del año pasado hasta 9,33 millones, de los que 6,57 millones tienen la pensión por jubilación como principal prestación.

Del total de la nómina, casi tres cuartas partes van destinadas a pensiones de jubilación (9.870,4 millones de euros), seguidas por las prestaciones por viudedad (2.191,2 millones), incapacidad permanente (1.217,23 millones), orfandad (177,7 millones) y prestaciones en favor de familiares (35,98 millones).

La pensión media por jubilación procedente del régimen general se situó en 1.662,3 euros mensuales, mientras que en el régimen especial de trabajadores autónomos alcanzó los 1.007,1 euros. La pensión media por viudedad, por su parte, se situó en los 933 euros mensuales.

Para las nuevas altas de jubilación —de las cuales un 11,3% son por jubilación demorada—, la cuantía media fue de 1.761,5 euros, con una edad media de acceso de 65 años. Del total de pensionistas, 4,6 millones son mujeres y 4,7 millones, hombres.

En marzo, 976.975 pensiones incluyeron el complemento para la reducción de la brecha de género, de las que el 88,7% corresponden a mujeres, con un importe medio mensual de 75,5 euros. Este complemento, vigente desde febrero de 2021, consiste en una cuantía fija por hijo, desde el primero, y es cobrado por mujeres en el 88,7% de los casos (866.851).

La pensión media de jubilación ha superado los 1.500 euros en febrero (1.500,67 euros), en un mes en el que la nómina de las pensiones supuso un desembolso de 13.455,6 millones de euros, un 6,22 % más que el mismo mes de 2024. En total se han abonado 10.293.631 pensiones (1,63% más que en febrero del año pasado) a más de 9,3 millones de personas, de las cuales, 6,4 millones tienen la pensión por jubilación como principal prestación, según informa EFE.

Del total de la nómina, casi tres cuartas partes van destinadas a pensiones de jubilación (9.848,44 millones de euros), seguidas por las de viudedad (2.186,17 millones), incapacidad permanente (1.207,98 millones), orfandad (177,16 millones) y prestaciones en favor de familiares (35,85 millones).

La pensión media de jubilación para el régimen general se situó en 1.661,1 euros mensuales, mientras que en el régimen especial de trabajadores autónomos fue de 1.006,23 euros.

La pensión media de viudedad se situó en los 990,29 euros y la cuantía de la pensión para las nuevas altas de jubilación en el sistema ascendió en febrero a 1.754,24 euros de media.

Además, en febrero, 952.637 pensiones contaron con el complemento para la reducción de la brecha de género, con un importe medio mensual de 75,5 euros. Este complemento, vigente desde febrero de 2021, consiste en una cuantía fija por hijo, desde el primero, y es cobrado por mujeres en el 88,8% de los casos (845.700).

El 1 de enero de 2010, hace ya quince años, las personas que cobraban una pensión no contributiva en Galicia iban a ver reducidos sus ingresos en 200 euros al año. Así lo decidió el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo pocos meses después de convertirse en presidente de la Xunta ya que quería prescindir del complemento autonómico a las pensiones no contributivas creado por el anterior Ejecutivo de coalición de PSdeG y BNG. El debate político y social generado al conocerse ese recorte le obligó a rectificar solo unos días después y ese complemento aún se mantiene en la actualidad.

Una década y media después, otra decisión de Feijóo derivará en un recorte de las pensiones, en este caso con efectos en muchas más personas en todo el Estado, al votar con Vox y Junts contra el decreto ómnibus en el que el Gobierno de Pedro Sánchez había incluido la revalorización de las pensiones junto con muchas otras medidas de todo tipo. La subida ya se había aplicado a las primeras pensiones de este año, por lo que ahora los perceptores de las mismas verán cómo en pagos posteriores se volverá a reducir su cuantía, salvo que el PP rectifique o el Gobierno vuelva a impulsar la medida de forma aislada como reclaman los populares para apoyarla.

En 2009 lo que hizo Feijóo fue rectificar. Tras unos primeros meses en la Xunta en los que tumbó todo tipo de medidas de sus antecesores –desde la planificación eólica hasta el consenso histórico sobre el gallego—, el 19 de octubre de ese año, apenas medio año después de su toma de posesión como presidente el 18 de abril, entraron en el Parlamento los primeros Presupuestos del nuevo Gobierno. En las disposiciones adicionales de dichas cuentas para 2010, a diferencia de años anteriores y posteriores, no constaba la que PSdeG y BNG había incluido en los Presupuestos de 2008 y 2009, que la Xunta pagara 200 euros anuales como complemento autonómico a las personas con pensiones no contributivas.

Cuando se conoció aquella supresión, unos 10 millones de euros para unas 50.000 personas beneficiadas, la entonces conselleira de Política Social, Beatriz Mato, justificó el recorte calificando de "parche" esos 200 euros anuales por pensionista e incluso dudó de su legalidad.

El debate político y social que estalló hizo que apenas tres días después el propio Feijóo tuviera que autocorregirse en el Parlamento. En un debate con el entonces portavoz del BNG, Carlos Aymerich, el popular aseguró que los Presupuestos que había entregado a la Cámara unos días antes con los recortes de las pensiones "son nada más y nada menos que para mejorarlos". Y en línea con sus entonces habituales estrategias comunicativas, se presentó como el salvador e incluso impulsor de ese complemento a las pensiones frente a la oposición, a la que acusó de no colaborar a mejorar esas cuentas públicas que él mismo presentaba como recortadas. Incluso fue más allá y anunció un aumento del complemento en función de la inflación, que lo elevaría hasta los 206 euros anuales.

Así, los Presupuestos para 2010 finalmente aprobados unos días después volvieron a incluir la disposición adicional que habían introducido PSdeG y BNG, que Feijóo había suprimido inicialmente y que después fue mantenida hasta ahora por los sucesivos gobiernos conservadores. Esa suma continúa en las cuentas de este año, ahora con un importe de 218 euros anuales por persona después de que Feijóo lo dejara congelado en 206 euros durante más de una década hasta que Rueda lo volvió a revalorizar en 2023.

Un complemento que, tras intentar suprimir hace 15 años, tanto Feijóo como Rueda lo han ido presentando como ejemplo de sus políticas sociales y utilizándolo como recurso electoral.

Sin embargo, tras votar la semana pasada en contra del decreto ómnibus que convalidaría el aumento de las pensiones ya aplicado por el Gobierno de Sánchez, que ahora decae, Feijóo acusó al presidente del Gobierno de utilizar a los pensionistas como "rehenes". Éstos, que ahora son calificados por el líder del PP como "sagrados", estuvieron a punto de quedarse en Galicia con 200 euros menos en sus pensiones no contributivas hace 15 años.

Tres formaciones de izquierda (socialistas, ecologistas y comunistas) y Los Republicanos, el partido de la derecha clásica, mantienen un pulso a distancia sobre la suspensión o no de la reforma de las pensiones como condición de supervivencia del Gobierno del primer ministro francés, François Bayrou. "Si no hay un compromiso claro sobre la reforma de las pensiones (...) censuraremos al Gobierno esta semana", ha advertido el secretario nacional del Partido Comunista Francés (PCF), Fabien Roussel, que en una entrevista al canal BFMTV, que ha recogido EFE, ha explicado que ése sería un primer paso necesario para continuar las conversaciones sobre los presupuestos de 2025.

Roussel, que este fin de semana ha participado en encuentros de los tres partidos de izquierdas con el ministro de Economía, Éric Lombard, para buscar un compromiso en vísperas del discurso de política general de Bayrou este martes ante la Asamblea Nacional, ha insistido en que "lo que esperamos es un acuerdo fuerte, fuerte, sobre las pensiones".

El primer secretario del Partido Socialista (PS), Olivier Faure, ha hecho notar, en otra entrevista al diario Libération, que en los contactos que ha mantenido estos últimos días con Lombard, lo que ha constatado es "un cambio de actitud del Gobierno" porque no habían tenido "un diálogo tan rico desde hace siete años", es decir, desde la llegada al Elíseo del presidente, Emmanuel Macron.

Faure ha recordado que lo que reclaman en esa discusión es "la suspensión" de la reforma de las pensiones adoptada en 2023 sin voto del Parlamento y en medio de una gran contestación social, que retrasa progresivamente la edad mínima de jubilación de 62 a 64 años. La idea del líder socialista es que esa suspensión se prolongue mientras se lleva a cabo una concertación con los interlocutores sociales y que debería culminar con une nueva ley para buscar otra forma de financiar el déficit que se va a generar sin la reforma.

La secretaria general de la Confederación General del Trabajo (CGT), Sophie Binet, ha advertido en una entrevista a la emisora France Info, de que una suspensión de la reforma tiene que conllevar garantías de que será derogada para evitar que la patronal adopte una estrategia de bloqueo de la negociación.

"No aceptaremos una suspensión como un medio de distracción", ha advertido Binet, que está al frente del segundo sindicato del país y que estima que "es perfectamente asumible" que las necesidades de financiación de las pensiones se hagan con más impuestos sobre las remuneraciones basadas en los beneficios de las empresas y con un incremento de las cotizaciones.

Frente a las posiciones de negociación de estos tres partidos izquierda que exigen a Bayrou que ceda en las pensiones para evitar el voto de una moción de censura contra su Gobierno, La Francia Insumisa (LFI) de Jean-Luc Mélenchon ya ha avanzado que presentará una moción de censura esta misma semana, tras el discurso de política general del primer ministro.

En la derecha, el jefe del grupo de Los Republicanos en la Asamblea Nacional, Laurent Wauquiez, es uno de los que desde su partido ha insistido en avisar a Bayrou que si cede en las pensiones a la izquierda, le retirarán su apoyo. En una entrevista a Le Parisien, Wauquiez, ha dicho que "suspender (la reforma) sin un escenario alternativo equivale a saltar al vacío sin paracaídas. Eso será sin la derecha". Sin embargo, señala, dar marcha atrás a la reforma de las pensiones "sin proponer la menor pista de financiación, es irresponsable".

Desde la extrema derecha, que en diciembre sumó sus votos a los de la izquierda para tumbar con una moción de censura al anterior Ejecutivo del primer ministro conservador, Michel Barnier, el presidente de la Agrupación Nacional, Jordan Bardella, ha lanzado también su advertencia de que censurarán también a Bayrou si cede a los socialistas.

En una entrevista a la emisora RTL, Bardella ha dicho estar "extremadamente inquieto al ver que el Gobierno parece haber optado por dialogar" con la izquierda, o al menos con los socialistas y que le parece que "no ha aprendido las lecciones de Michel Barnier, que cayó por haber presentado unos presupuestos socialistas" que iban a aumentar los impuestos con "40.000 millones" más. EFE