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Reforma de la LOREG

La reforma de la Ley Electoral, el melón que los partidos prometen tocar y al final nadie quiere abrir

Hemiciclo del Congreso, en una imagen de archivo.

El debate sobre la reforma de la Ley Electoral es cíclico y siempre suele intensificarse en año electoral. Los partidos aprovechan la coyuntura de precampaña para incluir estas iniciativas en sus discursos y programas electorales. Es lo que ha sucedido con la propuesta del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para que gobierne la lista más votada. Lo que propone el dirigente gallego es reducir las competencias de los plenos municipales y proclamar automáticamente alcalde al cabeza de la lista más votada, con independencia de que tenga o no mayoría para gobernar.

“Es una propuesta que no existe, como tal, en ningún país”, afirma Pedro Riera, profesor de Sistema Electorales en la Universidad Carlos III de Madrid. “Sí que hay sistemas que otorgan más escaños al partido más votado, esa prima a veces sirve para llegar a mayorías, pero otras no. El problema de la propuesta de Feijóo es que no tendría garantizada la gobernabilidad, porque el sistema es parlamentario, dependería del resto de concejales o diputados”, explica en conversación con infoLibre.

El acuerdo de gobierno rubricado entre PSOE y Unidas Podemos a principio de esta legislatura también abogaba por realizar cambios en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) en cuatro puntos. Tres años después, solo se ha abordado uno de ellos, el voto rogado. Un avance que a la formación minoritaria del Ejecutivo aplaude pero que le parece insuficiente, ya que también pactó con el ala socialista establecer listas cremallera en todos los procesos para garantizar la presencia de mujeres en las instituciones, la mejora de la "proporcionalidad del sistema” y la posibilidad de otorgar el derecho de sufragio activo y pasivo a jóvenes de 16 y 17 años.

Riera explica que la obligatoriedad de tener listas cremallera —es decir, candidaturas en las que haya que alternar a mujeres y hombres— se podría introducir con un cambio en la LOREG. “Únicamente haría falta que una mayoría de la Cámara lo avalara”, asegura el profesor de la Carlos III. Algunas formaciones como el PSOE o Unidas Podemos ya lo aplican, mientras que otras como Vox se manifiestan en contra. En su programa electoral de 2019, la formación ultraderechista prometía la supresión de las cuotas "por sexo o por cualquier otra causa" en las listas electorales. 

La formación liderada por Ione Belarra también ha batallado para aumentar la proporcionalidad del sistema, una reivindicación que comparte Ciudadanos. Mientras que los morados proponen sustituir la fórmula de reparto de escaños D'Hondt por la de Sainte-Lagüe, los naranjas abogan por el método Hare-Niemeyer. Riera confirma que, con estos cambios, Podemos y Cs obtendrían mayor rédito electoral en escaños y que los principales perjudicados serían los partidos mayoritarios, PP y PSOE. “Veo muy complicado que ninguno de estos partidos lo acepte y menos en año electoral, porque de cara a la galería quedaría muy mal”, sostiene el politólogo.

Otra de las propuestas que la coalición se comprometió a estudiar en la subcomisión constitucional del Congreso fue la de rebajar la edad de votación y permitir a los menores de 17 y 16 años votar. Una propuesta que formaciones como ERC y Más País han puesto también sobre la mesa. Es más, los republicanos llevaron esta cuestión al pleno en septiembre del pasado año y la Cámara Baja rechazó -con el voto del PSOE, PP y Vox- su admisión a trámite. El politólogo recuerda que hay países como Brasil, Argentina o Escocia que ya permiten  votar a los jóvenes de estas edades. “En España tenemos un sistema cuasi federal y alguna autonomía se puede animar a probarlo”, sostiene Riera. Y añade: “Habría que estudiar si esto se podría hacer sin realizar antes un cambio constitucional”.

Lo cierto es que hay tantas propuestas de reforma de la LOREG como partidos en el Congreso. En conversación con infoLibre, las formaciones detallan los cambios que, a su juicio, son más urgentes: desde una circunscripción autonómica en las europeas a la ampliación de personas con derecho a voto en alusión a los migrantes o la introducción del voto delegado.

Prohibición de encuestas

En España está prohibido publicar o difundir encuestas y sondeos en los últimos cinco días antes de los comicios, es decir, desde el lunes previo al domingo electoral, según recoge el artículo 69 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). Una prohibición que se mantiene más de cuarenta años después de su aprobación pese al intenso calendario electoral y los precedentes en otros países europeos. Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Países Bajos, Reino Unido y Suecia no establecen limitación alguna.

Riera asegura que esta es una discusión “apasionante” para los que se dedican al análisis electoral. “Hay un enfoque, digámoslo más buenista, que aboga por que se publiquen hasta el final para que el elector vaya lo más informado posible a votar y otro, más maquiavélico, que advierte de las posibles manipulaciones y la capacidad de determinar el voto”, analiza. 

Ampliación del derecho a voto

Tener la nacionalidad española es un requisito indispensable para ejercer el derecho al voto, salvo contadas excepciones. En este sentido, ERC propone eliminar el requisito de nacionalidad y sustituirlo por el de “ciudadanía”, un planteamiento que también comparte EH Bildu. Sin embargo, esto requeriría de un cambio constitucional, como apunta Riera, lo que complica los planes de los republicanos.

El profesor de la Carlos III recuerda que existe la figura de los convenios de reciprocidad, que permiten a los ciudadanos procedentes de 27 países comunitarios y de terceros Estados que hayan firmado con España un acuerdo recíprocos poder participar en la elección del alcalde de la ciudad en la que están empadronados.

Introducción del voto delegado

Otra de las iniciativas que la formación liderada por Gabriel Rufián llevó al pleno del Congreso en 2021 fue la posibilidad de que un ciudadano pueda votar hasta en cuatro ocasiones en unos comicios, una vez en su nombre y el resto asumiendo el voto delegado de residentes en el extranjero. “Es una figura que aparece en lugares como Francia y es, ante notario, dar poderes a otra persona que vote en la misma mesa que tú para votar por ti en una celebración electoral concreta o en un período concreto”, resumen fuentes de la formación.

Riera cree que, salvo que haya un gran acuerdo de todos los partidos, esta propuesta jamás verá la luz. “Este tipo de innovaciones en un clima político tan turbulento como el actual van a ser vistas con desconfianza y siempre habrá quien diga que hay un partido que trata de amañar las elecciones”, apunta el experto.

Eliminar la circunscripción estatal en las europeas

El PNV trató de aprovechar la reforma electoral del voto rogado para tratar de acabar con la circunscripción estatal que rige en las elecciones europeas y, de paso, eliminar el requisito del acatamiento de la Constitución que se exige a los eurodiputados españoles. Los nacionalistas denunciaban que, con la circunscripción única, los partidos de ámbito territorial se ven obligados a formalizar coaliciones entre ellos para sumar votos y acceder a escaños, algo que se evitarían si cada comunidad repartiera sus propios eurodiputados. Sin embargo, su petición cayó en saco roto.

El profesor de Sistemas Electorales asegura que esta circunscripción rige en la mayoría de los países de Europa para hacer un reparto más justo de escaños. A su juicio “sería un poco raro que PP o PSOE lo cambiasen” aunque considera que esto no les afectaría negativamente en ningún caso. Los nacionalistas vascos aseguran que el Tribunal Constitucional ya sentenció que "no existe inconveniente constitucional alguno" para que el Congreso introduzca este cambio de circunscripción, ni colisionaría con las directrices comunitarias.

El ‘referéndum Baldoví’

Compromís lleva batallando desde hace más de una década por acabar con la circunscripción provincial. La propuesta, titulada Referéndum Baldoví en referencia a su diputado en el Congreso, busca “mejorar” la proporcionalidad del sistema al establecer una única circunscripción autonómica. La intención es acabar con el actual reparto de escaños por provincias, de forma que cada comunidad tenga los que le corresponden proporcionalmente a su población. Se trata de una propuesta similar a la planteada por Unidas Podemos o Ciudadanos.

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