La extrema derecha israelí puede saltar de alegría. Ha salido victoriosa. El Knesset, el Parlamento israelí, aprobó el lunes 30 de marzo por la tarde una ley que establece la pena de muerte para los palestinos y palestinas declarados culpables de haber matado a israelíes en el marco de actos “terroristas”.

El texto, impulsado por el partido de extrema derecha Otzma Yehudit del ministro del Interior y supremacista judío, Itamar Ben Gvir, fue aprobado en tercera lectura por 62 diputados frente a 48, a pesar de la fuerte indignación que suscita, ya que consagra de hecho una nueva discriminación flagrante entre palestinos que viven bajo ocupación e israelíes.

De esta forma, palestinos e israelíes no recibirán el mismo trato por delitos similares relacionados con el terrorismo. Los primeros, que se enfrentan de manera desproporcionada a acusaciones de “terrorismo”, arriesgarán la vida, mientras que a los segundos solo se les aplicará penas de prisión. Y eso si es que llegan a ser procesados, ya que, como señalan en un comunicado conjunto las ONG HaMoked, Adalah, el Comité contra la Tortura de Israel y Physicians for Human Rights: “Los partidarios del proyecto de ley subrayan explícitamente que no existe ningún terrorista judío”.

La ley, concebida para aplicarse exclusivamente a los palestinos, estén en Gaza, en la Cisjordania ocupada, en Jerusalén Este o residan en Israel, augura “un régimen de pena capital racista”, alertan estas cuatro asociaciones de defensa de los derechos humanos.

El texto aprobado establece que toda persona “que cause intencionadamente la muerte de otra con el fin de atentar contra un ciudadano o residente israelí, con la intención de acabar con la existencia del Estado de Israel, será condenada a muerte o a cadena perpetua”. Excluye de facto a los autores judíos, empezando por los colonos israelíes que siembran el terror y la muerte en la Cisjordania ocupada en un clima de impunidad casi total. Según The Guardian, más del 96 % de las investigaciones contra estos últimos se archivan sin más y no se ha iniciado ningún proceso judicial desde 2020, mientras que han sido asesinados más de 1.100 palestinos, de los cuales al menos una cuarta parte eran menores.

La versión inicial del texto imponía la pena capital, pero ha sido modificada e incluye la opción de la cadena perpetua, si el tribunal considera que lo justifican “circunstancias excepcionales”, sin precisar cuáles. El destino de los acusados lo decidirán los tribunales civiles israelíes, competentes para juzgar a los ciudadanos palestinos y los residentes en Israel, incluidos los habitantes de Jerusalén Este.

Para los palestinos de Cisjordania, que son juzgados por tribunales militares mientras que los israelíes son juzgados según el derecho común, esta ley prevé que la pena de muerte se convierta en la sanción por defecto, si el homicidio se califica como acto de terrorismo. La decisión no requerirá unanimidad, sino mayoría simple, y los jueces no estarán obligados a tener el grado de teniente coronel o superior. El comandante militar se verá privado de la facultad de indultar. En ambos casos, la ejecución en la horca deberá tener lugar en los noventa días siguientes al veredicto definitivo.

Esta ley discriminatoria marca un punto de inflexión histórico: Israel no ha ejecutado la pena capital desde 1962, cuando fue ahorcado el criminal de guerra nazi Adolf Eichmann. Era la segunda vez que el Estado israelí recurría a ella, tras una primera ocasión en 1948, poco después de su creación, contra un capitán del ejército acusado de alta traición.

“Es una nueva y emblemática muestra del tipo de régimen impuesto por Israel a los palestinos de Cisjordania, de la Franja de Gaza y de Israel: un régimen de apartheid”, denuncia ante Mediapart la diputada comunista de la oposición Aida Touma-Sliman, una de las pocas voces palestino-israelíes en el Knesset. No se hacía ilusiones sobre la aprobación de la ley, ya que, según ella, esta responde “perfectamente al proyecto ideológico del Gobierno israelí de eliminar, ni más ni menos, a los palestinos”.”El mundo finge no saber que Israel lleva a cabo una política destinada a destruir a los palestinos y a destruir todo lo que les pertenece”, critica la diputada.

Dice sentirse “consternada” por la declaración conjunta, el domingo 29 de marzo, de los ministros de Asuntos Exteriores de cuatro países aliados de Israel —Alemania, Francia, Italia y el Reino Unido—, en la que expresaban su preocupación por el “carácter discriminatorio de facto” de una medida que “podría ampliar considerablemente las posibilidades de aplicar la pena de muerte”. “La aprobación de este proyecto de ley podría comprometer los compromisos de Israel con los principios democráticos”, lamentaron tímidamente los cuatro ministros.

“¿Dónde estaban estos últimos meses, cuando la ley avanzaba en el proceso legislativo?”, pregunta la diputada. “¿Qué hacen para detener a Israel en su deriva e impedir el genocidio de mi pueblo?”

Los debates parlamentarios han puesto de manifiesto las motivaciones de los partidarios de esta ley. El diputado Nissim Vaturi, del Likud, el partido de Benjamín Netanyahu, que votó a favor de la ley, las resumió en tres palabras: “Disuasión, castigo y venganza.” El ministro de extrema derecha Yitzhak Wasserlauf añadió: “La palabra venganza no me da miedo […] los mataremos.”

Ante los parlamentarios, Ram Ben Barak, diputado de la oposición y exsubdirector de los servicios de inteligencia exterior israelíes, expresó su indignación. “¿Entienden”, preguntó, “lo que significa que haya una ley para los árabes de Judea-Samaria [Cisjordania – ndr] y una ley diferente” para los ciudadanos y ciudadanas israelíes? “Significa que Hamás nos ha derrotado. Nos ha derrotado porque hemos perdido todos nuestros valores.”

La diputada de izquierdas Aida Touma-Sliman, por su parte, se refirió a la campaña de 2022 de Itamar Ben Gvir: “Él equipara a árabes con terroristas y hoy consigue lo que quería: una ley que condena a muerte a los árabes.” Recientemente, el ministro supremacista, con un pin de una soga en la solapa, había declarado en un vídeo, grabado en un museo dedicado a los combatientes de la resistencia judía ahorcados por los británicos y posteriormente retirado: “Me muero de ganas de ejecutar a terroristas.”

Para él, esta ley, contraria a la tendencia mundial a favor de la abolición de la pena capital, es el medio para impedir ataques similares al del 7 de octubre. La Asociación por los Derechos Civiles en Israel (ACRI), por su parte, ve en ella “la expresión más brutal del ataque llevado a cabo por este Gobierno contra los fundamentos democráticos de Israel”.

Tan pronto como se aprobó la ley, la asociación presentó un recurso de urgencia solicitando su anulación ante el Tribunal Supremo, una institución que, hasta ahora, ha encubierto numerosas transgresiones. Se espera que otras organizaciones israelíes de defensa de los derechos humanos sigan su ejemplo.

Condenan una ley “inconstitucional” que vulnera “el derecho a la vida, la dignidad humana, el derecho a un proceso justo y el derecho a la igualdad”. Una ley contraria al derecho internacional. “La Knesset no tiene competencia para legislar sobre Cisjordania. Israel no ejerce allí ninguna soberanía”, sostiene Acri. “La ley no se basa en ningún fundamento probatorio: ningún organismo —incluido el Shin Bet— ha podido demostrar que la pena capital disuada la violencia de motivación ideológica.”

Esta ley constituye “un crimen y una peligrosa escalada en las políticas de la ocupación [por parte de Israel, que] no tiene soberanía alguna sobre la tierra de Palestina”, escribe en la red social X el Ministerio de Asuntos Exteriores palestino, para quien esta norma “revela una vez más la naturaleza del sistema colonial israelí”, al intentar “legitimar las ejecuciones extrajudiciales dándoles una apariencia legal”.

Para la ONG Club de Prisioneros Palestinos, esta ley ha sido “posible gracias a un estado de impotencia, complicidad y abandono perpetuado por el sistema internacional desde hace décadas”. Los presos palestinos, que ya están sometidos a prácticas calificadas de “muerte lenta” y que han provocado la muerte de más de cien presos desde octubre de 2023, viven un infierno en las cárceles israelíes. Algo que Israel niega a pesar de los numerosos informes y investigaciones abrumadoras de asociaciones o de periodistas.

Uno de los últimos informes de la relatora especial de la ONU para los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, demuestra el papel de la tortura en la maquinaria genocida en Palestina.

El Parlamento israelí aprobó el lunes 30 de marzo el presupuesto para 2026 por 62 votos a favor y 55 en contra. Este asciende a unos 850.000 millones de shekels israelíes, unos 235.000 millones de euros. Sin esta aprobación, el Gobierno de Netanyahu habría implosionado y habría sido necesario convocar nuevas elecciones.

Los más extremistas de su coalición vuelven a salirse con la suya con un aumento de más de 30.000 millones de shekels (unos 8.300 millones de euros) en el presupuesto del Ministerio de Defensa, lo que lo eleva a más de 142.000 millones de shekels.

“Tenemos la capacidad de remodelar Oriente Medio. Este presupuesto coloca a la nación en posición de ganar”, se felicitó el ministro de Finanzas de extrema derecha, Bezalel Smotrich, en un momento en que Israel está involucrado en varios frentes de guerra. Para el principal líder de la oposición, Yair Lapid, este presupuesto constituye el “mayor robo de la historia del Estado”.

Denuncia, en particular, los retrasos en la aprobación de una ley que permitiría movilizar a los judíos ultraortodoxos, hoy en día en gran medida exentos del servicio militar. Benjamín Netanyahu tiene todo el interés en ello si quiere conservar el apoyo de los partidos ultraortodoxos para mantenerse en el poder.

De hecho, su Gobierno ha aprobado un aumento significativo de los fondos destinados a los ultraortodoxos y a los colonos, con el fin de asegurarse su apoyo. Los partidos ultraortodoxos recibirán así más de 652 millones de euros adicionales para las escuelas privadas que controlan.

Traducción de Miguel López

El pleno de la Knéset (Parlamento israelí) aprobó este lunes la reforma legal que establece la pena de muerte por ahorcamiento para palestinos en Cisjordania que maten a un israelí, una medida que las organizaciones de derechos humanos denuncian se aplicará en la práctica a los palestinos y no a los ciudadanos judíos de Israel.

El texto, aprobado con 62 votos a favor y 48 en contra, obliga (salvo excepciones sin definir) a los tribunales militares israelíes a imponer dicha pena a los palestinos residentes en Cisjordania ocupada encontrados culpables de ese delito, mientras que a los tribunales ordinarios que juzgan a ciudadanos israelíes les da la posibilidad de aplicar en su lugar la cadena perpetua y estipula más condiciones para imponerla.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, asistió a la votación en el plenario de la Knéset y votó a favor de la reforma, promovida por el partido del ministro israelí de Seguridad Nacional, el ultranacionalista y supremacista judío Itamar Ben Gvir.

Tras aprobarse la reforma, cuyo escrito no ha sufrido cambios tras pasar por comisión parlamentaria la semana pasada, Ben Gvir intentó descorchar una botella de champán, pero un ujier se lo impidió. Pocos minutos después, se detectó un lanzamiento de misiles de Irán hacia la región de Tel Aviv. "La ley es populista, inmoral, no igualitaria", condenó durante el debate de este lunes el diputado del partido opositor 'Yesh Atid' (Hay Futuro) Matti Sarfatti, calificándola de "claramente inconstitucional".

Dos hombres condenados a muerte por narcotráfico fueron ahorcados este miércoles en Singapur, en plena escalada de ejecuciones en la isla, con entre doce y catorce en lo que va de año, según el Gobierno y ONG, respectivamente, que afirman que se trata de una cifra anual "récord" desde 2003.

La agencia antinarcóticos de Singapur indicó en su página web que los acusados, de 64 y 50 años de edad y nacionalidad singapurense, fueron ejecutados hoy después del "debido proceso legal" y de que "estuvieran representados por un abogado durante el juicio y la apelación".

La próspera ciudad-Estado asiática tiene una de las leyes antidrogas más draconianas del planeta, y no suele informar de todas las ejecuciones. Oenegés como Transformative Justice Collective (TJC), que piden la abolición de la pena capital, indican que con estas últimas ejecuciones van 14 este año, y advierten que podría haber más.

Las autoridades singapurenses llevaron a cabo las ejecuciones -con la horca como el método empleado en el país- cinco días después de que se conmemorase el Día Mundial contra la Pena de Muerte y una semana después de otra ejecución a un ciudadano malasio, acusado de importar 51,84 gramos de heroína a Singapur.

TJC y Amnistía Internacional (AI) han denunciado la actual oleada de ahorcamientos, que ya superó el récord de 11 en 2022, tras dos años sin ejecuciones por un parón durante la pandemia de covid-19.

Mientras la vecina Malasia abolió en julio de 2023 la pena de muerte obligatoria -hasta entonces impuesta sin alternativa para delitos como narcotráfico y terrorismo- y sustituyó la horca por penas de hasta 40 años de cárcel, la próspera y moderna Singapur mantiene el castigo con el mismo método.

La nación asiática contempla la pena de muerte a partir de un mínimo de 500 gramos de tráfico de marihuana y 15 gramos de heroína, en procedimientos judiciales que ONG y activistas tachan de opacos.

Pese a las críticas de Naciones Unidas y de organizaciones de derechos humanos, Singapur ha ahorcado a 12 hombres, incluidos cuatro malasios, en lo que va de año, según el recuento público de la agencia antinarcórticos isleña.

Por su parte, ONG como TJC, que suelen recibir la información por parte de los familiares de los condenados, han registrado al menos 14 ejecuciones, y subrayan que las autoridades no informan de todos los casos y que se esperan más ahorcamientos.

Cincuenta años después, aún se me saltan las lágrimas cuando leo la carta de despedida que José Humberto Baena escribió a sus padres, desde la cárcel de Carabanchel, horas antes de ser fusilado. Me acuerdo, inevitablemente, de la que escribió mi abuelo a su hija (mi madre) la noche previa a ser fusilado en la prisión de San Marcos de León por las tropas franquistas. Todas las cartas de los reos tienen algo en común, son tristes, trágicas y estremecedoras hasta el punto de convertirse en un alegato irrebatible contra la pena de muerte. 

Ahora, como entonces, me pregunto por qué los cinco fusilados el 27 de septiembre de 1975 tuvieron tan mala suerte. A poco que se hubieran retrasado los trámites burocráticos se habrían librado de las ejecuciones. Franco murió unas semanas después y, además del dictador, el presidente Carlos Arias Navarro y su siniestro entorno, nadie tenía especial interés en que se cumpliese la sentencia de los Consejos de Guerra sumarísimos en los que se condenó a muerte a once jóvenes militantes antifranquistas, cuyos delitos no estaban suficientemente probados. De los once, seis fueron indultados y cinco ejecutados. Se decidió de forma arbitraria quiénes serían fusilados y quiénes se librarían de la muerte, porque los juicios sumarísimos eran así, poco escrupulosos, actuaban sin garantías legales y se tomaban decisiones despóticamente. Jamás hicieron justicia, se limitaban a infringir castigos ejemplarizantes para afianzar su posición y detener lo que ellos consideraban la violencia terrorista. Sobre la conciencia de los miembros que formaron parte de los numerosos Consejos de Guerra que existieron durante la dictadura debería pesar el asesinato de muchos inocentes.

Recuerdo, una vez más, para que no olvidemos sus nombres, que los últimos fusilamientos del franquismo tuvieron lugar en Barcelona donde fue ejecutado Juan Paredes Manot, Txiki, de 21 años; en Burgos, Ángel Otaegui, de 33 años, ambos integrados en ETA político-militar; en Hoyo de Manzanares (Madrid), José Luis Sánchez Bravo, de 22 años, Ramón García Sanz, de 27, y José Humberto Baena Alonso, de 24, militantes del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP) Las condenas trataron de evitarse presionando, dentro y fuera de España, a un Franco decrépito al borde de la muerte. Un año antes, en Barcelona, Salvador Puig Antich había sido ejecutado con el siniestro método del garrote vil. Todo fue inútil. Tanto en la vanguardia de la lucha contra la dictadura como en la retaguardia, se vivía en estado de alarma.

Más que por mí misma, yo tenía miedo por los compañeros que querían volver del exilio y, sobre todo, por los amigos que seguían luchando en la clandestinidad. Cualquiera podía caer en una redada y pasar por los calabozos donde se torturaba a los presos o, a poco que tuviera mala suerte, terminar sus días en el paredón de fusilamiento. No exagero un ápice. Desde el atentado que acabó con la vida de Carrero Blanco y con los planes sucesorios del dictador, se había recrudecido la violencia política en todos los frentes. El régimen franquista se sentía acorralado y endureció la represión contra la mayoría de los universitarios, asociaciones vecinales, abogados laboralistas, movimientos feministas, sectores cristianos de base, militares de la UMD y otras organizaciones clandestinas que luchaban, de un modo u otro, contra la dictadura. Soñábamos todos con la democracia, pero la mayoría queríamos implantarla de una manera pacífica y nos apartamos de los que defendían la violencia. El espíritu de Azaña, presidente de la Segunda República –paz, piedad y perdón– había calado en la mayoría del pueblo español. Durante un tiempo, unos y otros fuimos compañeros de viaje, quiero decir que, aun maldiciendo el terrorismo, fuimos incapaces de manifestarnos contra los que optaron por la vía violenta. De ahí que la transición no tuviera nada de pacífica y se prolongase mucho más allá del tiempo que establecen los historiadores.

En la década de los setenta ya tenía el título de periodista, estudiaba Ciencias Políticas en la Complutense y trabajaba en periódicos y semanarios que los censores del régimen se iban cargando por razones diversas, todas ellas improcedentes. Tuve la suerte de ser testigo, como periodista, de la descomposición del franquismo desde una posición privilegiada. Antes de los últimos fusilamientos que ahora rememoramos, me tocó entrevistar al equipo médico que fue tratando sucesivamente las múltiples patologías de Francisco Franco. En julio de 1974, fue trasladado a un centro hospitalario a causa de una tromboflebitis con complicaciones que derivaron en una hemorragia gástrica. Aunque trató de ocultarme la verdadera situación, Vicente Gil, que era entonces su médico de cabecera, estaba muy preocupado porque el paciente era, además, enfermo de Parkinson y estaba inconsciente. El momento era de tal gravedad que el Gobierno decidió el traspaso de poderes al príncipe Juan Carlos, que lo aceptó en contra de los deseos de su padre, el conde de Barcelona, enfrentado con Franco por nombrar a su hijo sucesor en 1969, sin reconocer su propio derecho dinástico. Este acontecimiento provocó las iras del yerno de Franco, Cristóbal Martínez-Bordiu, que se enfrentó a Vicente Gil porque consideraba que había metido la pata al hablar de la gravedad del paciente. Varios testigos del personal sanitario contaron atónitos que se produjo una pelea, entre el yerno y el médico, a las puertas de la habitación de Franco. Ganó el marqués de Villaverde, es decir, el yerno, que buscó un médico de su agrado, el doctor Vicente Pozuelo, al que también tuve la fortuna de entrevistar. Cuando le daban por desahuciado, para asombro de todos, el enfermo se recuperó de la tromboflebitis y quiso asumir inmediatamente el poder. Su primera decisión fue cesar al ministro de Información y Turismo, Pío Cabanillas, por ser el más aperturista del Gobierno, lo cual provocó la dimisión de varios altos cargos y del ministro de Hacienda, Barrera de Irimo. Logré entrevistar a Pío Cabanillas que, con gran visión de futuro, me vaticinó que los del “bunker” (la extrema derecha del régimen) se iban a enrocar en posiciones más rígidas, lo cual aceleraría la transición hacia la democracia. En efecto, la regresión provocó descontento y nuevas protestas que fueron reprimidas con dureza al grito de "¡No queremos apertura, solamente mano dura!".

Consciente de la debilidad de Franco, el rey Hasan II de Marruecos quiso reclamar por la fuerza el Sahara, colonizado hasta entonces por España, y envió a sus súbditos a emprender la denominada "Marcha Verde", una estratégica movilización de más de trescientos mil marroquíes desarmados, hombres, mujeres y niños, para invadir pacíficamente el territorio saharaui. Franco se rindió y decidió firmar un acuerdo tripartito con Marruecos y Mauritania para repartirse una parte del territorio saharaui entre ambos países africanos. Los médicos que le atendían me contaron que la claudicación aceleró su decadencia física, pero que lo que precipitó su muerte fueron los fusilamientos del 27 de septiembre. No por los reos, sino por las presiones que ejercieron sobre él personas cercanas y diversas instancias internacionales, sobre todo el Papa desde el Vaticano, que le pidió personalmente clemencia para los condenados. Durante una entrevista con su cardiólogo me reveló que fue la causa indirecta de su primer infarto coronario seguido de una hemorragia gástrica masiva. Para su desgracia, el equipo médico le salvó in extremis de la muerte. Y digo para su desgracia, porque la agonía se prolongó durante varias semanas con un sufrimiento atroz. Según me informaron algunos testigos del personal sanitario, le mantuvieron con vida por deseo expreso de la familia, que solo estaba interesada en controlar los detalles previstos para la sucesión. A estas alturas, todo el mundo sabe que Franco padeció una prolongada agonía antes de morir en la madrugada del 20 de noviembre de 1975, solo dos meses escasos después de aprobar los últimos fusilamientos de una despiadada y brutal dictadura.

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Nativel Preciado es periodista, analista política y autora de más de veinte ensayos y novelas, la última, 'El pan de mis hijos'.

La Fiscalía del condado de Utah anunció este martes que pedirá la pena de muerte para el presunto autor de la muerte de Charlie Kirk, Tyler Robinson, al que acusa formalmente de siete cargos, entre ellos el de asesinato con agravantes, según informa EFE. 

El fiscal del condado de Utah, Jeff Gray, explicó que a Robinson, de 22 años, se le ha imputado el delito de asesinato con agravantes "por causar intencional o conscientemente la muerte de Charlie Kirk en circunstancias que crearon un gran riesgo de muerte para terceros".

La fiscalía también le imputa otro cargo por disparar un arma de fuego causando lesiones corporales graves y Gray añadió que el estado de Utah "alega además factores agravantes" para estos dos presuntos delitos, "porque se cree que el acusado atacó a Charlie Kirk basándose en su ideología política y que lo hizo a sabiendas de que había niños presentes que presenciarían el homicidio".

A Robinson se le acusa también doblemente de obstrucción a la justicia por mover y ocultar el rifle y también por deshacerse de la ropa que llevaba puesta cuando disparó.

También se le imputan otros dos cargos por manipulación de testigos, por ordenar a la persona que vivía con él que borrara sus mensajes incriminatorios, y por ordenar a esta persona que guardara silencio si la Policía lo interrogaba.

 Y finalmente también se le acusa de la comisión un delito violento en presencia de un menor por matar a Kirk a sabiendas de que había menores presentes en el campus de la Universidad Utah Valley (UVU) el pasado miércoles.

Gray añadió que las autoridades han hallado en el rifle que Robinson ocultó en un bosque cercano a la UVU el ADN del acusado, que fue detenido el pasado viernes y que, pese a entregarse, no ha estado cooperado con los investigadores.

Del mismo modo reveló que los investigadores han encontrado en la casa del sospechoso casquillos con marcas similares a las que se hallaron en el lugar del crimen, así como dianas con agujeros de bala.

El FBI ha hallado material genético de Robinson en la toalla que usó para envolver el arma y en un destornillador que se dejó en el tejado desde el que disparó a Kirk.

Está previsto que hoy a las 15.00 (23.00 GMT) el acusado comparezca por primera vez ante un juez del Cuarto Distrito del estado de Utah, que le informará de los cargos presentados contra él y se asegurará de que tiene un abogado que lo va a representar.

El caso provocó una respuesta en todo el mundo. Amnistía Internacional intercedió para que les cambiasen la pena de muerte por la perpetua e incluso el Papa de Roma, amén de todos los países demócratas, abogaron a su favor.

Durante días tuve oportunidad de leer sobre el caso y de contemplar boquiabierta las fotografías de los reclusos, que cada día lucían una ropa distinta y cara. “Tal vez piensan que son personajes importantes, me dije, saben que el mundo está pendiente de ellos; al fin y al cabo, han conseguido la fama”.

Y es que me extrañaba mucho que, en su situación, tuvieran ganas de arreglarse tanto.

Le expresé este sentimiento a mi compañero, y le conté mi teoría:

—Mira, le dije, en el tercer mundo la gente no solo es pobre, también está condenada a una vida gris. No tienen la oportunidad de hacer algo grande, ni de hacerse famosos. Todos los seres humanos somos iguales, y todos tenemos afán de notoriedad!

Estos chicos están aprovechando su funesta circunstancia para lucirse ante las cámaras. Saben que posiblemente morirán, pero el hecho de que todo el mundo hable de ellos les debe compensar. ¿Compensar? ¡Qué siniestro!

Mi compañero me contestó que yo era rematadamente rebuscada. Que las imágenes le parecían normales, que la ropa no quería decir nada, que mis teorías eran infundadas y que no valía la pena hablar más del caso.

Pero yo seguía comprando los periódicos para ver las declaraciones que aparecían día a día, en las que, por cierto, ellos explicaban anécdotas de sus vidas pero jamás les preguntaban sobre su “crimen y castigo”.

Por fin, a pesar de que la opinión internacional se oponía taxativamente a la pena de muerte, el presidente del gobierno, presionado por el ala más reaccionaria, dio la orden de ajusticiarlos en público.

El día de marras, para el fusilamiento, el chico rubio había elegido un jersey de color rojo, pantalones tejanos y zapatos náuticos. El indio un jersey azul claro a juego con unos tejanos y unas deportivas de una conocidísima marca, la cual, sospechaba yo, también aprovechaba el alcance de la noticia para publicitarlas.

—¿Has visto? — le dije a mi compañero.

—Bah…. paparruchadas tuyas, contestó, estoy más que harto de esa afición malsana a las situaciones macabras.

En los días sucesivos seguí comprando los periódicos, no me podía olvidar del caso; me preguntaba si era verdad que veía fantasmas donde no había más que ganas, por parte del gobierno, de incitar los instintos más bajos para distraer al pueblo de las pésimas condiciones del país. Dicho con un latinajo: Panem et Circenses.

Al cabo de una semana, una noticia reforzó mi hipótesis. En la portada, una fotografía de un pobre diablo indio con una cara diminuta medio tapada por un gran flequillo. Uno de esos que trabajan día y noche a cambio del sustento diario.

El pie de la foto: “Detenido por violar y matar a una niña de cuatro años”.

¡Idéntico al del caso de los chicos!

¿Casualidad o envidia de la Fama?

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Mercè Carandell Robusté es socia de infoLibre

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el nombramiento de Miriam Álvarez de la Rosa como nueva embajadora en Misión Especial para Derechos Humanos, Democracia y Estado de Derecho, en sustitución de Alberto Cerezo y abriendo una nueva etapa tras estar al frente de la representación española en Mauritania, según indican fuentes diplomáticas a infoLibre.

La hasta ahora embajadora en Mauritania ha sido designada en esta nueva misión a propuesta del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, quien la ha elegido por su experiencia para ocupar un puesto clave en las relaciones multilaterales y de promoción de la democracia en un momento convulso en la escena internacional.

Nacida en Santa Cruz de Tenerife en 1969, Álvarez de la Rosa es Licenciada en Derecho por la Universidad de La Laguna (1987-1992) y obtuvo un máster en Derecho de las Comunidades Europeas en la Universidad Libre de Bruselas, Bélgica (1992-1993).

Antes de ingresar en la Escuela Diplomática en 1999, trabajó en la empresa privada. Obtuvo el despacho de funcionaria diplomática en julio de 2000 y estuvo destinada en la embajada de España en Ecuador y en la delegación en la OTAN en Bruselas. Además, ha ocupado la Segunda Jefatura en la delegación en Suecia y ha sido consejera en las embajadas en Rabat (Marruecos) y en Lisboa (Portugal).

En Madrid, fue jefe de servicio de cuestiones europeas de desarme en la Dirección General de Política Exterior y vocal asesora en la Secretaría de Estado para la Unión Europea y en la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Asimismo, ocupó también el cargo de subdirectora de la Escuela Diplomática entre 2016 y 2017.

De 2018 a 2020 fue subdirectora general de Asuntos Internacionales de Seguridad en la Dirección General de Política Exterior. Fue nombrada posteriormente embajadora de España en la República Islámica de Mauritania el 6 de julio de 2021, destino desde el que da ahora el salto a su nuevo puesto.

Las relaciones entre España y Mauritania abarcan numerosas cuestiones y hay acuerdos vigentes en materia de defensa, interior y extranjería, además de aviación civil y condonación y conversación de la deuda. Asimismo, Exteriores siempre ha considerado como “socio prioritario” a este país en los planes Director en el ámbito de cooperación al desarrollo. España es uno de los principales donantes, tanto de manera bilateral como a través de los órganos multilaterales.

España se ha consolidado como uno de los principales socios de Mauritania tanto en exportaciones como en importaciones durante este tiempo. El país vende principalmente maquinaria, vehículos y materiales de construcción. Según la ficha del Ministerio de Exteriores en los últimos tres años las relaciones bilaterales “conocen un desarrollo sin precedentes”. El año pasado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitó en dos ocasiones el país. En febrero lo hizo acompañado de la líder de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y en agosto volvió con el tema central del control de la migración irregular.

A lo largo de su carrera profesional, según consta en su currículum en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Álvarez de la Rosa ha sido condecorada con la Cruz de Oficial de la Orden de Isabel la Católica, la Cruz de Oficial de la Orden del Mérito Civil y la Cruz del Mérito Militar con Distintivo Blanco.

El puesto al que accede ahora la diplomática asegura la representación a alto nivel de España en aquellos foros, supranacionales o regionales, dedicados a la promoción y a la defensa de los derechos humanos. Sigue con especial detalle aquellas vertientes relacionadas con la democracia y el Estado de Derecho como son la defensa de la libertad de expresión, la lucha contra la tortura y las desapariciones forzadas o la promoción y empoderamiento de la sociedad civil. Tiene una proyección esencialmente multilateral.

Esta figura de embajador es constante en otros gobiernos europeos como Alemania, Suecia, Francia, Reino Unido y Países Bajos. Igualmente, existen figuras similares en algunas organizaciones internacionales, como el Representante Especial de la Unión Europea para los Derechos Humanos.

 En España, aunque existió una figura parecida durante un breve periodo en los años ochenta, la primera embajadora en Misión Especial para los Derechos Humanos fue nombrada en 2005. Desde entonces siempre ha existido dicho puesto en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, dependiente de la Dirección General de Naciones Unidas, Organismos Internacionales y Derechos Humanos, aunque desde 2017 se añadieronn también a sus funciones las cuestiones relativas a Democracia y Estado de Derecho.

Este puesto evidencia el compromiso del Gobierno de España con estas tres vertientes cuya defensa deriva también la presencia en la ONU, la UE, la OSCE y el Consejo de Europa, entre otros foros, prestando una atención muy particular al compromiso de España con la erradicación definitiva de la pena de muerte.

La nueva embajadora participará en la formulación y ejecución de la política española sobre abolición de la pena de muerte de la que España ejerce un liderazgo internacional ostentando a su vez la presidencia española del grupo de apoyo de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte (CIPM), organización con sede en Madrid. Además, Álvarez de la Rosa será el enlace del Gobierno y del Ministerio con organizaciones como IDEA Internacional.

El juicio penal por insurrección contra el presidente surcoreano, Yoon Suk-yeol, a raíz de su declaración de la ley marcial el pasado 3 de diciembre arrancará el 20 de febrero, informó este lunes la agencia Yonhap citando fuentes legales. Los tribunales del Distrito Central de Seúl han establecido esa fecha para la primera vista preparatoria, según las citadas fuentes y ha recogido EFE.

El presidente surcoreano no tiene la obligación de estar presente en esa vista previa, puesto que se trata de un paso procesal que se lleva a cabo para revisar pruebas clave o establecer las fechas de las vistas ordinarias antes de que comience formalmente el juicio.

Yoon está acusado de conspirar con el exministro de Defensa Nacional Kim Yong-hyun y otros militares y exmilitares de incitar una insurrección declarando el estado de excepción de manera inconstitucional e ilegal, dada la ausencia de un escenario de guerra o de una crisis nacional o desastre comparable, requisitos recogidos en la Carta Magna para imponer la ley marcial.

Los fiscales alegan que Yoon y los demás enviaron tropas a la Asamblea Nacional (Parlamento) para evitar que los diputados votaran a favor de levantar la ley marcial y también a la Comisión Nacional Electoral (NEC) para revisar sus servidores informáticos ante la creencia de que había existido fraude electoral en tiempos recientes en Corea del Sur. También se les acusa de haber planeado arrestar a figuras políticas clave.

Aquellos culpables de liderar una insurrección son castigados en Corea del Sur con la cadena perpetua o la pena capital, para la cual existe una moratoria desde 1997.

De manera paralela, Yoon está encarando un juicio político desde enero en el Tribunal Constitucional, que debe decidir si ratifica o no su destitución parlamentaria del 14 de diciembre. En caso de confirmarse su cese, sería necesario convocar elecciones presidenciales adelantadas en un plazo máximo de 60 días tras el fallo del máximo tribunal surcoreano.

Al menos mil personas fueron ejecutadas en las prisiones iraníes el pasado año, según el cómputo del opositor Centro Nacional de Resistencia de Irán (CNRI) a partir de recuentos oficiales, lo que significaría un aumento de casi el 16% respecto a 2023. Casi el 70% de esas ejecuciones (695) se produjeron desde finales de julio, desde el inicio del mandato del actual presidente, Masud Pezeskhian, destacó en un comunicado el CNRI, que señaló, además, que este pasado 1 de enero al menos doce prisioneros fueron ajusticiados en cuatro cárceles, ha informado EFE.

Para esta organización opositora, que afirma recoger esos datos de fuentes públicas oficiales, el ritmo de las ejecuciones está en relación con la situación política en Irán y, en concreto, con "las crisis y las derrotas del régimen". Eso explicaría que en el cuarto trimestre, cuando se enfrentó a "graves derrotas en la región" -en alusión indirecta a conflictos como el de Siria o con Israel- o a "crecientes crisis económicas y sociales", las penas de muerte aplicadas se dispararon y representaron el 47% de las de todo el año.

La mitad de todos los presos ejecutados en 2024 fueron colgados en ocho prisiones: Qezelhessar (165), Shiraz (97), Idfahan (61), Tabriz (59), Karak Central (44), Qazvin (38), Mashhad (33) y Birjand (29). No obstante, se tiene constancia de que hubo en 86 centros penitenciarios de 31 provincias. De todos los reos a los que se aplicó la pena capital, 34 eran mujeres y siete tenían menos de 18 años en el momento en que sucedieron los hechos por los que fueron sentenciados. La mitad (502) habían sido condenados por delitos relacionados con el narcotráfico.

La presidenta del CNRI, Maryam Rajavi, considera que "la brutal oleada de ejecuciones en 2024, especialmente en otoño, es un intento desesperado de Ali Jamenei (el líder supremo iraní) para impedir el levantamiento de una población enfurecida que no se conformará con nada menos que el derrocamiento total del régimen". Rajavi también reclamó la exclusión del régimen de la comunidad internacional y de condicionar cualquier negociación o cualquier trato "al fin de las ejecuciones y de la tortura".

Las autoridades del estado estadounidense de Alabama han llevado a cabo este jueves la primera ejecución conocida con gas nitrógeno a un preso sentenciado a muerte en Estados Unidos, después de que el Tribunal Supremo del país rechazara intervenir en este caso, según ha informado Europa Press.

La ejecución ha tenido lugar en el Centro Correccional William Holman en Atmore, sobre las 20.25 horas (hora local), después de que el preso, Kenneth Smith, ya hubiera sobrevivido en noviembre de 2022 a una inyección letal fallida, informa la cadena de televisión estadounidense CBS.

Minutos antes, el tribunal ha vuelto a rechazar una apelación presentada por los abogados del condenado, despejando así el camino a las autoridades estatales. Este tipo de aplicación de la condena a muerte ha sido criticada por expertos por experimental y, potencialmente, innecesariamente dolorosa y peligrosa para el condenado y los presentes en la sala.

Smith, que ha estado tres décadas en el corredor de la muerte, fue condenado en 1988 por el asesinato a sueldo de Elizabeth Sennett, cuyo marido —Charles Sennett— contrató a varios hombres para matar a su mujer y que pareciera que había muerto en un robo. El esposo se suicidó una semana después, cuando las investigaciones se centraban en él. Smith fue detenido posteriormente, declarado culpable y sentenciado a muerte.

Alabama es uno de los tres estados de Estados Unidos que permite la hipoxia de nitrógeno como alternativa a la inyección letal y otros métodos tradicionales de pena capital. Oklahoma y Mississippi son los otros estados que han autorizado este tipo de pena capital, aunque hasta ahora ninguno de ellos había sido utilizado.

La oficina de la ONU para los Derechos Humanos aseguró la pasada semana en un comunicado que hay "serias" dudas sobre si esta ejecución, en dichas circunstancias, podría incurrir en "tortura u otros castigos crueles, inhumanos y degradantes".

Las cifras de ejecuciones aumentaron en un 20% en 2021 respecto al año anterior, según ha denunciado este martes Amnistía Internacional, que ha destacado que China continúa un año más al frente de la lista, a pesar de no contar con datos oficiales.

La ONG ha señalado en un informe, recogido por Europa Press, que durante 2021 se registraron 579 ejecuciones en 18 países, un 20% más que los 483 de 2020, un dato que representa además el segundo número de ejecuciones más bajo registrado por el organismo al menos desde 2010.

Asimismo, ha manifestado que la mayoría de los ajusticiamientos tuvieron lugar en China, Irán, Egipto, Arabia Saudí y Siria, antes de agregar que las cifras excluyen a "miles" de personas que habrían sido ejecutadas en el gigante asiático sin que haya constancia oficial debido a que estos temas son considerados un secreto de Estado.

La secretaria general de la ONG, Agnès Callamard, ha criticado además que "China, Corea del Norte y Vietnam siguieron ocultando su uso de la pena de muerte bajo capas de secretismo". "Como siempre, lo que vimos fue motivo de gran alarma", ha recalcado, tal y como ha destacado la ONG en su informe global sobre condenas a muerte y ejecuciones en 2021.

Amnistía ha apuntado además que, del total de ejecutados, 24 eran mujeres, lo que supone un 4% del total. En Irán fueron ejecutadas catorce mujeres, mientras que ocho fueron ajusticiadas en Egipto y una lo fueron en Arabia Saudí y Estados Unidos.

En esta línea, ha recordado además que Bielorrusia, Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Japón reanudaron las ejecuciones durante 2021, si bien no hay constancia de ejecuciones en India, Qatar y Taiwán, donde sí las hubo en 2020.

En los casos de Irán y Arabia Saudí se registraron importantes repuntes de los ajusticiamientos, con 314 ejecuciones en el primer país —respecto a las 246 de 2020—, lo que supone el mayor número desde 2017. Así, en Arabia Saudí fueron ejecutadas 65 personas, un aumento del 140% respecto a las 27 del año anterior.

"Tras el descenso de sus cifras de ejecuciones en 2020, Irán y Arabia Saudí volvieron a incrementar el uso de la pena de muerte durante el año pasado, llegando a violar sin reparos las prohibiciones establecidas en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos", ha lamentado Callamard. "Su afán por poner a trabajar al verdugo no parece que haya remitido en los primeros meses de 2022", ha alertado.

En el caso de Irán, las autoridades mantienen la aplicación de la pena de muerte por posesión de drogas y el número de ejecuciones por delitos relacionados con estupefacientes se multiplicó por más de 100 hasta llegar a 132, frente a las 23 de 2020. Asimismo, en el país fueron ajusticiadas tres personas condenadas por actos que cometieron cuando eran menores de edad, una violación del Derecho Internacional.

Amnistía ha hecho hincapié en que la retirada de las restricciones impuestas por la pandemia de coronavirus, que retrasaron los procesos judiciales, los jueces repuntaron el dictado de condenas de muerte, con importantes repuntes en Bangladesh, India y Pakistán.

"En lugar de aprovechar las oportunidades surgidas a raíz de las interrupciones de 2020, un reducido número de estados demostró un entusiasmo preocupante al optar por la pena de muerte en lugar de por soluciones efectivas frente a la delincuencia, mostrando un cruel desprecio por el derecho a la vida a pesar de las urgentes y continuas crisis mundiales de Derechos Humanos", ha lamentado Callamard.

Por contra, Amnistía ha resaltado que el Parlamento de Sierra Leona aprobó en julio de 2021 abolir la pena de muerte, algo que también hizo Kazajistán en diciembre, tras entrar en vigor ese mismo año. Asimismo, Papúa Nueva Guinea llevó a cabo una consulta nacional que derivó en la adopción de un proyecto de ley en enero de 2022, pendiente aún de ratificación.

De esta forma, más de dos tercios de los países han abolido la muerte en la legislación o en la práctica al concluir 2021, si bien 55 aún la mantienen. En este contexto, durante el año pasado se registraron conmutaciones o indultos a condenados a muerte en 19 países, mientras que hubo exoneraciones en otros cuatro.

En total, durante 2021 fueron impuestas 2.052 penas capitales en 56 países, un aumento del 39% respecto a las 1.477 en 54 países en 2020. Entre estos países figuran Etiopía, Guyana, Maldivas, Omán, Tanzania y Uganda, que no habían emitidos veredictos a muerte durante 2020.

Por ello, al concluir 2021 había constancia de al menos 28.670 personas en el corredor de la muerte, con más del 80% del total en sólo nueve países: Irak, con más de 8.000; Pakistán, con más de 3.800; Nigeria, con más de 3.000; Estados Unidos con cerca de 2.400; Bangladesh, con más de 1.800; Malasia, con cerca de 1.400; Vietnam, con más de 1.200; y Argelia y Sri Lanka con más de mil cada uno.

La ONG ha hecho además hincapié en que durante 2021 la pena de muerte fue utilizada en varios países como un instrumento de represión contra minorías y manifestantes, con un aumento alarmante del uso de los ajusticiamientos en virtud de la ley marcial impuesta en Birmania tras el golpe de Estado del 1 de febrero de 2021.

Así, ha manifestado que el Ejército birmano trasladó a tribunales militares la autoridad para juzgar a civiles, lo que llevó a la celebración de procedimientos sumarios sin derecho a apelación que provocaron la condena a muerte de forma arbitraria de 90 personas, en varios casos en rebeldía, en lo que se considera una campaña contra manifestantes y periodistas.

Amnistía ha dicho que las autoridades de Egipto han continuado recurriendo a torturas y ejecuciones masivas, a menudo tras juicios injustos ante tribunales de seguridad, mientras que en Irán se dictaron condenas de muerte de forma desproporcionada contra miembros de minorías étnicas por cargos poco precisos como la "enemistad con dios".

En este sentido, al menos el 19% de las ejecuciones en Irán correspondían a miembros de la minoría baluche, que supone apenas un 5% de la población del país asiático. Por su parte, el joven saudí Mustafá al Daruish, de la minoría chií, fue ejecutado en junio tras un juicio injusto basado en una confesión obtenida bajo torturas.

"La minoría de países que mantienen la pena de muerte están sobre aviso: no sólo podemos imaginar un mundo sin homicidios autorizados por el Estado, sino que está al alcance de la mano y seguiremos luchando por él", ha destacado Callamard.

"Continuaremos denunciando la arbitrariedad, la discriminación y la crueldad inherentes a este castigo hasta que no quede nadie bajo su sombra. Es hora de que el castigo más cruel, inhumano y degradante sea relegado a los libros de historia", ha zanjado la secretaria general de Amnistía Internacional.

La oleada de ejecuciones en Estados Unidos, a nivel federal, hasta trece en los últimos 6 meses de la administración Trump, es algo que, por constituir un triste récord, merece la denuncia y el más enérgico rechazo de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte (CIPM).

Las ejecuciones incluyeron la de Lisa Montgomery, la primera mujer a nivel federal desde 1953, la única mujer que había en el corredor de la muerte. La del primer nativo americano, Lezmond Mitchell, por el asesinato de miembros de su propia comunidad, cuyos representantes manifestaron reiteradamente la oposición a la pena de muerte por ser incompatible con su cultura y tradiciones. La de delincuentes adolescentes, como Brandon Bernard, la persona más joven en ser ejecutada en los Estados Unidos en casi 70 años, que fue condenado a muerte por un crimen que cometió cuando tenía 18 años. O la de Christopher Andre Vialva, el primer afroamericano ejecutado a nivel federal desde que se reestablecieron las ejecuciones, que tenía 19 años cuando cometió el crimen. O la de Dustin Lee Honken, primera ejecución federal en 57 años por un crimen cometido en un estado que había abolido la pena de muerte, el de Iowa, que lo hizo en 1965. O las de presos con serios indicios de discapacidad intelectual, como Emmett LeCroy, Alfred Bourgeouis, Corey Johnson, o Wesley Iva Purkey.

Un elenco de las circunstancias que acompañaron a las últimas ejecuciones en cuya descripción cabría abundar, porque en realidad siempre las hay, porque no hay una sola pena de muerte libre de objeciones: en todos y cada uno de estos casos están presentes los argumentos para seguir combatiéndola.

Estas ejecuciones tuvieron lugar tras 17 años sin que se produjera ninguna a nivel federal en EEUU. Un hecho insólito, ya que, por primera vez en la historia del país, además, el Gobierno federal ha llevado a cabo más ejecuciones que en todos los estados de la Unión juntos. En menos de seis meses, el número de ejecuciones civiles federales ha sido superior al autorizado por cualquiera de sus predecesores en los siglos XX o XXI, independientemente de su ideología política, republicana o demócrata. Nunca antes un Gobierno federal había llevado a cabo más de seis ejecuciones desde la Segunda Guerra mundial. Y la última vez que el gobierno de Estados Unidos llevó a cabo una ejecución entre una elección presidencial y la toma de posesión del nuevo presidente por un crimen federal fue hace casi 132 años, el 25 de enero de 1889, durante la presidencia de Grover Cleveland.

Las ejecuciones se reanudaron en los últimos seis meses del mandato del presidente Trump, desde julio de 2020, coincidiendo con la campaña electoral. Fueron firmadas por el ex fiscal general William Bar para reforzar el mensaje de “ley y orden”, en un momento en el que el titular de la Casa Blanca afrontaba un descenso acusado de popularidad por la forma de manejar la pandemia y por la fuerza del movimiento Black Lives Matter. Por tanto, no es que se esgrimiera la defensa de la pena de muerte como un argumento político, es que se activaron las ejecuciones, se privó a los presos de sus vidas, para utilizarlo a modo de eslogan electoral. Difícil concebir algo más insidioso.

Pero se trata de un episodio excepcional, y como tal lo denunciamos, como un cruel estertor del retribucionismo, para pronto dejarlo atrás. Porque estas 13 ejecuciones han tenido lugar en un momento en que los Estados Unidos en su conjunto y los estados a nivel individual han continuado su tendencia progresiva y gradual a alejarse de la pena de muerte. A finales de diciembre de 2020, a nivel estatal, más de dos tercios de los estados (34 estados), han abolido la pena capital (22) o no han llevado a cabo ninguna ejecución en los últimos diez años (12), incluido tres estados con moratoria establecida por los gobernadores.

El presidente Joe Biden ha afirmado su voluntad de trabajar con el Congreso para aprobar una ley que elimine la pena capital a nivel federal e incentivar a los estados con pena de muerte a seguir este ejemplo. Conviene tener presente que, en este momento, hay al menos 50 personas en el corredor de la muerte federal, según el Centro de Información de la Pena de Muerte, y más de 2.500 personas en el corredor de la muerte en todo el país, incluido el español Pablo Ibar, sentenciado a pena de muerte en Florida.

Desde la CIPM, exhortamos a la nueva administración Biden a cumplir con este objetivo, a revertir el cruel retroceso en la lucha contra la pena de muerte provocado por la anterior presidencia norteamericana y a liderar un nuevo impulso del abolicionismo en el marco de una igualmente renovada lucha de su país por extender la defensa de los derechos humanos.

Jueza Navi Pillay, presidenta de la Comisión y ex alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; Federico Mayor, ex presidente de la Comisión y ex director general de la UNESCO; Bill Richardson, comisario honorario y ex gobernador de Nuevo México; José Luis Rodríguez Zapatero, comisario honorario y expresidente del Gobierno de España; y Asunta Vivó Cavaller, directora ejecutiva de la Comisión.Navi PillayFederico MayorUNESCOBill RichardsonJosé Luis Rodríguez ZapateroAsunta Vivó Cavaller

Un grupo de 70 congresistas demócratas prepara una nuevo proyecto legislativo con el que prohibir la pena de muerte a nivel federal, después de que la saliente Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya programado en los últimos días otras tres ejecuciones más, como recoge Europa Press.

"El asesinato sancionado por el Estado no es justicia, y la pena de muerte, que mata a personas negras y morenas de manera desproporcionada, no tiene ningún lugar en nuestra sociedad", ha señalado la representante demócrata por Massachusetts, Ayanna Pressley, quien lidera la iniciativa junto al senador por Illinois, Richard Durbin.

"Poner fin a la pena de muerte federal, que es tan cruel como ineficaz para disuadir el crimen, es una cuestión de justicia racial y debe llegar a su fin. Debemos finalmente abolir esta forma inhumana de castigo y poner fin a la ola de asesinatos sin precedentes de Donald Trump", ha expuesto.

Estados Unidos reanudó las ejecuciones a nivel federal en julio por orden del entonces fiscal general, William Barr, tras una moratoria de 17 años. Desde entonces, diez personas han sido ejecutadas. Antes de que Trump asumiera el cargo, solo se habían llevado a cabo tres ejecuciones federales en ese mismo período.

"La reanudación de la pena de muerte por parte del presidente Trump a nivel federal ha sido una grave injusticia. Sorprendentemente, a pesar del hecho de que su presidencia terminará en apenas nueve días, la Administración Trump planea continuar con su espantosa ola de ejecuciones esta semana", ha criticado.

La llamada Ley Federal de Prohibición de la Pena de Muerte propuesta para 2021 contempla la prohibición de la pena capital a nivel federal, así como una nueva sentencia para aquellos que fueron condenados a ella.

En diciembre, Pressley envió una carta al presidente electo, Joe Biden, pidiéndole que pusiera fin a la pena capital durante su primer día al frente de la Casa Blanca.

La misiva estaba firmada por otros 44 compañeros, entre las que están las representantes Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib, e Ilhan Omar, miembros del conocido coloquialmente como 'El Escuadrón', una de las secciones más progresistas del Partido Demócrata.

La familia de Pablo Ibar ha activado un crowdfundingpara poder sufragar los recursos de apelación que tiene previsto presentar después de que el pasado mayo fuera condenado a cadena perpetua por un tribunal de Florida (Estados Unidos) por el triple asesinato ocurrido el 27 de junio de 1994 de Casimir Sucharski, propietario de un club nocturno, y las bailarinas Sharon Anderson y Marie Rogers. "No os olvidéis de Pablo", han reclamado.

Así lo ha anunciado este miércoles, en una rueda de prensa en Madrid a la que ha tenido acceso Europa Press, el portavoz de la Asociación contra la pena de muerte de Pablo Ibar, Andrés Krakenberger, quien ha explicado que el condenado se enfrenta ahora a varios trámites judiciales, empezando por el recurso ante el Tribunal de Apelaciones del Cuarto Distrito de Florida.

En caso de no prosperar este recurso, a Ibar le quedan varias posibilidades de apelación, ante el Tribunal Supremo de Florida, el Tribunal del Distrito Federal y, por último, el Tribunal Supremo de Estados Unidos. La familia de Ibar confía en no tener que llegar a agotar todos estos trámites y recursos y que en algún paso intermedio la condena a cadena perpetua sea anulada y pueda tener "un juicio justo". De momento, el reo está esperando a que los tribunales le hagan llegar la transcripción del último juicio para así poder empezar a preparar los recursos con su abogado.

Unos 300.000 dólares de gasto

En cualquier caso, todos estos trámites judiciales son especialmente costosos en Estados Unidos –la última vez que apeló al Tribunal Supremo de Florida el gasto fue de unos 300.000 dólares–, de modo que la asociación ha reactivado el crowdfunding en la página web www.pabloibar.com. Desde el último juicio, que comenzó a principios de este año, llevan recaudados 76.000 euros.

Ibar, de 47 años de edad, ha pasado 25 en prisión en Estados Unidos, 16 de ellos en el corredor de la muerte. En 2016, el Tribunal Supremo de Florida anuló la sentencia de pena de muerte y ordenó repetir el juicio, al determinar que había tenido "una defensa ineficaz" y había sido condenado a partir de pruebas "débiles e escasas".

Krakenberger ha denunciado en la rueda de prensa que en el nuevo juicio al que fue sometido Ibar este año, el fiscal aportó exactamente esas mismas pruebas que habían sido consideradas "débiles y escasas", al tiempo que ha censurado todas las "irregularidades" que, según considera, marcaron la vista oral de principio a fin.

Además, ha lanzado sospechas sobre la falta de "imparcialidad" del juez que presidió el juicio, ya que trabajó como fiscal en la misma oficina que llevó el caso de Ibar en el juicio del año 2000 y su esposa también fue fiscal y sí intervino en algunas fases del procedimiento.

'Pablo Ibar juicio justo'

Aunque Ibar ya ha salido del corredor de la muerte y la Fiscalía ya no podría volver a pedir la pena de muerte en un supuesto nuevo juicio, la familia del reo opina que el procedimiento judicial al que se ha sometido no ha sido justo, pues siguen proclamando su inocencia.

"Esto no ha acabado. Tememos que haya cierta complacencia y desmovilización ciudadana por el hecho de que Pablo ya no esté condenado a muerte", ha explicado Krakenberger, razón por la cual han decidido que la Asociación contra la pena de muerte de Pablo Ibar pase a llamarse "Pablo Ibar – Juicio Justo".

Cárcel masificada

Tras la condena a cadena perpetua, Pablo Ibar se encuentra ahora en una prisión del centro de Florida, más cerca del lugar donde vive esposa –que ya no tiene que conducir seis horas para visitarle, sino sólo una–, pero, según ha contado su padre, Cándido Ibar, las condiciones en esta cárcel son diferentes a otras en las que estuvo anteriormente.

Aunque su situación personal es mejor, ya que sale al patio y se puede duchar al menos una vez al día, cuando su padre fue a visitarle se llevó una "gran desilusión" porque es un centro bastante masificado, con unos 2.000 internos, y hay un problema de bandas. De hecho, el primer compañero de celda que tuvo fue acuchillado y no sabe qué fue de él.

A la pregunta de qué probabilidades creen que tiene Ibar de que se vuelva a repetir el juicio, Krakenberger ha afirmado que en Estados Unidos hay "muchos casos" de exoneraciones años después y tras muchas apelaciones. "Partimos de la base de que se ha cometido una injusticia y vamos a por todas", ha apuntado.

La familia de Pablo Ibar, que aún no sabe si mantendrá al mismo equipo de defensa o cambiará de abogados para la apelación, ha mostrado su satisfacción por la atención recibida por las autoridades españolas en Estados Unidos, pues el cónsul en Florida le visita de vez en cuando e incluso el embajador, Santiago Cabanas, se desplazó desde Washington para la notificación de la sentencia el pasado mes de mayo.

Ibar, sobrino del conocido boxeador vasco José Manuel Ibar Azpiazu, "Urtain", se encuentra en un centro de evaluación de Miami a la espera de que se tome una decisión de a qué prisión es enviado tras haber logrado esquivar la condena a muerte el pasado 22 de mayo al no conseguir el jurado popular la unanimidad necesaria.

En una carta manuscrita a su hermano Michael para que sea difundida, Ibar, condenado a cadena perpetua tras ser declarado culpable el pasado 19 de enero, agradece la ayuda que le ha permitido esquivar la pena de muerte y reitera su inocencia aunque "hay muchos detalles" que no puede explicar ahora porque el proceso de apelación para la repetición del juicio continúa abierto.

"Obviamente me siento desilusionado porque me han encontrado culpable de nuevo, especialmente siendo inocente y otros han sido exonerados por el mismo crimen. Cuando el jurado recomendó mi sentencia de cadena perpetua vi el terrible peso levantarse de los hombros de mi familia. Aunque tengo una convicción, esto ha sido una gran victoria. Ustedes han salvado mi vida", señala en la misiva.

Aunque reconoce que algunas personas han podido sentir la sentencia de cadena perpetua "como un acto de misericordia", Ibar recuerda en la carta que "no puede haber misericordia sin justicia" y que esta decisión judicial "todavía significa" que va a "morir en prisión por un crimen" que asegura que no cometió.

En cualquier caso, ha trasladado su agradecimiento a todas aquellas personas que le han ayudado durante "este tiempo tan crítico" y los años "más oscuros" de su vida, durante la que ha permanecido 25 años en prisión, 16 de ellos en el corredor de la muerte, en la cárcel de Raifrod.

"Tener tanta gente quien nunca me han conocido y quien yo no conozco que pueden juntarse para ayudarme es algo que me hace sentir muy humilde", dice en la misiva el hispanoamericano de 47 años, que cita expresamente entre los agradecimientos a los Gobiernos vasco y español, al Congreso y al Senado, al embajador español en Estados Unidos, al Consulado General en Miami y a la Asociación contra la Pena de Muerte Pablo Ibar.

Igualmente, agradece a su "bella mujer" y su familia, tanto en España como en Estados Unidos, los "esfuerzos" y asistencia en su lucha por la justicia, un esfuerzo gracias al cual está "liberado de la horrible sentencia de muerte" que ha sido una "pesadilla" en los últimos años.

Finalmente, Ibar expresa su deseo de "poder volver a nuestro bello país" con su familia, algo que sería "un sueño hecho realidad" para él. "Todo mi amor y mi interno aprecio", concluye la misiva.

En 2016 la Corte Suprema de Florida anuló la sentencia de pena de muerte y ordenó repetir el juicio, al determinar que había tenido "una defensa ineficaz" y había sido condenado a partir de pruebas "débiles e escasas".

Ibar fue detenido el 14 de julio de 1994 en Miami Dade por allanamiento de morada y robo, delitos por los que fue condenado a ocho años de cárcel. El 8 de agosto de ese año fue acusado del triple crimen cometido en Miramar, pese a que éste siempre defendió su inocencia y aseguró que esa noche había estado con su novia, Tanya Quiñones, con la que posteriormente se casó.

El primer juicio fue declarado nulo por falta de acuerdo del jurado, el segundo aplazado, pero en el año 2000 se le consideró culpable y fue condenado a muerte. Tras los recursos de la defensa, en 2016 el Tribunal Supremo de Florida anuló la condena a pena capital y ordenó repetir la vista oral.

Jean-Yves Le Drian, ministro francés de Asuntos Exteriores, decía el 28 de mayo en France Inter: "Estamos haciendo todo lo posible para evitar la pena de muerte a esos cuatro franceses", en respuesta a un oyente que le preguntaba sobre el futuro de los ciudadanos condenados a la pena capital en Irak por pertenencia a la organización del Estado Islámico (EI). Una semana más tarde, el número de condenas ha pasado de cuatro a doce y ahora París se encuentra enfrentada a sus propias contradicciones.

Las recientes condenas dictadas por la justicia iraquí han reavivado un dilema que envenena al ejecutivo desde hace varios meses: ¿Qué suerte les espera a los yihadistas franceses prisioneros en países que aplican la pena de muerte cuando se les niega que sean juzgados en Francia donde la abolición de esa pena está grabada en el mármol constitucional? Este dilema es la consecuencia lógica de la forma en que París ha decidido gestionar la espinosa cuestión de los "reaparecidos" después de las derrotas militares sufridas por el EI en Siria y en Irak. O más bien, justamente, por no gestionarla.

A finales de enero, la revelación que hizo BFM TV sobre una posible repatriación de yihadistas franceses había suscitado un vivo debate que Macron pensó que cerraba un mes más tarde cuando declaró que las personas encarceladas "en Siria y/o por las autoridades iraquíes" tenían vocación de ser "judicializadas en esos países cuando se reconoce la justicia, cuando existen hechos de los que son culpables e incriminados en dichos países". Con ocasión de la visita a París, el 25 de febrero, de su homólogo iraquí Barham Saleh, el presidente de la República había insistido en el derecho de Bagdad a "decidir soberanamente" en esos procesamientos.

"Contrariamente a lo que he podido leer o entender, no hay concebido a día de hoy un programa de retorno de los yihadistas, seguimos con la misma doctrina", añadió Macron unos días más tarde, con ocasión de un debate organizado en el Elíseo con diputados de la región Gran Este. Sin embargo, como ha contado Mediapart –socio editorial de infoLibre–, los servicios de los Ministerios de Asuntos Exteriores, de Defensa, de Interior y de Justicia, poco convencidos de la "opción iraquí", trabajaban ya desde el otoño de 2018 en el retorno de los yihadistas detenidos por los kurdos de Siria, que era entonces el caso de los doce ciudadanos franceses condenados a muerte.

"Son franceses antes que yihadistas"

Una información sostenida por las palabras de Christophe Castaner (ministro de Interior) a principios de año: "Son franceses antes que yihadistas", dijo en BFM TV. "Todos los que regresen a Francia serán procesados y entregados a los jueces". Según el testimonio de varios miembros de los servicios de inteligencia, un sondeo que desvela el fuerte rechazo entre la opinión pública por la repatriación habría hecho cambiar de opinión al jefe del Estado. "Nosotros no hacemos regresar a nadie", había dicho al primer ministro el 6 de marzo. "La doctrina francesa ha sido siempre que los franceses que se marchan a zonas de combate, combaten contra nosotros".

Pensando que evitaba el problema al confiarlo a la jurisdicción iraquí, Emmanuel Macron tiene que responder ahora a las críticas de los defensores de derechos humanos, preocupados por el "carácter injusto" de los procesos y por el "riesgo de ejecución" que corren varios ciudadanos franceses. "Si países como Francia no quieren que sus ciudadanos sean condenados a la pena de muerte, como dicen sus representantes, deberían traerlos a casa para someterlos a una investigación y a un procedimiento judicial", ha declarado recientemente Lama Fakih, directora adjunta de Human Rights Watch (HRW) para Oriente Medio.

"Esta resignación culpable de nuestro país no es más que el paroxismo en el debilitamiento de un cierto número de principios que estructuran nuestro derecho", escribieron hace unos días 45 abogados en una tribuna publicada en la web franceinfo.fr. La portavoz del gobierno Sibeth Ndiaye, preguntada sobre el tema al final del consejo de ministros del 3 de junio, ha asegurado que el Estado francés intervenía "al más alto nivel" para que las condenas a muerte "sean conmutadas por cadena perpetua". "Nuestros compatriotas gozan, evidentemente, de protección consular", añadió.

Asistencia consular

Unos días antes, en la sesión de preguntas al gobierno en la Asamblea Nacional, Jean-Yves Le Drian declaraba que los yihadistas franceses habían sido objeto de un "proceso justo" en Bagdad. "Les ha sido también ofrecida asistencia consular a lo largo del procesamiento, tanto en el período de detención como durante el proceso y después de él. Nuestros servicios consulares están ahí, presentes, asistiendo y constatando el buen desarrollo de las operaciones", precisó Le Drian. "Se les ayuda a recurrir ante las autoridades iraquíes".

Los miembros del Gobierno, al mismo tiempo que afirman su oposición a la pena de muerte y su adhesión a los derechos fundamentales, subrayan que los yihadistas no son ciudadanos como los demás. Son "terroristas que nos han atacado y que han sembrado la muerte en Irak", insistió el ministro de Asuntos Exteriores en France Inter. "Son el enemigo", había explicado ya en Ouest-France. Son "franceses que han dejado su país para tomar las armas contra su país por medio de actos terroristas, hay que recordar siempre de qué estamos hablando", indicó Sibeth Ndiaye.

Es un discurso político que se inscribe en la misma línea de lo que el poder ejecutivo da a entender desde hace ya casi cuatro años. François Hollande, al proponer tras los atentados de noviembre de 2015, la extensión de la privación de la nacionalidad a los binacionales nacidos franceses y "condenados por un delito que constituya un atentado grave a la vida de la nación", abrió la posibilidad a un razonamiento que ha dado frutos en el debate público. Razonamiento según el cual franceses que hayan matado a otros franceses no merecerían ni la nacionalidad ni los derechos a ella inherentes.

"Se les mata allí mismo, como siempre se ha hecho"

En ese mismo espíritu, con una ligereza desorientadora respecto a nuestros principios fundamentales, el ex presidente de la República había admitido a los autores del libro Un presidente no debería decir eso (editorial Stock, 2016) que había ordenado a sus servicios varias "operaciones Homo" (homicidio) durante su mandato. Estos asesinatos predeterminados, realizados sin un marco legal definido, fuera de todo procedimiento judicial y sin el menor control parlamentario, han sido todavía esgrimidos por algunos diputados de derecha el pasado enero, cuando se planteó la cuestión de los "reaparecidos".

"Hay una opción jurídica en inteligencia con el objetivo de retirarles la nacionalidad francesa. Hay otra opción, la eliminación de esas personas", declaró el diputado de Los Republicanos (LR) Pierre-Henri Dumont en LCP, añadiendo que "Francia no debe acogerlos jamás. Se les mata allí mismo, asesinatos predeterminados, como siempre se ha hecho".

Frente a la polémica que suscitó esa declaración, la derecha se defendió recordando al gobierno las palabras pronunciadas en octubre de 2017 por la ministra de Defensa Florence Parly. Cuando Raqqa estaba a punto de caer, dijo que lo más eficaz, para impedir el retorno de los yihadistas a Francia, era "ir hasta el final" de la operación. "Si hay yihadistas que perecen en esos combates, tanto mejor. No podemos hacer nada para impedir su retorno pero podemos continuar el combate para neutralizar al máximo de ellos", afirmó durante la emisión Le Grand rendez-vous de Europa1, en Les Échos-CNews, negándose no obstante a utilizar el verbo "eliminar" que usaban los periodistas que la preguntaban.

"Nunca han tenido escrúpulos, no veo por que deberíamos tenerlos nosotros"

Declaraciones que Florence Parly había asumido plenamente unos meses más tarde durante su felicitación a los ejércitos. "Una frase mía que ha hecho correr mucha tinta y que asumo. Los yihadistas nunca han tenido escrúpulos, no veo por que deberíamos tenerlos nosotros por ellos", había dicho, reconociendo entre líneas que la posición de Francia sobre la pena de muerte podía cambiar en función de las situaciones y los individuos. Sin embargo, como recuerdan los firmantes de la tribuna de franceinfo.fr, "el artículo 66.1 de la Constitución según el cual 'nadie puede ser condenado a la pena de muerte' no contiene ninguna excepción, ni siquiera en materia de terrorismo".

En Francia como en toda Europa, el retorno de los yihadistas suscita un profundo rechazo en la opinión pública, razón por la cual es sin duda políticamente más ventajoso dejar que les juzguen a miles de kilómetros. Pero, como escribía Emmanuel Macron en su libro Révolution (editorial XO, 2016), "un país –y sobre todo Francia– no ha superado jamás una prueba decisiva renegando de sus leyes fundamentales y de su espíritu". Ahora bien, como subrayan los 45 abogados en la tribuna, "la fuerza del derecho reside precisamente en la universalidad de su aplicación". En París y en Bagdad. ___________________

  Traducción de Miguel López.

Aquí tienes el texto original en francés:  

El juez del caso de Pablo Ibar, a quien el pasado sábado un jurado de Florida volvió a declarar culpable del asesinato de tres personas en 1994, ha acordado apartar a un suplente del tribunal popular que tuvo información "inadecuada" durante el mismo pero no ha aceptado la petición de la defensa de anular el juicio.

Durante la jornada de este jueves, el magistrado Dennis Bailey ha escuchado el testimonio del jurado suplente que aseguró haber recibido información que no debía tener sobre antecedentes el acusado en uno de los recesos de la vista oral, al escuchar en sede judicial una conversación entre un juez, una abogada y un administrativo que hablaban del caso. Este miembro del jurado dijo que no había oído algo que no supiera ya, por lo que la defensa reclamó que se lo citara para pedirle explicaciones, al considerar que el tribunal popular podría estar "contaminado" al haber tenido acceso a esa información.

Tras las explicaciones, el magistrado del tribunal de Broward County ha acordado sacar a este suplente del jurado —al que la defensa se refiere como señor Black— por razones de seguridad. Previamente, el magistrado se opuso a convocar a otro miembro del jurado que llamó el pasado martes al tribunal para retractarse tras haberse dictado el veredicto, según ha informado el portavoz de la Asociación contra la Pena de Muerte, Andrés Krakenberger.

El juez ha rechazado la petición de la defensa de Ibar para que anulara el veredicto y que vuelva a reunirse el jurado para seguir deliberando. El próximo día 4 se celebrará una audiencia de las partes con el juez para tratar cuestiones procesales de cara a la fase de sentencia que se inicia el día 25 de febrero.

Pablo Ibar, de 46 años de edad y de origen vasco, es hijo de Cándido Ibar Aspiazu, pelotari que emigró a Estados Unidos, y sobrino del fallecido boxeador José Manuel Ibar, "Urtain". El 28 de agosto de 2000, la justicia estadounidense lo condenó a pena de muerte como autor, junto a su amigo Seth Peñalver, del asesinato el 26 de junio de 1994 de Casimir Sucharski, dueño de un local nocturno, y de dos bailarinas que actuaban en su local, Sharon Anderson y Marie Rogers.

En 2016 se anuló la pena, al no haberse dictado por unanimidad del tribunal popular, y se ordenó repetir el juicio. Dentro de la nueva vista oral, el pasado sábado el jurado declaró a Ibar, de nuevo —esta vez por unanimidad, tal como requiere la Ley—, culpable del triple asesinato. Tras el veredicto de culpabilidad del nuevo jurado, en la segunda parte del juicio, que se celebrará a partir del próximo 25 de febrero y que se espera que se prolongue aproximadamente durante una semana o diez días, se dará a conocer la sentencia.

El fiscal general de Arabia Saudí ha pedido este jueves la pena de muerte contra cinco de los implicados en el asesinato del periodista Yamal Jashogi en el consulado del reino en Estambul el pasado 2 de octubre, según informaciones de la cadena Al Arabiya a las que ha tenido acceso Europa Press.

Once de los acusados en el asesinato del periodista crítico con la Casa Real saudí han comparecido ante un tribunal, según el citado medio, en la primera vista en relación con el caso, que ha conmocionado a la comunidad internacional. El fiscal ha precisado que ha enviado dos solicitudes a Turquía reclamando pruebas en torno al asesinato pero no ha obtenido respuesta por el momento.

Jashogi fue asesinado en el interior del consulado saudí en Estambul el pasado 2 de octubre por un comando que viajó expresamente desde el reino, supuestamente con la intención de convencerlo de que regresara al país, ya que vivía exiliado en Estados Unidos. Sin embargo, la implicación de, al menos, dos personas del entorno más próximo al príncipe heredero saudí en el asesinato ha puesto en duda la versión oficial de Riad de que ni el príncipe Mohamed ni su padre, el rey Salmán, estaban al tanto de la operación. Jashogi murió presuntamente asfixiado y su cuerpo habría sido descuartizado y entregado a un colaborador local para que se deshiciera del mismo. Por ahora, las autoridades turcas no han conseguido encontrar los restos del colaborador del diario estadounidense Washington Post.

La Moncloa ha anunciado que, en su visita a Madrid, el presidente de China, Xi Jinping, y el de España, Pedro Sánchez, firmarán decenas de acuerdos económicos, culturales y de cooperación. No obstante, entre los múltiples asuntos comerciales, financieros, fiscales y geoestratégicos que se tratarán en la reunión entre ambos mandatarios no está previsto que en ningún momento se hable de un tema en el que el país asiático suspende con alarma: los derechos humanos. En su viaje a España, Xi Jingping ya ha sido recibido con honores militares —habitual en las visitas de Estado— por los reyes, se reunirá con Pedro Sánchez y esta mañana la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, le ha hecho entrega de las llaves de la ciudad. También está previsto que, tras un discurso en el Senado, las Cortes le entreguen las medallas de ambas cámaras.

En estas citas diplomáticas, China suele poner el acento en el carácter comercial y económico con la connivencia de unas democracias muy distanciadas del régimen de partido único y la violación de libertades que rigen la vida política del gigante oriental. En un informe reciente de la ONG Amnistía Internacional se denuncia, por ejemplo, la utilización del pretexto de la seguridad nacional para detener, procesar y condenar —con indicios de torturas o medidas como la incomunicación durante meses— a disidentes, artistas críticos o activistas que defienden los derechos humanos. El documento también es contundente a la hora de detallar las vulneraciones a derechos fundamentales como la libertad de expresión, religión o asociación, y pone de manifiesto las represivas políticas laborales y la exclusión que sufren en el país las minorías étnicas —como la tibetana o uigur—.

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, le ha entregado este miércoles las llaves de la ciudad al presidente chino, Xi Jinping

En un régimen donde la pena de muerte es tan legal como opaca —la ONU lleva más de 40 años solicitando a China más transparencia en los datos de ejecuciones—, otro de los asuntos donde existen más restricciones es el derecho a la información. Tal y como arroja otro informe, de la ONG Human Rights Watch, la censura en Internet es sistémica. Miles de páginas web están prohibidas por el Gobierno —entre ellas conocidas redes sociales como Facebook, Twitter o Instagram—, que en junio aprobó la Ley de Seguridad en Internet, consistente en someter a los cánones de censura del Estado chino a todas aquellas empresas que operen en el país. Así, por ejemplo, el buscador Google —que se ha adscrito a las directrices censoras chinas— omite automáticamente la información de las búsquedas que el Gobierno considera subversivas o peligrosas —como las protestas en la Plaza de Tiananmén en 1989—.

A principios de noviembre se conoció que el Gobierno chino trabaja en una especie de carné por puntos que valora a los ciudadanos en función de su comportamiento —se tendrán en cuenta, por ejemplo, acciones como fumar en sitios donde no está permitido o arrojar basura en lugares inapropiados—. Aunque China no ha aportado mucha información, la idea se basa en que, con una red de miles de cámaras, las autoridades chinas observarán a los ciudadanos en lugares públicos y sancionarán a aquellos que realicen acciones punibles —no se ha aclarado qué tipo de castigo conllevarían dichas acciones—. Desde Amnistía Internacional ya han avisado de que esta medida podría estar dirigida únicamente a ejercer más control social.

Visita esperada y sin polémica

A pesar de los continuos atropellos de derechos y libertades en China, la llegada de Xi Jinping a España no ha levantado protestas en la calle y la mayoría de medios están siendo complacientes. Todo lo contrario que cuando hace un año, el presidente de Israel, Reuven Rivlin, visitó Madrid y la alcaldesa también le entregó las llaves de la ciudad. Entonces hubo bastante polémica —incluso días antes del viaje del dirigente israelí— por el conflicto con Palestina y la situación en los territorios donde Tel Aviv tiene desplegados asentamientos.

Ningún presidente chino había visitado España desde Hu Jintao en 2005. En mayo de 2017, el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, le trasladó a Xi Jinping la invitación de Felipe VI para venir a nuestro país, pero hasta ahora no se ha producido el viaje. Sin embargo Xi Jinping ya pisó brevemente suelo español en noviembre de 2016, cuando realizó una escala de unas horas en Gran Canaria durante la que mantuvo una reunión con la vicepresidenta del Gobierno en ese momento, Soraya Sáenz de Santamaría.

Los expertos han afirmado que todos los condenados fueron sentenciados por lo que consideran una "criminalización del ejercicio de los derechos fundamentales, incluida la libertad de asamblea y expresión, cuando eran menores de 18 años".

Así, han manifestado además que supuestamente fueron torturados y sometidos a malos tratos y forzados a confesar, al tiempo que se les negó la asistencia legal adecuada durante el juicio. Los condenados son Alí al Nimr, Daud al Marhun, Abdulá al Zaher, Mujtaba al Sueikat, Salmán Qureish y Abdulkarim al Hauaj.

"Las sentencias a penas de muerte y ejecuciones por crímenes cometidos por personas menores de 18 años en el momento del delito son contrarias al Derecho Internacional y a sus estándares", han manifestado.

En este sentido, han recalcado que, como firmante de la Convención sobre los Derechos del Niño, Arabia Saudí "tiene la obligación de tratar a todos los menores de 18 años como niños".

"Los niños no deben ser nunca sometidos a pena de muerte, ya que esta práctica viola la norma existente en el Derecho Internacional y supone un castigo equivalente a la tortura", han explicado, al tiempo que han sostenido que su ajusticiamiento "constituirá una ejecución arbitraria".

Por ello, han resaltado que las autoridades "deben garantizar que los niños que no han tenido un juicio justo sean inmediatamente liberados y que aquellos que fueron sentenciados a muerte vean su condena conmutada".

"Arabia Saudí debe enmendar rápidamente su legislación con la idea de prohibir sin ambigüedades la imposición de la pena de muerte contra niños", han dicho, motivo por el que están en contacto con Riad.

Los expertos firmantes son Renate Winter, presidente del Comité sobre Derechos del Niños; Nils Melzer, el relator especial de la ONU para la tortura; David Kaye, relator sobre la promoción y protección de los derechos de opinión y expresión; y Clément Nyaletsossi Voule, relator especial sobre los derechos de asamblea y asociación.