Cuando se cumplen 40 años de la aprobación de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, es hora de hacer balance. Sin duda, ha sido una ley que ha dotado de estabilidad y seguridad al sistema electoral, algo que estaba entre los temores del legislador. Sin embargo, son conocidos los problemas que genera la desigualdad que el sistema provoca al convertir los votos en escaños. Pese al mantra popular, el factor fundamental no es tanto la fórmula elegida, la Ley´Hondt, sino la elección de la provincia como circunscripción y, de forma especial, el establecimiento de dos escaños fijos por provincia sin relación alguna con la población.

La mejora de nuestro sistema electoral pasa esencialmente por mejorar la proporcionalidad del mismo acercándonos al ideal de igualdad de todos los votos ciudadanos, superando la tremenda distorsión provocada por un sistema desigual y desproporcional. En este sentido existe una serie de medidas que, junto a la disminución de los escaños fijos, puede ayudar a la puesta al día del sistema electoral. En función de este criterio y conscientes de la enorme dificultad política de la reforma constitucional, Más Democracia presentó ante la subcomisión de Reforma Electoral (¿qué fue de sus resultados?) del Congreso de los Diputados, el día 16 de marzo de 2018, un decálogo de propuestas. Una parte de ellas tenía que ver con la mejora y garantías de los procesos electorales como: representación paritaria, eliminación del voto rogado (ya logrado, aunque quede mucho camino para conseguir la máxima eficacia en el voto de nuestros compatriotas en el extranjero), generalización de las primarias partidarias con condiciones democráticas adecuadas y bajo control de la autoridad electoral —incorporándolas así plenamente a nuestro sistema electoral y no quedando como un instrumento controlado por las autoridades de los partidos—, limitación de mandatos, avanzar hacia un sistema general y seguro de voto electrónico, debates televisados por ley y no sujetos al albur de los intereses de los partidos y sus candidatos sino como un derecho de la ciudadanía y la incorporación de medidas que faciliten el voto de las personas con discapacidad.

Junto a todo ello, en el citado decálogo se esbozaban tres medidas de calado que sí afectan a la proporcionalidad: 1) Reducción del mínimo de escaños por circunscripción de dos a uno. 2) Sustituir la fórmula de asignación de escaños por fórmulas menos sesgadas como la Sainte-Lague o la Hare. Y 3) ampliación de los escaños de 350 a 400, límite constitucional, lo que favorece la proporcionalidad del conjunto del sistema, señalando además que España es uno de los países con ratio población/diputados más baja (76.390 ciudadanos) mientras por ejemplo el Reino Unido es de 44.580. Este conjunto de medidas acercarían nuestro sistema electoral a los ciudadanos, desarrollarían la calidad democrática del sistema y nos acercarían a uno más igualitario y más próximo.

Como es conocido, el número de representantes que se asignan a cada provincia se obtiene sumando los dos fijos que le otorga la LOREG a aquellos que a cada provincia les corresponde en función de la población. La conclusión es que, en nuestros días, la LOREG desplaza 64 escaños de la proporcionalidad, resultando sobrerrepresentadas en el Congreso muchas provincias de poca población.

Así, por ejemplo, Castilla y León debería contribuir al Congreso de los Diputados con 17 representantes sobre 350, pero la LOREG le asigna 31 (+14), por ser una comunidad autónoma con muchas provincias y poca población en cada una. Y en el extremo opuesto, la comunidad de Madrid debería contribuir con 50 representantes por su peso poblacional, pero la LOREG le asigna 37 (-13), porque solo recibe dos fijos provinciales y 35 de la distribución proporcional de 248, no de 350 (2 fijos x 50 provincias +1 por Ceuta y 1 por Melilla = 102 de asignación fija, luego 248 de asignación proporcional). 

La tabla explica que la ley electoral vigente distorsiona la representación del comportamiento electoral, esto es, de la voluntad popular, porque ese comportamiento es diferente en cada comunidad autónoma y, salvo Navarra en la actualidad, éstas no están representadas proporcionalmente a su población en el Congreso de los Diputados, algo que viene sucediendo desde el año 1977.

Los dos diputados fijos por provincia se establecieron mediante el Real Decreto-ley 20/1977 sobre Normas Electorales que reguló las elecciones constituyentes de la nueva democracia española. Más tarde, la Constitución de 1978 estableció el tamaño del Congreso, la circunscripción electoral y el número de representantes que se eligen en cada una, así como el procedimiento para su elección:

68.1. El Congreso se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 Diputados (…).

68.2. La circunscripción electoral es la provincia. Las poblaciones de Ceuta y Melilla estarán representadas cada una de ellas por un Diputado. La ley distribuirá el número total de Diputados, asignando una representación mínima inicial a cada circunscripción y distribuyendo los demás en proporción a la población.  

68.3. La elección se verificará en cada circunscripción atendiendo a criterios de representación proporcional. 

Las elecciones de 1979 y 1982 fueron anticipadas, en ambos casos, y reguladas por el Real Decreto-ley 20/1977 que vimos antes. Gobernando el PSOE con la mayoría más absoluta que ha conocido España (202 diputados), la Ley Orgánica 5/1985 del Régimen Electoral General (lo que conocemos como la LOREG), recogió todos los elementos del sistema actual y estableció los dos escaños fijos por provincia como representación mínima inicial.

Estos cambios en el sistema electoral, en función de cómo se planteen, requieren una reforma constitucional, algo de enorme complejidad en estos tiempos. Sin embargo, los problemas de desproporcionalidad a los que a menudo se alude, podrían ser suplidos con una reforma de la LOREG, es decir, con 176 votos positivos en el Congreso de los Diputados —algo que tiene la mayoría de investidura—, siempre y cuando tal reforma no afecte al artículo 68 de la Constitución o a cualquier otro.

En este sentido, aparecen dos vías posibles: una de ellas pasaría por ampliar el Congreso a 400 diputados manteniendo dos escaños fijos por provincia, algo difícil de justificar para el conjunto de la ciudadanía, aunque como se señalaba anteriormente, la ratio ciudadanía/diputado está entre las más bajas de Europa. La otra vía, más sencilla, y que apenas se ha explorado, consistiría en reducir la representación mínima inicial a un diputado fijo por provincia y mantener la distribución proporcional a la población (excluyendo Ceuta y Melilla), de los 298 restantes. El resultado se puede observar en la siguiente tabla:

La tabla compara los escaños que se asignan mediante la reforma propuesta y la LOREG. Madrid (+6), y Barcelona (+5), lideran las provincias de más población que ganarían escaños. En el lado opuesto, la España vacía lidera la pérdida de representantes de las provincias con menos población.

Esta reforma plantea algunos problemas, entre otros, que las provincias con menos población se sentirían agraviadas, ahondando en la sensación de abandono que llevan tiempo mostrando. Siendo estos últimos motivos de peso en el debate, hay que recordar que el objetivo de un sistema electoral no es paliar agravios, sino dotarse de mecanismos lo más justos posibles. Es decir, dichos agravios deben abordarse de otras maneras, pero no a base de forzar la desproporcionalidad del sistema electoral. De hecho, contar con dos diputados fijos por provincia no ha servido para evitar ese malestar que expresan.

Ningún sistema electoral es perfecto, y a menudo cuando se intenta resolver un problema, surgen otros. Así y todo, tras cuarenta años de la LOREG, va siendo hora de abrir un debate tanto técnico como, sobre todo, social, donde explorar vías que ayuden a mejorar el sistema del que nos hemos dotado para elegir a nuestros representantes.

* Artículo firmado por:

Cristina Monge, profesora de ciencia política. Jaime Miquel, analista electoral. Manuel Villoria, catedrático de ciencia política. Gloria Elizo, jurista y ex vicepresidenta del Congreso de los Diputados. Joan Navarro, profesor de ciencia política. Jorge Urdanoz, profesor de filosofía política. Enrique del Olmo, sociólogo.

Ningún sistema electoral es perfecto ni tampoco completamente proporcional. Tampoco el español, definido por Fátima García Díez, profesora titular de Ciencia Política de la Universidad de Salamanca, como uno de los más "desproporcionales de la familia de los proporcionales". Esa ha sido una de las reflexiones destacadas del Seminario '40 años de la Ley Electoral. Un balance sobre la aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG)' organizado por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC). Para la directora del centro, Rosario García Mahamut, la LOREG tiene "luces y sombras" y también muchos retos pendientes.

Uno de ellos es, precisamente, lograr un sistema más proporcional para tratar de reflejar de manera más exacta la distribución de votos en la asignación de escaños o puestos. La idea del sistema d'Hont, por el que se rige la elección de los diputados del Congreso, es que cada partido obtenga un porcentaje de escaños que sea aproximadamente igual a su porcentaje de votos. Pero hay mucha letra pequeña. En el caso español, tal y como remarcó García, influye especialmente el tamaño de las circunscripciones. Cuantas más haya, más difícil será para los partidos pequeños lograr una representación proporcional a su apoyo social.

A juicio de Alberto Díaz Montiel, profesor de Ciencia Política de la Universidad de Granada y otro de los ponentes del evento, "la circunscripción debería ir hacia el ámbito de la autonomía" ya que el sistema "provincial está desfasado porque ya no refleja la realidad territorial de España". Es decir, Díaz aboga por sustituir las 52 circunscripciones actuales por 19, que corresponderían a las comunidades y las ciudades autónomas. Se trata de un "punto intermedio" entre el modelo para las elecciones generales que prima la concentración del voto a nivel provincial y la circunscripción electoral única que se utiliza para las elecciones europeas pero que complica la entrada a partidos minoritarios de corte regionalista o independentista.

Atendiendo a los resultados del 23J un sistema con circunscripciones autonómicas implicaría un mayor número de diputados para formaciones como Vox y Sumar —el primero pasaría de 33 a 43 y el segundo de 31 a 37— , no alteraría el resultado de Esquerra Republicana ni el PNV —7 y 5 respectivamente—, pero sí el de Junts, que perdería dos escaños quedándose con 5. A quién afectaría más es a los partidos monoprovinciales —es decir, aquellos que tienen su principal nicho electoral concentrado en una provincia— de comunidades autónomas con más de una provincia, lo que les haría perder toda posibilidad de entrar en el reparto de escaños, como sería el caso de Teruel Existe, que ya en las últimas elecciones generales no obtuvo representación.

Pese a las consecuencias negativas para este tipo partidos, los números muestran que se trata de un sistema mucho más proporcional que el de circunscripciones provinciales, con un desvío máximo sobre el promedio de menos de 16.000 votos, frente a los casi 85.000, según apuntó en este análisis Rafael Ruiz, consultor y analista de datos en asuntos públicos en Logoslab.

Lo cierto es que las circunscripciones pequeñas, aquellas que reparten cinco o menos escaños, representan más del 50% del total y eligen a un tercio de los diputados. Es decir, 28 provincias que reparten 102 de los 350 diputados del Congreso. Pero eso no quiere decir que aquellos que viven en Soria, Teruel, Ávila o Cuenca tengan menos peso a la hora de elegir a sus representantes, todo lo contrario. El número de electores que hacen falta para conseguir un escaño en Teruel es hasta cuatro veces menor que en Madrid.

Se trata de la "tormenta perfecta para el escenario de la desproporcionalidad", según apuntó Fátima García. Esto sucede porque la Ley Electoral, aprobada en 1985, otorga a cada provincia un mínimo de dos escaños —uno en el caso de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla—, independientemente de su población. "Es como si tuviéramos más de un sistema operando", subrayó la profesora de la Universidad de Salamanca. El objetivo de establecer estas reglas en sus inicios era garantizar la representatividad de los territorios menos poblados, pero los expertos apuntan a que hay fórmulas para garantizar que se mantenga y mejorar el sistema.

Hay formaciones como Podemos que defienden aumentar la proporcionalidad del sistema y proponen sustituir la fórmula de reparto de escaños D'Hondt por la de Sainte-Lagüe, más proporcional. Sin embargo, como apunta Díaz, el Podemos que nació en el año 2015 "no reivindicaba un cambio del sistema porque el que había les beneficiaba". Fue a partir de 2018 cuando los morados plantaron una reforma del sistema rechazada tanto por PP como por el PSOE bajo el falso argumento de que hacía perder representantes a la España rural.

Los expertos también han abordado otras cuestiones como la de reducir la edad de votación y permitir a los menores de 17 y 16 años votar. Una propuesta que formaciones como ERC y Más País pusieron sobre la mesa la pasada legislatura y que en la actual trata de impulsar la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego. Sin embargo, cuando se llevó a pleno la Cámara Baja se rechazó la admisión a trámite de esta propuesta con el voto del PSOE, PP y Vox. Mientras que Díaz defiende que se pueda votar a partir de los 16, al igual que se permite por ejemplo trabajar, la profesora de la Universidad de Salamanca expresa sus dudas por la "tolerancia al autoritarismo" por parte se los sectores más jóvenes: "Merece una pensada", explicó.

En lo que sí han coincidido es que la prohibición de publicar encuestas es "anacrónica". En España está prohibido publicar o difundir encuestas y sondeos en los últimos cinco días antes de los comicios, es decir, desde el lunes previo al domingo electoral, según recoge la LOREG. Una circunstancia que se mantiene más de cuarenta años después de su aprobación pese al intenso calendario electoral y los precedentes en otros países europeos. Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Países Bajos, Reino Unido y Suecia no establecen limitación alguna.

Otra de las cuestiones que salió a colación es si introducir cambios como establecer una barrera del 5% mínimo de votos en toda España como requisito indispensable para entrar en el Congreso. Es lo que sucede en todos los ayuntamientos y en autonomías como Murcia, Cantabria, La Rioja, Galicia, Baleares, Extremadura, Comunitat Valenciana y Comunidad de Madrid. A juicio de Fátima García, aunque se trata de un "mecanismo que puede ser muy efectivo" para agrupar el voto, también tiene unas consecuencias políticas que dejarían fuera "a las minorías".

Otro asunto que también se abordó durante el seminario y en el que hizo especial hincapié Miguel Pérez-Moneo, profesor de la Escuela Judicial y coordinador de 'Escrutinio', es sobre el voto electrónico implementado ya en muchos países, pero no en España. "Tenemos una ley anticuada sin procedimientos electrónicos", señaló en experto, si bien recalcó que también puede ser una "garantía" contra los hackeos. Con todo, cabe destacar que en la mayoría de países esta seguridad del voto se ha blindado de diferentes protocolos de protección.

En ese sentido Pérez-Moneo puso en relieve lo "fácil que es deslegitimar el procedimiento," de elección de los representantes públicos y destacó que "los partidos políticos" deben ser "garantes del proceso" y que "juegan un papel muy relevante" porque son sus simpatizantes y militantes los que están en los centros de votación y pueden vigilar que todo funcione bien. La propia LOREG establece que el escrutinio de cualquier votación lo llevan a cabo ciudadanos elegidos por sorteo, a los que se suman apoderados de todos los partidos, que vigilan el proceso "Están allí acompañando a los ciudadanos y tiene que haber una función pedagógica sobre la fiabilidad del sistema, que es muy fácil legitimar con bulos", zanjó.

Es lo que sucedió con el voto por correo durante la campaña de las generales de 2023. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, abonó la tesis de que en Correos había un interés para que los votos no llegaran a tiempo. A esto se le suma que el vicesecretario de Acción Institucional del PP, Esteban González Pons, puso en duda la labor de la empresa Indra, encargada de gestionar los datos electorales. Pero lo que hace Indra, o cualquier otra empresa dedicada a la gestión de informacion, es participar en las elecciones centralizando la gran cantidad de datos para que los medios, o cualquier ciudadano con conexión a internet, pueda acceder a la evolución del escrutinio en tiempo real.

La reforma de la Ley Electoral lleva planeando por la política española desde hace décadas y ahora es el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el que vuelve a reabrir esa discusión para, entre otras cuestiones, solicitar apoyo de los grupos para que se acabe con la prohibición de publicar encuestas en los cinco días previos a la celebración de una convocatoria electoral y regular los debates televisivos por ley. Sobre esta última cuestión, los partidos coinciden en la importancia de confrontar ideas públicamente, especialmente en campaña electoral, pero no siempre han considerado oportuno hacerlo, como le ocurrió al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, el pasado año o en los comicios de 2019 al propio Sánchez.

Son los candidatos que están en cabeza o que ostentan la presidencia del Gobierno los que, habitualmente, se muestran más escépticos sobre los debates: tratan de imponer el formato que más les interesa e impulsan o evitan los 'cara a cara' en función de lo que les digan sus asesores y las encuestas electorales. El mismo Feijóo que propuso regular por ley la celebración de los mismos, después dejó vacío el atril de RTVE al que sí asistieron Sánchez, la líder de Sumar, Yolanda Díaz, y el de Vox, Santiago Abascal, al entender que no le convenía evidenciar su alianza con la formación ultra y priorizando únicamente el 'cara a cara' con el presidente del Gobierno.

"Es cierto que a veces los candidatos son los que deciden las reglas en un debate", señala Ramón Mateo, director de Análisis de la consultora beBartlet, a infoLibre. Estos candidatos son los favoritos en las encuestas y lo que buscan, según apunta Mateo, "es que se genere el menor ruido posible": "Su estrategia es apostar por la continuidad y la estabilidad, pero no generar ruido. Eso le puede interesar más a sus competidores, pero no al que va en cabeza, sobre todo si en el partido consideran que su principal activo no está en su candidato y deciden esconderlo o no comprometerlo para no hacerle partícipe de intervenciones desafortunadas", añade.

Feijóo no es el único que ha empleado esta estrategia. También lo hizo el propio Sánchez en los comicios de 2019, cuando únicamente aceptó participar en un debate en en la campaña del 10-N: con los otros cuatro principales partidos. Llamativo fue el caso también del expresidente Mariano Rajoy, que en 2016 decidió no acudir al debate a cuatro y envió, en su lugar, a la vicepresidenta Soraya Saénz de Santamaría.

Para Ana Salazar, directora de Idus3 Estrategia, "acudir o no a un debate forma parte de la estrategia electoral" y considera que no "jugó a favor de Feijoó en las elecciones del 23J" el hecho de no estar presente. En su lugar, plantea, "enviar otra voz del partido puede ser una buena solución pero hay que verlo caso por caso, ya que en la estrategia no hay una regla que funcione para todos los casos".

Con todo, estas maniobras partidistas podrán seguir sucediendo aunque se regulen los debates, ya regular la celebración de debates en cada cita electoral no implica que todos los candidatos estén obligados a acudir si no lo desean.

El Partido Popular no quiso pronunciarse el miércoles sobre si apoyarán la medida que el Gobierno quiere negociar con los grupos parlamentarios y que espera cerrar en septiembre. A pesar de la importancia que se les da, los debates siguen sin estar regulados en ninguna norma. De hecho, la Ley del Régimen Electoral General (Loreg) solo recoge en una ocasión el término "debate" y es para dejar claro que las televisiones privadas deben respetar en periodo electoral "los principios de proporcionalidad y neutralidad informativa" tanto en estas batallas dialécticas como en las entrevistas a candidatos o en la información relativa a la campaña.

Una falta de regulación que ha obligado a la Junta Electoral Central (JEC) a ir construyendo una doctrina alrededor de este asunto a golpe de instrucciones. Este marco jurídico, que se ha ido completando con el paso de los años, deja en manos de los órganos de dirección de los medios públicos y privados la decisión de organizar debates electorales. Y da manga ancha para que se puedan preparar enfrentamientos dialécticos en los que sólo participen los candidatos de las dos formaciones con mayor número de votos en los últimos comicios equivalentes. Ahora bien, el medio que apueste por este formato, también debe emitir otros "bilaterales o plurilaterales, o proporcionar información compensatoria suficiente sobre las demás candidaturas que también hayan conseguido representación en las últimas elecciones equivalentes", según señala la JEC.

"Podría tener sentido que el modelo para determinar las reglas pudiera venir también a partir de los criterios que fijase la JEC", señala Mateo, aunque también considera que si estos debates se regularan, por ejemplo, en la televisión pública "el comité del Consejo de Informativos o cualquier otro órgano similar también debería tener voz a la hora de definir el formato del debate".

Salazar, por su parte, recalca que la clave está en cómo se regule y plantea una serie de interrogantes. "La propuesta de Sánchez queda demasiado abierta para una valoración. ¿Se refiere a la obligatoriedad de asistir a debates?¿A establecer un número determinado de cara a cara entre los líderes de los grandes partidos? Recordemos que llegó a pedir seis debates con Feijoó", rememora. Y prosigue: "¿Debate entre todos los partidos con representación o entre todos los partidos que concurren a las elecciones? ¿Sólo en la televisión pública o también en la privada? ¿La regulación implica el modelo y la estructura de debate o solo número de debates y participantes? ¿La obligatoriedad de cabeza de cartel o la libertad de los partidos a elegir a los y las representantes que participan en ellos?", remarca. Preguntas que todavía no tienen respuesta.

En los últimos años, algunas formaciones han planteado la necesidad de regular este tipo de batallas. En su programa electoral para el 10N, Podemos se comprometía a establecer "la garantía" de al menos dos debates, uno de ellos en la pública, entre los candidatos y candidatas a la Presidencia del Gobierno. "Daremos carácter obligatorio a la celebración de debates electorales", señalaba el de Ciudadanos para los mismos comicios. El director de Análisis de beBarlet explica que lo que se busca con este tipo de regulaciones es "asegurar que estos debates tengan lugar" y que los candidatos "no puedan rehuir" de ellos sin excusas. Y Salazar añade: "Depende de lo que se regule se corre el riesgo de encorsetar demasiado el debate".

Desde 2015, tanto la ley electoral de Euskadi como la de Murcia obligan a los medios de comunicación públicos a programar al menos un debate electoral durante la campaña de las autonómicas en el que participen los candidatos de aquellas formaciones con representación parlamentaria. Del mismo modo, la norma electoral de Castilla y León dispone de un artículo entero, el 31 bis, dedicado a estos enfrentamientos televisados. En él, se recoge que los aspirantes a presidir la Junta de los partidos con "grupo parlamentario propio" en las Cortes "deberán celebrar, al menos, dos debates públicos durante la campaña electoral". Sin embargo, en el resto de comunidades no son obligatorios.

Los lugares donde sí está regulado son la excepción a la regla, ya que nuestros vecinos Francia y Portugal tampoco lo tienen regulado y ni siquiera Estados Unidos, cuna de nacimiento de ese tipo de formatos televisivos, tampoco los garantiza por norma pero sí son habituales. Lo que sí opera en el país es la Comisión de Debates Presidenciales (CDP). Se trata de una organización "privada, no partidista" nacida a finales de los ochenta para "organizar, administrar, producir, publicitar y apoyar" debates entre los candidatos a presidente y vicepresidente.

En Alemania, por su parte, se ha consolidado un doble modelo. Por un lado, se celebra la ronda de elefantes, un debate en el que se invita a participar a todos los partidos con representación parlamentaria. Y luego están los cara a cara entre el canciller y su principal contrincante, en los que suele participar los socialdemócratas y los democristianos. Hay otro país en el que existe un  reglamento completo y es Ecuador. En él, se establece que el Consejo Nacional Electoral y las Juntas Provinciales Electorales "realizarán debates obligatorios" tres semanas antes de la cita con las urnas, a través de una Comisión Nacional de Debates compuesta por miembros de instituciones académicas, organizaciones de la sociedad civil o colegios profesionales.

En la normativa ecuatoriana se regula hasta el más mínimo detalle. Es el caso de la selección de los moderadores, en la que se tendrá en cuenta la paridad de género y cuyos aspirantes deben ser profesionales de la comunicación con título académico expedido cinco años antes del debate y con al menos cuatro años de experiencia en un medio. Pero también de la no asistencia de los candidatos a la batalla dialéctica: "En caso de ausencia, el debate se realizará con aquellos que se encuentren presentes y se dejará un lugar vacío visible con el nombre del candidato o candidata que no concurrió y de la organización política a la que pertenece". El reglamento, incluso, abre la puerta a la imposición de sanciones para estos dirigentes políticos.

Para el director de Análisis de beBartlet lo que se hace en Ecuador de dejar el atril vacío es "una opción", pero considera que no se puede ir mucho más allá. "Es delicado porque... ¿cómo se sanciona a alguien que no lo cumple y decide no acudir? Más allá del carácter anecdótico no sabría decir si esto tiene alguna consecuencia práctica, ya que lo que se hace es visibilizar la ausencia para que quede constancia de que no ha ido".

La directora de estrategia de Idus3 recuerda, por su parte, que el Tribunal Supremo prohibió las sanciones contra los candidatos cuando en 1999 cuando el PP se negó a participar en el debate organizado por la televisión pública andaluza. "En las elecciones andaluzas de 2012, dejar la silla vacía jugó en contra del entonces candidato popular, Javier Arenas. Como tampoco jugó a favor de Feijoó en las elecciones del 23J. No creo que sea necesaria la sanción administrativa, cuando la 'sanción' es ciudadana", zanja

Lo hemos publicado en varias ocasiones y lo hemos comentado con políticos desde hace cuarenta años, pero “la vida sigue igual”. Y creemos que la elaboración de una nueva Ley Electoral sería el factor más importante de regeneración democrática en nuestro país. Algunos ejemplos actuales: para el Congreso de los Diputados –que creemos debería ser la única Cámara de representación popular– por el mero hecho de ser provincia se cuenta con dos diputados (hace tiempo se rebajó de 3 a 2). Muestra extrema: Soria, con 90.000 habitantes, cuenta con un diputado por 45.000 habitantes. En el mismo caso está Teruel, que tiene tres para una población de 135.000. Asturias, ligeramente por encima del millón, elige a siete; un diputado por cada 144.000 personas. Pero incluso entre las provincias con poca población existen diferencias notables: Guadalajara (280.000) elige tres diputados (uno por 93.000) igual que Teruel (135.000, uno por 45.000).

En el Senado, las diferencias son todavía mayores, a pesar de las modificaciones que se han producido desde la Ley Electoral de 1977: Castilla y León tiene 39 senadores para 2.300.000 habitantes (uno por 59.000). Madrid, con siete millones, cuenta con 11 senadores (uno por 636.000), que es diez veces menos que Castilla y León. Verdad es que son los ejemplos más extremos, pero el valor del voto individual es muy diferente según donde se resida. De todo punto absurdo.  En el mundo, en los Estados con sistemas electorales libres, podemos encontrar también contrastes muy llamativos: el estado de Wyoming (en donde viví cuatro años) tiene dos senadores para medio millón de habitantes. California lo iguala con otros dos senadores ¡para cuarenta millones! CONSECUENCIAS: tanto en España como en los Estados Unidos, puede darse el caso de que una minoría de votantes se imponga a una amplia mayoría en el Senado. La verdad, no parece muy democrático.

Volvamos a España. La Ley Electoral no figura en la Constitución; es una Ley que puede modificarse en el Congreso de los Diputados. Si no se ha hecho hasta hoy, quizá sea porque los dos partidos mayoritarios creen que les favorece, pero como le dije hace años a un político del PSOE, puede llegar un momento en que el PSOE se sienta perjudicado. Una reforma sencilla y eficaz, que haría que cada voto tuviera el mismo o parecido valor, consistiría en considerar circunscripción electoral la Comunidad Autónoma, y no la provincia (casi sin cambios desde Javier de Burgos, 1833). De esta forma, y si se tuviera en cuenta además la población con derecho a voto y no la población total, la igualdad en el valor del voto estaría garantizada.

Algún ejemplo:

Claramente perjudicadas con la actual Ley Electoral: Madrid, Asturias, Canarias, Cataluña, País Valenciano, Galicia, Andalucía y Murcia. Por el contrario, claramente beneficiadas las CCAA de La Rioja, Castilla-León, Castilla-La Mancha y Aragón.

Lo que proponemos es una distribución mucho más igualitaria, por lo tanto más justa, que la actual: Madrid, al contar solamente con una provincia, tiene en el Congreso de los Diputados 37 representantes (1 por 143.000 votantes potenciales). En cambio, Castilla y León cuenta con 31 (1 por 66.935 votantes). Asturias, con 7 (1 por 137.095). Estas disparidades deberían corregirse. Como ejemplo último, Baleares –con ciento veintitrés mil electores menos que Asturias– tiene en esta legislatura un diputado más.

Ya hemos dicho que en el Senado las diferencias son mucho más grandes, tanto comparando circunscripciones como votos obtenidos por los partidos. Una pequeña diferencia en el número de votos puede llevar a una mayoría muy holgada, como sucede desde las elecciones de 2023. Y cómo se usa esa mayoría en una Cámara muy poco práctica (salvo para dilatar aprobación de leyes o enfangar la vida política), debería llevarnos a cuestionar su existencia. Ahorraríamos muchas cosas los españoles. Y podría ampliarse el Congreso de los Diputados hasta los cuatrocientos escaños o hasta los 377 que proponemos, que equivaldría a 1 diputado por 100.000 personas con derecho a voto, de acuerdo al número de españoles (37.612.197, a 1 de enero de 2024, según el Censo Electoral del INE) que pueden ejercerlo ahora. Lo que no tendría ningún sentido sería continuar distribuyendo los asientos en el Congreso según la población de cada provincia o comunidad autónoma, porque estaríamos incluyendo, como se ha hecho hasta el día de hoy, a menores de edad y extranjeros residentes QUE NO TIENEN DERECHO A VOTAR, y cuyo número es muy alto en el área mediterránea y en Canarias. Un caso extremo se dio hace años cuando se redujo un escaño (de 8 a 7) a Asturias, que tenía en ese momento casi doscientas mil personas con derecho a voto más que Baleares, que conservó los ocho que tenía. Los extranjeros residentes y los menores de edad decidieron ese escaño. Absurdo desde cualquier punto de vista.

Aplicando un reparto de escaños respetando el número de ciudadanos que pueden votar (Censos CER y CERA), y subiendo el número a 377 (para que no hubiera prácticamente diferencias entre las CCAA), nos quedaría un Congreso de los Diputados así: Andalucía, 67. Cataluña, 57. Madrid, 53. País Valenciano, 38. Galicia, 26. Castilla y León, 21. Canarias y País Vasco, 18. Castilla-La Mancha, 16. Murcia, 11. Aragón y Asturias, 10. Extremadura, 9. Baleares, 8.  Navarra y Cantabria, 5. La Rioja, 3. Ceuta, 1 y Melilla, 1.

Una distribución de escaños incomparablemente más igualitaria que la actual. En cada elección habría que tener en cuenta el Censo Electoral para corregir, si fuera necesario, el número de diputados que le corresponde a cada CCAA.

Por último, para el reparto de escaños podría aplicarse la norma de D’Hondt que, salvo en las CCAA con poca población, es una norma aritméticamente muy justa.

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Alejandro Villa, catedrático de Historia, ha sido profesor de instituto en España y de universidad en Estados Unidos.

¿La ley electoral gallega garantiza al PP la victoria en las elecciones autonómicas? En absoluto. ¿Le otorga alguna ventaja para conseguir ese objetivo? Más de una. Para empezar, el reparto de escaños. Los 75 asientos de la cámara autonómica gallega no se distribuyen siguiendo un criterio proporcional a la población. La mayor parte de ellos (40) se reparten por igual entre las cuatro provincias a pesar de que la diferencia demográfica entre ellas no solamente es abultada, sino que crece año tras año. El resto (35) se asigna en proporción a la población. Eso significa que el 53% de los puestos del Parlamento gallego reflejan en realidad a las provincias antes que a las personas, muy por encima de la proporción que rige en el Congreso y que alcanza el 29%.

En la actualidad, en A Coruña, por ejemplo, viven 1,1 millones de personas y en Ourense apenas 304.000. Tres veces más, aunque los coruñeses solo elegirán este domingo a 25 diputados y los ourensanos a 14. El fundamento de este reparto, que sobrerrepresenta a las provincias interiores (Lugo y Ourense), es garantizar su voz en la Cámara. El resultado es que Ourense y Lugo eligen 14 diputados cada una, mientras que Pontevedra va a escoger 22 y A Coruña, 25.

Y eso tiene efectos indeseados, como que obtener un escaño por Lugo cueste la mitad de los votos que en A Coruña. O, lo que es lo mismo: la papeleta de un elector coruñés que viva en una zona rural (hay muchas áreas despobladas en la provincia) vale la mitad que la de un vecino de la ciudad de Lugo, una capital tan urbana como cualquier otra. Toda una paradoja teniendo en cuenta que la sobrerrepresentación de Lugo y Ourense busca dar más presencia a las zonas rurales, aunque en ellas viva menos gente.

El hecho de que Lugo tenga cinco escaños más de los que le corresponderían y que Ourense tenga seis es la principal anomalía del sistema electoral gallego, pero no la única. El PP impuso, por decisión unilateral de Manuel Fraga, que a partir de las elecciones de 1993 sólo se contabilizaran los votos de las candidaturas que obtuvieran el 5% en cada una de las cuatro circunscripciones en vez de aplicar el límite del 3% que las fuerzas políticas habían aprobado por consenso en 1985.

No fue una decisión inocente: él mismo había ganado por los pelos en las elecciones de 1989 y sabía que con ese ajuste, por pura matemática, saldrían ganando los partidos más votados, gracias al efecto añadido que provoca la regla D'Hondt, diseñada para primar a las fuerzas mayoritarias y perjudicar a las minoritarias.

Son decisiones, la sobrerrepresentación provincial y el porcentaje mínimo, que tienen consecuencias directas sobre el reparto de escaños. En las elecciones de 2009, por ejemplo, las primeras que ganó Alberto Núñez Feijóo, el PP se hubiese quedado en la oposición si el reparto de escaños se hiciese de acuerdo exclusivamente a la población. Es verdad que sí hubiese ganado igualmente las de 2012, 2016 y 2020, pero con dos escaños menos en cada una de esas convocatorias. La razón es que en las provincias de Lugo y Ourense, donde el voto vale casi el doble, hay más electores de áreas rurales, envejecidas y con rentas bajas, exactamente los tres perfiles en los que el PP cosecha más votos.

El porcentaje del 5% también juega a favor de la derecha porque es un espacio político monopolizado desde 1989 por una única formación, el Partido Popular. Del otro lado, la izquierda, en cambio, ha tenido que convivir entre dos y tres formaciones políticas: primero el PSOE y el BNG y después el espacio de la izquierda alternativa representado primero por As Mareas y Podemos y ahora, sobre todo, por Sumar. Como la izquierda tiene más peso en las áreas urbanas, que son las que están infrarrepresentadas en el Parlamento (A Coruña y Pontevedra) y además se ven perjudicadas por la manera en que la regla D'Hondt distribuye los escaños, porque prima a los más votados, la consecuencia es el beneficio en diputados que siempre acaba obteniendo la derecha.

A lo que hay que añadir un tercer factor igualmente relevante: el voto de los gallegos inscritos en el Censo de Residentes Ausentes (CERA), que en Galicia se conoce como el voto de la emigración. La paradoja es que de las 476.514 personas que pueden votar en las elecciones gallegas sin vivir en España, la mayoría, unos 336.000, ni siquiera nacieron en Galicia. Lo que significa que una proporción de personas mayor que la población de las provincias de Lugo u Ourense tiene en su mano decidir el gobierno de una comunidad que muchos ni conocen mientras otros cientos de miles de gallegos que viven en España, muchos de los cuales acuden con frecuencia a sus localidades de origen, no pueden expresar sus preferencias.

Este domingo sabremos cómo han votado las personas censadas en Galicia, pero es posible que sigamos sin conocer el resultado de las elecciones. La culpa la tiene el desproporcionado peso que tienen los ciudadanos gallegos con derecho a voto que viven fuera de España y que ya en otras ocasiones han determinado a quien se le asigna el último escaño de una provincia. Las cifras explican su importancia: son el 15% del censo total en A Coruña y Pontevedra, y el 21% y el 28% en las provincias de Lugo y Ourense.

Si el resultado del domingo, como predicen las encuestas, es apretado, y la mayoría absoluta entre bloques de izquierda y derecha depende de un escaño, tendremos que esperar al recuento del voto CERA para conocer el futuro de Galicia. Y estas papeletas no se revisarán hasta el lunes 26, cuando comience el recuento definitivo, que en teoría puede prolongarse hasta cuatro días.

Esta vez, además, puede aumentar el número de sufragios que lleguen del extranjero, porque ya no es necesario solicitarlo. Históricamente, vota una proporción muy pequeña de la población con ciudadanía española y derecho a voto en Galicia, aunque los que lo hacen suelen inclinarse por el partido que gobierna en la Xunta, en este caso, y desde hace 15 años, el Partido Popular.

El motivo no es casual: son, en general, poblaciones dependientes, que reciben servicios de la administración gallega o de centros y sociedades que viven en todo o en parte del dinero público que llega desde Galicia."

Ningún sistema electoral es inocente. El mejor ejemplo lo tenemos en España: aunque el Congreso y el Senado se eligen mediante circunscripciones provinciales, en el primero se utiliza un modelo proporcional (que utiliza la regla d'Hondt) y en el segundo uno mayoritario (gana el que más votos obtiene). De ahí que, con los mismos votos (el 33%), el PP se hiciese con la mayoría absoluta en la Cámara Alta, pero su líder, en cambio, quedase muy lejos de ser investido presidente en la Cámara Baja. 

El objetivo del sistema proporcional es reflejar de manera más exacta la distribución de votos en la asignación de escaños o puestos. La idea es que cada partido obtenga un porcentaje de escaños que sea aproximadamente igual a su porcentaje de votos.

Pero hay mucha letra pequeña. En el caso de España, influye la decisión de aplicar el sistema d'Hondt, diseñado para primar a los partidos más votados, que siempre acaban obteniendo más escaños de los que les correspondería si se aplicase directamente el porcentaje de voto.

Y el resultado también se ve afectado por el tamaño de las circunscripciones. Cuantas más haya, más difícil será para los partidos pequeños lograr una representación proporcional a su apoyo social. Cuanto más grande sea, como en las europeas, más se aproxima el reparto de escaños al peso real de cada opción política entre los electores.

El modelo español es víctima, además, de otra anomalía. Casi un tercio de los escaños del Congreso representa a las provincias, dando a cada una de ellas el mismo peso, aunque en términos de población la mayor (Madrid) sea 76 veces más grande que la menor (Soria).

Esto sucede porque la Ley Electoral (LOREG), aprobada en 1985, otorga a cada provincia dos escaños (uno en el caso de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla), independientemente de su población. Esto significa que, en proporción al número de habitantes, solo se distribuyen 248 de los 350 asientos que tiene el Congreso.

La consecuencia de esta desviación, según un estudio realizado por el analista electoral Jaime Miquel, es que la Ley Electoral altera en 64 escaños la proporcionalidad real de las fuerzas políticas porque sobrerrepresenta en el Congreso a las comunidades autónomas con muchas provincias y poca población, al mismo tiempo que subrepresenta a las comunidades autónomas con pocas provincias y mucha población.

De acuerdo con este análisis, las comunidades que encabezan la lista de los territorios representados en la Cámara Alta por encima de su peso demográfico real son Castilla y León (un 43,8% por encima de lo que le corresponde por población), Castilla-La Mancha (18,8%) y Galicia (12,5%). Pero también Aragón (9,4%), La Rioja (6,3%), País Vasco (3,1%), Extremadura (3,1%) y Cantabria (3,1%).

En el extremo contrario están las comunidades representadas por debajo de lo que deberían. La lista la encabeza Madrid (un -40,6% de subrepresentación), Cataluña (-28,1%), Comunidad Valenciana (-12,5%), Andalucía (-6,3%), Illes Balears, Asturias, Murcia y Canarias (las cuatro con -3,1%).

Navarra es la única comunidad que tiene la representación que le corresponde, además de las ciudades de Ceuta y Melilla.

Castilla y León, por ejemplo, debería contribuir al Congreso de los Diputados con 17 representantes sobre 350, pero la LOREG le asigna 31 (+14), por ser una comunidad autónoma con muchas provincias y poca población en cada una. En el extremo opuesto, la Comunidad de Madrid debería contribuir con 50 representantes por su peso poblacional, pero la Ley Electoral le asigna 37 (-13), porque solo recibe dos fijos provinciales y 35 de la distribución proporcional de 248.

“La ley electoral vigente distorsiona la representación del comportamiento electoral, es decir, de la voluntad popular, porque ese comportamiento es diferente en cada comunidad autónoma y, salvo Navarra en la actualidad, estas no están representadas proporcionalmente a su población en el Congreso, algo que viene sucediendo desde el año 1977”, sostiene Miquel.

Esta anomalía, sin embargo, no está protegida por la Constitución. Se puede cambiar sin reformar la Carta Magna, defiende el autor del estudio. Porque la norma fundamental española solo dice que cada provincia deberá tener “una representación mínima inicial” y es la Ley Electoral la que estableció que fuese dos diputados por cada circunscripción.

Cambiando “dos” por “uno”, para lo cual bastaría con una reforma legislativa, la anomalía que otorga 102 escaños a las provincias se reduciría de golpe a 52. Y al mismo tiempo aumentarían de 244 a 298 los escaños que se repartirían exclusivamente en función del peso de la población.

Este simple cambio aumentaría la representación en el Congreso de la España más poblada (Madrid ganaría seis escaños y Barcelona cinco) y reduciría la sobrerrepresentación de la que tiene menos habitantes. La Cámara pasaría a representar, con más fidelidad, la España real. Si por España real entendemos los ciudadanos que viven en ella y no los territorios.

Las consecuencias de este cambio se ven mejor si se aplican a las elecciones del 23 de junio, orque afectarían al juego de las mayorías. El PP perdería seis escaños (seguiría siendo el partido más votado, pero con 131 diputados) y el PSOE ganaría dos. Vox cedería un diputado y Sumar se aseguraría cuatro más. El efecto sería insignificante para el resto de los grupos, que quedarían igual, con la única excepción de ERC y Junts (ganarían uno cada uno) y el PNV (perdería un escaño). Por bloques, la derecha (PP y Vox) perdería siete diputados (pasaría de 170 a 163) y la izquierda (PSOE y Sumar) ganaría seis (de 152 a 158).

Jaime Miquel es un firme partidario de que el PSOE lidere una propuesta de reforma de la ley electoral, que para salir adelante solo necesita 176 votos a favor. Y rechaza de plano la opinión de quienes defienden que la legislación electoral forma parte de lo que algunos juristas llaman “bloque de constitucionalidad”, normas que, por definir las reglas del juego democrático, deben ser objeto de acuerdo entre los principales partidos.

Eso es “un recurso tramposo para bloquear cualquier reforma”, razona. “Una reforma de la ley que dote de más proporcionalidad al sistema es de interés general”, por lo que, aún habiendo un cambio de mayorías en el Congreso, no cree posible una “contrarreforma” dirigida a “restar proporcionalidad” al sistema.

“No estoy de acuerdo en ese argumento de que ha de ser con el concurso de las dos grandes formaciones políticas. Ha de ser con el concurso de la mayoría parlamentaria por mayoría absoluta en el Congreso y sin necesidad de modificar la Constitución”, insiste.

Otra cosa es que el PSOE esté por la labor. A lo más que llegaron los socialistas es a comprometerse, en la legislatura anterior, a trabajar “para conseguir un amplio consenso que permtia modificar la fórmula electoral para mejorar la proporcionalidad del sistema”. Un esfuerzo del que no existe constancia y una declaración que, en todo caso, supedita cualquier reforma a un pacto con el PP.

Miquel explica que el origen de la sobrerrepresentación de la España interior hay que buscarlo en el interés de quienes diseñaron el sistema que inspiró parcialmente la LOREG, un decreto preconstitucional aprobado en el año 1977. Y que no era otro que la voluntad de evitar una victoria de la izquierda en las primeras elecciones democráticas que siguieron a la muerte del dictador y que, desde su punto de vista, hubiesen sido la excusa perfecta para que el Ejército interrumpiese la incipiente transición. “Lo del 23-F probablemente se habría producido antes y con más contundencia”, asegura.

José Ramón Montero, catedrático de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Madrid, está de acuerdo en que atribuir de partida dos escaños por provincia con independencia de la población es “muchísimo”. Y distorsiona la representación del Congreso. 

La razón es que “permite que pequeñas provincias o provincias poco pobladas, que son las habituales, tengan un peso mucho mayor que otras” en las que vive la mayor parte de la población, como es el caso de Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante o Sevilla. 

Un fenómeno que, de acuerdo con los datos del padrón de habitantes, va en aumento: las provincias más pobladas siguen creciendo y las que tienen menos habitantes continúan en retroceso demográfico. En los últimos diez años, la circunscripción de Madrid ha aumentado su población por encima del 6%. Soria, en el otro extremo, perdió un 4%. De manera que la anomalía del sistema electoral español va cada vez a más. En un sistema “un poco ‘bruto’, como diría un italiano”, explica. “Las diferencias demográficas en España son brutales. Hay una tasa de urbanización fortísima, a diferencia de muchos otros países europeos que tienen pueblos de tamaño medio, muchísimo más que nosotros”.

A Montero, sin embargo, le cuesta imaginar una reforma que corrija esta situación. “Es muy difíci”', explica, porque “supondría dejar a muchas provincias” solo con dos escaños. “Muchas pequeñas provincias perderían” y, después del fenómeno de Teruel Existe, no se puede “pensar que van a ver tranquilamente cómo se les quita” peso en la Cámara Baja.

Si el PSOE impulsase una reforma en este sentido, en aras de una mayor proporcionalidad, el PP diría que “es un atraco”, explica Montero con sentido del humor, porque Castilla y León sería una de las comunidades más perjudicadas. Y el socialista Emiliano García-Page, el presidente de Castilla-La Mancha, también pondría el grito en el cielo.

“Es muy difícil pensar que se puede modificar el modelo”, concluye. “La viabilidad parece realmente imposible”, porque en su opinión “lo lógico sería que la reforma tuviera por lo menos el consenso de los dos grandes partidos y, claro, si uno de ellos va a ser perjudicado no va a querer”.

Pero la modificación sí tiene sentido, insiste, en línea con Miquel. Por muy difícil que pueda parecer. “Porque la representación es una representación de ciudadanos”, no de provincias. Aunque haya que buscar “ámbitos geográficos” para traducir la representación.

En el Reino Unido, recuerda, “cada 10 años hacen un estudio del censo” para adaptar las circunscripciones, que allí son uninominales. Cuando acaban, “mueven las fronteras de esos distritos para que tengan un número parecido de habitantes por diputado”.

Aunque eso también tiene riesgos, como lo que los anglosajones llaman gerrymandering, una práctica política que consiste en manipular los límites de los distritos electorales con el fin de obtener una ventaja para un partido. Este proceso implica rediseñar los distritos de manera que se agrupen votantes de una manera que favorezca a una opción, ya sea concentrando a los votantes de la oposición en unos pocos distritos para reducir su influencia en otros o dispersándolos a través de muchos distritos para diluir su voto.

Montero resume la dificultad de un cambio: “Siempre se dice que los sistemas electorales tienen, y se utiliza ese término, una 'aporía' fundamental: una contradicción imposible de solventar”, y que no es otra que la necesidad de que sean los partidos que se pueden ver perjudicados los que promuevan la reforma.

La regulación actual se ha quedado obsoleta, sólo es de obligado cumplimiento los días que median entre el día de la convocatoria y el de las elecciones y en su mayor parte no se cumple. El artículo 69 de la Ley Electoral exige que cualquier encuesta que se publique debe incluir la “denominación y domicilio del organismo o entidad, pública o privada o de la persona física que haya realizado el sondeo, así como de la que haya encargado su realización”, sus “características técnicas”, incluyendo sistema de muestreo, tamaño, margen de error, nivel de representatividad, procedimiento de selección de los encuestados y fecha de realización del trabajo de campo, así como el “texto íntegro de las cuestiones planteadas y número de personas que no han contestado a cada una de ellas”.

Y aunque la Junta Electoral Central está obligada a velar porque los datos e informaciones de los sondeos publicados “no contengan falsificaciones, ocultaciones o modificaciones deliberadas”, lo cierto es que esa supervisión nunca se lleva a cabo, como pone en evidencia el elevado número de sondeos que incumplen estas normas sin que eso dé lugar a procedimiento alguno.

La ley, eso sí, mantiene la prohibición de publicar predicciones anticipadas de voto “durante los cinco días anteriores al de la votación”. Los ciudadanos quedan a ciegas, pero no los partidos y a los medios, que siguen contando con esa información. No obstante, Internet también ha dejado obsoleta esa norma. Desde hace años se publican encuestas diarias en los días de la ley seca demoscópica, pero se enlazan a la red a través de otros países a los que no llega la Junta Electoral, como Andorra o Australia, para saltarse la prohibición.

Para endurecer la vigilancia sobre las encuestas, una reforma de 2011 incorporó a la ley el siguiente artículo: “Quienes infrinjan la normativa vigente en materia de encuestas electorales serán castigados con la pena de prisión de tres meses a un año, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para profesión, oficio, industria o comercio por tiempo de uno a tres años”. Pero fue también un brindis al sol.

El negocio de las encuestas electorales se ha disparado en España. En la primera mitad de 2008, coincidiendo con las elecciones generales, se publicaron 38. Entre ese año y 2011 no hubo ningún semestre con más de 22. Pero desde la segunda mitad de 2021 su número no ha dejado de crecer, desde 74 a 94 en los primeros meses de este año. Solo entre el 1 de junio y el 23 de julio de este años se han publicado 105.

¿Qué hay detrás de estas encuestas? ¿Quiénes son las empresas que las realizan? ¿Está la economía de los medios en condiciones de financiar estudios de opinión dignos de tal nombre o en realidad se trata, en su mayor parte, de suplantaciones interesadas del trabajo que sí llevan a cabo las consultoras más serias? 

El presidente del CIS, José Félix Tezanos, apuntaba en febrero una explicación en una entrevista publicada en La Vanguardia: “Hay determinados sectores de actividad política, todo lo que es el mundo ese de las derechas extremas y de algunos consorcios internacionales, que tienen una estrategia muy definida de ir comprando casas de encuestación. Se ha producido una oferta de compras espectacular en todos los países en los últimos años”. 

¿Por qué lo hacen? Tezanos cree que es para “manejar la opinión pública”. “Se han comprado muchas casas y las tienen trabajando en una dirección muy determinada. Me consta que, en algunas ocasiones, los nuevos propietarios, cuando les llama un partido político contestan: ‘¿Quién quieres que ponga al frente?’. Por eso hay pronósticos que a veces están tan alejados de la realidad y por eso lo importante es saber cuáles son los datos primarios. Primero, si se hacen encuestas de verdad, y segundo, cuáles son los datos primarios. Hay países como Alemania en que cuando se publica una encuesta, por ley se tienen que comunicar los datos reales, lo que sale realmente en la encuesta, y luego si quieren hacer un pronóstico o una estimación lo tienen que publicar como opinión, no como información”.

En España, además del CIS, sólo hay una encuestadora privada, 40dB, que publica esos datos primarios de los que habla Tezanos, también conocidos como “datos en bruto” de las respuestas, a partir de los cuales los sociólogos realizan después sus cálculos.

Al frente de 40dB, que es la empresa que confecciona los sondeos para El País y la Cadena Ser, está Belén Barreiro, que cuando le preguntan por qué ha habido tantas desviaciones de la realidad por parte de las encuestas siempre responde que el principal problema es la “cocina” de los datos, la manera en que cada instituto de opinión trata de predecir el comportamiento de los votantes que no revelan sus intenciones, bien porque no han decidido, bien porque no quieren decirlo.

Para avanzar en la transparencia, Barreiro defiende que todas las empresas hagan lo que la suya y publiquen “los datos brutos, sin cocinas”. Y no sólo eso: los institutos deben comunicar los datos de manera “menos prepotente”, señaló este lunes en la Cadena Ser. “Deberíamos ser más transparentes y menos prepotentes. Animo a más sociólogas a entrar a esta profesión y a los hombres les invito a que aprendan esto de nosotras, a comunicar de manera más tranquila”.

La directora de 40dB no aclaró si se estaba refiriendo al presidente de GAD3, Narciso Michavila, el más mediático de los hacedores de encuestas, cuyo pronóstico para el 23J ha acabado siendo uno de los más errados. Michavila lo admitió este lunes públicamente en un desayuno convocado en Madrid para analizar los resultados en el que, sin embargo, reivindicó a las empresas que sí estuvieron más atinadas. “Cuando fallan las encuestas somos los analistas los que no hemos sido capaces de detectar” lo que pasa, reconoció.

¿Y qué pasó en este caso? La explicación del presidente de GAD3 es semejante al de otras empresas que se equivocaron: “El PSOE ha sido la mayor sorpresa y tendremos que ver en qué medida despreciamos el movimiento de última hora” a favor de los socialistas. Su primera impresión es que el elector de izquierdas que se quedó en casa el 28M sí se movilizó ante el miedo a la derecha, sobre todo a Vox.

Los datos de su empresa detectaron que, cuando se visualizó que la alternativa era PP-Vox, la fuga de votos del PSOE al PP se frenó sustancialmente, aunque cree que quizá se equivocaron a la hora de medir la dimensión de ese cambio.

El politólogo y profesor titular en la Universidad Carlos III de Madrid Pablo Simón cree que detrás de la proliferación de encuestas está su abaratamiento y eso, unido a una mayor frecuencia de los barómetros del CIS, ha generado, confirma, “una hiperinflación de encuestas”. ¿Debe regularse de manera más detallada? En su opinión, bastaría con aplicar un código de buenas prácticas que favoreciese la publicación de los datos brutos. Si una empresa no puede publicarlos “a lo mejor” no debería publicar la encuesta misma. “Hacerlo como algo obligatorio a lo mejor sería una buena estrategia para reducir el número de las encuestas” porque la transparencia haría desparecer los estudios dudosos.

Simón está entre los que creen, además, que habría que permitir la publicación de encuestas hasta el día de las elecciones. Si se hubiera hecho esta vez, pone como ejemplo, habríamos “empezado a ver la movilización de la izquierda” y quizá el error final hubiese sido más reducido. “En realidad es un problema de información asimétrica porque, aunque exista la prohibición de las encuestas, lo que existe es la prohibición de publicarlas, no de hacerlas: los partidos y los medios sí que las tienen y yo creo que eso es lo que está mal”. 

¿Moldean las encuestas la opinión pública? “Aquí todo el mundo busca influir en un sentido o en otro, es parte de la lógica política”. Las empresas tienen sesgos, igual que los medios explica. “Apuestan más en una dirección o apuestan más en otra. Lo que sí dudo un poco más es que sepamos cómo afectan las encuestas a la gente” y el 23J es un buen ejemplo de ello, afirma. 

José Pablo Ferrándiz, director de Opinión Pública y Estudios Políticos en Ipsos, está de acuerdo con Barreiro y sostiene que este domingo no fallaron las encuestas sino la cocina electoral. “Tiene que ver con el modelo aplicado para la interpretación de esos datos: si tienes más en cuenta, por ejemplo, el recuerdo de las de generales o tienes más en cuenta el de las municipales que ha sido más reciente, aunque sean elecciones diferentes”. 

A menudo, explica, a las encuestadoras se les exige el máximo de precisión y anticipación. Y “hay ser sinceros: hoy por hoy no podemos tener mayor precisión porque hay muchos diputados en juego y porque sabemos además que pueden cambiar” muchas cosas. Si se publican horquillas amplias, se acusa a las empresas de no mojarse. Y la gente tiene que entender que “no se trata de anticipar el futuro”.

¿Se hacen para influir? “Probablemente algún medio de comunicación, a lo mejor también algún instituto de opinión lo intente” para “crear un clima favorable o desfavorable a cierto partido, pero “no es tan fácil” porque puede dar lugar a efectos cruzados como desmovilizar cuando se intenta movilizar.

En opinión de Ferrándiz, el objetivo buscado no debería ser aproximarse lo más posible al resultado final sino explicar de dónde salen las estimaciones, qué otros escenarios son posibles con los datos que se ofrecen y qué puede provocar cambios. 

“Hay que ser muy sincero y transparente en esta explicación”, aunque “probablemente sea menos sexy que dar un dato contundente y claro. Eso también es el error en el que están cayendo algunos institutos”. Pero no está seguro de si una regulación cambiaría las cosas. “Yo soy partidario total y absolutamente de la transparencia, de incluso ofrecer —aunque en muchas ocasiones no depende de nosotros sino del cliente— el fichero con los datos brutos”.

A Verónica Fumanal, experta en comunicación política, no le parece normal que se publiquen tantas encuestas. “Hemos sufrido una inflación demoscópica que tenía como objetivo conformar la opinión pública”, afirma sin rodeos. “Las creencias se configuran a través de las encuestas, pero este aluvión podría haber generado en efecto contrario: al tener tantas encuestas, la gente pudo empezar a pasar de ellas y empezar a pensar que eran herramientas de manipulación” para influir en la opinión pública. .

Sobre lo que tiene serias dudas es sobre la viabilidad de que tosas las empresas publiquen sus datos brutos. Sería un ejercicio de transparencia, admite, pero también entiende que las empresas se resistan, porque son producto de su esfuerzo económico.

El catedrático y experto en opinión pública y medios de comunicación Víctor Sampredro sostiene que las encuestas fallan desde hace mucho tiempo. La causa de lo ocurrido esta vez, explica, hay que buscarla en las dificultades para entrevistar a determinados segmentos de población, como por ejemplo los profesionales liberales, que además son los más dispuestos a cambiar de opinión. Las empresas, además, no quieren “meter la pata y juegan a hacer proyecciones semejantes. Y, por último, destaca, se han hecho “cocinas conservadoras, de no arriesgar”. “Nos encontramos encuestas muy semejantes que cambiaban en función de la tendencia política de los medios “porque funcionan como profecías autocumplidas: son también herramientas de campaña” que “cocinan según los deseos” de quienes las encargan. 

Para democratizar las encuestas, Sampedro apuesta por publicar los datos brutos. Sería “una medida de transparencia” que, en su opinión, no tendría por qué dañar la rentabilidad económica de las empresas. Él mismo propone una fórmula: depositar los datos en “un fondo público de libre acceso a todo el mundo” una vez que han dejado de estar de actualidad para no dañar así los intereses económicos de quienes los han recopilado. Sería una manera, dice, de controlar a posteriori la calidad de esas encuestas.

Víctor Sampedro también cree que no tiene sentido seguir vetando la publicación de encuestas en los días previos a las votaciones, sobre todo porque, recuerda, existen otros métodos más eficaces para influir en la opinión pública que los estudios de opinión, Se refiere al big data cosechado a partir de las redes sociales, que ofrece “un grado de conocimiento muy preciso y detallado a partir del cual hacer predicciones de comportamiento electoral que son claves para persuadir a la gente”. 

EL PSOE denuncia este martes que el vicesecretario general del PP, Esteban González Pons, no se ha puesto en contacto con el secretario de Organización de los socialistas, Santos Cerdán, para hablar sobre los debates electorales, según han indicado fuentes de Ferraz y han recogido Europa Press.

Así, señalan que esta forma de proceder del PP muestra un desprecio absoluto por aportar a los ciudadanos toda la información posible antes de emitir el voto en las elecciones generales del 23 de julio.

Además consideran que los conservadores van a tratar de esconder durante la campaña las "carencias" que a su juicio tiene el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y que no vayan a más, sus "errores no forzados", apuntan.

En la misma línea recuerdan que este mismo lunes Cerdán volvió a ponerse en contacto con el coordinador general del PP, Elías Bendodo, con el que la semana pasada había hablado tanto por carta como por teléfono, para emplazar a lo conservadores a negociar los términos del primer debate entre Feijóo y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Sánchez había solicitado realizar seis cara a cara con Feijóo uno por semana hasta el día de las votaciones, una propuesta que rechazó el PP al considerarla "una excentricidad", aunque aceptó llevar a cabo un debate a dos.

Las fuentes consultadas señalan que Bendodo delegó todo lo referente a los debates en Gonzalez Pons, con el que hasta el momento les ha sido imposible contactar a pesar de los envíos de SMS y carta, apuntan.

La convocatoria de elecciones generales del 23J, las primeras de este tipo en democracia que se celebrarán en pleno periodo estival, ha hecho saltar por los aires el calendario vacacional de buena parte de la sociedad española. No tanto por tener que suspender los planes previstos para acudir a las urnas, algo que se puede solucionar recurriendo al voto por correo. Aquí el principal problema, y al que miran todos aquellos ciudadanos que están de vacaciones en esas fechas, es la designación de las mesas electorales. Porque salvo excepciones muy tasadas, aquellos que sean llamados a formar parte de alguna de ellas no tendrán más remedio que presentarse en el centro de votación. De no hacerlo, estarán incurriendo en un delito electoral por el que ya se han impuesto numerosas condenas.

Si usted se está planteando, en caso de ser designado como miembro de una mesa, rebelarse y no presentarse el día D en el local de votación que le corresponde, piénselo dos veces. El incumplimiento de esta obligación es un delito electoral. "El presidente y los vocales de las mesas electorales, así como sus respectivos suplentes, que dejen de concurrir o desempeñar sus funciones, las abandonen sin causa legítima o incumplan sin causa justificada las obligaciones de excusa o aviso previo que les impone esta ley, incurrirán en la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a veinticuatro meses", recoge el artículo 143 de la Ley del Régimen Electoral General (Loreg).

Ni la Junta Electoral Central ni tampoco la Fiscalía disponen de datos relativos a incomparecencias de ciudadanos designados para formar parte de una mesa electoral o a procedimientos abiertos por este motivo en las pasadas citas con las urnas. Pero eso no quiere decir que se suela mirar hacia otro lado ante este delito. En los últimos años, varias han sido las condenas impuestas a aquellos presidentes, vocales y suplentes que no han acudido el día señalado al colegio electoral o que lo han hecho con retraso. En la mayor parte de casos, el asunto se cierra con multas. Sin embargo, en alguna ocasión se han llegado a dictar condenas de cárcel que, además, han sido avaladas por el propio Tribunal Supremo.

Este último es el caso de una mujer que no se presentó en un colegio electoral de L'Hospitalet de Llobregat a pesar de haber sido designada segunda suplente de uno de los vocales de una mesa electoral para las autonómicas y municipales de 2003. El Supremo la condenó a 14 días de cárcel y una multa de 540 euros. El mismo castigo de prisión, más 900 euros de sanción económica, fue lo que el Alto Tribunal impuso también en 2010 a otra mujer que a pesar de haber sido designada vocal suplente para las generales de 2008 no se pasó por el colegio electoral hasta después de comer, cuando "le hicieron efecto los medicamentos que había tomado por una indisposición intestinal que le había aquejado durante la madrugada".

Las multas se imponen en función de la situación económica de la persona condenada, pudiendo oscilar la cuota diaria entre los 2 y los 400 euros. Por tanto, la sanción más baja que se puede imponer a alguien por abandono injustificado de la mesa electoral es de 360 euros –los dos euros diarios mínimos por los seis meses que la Loreg establece como el castigo económico más reducido–. Esa fue, justamente, la condena que la Audiencia Provincial de Barcelona impuso el pasado mes de enero a una mujer que había sido designada como suplente en las autonómicas y municipales de 2019 y que no se presentó en el colegio electoral. "La acusada atraviesa una situación económica precaria y es perceptora del Ingreso Mínimo Vital", dejaban constancia en la sentencia.

En otros casos, las multas impuestas han sido mucho más duras. También en enero, la Audiencia de Asturias castigó con una multa de 900 euros a un joven de Oviedo que no concurrió como vocal en una mesa electoral durante los comicios de mayo de 2019. "No aportó justificación médica de su dolencia por ningún medio", recoge la sentencia. Una sanción que se elevó hasta los 1.800 euros en el caso de un suplente que en las generales de abril 2019 no acudió a la mesa que le correspondía en Láncara (Lugo). Y hasta los 6.000 euros en el caso de un hombre que hizo lo mismo en los comicios del 10N, una multa a la que la Audiencia de Barcelona añadió también una inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo por cinco años.

En todos estos años también se han dictado algunas absoluciones en relación con este delito electoral. En 2008, por ejemplo, el Supremo confirmó una sentencia que libraba del castigo a un hombre que no se había presentado en el colegio electoral a pesar de haber sido designado suplente porque no se le había notificado correctamente la situación en la que se encontraba. "No consta que a dicho acusado se le hiciera saber la posibilidad legal de presentar excusas para dicho cargo como tampoco consta que en la notificación que recibió se le apercibiera de las específicas consecuencias penales que podían darse para él, caso de incumplimiento de dicho deber electoral correctamente", recogía aquella sentencia.

Cada mesa electoral está compuesta por un presidente y dos vocales. Ambos cargos, que son "obligatorios" y que no pueden ser desempeñados por quienes se presenten como candidatos, se designan por "sorteo público" entre la "totalidad de las personas incluidas en la lista de electores" que "sepan leer" y que sean "menores de setenta años". La Ley del Régimen Electoral General, además, establece que el primero de ellos "deberá tener el título de Bachiller o el de Formación Profesional de segundo grado, o subsidiariamente el de Graduado Escolar o equivalente". De la misma manera, por sorteo público, se procede al nombramiento de dos suplentes para cada uno de los miembros de la mesa. En total, entre unos y otros serán designadas más de medio millón de personas.

Todos ellos deberán presentarse a las ocho horas del 23 de julio en el local de votación. Los presidentes o vocales que no lo hagan serán sustituidos por los suplentes. Y en el caso de que las ausencias impidan constituir la mesa, la autoridad podrá incluso ordenar que forme parte de ella alguno de los electores que se encuentren en el colegio electoral en ese momento. Aquellos que ejerzan como presidentes o vocales en la jornada electoral tienen derecho "a una reducción de su jornada de trabajo de cinco horas el día inmediatamente posterior". Y a las dietas que se establezcan, que en las elecciones autonómicas y municipales del pasado 28 de mayo fueron de 70 euros, cinco euros más que en las generales de 2019.

Los ayuntamientos llevarán a cabo los sorteos, según la Loreg, "entre los días vigésimo quinto y vigésimo noveno posteriores a la convocatoria", es decir, entre el próximo 24 y el 28 de junio. Y la notificación, acompañada de un manual de instrucciones sobre sus funciones, se realizará en los tres días posteriores. Por lo tanto, aquellos ciudadanos que hayan sido designados como presidentes o vocales de mesa recibirán en su casa la notificación, aproximadamente, entre el 27 de junio y el 1 de julio. En caso de que no se les consiga localizar en el domicilio, se les podrá dejar un aviso en el buzón para que se pasen por Correos a recoger la carta. La falta de notificación no figura en el listado de causas justificadas para no acudir a la mesa electoral en la que se ha sido designado.

Una vez se produce la designación, los presidentes o vocales elegidos tienen siete días para alegar ante la Junta Electoral de Zona "causa justificada y documentada" que les impida "la aceptación del cargo". Este órgano, a su vez, dispondrá de cinco días para dar respuesta al escrito. En este sentido, es importante recalcar que no vale cualquier excusa. Los motivos de exención se encuentran perfectamente tasados en la última instrucción emitida a tal efecto por la Junta Electoral Central (JEC).

Así, por ejemplo, son causas personales que permiten evitar la mesa el ser mayor de 65 años, tener una situación de discapacidad o incapacidad, estar embarazada de más de seis meses o tener un embarazo de riesgo o el internamiento en centros penitenciarios u hospitales psiquiátricos, entre otras.

Además de las personales, también hay varias causas de responsabilidad familiar que siempre justifican el no participar en la mesa: madres en periodo de lactancia con bebés menores de nueve meses o el cuidado "directo y continuo" de menores de ocho años, personas con discapacidad o familiares hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo.

Y también hay causas de exención a nivel laboral: profesionales de servicios esenciales –sanitarios, bomberos, protección civil o policía–; directores de medios de comunicación y jefes de servicios informativos que deban cubrir la jornada electoral; profesionales que deban prestar sus servicios a las Juntas Electorales, Juzgados o Administraciones Públicas; o profesionales que deban participar en acontecimientos públicos a celebrar el día de la votación y que ya estuvieran previstos antes de la convocatoria electoral.

La instrucción de la JEC no contempla los viajes programados como causa que justifique la no asistencia a una mesa. Sin embargo, las organizaciones de consumidores entienden que esta circunstancia podría enmarcarse dentro de una de las causas familiares que pueden justificar la excusa del miembro designado: "La concurrencia el día de la elección de eventos familiares de especial relevancia, que resulten inaplazables o en los que el aplazamiento provoque perjuicios económicos importante". En caso de que este motivo no sea aceptado, entienden que la convocatoria como miembro de la mesa puede considerarse un caso de fuerza mayor para reclamar a las compañías la devolución del dinero del viaje.

En el Gobierno, no obstante, están estudiando pedir a la JEC que considere estos viajes contratados como eximente para el 23J. En este sentido, el órgano supremo electoral podría modificar su actual instrucción para incluir este motivo. No sería, no obstante, la primera vez que la Junta Electoral retoca la normativa para agregar nuevas causas de exención. Ya lo hizo en 2014 para librar de las mesas aquellos electores que ya hayan formado parte de las mismas al menos en tres veces durante los últimos diez años. O en 2018 para que las víctimas con orden de alejamiento puedan eludir la obligación cuando el agresor vote en ese mismo colegio electoral.

Cada vez que se acercan elecciones, la Junta Electoral Central (JEC) sanciona el uso partidista que se le da a las instituciones que, por ley, deben garantizar la "neutralidad". Es lo que le ha sucedido a la portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, por realizar "valoraciones y apreciaciones críticas con la postura y las decisiones del principal partido de la oposición" durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Se trata de la tercera vez que la JEC apercibe a la portavoz del Gobierno en relación al artículo 50.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) Este artículo establece que desde la convocatoria de elecciones y hasta su celebración "queda prohibido hacer cualquier acto organizado o financiado directa o indirectamente por los poderes públicos que contenga alusiones a los logros obtenidos".

Según recoge la propia ley, toda infracción de las normas obligatorias establecidas que no constituya delito será sancionada por la Junta Electoral competente. "La multa será de 300 a 3.000 euros si se trata de autoridades o funcionarios y de 100 a 1.000 si se realiza por particulares", especifica el texto.

El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha calificado como "muy grave" la última sanción de la JEC a Rodríguez, pese a que una de sus compañeras de partido también ha sido sancionada de manera reciente por el órgano superior de administración electoral por el mismo motivo. Se trata de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que ha tenido que pagar 960 euros de sanción por saltarse la ley electoral en la precampaña de 2021 y "prevalerse del cargo" para vender logros y promesas en tres actos institucionales en los que se le exigía neutralidad.

Otro presidente autonómico que también recibió sanción de la Junta Electoral fue Quim Torra. Sucedió en el año 2019, cuando Torra todavía estaba al frente de la Generalitat, por criticar la situación de los presos del procés durante un discurso institucional por el día de Sant Jordi. Fue sancionado con 3.000 euros de multa. A juicio del árbitro electoral, Torra vulneró la neutralidad informativa. Meses después, en junio, le fue impuesta otra multa de 3.000 euros por no retirar como se le requería los símbolos independentistas de las fachadas de edificios públicos de la Generalitat.

A juicio de Carlos Fernández Esquer, profesor de Derecho Constitucional por la UNED, es necesario un cambio en la LOREG para "endurecer" este régimen sancionador para evitar lo que sucede actualmente: que a los gobiernos —sea cual sea su color— les compense infringir la ley en periodo electoral porque las multas "son irrisorias". "Para alguien que se quiere mantener en el poder es muy barato hacer campaña, porque el impacto mediático de lo que digan va a ser mayor que el coste de la multa", reflexiona el experto en conversación con infoLibre.

Además, Fernández Esquer explica que estas "infracciones cotidianas"—que van de los 300 a los 3.000 euros— ni siquiera se imponen a la primera de cambio. "La Junta Electoral, por lo general, apercibe dos veces antes de imponer la multa", señala. Asimismo, estos expedientes sancionadores llegan "una vez que ya han pasado las elecciones" por lo que, a su juicio, este "efecto reproche" también se difumina.

La multa, en todo caso, debe pagarla a la persona multada —ya sea Isabel Rodríguez, Díaz Ayuso o Torra— aunque el experto alberga serias dudas de que sean los propios políticos los que finalmente se hagan cargo del importe de la infracción. "La multa recae sobre la propia persona, pero luego habría que ver quién la paga", desliza.

Al profesor de Derecho Constitucional le resulta muy llamativo que, frente a las "leves" sanciones por "romper el principio de neutralidad", se contemplen sanciones mucho más duras por publicar o difundir encuestas y sondeos en los últimos cinco días antes de los comicios, es decir, desde el lunes previo al domingo electoral, según recoge el artículo 69 de la LOREG. "Tenemos un régimen sancionador que está demasiado desfasado, que castiga muy duramente conductas como el apagón demoscópico de las encuestas", señala.

El castigo por publicar o difundir esas encuestas va desde multas económicas de 3.000 a 30.000 euros a penas de prisión de tres meses a un año o la inhabilitación para el ejercicio de la profesión de uno a tres años. Pero ya lo dice el refrán: hecha la ley, hecha la trampa. Desde hace años se siguen publicando encuestas en periódicos de la vecina Andorra o en países fuera de la jurisdicción española. Sondeos que después se reproducen en los medios españoles o se difunden en redes cambiando los partidos por imágenes de frutas y hortalizas.

Esta prohibición se mantiene más de cuarenta años después de su aprobación pese al intenso calendario electoral y los precedentes en otros países europeos. Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Países Bajos, Reino Unido y Suecia no establecen limitación alguna. Actualmente Chipre, Grecia e Italia son los únicos países europeos que prohíben las encuestas a más días vista de las elecciones que el nuestro.

Fernández Esquer también pide darle una vuelta a la utilidad de la precampaña, es decir, el periodo que va desde la publicación del decreto de convocatoria de elecciones hasta el inicio de la campaña oficial. "Hoy en día ha dejado de tener sentido esta idea, porque los partidos activan su maquinaria mucho antes de los 15 días de rigor. La ley no les permita hacer mítines ni pedir el voto, los partidos están a pleno rendimiento", reflexiona.

Por ese motivo el experto aboga por "suprimir" ese periodo de precampaña lo que, a su juicio, evitaría "muchos problemas" y descargaría de trabajo a la Junta Electoral. El profesor de la UNED explica algunas de las contradicciones que se dan en este periodo, como, por ejemplo, el hecho de que a los partidos se les permita realizar gastos electorales pero no hacer campaña al uso.

Actualmente y hasta el próximo viernes 12 de mayo, la LOREG impide a fuerzas políticas y candidatos pedir expresamente el voto, así como realizar publicidad o propaganda electoral mediante carteles, soportes comerciales o inserciones en prensa, radio u otros medios digitales. Pero, tal y como apunta el experto, las redes sociales "hacen prácticamente imposible el respeto a estas prohibiciones" y aboga por, "superar esa delimitación temporal artificiosa y arcaica entre la precampaña y la campaña electoral".

El colectivo Marea Granate ha vuelto a denunciar irregularidades en el reembolso de los envíos del voto de los españoles residentes en extranjero, lo que supone que en muchos casos deben pagar por poder ejercer un derecho que es gratuito. Así figura en el documento, recogido por Europa Press, que han entregado recientemente al Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, donde recogen las múltiples quejas que vienen recopilando de los españoles en el exterior a la hora de poder participar en las distintas citas con las urnas.

El Defensor del Pueblo ha manifestado en diversas ocasiones el descontento ciudadano ante la reforma de la Ley Electoral de 2011 que introdujo el conocido como voto rogadovoto rogado, que exige a los españoles residentes fuera de nuestras fronteras a solicitar previamente el voto en cada convocatoria electoral. Este mecanismo, sin embargo, no ha hecho más que hacer caer en picado la participación de los inscritos en el Censo de Residentes Ausentes (CERA) en las últimas citas con las urnas por los innumerables inconvenientes administrativos que los españoles residentes en el extranjero suelen encontrarse.

Un asunto que tanto el PSOE como Unidas Podemos se han comprometido a resolver en esta legislatura, como así aparece en el acuerdo suscrito a finales del pasado diciembre por ambos partidos para el Gobierno de coalición.

Marea Granate ha incluido en el documento entregado al Defensor del Pueblo un listado de algunas de las trabas que se encuentran los nacionales en el exterior para poder votar, entre las que figura la de que se siga sin garantizar la gratuidad del derecho de voto, lo que contraviene la legislación vigente.

La ley establece que se devolverá a los electores residentes en el extranjero "el importe del franqueo, redondeado, en su caso, por exceso, hasta una unidad monetaria más de la divisa en que se abone" en un plazo no superior a los cien días a contar desde la celebración de los comicios. Sin embargo, la citada plataforma denuncia que convocatoria tras convocatoria los electores no sólo tienen que desembolsar "cantidades importantes" para realizar los envíos de su voto sino que, además, suelen recibir una cuantía "notablemente inferior" a lo desembolsado. "Éste es un gravísimo factor de desmotivación y abstención que debe ser atajado con urgencia", señalan.

Soluciones a diversos problemas 

Pero hay otros problemas del voto exterior para los que Marea Granate ha expuesto posibles soluciones en la propuesta de modificación del procedimiento del voto desde el exterior que tiene ya en su poder el Defensor del Pueblo. En concreto, aboga por que se mejore el mantenimiento del censo CERA para evitar casos de fraude electoral, por establecer una plataforma que permita el registro consultar a distancia y por introducir la multimodalidad del voto: por correo, en urna consular y por delegación.

Asimismo, propone una serie de medidas para solucionar el problema de los plazos de envío, entre ellas la descarga electrónica de papeletas –previa autenticación del usuario–, el envío de sobre de votación desde consulado o aceptación de sobres homologados o la eliminación del requisito de envío certificado con el matasellos de la fecha.

También apuesta por que se puedan enviar los votos desde los consulados al Ministerio de Asuntos Exteriores por valija diplomática lo que, a juicio de esta plataforma, evitaría la "sangría" de votos que se pierden entre el consulado y la junta electoral que efectúa el escrutinio. En este punto, destaca que en las elecciones generales del pasado 28 de abril se perdieron un total de 12.350 sufragios.

Además, Marea Granate pide mejorar la transparencia sobre el protocolo de control de los consulados en el procedimiento electoral, por incrementar la información del proceso por medio de campañas, correos y alertas sobre las fechas clave, por revisar y simplificar las instrucciones incluidas en los sobres de votación y por dotar de más recursos humanos y tecnológicos al personal consular.

Otras de las reivindicaciones históricas de la emigración española recogida por Marea Granate es la creación de una circunscripción exterior para que los españoles que residen en el extranjero se vean representados tanto en el Congreso como en el Senado, una medida que ya se aplica en otros países como Francia, Italia o Portugal.

Nueve años de voto rogadovoto rogado

Los grupos parlamentarios vienen coincidiendo en los últimos tiempos en la necesidad de suprimir el voto rogado y, de hecho, en mayo de 2017 se llegó a abrir una subcomisión en el Congreso para estudiar posibles cambios en la Ley Electoral para, entre otros asuntos, acabar con este sistema pactado en su día por el PP, el PSOE y los nacionalistas. El trabajo de la citada subcomisión se aceleró en otoño de 2018, con Pedro Sánchez ya en La Moncloa, pues su idea era tener listo un nuevo sistema antes de las elecciones autonómicas y europeas de mayo del año pasado.

Pero las propuestas que en este sentido se llegaron a formular desde el Ministerio del Asuntos Exteriores no acabaron de convencer al PP, lo que llevó a PSOE y Unidas Podemos a registrar en febrero de 2019 por su cuenta una proposición de ley que llegó a ser aprobada pero que no se pudo tramitar ante la convocatoria de las generales de abril de 28 abril.

La decisión del exfundador de Podemos Íñigo Errejón de presentar candidaturas en 18 provincias para, según sus propias palabras, favorecer la participación de los electores de izquierdas descontentos con el PSOE y con Unidas Podemos por no haber sido capaces de llegar a un acuerdo de investidura, apenas si tuvo efecto sobre los resultados de sus rivales en el campo de la izquierda.

Es muy difícil saber qué habría pasado si Errejón no hubiese creado Más País, a imagen y semejanza de Más Madrid, el partido que fundó junto a Manuela Carmena para disputar las municipales y las autonómicas en la Comunidad de Madrid.

Hipótesis 1: todo el voto para UP

Si atribuyéramos a Unidas Podemos el 100% del voto que se dirigió a las candidaturas de Más País en las 18 provincias en las que concurrió —en algunas de ellas en coalición con Compromís y en otras junto a Chunta Aragonesista—, Unidas Podemos se habría hecho con dos escaños más: uno por Barcelona y el otro por Málaga. En la circunscripción catalana los comunes se habrían quedado con el último diputado a costa del PSC y en Málaga la formación morada se lo habría quitado al PP.

La formación de Pablo Iglesias habría sufrido un leve retroceso electoral en comparación con los resultados del 28 de abril pasando de 42 a 40 diputados: los 35 que sacó UP, los 3 de Más País y los dos que añadiría al ir juntos.

Este escenario se basa, sin embargo, en la hipótesis poco realista de que la totalidad del voto de Más País se habría ido a Unidas Podemos. ¿Qué habría pasado si la mitad de los sufragios de las candidatura de Íñigo Errejón se hubiesen dirigido al PSOE y la otra mitad al partido de Pablo Iglesias?

Hipótesis 2: 50% del voto para UP, 50% del voto para el PSOE

En este segundo escenario teórico, Unidas Podemos habría obtenido tres diputados más: uno por Madrid, otro por Alicante y el tercero por Valencia. Sin embargo, hubiesen perdido otro por Bizkaia en favor precisamente del PSOE, dejando el cómputo final de nuevo en 37 escaños, un retroceso de cinco asientos en el Congreso de los Diputados.

El PSOE, a su vez, habría logrado un escaño más por cada una de estas cuatro provincias: Bizkaia —a costa de UP—, Madrid, Valencia y Baleares. Tendría así 124 diputados, uno más que en la legislatura del bloqueo.

Entre el PSOE y UP tendrían 161 diputados en vez de los 158 que suman en la actualidad ambos partidos y Más País.

Adicionalmente, en esta hipótesis, el PP habría perdido un escaño por Valencia —que iría al PSOE— y Vox dos: uno por Baleares —también para los socialistas— y el segundo por Alicante —en favor de Unidas Podemos—, dejando el cómputo final de Pablo Casado en 88 escaños y el de Santiago Abascal en 50.

Sin repercusión en 14 circunscripciones

Un factor adicional de distorsión a la hora de evaluar qué habría pasado si Mas País no se hubiese presentado a las elecciones es el hecho de que Compromís, su socio en la Comunitat Valencia, sí lo habría hecho en cualquier circunstancia y es imposible saber cuántos votos emitidos el 10N corresponden a al partido de Errejón y cuántos a la coalición nacionalista que lidera Mònica Oltra.

En cualquier caso, en este escenario parece claro que la ausencia de las candidaturas de Más País no hubiese tenido repercusión alguna en 14 circunscripciones: Barcelona, Castellón, A Coruña, Pontevedra, Asturias, Murcia, Las Palmas, Tenerife, Zaragoza, Cádiz, Granada, Málaga y Sevilla.

El Periòdic d'Andorrapublica este martes su primera encuesta electoral, que mantendrá actualizada hasta el sábado, víspera de las elecciones generales del 10 de noviembre, para conocer la evolución de la intención de voto y el reparto de los escaños en el Congreso.

Según la reforma de 2011 de la ley electoral, esta prohibida la difusión de sondeos y estudios de opinión hasta cinco días antes de los comicios, desde la madrugada del martes. 

Consulta aquí el sondeo de este martes.

En el mitin de apertura de campaña de Unidas Podemos de este jueves en Madrid habló todo el mundo menos su líder. A esa hora Pablo Iglesias, que sigue siendo la principal baza electoral de la formación morada, estaba en un programa de televisión (El Hormiguero, Antena 3) haciendo una exhibición de pragmatismo: más vale una aparición en horario de máxima audiencia en televisión, especialmente en un espacio de infoentretenimiento abierto a públicos a los que normalmente es mucho más difícil llegar que participar en el mitin de apertura de campaña de su propia formación.

Estamos a punto de entrar en la tercera década del siglo XXI pero las campañas electorales españolas siguen habitando en las estrecheces de los años setenta. Y los políticos parece que no tienen la menor intención de cambiar las cosas. Los partidos y sus líderes, los viejos y los nuevos, se adaptan a las normas vigentes, la mayoría de ellas aprobadas en los años de la Transición, y adoptan con naturalidad los rituales de un tiempo superado por la lógica de una sociedad hiperconectada. infoLibre repasa algunos de ellos.

  1. El período oficial de campaña

La Ley Electoral española tiene 34 años. Cuando se aprobó, España tenía sólo dos canales de televisión —ambos públicos—, no había teléfonos móviles e Internet era una ocurrencia de la que sólo habían oído hablar algunos militares e investigadores. Así que las campañas electorales eran no ya analógicas sino simple y llanamente presenciales, lo que facilitaba su control. Así que, para que tuvieran lugar de forma ordenada, la legislación estableció un período acotado de quince días durante el cual los partidos pueden organizar actos políticos y pedir el voto a los ciudadanos. “Se entiende por campaña electoral el conjunto de actividades lícitas llevadas a cabo por los candidatos, partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones en orden a la captación de sufragios”, dice la legislación.

De hecho, señala que fuera de ese período “no puede difundirse propaganda electoral ni realizarse acto alguno de campaña”, incluida “la realización de publicidad o propaganda mediante carteles, soportes comerciales o inserciones en prensa, radio u otros medios digitales [esta precisión se incluyó en una reforma posterior], no pudiendo justificarse dichas actuaciones por el ejercicio de las actividades ordinarias de los partidos”.

La prohibición sigue vigente, pero los partidos hace años que, en la práctica, hacen caso omiso de ella. Desde el mismo momento de la convocatoria electoral se ponen en marcha las maquinarias de cada formación y empieza la organización de actos públicos, la difusión de documentos y la distribución de publicidad a través de toda clase de soportes, especialmente digitales. La campaña electoral del 10 de noviembre empezó este viernes pero ese día el PSOE, por poner un ejemplo, ya había realizado más de 300 actos en toda España desde la disolución de las Cortes, el pasado 23 de septiembre. Y difundido decenas de vídeos y mensajes electorales. Y lo mismo hicieron los demás partidos.

En cambio sí ha desaparecido prácticamente el ritual de la pegada de carteles, al filo de la madrugada del primer día de campaña, que marcó durante años el inicio de la carrera electoral. Hoy, décadas después, con precampañas electorales larguísimas que a menudo se prolongan durante meses y sin apenas soportes físicos sobre los que colocar carteles —en esta ocasión hay además un acuerdo entre partidos para ahorrar ese gasto— y una cobertura informativa al minuto marcada por Internet y las redes sociales, casi todos los líderes de los partidos han abandonado el formato y lo han sustituido por mítines de apertura de campaña. Este jueves sólo el candidato de Más País, Íñigo Errrejón, paradójicamente la formación más reciente de la política española, se hizo fotos pegando carteles con su imagen. Los demás recurrieron a Internet para difundir vídeos y trasladar a sus seguidores las consignas.

  2. Los mítines y las caravanas

Los mítines son un clásico de la política desde hace mucho más de un siglo. Y la joven democracia española los abrazó en los primeros años de la Transición como una forma de movilización, casi la única a su alcance para trasladar el ideario político de los partidos a una ciudadanía ávida de discursos después de cuarenta años de dictadura.

Los actos políticos en directo tuvieron además durante mucho tiempo la virtud de ser acontecimientos locales capaces de acercar a los líderes nacionales al público en un recorrido por toda España en los tiempos en los que la información política independiente dependía casi en exclusiva de la prensa.

Hoy los mítines, en cambio, se han convertido en espectáculos que ya no tienen al público como espectador sino como un elemento más de la representación. El objetivo es producir una actividad diseñada a la medida de los medios de comunicación, sobre todo de las televisiones, que siguen siendo el principal recurso de difusión transversal de los mensajes políticos. Si no fuera por eso, muchos piensan que hace tiempo habrían desaparecido.

De hecho, hasta las caravanas electorales —los periodistas que cubren el periplo de un candidato durante toda la campaña— están en crisis. Los profesionales de la información tienen cada vez menos acceso directo a los líderes de los partidos en el contexto de los mítines —las imágenes que se ofrecen suelen además estar realizadas por los propios partidos— y van camino de convertirse en parte de la figuración.

  3. La limitación de las encuestas

La Ley Electoral sigue prohibiendo la difusión de encuestas en los últimos días de la campaña, un límite que en el caso de las elecciones del 10 de noviembre entra en vigor el próximo lunes. Pero es una prohibición absurda en los tiempos de Internet: nadie puede impedir la publicación de estudios de intención de voto en España durante todos los días de campaña en webs de otros países.

De hecho, en los últimos años se ha convertido casi en una tradición la encuesta que publicó en elecciones anteriores El Periòdic d'Andorra,hoy propiedad del grupo Editorial Prensa Ibérica, y que medios y redes sociales españolas—también infoLibre— enlazaban o difundían utilizando analogías con frutas y verduras para burlar la ley.

La ley prohíbe la difusión de encuestas en los últimos días de campaña electoral con la intención de prevenir una influencia supuestamente nociva sobre la opinión pública. Algo que teóricamente puede ocurrir si se publican estudios de opinión que malintencionadamente sesguen los resultados con ese objetivo.

Pero, más allá del hecho de que la tecnología ha hecho imposible impedir su difusión desde otros países, lo cierto es que no faltan voces que defienden que saber cómo va evolucionando la intención de voto es un elemento que los electores tienen derecho a conocer. Saberlo, además, puede ayudarles a formarse una opinión y decidir con más criterio qué papeleta depositan en la urna.

  4. La jornada de reflexión

El origen de la jornada de reflexión, que en España también está blindada por ley, era garantizar la paz social en las horas previas a la votación. De hecho, todavía hay países en los que, en la misma línea, está prohibida la venta de bebidas alcohólicas e incluso la organización de espectáculos públicos en vísperas de un día de elecciones.

Sin embargo, en democracias avanzadas y consolidadas como Alemania, Estados Unidos o el Reino Unido no existe esa figura. De hecho, se puede seguir haciendo campaña electoral en la puerta de colegios electorales el mismo día de la votación sin que eso les haga cuestionarse la limpieza del sistema.

La existencia de la jornada de reflexión se ha convertido además en un problema en España ya en dos ocasiones. La primera, cuando manifestaciones espontáneas —que el PP de José María Aznar se empeñó en atribuir a Alfredo Pérez Rubalcaba— exigieron en 2004 en las calles la verdad sobre los atentados del 11M, que el Gobierno quería endosar a ETA a pesar de que todos los indicios apuntaban al terrorismo islámico. Y la segunda en 2011 cuando, también Rubalcaba, en esa ocasión como ministro del Interior, se negó a desalojar por la fuerza la acampada del 15M en la Puerta del Sol de Madrid en la jornada de reflexión de las municipales de aquel año.

Lo habitual en España es que los líderes políticos, imposibilitados por ley para seguir defendiendo sus programas y pedir el voto de los ciudadanos, reserven para ese día alguna actividad con la que hacer un guiño a los electores que al día siguiente están llamados a las urnas.

  5. Los debates

Los debates en España siguen siendo una asignatura pendiente. La ausencia de una regulación legal deja su celebración a expensas de que los líderes se pongan de acuerdo sobre asuntos tales como la fecha, la hora, el lugar y el formato.

La comparación con otros países saca los colores a la política española. En las recientes elecciones portuguesas que ganó el socialista António Costa se celebraron, sólo en el mes de septiembre, 14 debates electorales en todos los formatos y combinaciones posibles, incluidos cara a cara cruzados que, según la mayoría de los expertos en comunicación política, son los más útiles para que los ciudadanos puedan contrastar las diferencias entre unos candidatos y otros.

RTVE lo intentó al comienzo de la campaña. Propuso dos debates a cinco y tres cara a cara (un Sánchez-Iglesias, otro Sánchez-Casado y un Casado-Rivera). Sin ningún éxito. El PSOE impuso su criterio y sólo habrá un debate a cinco en estas elecciones.

La otra característica que hace insólitos estos espacios en televisión en España es el hecho de que sean los partidos los que establezcan las reglas y que los periodistas que los conducen apenas tengan margen para hacer periodismo, lo que significa capacidad para preguntar y repreguntar.

En el debate organizado por la Academia de Televisión para este lunes, los periodistas Ana Blanco (TVE) y Vicente Vallés (Antena 3) apenas podrán hacer otra cosa que hacer preguntas dirigidas a los cinco participantes, introducir los bloques temáticos y vigilar los tiempos de intervención. Un formato impensable en las democracias de referencia de nuestro entorno, donde los líderes políticos tienen que hacer constantemente frente a preguntas incómodas por parte de los periodistas, especialmente en los debates en televisión.

  6. Los límites a los medios de comunicación

El derecho a la información en España se aplica durante todo el año, excepto durante los períodos electorales. Desde el momento en que se convocan las elecciones entran en vigor las limitaciones establecidas por la Ley Electoral para los medios audiovisuales, especialmente para los de titularidad pública, lo que significa que no pueden aplicar su propio criterio a la hora de informar como hacen el resto del año.

Un buen ejemplo de esta situación paradójica tuvo lugar en la campaña de abril. La Junta Electoral prohibió la emisión de un debate a cinco,prohibió con participación de Vox, que La Sexta había programado atendiendo a criterios de interés informativo —todas las encuestas ya daban representación a la ultraderecha y su llegada al Congreso formaba parte del debate público— con el argumento de que los de Santiago Abascal todavía no tenían representación en la Cámara Baja.

Lo más curioso es que esa limitación, establecida en la ley, afecta sólo a las televisiones. El debate se podría haber celebrado sin ningún problema en un periódico digital y la señal en streaming se podría haber emitido sin ninguna limitación.

Los trabajadores de los medios públicos —RTVE y las televisiones y radios autonómicas— son los más afectados por estas normas. Cuando llegan las elecciones, su capacidad para hacer información queda en suspenso y se ven obligados a monitorizar y compartimentar toda la información política atendiendo además a criterios cuantitativos y no cualitativos. Sus protestas, a las que en varias ocasiones se han unido organizaciones de periodistas de toda España, siguen sin embargo sin tener eco en los partidos políticos, reacios a levantar los límites que en su día decidieron imponer a los profesionales que prestan servicio en las televisiones, especialmente las de titularidad pública.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) tiene ya contabilizadas 223.872 peticiones de inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) para votar por correspondencia en las elecciones del 10 de noviembre, una cifra que supone un incremento de casi el 27% respecto a las cifras que ofreció en la campaña de las legislativas del 28 de abril. Es más, esta cifra provisional ya supera el total de peticiones aceptadas para los comicios de hace seis meses, cuando se registraron 182.549, según informa Europa Press.

El dato de las 223.872 solicitudes no es aún definitivo, aunque el plazo del llamado voto rogado acabó el 19 de octubre. En todo caso, esa cifra supone un incremento del 26,8% respecto a la de peticiones provisionales que se dieron en abril, cuando se habían contabilizado 176.547 peticiones.

También subió en la repetición de 2016

Estas peticiones también están ya por encima de las dos convocatorias anteriores. En concreto, en diciembre de 2015 se contaron 151.061 solicitudes de voto desde el extranjero, una cifra que subió a 155.165 ante la repetición de las elecciones que tuvo lugar en junio de 2016.

Tras aquella repetición de las elecciones en 2016 se cambió la ley electoral para, entre otras cosas, facilitar a los inscritos en el CERA no tener que volver a rogar el voto en caso de nuevos comicios por falta de acuerdo para una investidura. Esta es la primera vez que se aplica dicha reforma, por la que los 182.549 que vieron aceptada su petición de voto en abril ya no tienen que repetir el trámite salvo que hayan cambiado de domicilio.

Eso sí, estas cifras siguen siendo muy bajas en relación con el censo total de electores residentes en el extranjeros, que para estos comicios del 10 de noviembre son 2.128.559 inscritos. De hecho, esas más de 223.872 solicitudes representan sólo el 10.5% del CERA, según los datos recogidos por Europa Press.

Francia, Alemania y Reino Unido, casi la mitad

Buena parte de esas peticiones de españoles inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) se han cursado desde tres países de la Unión Europea: Francia (34.378 solicitudes, frente a las 27.562 de abril), Alemania (26.988, unas 5.000 más que hace seis meses) y Reino Unido (25.840 casi 6.000 más), y detrás aparecen Argentina (17.809) y Estados Unidos (17.494).

Por provincias, las que presentan un mayor de solicitudes de voto desde el extranjero son las más populosas: Madrid, con 47.645 (casi 10.000 más que en abril) y Barcelona, 21.920 (unas 5.000 más), pero también destacan las cifras de A Coruña con 10.269; Asturias, con 9.729; Valencia, con 9.729, y Pontevedra, con 8.628 peticiones, el doble que en abril.

Desde 2011 los residentes en el exterior tienen que rogar el voto, en virtud de la reforma electoral que impulsaron el PP, el PSOE y los nacionalistas de CiU y PNV. Los partidos pretendían acabar con los casos de fraude en el voto emigrante que se venían produciendo en años anteriores, pero el efecto ha sido una caída drástica en la participación que ha llevado a que los promotores del voto rogado hayan pedido corregirlo.

Un fantasma recorre la política española desde que se hizo evidente la incapacidad de los líderes de los partidos para alcanzar acuerdos que evitasen la repetición de las elecciones. Las redes sociales se llenan de mensajes de hartazgo hacia los políticos, de llamamientos a la abstención, al sufragio nulo y al voto en blanco como una manera de expresar la protesta de los ciudadanos por tener que volver a las urnas apenas unos meses después de haberlo hecho masivamente el pasado 28 de abril.

Las encuestas más recientes, en las que los electores ya responden sabiendo que habrá elecciones el 10 de noviembre, revelan un grado de desapego hacia los partidos y el sistema político sin precedentes en la historia de la democracia española.

Los expertos no se atreven a pronosticar cuál será el alcance y su evolución en los próximos meses, pero la mayoría de ellos apuestan por una importante caída de participación en las elecciones, en comparación con lo que sucedió el 28 de abril, de entre tres y diez puntos, lo que significa que millones de ciudadanos han perdido la motivación que tuvieron hace cinco meses para acudir a las urnas.

Votar en blanco, votar nulo o abstenerse, sin embargo, ni son lo mismo ni tienen el mismo efecto en el resultado de las elecciones. infoLibre repasa a continuación en qué consisten y cuál es sl consecuencia electoral.

El voto nulo se produce cuando el elector introduce en la urna un sobre o una papeleta no oficiales. También si incluye varios papeles, si añade símbolos u objetos o si se ha escrito algo que no debería figurar en la papeleta, como por ejemplo si en la del Senado se marcan más candidatos de los que se eligen en la circunscripción de que se trate.

Los que recurren a esta modalidad quieren expresar su protesta y su voto es considerado un voto emitido no válido y en ningún caso se tiene en cuenta para repartir escaños entre los partidos políticos.

El voto en blanco consiste en introducir el sobre del Congreso de los Diputados sin ninguna papeleta en su interior o el del Senado sin haber marcado ninguna opción entre los candidatos a la Cámara Alta.

La vigente ley electoral considera válido el voto en blanco, por lo que se contabiliza entre los votos emitidos. La consecuencia directa es que perjudica a las formaciones más pequeñas porque, al aumentar el volumen de votos válidos, les resulta más difícil alcanzar el porcentaje mínimo de votos para entrar en el reparto de escaños que en España se hace siguiendo la Ley D'Hondt. Dicho de otro modo: votar en blanco no es un acto inocente, favorece a los grandes partidos.

En el caso de las elecciones generales, el porcentaje mínimo previsto en la Ley Electoral para entrar en el reparto de escaños es el 3% de los votos válidos.

A diferencia del voto nulo, el voto en blanco suele interpretarse como la opinión de quienes apoyan el sistema político pero no se identifican con ninguna candidatura concreta.

La abstención, la tercera opción de quienes deciden no apoyar a ningún partido, consiste simplemente en no participar en las elecciones y, por tanto, no acudir a las urnas. En este caso, como en el del voto nulo, mantenerse al margen del proceso no tiene consecuencias y no afecta al resultado.

Motivaciones diversas

Los expertos en opinión pública y ciencia política aseguran que en el saco de la abstención se suman motivaciones muy diversas, desde la indiferencia a la enfermedad pasando por el descontento con el sistema o el convencimiento de que la política les resulta ajena.

La decisión de no expresar el voto, de hacerlo en blanco o de llevarlo a cabo de manera que vaya a ser anulado no es inocua. En ningún caso influye en el reparto de escaños —con la única excepción del voto en blanco y su efecto perjudicial sobre las candidaturas más pequeñas— ni es tenido en cuenta por los partidos que se presentan a las elecciones pero sí influye, aunque solo sea por omisión, en el resultado final.

Un elector de la derecha que decida no acudir a las urnas el 10 de noviembre para, por ejemplo, tratar de expresar así su descontento con la manera en que uno o varios de los partidos de este espectro ideológico se han comportado estos meses, lo único que va a conseguir es reducir la presencia en las Cámaras de las formaciones que le son más afines.

Del mismo modo, un ciudadano de izquierdas que opte por no votar —o por hacerlo en blanco o emitir voto nulo— en los próximo comicios para así castigar a quien considere culpable del fracaso de la formación de Gobierno, sólo estará favoreciendo que la derecha tenga un resultado más abultado que el que tendría si acudiese a las urnas y eligiese alguna de las opciones que se presentan y que resultan más afines a su ideología.

Las cifras de ciudadanos que se mantienen fuera del sistema, que votan nulo o que lo hacen en blanco no son nada despreciables. En abril tuvieron derecho a votar 36.898.883 personas: lo hicieron 26.478.140 (el 71,7%) y nada menos que 10.420.743 no participaron —o no pudieron hacerlo por diferentes motivos, muchas de ellos poque sigue siendo muy difícil hacerlo desde el extranjero—, según datos oficiales.

De los que acudieron a las urnas, 276.769 emitieron su voto de manera no válida: cometieron un error que anuló su voto o lo invalidaron deliberadamente. Son más que todos los votos que obtuvieron formaciones como EH Bildu (259.647) o Galicia en Común (238.061). En el primer caso semejante volumen de votos se tradujo en cuatro escaños; en el segundo en dos diputados.

En las últimas generales fueron 199.836 los electores que decidieron votar en blanco. No es tampoco una cifra pequeña: Compromís, que logró un diputado, sumó 173.821 sufragios; los animalistas del Pacma ni siquiera eso, a pesar de recibir el apoyo de 328.299 personas.

La realidad es que la voluntad, el enfado o la protesta de los casi 11 millones de españoles (10.897.348) que el 28 de abril no fueron a votar, lo hicieron en blanco o emitieron un sufragio nulo simplemente no fue tenida en cuenta por los partidos.

La repetición de las elecciones generales el próximo 10 de noviembre permitirá estrenar una reforma legislativa acordada por los partidos en 2016 por la que no sólo se acortan los plazos del procedimiento electoral, bajando de 54 a 47 días, sino que, además, reduce la campaña y las subvenciones a la mitad.

Hace tres años, el riesgo de que una segunda repetición de elecciones cayera en plena Navidad llevó a los grupos parlamentarios a modificar la ley electoral para introducir una disposición adicional estableciendo que, en los casos de repetición de los comicios por falta de investidura, se rebajaría en siete días los plazos del proceso electoral (de 54 a 47).

La decisión del rey de no proponer a ningún candidato a una nueva investidura por falta de apoyos suficientes implica que las Cortes se disolverán el próximo 24 de septiembre y que se convocarán automáticamente unos nuevos comicios para el 10 de noviembre, y no el 17, como hubiera regido con la Ley Electoral del Régimen Electoral Generales (LOREG) antes de su modificación de 2016.

Por primera vez, una campaña sin encuestas

En esta nueva cita se aplicarán por primera vez otros cambios incluidos en la citada reforma. Entre ellos destaca que la campaña electoral comenzaría el trigésimo octavo día posterior a la convocatoria, es decir, el 1 de noviembre, y que está tendría una duración de ocho días –y no de quince–, por lo que concluiría el viernes 8 a las 00.00 horas.

Las modificaciones incluidas en la disposición adicional séptima de la LOREG traen consigo también cambios en los gastos y subvenciones electorales que pueden realizar o recibir las distintas formaciones políticas.

En concreto, los gastos que originen las actividades electorales se reducirán, en función de los votos y escaños obtenidos por cada candidatura, en un 30 por ciento. De su lado, el límite de los gastos electorales se reducirá en un 50 por ciento.

Rebaja de los anuncios de propaganda

Asimismo, la distribución del tiempo gratuito de propaganda electoral en cada medio de comunicación de titularidad pública se reducirá a la mitad del previsto en el baremo de que se establece la LOREG en su artículo 64.

Eso sí, las agrupaciones de electores y los partidos, federaciones y coaliciones que la última vez lograron representación parlamentaria en las elecciones del pasado 28 de abril no necesitarán recabar de nuevo las firmas que exige la ley.

Es decir, si lograron presentar los avales de al menos el 0,1% de los electores inscritos en el censo electoral de la circunscripción por la que se presentaron en abril, esas firmas ya les valen para volver a presentar listas en noviembre.

Nos cuenta el historiador Dionisio de Alicarnasso, en el siglo I a. C. (Antichità romane, II, 9-10): “Rómulo dio los plebeyos a los patricios, concediendo a cada plebeyo que pudiera escoger al patricio que prefiriera… Los patricios deberían darles la tranquilidad absoluta en todo lo que precisaran en los asuntos privados y públicos”. ¿Qué similitudes o diferencias hay con la situación actual? Primero: los asalariados, cuanto más precarios, mejor; dependen (conscientemente o no) de los patricios que les administran la miseria. Patricios, a su vez plebeyos de la oligarquía, en un encadenado de dependencias. Segundo: los plebeyos escogen, cada cuatro años (en algunos ámbitos más a menudo), al grupo de patricios que les ha de dar tranquilidad. Hasta aquí nada nuevo. Sigue el historiador: “Los clientes debían de hacer a sus patronos cualquier servicio que estuviera en sus manos, y los patricios evitaban a sus clientes cualquier molestia”. El servicio primordial está claro: darles el poder.

Electoralmente, el clientelismo es muy útil, no cabe duda, y viene avalado por una ley electoral obsoleta que no ha evolucionado al ritmo de los tiempos. Pero cabe distinguir y, dado que a pesar de los clamores de modernidad no hemos avanzado gran cosa desde los tiempos de Cánovas y Sagasta, podemos hacerlo analizando los diversos tipos de clientelismo.

Parece claro que el clientelismo persiste porque los plebeyos se apuntan a él. Como dice el aforismo medieval: Insaciabilior domino sus est comitatus (La comitiva es más insaciable que su señor). Y ello, en la era de Twitter, es mortal de necesidad para la convivencia y el desarrollo de proyectos en común. Ya no solo es que el patricio que favorece, o simula favorecer, a sus plebeyos, se muestre en todo su esplendor; es que estos, queriendo demostrarse a sí mismos que su pleitesía es justificable, divulgan, hinchan y magnifican las gestas del primero, y en su afán, practican también con saña el clientelismo negativo, detectando o inventándose enemigos que marcan indeleblemente la frontera entre los buenos y los malos. Este miedo a quedar fuera de los límites ha sido perfectamente descrito por Noelle-Neumann, que nos dice: “A diferencia de la élite, la mayor parte de la gente no espera obtener un cargo o poder con la victoria (en elecciones, por ejemplo). Se trata de algo más modesto: el deseo de evitar el aislamiento” (La espiral del silencio. Paidos-Comunicación. Pág. 23). No es pues ya el patricio, léase alcalde o preboste, sino el propio plebeyo subido al carro, el que señala, y a veces escupe, al “otro”. Situación que deja muy comprometido el futuro, en una sociedad en la que, a derecha e izquierda, se dice estar atentos al mandato popular. La misma autora, en la página 88, apunta: “El individuo atiende con inquietud a esta corte anónima que reparte la popularidad y la impopularidad, el respeto y el escarnio. Los intelectuales, fascinados por el ideal del individuo emancipado e independiente, apenas han caído en la cuenta de la existencia del individuo aislado temeroso de la opinión de sus iguales”. Si en las urbes el truco mueve mucho dinero entre unos pocos, en el mundo rural daña la convivencia de la gran mayoría durante generaciones. El clientelismo positivo o pasivo paraliza y adormece, pero el negativo mata el tejido social.

Quisiera equivocarme al afirmar que el círculo se está cerrando con gran eficacia: la oligarquía, la de verdad, la que no se ve, suministra a los “patricios” el poder clientelar, la capacidad de otorgar (¡y negar, ojo!) licencias, empleos, subvenciones, honores y lisonjas; estos, a su vez, crean un primer círculo de “clientes” ferozmente adicto, que empieza a repartir cartas de naturaleza, de bondad o maldad, incluso más allá de las directrices iniciales. Salvo raras excepciones, la gente (el “pueblo soberano”) intenta mantenerse en el área de confort. Y desde ella mandan los mensajes que el patricio, cínicamente, asume como surgidos de la voluntad popular. Y como resultado de todo ello, el verdadero inductor se beneficia de las leyes y atmósfera social que facilitarán su ascenso a los cielos, allí donde se es impune a los vaivenes electorales, contemplando a lo lejos el run-run de la corte clientelar. Una última cita, de Juvenal (3, 182): “Hic vivimus ambitiosa paupertate omnes”, o sea: “Aquí vivimos todos una pobreza presuntuosa”. Lo que en román paladino sería: jodidos pero contentos… de haber escogido el rebaño adecuado. ___________________Antoni Cisteró ___________________

Antoni Cisteróes sociólogo y escritor. Autor de libros como Campo de esperanza o Hijo de la memoria. También es miembro de la Sociedad de Amigos de infoLibreCampo de esperanzaHijo de la memoria

De esta situación podemos responsabilizar:

Pero lo que en ningún caso procede es ponerse nerviosos. Muchos periodistas, y también bastantes políticos de partidos sin posibilidad de tocar poder tras el 28 de abril, están creando un alarmismo interesado en lugar de hacer el menor gesto a favor de la gobernabilidad. Porque en España, el país con menos años de democracia de Europa occidental, lo que sigue prevaleciendo es el teatro del enfrentamiento entre los mismos que también son capaces de tantas corrupciones y tantos autoritarismos en comandita.

¿O ya se ha derogado la ley mordaza y yo no me he enterado de nada?

En mi opinión, estar durante algunos periodos de tiempo con gobiernos en funciones es algo perfectamente soportable. Varias son las razones.

En primer lugar, siguen funcionando la Educación, la Sanidad, las fuerzas de seguridad, las multas para recaudar y todo lo demás, sobre todo Hacienda.

En segundo lugar, los nuevos gobernantes entran a veces con tal impulso que son capaces de crear atmósferas irrespirables en un tiempo récord. Véase Madrid Central y hasta un juez teniendo que vestirse de médico de urgencias para cuidar la salud de mayores y pequeños. Los irresponsables de PP, C's y Vox parecen haberse puesto de acuerdo a toda prisa en Madrid solo para cargarse la medida estrella de Carmena, que cometió el error de no aplicarla al comienzo de la legislatura.

Otra consecuencia muy positiva de los periodos prolongados de negociación de investiduras es que los tertulianos tienen mucho material para especular y los periodistas mucho trabajo, lo que sin duda favorece la reducción del desempleo en el sector de los medios de comunicación.

Además, y como el propio concepto de “periodo de negociación” indica, solo se aprende a negociar y a pactar si estás realizando prácticas de negociación y pacto. Una vez que has conseguido el gobierno, la prioridad es utilizar los resortes del poder para conseguir que los demás no puedan censurarte con consecuencias fatales.

Por último, y no es el menor de los efectos positivos, la inseguridad durante los periodos de negociación de investiduras que siente cualquier político provoca una reducción exponencial de las corrupciones, pues nadie sabe a ciencia cierta con qué contratistas públicos, corrompibles o corruptores, tendrá que negociar los importes de las comisiones oscuras en los reservados de los restaurantes caros. Todo presunto, por supuesto. De manera automática se cumple una versión ad hoc de aquella sabiduría popular tan conocida que dice que, si no existe ocasión, tampoco hay peligro.

Si el CGPJ realizara una estadística con las fechas precisas en las que se han ido fraguando los delitos de corrupción durante estos 40 años de monarquía restaurada por Franco, seguro que será mínimo el número de políticos implicados que en el momento del “crimen” no estuvieran disfrutando de poder institucional efectivo.

Pero debemos ser honestos y, además, proponer soluciones. A pesar de las ventajas que acabamos de exponer a favor de los periodos provisionales, no queremos que prolifere esa pulsión hacia la anarquía feliz que todos llevamos dentro.

Nos preguntamos, ¿no será mucho más eficaz, y económicamente rentable, que senadores y diputados electos dejen de cobrar sus sueldos desde la fecha que les corresponda tras las urnas hasta que firmen el acuerdo para formar gobierno?

La idea se nos ha ocurrido en cuanto hemos oído a Pedro Sánchez decir que propondrá una reforma constitucional para facilitar las investiduras. Al ritmo de reformas que llevamos en España, significa que estarán de 20 a 30 años dándole vueltas a una idea que, al final, terminarán convirtiendo en una ley que, como también nos recuerda el sabio, incluirá más de una trampa.

Toda reforma legal que no obligue a los partidos a negociar insistirá en el defecto principal de las élites de España: el autoritarismo.

La solución es muy sencilla. Respeto total a la igualdad que proclama la Constitución y que todos los votos introducidos en cualquier urna se conviertan en la misma cuota exacta de poder parlamentario. Así de sencillo. El mapa político de los españoles en las urnas nunca se ha traducido fielmente al mapa del Congreso porque, de lo contrario, no se habría producido ninguna mayoría absoluta. Y después, que los partidos aprendan a negociar de la única manera posible: negociando a la fuerza y realizando las concesiones que sean necesarias.

Sí, opino que la Ley Electoral no respeta la Constitución.

Lanzados como estamos por la pendiente de las propuestas, terminaremos con otra, facilísima, de aplicación inmediata y sin necesidad de acuerdos.

Comenzábamos con lo de a quien culpar de los no pactos y nos viene a la cabeza ese CIS que mantiene a los políticos en el segundo puesto del ranking de problemas que preocupan en España.

Como nosotros no vivimos de criticar gratis al adversario y, por tanto, no somos esclavos de nuestras palabras, nos atrevemos a proponer lo siguiente.

A cualquier encuestado que responda que los políticos son uno de los problemas, se le debería hacer, a continuación, la siguiente pregunta:

Pregunta: Ya que usted opina que los políticos son uno de los problemas, siendo 0 igual a “ningún problema” y 10 igual a “máximo problema”, le ruego indique la puntuación que, en su opinión, le corresponde a cada uno de los partidos políticos que le iré nombrando:

¿A que es fácil mejorar la demoscopia? Solo hay que atreverse a meter el dedo en el ojo del problema, señor Tezanos. ______________

Domingo Sanz es socio de infoLibre

El resultado de nuestro sistema electoral y las dinámicas políticas que origina lo estamos viendo ahora en esta cansina situación de bloqueo que sufrimos. Pero ya lo vimos antes, cuando el PP sufrió temporalmente ese mismo veto por parte del PSOE, que finalmente cedió con un enorme desgarro interno.

El principal problema del modelo no es la fórmula D’Hondt, ni de lejos. La fórmula es un conocido método para asignar los últimos escaños a los partidos mayores. Gustará más o menos pero de esa forma se beneficia ligeramente a los partidos mayores, evitando demasiada atomización en las asambleas legislativas.

El problema fundamental es la circunscripción provincial. Los votos se cuentan por provincia, una unidad administrativa que tenía mucho sentido en la España de los 70, pero que en la España autonómica resulta caduca para asignar escaños. El hecho de que los votos al Congreso y el Senado se cuenten por provincia produce ese fenómeno muy conocido de que el voto en Soria valga mucho más que en Madrid a la hora de convertirlo en asientos. Existe una enorme desproporción entre las provincias menos pobladas y las más populosas.

La circunscripción provincial permite también que los partidos nacionalistas o regionalistas tengan un peso desproporcionado en el Congreso de los Diputados, que es constitucionalmente la cámara de representación estatal. Aquí radica el segundo gran problema de nuestro sistema electoral y político. El Senado jamás hizo la función de representación territorial que la Constitución le asigna. Las regiones y nacionalidades que componen España deberían encontrar en el Senado el lugar en que dirimir sus diferencias y promover acuerdos. Pero la Cámara Alta no hace otra función que la de asilar a elefantes, tramitar inútilmente leyes que luego pueden ser revisadas definitivamente por el Congreso, o aplicar sin consecuencia práctica alguna, con sus paradójicas mayorías absolutas, iniciativas que no van a ningún lado. El Senado, lo han dicho casi todos los partidos, está para reformar en profundidad o para cerrar.

El sistema electoral permite también, otra anacronía muy poco frecuente en el mundo, que el presidente del Gobierno pueda convocar elecciones cuando le dé la gana. Por supuesto, le dará la gana cuando se den las condiciones mejores para él mismo, no necesariamente para el país. En casi todos los países no se prevé que sea el presidente quien marque el inicio de la competición, sino un calendario fijo. En general, las elecciones tienen lugar en plazos inamovibles, que no dependen del capricho de ninguno de los jugadores.

Pedro Sánchez ha sugerido en las últimas horas que habría que modificar el artículo 99 de la Constitución, que permite bloqueos como el que sufrimos ahora. Según podemos interpretar, la modificación establecería que gobernara la lista más votada si no hay acuerdos, como sucede en la formación de los ayuntamientos. Es una buena idea, aunque la formule quien optó en su momento precisamente por bloquear la formación de Gobierno, con un coste personal muy alto.

Como todo lo que tiene que ver con el sistema electoral y, en igual grado, con las reformas constitucionales, se proponen cosas, pero nadie le pone el cascabel al gato. No habrá a corto plazo reforma del artículo 99, ni probablemente de ningún otro, ni de la ley orgánica que regula nuestras elecciones. Son asuntos demasiado complejos y demasiado suculentos para los partidos. No parece existir el clima de cooperación ni el espíritu de servicio público necesarios para poner orden en normas que hoy resultan claramente anacrónicas.