La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado al exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato a cuatro años, nueve meses y un día de cárcel por tres delitos fiscales, un delito de blanqueo de capitales y corrupción entre particulares, así como una multa de más de 2 millones de euros, y el pago de 568.413 euros a Hacienda, informa EFE.

 El fallo, según fuentes jurídicas, queda muy lejos de la petición de la Fiscalía Anticorrupción, que atribuía a Rato once delitos fiscales, blanqueo de capitales y corrupción en los negocios, y pedía para él 63 años de cárcel y 42,4 millones de euros de multa, además de una indemnización de 7,75 millones para la Agencia Tributaria.

Respecto de los delitos fiscales, la Sala absuelve a Rato de los relativos a los ejercicios 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2015, pero le condena por lo relativo a dónde estaba su residencia fiscal durante su mandato como director gerente del FMI, ya que la Audiencia considera que seguía manteniéndola en España -pese a que la sede del organismo está en Washington-, donde estaba obligado a presentar sus declaraciones fiscales.

En la sentencia, de 1.232 folios y que todavía no se ha hecho pública, el tribunal, presidido por la magistrada Angela Acevedo, señala también las "dilaciones indebidas" por el tiempo que ha durado el proceso, iniciado en 2015.

En una nota, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) indica que el abogado Domingo Plazas, que fuera administrador de Kradonara, epicentro de la trama societaria de Rato, ha sido condenado por cooperación en los delitos fiscales a penas que suman 18 meses de cárcel y multa de algo más de 155.000 euros. Plazas debe responder solidariamente con Rato del pago a Hacienda, por la responsabilidad civil derivada de dichos delitos.

Kradonara era la sociedad a través de la cual Rato enviaba a España el dinero que tenía en el exterior, y con la que firmó un contrato con Telefónica por un asesoramiento, como si fuera dicha sociedad la que prestaba el servicio, cuando realmente lo hacía el propio Rato, que es quien tenía que haber tributado por estos trabajos.

También ha sido condenado el que fuera considerado testaferro de Rato, Alberto Portuondo, por el delito de corrupción entre particulares, al imponer ambos la elección de Publicis y Zenith para que fueran contratadas por Bankia, y poder cobrar así una comisión por el proceso de selección.

La pena para Portuondo es de tres meses y un día de cárcel, y una multa de la mitad de la comisión recibida, que ascendía a 2.022.154,52 euros, acordando, además, el comiso de dicha cantidad.

El Tribunal absuelve, sin embargo, al resto de los acusados por este delito, tanto a los empleados de Publicis y Zenith y a estas sociedades, como la exsecretaria de Rato, Teresa Arellano, o el que fuera su número dos en Bankia, José Manuel Fernández Norniella, al entender que los mismos no participaron en el acto corrupto.

Asimismo, ha sido absuelto el excuñado de Rato, Santiago Alarcó, del delito de blanqueo de capitales que se le atribuía; y el exdirectivo de Telefónica Ramiro Sánchez de Lerín, así como otro colaborador del exvicepresidente, Miguel Ángel Montero, al que la Sala tampoco considera como cooperador en el delito de corrupción entre particulares.

Fuentes jurídicas han indicado a EFE que no hay plazo establecido para que la Fiscalía o la Abogacía del Estado pidan el ingreso en prisión de Rato; la sentencia, que aún no es firme, puede ser recurrida ante el Supremo.

El exministro de Economía Rodrigo Rato ha atacado este miércoles tanto a la Fiscalía Anticorrupción como a la Abogacía del Estado en la sesión del juicio contra su persona por el presunto incremento ilícito de su patrimonio. "Nos toman por tontos", ha llegado a decir sobre determinados argumentos esgrimidos en la vista.

De hecho, al inicio de su declaración como acusado, ha avanzado que no iba a responder a las preguntas de la acusación debido a que durante el juicio han usado "correos -electrónicos- no expurgados" que afectaban a "terceras personas", matizando que dado que no quería contribuir a ello, no les respondería.

En este sentido, y a preguntas de su abogada María Massó, ha llegado a decir de la representación legal del Estado que "es increíble que funcionarios públicos españoles" pudieran sostener que en su etapa como director gerente del Fondo Monetario Fiscal (FMI) fuera residente en España.

"Es increíble que puedan decir estas cosas, no sé de dónde sale esta gente, es muy fuerte (...) que un funcionario diga que yo he estado 10 días en Washington -sede del FMI- en 2006, nos toman por tontos", ha señalado visiblemente enojado.

Con su abogada, Rato ha ido desgranando apunte por apunte todas las transferencias y movimientos financieros a estudio y ha dado explicaciones sobre cada sociedad y cada año fiscal. "Los fondos son todos perfectamente identificables y -los movimientos tienen- una explicación razonable", ha dicho.

En este sentido, Rato ha llegado a acusar a la Fiscalía y a los investigadores de Hacienda de "montar una fabulación" en este caso y de ir "a la búsqueda del tesoro perdido" ahondando en la idea de que la causa contra él fue prospectiva. "Pretender que los particulares tengamos datos que ya no existen y, entonces, sobre eso montar una fabulación, pues es injusto", ha indicado.

Cabe recordar que Rato está acusado de 11 delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y corrupción en los negocios. Anticorrupción interesa para él una pena de aproximadamente 70 años de cárcel por haber defraudado más de 8,5 millones en la gestión de su patrimonio.

En este primer día de declaración, ha cobrado relevancia la amnistía fiscal a la que se acogió en 2012. De ella ha recordado que "fue muy controvertida en España", que creó muchas dudas y que "los bancos y las empresas especializadas estaban al cabo de la calle" para captar clientes porque afectó a 75.000 personas.

Él se la encargó al despacho de Plazas Abogados y ha concedido que antes de ese hito no incluyó a las sociedades extranjeras Wescastle, Vivaway y Red Rose en sus declaraciones porque "no tenía una conciencia de que esas mercantiles estuvieran ocultando un patrimonio" y por tanto "no tenía sensación de urgencia", aunque ha explicado que esa decisión pudo ser equivocada. Cabe recordar que la Fiscalía sospecha que usó esa amnistía fiscal para blanquear y limpiar cuotas defraudadas.

En cuanto a los trabajos de índole macroeconómico que realizó para empresas como Telefónica y que cobró por medio de sociedades como Kradonara o Arada -sociedades suyas- y no de forma personal, ha señalado que lo hizo así porque pensó que se podía declarar como trabajo profesional.

En concreto, sobre los informes para Telefónica, ha explicado que le dedicaba prácticamente medio mes, que llevaba mucha elaboración, y ha zanjado que la forma era correcta dado que ese tipo de cliente "no va a andar con cosas extrañas".

Sobre sus trabajos de conferenciante, que realizaba a través de la empresa BCC y que facturaba también a través de Arada, ha incidido en que el propio presidente de BCC declaró que "más del 50% de los conferenciantes lo hacían a través de sociedades".

Al hilo, ha sostenido que echaba mano de secretarias y consultores para esas conferencias, que llevaba mucha gestión, y ha llegado a enfatizar que es "casi el único español al que se le acusa de delito fiscal" por facturar a través de una empresa ese tipo de trabajos.

Sobre una de esas sociedades extranjeras, Wescastle, que están en el punto de mira de la Fiscalía, Rato ha explicado que los fondos que contiene provienen de la herencia familiar de su padre.

En concreto, ha explicado que su padre tuvo que pagar una multa en 1968 por tener fondos en el extranjero, pero que Hacienda no le obligó a repatriarlos y el dinero quedó ahí hasta que la familia en 2004, cuando empeora el estado de salud de su madre -su padre fallece en 1998-, decide dejar la gestión de ese patrimonio a Rato.

Sobre esa cartera, radicada en Ginebra, ha señalado que era muy conservadora y que él tomó contacto con los gestores y de vez en cuando hablaba con ellos por teléfono. Pero ha enfatizado que ni introdujo ni retiró fondos de la misma.

Uno de los momentos más críticos de la vista, ha sido cuando la defensa de Rato ha puesto sobre la mesa que la unidad de auxilio de la Fiscalía sostiene que Rato siendo director gerente del FMI sólo estuvo fuera de España 41 días en 2004, 53 días en 2005, 10 días en 2006 y 31 días en 2007.

"¿Le encuentra alguna explicación a este cálculo?", ha preguntado Massó, a lo que Rato ha respondido: "Bueno, sólo tiene dos explicaciones. O es una falsedad, o es una tontería".

Así, una vez más, ha vuelto a cargar contra los funcionarios que calcularon esos datos y ha recordado que durante su estancia en Washington residía allí -de hecho adquirió una vivienda- y viajaba mucho por su cargo pero siempre regresaba a la sede del FMI.

En otro momento, y sobre la acusación de que participó en una SICAV radicada en EEUU, ha sostenido que no fue así y que de hecho los documentos en los que se apoya la Fiscalía para sostener eso eran en realidad de otra cliente del bufete que se registró en el marco de la causa.

"Volvemos a la prueba diabólica. Yo tengo que demostrar que una cosa no es mía. Y además, en este caso, hay una persona que dice que es suyo", ha apostillado.

Esta idea de tener que demostrar que determinados apuntes bancarios no guardaban relación con él ha gravitado a lo largo de toda la sesión, y de hecho Rato ha llegado a quejarse de que la Fiscalía pretende que "cualquier persona que trate" con él en realidad sea él.

"Todo para sostener que yo tengo un patrimonio oculto que justifique que el 750 -modelo para aflorar bienes adquiridos con rentas no declaradas y regularizar las mismas- está mal hecho", ha explicado, para añadir que "todo bicho viviente que trata conmigo, inmediatamente su dinero es mío".

Por otro lado, Rato ha afeado al Ministerio Público que la causa haya ido "expandiéndose y mutando". Y ha incidido en que lo que ha ocurrido con su persona en Derecho Penal se denomina "prueba inquisitorial": "Y es que tengas que demostrar que no eres algo, lo cual pues no dice mucho de los que lo practican".

La declaración del exministro continuará este jueves, cuando la defensa entrará a preguntar por la parte de la causa que afecta los contratos publicitarios firmados por Bankia con Publicís y Zenith siendo éste presidente de la entidad.

La Fiscalía Anticorrupción ha puesto el foco en la investigación que lleva a cabo por presunto delito fiscal sobre Santiago Alarcó Canosa —excuñado del exministro Rodrigo Rato— en los ejercicios de 2013 y 2014, y considera que podría haber defraudado a Hacienda cerca de 2 millones de euros.

Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press indican que si bien un informe de la Agencia Tributaria incorporado a la causa arroja que durante 2011 y 2012 las sumas defraudadas serían de alrededor de 300.000 y 200.000 respectivamente, esos años no son objeto de acusación por parte de esta Fiscalía porque el delito estaría prescrito.

Así, sobre la mesa del juez de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6, Joaquín Gadea, Anticorrupción ha puesto el posible fraude de 2013, que ascendería a 1.767.000 euros, y el de 2014, que sería de 212.000 euros, lo que sumaría cerca de 2 millones de euros.

Cabe recordar que el Ministerio Público lleva un año investigando esa presunta ocultación al fisco español de una fortuna millonaria, y que Gadea ya ha citado a Alarcó para que declare en calidad de investigado el próximo 24 de mayo.

Tal y como avanza El Confidencial y ha podido confirmar en fuentes jurídicas Europa Press, el excuñado de Rato habría recibido entre 2011 y 2014 transferencias en dos cuentas vinculadas a su persona en el Nordea Bank (Luxemburgo). Esas cantidades no habrían sido justificadas ante la Hacienda española y su origen es desconocido.

Fue la semana pasada cuando Anticorrupción presentó en al Audiencia Nacional una denuncia contra Alarcó y calificaba los hechos como presuntos delitos contra la Hacienda pública, blanqueo de capitales y frustración de la ejecución. En la misma, daba cuenta del entramado financiero internacional por medio del cual habría ocultado al fisco español una fortuna millonaria.

Esta investigación de la Fiscalía daría cuenta del objetivo de esa ocultación de dinero: evitar tener que hacer frente al pago de las fianzas dictadas por los tribunales y los posibles embargos derivados.

Según detallaba esta semana El Confidencial, el Ministerio Público ha encontrado cuentas en varios paraísos fiscales cuyos fondos tienen procedencia de origen desconocido y además ha localizado una transferencia de 250.000 euros con destino a una sociedad instrumental irlandesa que está vinculada a Rato.

En junio de 2021, el juez que instruyó la causa relativa al presunto origen ilícito del patrimonio del exministro Rato emitió un auto de apertura de juicio oral en el que ya imputaba a Alarcó Canosa el delito de blanqueo de capitales y le imponía una fianza de 27,5 millones de euros para asegurar las responsabilidades pecunarias que pudieran imponérsele. Ya entonces, se le advertía de que de no prestar esa fianza se procedería al embargo de bienes en cantidad suficiente para asegurar la suma señalada.

En su escrito de acusación del caso Rato, la Fiscalía destacaba que el excuñado tuvo un papel relevante en la operativa, y fue el encargado de crear cuentas en el extranjero y de manejar las estructuras societarias.

El Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid ha acordado remitir a la Audiencia Provincial de Madrid las actuaciones del denominado caso Rato para su enjuiciamiento, después de siete años de instrucción de un procedimiento en el que se han acumulado más de 70.000 documentos.

Por esta causa se sentarán en el banquillo 17 investigados, entre los que está el ex ministro de Economía Rodrigo Rato, por los delitos de blanqueo de capitales, corrupción entre particulares y delito fiscal.

Fue en junio de esta año cuando el juez instructor Antonio Serrano-Arnal acordó la apertura de juicio oral contra el ex vicepresidente económico del Gobierno de José María Aznar, en el marco de la causa sobre el presunto origen ilícito de su patrimonio.

Ahora, tras remitir estas actuaciones para su enjuiciamiento, el juzgado continúa con la tramitación de las correspondientes piezas de responsabilidad civil pendientes de la averiguación de bienes de los investigados que aún no han satisfecho las cantidades que les reclama el órgano judicial.

Esta causa comenzó teniendo más de una decena de piezas, la mayoría secretas, por un posible fraude a la Hacienda Pública por valor de aproximadamente 6,8 millones de euros de cuotas impagadas del IRPF entre los años 2004 y 2015.

El exvicepresidente siempre ha defendido su inocencia y ha arremetido contra la Fiscalía por creer las conclusiones "disparatadas" que hace la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en sus informes, a quien ha acusado de hacer una investigación "prospectiva".

Y así lo manifestó también Rato cuando compareció ante el juez instructor el 30 de julio de 2018. Entonces, negó haber blanqueado y afirmó ante los medios de comunicación que todo su dinero es legal y "está perfectamente justificado y explicado" gracias a los informes periciales que ha presentado su defensa a lo largo de toda la instrucción.

El ex ministro presentó el pasado octubre de 2021 su escrito de defensa, y en el alegaba que no había podido tener acceso a documentación de la causa. Por eso, demandaba que se le diera acceso a esa parte porque lo consideraba relevante. Asimismo, alegaba indefensión y nulas garantías ya que el instructor no había resuelto recursos que, a su juicio, eran importantes y que podrían retrasar la apertura de juicio oral.

La investigación dirigida por el juez instructor concluye que Rato ha mantenido desde 1999 un patrimonio oculto a la Hacienda Pública a través de diversas sociedades con las que habría realizado continuas actividades de inversión financiera mediante cuentas bancarias en Bahamas, Suiza, Mónaco, Luxemburgo y Reino Unido, entre otros lugares.

En las pesquisas se han identificado incrementos no justificados en el patrimonio de Rato entre los años 2005 y 2015 por un importe total de 15,6 millones de euros, además de rendimientos de capital mobiliario en el exterior que tampoco fueron declarados a la Hacienda Pública. Las cuotas defraudadas ascenderían a 8,5 millones en esos ejercicios fiscales.

La Fiscalía Anticorrupción pedía inicialmente 70 años de cárcel para el exministro. Le acusa de once delitos contra la Hacienda Pública, pide penas de entre cuatro y seis años de cárcel por cada uno; uno de blanqueo de capitales, por el que reclama seis años; de corrupción en los negocios, con otros cuatro años; otro de insolvencia punible, por el que pide cuatro años; y de un delito de falsedad documental, con tres años.

Rato finalmente no será juzgado por estos dos últimos delitos, según apuntaba el juez en su auto de apertura de juicio, por lo que Anticorrupción deberá ajustar su petición al final de la vista oral.

La Audiencia Provincial de Madrid ha acordado incluir en el auto del cierre de la investigación sobre el patrimonio del exvicepresidente Rodrigo Rato un delito contra la Hacienda Pública presuntamente cometido en el ejercicio de 2005. Asimismo, ha ordenado corregir la cifra supuestamente defraudada en 2010 y 2011, lo que llevaría a estimar otros dos delitos por el mismo concepto.

En un auto de 12 de noviembre, recogido por Europa Press, ha estimado parcialmente el recurso interpuesto por la Fiscalía contra el auto de transformación en procedimiento abreviado de 23 de febrero del Juzgado de Instrucción Número 31 en el denominado de caso Rato. caso RatoLa resolución tiene lugar después de que el pasado 1 de junio el titular del Juzgado de Instrucción Número 31 de Madrid acordara enviar a juicio a Rato por presuntos delitos contra la Hacienda Pública cometidos de 2005 a 2015, blanqueo de capitales y corrupción en los negocios.

En concreto, ha considerado oportuno "incluir" en el auto de 23 de febrero "los delitos contra la Hacienda Pública presuntamente cometidos por Rodrigo Rato el ejercicio de 2005". Asimismo, ha concluido que "también en los ejercicios de 2010 y 2011 se superó la cuantía de los 120.000 euros defraudada", un importe que el juez instructor estimó en una cifra menor.

Los magistrados han explicado que de no estimarse el recurso interpuesto por la Fisclaía "tendríamos la incoherencia de que se ha abierto juicio oral por once delitos contra la Hacienda Pública, sin que el relato de los hechos recoja correctamente el soporte de dicha acusación", tanto "en el incremento de bases y cuotas defraudadas como en el detalle de las posteriores operaciones de blanqueo referidas a esas cuotas eludidas, como a las ilícitas comisiones derivadas del delito de corrupción en los negocios".

Considera que la Fiscalía "mejora" el relato del juez

La Audiencia ha precisado que el "relato fáctico" propuesto por el Ministerio Fiscal "completa y mejora la redacción" del juez instructor, "pero en ningún caso extravasa o amplía el objeto de investigación judicialmente delimitado durante la fase de instrucción y que hacía referencia a todos los posibles delitos contra la Hacienda Pública no prescritos, actividades de blanqueo procedentes de delitos fuente o precedentes, como eran las cuotas tributarias previamente defraudadas y las comisiones obtenidas por el delito de corrupción en los negocios".

En este sentido, los magistrados han indicado que el "esfuerzo" del juez instructor por definir unos "hechos de elusión complejos" no impide que el Ministerio Público pueda —"a la vista de un análisis riguroso"— intentar acreditar que las cuotas defraudadas fueron "más elevadas". 

El titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, ha acordado mantener el embargo de bienes al ex ministro de Economía Rodrigo Rato por no abonar la fianza de 65,1 millones fijada en el auto de procesamiento en el que se le envía al banquillo por delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y corrupción en los negocios, en el marco de la causa sobre el presunto origen ilícito de su patrimonio.

Fuentes consultadas por Europa Press han confirmado que el ex ministro no ha abonado la caución que impuso el juez para "asegurar las responsabilidades pecuniarias" que pudieran imponerse al exministro en sentencia y que –tal y como avisó el magistrado en su auto– al no aportarse el dinero en el plazo previsto "se le embargarán bienes en cantidad suficiente para asegurar la suma señalada".

Las mismas fuentes han recordado que el juez ya había fijado un embargo de bienes a Rato en 2015 a raíz de una denuncia que presentó la Agencia Estatal de Administración Tributaria. En aquel momento la suma embargada llegó a los 18 millones de euros e incluía hasta la pensión del Fondo Monetario Internacional que percibe en su calidad de ex director de la institución.

Así, el titular del juzgado mantendrá el embargo preventivo hasta que se dicte sentencia firme por un tribunal, que fijará la cifra definitiva –que podrá ser mayor o menor–.

Notificación personal

Rato acudió el pasado viernes a los juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid, para recibir personalmente la notificación de procesamiento del juez, una formalidad "dada la naturaleza de la pena solicitada" por la Fiscalía Anticorrupción, que reclama para él 70 años de cárcel.

El ex ministro lamentó a su salida del juzgado –en declaraciones a la prensa– que "ninguno" de los tres delitos principales por los que se le detuvo en 2015 figuren en el auto en el que se le envía a juicio.

Además, alegó que los delitos fiscales por los que ahora se le acusa "se refieren todos a trabajos profesionales a través de sociedades", lo que considera una "práctica habitual" por las que "personas muy relevantes como expresidentes de Gobierno nunca han sido llevados por la vía penal sino por la vía administrativa".

8,5 millones defraudados

La investigación dirigida por el juez instructor concluye que Rato ha mantenido desde 1999 un patrimonio oculto a la Hacienda Pública a través de diversas sociedades con las que habría realizado continuas actividades de inversión financiera mediante cuentas bancarias en Bahamas, Suiza, Mónaco, Luxemburgo y Reino Unido, entre otros lugares.

En las pesquisas se han identificado incrementos no justificados en el patrimonio de Rato entre los años 2005 y 2015 por un importe total de 15,6 millones de euros, además de rendimientos de capital mobiliario en el exterior que tampoco fueron declarados a la Hacienda Pública. Las cuotas defraudadas ascenderían a 8,5 millones en esos ejercicios fiscales.

La Fiscalía Anticorrupción pide inicialmente 70 años de cárcel para Rato, pero deberá ajustar su petición al final de la vista oral ya que el ex ministro no será juzgado por delitos de insolvencia punible y falsedad documental.

El titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, le ha comunicado personalmente al ex ministro de Economía Rodrigo Rato que tiene hasta el lunes para abonar la fianza de 65,1 millones de euros fijada en el auto de procesamiento por el que le envía al banquillo por delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y corrupción en los negocios, en el marco de la causa sobre el presunto origen ilícito de su patrimonio, según informa Europa Press.

Rato ha acudido este viernes, a las 11.05 horas, a los juzgados de Plaza de Castilla para recibir personalmente la notificación del juez. El trámite ha sido de forma personal "dada la naturaleza de la pena solicitada" por la Fiscalía Anticorrupción, que reclama para él 70 años de cárcel.

Según explicó el magistrado en el auto de procesamiento, la cifra trata de "asegurar las responsabilidades pecuniarias" que pudieran imponerse al exministro en sentencia. Si no aporta esta cantidad en el plazo previsto "se le embargarán bienes en cantidad suficiente para asegurar la suma señalada".

El ex ministro ha ofrecido declaraciones a la prensa a su salida del juzgado y ha confirmado que en julio presentará un escrito de defensa. "Los tres principales delitos por los que se me detuvo en 2015 ninguno está en el auto", ha dicho, para luego agregar que los delitos fiscales por los que ahora se le acusa "se refieren todos a trabajos profesionales a través de sociedades". En este sentido, ha recriminado que se trata de una "práctica habitual entre muchos profesionales liberales y que para personas muy relevantes como expresidentes de Gobierno nunca han sido llevados por la vía penal sino por la vía administrativa".

8,5 millones defraudados 

La investigación dirigida por el juez instructor concluye que Rato ha mantenido desde 1999 un patrimonio oculto a la Hacienda Pública a través de diversas sociedades con las que habría realizado continuas actividades de inversión financiera mediante cuentas bancarias en Bahamas, Suiza, Mónaco, Luxemburgo y Reino Unido, entre otros lugares.

En las pesquisas se han identificado incrementos no justificados en el patrimonio de Rato entre los años 2005 y 2015 por un importe total de 15,6 millones de euros, además de rendimientos de capital mobiliario en el exterior que tampoco fueron declarados a la Hacienda Pública. Las cuotas defraudadas ascenderían a 8,5 millones en esos ejercicios fiscales8,5 millones.

La Fiscalía Anticorrupción pide inicialmente 70 años de cárcel para el exministro. Le acusa de once delitos contra la Hacienda Pública, pide penas de entre cuatro y seis años de cárcel por cada uno; uno de blanqueo de capitales, por el que reclama seis años; de corrupción en los negocios, con otros cuatro años; otro de insolvencia punible, por el que pide cuatro años; y de un delito de falsedad documental, con tres años.

Rato finalmente no será juzgado por estos dos últimos delitos, según apunta el juez en su auto de apertura de juicio, por lo que Anticorrupción deberá ajustar su petición al final de la vista oral.

El titular del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, José Luis Castro, ha concedido la libertad condicional a Rodrigo Rato, exvicepresidente del Gobierno del PP, por ser mayor de 70 años, haber pagado íntegramente la responsabilidad civil y porque realizó un programa de justicia restaurativa, según consta en un auto al que ha tenido acceso Europa Press.

Rato (nacido el 18 de marzo de 1949) estaba desde octubre en semilibertad al ser progresado al tercer grado. Ahora se le aplica, a propuesta del Centro de Inserción Social Victoria Kent, el artículo 196.1 del Reglamento Penitenciario, en una decisión que ha respaldado la Fiscalía.

Como aspectos positivos, se cita que presenta un pronóstico favorable de reinserción porque ingresó voluntariamente en prisión, la antigüedad de los hechos delictivos o que desde el 1 de octubre cumple condena en la "modalidad de vida en régimen de semilibertad telemática", según el auto con fecha de 11 de febrero adelantado por Vozpópuli, que añade que Rato ha obtenido además un permiso para viajar varios días a Londres para ver a su hija.

Entre los aspectos que valora el juez se incluye, además, que ha realizado "de manera positiva" el programa de justicia restaurativa con CONCAES, así como tener una conducta penitenciaria "adaptada" o tener la responsabilidad civil pagada íntegramente. Es decir, concurren todos los requisitos para la libertad condicional excepto el haber extinguido las tres cuartas partes de condena, que alcanza el 7 de marzo de 2022.

El juez recuerda que la libertad condicional conlleva que Rato quede bajo custodia familiar o fraternal, puesto que deberá quedar sujeto al cuidado y vigilancia de quien designe, con obligación de residir en el lugar que previamente comunique a efectos de estar localizado para el seguimiento de los servicios sociales penitenciarios, así de comunicar cualquier cambio.

En prisión desde octubre de 2018

El que fuera vicepresidente económico en el Gobierno de José María Aznar entró en prisión en octubre de 2018 cuando el Tribunal Supremo confirmó la condena impuesta por la Audiencia Nacional a cuatro años y medio por el caso de las tarjetas black de la extinta Caja Madrid.

En octubre, el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional le concedió el tercer grado al expresidente de Bankia y del FMI bajo control telemático, una decisión que se comunicó dos días después de conocer la sentencia que le absolvía por la salida a Bolsa de la entidad bancaria que dirigió.

Rodrigo Rato, exvicepresidente económico del Gobierno, expresidente de Bankia y expresidente del Fondo Monetario Internacional (FMI), ha conocido este martes la sentencia de la Audiencia Nacional que le absuelve por la salida a Bolsa en 2011 que dirigía en esas fechas. No obstante, aún le queda abierto un frente judicial que investiga el origen presuntamente ilícito de su patrimonio.

Una macrocausa que se inició en abril de 2015, conocida como el caso Rato, en la que se le investiga por la presunta comisión de delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y corrupción en los negocios por las irregularidades que podría haber cometido Rato a través de sus empresas.

El que fuera exvicepresidente económico en el Gobierno de José María Aznar fue condenado por la Audiencia Nacional a cuatro años y medio por el caso de las tarjetas black de la extinta Caja Madrid, una sentencia que fue confirmada en octubre de 2018 por el Tribunal Supremo y que le obligó a entrar en la prisión madrileña de Soto del Real. Así ponía fin a la primera causa judicial que tenía pendiente.

Rato es el único de los condenados por las black que continúa en prisión, aunque disfruta desde principios de 2019 permisos ordinarios al haber cumplido una cuarta parte de la condena. El pasado mes de abril, la junta de tratamiento de Soto del Real propuso concederle el tercer grado o la semilibertad, pero la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, rechazó dicha propuesta, entre otros motivos, porque aún tenía pendiente dos procedimientos judiciales.

Precisamente, la segunda de las causas a la que Rato ha hecho frente desde prisión es la relativa a las presuntas irregularidades en la salida a Bolsa de Bankia, por las que la Fiscalía Anticorrupción inició pidiendo cinco años de cárcel y en la recta final del juicio endureció la petición de pena a ocho años y medio de prisión. Una vista oral que se celebró en la Audiencia Nacional a lo largo de 10 meses y cuya sentencia absolutoria se ha conocido casi un año después.

En cuanto a la tercera causa judicial en la que el expresidente del FMI se encuentra investigado, no se trata de un procedimiento abierto en la Audiencia Nacional, sino que se sigue en los juzgados de instrucción de Madrid. Una macrocausa que comenzó teniendo más de una decena de piezas, la mayoría secretas, por un posible fraude a Hacienda por valor de aproximadamente 6,8 millones de euros de cuotas impagadas del IRPF entre los años 2004 y 2015.

El exvicepresidente siempre ha defendido su inocencia en esta causa y ha arremetido contra la Fiscalía por creer las conclusiones "disparatadas" que hace la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en sus informes, a quien ha acusado de hacer una investigación "prospectiva".

Y así lo manifestó también la última vez que Rato compareció ante el juez instructor Antonio Serrano-Arnal el 30 de julio de 2018, cuando negó haber blanqueado y afirmó ante los medios de comunicación que todo su dinero es legal y "está perfectamente justificado y explicado" gracias a los informes periciales que ha presentado su defensa a lo largo de toda la instrucción.

En el informe de la UCO incorporado al sumario de esta causa, los investigadores sostienen que Rato se aprovechó del proceso de privatización de empresas propiedad del Estado como Repsol, Endesa o Telefónica para "colocar" en los puestos de dirección a personas de confianza y obtener "sustanciosos contratos de publicidad".

El juez apuntó que dichos contratos se realizaron "por importes excesivos" y cifró en 71.902.822 euros la facturación total proveniente de las empresas privatizadas con las sociedades controladas por Rato.

Acumulación de todas las piezas en una sola causa

Rato iba a ser juzgado por una primera pieza de esta macrocausa, pues se encontraba desde febrero de 2019 procesado por el presunto cobro de 835.000 euros de comisiones por contratar la publicidad de Bankia con las agencias Publicis y Zenit, por la que la Fiscalía solicitaba cuatro años de prisión.

Sin embargo, unos meses más tarde, en julio, la Audiencia Provincial de Madrid estimó parcialmente un recurso del Ministerio Público y anuló este procesamiento, que también se dirigía contra otras 11 personas, entre ellas el exconsejero de Bankia José Manuel Fernández Norniella. Asimismo ordenó al titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid que acumulara todas las piezas que conforman el conocido caso Rato para convertirlo en un único proceso.

Los magistrados explicaron en su auto que de este modo se evitarán "pronunciamientos contradictorios" que pueden darse si se juzgan por separado la decena de piezas que había abiertas para esclarecer el origen del patrimonio de Rato.

Hasta el momento no se han conocido nuevos pasos en esta causa que lleva ya más de cinco años investigándose. El pasado 1 de junio debía haber concluido la prórroga de 18 meses acordada por el instructor, si bien el fin de este periodo de ampliación de la investigación se ha visto pospuesto tres meses, el tiempo que han estado suspendidos los plazos procesales por la declaración del estado de alarma por la crisis sanitaria del coronavirus.

Además, se da la circunstancia de que la reciente reforma del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) podría tener efectos también en el fin de la instrucción del caso Rato, ya que establece que el fin de las causas ya en proceso pueden volver a prorrogarse un año más, el tiempo máximo establecido, y posteriormente en periodos de seis meses.

El Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid ha dictado auto de apertura de juicio oral contra el expresidente de Caja Madrid y Bankia Rodrigo Rato y a otras once personas por el presunto delito de corrupción entre particulares por los contratos de publicidad de sendas entidades financieras con Publicis y Zenith. Será la primera pieza de el conocido como caso Rato que será enjuiciada. Se trata de los contratos firmados por Bankia en los ejercicios 2011 y 2012 con ambas empresas sobre la expansión de la marca Bankia y de su salida a Bolsa, en los que habría mediado una comisión de 2,02 millones de euros. Rato se enfrenta a cuatro años de prisión por haber participado con "varias personas de su máxima confianza" para beneficiarse de los contratos publicitarios.

Será el tercer juicio que encare el ex director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), pues ya ha sido condenado por la Audiencia Nacional a cuatro años y medio de cárcel por el uso fraudulento de las tarjetas black de Caja Madrid y Bankia, condena que ya está cumpliendo tras confirmarse por el Tribunal Supremo. Además, ahora mismo está siendo juzgado por el mismo tribunal por la salida a Bolsa de Bankia. El juez instructor Antonio Serrano Arnal envía también al banquillo al ex secretario de Estado de Comercio y exconsejero consultivo de Bankia José Manuel Fernández Norniella y el que fuera asesor externo de Bankia, Alberto Portuondo, para quienes la Fiscalía Anticorrupción solicita la misma pena de prisión que el exministro de Economía.

También serán juzgados la exsecretaria de Rato, Teresa Arellano; el abogado Miguel Ángel Montero Quevedo; el asesor Domingo Plazas; los directivos de agencias publicitarias Miguel Ángel Furones, Francisco Xavier Olazábal, Sagrario Bua Rojas, Fabrizio Bini, Sergio Lorca, Fernando Rodríguez Varona y Cándida Rodríguez. El Ministerio Público pide para todas estas personas tres años de cárcel.

Fianza de 4,5 millones

En la misma resolución el juez ha acordado que se requiera a todos los procesados para que preste cada uno fianza de responsabilidad civil por importe de 4.522.154 euros. En caso de que no se preste esta fianza, el juez les advierte de que procederá al embargo de sus bienes hasta completar la cantidad reclamada.

Según el escrito de acusación de Anticorrupción, Rato aprovechó su llegada a la Presidencia de Caja Madrid en enero de 2010 para colocar dentro de la entidad a "varias personas de su máxima confianza a fin de permitirle un férreo control de la misma" y, particularmente, en todo lo relacionado con los contratos de publicidad sobre la expansión de la marca Bankia y de su salida a Bolsa.

El Ministerio Público asegura que el objetivo era sacar "provecho económico personal" de los elevados costes que sabía que iban a suponer la contratación de publicidad. Para ello, Rato se sirvió de su secretaria, del administrador de sus empresas y de Norniella, con quienes mantenía "lazos personales y profesionales" desde hacía años.

A través de ellos, señala la Fiscalía, canalizaba el cobro de comisiones, coloquialmente denominadas como "astillas", que desde las empresas contratadas por Caja Madid abonaban, para posteriormente ser ingresadas en Kradonara, una sociedad de Rato. Asimismo, la fiscal explica que el plan de Rato para cobrar comisiones dimanantes" de la contratación de publicidad comenzó cuando el introducido como asesor externo de Bankia, Alberto Portuondo, contactó a mediados de 2010 con el director de Publicis, Francisco Xavier Olazabal, para que tanto esta agencia de publicidad como la agencia de medios Zenith accedieran "en condiciones ventajosas y preferentes a los concursos de publicidad que se iban a orquestar".

Ventajas de las comisiones

De esta forma, continua el relato del fiscal, los altos ejecutivos y dirigentes de ambas empresas aceptaron la propuesta de Portuondo, "sabedores de las ventajas que el pago de comisiones iba a generar" para las mercantiles. Además, Portuondo usó su sociedad Albisa como empresa pantalla para recibir los supuestos beneficios irregulares procedentes de Publicis y Zenith. En 2011 percibió 1.244.130,72 euros y al año siguiente otros 778.023,80 euros, es decir un total de 2.022.154,52 euros. Posteriormente, se llegó a transferir a Kradonara más de 800.000 euros, explica la fiscal. Por último, subraya que el pago de comisiones desde la empresa de publicidad y la agencia de comunicación cesó una vez que Rato abandonó la entidad financiera el 9 de mayo de 2012.

Cuando el señor Rato habla de error quiere hacernos creer que con su preparación y capacidades intelectuales no sabía que el uso de las tarjetas black era ilegal e inmoralblack. O quiere hacernos creer que está arrepentido de sus actos –que sabe inmorales e ilegales–, pide perdón y asume su responsabilidad. En el momento que califica estos actos como errores y si los admitimos como tales, se exime de responsabilidad y culpa.

La entrada en la cárcel del señor Rato nos vuelve a situar en la disyuntiva en la que nos tuvieron los artífices del “milagro económico” mientras se producía. O es sincero cuando dice asumir responsabilidad por un error, dado que no es posible, es un iluso. O nos engaña con su arrepentimiento y los ilusos somos nosotros.

El uso del lenguaje de forma equivoca es una de las técnicas más antiguas de manipulación. Utilizado para el mercadeo y la conversión de la realidad en una masa idéntica en la que no se pueda distinguir lo real de lo ilusorio, lo justo de lo injusto, la libertad de la esclavitud, etc. En la que todos los seres humanos son considerados igualmente culpables para poder ocultar la auténtica culpabilidad de algunos. No es extraño que el señor Rato, uno de los máximos representantes de la sociedad de mercadeo recurra a estas técnicas de venta. Ni tampoco resulta extraño que al entrar en la cárcel recurra al engaño de la asunción de responsabilidad para convertirlo en un acto de soberbia, habiendo intentado hasta el último momento no entrar, nos quiere hacer creer que entra de forma voluntaria.

La entrada del señor Rato en la cárcel no representa para mí ningún acto de asunción de responsabilidad de su persona. Es un acto de aprendizaje, pues al tener una moral heterónoma solo asociará sus actos como negativos por medio de la perdida de reconocimiento social. No parecen capaces estos “grandes economistas” de reconocer que su riqueza se ha labrado sobre la miseria de muchos, su único objetivo es la acumulación personal de riqueza, la vida de los demás es una anécdota que se olvida cuando no se ve. No hay realmente para este tipo de persona un castigo en la pérdida de libertad porque para ellos la libertad no es el máximo valor al que puede aspirar un ser humano. Su máximo castigo sería hacer con ellos lo que ellos hacen con los demás: sumirlos en la miseria. Pero el sistema legal no busca prioritariamente la Justicia, busca la utilidad. ___________

Natividad Pérez es socia de infoLibre

La condena a cuatro años y medio de prisión para Rodrigo Rato por el caso de las tarjetas black de la extinta Caja Madrid, confirmada este miércoles por el Tribunal Supremo, es la primera de una lista de imputaciones a la que el exvicepresidente del Gobierno también deberá hacer frente en los próximos meses: el juicio por la salida de Bankia y la investigación que se sigue por el origen de su patrimonio.

El próximo 26 de noviembre arranca en la Audiencia Nacional la vista oral en la que Rato y otros 33 procesados –entre ellos Bankia y BFA como personas jurídicas– deberán responder por haber falseado presuntamente las cuentas de la entidad bancaria para lograr salir a Bolsa.

En concreto, la Fiscalía Anticorrupción pide para el exvicepresidente cinco años de prisión al considerarle culpable, junto con otros tres ex altos cargos, del delito de fraude por ocultar de forma "consciente" la verdadera situación del banco antes de su debut bursátil.

En opinión del Ministerio Público, Rato era "plenamente consciente de la inconsistencia del proyecto" y aún así permitió la salida a Bolsa de Bankia en el año 2011 "a sabiendas de que los inversores estaban recibiendo información incompleta" que ocultaba la "situación crítica" del banco.

Para el fiscal, Rato se aprovechó del "prestigio" que le otorgaba haber sido vicepresidente económico del Gobierno de José María Aznar y director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), para transmitir un "ficticio mensaje de solvencia y buenas perspectivas muy alejadas de la realidad".

Pero la principal causa abierta contra Rato no está en la Audiencia Nacional, sino en el Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, cuyo titular, Antonio Serrano-Arnal, investiga el origen de su patrimonio y le imputa la comisión de delitos contra la Hacienda Pública y de blanqueo de capitales.

En esta macrocausa, que incluye más de una decena de piezas, en su mayoría secretas, se investiga un posible fraude a Hacienda por valor de aproximadamente 6,8 millones de euros de cuotas impagadas del IRPF entre los años 2004 y 2015.

En el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) incorporado al sumario de esta causa, los investigadores sostienen que el exvicepresidente se aprovechó del proceso de privatización de empresas propiedad del Estado como Repsol, Endesa o Telefónica para "colocar" en los puestos de dirección a personas de confianza y obtener "sustanciosos contratos de publicidad".

El juez apuntó que dichos contratos se realizaron "por importes excesivos" y cifró en 71.902.822 euros la facturación total proveniente de las empresas privatizadas con las sociedades controladas por Rato.

La última vez que el exvicepresidente compareció por esta macrocausa fue el pasado 30 de julio, cuando negó ante el magistrado haber blanqueado y afirmó ante los medios de comunicación que todo su dinero es legal y que "está perfectamente justificado y explicado" gracias a los informes periciales que ha presentado su defensa a lo largo de toda la instrucción.

El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato ha explicado este jueves ante el titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, que "efectivamente" facturó a nombre de su sociedad Arada las cuantías obtenidas por la impartición de conferencias, si bien lo hizo de forma lícita, de acuerdo con la supresión del régimen de transparencia fiscal del año 2002.

En declaraciones a los medios a su salida de los juzgados de Plaza Castilla recogidas por Europa Press, el exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) ha asegurado que existen casos de personas que también han ostentado cargos "similares o mayores" y que a ellos no se les ha acusado por delitos fiscales, por lo que éste es un caso de "discriminación" hacia su persona.

También ha insistido ante el juez que investiga el presunto origen ilícito de su fortuna familiar que desde el año 2002 no existe transparencia fiscal en España y, por lo tanto, los profesionales pueden declarar los ingresos provenientes de sus actividades a través de sus sociedades.

El expresidente de Bankia ha declarado por espacio de una hora ante el juez en el marco de la pieza que investiga presuntas irregularidades en el cobro de conferencias que impartió para Bureau Consulting de Conferenciantes (BCC) durante el ejercicio 2012.

Se trata de una de las más de diez partes que integran la causa general y que el juez instructor ha reabierto después de que en marzo del pasado año la Audiencia Provincial de Madrid así lo ordenara al considerar que los hechos, que ocurrieron entre los años 2007 y 2014, no estaban prescritos.

Deuda reducida a cero

El exvicepresidente del Ejecutivo también ha denunciado ante el juez que, desde que se le detuvo en abril del año 2015, la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) ha realizado hasta once informes sin conseguir llegar a redactar uno que sea definitivo, y que la deuda tributaria superior a los 8,5 millones de euros que se le atribuía en movimientos de divisas "ha quedado reducida a cero".

"Se ha puesto de manifiesto que la acusación inicial en la denuncia (de Hacienda), que he calificado de falsa y que lo vuelvo a reiterar, de más de 8 millones y medio de euros de defraudación en movimientos de divisas, esa cifra ha quedado reducida a cero", ha explicado el exbanquero a las puertas de los juzgados donde le aguardaban decenas de periodistas.

Según apunta la Fiscalía Anticorrupción, Rato habría defraudado 672.329 euros en el IRPF del ejercicio de 2012 y 756.984 euros en el del siguiente año procedente, por un lado, de una entrada de divisas de más de un millón de euros, y por otro, de los servicios que prestó a Telefónica entre los años 2013 y 2015 y que, en lugar de tributarlos, declaró mediante facturación a su sociedad Kradonara.

Investigación de Arada

De acuerdo con el informe de la ONIF que obra en el sumario de la causa desde enero del año pasado, la actividad de la sociedad Arada, fundada en 1982 y que registró sus ingresos más relevantes entre 2009 y 2012, facturó a BCC por la impartición de conferencias entre 2007 y 2014 cerca de un millón y medio de euros.

El documento apunta también que prestó servicios a Muinmo S.L y Kradonara y que Arada es más un centro de gasto que una sociedad propiamente dicha destinada a la obtención de lucro mercantil ya que contiene gastos no relacionados con sus ingresos.

En un principio, el magistrado Serrano Arnal había citado a Rodrigo Rato por la pieza de las conferencias y la relativa al presunto blanqueo de capitales cometido durante su etapa en el Ejecutivo, si bien anuló esta última tras el recurso presentado él mismo ante la Audiencia Provincial de Madrid solicitando el archivo y la suspensión de la citación.

Para este jueves también estaban llamados a declarar en calidad de investigados Pedro Díaz Martínez y Francisca Pilar Buján, ambos administradores de BCC.

El exvicepresidente del Gobierno y expresidente de Bankia Rodrigo Rato ha sido citado a declarar de nuevo como imputado el próximo 5 de abril a las 10.30 horas por el titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, que instruye el caso Rato, en el que le investiga por el origen presuntamente ilícito de su fortuna familiar, informa Europa Press.

El magistrado Antonio Serrano-Arnal adopta esta decisión después de que la Audiencia Provincial de Madrid le ordenara la reapertura de la causa relativa al delito de blanqueo de capitales, que él mismo sobreseyó el pasado mes de mayo al considerar que el informe de la Guardia Civil en que se apoyaba la investigación carecía de "sustento básico".

En dicho informe, la Unidad Central Operativa (UCO) atribuía a Rato posibles delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, cohecho y malversación de caudales públicos. Según el Instituto Armado, se aprovechó del proceso de privatización de empresas propiedad del Estado, como Endesa, Repsol o Telefónica, para "colocar" en los puestos de dirección a personas de confianza.

Igualmente expuso que el que fuera director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) se valió de su influencia en dichos nombramientos para luego obtener "sustanciosos contratos de publicidad" a través de la sociedad Cor Comunicación —creada con sus hermanos y cuyo control adquirió por completo en 2013— y otras derivadas también bajo su control como Muinmo o Emisoras Rato.

Pese al archivo provisional de esta parte de la instrucción, el juez expuso que los contratos se realizaron "con importes excesivos" y cifró en 71.902.822 euros la facturación provenientes de las empresas privatizadas durante su etapa en la vicepresidencia del Gobierno.

El pasado mes de octubre, la Sección 23 de la Audiencia Provincial estimó parcialmente el recurso interpuesto por la Fiscalía Anticorrupción y ordenó al juez continuar con las diligencias de esta parte de la instrucción al entender que existen indicios suficientes de que "ha tenido sociedades domiciliadas en el extranjero utilizando como testaferros a sociedades fiduciarias, sin actividad social conocida".

No cometió delito de cohecho

En su auto del 5 de octubre la Audiencia estableció, no obstante, que se mantuviera el sobreseimiento provisional por el delito de cohecho. En relación a este tipo delictivo, el juez Serrano-Arnal apuntó que, de haberse producido, estaría prescrito desde 2014, diez años después de su salida del Ejecutivo, por lo que no cabe investigación relativa a estos hechos.

Los magistrados de la Audiencia Provincial apuntaron que, dado el cargo que ostentó en el Ejecutivo, "es perfectamente creíble que su opinión fuera especialmente relevante para nombrar a dichos presidentes", ahora bien, "afirmar que los nombramientos de tales presidentes tenían como finalidad facilitar el lucro ilícito de la familia Rato a través del cobro de comisiones o sobreprecios es una conclusión que no se sostiene".

Actividades lícitas

El expresidente de Bankia, por su parte, remitió un escrito al magistrado instructor en el que arremetió contra la Fiscalía Anticorrupción por acoger las "disparatadas" conclusiones de la Guardia Civil sin hacer "la más mínima labor de contraste" y con una "absoluta falta de rigor".

Dijo además que la UCO había recurrido a unos hechos de hace más de 20 años para construir "de manera tergiversada y absolutamente contraria a la legalidad" unos indicios delictivos "carentes de una base táctica sólida", lo que llevó a que la fiscal alcanzase una "conclusión absurda" del asunto.

Su letrado explicó entonces que no existe ninguna ley que prohíba a un alto cargo ser accionista de una empresa que contrate con la Administración, y por ese motivo no se puede considerar que los ingresos obtenidos por las sociedades participadas por Rato sean ilícitos, sino que se trataron de operaciones "absolutamente legales, reales y realizadas a precio de mercado".

Además de esta parte relativa al informe de la UCO, el exvicepresidente del Gobierno tiene abiertas más de una decena de piezas en el marco de la investigación sobre el origen de su fortuna. Se trata de la quinta citación para el exvicepresidente del Gobierno desde que comenzó la investigación de los hechos en el año 2015.

El expresidente de Bankia Rodrigo Rato ha responsabilizado al ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, de su dimisión al frente de la entidad en 2012, de la forma en la que se llevó a cabo y de sus consecuencias, y ha revelado que el ministro le ofreció un puesto en una empresa cotizada para convencerle.

"La decisión de mi dimisión, cómo se llevó a cabo y sus consecuencias fueron total responsabilidad del ministro", ha señalado Rato en declaraciones a Europa Press en respuesta a la comparecencia del ministro ante la comisión de la crisis del Congreso.

En ella, Guindos aseguró que fue Rato el que inicialmente decidió dimitir "porque vio lo que se le venía encima", pero que, cuando éste trató de continuar al frente de Bankia incluso después de haber comunicado su decisión a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), sí que exigió su marcha.

El exvicepresidente del Gobierno ha subrayado, no obstante, que Guindos le pidió que dimitiera el domingo día 6 de mayo durante una reunión en su despacho del Paseo de la Castellana, tras una reunión con tres competidores en la que "uno de ellos la solicitó por ser del PP".

Una vez a solas, según el relato de Rato, el titular de Economía trató de ofrecerle "otro puesto en otra compañía cotizada" para convencerle, algo que "no hizo falta" y le pareció "ridículo".

Al día siguiente, el ex ministro visitó en La Moncloa al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para "confirmar" la posicion del Gobierno. Seguidamente, según Rato, envió un correo electrónico "a toda la plantilla" de Bankia para comunicar su dimisión y evitar así "posibles manipulaciones" de Guindos.

Además, ha indicado que esa misma mañana mantuvo una conversación por teléfono con Guindos, quien le instó a ponerse en contacto con su sucesor al frente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri. Éste, según Rato, le dijo que "no tenía ningún compromiso" y aseguró que hablaría el mismo martes con el ministro.

Según el relato del ex director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), en la conversación mantenida ese mismo martes día 8 por la tarde el titular de Economía, Guindos le pidió que dimitiera al día siguiente, tal como hizo.

En ese proceso que duró más de un mes, según Rato, las tres reuniones celebradas desde el domingo después de Semana Santa fueron sin la presencia del Banco de España "pero con las de los tres principales competidores, a los que el ministro llegó a encargar calcular las provisiones necesarias para Bankia", según sus propias explicaciones.

Mientras tanto, el Banco de España aprobaba el plan del Grupo Bankia-BFA para cumplir el decreto ley 2/2012.

En infoLibre hemos seguido este martes minuto a minuto de la comparecencia de Rodrigo Rato:

14.25. Rato ha recordado que su detención partió de una denuncia de la Agencia Tributaria, del Ministerio de Hacienda, y ha dado a entender que en las semanas previas estuvo acompañada de toda una serie de movimientos en su contra por parte de miembros del Gobierno. Así, ha relatado que la víspera de su detención, el 15 de abril, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, reveló sus datos fiscales en un programa de televisión. "¿Cómo puede saberlos? Es una pregunta que todavía no he sido capaz de contestar?", se ha preguntado.

14.20. Según ha explicado Rato, la principal acusación que provocó su detención el 16 de abril de 2015, la del delito de alzamiento de bienes, sin la cual no se habría podido permitir el registro de su domicilio, se cayó "a los 15 días". Y sobre la acusación de delito fiscal, asegura que lleva tres esperando que se concrete, pues mantiene que no hay ninguno.

14.15. El que fuera vicepresidente de José María Aznar ha indicado que varios ministros del Ejecutivo de Mariano Rajoy fueron dejando caer acusaciones en su contra en público y en privado hasta acabar con su detención en abril de 2015, según recoge Europa Press. "Y me da mucha pena, porque he estado 30 años en el PP", ha señalado. Rato explicó que en los meses de febrero y marzo de 2015 tres personas le avisaron de que el Gobierno le quería meter en la cárcel y que la ministra de Trabajo, Fátima Báñez, aconsejó a su secretaria que se fuera separando de él.

14.00. Rato también ha criticado que las provisiones para la incorporación de Bancaja en el SIP fueron superiores a las estimadas inicialmente por el Banco de España. "En julio de 2010 el Banco de España me llamó al despacho del gobernador para introducir a Bancaja en el SIP, de ese despacho se nos trasladó al del subgobernador para que avanzásemos de urgencia en la incorporación", ha revelado Rato, que agrega que el organismo acababa de finalizar una inspección de dos años en Bancaja.

13.45. El expresidente de Bankia ha recordado que en la primera de las conclusiones los peritos judiciales afirmaron "rotundamente" que las cuentas presentadas por BFA/Bankia en su salida a Bolsa no reflejaban su imagen fiel, al recoger provisiones por 6.913 millones de euros netos que no existían. Respecto al tercer informe, Rato ha criticado que los peritos judiciales no mencionasen que la fórmula de cargar contra reservas y no contra resultados los ajustes a valor razonable en la creación del BFA fueron utilizados en el resto Sistemas Institucionales de Protección (SIP).

El exministro de Economía, Rodrigo Rato, este martes en el Congreso.

13.35. Rato ha desautorizado a los peritos judiciales del Banco de España Antonio Busquets y Jesús Sánchez en la causa que investiga la salida a Bolsa de la entidad al asegurar que no han mantenido siempre un criterio homogéneo en los tres informes que han enviado al juzgado. "Podría decirse que los peritos judiciales se han peritado a sí mismos en dos ocasiones", ha sostenido Rato durante su comparecencia en la comisión parlamentaria que investiga la crisis financiera, la quiebra de las cajas de ahorro y el rescate financiero.

13.10. "No tengo dinero en paraísos fiscales, ni he dejado de pagar dinero a Hacienda nunca. Es verdad que tengo inspección de Hacienda abierta y que me han detenido, pero todavía no han sido capaces de hacerme una declaración. Y estoy entrando en el cuarto año", ha asegurado ante la comisión que investiga en el Congreso la crisis financiera. "Estamos ya en enero de 2018 y todavía no he visto que hayan sido capaces que se me vaya a acusar de delito fiscal", ha replicado el exvicepresidente.

12.40. Respecto al precio de salida a Bolsa de Bankia, que incluía un descuento del 75% sobre el valor en libros de la entidad, Rato ha recordado que este fue fijado por los bancos colocadores. En este sentido, ha incidido en que recientemente el banco ha realizado una colocación "precipitada" del 7% de su capital por debajo de su valor en libros. "La colocación se realizó por la cantidad esperada, cumpliendo escrupulosamente las condiciones de la CNMV", ha sostenido el expresidente de Bankia, que agrega que el resultado de la colocación fue valorado "positivamente" tanto por el Gobierno, como por el Banco de España.

El exministro de Economía, Rodrigo Rato, este martes en el Congreso.

12.30. El expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, ha asegurado que la información proporcionada por Bankia a los clientes minoristas durante el proceso de salida a Bolsa de la entidad estaba "totalmente controlada" por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)CNMV. Durante su comparecencia en la comisión parlamentaria que investiga la crisis financiera, la quiebra de las cajas de ahorro y el rescate bancario, ha defendido que no existen usuarios que puedan afirmar que fueran "forzados" por la entidad a comprar acciones.

12.20. "Deloitte no firmaba las cuentas. Tenía, por contrato y por ley, que dar su opinión. No la dio, pero la había dado informalmente", ha aseverado el exministro, asegurando que el 19 de abril señaló en un documento que "no tenía ninguna salvedad". "Si hubiera dado su opinión, que estaba obligado por ley, y que nadie se le ha exigido, y por contrato, la reformulación probablemente no se hubiera podido hacer", ha apostillado. Esta reformulación, ha insistido, fue ilegal, y ha asegurado que así lo consideran todas las partes de la causa abierta por la Audiencia Nacional. "El juez, el fiscal, el FROB, los peritos, los peritos privados... Todos coinciden en que la reformulación es ilegal. Hasta el FROB, que es el primer accionista de Bankia", ha aseverado.

12.00. Rato ha insistido en la "exclusión del Banco de España" en la operación de rescate de Bankia, tanto a la hora de decidir el aprovisionamiento en las reuniones a las que no acudió, como en la posterior inyección de capital, solicitada por el nuevo equipo del actual presidente, José Ignacio Goirigolzarri, como consecuencia de la reformulación de las cuentas. En este sentido, ha recordado que el entonces gobernador aludió a que se le había "exigido silencio", y que la inyección de 19.000 millones no tuvo en cuenta su opinión —a pesar de que "por ley tiene que decidir sobre los bancos", ha dicho—. Esta cifra, ha recordado, también contravino la opinión de Oliver Wyman, firma auditora contratada por el Gobierno de Rajoy para evaluar el estado de la banca.

El expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, a su llegada a la comisión de investigación.

11.30. Durante los años en los que muchos expertos consideran que comenzó a gestarse la burbuja inmobiliaria en España, Rato cree que lo que sucedió fue que la preferencia española por ahorrar a través de la propiedad de una vivienda empezó a satisfacerse y emergió una "demanda embalsada" tras un periodo de altas tasas de paro y tipos de interés elevados. Aun así, ha destacado que hasta 2003 la relación entre el crédito y el PIB de la economía española no superó el 120% y, sin embargo, en los años posteriores se elevó al 210%, una muestra "evidente" de los riesgos para la estabilidad del sistema financiero y el conjunto de la economía.

11.00. Rato ha asegurado que el actual ministro de Economía, Luis de Guindos, encargó a "los principales competidores de Bankia" la previsión de las provisiones que podría necesitar la entidad que presidía, antes de su nacionalización, y que estos mismos bancos fueron "los grandes receptores de los depósitos que salieron" tras su rescate. Durante su comparecencia ante la comisión que investiga la crisis financiera, el rescate bancario y la quiebra de las cajas de ahorro, Rato ha añadido que el Banco de España fue excluido de estos encuentros, y ha llegado a decir que, en realidad, se le ocultaron.

10.30. Rato ha lamentado que, tras su mandato, Zapatero abandonara el consenso político para elegir la Comisión Ejecutiva del Banco de España, a pesar de los acuerdos alcanzados con el PSOE anteriormente para "evitar la politización de la cúpula" del organismo supervisor. "Un consenso que, lamentablemente, se abandonó en siguientes legislaturas, junto con la aplicación de las provisiones contracíclicas, que también se abandonaron", ha aseverado. Estas provisiones cayeron de forma "intensa" durante los años 2005 y 2006, ya con el PSOE en el Gobierno, según datos del Banco de España esgrimidos por Rato.

10.15. El exvicepresidente del Gobierno ha defendido su política económica entre 1996 y 2004, cuando fue ministro de Economía, pero ha cargado contra el ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, que según él abandonó las reformas estructurales e ignoró las advertencias del FMI, que Rato dirigió entre 2004 y 2007. Según ha detallado, España llevaba ocho años de crecimiento económico por encima del resto de Europa y sin aumentar su desequilibrio exterior. Después, según su opinión, era necesario tomar más medidas para evitar la explosión del créditos, pero estas reformas fueron "abandonadas" en las siguientes legislaturas.

9.30. Arranca la comparecencia de Rodrigo Rato con una exposición cronológica del desarrollo de la crisis, que el expresidente de Bankia ha arrancado explicando sus decisiones como ministro de Economía en el Gobierno de José María Aznar, entre 1996 y 2004.

La Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado al Juzgado de Instrucción nº 31 de Madrid, que instruye el caso Ratocaso Rato, que reabra la pieza relativa al blanqueo de capitales que pudo cometer el exvicepresidente económico del Gobierno, Rodrigo Rato, por las actividades económicas de sus sociedades Vivaway y Krandora.

La Sala estima parcialmente el recurso interpuesto por la Fiscalía Anticorrupción contra el sobreseimiento que dictó el juez Antonio Serrano-Arnal el pasado mes de mayo y le pide que siga investigando si el exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) incurrió en un delito de blanqueo de capitales al entender que existen indicios suficientes de que "ha tenido sociedades domiciliadas en el extranjero utilizando como testaferros a sociedades fiduciarias, sin actividad social conocida", según informa Europa Press.

El magistrado Serrano-Arnal sobreseyó esta pieza de la investigación, abierta tras un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) que apuntaba que Rato se aprovechó del proceso de privatización de empresas propiedad del Estado, como Endesa, Repsol o Telefónica, para "colocar" en los puestos de dirección a personas de su confianza. El juez sobreseyó la pieza al entender que el informe de la Guardia Civil carecía de "sustento básico".

Ahora la Audiencia Provincial de Madrid estima el recurso presentado por la Fiscalía Anticorrupción y le ordena reabrir esta parte de la investigación al concluir que el "fin último" de las actividades de sus sociedades era "defraudar a la "Hacienda Pública mediante el envío a dichas sociedades de cantidades de dinero que permanecían de este modo oculto al Fisco". Posteriormente, añade, las cantidades defraudadas han retornado al circuito económico mediante su transferencia a otras sociedades.

No se investiga delito de cohecho

No obstante, establece que se mantenga el sobreseimiento provisional por el delito de cohecho. En relación a este tipo delictivo, el juez Serrano-Arnal apuntó que, de haberse producido, estaría prescrito desde 2014, diez años después de su salida del Ejecutivo, por lo que no cabe investigación relativa a estos hechos.

Al respecto, los magistrados de la Audiencia Provincial exponen que, dado el cargo que ostentó en el Ejecutivo, "es perfectamente creíble que su opinión fuera especialmente relevante para nombrar a dichos presidentes", ahora bien, "afirmar que los nombramientos de tales presidentes tenían como finalidad facilitar el lucro ilícito de la familia Rato a través del cobro de comisiones o sobreprecios es una conclusión que no se sostiene", precisa el escrito.

Informe de la UCO

La Guardia Civil expuso en su informe que el investigado se valió de su influencia en dichos nombramientos para luego obtener "sustanciosos contratos de publicidad" a través de la sociedad Cor Comunicación —creada con sus hermanos y cuyo control adquirió por completo en 2013— y otras derivadas también bajo su control como Muinmo o Emisoras Rato.

En base a estas pesquisas, Anticorrupción recurrió el sobreseimiento y solicitó al magistrado que volviera a citar a declarar al exvicepresidente del Gobierno, que ya ha prestado declaración hasta cuatro veces en el marco de esta causa que investiga el origen presuntamente ilícito de su fortuna.

La Fiscalía Anticorrupción considera culpables del delito de fraude a la cúpula de Bankia por la salida a Bolsa de la misma y pide cinco años de cárcel para el expresidente de la entidad Rodrigo Rato, que fue también vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía con Aznar.

En su escrito de acusación, el fiscal pide para el exvicepresidente de Bankia José Luis Olivas cuatro años de cárcel, y para los exconsejeros José Manuel Norniella y Francisco Verdú Pons tres años y dos años y siete meses, respectivamente.

Igualmente solicita el archivo de la causa para Banco Financiero de Ahorro (BFA) y Bankia, que estaban siendo investigadas como personas jurídicas, informa Europa Press.

El magistrado de la Audiencia Nacional Fernando Andreu dio por concluida la instrucción del caso el pasado mes de mayo y procesó a 34 exadministradores de la entidad, si bien eximió de responsabilidad al Banco de España (BdE) y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, la investigación apuntó que Rato y su equipo maquillaron las cuentas de la entidad y, por tanto, engañaron a los miles de personas que invirtieron en una salida a bolsa que contó con la aprobación del Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La fiscal del caso que instruye el Juzgado de Instrucción 31 de Madrid sobre el origen presuntamente ilícito de la fortuna del exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato ha recurrido el archivo de la pieza relativa a la investigación sobre las campañas publicitarias que llevaron a cabo empresas privatizadas durante su mandato y con las que habría cometido blanqueo de capitales, según la Guardia Civil.

Según han confirmado fuentes jurídicas a Europa Press, la fiscal Anticorrupción Elena Lorente cree que este asunto debe seguir siendo investigado por el magistrado instructor Antonio Serrano-Arnal, que el pasado 26 de mayo sobreseyó provisionalmente esta pieza en la que la Unidad Central Operativa (UCO) acusaba al exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) de delitos de blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos y cohecho.

En su auto, el juez que investiga el origen presuntamente ilícito de la fortuna de Rato argumentó que el informe de la Guardia Civil carecía de "sustento básico alguno". En éste se apuntó que el exbanquero se aprovechó del proceso de privatización de empresas propiedad del Estado como Endesa, Repsol o Teléfonica para "colocar" en los puestos de dirección a personas de su confianza y luego obtener sustanciosos contratos de publicidad a través de la sociedad Cor Comunicación, creada con sus hermanos y cuyo control adquirió por completo en 2013.

Tras incorporarse este informe a la causa, la Fiscalía Anticorrupción pidió a Serrano Arnal que volviera a citar a declarar al exvicepresidente económico del Gobierno por la posible comisión de estos delitos, aunque el juez respondió que la tesis de la Guardia Civil era una "hipótesis sin sustento fáctico actual" y acabó archivando provisionalmente esta parte.

Causa compleja

Así matizó que, conforme establece el artículo 131 del Código Penal, el delito de cohecho prescribe a los diez años por lo que, si abandonó el Gobierno en 2004, los hechos estarían prescritos desde 2014. Respecto a la comisión de delito fiscal al que apuntó la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria, dijo que al no estar individualizadas las cuotas que habrían sido objeto de blanqueo, "difícilmente" se podía hablar de este tipo de operaciones.

Rato, que tiene abiertas más de una decena de piezas en el marco de la investigación sobre el origen de su fortuna, habría defraudado cuotas por un importe total de 6,8 millones de euros según expuso la ONIF en un informe adherido a la causa y que recoge que las rentas no declaradas apreciables en transferencias bancarias internacionales ascienden a un importe superior a los 7 millones de euros.

El magistrado instructor decidió la pasada semana prorrogar 18 meses más la investigación de acuerdo con el artículo 324.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que permite que, tras medio año de instrucción, la declare compleja si se dan las circunstancias para ello y prolongue las diligencia por un plazo de 18 meses.