Desde hace más de diez días, Marruecos es el escenario de una ola de protestas que se ha extendido por pueblos y ciudades hasta alcanzar la diáspora. Las movilizaciones responden al llamamiento del colectivo Gen Z, un grupo de internautas anónimo organizado a través de la plataforma de comunicación Discord. El amplio seguimiento de las protestas –sobre todo entre los jóvenes–, la ausencia de estructuras formales y el medio de difusión elegido enfatizan el carácter aparentemente sorprendente de las movilizaciones.

Sin embargo, su convocatoria ha logrado encapsular el grito de un pueblo que clama por una mejora de los servicios públicos del país, al tiempo que muestra el hartazgo contra un modelo económico desigual, corrupto y orientado a la inversión en megaproyectos con escaso impacto en la población. La próxima celebración del mundial de fútbol en Marruecos refleja bien este modelo. Frente a esto, la demanda de Gen Z es clara: educación y sanidad públicas, empleo y fin de la corrupción. Estas reivindicaciones tienen fácil eco entre amplios sectores de la población.

Una mirada más pausada sobre la situación socioeconómica del país atenúa la sensación de sorpresa. Los jóvenes constituyen un sector demográfico predominante en el país (en torno a un 22% de la población total se encuentra entre los 15 y 29 años) y especialmente lastrado por el desempleo. Un 31,8% de los jóvenes de entre 15 y 24 años se encuentran desempleados. De los que trabajan, se estima que un 73% lo hace sin contrato.

En el seno de esta debilidad estructural encontramos un proceso de liberalización económica impulsado desde los años 80 que, sumado a la ausencia de libertades políticas, hicieron de Marruecos un “laboratorio neoliberal”. El resultado ha sido un país a dos velocidades, con importantes diferencias entre las zonas urbanas y rurales, carentes de infraestructuras y redes de transporte, pero también entre la población y las clases dominantes. La última cifra aportada por la agencia nacional de estadística marroquí HCP (Haut Commissariat au Plan) situaba el índice de Gini, empleado para medir la desigualdad, en 40,5% en 2022, devolviendo a Marruecos a los niveles de hace veinte años. Por contra, el primer ministro, Aziz Ajanuch, era nombrado por Forbes el hombre más rico del país (por detrás del rey) en el año 2024.

A los problemas estructurales se une la frustración por la falta de mejoras socioeconómicas en el país. Los avances políticos prometidos por la Primavera Árabe se estancaron hace una década, a medida que se deterioraba el contexto regional. La crisis generada por la pandemia del Covid-19 pareció desembocar en un proyecto de generalización de la sanidad pública, sin embargo, este sigue lastrado por las desigualdades regionales. Uno de los antecedentes directos de las protestas es, de hecho, la muerte de ocho mujeres embarazadas sometidas a cesáreas en un hospital de Agadir, evidenciando la falta de inversión en la región. De igual modo Ajanuch ganó las elecciones prometiendo la creación de un millón de empleos, una previsión muy lejos de la realidad actual. Ya en el verano de 2024, el primer ministro admitió su incapacidad para abordar el desempleo estructural del país: “No podemos solucionar el problema del empleo en los próximos tres años porque es una acumulación de los últimos quince”.

La intensidad de las actuales protestas, que se han saldado ya con más de 400 detenidos y tres muertos, nos recuerda a las protestas protagonizadas por el movimiento del Hirak en el Rif, norte de Marruecos, en 2017, o a la propia Primavera Árabe. Con el primero comparte la denuncia de la desigualdad entre regiones. Con el segundo, la demanda general de justicia social y mejoras socioeconómicas.

Sin embargo, el caso más similar seguramente lo encontremos en la campaña de boicot al consumo lanzada en 2018. Ese año, una página anónima de Facebook llamó al boicot de la gasolinera Afriquia, el agua embotellada Sidi Ali y la empresa de productos lácteos Centrale Danone. Las tres firmas tenían en común la subida de precios, el monopolio de cuotas considerables de mercado y su vinculación con las élites político-económicas del país. Afriquia pertenece, de hecho, al primer ministro Ajanuch, en aquel momento ministro de Agricultura y Pesca. El seguimiento del boicot fue masivo. A pesar de la opacidad de su impacto, Central Danone comunicó pérdidas del 35% en el tercer trimestre del año. El carácter anónimo y el elevado seguimiento de la iniciativa reflejaban la generalización de un descontento que hoy en día sigue vigente.

Lo cierto es que las movilizaciones nunca han desaparecido desde 2011, concentrándose en los márgenes del país y dando lugar a lo que se ha denominado “protestas periféricas”. Estas protestas denuncian las desigualdades económicas entre regiones, la sobreexplotación de recursos, la falta de acceso al agua como bien público y la desposesión de las tierras, entre otras medidas causadas por una sucesión de programas económicos neoliberales.

A pesar de ello, parece descartable que la situación actual conduzca a un cambio de régimen o de modelo económico. El dos de octubre, el colectivo Gen Z dirigió una carta al rey solicitando su intervención y la destitución del gobierno. Su propuesta nos remonta a una estrategia tradicional del poder en Marruecos, que blinda el papel del rey (auténtico poder ejecutivo del país) y reorienta los castigos hacia los partidos políticos. Como reza el dicho, “el rey bueno, la clase política mala”.

Este modelo, sin embargo, previene la posibilidad de realizar reformas profundas en el país, al proteger al núcleo central de distribución de recursos políticos y económicos: el propio rey. Como explicaba Ajanuch al tratar el paro, reformas cosméticas no pueden resolver problemas estructurales.

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Alfonso Casani es profesor de Ciencia Política de la UCM y colaborador de la Fundación Alternativas.

Paso a paso, Marruecos va sumando aliados a su objetivo de anexionar el Sáhara Occidental en contra de las resoluciones de Naciones Unidas y, sobre todo, de la voluntad de los ciudadanos de la antigua colonia española. Esta vez ha sido el presidente francés, Emmanuel Macron, quien ha cedido a los intereses de la monarquía alauita y, en un gesto largamente esperado por Rabat, ha reconocido de facto la soberanía marroquí sobre el territorio saharaui.

Macron ha cambiado la política de su país sobre el Sáhara mediante una carta —igual que hiciera el presidente español, Pedro Sánchez, en marzo de 2022— dirigida al rey Mohamed VI aprovechando el 25º aniversario de su llegada al trono. Y, como sucedió en el caso español, ha sido el monarca quien la ha hecho pública.

En la misma, el presidente francés da un paso más que España hacia las posiciones de Marruecos al afirmar que “el presente y el futuro del Sáhara Occidental entran en el marco de la soberanía marroquí”. “Para Francia”, añadió, “la autonomía bajo soberanía marroquí es el marco en el que debe resolverse esta cuestión. Nuestro apoyo al plan de autonomía propuesto por Marruecos en 2007 es claro y constante” porque es “la única base para alcanzar una solución política justa, duradera y negociada”.

Y no solo eso. El presidente francés reconoce que se trata de un asunto de “seguridad nacional” para Marruecos y se compromete a “actuar en coherencia con esta posición a nivel internacional”. Marruecos busca desde hace años aliados para remover el apoyo de la ONU a la autodeterminación del Sáhara y ahora se ha ganado a otro miembro permanente del Consejo de Seguridad. Es “un acontecimiento importante y significativo en apoyo de la soberanía marroquí sobre el Sáhara”, reconoció la monarquía alauita a través de un comunicado de prensa.

Marruecos cuenta con el respaldo clave de Estados Unidos desde que Donald Trump, poco antes de abandonar la presidencia después de perder las elecciones de 2020, reconoció la soberanía marroquí sobre el Sáhara a cambio de que este país, a su vez, avalase al Estado de Israel. Una posición que su sucesor, Joe Biden, no modificó, y que está en el origen de la estrategia desarrollada por Rabat para forzar el cambio de posición de España utilizando a los migrantes subsaharianos como mecanismo de presión.

El líder de la diplomacia saharaui, Mohamed Sidati, acusó a Francia de apoyar “la ocupación violenta e ilegal” de su territorio, pero el representante del Frente Polisario en España, Abdulah Arabi, se ha tomado la carta de Macron como una mera confirmación de la posición promarroquí de Francia. Es “la escenificación de una política llevada a cabo durante décadas”. “Hace unos meses el embajador de Francia en Rabat reconoció de manera pública la participación de Francia en la primera guerra en el Sáhara Occidental”. Su contribución “fue determinante para la ocupación y para obstaculizar el efectivo ejercicio del derecho a la autodeterminación e independencia del pueblo saharaui”.

Los representantes del pueblo saharaui interpretan tanto el apoyo francés a la posición de Marruecos como el cambio de postura del Gobierno español —el “más destacado en términos simbólicos, habida cuenta de la condición de España de potencia administradora”—, como un “intento de mantener una buena relación de vecindad con Marruecos, explicada en gran medida por la cuestión migratoria”.

“Desde el Frente Polisario hemos reiterado en numerosas ocasiones el escrupuloso respeto a las mismas, pero en ningún caso estas pueden servir para supeditar los legítimos derechos del pueblo saharaui”, señala Arabi. Porque, “más allá de los pronunciamientos en el ámbito político”, la naturaleza jurídica de la cuestión saharaui “está claramente establecida. Es una cuestión de descolonización, y por dicho motivo, y con el aval de las organizaciones y tribunales internacionales, —entre los que se encuentra el Tribunal de Justicia de la Unión Europea—, el pueblo del Sáhara Occidental, pese a todos los obstáculos e interferencias, seguirá luchando por ejercer efectivamente su derecho a la autodeterminación e independencia”.

El Gobierno argelino, aliado del Polisario, anunció inmediatamente la “retirada con efecto inmediato” de su embajador en Francia en “protesta por un paso que ningún otro gobierno francés antes había considerado necesario dar”. En opinión de Argelia, el cambio de posición de Francia “desacata la legalidad internacional, defiende la causa de la negación del derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación y se distancia de todos los esfuerzos pacientes y perseverantes de las Naciones Unidas” para “completar la descolonización del Sáhara Occidental”.

La decisión de Macron va más lejos de lo que lo hizo España en 2022. Aunque dio su aval al proyecto marroquí de resolver el conflicto otorgando al Sáhara un régimen de autonomía política dentro de sus fronteras, Pedro Sánchez nunca dijo que esa fuese la “única base para alcanzar una solución política justa, duradera y negociada”, sino “la base más seria y realista” para lograr ese objetivo. Ese matiz sitúa a España todavía un escalón por debajo de Francia, aunque en la misma dirección que busca Rabat.

Si Marruecos es coherente con la estrategia que lleva desarrollando en los últimos años, ahora buscará que el Gobierno de España suba la apuesta e iguale, cuando menos, el reconocimiento de la soberanía marroquí sobre el Sáhara que acaba de hacer el presidente francés.

Con su cambio de postura, Sánchez consiguió normalizar las relaciones con Marruecos y que Rabat volviese a ejercer la tarea de obstaculizar el tránsito de migrantes hacia España, con el que las autoridades marroquíes presionaron durante meses con el objetivo de torcer el brazo a quien fue la potencia colonial del Sáhara. El principal episodio de aquel pulso fue la decisión de Marruecos de dejar entrar en Ceuta a miles de migrantes, muchos de ellos niños, con el objetivo de crear una situación de emergencia en la ciudad autónoma.

El rey de Marruecos, Mohamed VI, recibirá esté miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dentro del viaje oficial que hace el mandatario español al país vecino. Según fuentes de la delegación española, el monarca ha invitado a Sánchez a una audiencia en el Palacio Real en Rabat esta tarde como gesto al más alto nivel.

Sánchez se reunirá primero con el jefe de Gobierno de Marruecos, Aziz Ajanuch, con quien mantendrá también un almuerzo. Y posteriormente se reunirá con el rey, según han revelado fuente oficiales españolas a los periodistas que viajan con el presidente. Hasta minutos antes de aterrizar en la capital marroquí no se había desvelado por parte del Gobierno español la agenda que tendría el presidente, que viaja acompañado del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

La cita entre Sánchez y el rey estaba pendiente desde febrero del año pasado, ya que los dos mandatarios no se vieron con ocasión de la reunión de alto nivel (RAN) entre los dos países que se celebró en Rabat. Mohamed VI no acudió a esa cita al encontrarse fuera del país pasando una temporada en su residencia de Gabón. En esta ocasión, ha querido darle el máximo rango protocolario organizando una audiencia en el mismo Palacio Real.

“Marruecos es un país vecino, amigo y socio estratégico de España en todos los ámbitos”. Con esta premisa que sale del Palacio de La Moncloa encara Sánchez este viaje oficial exprés en el que se quiere profundizar en los “lazos que unen a ambos países”. El presidente del Gobierno, tras la sesión de control al Gobierno en el Congreso, se ha desplazado hasta Marruecos. Y es un gesto del Gobierno al arranque de la legislatura, siguiendo la costumbre de los presidentes españoles al llegar o reeditar el poder de viajar a ver a las autoridades del país vecino.

Este es el quinto viaje de Pedro Sánchez a Marruecos, cuyas relaciones está cuidando al máximo y después de la crisis que se sufrió hace tres años por el flujo migratorio y los saltos de las vallas fronterizas. Todo ello condicionado por haber dado España acogida al líder del Frente Polisario, Brahim Gali, que fue tratado en un hospital en Logroño. El malestar del país vecino fue evidente desde entonces y el enfado mayúsculo provocó alta tensión diplomática.

Desde entonces, el Gobierno de España ha tendido puentes con Marruecos, con gestos como el cese de la entonces ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya. Su sucesor al frente del Palacio de Santa Cruz, José Manuel Albares, ha sido el encargado de reconstruir las relaciones y el negociador del giro que dio España sobre el Sáhara occidental acercándose hacia las posturas de Rabat.

Ahora, fuentes del Palacio de La Moncloa, subrayan que el viaje se “produce en el mejor momento para las relaciones entre ambos países tanto a nivel político como económico y de seguridad”. “La nueva etapa en la relación bilateral entre España y Marruecos se inició con la Hoja de Ruta adoptada en 2022 y la reunión entre el presidente del Gobierno y el rey Mohamed VI”, añaden en el complejo presidencial. Para añadir las fuentes: “Una relación basada en la confianza, el cumplimiento de lo acordado, el respeto y el diálogo permanente”.

En el Ejecutivo ponen en valor que aquella reunión de alto nivel (RAN) que se celebró hace un año concluyó con la firma de 24 acuerdos, lo que supuso “un hito histórico”. Además, se firmó una declaración conjunta que abordaba todas las dimensiones de la relación bilateral. No obstante, este viaje servirá para abordar algunos puntos que no se han puesto en marcha como se acordó como la reapertura de la aduana en Melilla, cerrada unilateralmente por Marruecos en 2018, y la apertura de una nueva en Ceuta,

Sánchez llega también a Marruecos con un fuerte mensaje económico. En La Moncloa ahondan en que las relaciones comerciales y de inversión son “especialmente fructíferas”.  “España es el primer socio comercial de Marruecos y aspira a convertirse en un inversor de referencia”. El comercio bilateral entre los dos países, según datos del Ejecutivo, superó en 2022 los 20.000 millones de euros. Las dos partes tienen la intención de que esta cifra siga en aumento.

Además, los dos países, según fuentes del Gobierno, tienen un “elevado” interés también de cooperación en materia de seguridad, tanto en la lucha contra el terrorismo, el crimen organizado como la inmigración irregular y las mafias que trafican con seres humanos. Unos temas en los que España está también abanderando la posición de la Unión Europea para cooperar con la otra orilla del Mediterráneo y países africanos.

Hace poco más de diez días Sánchez se trasladó junto a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, hasta Mauritania, donde abordaron junto a las autoridades locales la preocupación por el aumento de la migración irregular (el 83% de los cayucos que llegan a las islas Canarias proceden desde ese país). Además, confirmaron el interés de inversión en esa zona para proyectos de hidrógeno verde.

El viaje de Sánchez también promete ser un foco de polémica nacional. Los socios en el Gobierno del presidente siempre han sido muy críticos con el giro dado por España respecto al Sáhara Occidental, por lo que se esperan exigencias en el espacio de Sumar. Pero especialmente ha sido crítico con esta postura Podemos, que ahora se encuentra fuera del Ejecutivo. Pero, además, la derecha lleva mucho tiempo afeando al PSOE una supuesta postura sumisa con Marruecos, especialmente por parte de la ultraderecha. Pero también el Partido Popular ha llegado hasta recoger bulos como los de un supuesto chantaje al socialista por el contenido de su móvil a través de Pegasus.

Sánchez, en cambio, sigue afirmando que la postura de España no ha cambiado y que sigue las directrices de la ONU. Además, a lo largo de los últimos tiempos se han producido gestos como las propias vacaciones del presidente junto a su familia en Marruecos. Y, además, España trata de estrechar más los lazos a través de eventos como la organización del mundial de fútbol para el año 2030 a tres bandas en España, Marruecos y Portugal.

La estrategia de Mohamed VI con España sigue dando frutos. Después de forzar un cambio histórico en la posición española en relación con el Sáhara a cambio de reanudar sus compromisos para dificultar el tránsito de migrantes a través del país rumbo a las costas españolas, la FIFA acaba de dar a Marruecos la oportunidad de presentarse internacionalmente al lado de democracias consolidadas utilizando como escaparate el mundial masculino de fútbol de 2030.

Rabat llevaba tiempo esperando una ocasión como esta —lo había intentado en cinco ocasiones y únicamente la asociación con España y Portugal lo ha hecho posible— y el Gobierno quiere aprovecharla para, en palabras su portavoz, Mustafa Baitas, dar un “salto cualitativo a todos los niveles”. La opinión general es que Marruecos busca una inyección económica y el relanzamiento del turismo, pero sobre todo homologarse internacionalmente gracias a la asociación con España y Portugal en un proyecto que le dará visibilidad en todo el planeta. 

Dentro de España nadie ha alzado la voz para discrepar. Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo disienten en materia de política exterior, en particular en relación con el Magreb, pero en esta ocasión, y a pesar de la extrema tensión política instalada entre ambos en torno a la negociación de pactos para que la legislatura eche a andar tras las elecciones del 23J, ambos se han mostrado de acuerdo a la hora de considerar una “gran noticia” que España acoja el mundial. Y que lo haga con Marruecos. 

La razón están en que, aunque la decisión de la FIFA sirve a los intereses de Marruecos, también atiende los de España, que persigue crear marcos de colaboración que le garanticen estabilidad a largo plazo después de varios años de relación tormentosa.

El país africano fue el último en incorporarse a la iniciativa conjunta para organizar el mundial. Lo hizo en fecha tan reciente como el pasado mes de marzo a instancias de Pedro Sánchez, en el marco de la estrategia de acercamiento entre los dos países tras los desencuentros de los últimos años. A pesar de ello, fue Mohamed VI el que anunció la noticia a través de un comunicado que lo dice todo acerca de lo que espera del acontecimiento deportivo: el reconocimiento “del lugar destacado de Marruecos en el concierto de las grandes naciones”. 

La elección de la FIFA, nada difícil, porque no había ninguna alternativa, ha coincidido con un momento de incertidumbre en Marruecos sobre el rumbo que puede tomar el Gobierno de España. Un asunto al que Rabat concede máxima importancia porque afecta a sus intereses económicos en Europa y a la política de hechos consumados con la que está intentando consolidar la anexión del Sáhara y desoír las resoluciones de Naciones Unidas que exigen un referéndum de autodeterminación. 

En principio, y según el presidente de la Real Federación Marroquí de Fútbol (FRMF), Faouzi Kekjaa, Marruecos ha presentado seis sedes para acoger partidos del Mundial 2030 —Agadir, Marrakech, Casablanca, Rabat, Tánger y Fez—, ninguna de ellas en los territorios ocupados del Sáhara. Pero aun así, el Frente Polisario no tiene dudas sobre las verdaderas intenciones de Mohamed VI. Lo único que mueve a Marruecos al organizar el mundial con España y Portugal, asegura Abdullah Arabi, delegado en España de la organización que representa al pueblo saharaui en todo el mundo, “es su permanente afán y empeño en blanquear e imponer su ocupación ilegal al territorio del Sáhara Occidental”. Marruecos, recuerda, “es un país que no respeta los derechos humanos” y eso “debería ser condición” previa para no formar parte de ninguna candidatura. 

Pero la FIFA nunca ha considerado eso un problema. El ejemplo más reciente se pudo ver el año pasado en Catar, un país que, igual que Marruecos, forma parte del grupo de “autocracias cerradas” definido por el índice V-Dem de la Universidad de Gotemburgo, uno de las clasificaciones de calidad democrática más prestigiosas del mundo. En esa lista negra están también, entre otros, países como Afganistán, Arabia Saudí, Qatar, Corea del Norte, Cuba y China.

La disidencia política y periodística sigue sufriendo la represión de régimen, persisten denuncias de tortura y malos tratos por parte de las fuerzas de seguridad y son frecuentes los casos detenciones arbitrarias y juicios injustos. El respeto de los derechos de mujeres, migrantes y minorías étnicas y religiosas es aún muy limitado. 

La FIFA no ha tenido nada de esto en cuenta. Una coalición global de grupos de derechos humanos, sindicatos, futbolistas y aficionados le había instado a garantizar que los derechos humanos fuesen una consideración primordial a la hora de elegir qué países podrían ser anfitriones de la Copa Mundial de fútbol masculino de 2030.

La Sport & Rights Alliance (Alianza de Deportes y Derechos) había pedido a la FIFA garantías para que el proceso de evaluación de candidaturas reflejase los resultados de una encuesta encargada por Amnistía Internacional y llevada a cabo en 15 países, según la cual la mayoría de la opinión pública (el 53%) cree que los derechos humanos deben ser una consideración fundamental a la hora de decidir quién es el anfitrión de grandes eventos deportivos internacionales.

La FIFA introdujo criterios de derechos humanos por primera vez en el proceso de adjudicación de la Copa Mundial de 2026 tras las controversias respecto al proceso de elección de los torneos de 2018 y 2022 en Rusia y Catar, respectivamente. No obstante, Amnistía Internacional temía que la organización que rige el fútbol mundial los esquivase en su decisión para 2030, como así ha sucedido en lo que se refiere a Marruecos. Arabia Saudí anunció este jueves que será candidata para el año 2034.

En el lado oscuro de Marruecos destaca la situación del Sáhara Occidental, ocupado ilegalmente desde que España lo abandonó a su suerte en 1976. Desde entonces, subraya el Polisario, Marruecos ejerce “de manera continuada todo tipo de represión, incluyendo la desaparición y eliminación física” de ciudadanos saharauis. “Es un régimen que utiliza todo tipo de mecanismos de chantaje y sobre todo de espionaje, incluso a jefes de estados extranjeros y ha sido acusado de estar detrás del mayor escándalo de corrupción ejercido en el ámbito del Parlamento Europeo” con el objetivo de “imponer su ocupación del territorio del Sáhara Occidental”, destaca Abdullah Arabi.

El Sáhara Occidental es, de acuerdo con el derecho internacional y su jurisprudencia, un territorio distinto y separado de Marruecos, recuerda el delegado del Polisario. Nadie “puede actuar en su nombre ni disponer de sus recursos ni de su territorio”. Por esa razón, España, Portugal y la FIFA “tienen el deber y la obligación de garantizar que Marruecos no infrinja el derecho internacional durante la celebración de este mundial, no solamente usando un territorio ocupado militar e ilegalmente que no es suyo, sino mediante el uso de mapas ilegales que incluyen el Sáhara Occidental como parte de Marruecos”.

Utilizar grandes eventos deportivos para blanquear regímenes políticos tiene nombre: sportwashing. Amnistía Internacional lo define como un intento de desviar la atención utilizando el deporte para mostrar una cara amable, moderna y abierta, y ocultar la situación real de los derechos humanos. 

Enrique Alcoba se queja amargamente. “Te confiscan hasta un par de zapatos nuevos o una botella de agua mineral cerrada”, dice, indignado. Alcoba es el presidente de la Confederación de Empresarios de Melilla y denuncia a viva voz que los agentes marroquíes en la frontera de Beni Enzar, entre su ciudad y Marruecos, no aplican el régimen aduanero de los pasajeros en vigor, por ejemplo, en los aeropuertos de Marrakech o Casablanca.

Por lo tanto, los pocos turistas marroquíes que visitan su ciudad no pueden llevarse souvenirs. Y sobre todo los españoles musulmanes de Melilla, que son mayoritarios en la ciudad, según una investigación del Observatorio Andalusí (Estudio demográfico de la población musulmana. Explotación estadística del censo de ciudadanos musulmanes en España referido a la fecha 31/12/2022-2023), un organismo que depende de la Conferencia Islámica de España, no pueden cruzar la frontera con regalos para sus parientes que viven en Marruecos. A la inversa, en el sentido Marruecos-España, estas restricciones no se aplican. Pero sea en un sentido o en otro, cruzar estas fronteras, reabiertas en mayo de 2022 tras la pandemia, es un verdadero calvario debido a los controles lentos y exageradamente minuciosos del lado marroquí.

Catorce meses después, la reconciliación entre Marruecos y España sellada en Rabat el 7 de abril de 2022 durante una cena entre el rey Mohamed VI y el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, está lejos de haber alcanzado los efectos esperados por España. Para terminar con la crisis bilateral iniciada por Rabat el 10 de diciembre de 2020, Sánchez había hecho una concesión mayor en una carta dirigida al soberano el 14 de marzo de 2022. El plan de autonomía que propone Marruecos es “la base más seria, realista y creíble para la resolución del contencioso” del Sáhara Occidental, escribió Sánchez al soberano en una carta que el gobierno español no quiso que tomara carácter público. Pero algunos fragmentos de la carta fueron revelados el 18 de marzo de 2022 por un comunicado del gabinete real marroquí. España, antigua potencia colonial, renunciaba así a un enfoque teóricamente equidistante, pero que desde hace casi veinte años se inclina, a escondidas, a favor de Marruecos.

Entre todas las formulaciones utilizadas por los diversos países de la Unión Europea, las palabras de Sánchez son las que más satisficieron a Rabat. Entonces, en la primavera boreal de 2022, la diplomacia marroquí comenzó a presionar a Francia para que al menos fuera igual de lejos que España en su apoyo. Ese es uno de los motivos, no el único, que agravó la crisis entre París y Rabat que remonta al verano boreal de 2021 y al escándalo del software Pegasus. España también sufrió la piratería de teléfonos celulares con ese software de espionaje israelí empleado por los servicios marroquíes, comenzando por el del jefe del gobierno, pero prefirió olvidar lo sucedido para no poner en riesgo el encuentro previsto con Marruecos.

De la conferencia de prensa que dio Sánchez después del iftar, los medios españoles retuvieron sobre todo que se abriría un puesto aduanero entre Ceuta y Marruecos, y que se reabriría el de Melilla, que Rabat había cerrado el 1 de agosto de 2018 sin siquiera informar oficialmente a las autoridades españolas. Ese puesto había sido inaugurado a mediados del siglo XIX y siguió funcionando tras la independencia de Marruecos, en 1956. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, incluso anticipó la fecha de esa doble apertura: comienzos de febrero de 2023, en coincidencia con la celebración de la cumbre en Rabat entre ambos gobiernos. España y Europa podrían así exportar a Marruecos e incluso a otros países a través de esas dos aduanas.

Catorce meses después del anuncio de Pedro Sánchez, las aduanas siguen sin abrir. El diario El País reveló el 12 de junio de 2023 un intercambio de correspondencia entre las direcciones generales aduaneras de España y de Marruecos que ilustra las reticencias, al parecer técnicas, de Rabat. En realidad, Marruecos no quiere esas aduanas por dos razones: primero, porque sigue buscando asfixiar económicamente a ambas ciudades, y segundo, porque aceptar la apertura de esos puestos podría ser interpretado como un primer paso hacia el reconocimiento de la soberanía española sobre esos “presidios ocupados”, como los describe con frecuencia la prensa marroquí.

Además de la cuestión de las aduanas, la declaración conjunta suscrita por ambas partes después del iftar contenía otros quince puntos. En gran parte de ellos no ha habido ningún avance. Las conversaciones sobre la delimitación de las aguas territoriales entre el archipiélago de las Islas Canarias y Marruecos no avanzaron en absoluto porque Rabat quiere incluir las del Sáhara Occidental. Tampoco avanzaron las negociaciones relativas a una mejor coordinación de la gestión del espacio aéreo. Esta se realiza, al menos para los vuelos civiles, desde la torre de control del aeropuerto de Las Palmas, pero Rabat exige que se la transfieran por completo. Cuando la relación se tensa, a veces sus pilotos ignoran las instrucciones de los controladores aéreos españoles.

Es difícil que España ceda mientras se esperan, en principio para fin de año, los dos fallos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que deberían confirmar los pronunciados en septiembre de 2021 por el Tribunal General, la instancia inferior. Esos fallos habían anulado los acuerdos de pesca y de asociación con Marruecos porque incluían el Sáhara Occidental y sus aguas sin que hubiera dado su consentimiento la población saharaui, representada por el Frente Polisario. La Comisión Europea, el Consejo Europeo, los servicios jurídicos del Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia y los abogados del Estado español habían recurrido las sentencias en el otoño de 2021.

En realidad, el único capítulo de la declaración conjunta implementado hasta el momento es el de la cooperación en materia migratoria. Desde abril de 2022, las autoridades marroquíes hacen un esfuerzo para contener los arribos. En los tres primeros meses de este año, cayeron un 51% en el conjunto de España en relación al mismo período de 2022, cuando Marruecos hacía la vista gorda ante las partidas.

Según el Ministerio del Interior de España, la reducción (-63,3%) ha sido más pronunciada sobre todo en las Islas Canarias, donde es más difícil de controlar. En el primer trimestre de este año, solo desembarcaron allí 2.178 “harragas”, en comparación con los 5.940 durante el mismo período en 2022. La primera quincena del mes de junio, con 1.508 arribos, parece marcar un cambio de tendencia, y más aún la segunda quincena, con picos de 227 migrantes rescatados en el mar el domingo 19 y el jueves 22. Sin embargo, el gobierno español exhibe orgullosamente estas estadísticas, que demuestran, en realidad, que el vecino marroquí utilizó la inmigración hasta el mes de marzo de 2022 para doblegar a Madrid. Y sin preocuparse por el costo humano.

Durante la cumbre de Rabat, el 2 de febrero, Sánchez, que no fue recibido por el rey –estaba en Gabón y no regresó para la ocasión– agregó otro acuerdo de su propia creación: “El compromiso a respetarnos mutuamente y a evitar, en nuestro discurso y en nuestra práctica política, todo lo que pueda ofender a la otra parte, en particular cuando afecta nuestras esferas de soberanía respectivas”. En pocas palabras, Madrid no se referiría al Sáhara Occidental con términos que pudieran disgustar a Rabat, y los responsables marroquíes, por su parte, no repetirían a cada momento que Ceuta y Melilla estaban “ocupadas”.

Sin embargo, la parte marroquí no se sintió obligada a respetar ese compromiso. Durante esta primavera, el presidente de la Cámara de Consejeros (Senado) marroquí, Enaam Mayara, y el ministro del Interior, Abdelouafi Laftit, no dejaron de describir las ciudades como “ocupadas”. Hasta el Ministerio de Relaciones Exteriores dirigido por Nasser Bourita le entregó el 17 de mayo una nota verbal a la delegación de la Unión Europea en Rabat en protesta contra las “declaraciones hostiles” de Margaritis Schinas, vicepresidente de la Comisión Europea para Asuntos Migratorios, que repetía que las ciudades de Ceuta y Melilla eran españolas.

A pesar de estos sinsabores, los socialistas españoles siguieron luchando por defender los intereses de Marruecos. Un ejemplo entre muchos otros: el 19 de enero de 2021, los eurodiputados socialistas españoles fueron los únicos que votaron –junto con los del partido de extrema derecha francés Agrupación Nacional– contra la primera resolución del Parlamento Europeo en un cuarto de siglo sobre los derechos humanos en Marruecos. La misma exigía, entre otras cosas, la liberación y un juicio justo para periodistas marroquíes encarcelados. Fue aprobada por amplia mayoría. Una vez más, en España arreciaron las críticas contra los socialistas, que no explicaron su votación salvo uno de ellos, Juan Fernando López Aguilar, exministro de Justicia. En la relación con Marruecos, reconoció, para sorpresa general, López Aguilar, “a veces es necesario tragar sapos”.

Jorge Dezcallar, exembajador de España en Rabat y luego director del Centro Nacional de Inteligencia, el principal servicio secreto, no comparte esa opinión. “No entiendo qué ha hecho este gobierno al cambiar nuestra posición sobre el Sáhara”, decía, indignado, el 21 de junio, durante una conferencia en Barcelona. “No veo qué ventajas hemos conseguido (…) Pienso que es un error muy grave”, agregó. “Observo fundamentalmente que la iniciativa de Sánchez nos colocó en el centro mismo de la guerra entre Argelia y Marruecos, y que nos tiran piedras de todos lados”.

España pagó un precio elevado por su alineamiento con la posición marroquí: una cuasiruptura con Argelia. A través del comunicado real, las autoridades argelinas se enteraron del giro brusco de la diplomacia española. Al día siguiente, el 19 de abril de 2022, su embajador en Madrid, Said Moussi, fue llamado a consultas, y desde entonces su puesto quedó vacante. Poco tiempo después, Moussi fue nombrado en París. Un mes más tarde, Argel dio otra vuelta de tuerca. Terminó con la repatriación de los inmigrantes argelinos que hubieran arribado de manera irregular en España, y los vuelos regulares entre ambos países también quedaron reducidos al mínimo. Luego, el 8 de junio de 2022, el presidente Abdelmadjid Tebboune suspendió el tratado de amistad y de cooperación entre ambos países que estaba en vigor desde 2002.

Inmediatamente, la Asociación Profesional de Bancos y Establecimientos Financieros (APBEF), un organismo semipúblico argelino, ordenó a sus miembros congelar “las domiciliaciones bancarias de las operaciones de comercio exterior de productos y servicios de y hacia España”. En realidad, eso equivalía a prohibir el comercio con España. Tres semanas más tarde, la APBEF derogó esa circular, pero en la práctica, el comercio con el vecino español sigue estando prohibido. Las exportaciones españolas cayeron más de 90%, y las empresas españolas perdieron más de 1.500 millones de euros en ventas en diez meses. Por si fuera poco, las empresas españolas están excluidas de todas las licitaciones públicas en Argelia. Ni siquiera pueden disponer de un stand durante las ferias comerciales y agrícolas que se desarrollan en Argel.

Apenas se publicó la circular de la APBEF, el ministro de Asuntos Exteriores español se trasladó a Bruselas para intentar activar la solidaridad europea. Josep Borrell, Alto Representante para Asuntos Exteriores, y Valdis Dombrovskis, vicepresidente responsable de Comercio, firmaron un comunicado conjunto en el que denunciaban lo que “parecía ser discriminación” hacia un Estado miembro y por lo tanto una violación del Acuerdo de Asociación entre la UE y Argelia, que entró en vigor en 2005. En febrero, Denis Redonnet, director general adjunto de Comercio de la Comisión Europea, visitó la provincia de Castellón, en la Comunitat Valenciana, la más afectada por las sanciones argelinas, donde denunció la “coerción económica” de Argelia y se comprometió a lograr el retiro de esas medidas discriminatorias. Pero hasta el momento no ha tenido éxito.

En realidad, la solidaridad europea con España solo fue verbal. Madrid podría haber denunciado el boicot e invocar el artículo 104.2 del Acuerdo de Asociación con Argelia para exigir un arbitraje. Si el mismo le hubiera dado la razón a la parte española, podría haber solicitado que la Comisión tomara medidas de represalia tras haber obtenido el aval del Consejo Europeo. Eso no sucedió por dos motivos. Al derogar la circular de la APBEF, Argel se tomó el cuidado de impedir que la parte española pudiera presentar un documento legal sobre el cual fundamentar su denuncia. Es cierto que la Comisión podría haber abierto una investigación para demostrar esta discriminación, pero existían pocas posibilidades de convencer al Consejo Europeo, interesado en mantener buenas relaciones con Argelia. “Sus hidrocarburos son una alternativa a los de Rusia, y muchos Estados miembros, empezando por los que más los aprovechan, como Italia y Francia, no quieren de ninguna manera tener un problema con Argelia”, explica un alto funcionario de la Comisión que prefiere mantener el anonimato.

Así que Madrid se tuvo que contentar en 2022 con presentar su veto a la celebración del Consejo de Asociación anual entre la Unión Europea y Argelia, que deseaba realizar algunas modificaciones al acuerdo de asociación. Y hará lo mismo este año. Preocupado por atenuar las críticas de la oposición parlamentaria, José Manuel Albares también hizo correr el rumor de que Moscú llevó a Argel a enemistarse con España para debilitar el flanco sur de la OTAN, pero resultó una estrategia demasiado burda.

El gobierno español no esperaba una reacción tan virulenta de Argelia, así como esperaba que Marruecos respetara sus compromisos. ¡Qué ingenuidad de la presidencia del gobierno! Asuntos Exteriores, más experimentados, quedaron totalmente al margen en aras de la discreción. En cambio, participaron exministros socialistas con vínculos con las autoridades de Marruecos, como Miguel Ángel Moratinos.

El 23 de julio se celebrarán elecciones legislativas en España y casi todas las encuestas dan ganador al Partido Popular, pero para gobernar tendrá que contar con el apoyo de la extrema derecha de Vox, una formación hostil al vecino marroquí. ¿España va a rectificarse y a volver a una posición equidistante, para restablecer sus relaciones con Argelia? En Argel, y más aún en Rabat, siguen de cerca la campaña electoral. Todas las intervenciones en relación al Magreb de Alberto Nuñez Feijóo, el líder de la derecha, circulan en las redes sociales con traducción al árabe. En general, sus declaraciones son ambiguas.

Los asesores de política exterior del líder conservador divergen sobre los pasos a seguir. Núñez Feijóo carece de experiencia internacional. Es probable que, si llega al poder, intentará evitar comenzar su mandato con una crisis con el vecino marroquí. Rabat no dudaría en desatarla si Feijóo se desviara del camino trazado por su antecesor socialista.

Los períodos de distensión en las relaciones entre Marruecos y España solo son excepcionales, y a veces llegan a durar bastante tiempo. El Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el principal servicio secreto español, lo repite en sus informes, como el del 28 de mayo de 2021, justo durante la irrupción de más de 10.000 inmigrantes marroquíes, 20% de ellos menores, en la ciudad de Ceuta. El informe, que fue publicado por El País, dice en esencia que, para las autoridades marroquíes, España sigue siendo un obstáculo para lograr la “integridad territorial”: hacia el sur, donde mantiene el control del espacio aéreo del Sáhara, y hacia el Norte, en tanto y en cuanto siga ocupando Ceuta y Melilla, así como algunas otras islas e islotes minúsculos a lo largo de la costa marroquí.

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Traducido del francés por Ignacio Mackinze.

Texto en francés aquí.

Durante mucho tiempo, el reino jerifiano fue considerado como el “buen alumno” en medio una región de “burros”: elogiaban su islam “tolerante”, la apertura y la moderación de Mohamed VI y la “estabilidad” del país gracias a una policía que se asemeja en muchos aspectos a la del expresidente tunecino Ben Alí. Y en comparación con sus vecinos del Magreb y del mundo árabe, alababan la relativa apertura política y las libertades que concedía el régimen del “comandante de los creyentes”. Pero en los últimos años han cambiado muchas cosas, y ahora el reino transmite incluso a sus aliados tradicionales una imagen turbulenta, producto de una serie de casos que han reducido el “capital de simpatía” del reino, en el que había invertido sumas considerables en materia de soft-power y de lobby.

El 18 de julio de 2021, un consorcio compuesto por dieciséis medios internacionales coordinados por Forbidden Stories y Amnesty International reveló una mecánica de espionaje mundial, aterradora y muy bien aceitada llamada Projet Pegasus, por el nombre del software espía vendido a un puñado de dictaduras por la empresa israelí NSO. Su objetivo: controlar a distancia los teléfonos móviles. El software puede recuperar conversaciones –incluso de aplicaciones llamadas “seguras” como WhatsApp o Signal– y también los datos de ubicación, las fotos e incluso grabar a escondidas al poseedor del teléfono inteligente.

Marruecos es uno de los clientes más importantes del software Pegasus. “Lo utiliza de manera desproporcionada, violando los derechos fundamentales”, indica el informe publicado por el consorcio. “Según datos recogidos en el marco del Proyecto Pegasus, Marruecos habría atacado por sí solo a 10.000 de los 50.000 teléfonos que habrían sido víctimas potenciales del software espía. Las investigaciones confirman que Marruecos utilizó Pegasus para espiar a periodistas y directivos de los grandes medios del país. Estas revelaciones son aún más impactantes y preocupantes porque los servicios de inteligencia marroquíes utilizaron el software para espiar a periodistas más allá de sus fronteras”.

Como era de esperar, el reino niega todas estas acusaciones, que no provienen solo de periodistas y de militantes marroquíes. Según el mismo informe, los servicios jerifianos también habrían espiado a personalidades francesas de alto rango, en especial el presidente, Emmanuel Macron. Las relaciones Francia-Marruecos, marcadas por una connivencia legendaria, entraron en un período de frío polar que aún perdura. Obnubilado por su imagen en el exterior, Marruecos nunca escamoteó recursos para alimentar la idea de que el reino es “el mejor” en medio de una región refractaria a la democracia y los derechos del hombre. La virulencia de su reacción frente a estas acusaciones revela la gravedad de la situación y las consecuencias nefastas sobre la imagen del país.

El 9 de diciembre de 2022, estalló otro conflicto. Luego de una investigación minuciosa realizada por los servicios de inteligencia belgas tras haber recibido el alerta de otro cinco “servicios” europeos, el exeurodiputado italiano Pier Antonio Panzeri fue detenido por la justicia belga. Se sospecha que percibió importantes sumas de dinero por parte de intermediarios marroquíes, incluido el exembajador de Rabat en Bruselas, Abderrahim Atmoun.

La policía belga halló 600.000 euros en efectivo en el domicilio de Bruselas de Panzeri y 17.000 euros en su domicilio en Italia. “Atmoun traía dinero de vez en cuando, pero no de manera regular”, indicó en diciembre de 2022 en su declaración Francesco Giorgi, excolaborador de Panzeri. “Atmoun venía a Bruselas o íbamos a su domicilio en París. Cuando íbamos a buscar dinero, decíamos que íbamos a buscar corbatas o trajes.” Junto a Catar, Marruecos es objeto de acusaciones de corrupción de diputados europeos, aunque el país sigue rechazando los hechos “de manera categórica”. Apenas un año después del escándalo Pegasus –que involucró a los servicios marroquíes, dirigidos desde 2005 por Abdellatif Hammouchi, uno de los hombres más influyentes del reino–, ahora las acusaciones de la justicia belga y –una vez más– del Parlamento Europeo (PE), recaen en la DGED (la dirección de contraespionaje marroquí), encabezada por Yassine Mansouri, excompañero de clase del rey Mohamed VI. En una resolución adoptada el 16 de febrero de 2023, el PE “expresa su profunda preocupación ante las acusaciones de corrupción de las autoridades marroquíes (…) y exige instantáneamente la suspensión de las credenciales de acceso de los representantes de intereses marroquíes”.

A comienzos de enero de 2023, la visita a Marruecos del jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, que se desarrolló en un clima de alta tensión, no logró ningún avance, ya que ambas partes (Marruecos y la Unión Europea) se mantuvieron firmes en sus posiciones: “La alianza Marruecos-UE sufre un acoso jurídico constante”, declaró el ministro de Asuntos Exteriores de Marruecos, Nasser Bourita, durante una conferencia de prensa junto a Borrell. “La alianza sufre ataques mediáticos incesantes. También es objeto de ataques en instituciones europeas y sobre todo en el Parlamento, a través de cuestionamientos tendenciosos contra Marruecos que son el resultado de una voluntad de dañar la alianza”. Respuesta del diplomático europeo: “La posición de la Unión Europea es clara: no puede haber impunidad ni tolerancia para la corrupción. Por eso debemos esperar el resultado de las investigaciones en curso de las autoridades judiciales, que deben aportar claridad a estos hechos, y esperamos en esta investigación la plena colaboración de todos”.

En la misma tónica de estas acusaciones, el 19 de enero de 2023 se publicó una de las resoluciones más demoledoras para la imagen del reino. Adoptada por 356 votos a favor, 32 en contra y 42 abstenciones, la resolución solicita a las autoridades marroquíes “respetar la libertad de expresión y la libertad de los medios y de los periodistas detenidos –en especial Omar Radi (sentencia firme a seis años de prisión) Soulaimane Raissouni (sentencia firme a cinco años de prisión) y Taoufik Bouachrine (encarcelado desde 2018)– y disponer un juicio justo, con todas las garantías de un procedimiento regular”1.

Esos tres periodistas fueron condenados por acusaciones de connotación sexual, pero para el PE, se trata de “una utilización abusiva de declaraciones de agresiones sexuales para disuadir a los periodistas de ejercer sus funciones” y estima que “estos abusos ponen en riesgo los derechos de las mujeres”.

Desde que fue publicada, la resolución se sintió como un terremoto. No es la primera vez, desde luego, que Marruecos es denunciado por ONG (y hasta por el Departamento de Estado norteamericano) por los abusos y los ataques a las libertades públicas y a los derechos políticos. Pero el hecho de que las “acusaciones” provengan de una institución central de la Unión Europea marca una diferencia fundamental. Según un análisis de los servicios secretos belgas, “la Unión Europea es una entidad de un interés vital para Marruecos. Es su primer socio comercial; de allí proviene la gran mayoría de sus inversiones extranjeras, y es donde reside la mayor parte de la diáspora marroquí. El desarrollo del reino, su seguridad energética y sus ambiciones geopolíticas (principalmente, el reconocimiento de la ‘marroquinidad’ del Sáhara Occidental anexado en 1975) dependen, al menos en parte, de la buena voluntad de la Unión Europea”.

En el plano interior, si bien la monarquía marroquí sigue siendo la institución que domina la vida política monopolizando los ámbitos religioso y temporal, en los últimos años su imagen de poder estable y autoritario y al mismo tiempo abierto ha perdido parte de su lustre. Por un lado, las ausencias repetidas del rey Mohamed VI (en Francia y más recientemente durante cuatro meses en Gabón) y por el otro, el “fenómeno Abu Azaitar”, esa hermandad con un pasado escandaloso cuya proximidad con el monarca preocupa hasta a los niveles más encumbrados del poder, transmiten la imagen de un poder supremo vacilante que no deja de alimentar las columnas de la prensa internacional” y de generar intriga en los pasillos aterciopelados de las cancillerías.

Desde su regreso de Gabón, en vísperas del Ramadán (22 de marzo de 2023), el rey se mostró más presente que nunca, seguramente para hacer frente a la situación. Como comandante de los creyentes, presidió todas las conferencias religiosas que se desarrollaron durante el mes sagrado. Como jefe del poder ejecutivo, reanudó las famosas inauguraciones de antaño, viajando sobre todo a Tánger en pleno Ramadán para inaugurar un hospital universitario y decretar que el año nuevo bereber –13 de enero– a partir de ahora será feriado. Por último, en su faceta de jefe militar, nombró a un nuevo inspector general de las fuerzas armadas.

Objetivo: restablecer la autoridad del poder monárquico, un poder personal que depende menos del funcionamiento regular de las instituciones que de la presencia física del rey. Pero el restablecimiento de la imagen positiva que durante mucho tiempo caracterizó al reino depende, en cambio, de la liberación de los prisioneros políticos: aparte de los periodistas ya nombrados, el abogado Mohamed Ziane, de 80 años, y una decena de cibermilitantes, además de los militantes del Rif (norte), cuyos líderes recibieron una condena firme a penas de 15 a 20 años de prisión.

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Omar Brouksy es periodista, escritor y profesor de Ciencias Políticas en Marruecos. Dos de sus libros han sido prohibidos en Marruecos.

Traducido del francés por Ignacio Mackinze.

Texto en francés aquí.

El exdiputado del PSOE Odón Elorza y un grupo de alrededor de 80 militantes y simpatizantes socialistas han firmado un manifiesto en apoyo del Sáhara Occidental y contra el giro del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, respecto a este territorio.

En el texto, al que piden adhesiones, proclaman su defensa de la posición adoptada por el PSOE en su programa electoral y en las resoluciones del 40 Congreso, celebrado en octubre del 2021 y por tanto "de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho inalienable del pueblo saharaui a la libre determinación".

En abril de 2022, el jefe del Ejecutivo dio el paso de respaldar el plan de autonomía marroquí para el Sáhara como "la base más sólida, realista y creíble", un giro respecto a la histórica posición neutral que había mantenido España respecto a este asunto.

Posteriormente Sánchez argumentó que había tomado esta decisión para alinearse con la postura que también mantienen otros países europeos y Estados Unidos y porque ahora hay un nuevo enviado de la ONU para el Sáhara que puede ayudar a las partes a encontrar una solución.

Elorza, el nombre más conocido entre quienes han firmado hasta el momento, entregó su acta de diputado en el Congreso hace un mes —después de una década como parlamentario— al considerar que sus ideas ya no eran útiles para el partido y por tanto era mejor apartarse para evitar "desencuentros".

El pasado 2 de febrero el ya exdiputado cargó duramente contra el rey de Marruecos Mohamed VI, al que tachó de "sátrapa" y de ofender de nuevo a España por su actitud durante la Reunión de Alto Nivel que se celebró en Rabat esa semana.

Los firmantes del manifiesto solicitan al presidente del Gobierno y secretario general del PSOE que la actuación que desarrolle sea "acorde a los compromisos adoptados y a las responsabilidades que España tiene para la conclusión del proceso de descolonización del Sahara Occidental y ejercicio del derecho de libre determinación por el pueblo saharaui", según señala el texto.

Además, piden al jefe del Ejecutivo que trabaje en el ámbito diplomático y en Naciones Unidas, para propiciar una solución pacífica del conflicto del Sáhara Occidental que sea respetuosa con la legalidad internacional y que permita al pueblo saharaui "el ejercicio derecho de libre determinación que contemple, mediante un referéndum justo e imparcial, la opción de la independencia".

Finalmente, reclaman al Gobierno que abogue por la defensa de los Derechos Humanos en el Sáhara Occidental, defienda su protección y se oponga a las violaciones de derechos cometidas, según denuncian "en un contexto de ocupación y colonización del territorio, y de segregación de la población saharaui, provocada por Marruecos".

Después de la pandemia y el recurso obligado al sucedáneo de las reuniones telemáticas, parecía que con la nueva normalidad volverían con cierto furor las reuniones presenciales y su correspondiente liturgia. Sin embargo, se mantiene el filtro de la cita previa y no acaba de llegar la normalidad plena de la relación personal en muchos ámbitos. Los que sí han reaparecido en la política son el viejo recurso a la solemnización de las reuniones y su contrario del escándalo por los desplantes.

En este sentido, el desplante del rey de Marruecos, que permanece de vacaciones en Gabón desde diciembre, y su ausencia de la cumbre entre los gobiernos de España y Marruecos, cuando ésta pretendía ser un punto de inflexión en la consolidación de las relaciones de vecindad entre ambos países, no está exenta de significado. Bien para rebajar la importancia de la reunión y mantener las distancias o simplemente para mostrar el desafecto.

El impacto de la ausencia real ha sido mayor, no solo por el efecto sorpresa de la expectativa creada por el Gobierno, sobre todo después del reciente éxito político de la cumbre hispano-francesa en Barcelona, sino también por el clima de polarización política, mediática y ahora también económica en clave preelectoral. Y es que la política exterior para la derecha española no deja de ser algo a utilizar para consumo interno, sobre todo si refuerza sus prejuicios sobre la incapacidad de origen de la izquierda para la gran política y además sirve de argumento sobre el coste en materia energética de la ruptura de las relaciones con Argelia. Se la tenían guardada al presidente Sánchez por su papel en la Unión Europea y no han dudado en aprovechar la ocasión para pasarle factura.

Desde la renuncia al principio de autodeterminación y el reconocimiento de la sui generis autonomía marroquí "como solución más creíble para la descolonización del Sáhara", era de esperar que las relaciones con el reino de Marruecos mejoraran en los temas más sensibles, como son la inmigración o la reapertura de las fronteras de Ceuta y Melilla. También que Marruecos no solo reconociera el inicio de una nueva etapa y que como consecuencia el monarca recibiera en su momento al presidente del Gobierno para confirmar la perspectiva abierta en las relaciones bilaterales.

Para justificar la ausencia del monarca, es verdad que él nunca asiste a las cumbres entre gobiernos, aunque hasta ahora sí solía recibir a las máximas autoridades del país visitante, aunque fuera en una reunión aparte. Por otro lado, también es cierto que en los últimos tiempos abundan tanto sus largos periodos vacacionales como el correspondiente desentendimiento de sus obligaciones, cosa que incluso en el seno de la hermética política marroquí ya es un clamor.

Sin embargo, tanto la ausencia del rey como la razón esgrimida relativa a su permanencia de vacaciones en su mansión de Gabón, bien pudiera ser un mensaje de que, aunque las relaciones formales se han recuperado y que incluso se han reforzado en relación a años y a gobiernos anteriores, sin embargo se quiera dar a entender que no todo está olvidado (respecto a la acogida humanitaria del presidente de la RASD), que mantiene su desconfianza hacia la nueva orientación política del actual gobierno, debido a las diferencias dentro de la coalición y a la debilidad de los apoyos a la misma en el parlamento, y que en definitiva, a pesar de las concesiones de España, Marruecos mantiene activa una agenda de contenciosos pendientes con España. Uno de ellos y no menor es el de la soberanía sobre las ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.

Por otra parte, si bien Marruecos ha reforzado su posición internacional con la nueva alianza con Israel dentro del acuerdo Abraham y que cuenta también con el tradicional apoyo de los EEUU, no deja de mantener unas tensas relaciones con varios países europeos, entre los que destaca Francia, y con la propia Unión Europea. En este sentido, no hay más que ver su reacción airada ante la reciente votación en el parlamento europeo, en la que solo los diputados del PSOE se han desmarcado de la condena a los ataques del reino alauí a la libertad de expresión.

Por tanto, no parece que haya bastado con dar la razón al régimen marroquí en lo fundamental para garantizarse con ello la tranquilidad en la relaciones de vecindad ni tampoco en la política exterior. En definitiva, cabe deducir que la relación bilateral y la próxima presidencia semestral de la UE no serán tan tranquilas como el presidente del Gobierno preveía, al menos en lo que tiene que ver con el flanco sur. Por el contrario, sigue siendo necesario el desarrollo de una política exterior propia e integrada con la de la Unión Europea.

Por otra parte, el desplante de los ministros de Unidas Podemos de la coalición de gobierno en la cumbre con Marruecos es cierto que en buena medida se explica por el legítimo desacuerdo con el cambio unilateral de posición del presidente del Gobierno en relación a las obligaciones de España con el ejercicio del derecho a la autodeterminación del Sáhara. Sin embargo, esa diferencia en un tema tan sensible de política exterior no puede justificar la ausencia de todos sus ministros de una cumbre con un país vecino en la que se tratan temas de tanto interés para España, a tenor de los venticuatro acuerdos aprobados. Y es que ser gobierno tiene ventajas e inconvenientes y hay que asumirlos todos.

Porque más allá de la legítima posición de UP sobre la autodeterminación y el rechazo al giro unilateral y sin respaldo parlamentario del presidente del Gobierno, cosa que muchos y no solo en el ámbito de la izquierda compartimos, el desplante refleja también un modelo de gobierno, que más que compartido parece estar compartimentalizado en ministerios estancos, cosa que en su momento ya se expresó públicamente en la cumbre de la OTAN, y que si bien no ha sido un obstáculo para la estabilidad política ni presupuestaria del Gobierno, está en el trasfondo de sus principales problemas como los de coordinación, de comunicación y de imagen ante la opinión pública, que son los que más han afectado y más pueden lastrar su continuidad, sobre todo en un año crucial, como es este año electoral. 

Por último, el desplante no menor del presidente de la CEOE en el foro empresarial con Marruecos, después del reciente portazo a la mesa de concertación social sobre la subida del salario mínimo y el que, aunque más lejano en el tiempo no por ello ha sido de menor significado, de la mesa de negociación sobre el imprescindible marco de un acuerdo estatal para los salarios y el empleo (paso previo al pacto de rentas) ha confirmado el cambio de la imagen de colaboración institucional mostrada por la patronal a lo largo de la pandemia, con los ERTE y los acuerdos posteriores, incluida la reforma laboral. Y no es solo que la patronal española de forma egoísta haya decidido estar solo en lo que le reporte beneficios y no en el momento del necesario reparto.

Este nuevo desplante, que se añade a otros desplantes recientes, se explica con una sola clave: la electoral. Todo ello a partir de la renovación de Garamendi al frente de la CEOE y sobre todo de la investidura de Núñez Feijóo como presidente del PP, para en definitiva entrar a formar parte de la estrategia de oposición y de alternativa política de toda la derecha, de tal manera que Feijóo ahora es también el candidato de la CEOE a la presidencia del Gobierno. En consecuencia, la polarización de la derecha ha pasado de ser política, mediática e institucional a trasladarse con el desplante de Marruecos al poder económico y a la sociedad civil.

Desplantes y polarización preelectoral habemus.

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Gaspar Llamazares es fundador de Actúa.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha indicado que España y Marruecos se han comprometido en el marco de la nueva relación que han entablado a evitar aquello que pueda ofender a las "esferas de soberanía" del otro y a recurrir siempre "al diálogo y no a los hechos consumados", según informa Europa Press. "Hemos asumido un compromiso de respeto mutuo, por el que en nuestro discurso y en nuestra práctica política vamos a evitar todo aquello que sabemos que ofende a la otra parte, especialmente, en lo que afecta a nuestras respectivas esferas de soberanía", ha afirmado durante el inicio de la sesión plenaria de la Reunión de Alto Nivel (RAN) en la que han participado los ministros de ambos gobiernos.

Sánchez ha sostenido que este encuentro con Marruecos consolida la nueva etapa en las relaciones que se inauguró con su encuentro con Mohamed VI el pasado mes de abril y ha defendido que los dos países lo hacen "con un gran sentido de la responsabilidad y conciencia histórica y, sobre todo, con la convicción profunda del enorme potencial que queda aún por explorar" y de que es beneficiosa para ambos pueblos.

Posteriormente, en una declaración sin preguntas al final de la RAN, se ha felicitado por el éxito de la reunión destacando que los dos países han iniciado una nueva etapa en la relación sustentada en una "genuina cooperación como nunca antes había existido". También ha destacado que se han sentado las bases para una nueva relación en la que lo que prima es el "clima de confianza mutua y genuina cooperación como nunca antes había existido". "Somos mucho más que vecinos", ha reivindicado.

Asimismo, ha agradecido el gesto de la llamada telefónica del rey Mohamed VI de la víspera, y su invitación para realizar una visita oficial "en próximas fechas".

Esta cita ha permitido reafirmar "la vigencia y la integridad de todos los acuerdos entre ambas partes", incluidos "los que fijan nuestras fronteras y los que establecen mecanismos de cooperación avanzada" y ha adelantado que los dos países procederán ahora a actualizar el Tratado de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación, tal y como quedó recogido en la declaración del 7 de abril.

El presidente se ha felicitado del cumplimiento de la hoja de ruta que marcó dicha declaración, resultado del encuentro que mantuvo con Mohamed VI tras el respaldo al plan de autonomía marroquí para el Sáhara, y ha indicado que de esta cita también sale una "agenda de trabajo" para los próximos meses.

Esto pasa, ha dicho, por "un diálogo reforzado político y de seguridad, con un mecanismo para dar seguimiento sistemático al cumplimiento de los acuerdos". En segundo lugar, ha añadido, por "una asociación económica avanzada, que desarrolle nuevos proyectos de inversión que acompañen el extraordinario proceso de desarrollo" de Marruecos.

En este punto, Sánchez se ha mostrado "muy satisfecho del éxito de la primera expedición comercial que tuvo lugar el pasado viernes a través de las aduanas de Ceuta y Melilla", uno de los principales puntos de la declaración del 7 de abril, puesto que la de Melilla estaba cerrada por Marruecos desde 2018 y en Ceuta nunca había existido. Según ha indicado, los dos gobiernos van a "garantizar juntos que estas aduanas sigan abriéndose de manera ordenada y progresiva hasta llegar a la plena normalización del paso de personas y mercancías". Para el Gobierno este es un punto importante, ya que ven en ello un reconocimiento por parte de Marruecos de Ceuta y Melilla, aunque el propio Sánchez ha sostenido en todo momento que su españolidad no está en tela de juicio.

Sánchez ha mantenido un encuentro bilateral con el primer ministro marroquí, Aziz Ajanuch, en la sede del Gobierno, mientras que los once ministros que le han acompañado se han reunido por separado con sus contrapartes para ultimar los más de 20 acuerdos que se han firmado en esta RAN, cuatro veces más que los suscritos en la última de 2015.

A primera hora de la mañana, y como es tradición entre los dignatarios que visitan Rabat, Sánchez ha acudido al Mausoleo de Mohamed V, abuelo del actual monarca y donde también está enterrado su padre Hasán II, para presentar sus respetos.

El Gobierno de Pedro Sánchez cree haber dado con la fórmula capaz de poner fin a los desencuentros que de forma periódica sacuden las relaciones entre España y Marruecos. La Reunión de Alto Nivel (RAN) que se celebrará este jueves en Rabat, la primera que tiene lugar en ocho años, servirá, según fuentes gubernamentales, para “avanzar en el encaje definitivo” de las relaciones entre ambos países con el objetivo de “no estar abocados” a tener que afrontar una crisis tras otra.

Ese encaje, según las mismas fuentes, desarrolla el acuerdo suscrito el 7 de abril y se apoya en la voluntad de las dos partes de mantener cauces “de comunicación” constantes y en la generación de “confianza” a través del “diálogo” y la “transparencia”. Para conseguirlo, habrá por primera vez “un mecanismo de seguimiento” con el fin de comprobar “el cumplimiento de los acuerdos”.

Nadie en el Gobierno de España lo confirma, pero esos mecanismos de comunicación parecen estar en el origen de que contenciosos recientes, cono la masacre de migrantes subsaharianos en la frontera de Melilla o la condena del régimen marroquí que acaba de aprobar el Parlamento Europeo, no hayan derivado en nuevas crisis diplomáticas.

En el acuerdo del 7 de abril, suscrito por Pedro Sánchez y Mohamed VI, España se comprometió a resolver los termas “de interés común” con “espíritu de confianza, a través de la concertación, sin recurrir a actos unilaterales o hechos consumados”. Eso es exactamente lo que el Gobierno español ha aplicado en los casos de Melilla y de Estrasburgo y, en justa correspondencia, espera que Rabat actúe del mismo modo. 

La “nueva etapa“ de la relación bilateral entre los dos países debe basarse, según el mismo documento, en “los principios de transparencia, de diálogo permanente, de respeto mutuo y respeto e implementación de los compromisos y acuerdos suscritos por ambas partes”.

En esos mecanismos de comunicación para evitar nuevas crisis y en el supuesto reconocimiento implícito de Ceuta y Melilla como territorio español se basa el Gobierno para asegurar que la reunieron de esta semana tiene una dimensión “histórica”.

Con todo, será muy importante conocer la letra pequeña de los acuerdos de Rabat. El Ministerio de Exteriores trabajaba este lunes intensamente para aterrizar la declaración de abril en acuerdos concretos que ambos gobiernos puedan firmar el próximo jueves en presencia de Pedro Sánchez y de su homólogo marroquí, Aziz Ajanuch. Algunos de los más importantes, sin embargo, permanecían sin cerrar en las últimas horas.

El más importante, por las implicaciones que tiene para las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, pero también por lo que supone en términos de reconocimiento mutuo, sigue siendo la apertura de las aduanas comerciales en la frontera entre ambas localidades y Marruecos. Este es un acuerdo suscrito en abril que sigue sin concretarse a pesar de que en varias ocasiones Exteriores ha llegado a ponerle fecha. Fuentes del Gobierno sostienen que se sigue hablando del “calendario” y de la apertura “ordenada” y “gradual”, los términos pactados en abril.

España cree que con este acuerdo ha logrado que implícitamente Marruecos reconozca la españolidad de ambas ciudades, pero Rabat dice lo contrario. “Marruecos no cuenta con fronteras terrestres con España”, señaló el Gobierno marroquí en una carta remitida al Consejo de Derechos Humanos de la ONU el pasado octubre.

En todo caso, en el Gobierno no oculta su “satisfacción” porque la RAN se vaya a celebrar e insisten una y otra vez en comparar con la situación previa al cambio de postura sobre el Sáhara. Entonces Marruecos facilitaba la llegada de migrantes y “era imposible haber de ningún tema”. “Es muy importante tener eso en cuenta”, subrayan las citadas fuentes.

Sánchez viajará a Rabat acompañado por 12 de sus 22 ministros, todos del PSOE: las vicepresidentas de Asuntos Económicos y de Transición Ecológica los titulares de las carteras de exteriores, Justicia, Interior, Transportes, Educación, Industria, Agricultura, Cultura, Ciencia e Inclusión. No habrá nadie de Unidas Podemos, que se ha desmarcado públicamente de la cumbre, en especial la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y los ministros de Consumo, Alberto Garzón, y Asuntos Sociales, Ione Belarra.

La parte socialista del gobierno, acostumbrada a escuchar las discrepancias de sus socios, ha impuesto su criterio —las relaciones exteriores cayeron de su lado en el acuerdo de coalición que firmaron con Unidas Podemos al comienzo de la legislatura— y ni se ha molestado en darles réplica. Los acuerdos ue tengan que ver con sus respectivos departamentos —era especial lo relativos al mundo del empleo, responsabilidad de Yolanda Díaz— serán asumidos, si se producen, por el ministro de Exteriores, José Manuel Albares.

Está por ver si la declaración final incluirá una referencia al Sáhara y, sobre todo, a la nueva postura de España en este contencioso, que se ha convertido en la principal conquista de Marruecos en la relación bilateral a lo largo de las últimas décadas y en la piedra angular de la “nueva relación” suscrita por Sánchez y el monarca alauita. 

Así consta en la declaración de abril: ”España reconoce la importancia de la cuestión del Sáhara Occidental para Marruecos, así como los esfuerzos serios y creíbles de Marruecos en el marco de las Naciones Unidas para encontrar una solución mutuamente aceptable. En este sentido, España considera la iniciativa de autonomía marroquí, presentada en 2007, como la base más seria, realista y creíble para resolver este diferendo”.

El contenido de la nueva declaración, que el Gobierno español describe como de “una profundidad y calado sin precedentes”, estaba siendo todavía negociada a última hora del lunes, por lo que el Gobierno español no pudo precisar si incluirá alguna referencia al respeto a los derechos humanos y a la mejora de las reglas del Estado de derecho en Marruecos. Son dos asuntos que tradicionalmente preocupan en España, especialmente entre las formaciones de izquierda, pero cuya incorporación a los documentos suscritos entre los dos países suscita siempre serias reservas por parte de Rabat.

A mediados de octubre de 1975, nada más conocerse la enfermedad de Franco, sucedieron dos hechos relevantes. Por un lado Juan Carlos, previendo que iba a acceder de nuevo a la Jefatura del Estado de forma provisional, como ya había sucedido en 1974, puso como condición a los poderes fácticos que para aceptar la Jefatura del Estado no abandonaría el puesto aunque Franco se recuperase. Por otro lado, Hassan II pactó con Juan Carlos, EE.UU y Francia la invasión del Sáhara mediante la Marcha Verde. Con la adopción de estos dos acuerdos, entre otros, el 30 de octubre de 1975 Juan Carlos aceptó ser nombrado Jefe del Estado.

Entre las fuerzas sondeadas por Juan Carlos para mantenerse de forma definitiva en la Jefatura del Estado en vida de Franco estuvo la Unión Militar Democrática (UMD), a la que no dio tiempo a contestar porque Franco murió antes de emitir la respuesta. Lógicamente, si Juan Carlos buscó el apoyo de la UMD, una fuerza insignificante ante la abrumadora implantación del franquismo en las fuerza armadas, también lo hizo con los poderes fácticos, entre otros con el Departamento de Estado USA que entonces estaba dirigido por Henry Kissinger, que le puso entre otras condiciones a Juan Carlos que no se crease un Estado independiente en el Sáhara.

Pactada con Marruecos en octubre la entrega del Sáhara, Juan Carlos viajó a El Aaiún el 2 de noviembre de 1975 y dijo: “Deseamos proteger también los legítimos derechos de la población civil saharaui, ya que nuestra misión en el mundo y nuestra historia nos lo exigen. A todos un abrazo y un saludo con el mayor afecto, ya que quiero ser el primer soldado de España". La Marcha Verde atravesó la frontera del Sáhara el 6 de noviembre de 1975, cuatro días después de que Juan Carlos pronunciase esas palabras. Todo estaba ya acordado con Marruecos desde semanas antes.

Supimos de estos pactos gracias a la desclasificación en 2017 de documentos de la CIA. Entre otros hay uno que dice que el 5 de octubre de 1975 Juan Carlos dijo al embajador de EE.UU., Wells Stabller, que "Madrid y Rabat han acordado que los manifestantes sólo entrarán unas pocas millas en el Sáhara español y que permanecerán un corto periodo de tiempo en la frontera, donde ya no hay tropas españolas".

El capitán de Ingenieros Bernardo Vidal, miembro destacado de la UMD, estaba destinado en el Sáhara en octubre de 1975. Le ordenaron que minase la frontera norte del Sáhara para impedir el paso de la Marcha Verde.

Coincidiendo con la visita de Juan Carlos al Aaiún, el capitán Vidal recibió la contraorden de desminar un corredor que permitiera el paso de la Marcha Verde, lo que no hubiese sido necesario pues Juan Carlos ya había pactado con Hassan II que la Marcha Verde no llegaría a la zona minada y que permanecería de forma simbólica solo unos días en la parte sur de la frontera, al norte de la zona minada. No era recomendable que los marroquíes entraran en el Sáhara todavía porque sin duda les atacaría el Polisario y estando presente el Ejército español pondría en un brete a las tropas, mayoritariamente partidarias de no entregar el Sáhara a Marruecos.

En cumplimiento de los pactos adoptados en octubre de 1975, los gobiernos español, marroquí y mauritano firmaron el 14 de noviembre de 1975 el Acuerdo Tripartito de Madrid por el cual Marruecos se quedaba con la parte norte del Sáhara, y Mauritania con la parte sur. Este acuerdo no tiene validez legal alguna, ni ha sido reconocido internacionalmente pues la única norma vigente es el mandato de la ONU de celebrar un referéndum en el Sáhara.

Ante el temor a sufrir represalias de los ejércitos marroquí y mauritano, gran parte de la población saharaui huyó hacia Tinduf, hostigada por los marroquíes, que llegaron a bombardearles con napalm los días 18, 22 y 23 de febrero de 1976, estando todavía presente la administración española que miró para otro lado. España abandonó el territorio el 26 de febrero de 1976. Al día siguiente, el 27 de febrero, el Frente Polisario proclamó la República Árabe Saharaui Democrática y declaró la guerra a Marruecos y Mauritania. El nuevo Estado fue reconocido por 84 países.

Derrotada Mauritania por el Polisario, abandonó el sur del Sáhara en 1979, circunstancia que fue aprovechada por Marruecos para invadir también esta parte del Sáhara. Marruecos tiene como único documento para ocupar el norte del Sáhara el Acuerdo Tripartito de 1975 que no tiene validez legal alguna. Para ocupar la parte sur del Sáhara solo tiene el apoyo de la fuerza.

En 1992, el Polisario y Marruecos firmaron un alto el fuego sobre la base de aceptar ambas partes la celebración de un referéndum de autodeterminación. En 2007 Marruecos abandonó esa idea proponiendo una autonomía para el Sáhara controlada por ellos, a lo que se niega el Polisario.  

En el año 2020, Marruecos atacó el paso fronterizo de Guerguerat, rompiendo así el alto el fuego y volviendo a la guerra otra vez. En los medios españoles, muy influenciados por el lobby marroquí, esta guerra no existe. Sin embargo la realidad es otra, Marruecos mantiene en la zona a 100.000 soldados defendiendo el muro de más de 2.000 kilómetros, el más largo del mundo después de la muralla China, que divide el Sáhara en dos, de norte a sur.

Es tal la influencia del lobby marroquí en España que incluso la semana pasada en El Intermedio, el programa del Gran Wyoming, han emitido la versión marroquí de los hechos, consistente en que la crisis actual con Marruecos se debió a la hospitalización de Ghali en Logroño y que la invasión de Ceuta fue porque Marruecos permitió acceder a valla a los emigrantes.

La realidad de los hechos es que Marruecos, tras el reconocimiento por Trump de la invasión del Sáhara, se creció y comenzó a presionar a las naciones europeas, sobre todo a España y a Alemania, para que reconocieran la invasión del Sáhara recurriendo a todo tipo de chantajes. Durante esas presiones surgió la hospitalización de Ghali que fue aprovechada por Marruecos para deformar los hechos responsabilizando a la entrada de Ghali de la crisis y manipulando a la prensa española e incluso a algunos jueces, según reciente información del CNI. Tal es la implantación del lobby marroquí en España.

En cuanto a los sucesos de Ceuta, Marruecos no se limitó a abrir la frontera, como dice Wyoming. Semanas antes se planificó desde Rabat la invasión reclutando a menores y organizando la logística para invadir Ceuta, al tiempo que lanzaban desde las costas del Sáhara a una infinidad de pateras para ocupar Canarias, lo que motivó la saturación del archipiélago donde no tenían espacio para albergar a tanto inmigrante marroquí y tuvieron que recurrir a los hoteles del sur de las islas.

Ante estos hechos el Gobierno español cedió al chantaje marroquí, destituyó a Arancha González Laya y nombró a Albares como Ministro de Exteriores con la misión de que traicionara por segunda vez a los saharauis adoptando las tesis marroquíes.

Los protagonistas de estos hechos, similares a los de 1975, no parecen ser conscientes de que van a pasar a la historia junto a Juan Carlos I, como los autores de la segunda traición al pueblo saharaui.

El Ministerio de Transporte y Logística ha llamado a las navieras marroquíes que proporcionan conexiones con España a retomar la actividad por mar entre ambos países horas después de la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Rabat, que ha dado fin a una de las peores crisis bilaterales entre los países hasta la fecha, según informa Europa Press.

"Después del anuncio de la reanudación inmediata y gradual de la actividad de transporte de pasajeros por mar, las navieras que operan las líneas que dan servicio a los puertos marroquíes de Tánger Med, Tánger ciudad, Nador y Alhucemas, están llamadas a reanudar su actividad", ha anunciado esta tarde el Ministerio en un comunicado recogido por el medio Le Matin.

Por su parte, el Ministerio de Salud marroquí ha dado a conocer las disposiciones "temporales" del protocolo sanitario para viajeros por mar, que incluyen el resultado negativo de una prueba PCR menor a 72 horas y el certificado covid-19, según el citado medio.

Esta decisión se ha comunicado horas después de la reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el rey Mohamed VI en Rabat, en la que se decidió el reestablecimiento "inmediato y gradual" de las conexiones marítimas y de pasajeros hasta la apertura de todas las frecuencias, así como iniciar los preparativos para la operación Paso del Estrecho.

Asimismo, durante esta reunión, pactaron que la normalización de la circulación de personas y de mercancías se restablecería de manera ordenada, incluyendo los dispositivos apropiados de control aduanero y de personas a nivel terrestre, lo que incluye a Ceuta y Melilla, aunque no aparecían mencionadas en ningún momento, y marítimo.

Esto pasa, según explicó el presidente, por la reapertura de la aduana que ya existía en Melilla y se cerró en 2018 y la apertura de una nueva en Ceuta, así como de puestos aduaneros del lado marroquí. Ahora, 24 horas después de la reanudación de los lazos diplomáticos y tras dos años de suspensión, se reanudará la actividad de tranporte de pasajeros por mar entre ambos países.

Tras un largo período de tensiones, las relaciones entre España y Marruecos entran oficialmente en una nueva fase. La delegación española encabezada por el presidente del Gobierno que este jueves acudió a Rabat para celebrar una cumbre al máximo nivel con Mohamed VI como anfitrión, no ocultaba su satisfacción a la salida del encuentro. “Es una buena noche”, describían fuentes diplomáticas. 

Varios meses de conversaciones entre el departamento del ministro José Manuel Albares y el gobierno marroquí desembocaron en la cumbre de Rabat, en la que se pudo concretar un comunicado conjunto de ambos países que incluye hasta dieciséis compromisos adquiridos. “Es una hoja de ruta duradera y ambiciosa”, dijo Pedro Sánchez durante su comparecencia ante la prensa, llegando a hablar incluso de “un momento histórico en la definición de nuestras relaciones bilaterales”. 

Desde el Ministerio de Exteriores también se recurrió al mismo término para definir lo que a juicio del Ejecutivo supone uno de los grandes avances de esa nueva hoja de ruta: “Lo que se dice hoy aquí de Ceuta y Melilla es histórico”, aseguran. En realidad, en ese comunicado conjunto no se menciona expresamente a las dos ciudades autónomas ni a la “integridad territorial” a la que el propio Sánchez aludió en su carta al rey de Marruecos. Sin embargo, fuentes del Ejecutivo resaltan la trascendencia del punto 3 del acuerdo: “La plena normalización de la circulación de personas y de mercancías se restablecerá de manera ordenada, incluyendo los dispositivos apropiados de control aduanero y de personas a nivel terrestre y marítimo”.

En el Gobierno subrayan que la mención a los controles aduaneros terrestres son referencias obvias a Ceuta y Melilla, y valoran la aceptación de esos controles por parte de Marruecos como un salto cualitativo jamás dado anteriormente: “Por primera vez nos ponemos de acuerdo para implementar esos controles aduaneros en Ceuta y en Melilla”, sostienen fuentes diplomáticas que concluyen que el país vecino está llevando a cabo una aceptación de facto de la soberanía española de ambas ciudades. 

Los pasos fronterizos de ambas ciudades llevan más de dos años cerrados. La pandemia fue la causa oficial de una decisión que luego se ha mantenido el tiempo por la crisis diplomática vivida entre ambos países, con episodios muy sonados como el traslado del líder del Frente Polisario a un hospital español o la actitud de las autoridades marroquíes facilitando la entrada de cientos de personas a Ceuta en mayo del año pasado. Los problemas en la frontera, sin embargo, venían de mucho tiempo atrás y siempre relacionados con la concepción marroquí de ambas ciudades como territorios ocupados. En Ceuta, de hecho, no ha existido hasta ahora un reconocimiento de un control aduanero por parte de Marruecos. Y en Melilla, donde sí existía, se ha llegado a cerrar unilateralmente por parte de Marruecos en diferentes momentos de tensión política, con el consecuente colapso en el traslado de personas y mercancías. 

Ahora, los gobiernos español y marroquí se comprometen a desarrollar un grupo de trabajo que en el plazo máximo de tres meses vaya rehabilitando de manera escalonada la normalidad fronteriza. “Las propias autoridades de Ceuta y Melilla quieren que sea ordenado. No es tan sencillo como abrir una barrera y no queremos que se produzca un colapso. A lo mejor incluso podemos mejorar las cosas respecto a lo que se hacía antes, como en el caso de las personas porteadoras”, explican desde Exteriores. 

En el Gobierno también valoran como un avance trascendental lo pactado en el punto 2 del comunicado: “Los temas de interés común serán tratados con espíritu de confianza, a través de la concertación, sin recurrir a actos unilaterales o hechos consumados”. Ese destierro de la unilateralidad, otorga a España la certeza de que “la tranquilidad de nuestras fronteras está garantizada”, y de hecho el Gobierno asegura que el descenso de los flujos migratorios irregulares tanto en Canarias como en Ceuta y en Melilla es “drástico” desde que la colaboración con Marruecos quedó restablecida hace algunas semanas. 

Durante su comparecencia, el presidente del Gobierno se centró en las relaciones de España y Marruecos y no hizo mención alguna al cambio en la política exterior española respecto al conflicto del Sáhara. Antes, en conversación informal con los periodistas, Sánchez aseguró que el “paso adelante” dado por España en relación a ese conflicto apoyando explícitamente los planes de autonomía propuestos por Marruecos tienen el amparo de Naciones Unidas y suponen “la mejor salida para encontrar una solución diplomática” al conflicto. El presidente también reseñó que el enviado especial de la ONU será en todo caso garantía de que la solución final esté basada en un acuerdo entre todas las partes y destacó que la mayoría de países de nuestro entorno defienden una postura que, en su opinión, “es también la mejor para el interés general de España”. 

A pesar de que en el documento consensuado entre ambos países se evitan menciones explícitas a asuntos especialmente espinosos para Marruecos, sí aparece detallada la nueva postura española sobre el Sáhara que al Ejecutivo de Sánchez le ha supuesto una crítica unánime del conjunto de fuerzas parlamentarias. Sin ir más lejos, esa postura queda reflejada en el punto número 1: “España reconoce la importancia de la cuestión del Sáhara Occidental para Marruecos, así como los esfuerzos serios y creíbles de Marruecos en el marco de las Naciones Unidas para encontrar una solución mutuamente aceptable. En este sentido, España considera la iniciativa de autonomía marroquí, presentada en 2007, como la base más seria, realista y creíble para resolver este diferendo”. 

Fuentes diplomáticas consultadas por infoLibre sostienen que lo que hace España es “ponerse al servicio del enviado especial de la ONU” en la búsqueda de una salida que sea mutuamente aceptable, volviendo a ser nuestro país “un activo en la búsqueda de un acuerdo entre Marruecos y el Frente Polisario”. Esas mismas fuentes sostienen que un apoyo incondicional a la autodeterminación del pueblo saharaui se ha demostrado una postura que solo contribuye a un bloqueo de consecuencias indeseables para todas las partes. “Y 46 años son demasiados”, concluyen. 

La nueva etapa emprendida oficialmente este jueves en Rabat quedará sellada con una Reunión de Alto Nivel (RAN) entre ambos países antes de final de año. Según fuentes del Ejecutivo español el objetivo es llevar a cabo una actualización del Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación, firmado en 1991, que pueda dotar de estabilidad “los próximos 40 años” de relaciones bilaterales. 

Estos son los puntos acordados este jueves por España y Marruecos como hoja de ruta para la relación entre ambos países:

1. España reconoce la importancia de la cuestión del Sáhara Occidental para Marruecos, así como los esfuerzos serios y creíbles de Marruecos en el marco de las Naciones Unidas para encontrar una solución mutuamente aceptable. En este sentido, España considera la iniciativa de autonomía marroquí, presentada en 2007, como la base más seria, realista y creíble para resolver este diferendo.

2. Los temas de interés común serán tratados con espíritu de confianza, a través de la concertación, sin recurrir a actos unilaterales o hechos consumados.

3. La plena normalización de la circulación de personas y de mercancías se restablecerá de manera ordenada, incluyendo los dispositivos apropiados de control aduanero y de personas a nivel terrestre y marítimo.

4. Las conexiones marítimas de pasajeros entre los dos países se restablecerán de manera inmediata y gradual hasta la apertura de todas las frecuencias. 

5. Con este mismo enfoque se iniciarán los preparativos para la operación Paso del Estrecho/Marhaba. 

6. Se reactivará el grupo de trabajo sobre delimitación de espacios marítimos en la fachada atlántica, con el objetivo de lograr avances concretos. 

7. Se iniciarán conversaciones sobre la gestión de los espacios aéreos. 

8. Se relanzará y reforzará la cooperación en el ámbito de la migración. El Grupo Permanente Hispano-Marroquí sobre Migraciones se reunirá próximamente. 

9. La coordinación en el marco de las respectivas presidencias del proceso de Rabat, durante el período 2022-2023, se realizará de forma que se ponga de relieve la cooperación ejemplar que mantienen los dos países en este ámbito, en beneficio de un enfoque global y equilibrado del fenómeno migratorio. 

10. Se reactivará la cooperación sectorial en todos los ámbitos de interés común: económico, comercial, energético, industrial y cultural, entre otros. 

11. La facilitación de los intercambios económicos y las conexiones entre los dos países será objeto de una próxima reunión. 

12. El ámbito de la educación, la formación profesional y la educación superior será prioritario en esta nueva etapa. Se establecerá un grupo de trabajo específico con este objeto. 

13. Se fortalecerá la cooperación cultural. Se constituirá un grupo de trabajo sectorial en el ámbito de la Cultura y el Deporte. Se dará un nuevo impulso al Patronato de la Fundación Tres Culturas. 

14. Los informes de actividad de las reuniones y Grupos de Trabajo establecidos o reactivados se presentarán a la Reunión de Alto Nivel. 

15. Los dos países iniciarán conversaciones sobre la actualización del Tratado de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación de 1991, sobre la base de los principios, parámetros y prioridades que deben guiar sus relaciones bilaterales en los años venideros. 

16. Su Majestad el Rey Mohamed VI y el Presidente del Gobierno de España, Excmo. Sr. D. Pedro Sánchez, designarán un comité encargado de la puesta en práctica de la presente declaración en un plazo de tres meses.

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de la actualidad de este jueves 7 de abril, marcado de nuevo por la guerra de Ucrania. La actualidad también pasará por la visita que hará Pedro Sánchez a Marruecos, donde se verá con el rey Mohamed VI tras mantener una reunión con el nuevo líder del PP, Alberto Núñez Feijóo:

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha conversado este jueves con el rey Mohamed VI, sobre las relaciones entre España y Marruecos. Se trata de la primera conversación entre ambos líderes después del acuerdo que puso fin a la crisis diplomática iniciada el año pasado. Esta comunicación entre ambos líderes se produce una semana después de que se diera a conocer este acuerdo alcanzado entre Madrid y Rabat para poner fin a la crisis diplomática iniciada hace un año después de que España acogiese al dirigente del Frente Polisario, Brahim Ghali.

Estaba previsto que este mismo viernes el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, viajara a Rabat. Sin embargo, ha decidido cancelar este jueves su viaje y acudirá acompañado de Sánchez, según fuentes diplomáticas recogidas por Europa Press, después de que en la llamada con Mohamed VI, el rey lo invitase personalmente a visitar "en próximos días" Marruecos.

En Moncloa no confirman fecha pero en cualquier caso el viaje coincidirá con el Ramadán, que comienza este sábado y que es un momento especialmente señalado para los musulmanes. El hecho de que el presidente del Gobierno se desplace a Marruecos en el mes sagrado confiere a la visita mayor relevancia. De hecho, esta no será la primera visita oficial española que Mohamed VI reciba en Ramadán, ya que en julio de 2014, semanas después de su proclamación el rey Felipe VI junto a la reina Letizia realizaron un viaje a Marruecos.

Sánchez ha informado al respecto en un mensaje en Twitter, recogido por Europa Press, en el que ha escrito: "He conversado con S.M. el rey Mohamed VI sobre las relaciones entre España y Marruecos. Lanzamos una hoja de ruta que consolida la nueva etapa entre dos países vecinos, socios estratégicos, basada en la transparencia, el respeto mutuo y el cumplimiento de los acuerdos".

En el comunicado de Moncloa, el Gobierno insiste en que esta nueva etapa estará basada en "la transparencia y la comunicación permanente, el respeto mutuo, el cumplimiento de los acuerdos firmados por ambas partes, así como la abstención de toda acción unilateral para estar a la altura de la importancia de todo lo que compartimos y evitar futuras crisis entre nuestros dos países".

El Ejecutivo también recuerda que asume las relaciones con Marruecos como un asunto de Estado ya que el país es "un socio estratégico indispensable" para España y para la UE en "aspectos como el control de la migración, la lucha antiterrorista y las relaciones económicas y comerciales". Asimismo, también explica que el rey Felipe VI ha sido informado de los detalles de la conversación.

Por su parte, Mohamed VI ha agradecido a Sánchez la carta en la que España reconoce el plan de autonomía sobre el Sáhara Occidental, sin desvelar por ahora ninguno de los compromisos esgrimidos por Moncloa para justificar el giro como las garantías en materia de "integridad territorial". También el rey de Marruecos ha reconocido que se abre "una nueva etapa basada en el respeto mutuo, la confianza recíproca, la concertación permanente y la cooperación franca y leal", según un comunicado de la Casa Real difundido por el Ministerio de Exteriores marroquí.

Mohamed VI espera que los gobiernos de ambos países puedan trabajar para que este nuevo acercamiento se traduzca en "acciones concretas", con una "hoja de ruta ambiciosa" que Rabat hace extensiva a "todas las cuestiones de interés común".

La nota de Mohamed VI, sin embargo, sigue sin aludir a compromisos concretos por parte de Rabat, dejando fuera por tanto las garantías sobre "la estabilidad, la soberanía, la integridad territorial y la prosperidad" que Moncloa dio por sentado el 18 de marzo, cuando Marruecos hizo pública la carta de Sánchez. En esta misiva, el líder del Ejecutivo le comunicó al monarca el cambio en la postura que España venía manteniendo en las últimas décadas respecto al Sáhara Occidental, al aceptar la propuesta de autonomía promovida por Marruecos desde 2007 como "la base más seria, creíble y realista para la resolución de este diferendo", según rezaba el texto.

"Reconozco la importancia que tiene la cuestión del Sáhara Occidental para Marruecos y los esfuerzos serios y creíbles, en el marco de Naciones Unidas, para encontrar una solución mutuamente aceptable. En este sentido, España considera que la propuesta marroquí de autonomía presentada en 2007 como la base más seria, creíble y realista para la resolución de este diferendo". Con esas palabras, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dio el vuelco histórico en la política exterior española a cuenta del Sáhara. Según la carta enviada por el líder del Ejecutivo al rey de Marruecos, Mohamed VI, a la que ha tenido acceso El País, España plantea a Marruecos abstenerse de "toda acción unilateral" para evitar "futuras crisis" entre los dos países.

La misiva fue enviada al rey de Marruecos el pasado 14 de marzo, cuatro días antes de que la Casa Real marroquí la hiciera pública parcialmente. En ella, Sánchez repite hasta tres veces que la apuesta de España es establecer una "nueva relación" con el país, con el que ha mantenido una crisis diplomática de alrededor de 10 meses. Todo comenzó con la decisión de acoger al líder del Frente Polisario, Brahim Gali, que fue hospitalizado en Logroño para tratarse de un caso grave de covid sin informar de esta decisión a las autoridades marroquíes. "Tiene mi garantía de que España actuará con la absoluta transparencia que corresponde a un gran amigo y aliado", promete ahora Sánchez.

Y pide reciprocidad. El objetivo, subraya en la carta recogida por El País, es "construir una nueva relación basada en la transparencia y la comunicación permanente, el respeto mutuo y el respeto a los acuerdos firmados por ambas partes y la abstención de toda acción unilateral, para estar a la altura de la importancia de todo lo que compartimos y para evitar futuras crisis entre nuestros países".

La misiva también apunta a la necesidad de "afrontar juntos los desafíos comunes; especialmente, la cooperación en la gestión de los flujos migratorios en el Mediterráneo y el Atlántico" y a la de "restablecer la plena normalidad en la circulación de personas y bienes, en beneficio de los dos pueblos". Así, el presidente del Gobierno recuerda la entrada irregular de más de 10.000 marroquís en Ceuta el pasado mes de mayo y los recientes saltos a la valla de Melilla, algo que ha evidencia el uso de la inmigración como arma de presión por parte de Marruecos. "Todas estas acciones", subraya Sánchez, "se llevarán a cabo con el fin de garantizar la estabilidad e integridad territorial de nuestros dos países".

Para finalizar, el presidente del Gobierno desea un encuentro entre los ministros de Exteriores de ambos países para reestablecer las relaciones y comenzar a trabajar por esa "comunicación permanente". "Espero que nuestros dos ministros fijarán de común acuerdo una fecha para la visita del Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación a Rabat, con el fin de empezar a trabajar para construir conjuntamente esa nueva relación entre nuestros dos países", concluye.

Asimismo, durante su visita a la ciudad de Ceuta, a la que seguirá Melilla, Sánchez ha asegurado este miércoles que ha seguido la posición de otros países europeos sobre el apoyo del plan marroquí para el Sáhara, como Francia y Alemania, pero no ha aclarado si tiene garantías de Marruecos sobre Ceuta y Melilla. Tampoco ha respondido a la pregunta de si había informado a Argelia del cambio de posición de su Gobierno.

El jefe del Ejecutivo ha justificado sus decisiones en que la situación con Marruecos era insostenible y había que resolverla ya. Ha argumentado que en la nueva postura sobre el Sáhara "el Gobierno ha seguido la posición que también han manifestado otras naciones muy potentes de la Unión Europea como Francia y Alemania". Ha alegado, en este sentido, que la propia Comisión ha respaldado la nueva posición de España con la excolonia. "No deja de ser una de las propuestas recogida en las resoluciones de ONU", ha remachado.

En cualquier caso, Sánchez considera que "al fin y a la postre" se reconoce que tienen que ser las partes afectadas en este conflicto las que acuerden la solución.

Abdulah Arabi, el delegado del Frente Polisario en España, no oculta su decepción con la actitud del Gobierno español después de que este viernes Marruecos revelase la apuesta de España por la autonomía del Sáhara y rompiese así su tradicional equidistancia para resolver el conflicto que vive su antigua provincia desde hace casi medio siglo.

¿Les avisó el Gobierno español de lo que iba a hacer?

No, para nada. Pero tampoco era de esperar, si casi la mitad del Gobierno no lo sabía. Me imagino que son cosas que se coordinan más con la otra parte [en referencia a Marruecos]. 

Es extraño, ¿no? Porque ustedes son la parte más afectada.

Me atrevería a decir que ellos interpretan que no ha habido ningún cambio. Que simplemente han expresado que esa opción [la autonomía del Sáhara dentro de Marruecos] podría ser la solución. Pero desde luego el lenguaje utilizado significa que apuestan por eso como la única solución.

El Gobierno español sostiene que la vía que se abre sobre el Sáhara es la que ya defendieron en las Reuniones de Alto Nivel los gobiernos de Zapatero y de Rajoy, que está condicionada al acuerdo de las partes y siempre respetando las resoluciones de la ONU. ¿Está dispuesto el Frente Polisario a explorar esa vía que se abre?

Son conversaciones bilaterales con Marruecos y me imagino que para tener acuerdos tuvieron que vender algo a Marruecos. Lo que le venden es eso, que ellos apoyan la autonomía. Pero, desde luego, en Naciones Unidas y en sus pronunciamientos públicos España siempre había defendido el marco de la centralidad de las Naciones Unidas. Y eso se contradice enormemente con la autonomía. La autonomía es solamente una opción propuesta por Marruecos frente a la independencia. Apostar por la primera es abandonar la segunda.

Pero el Gobierno de Pedro Sánchez dice que mantiene la política de Zapatero y de Rajoy.

Rajoy no, pero Zapatero sí que ha defendiendo la autonomía, no lo ha ocultado. Ha ido a las ciudades ocupadas del Sáhara Occidental. Pero eso es ponerse al lado de Marruecos. 

El plan de paz firmado en 1991 y en vigor hasta el 13 de noviembre de 2020 recoge las dos opciones. Es un referéndum de autodeterminación en el que nosotros, generosamente, hemos hecho la concesión de pasar de reclamar única y exclusivamente la independencia a aceptar que la otra parte, Marruecos, proponga su alternativa, que es la autonomía. 

El plan de paz recoge esas dos opciones como base de un referéndum mediante el que el pueblo saharaui tenga la opción de decidir entre la independencia que defiende el Frente Polisario y la autonomía que propone Marruecos. Quedarse con una de ellas por parte de España, potencia administradora, responsable política y jurídicamente de la situación del Sáhara, cuando el marco legal ya está diseñado y pactado, es apostar por una parte y por una sola solución. 

Por lo tanto, España está intentando imponer la opción de una de las partes como única solución al conflicto del Sáhara Occidental. Ahí es donde está el cambio de postura de del Gobierno de España. Con respecto a Naciones Unidas, pero también con respecto a un consenso que ha existido en la política exterior española en los últimos 46 años. Los partidos que se han alternado en el poder siempre han respetado ese marco legal. 

Apostar por la autonomía es lo que venía pidiendo Marruecos desde la época de Zapatero, diciendo también que no van a aceptar el referéndum de autodeterminación. Es la postura de la parte agresora, del invasor. Algunos países no se han atrevido a decirle [a Marruecos] que eso está mal y han intentado complacerle, pero no de manera pública y destacada como ha hecho España.

¿Teme el Polisario que el cambio de opinión de España abra la puerta a una modificación de la posición del conjunto de la Unión Europea?

No lo creo, porque para eso primero tienen que pasar muchas cosas, como sacar el tema del Sáhara Occidental de la cuarta comisión de Naciones Unidas que se ocupa de la descolonización. En todo caso, la autonomía como única solución se contradice con ese espíritu que tienen ahora los países de la Unión Europea que intentan defender precisamente la legalidad internacional, la no agresión, la no invasión, ante una guerra que estamos viendo en Europa. 

La posición de España pone en evidencia su hipocresía. Lo que defiende en un sitio lo intenta ignorar en el otro. Quita cualquier contenido al discurso que hemos escuchado de los políticos españoles en los últimos días. 

 ¿Se sienten traicionados por el Gobierno español por la “nueva etapa” que ha abierto en las relaciones con Marruecos?

El pueblo saharaui ha sufrido muchas traiciones en estos 46 años. Esta es una más y realmente es, sobre todo, una traición al compromiso de solidaridad y de apoyo al pueblo saharaui que tiene una gran parte de la sociedad española. 

Es una decisión no sólo equivocada sino que tiene como único objetivo por parte del Gobierno de España pagar un peaje para intentar recuperar sus relaciones con Marruecos. Nosotros tenemos la determinación total de continuar con nuestra lucha.

Se supone que Argelia mantiene una comunicación fluida con España. ¿Les consta que Argelia apoye o al menos haya estado informada de los acuerdos anunciados por Marruecos y España para abordar el futuro del Sáhara?

La postura de Argelia es clara: apoya la independencia del pueblo saharaui y el marco de Naciones Unidas. Son principios inamovibles de su política exterior y no han cambiado. Ahora bien, es un socio estratégico para España, sobre todo en plena crisis energética mundial. Argelia es un país muy serio, que respeta sus compromisos y sus acuerdos. Nosotros entendemos que seguirá defendiendo la causa saharaui con más ahínco, pero también seguirá trabajando por sus relaciones bilaterales con los países de la Unión Europea, incluida España.

¿Qué espera de los acontecimientos en los próximos días?

Hemos expresado al Gobierno español que inclinarse hacia una parte es traicionar el marco de las Naciones Unidas y de la legalidad internacional. España, como Gobierno, se autoexcluye de cualquier posibilidad de moderación entre las partes y sobre todo del apoyo al esfuerzo del actual enviado especial de las Naciones Unidas. España se inclina hacia Marruecos en aras de garantizar el restablecimiento de las relaciones bilaterales entre los dos países. Nosotros no tenemos nada en contra de esas buenas relaciones, pero entendemos que, una vez más, lamentable y tristemente, se ha hecho sacrificando al pueblo saharaui. 

El Gobierno ha anunciado este viernes el inicio de una "nueva etapa" en la relación con Marruecos basada en el respeto mutuo y con la vista puesta en garantizar tanto la estabilidad como la integridad territorial de ambos países, informa Europa Press.

Así lo ha manifestado Moncloa en un comunicado después de que el Palacio Real alauí haya informado de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha enviado una carta al rey Mohamed VI en la que manifiesta que el plan de autonomía para el Sáhara Occidental planteado por Marruecos constituye "la base más seria y realista" para lograr una solución a este conflicto.

"Hoy iniciamos una nueva etapa de la relación con Marruecos basada en el respeto mutuo, el cumplimiento de los acuerdos, la ausencia de acciones unilaterales y la transparencia y comunicación permanente", ha asegurado el Gobierno, que en ningún momento menciona la cuestión del Sáhara ni confirma lo apuntado por Rabat en cuanto a la postura española sobre el plan de autonomía.

La nueva etapa en la relación se desarrollará en el marco de "una hoja de ruta clara y ambiciosa" y "todo ello para garantizar la estabilidad, la soberanía, la integridad territorial y la prosperidad de nuestros dos países", ha puntualizado Moncloa, que utiliza términos muy similares a los empleados en su comunicado por el Gobierno marroquí.

Asimismo, ha reiterado la determinación de los dos países de "afrontar juntos los desafíos comunes, especialmente la cooperación en la gestión de los flujos migratorios en el Mediterráneo y en el Atlántico, actuando siempre con un espíritu de total cooperación, y restablecer la plena normalidad en la circulación de personas y bienes, en beneficio de nuestros pueblos".

El Gobierno apunta así a la eventual reapertura de los pasos fronterizos con Ceuta y Melilla. En el verano de 2018, Rabat procedió al cierre unilateral de la frontera comercial entre Melilla y Marruecos, mientras que a finales de 2019 optó por endurecer los controles contra el contrabando en la frontera con Ceuta. También cabe esperar que se retome el tráfico marítimo, tras dos años sin que se haya producido la tradicional operación de Paso del Estrecho.

Por último, el Ejecutivo ha mostrado su "satisfacción" por "la programación del viaje del presidente del Gobierno para desarrollar la hoja de ruta de esta nueva etapa, así como la invitación para que el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación visite Rabat antes de final de mes", adelantadas por el Gobierno marroquí.

En este sentido, fuentes gubernamentales han indicado a Europa Press que Albares viajará a Rabat antes del 2 de abril mientras que el viaje de Sánchez tendrá lugar "posteriormente".

España y Marruecos iban a celebrar una Reunión de Alto Nivel (RAN) a mediados de diciembre de 2020 pero la cita quedó aplazada por la pandemia de covid-19. El estallido de la crisis diplomática por la acogida del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, en abril, a la que siguió la entrada masiva de migrantes en Ceuta en mayo y la llamada a consultas de la embajadora marroquí han impedido que se fijara una nueva cita hasta la fecha.

Está por ver si el próximo viaje del presidente del Gobierno al país vecino será una visita oficial o si por otra parte se producirá en el marco de una cumbre en la que participen también otros miembros del Ejecutivo, como era la previsión en 2020.

Los marroquíes están llamados este miércoles a las urnas para decidir indirectamente la composición del futuro Gobierno. Votarán en unas elecciones marcadas por la pandemia y en las que el Partido de la Justicia y el Desarrollo (PJD), de corte islamista, aspira a contener su aparente pérdida de popularidad y los daños colaterales de la nueva normativa para lograr un tercer mandato, según informa Europa Press.

Más de 17 millones de marroquíes se han inscrito para participar en una histórica jornada que, por primera vez, implicará elegir en un único día no solo a los miembros de la Cámara de Representantes, sino también a autoridades regionales y municipales.

El foco de interés, en cualquier caso, estará puesto en los comicios legislativos, a los que concurren más de una treintena de partidos. La eliminación del umbral mínimo de votos para obtener representación y la introducción de un nuevo cociente en el reparto de escaños teóricamente favorecerá la atomización de la Cámara.

El cambio de coeficiente complicará que un partido obtenga más de un diputado por circunscripción. "Al cambiar las reglas de cálculo, ningún partido político podrá tener matemáticamente más de 100 escaños, menos del 25% del total, lo que hace muy difícil que haya un claro ganador", explica la investigadora Rania Elghazouli en un artículo publicado por la Friedrich Naumann Foundation. Así, nadie duda a estas alturas de que de nuevo será necesario un pacto entre distintas formaciones para gobernar, en la medida en que ya es así desde el año 2011.

El PJD lleva dos décadas encabezando el Ejecutivo y quiere repetir, de nuevo con Saadeddine Othman como abanderado de la formación que en su día lideró Abdelilá Benkirane. Enfrente tendrá al Partido Autenticidad y Modernidad (PAM), que actualmente es la segunda fuerza con mayor representación en la Cámara, y a la Agrupación Nacional Independiente (RNI) que lidera Aziz Ajanuch, en cuyas manos estaría la mayor fortuna de Marruecos.

Otro de los cambios introducidos tiene que ver con la igualdad de género, ya que no serán 60 sino 90 los escaños que estarán reservados a mujeres en la próxima legislatura, de un total de 395. Sin embargo, ninguno de los principales partidos aspira a tomar las riendas con una mujer como cabeza de cartel.

Pendientes de la participación 

Las elecciones llegan tras un verano de récords en cuanto a los contagios de coronavirus, con cifras inéditas desde el inicio de la pandemia -picos superiores a los 10.000 positivos diarios-. El reino alauí aún tiene unos 47.000 casos de covid-19 activos y avanza hacia los 900.000 en términos globales.

La celebración simultánea de distintas elecciones entronca con el interés de las autoridades de alentar la participación, si bien la jornada se desarrollará aún bajo una emergencia que, por ejemplo, establece restricciones a la movilidad a partir de las 21.00 horas. En 2016, la participación ya fue inferior al 43%. Además, este mismo lunes, el Ministerio de Educación ordenó aplazar al 1 de octubre el arranque del curso escolar, con la esperanza de que para entonces los contagios estén ya más contenidos. Más de 15 millones de personas han completado la pauta de vacunación en Marruecos, según datos oficiales recogidos por la agencia MAP.

Otro factor que amenaza la participación tiene que ver con la aparente desconfianza que ha cundido entre la ciudadanía hacia los partidos, a pesar de que el PJD ha permanecido teóricamente limpio de casos de corrupción. Según un sondeo publicado este año por el Instituto de Estudios Sociales y Mediáticos de Marruecos, alrededor de seis de cada diez marroquíes no se fían ni de los partidos y de sus programas.

Pase lo que pase, tampoco se prevén grandes cambios en la política de Marruecos, que sigue girando al ritmo que le marca el rey, Mohamed VI, a pesar de los cambios introducidos en la Constitución para aplacar posibles revueltas derivadas de la Primavera Árabe de 2011. No en vano, dependen directamente del monarca departamentos clave como Interior o Exteriores.

El rey Mohamed VI de Marruecos ha trasladado este viernes su intención de inaugurar una "nueva etapa inédita" en sus relaciones con España, construida sobre la base de la "confianza, la transparencia, el respeto mutuo y la honra de los compromisos". En un discurso a la nación pronunciado con motivo del 68º aniversario de la Revolución del Rey y del Pueblo, el monarca marroquí ha señalado que espera continuar "trabajando" con el Gobierno de España, después de la "crisis inédita" en las relaciones entre ambas naciones, según ha recogido la agencia de noticias oficial marroquí, MAP.

A juicio de Mohamed VI, esta "crisis" ha "sacudido fuertemente la confianza mutua" y "ha planteado numerosos interrogantes sobre su destino". En este sentido, ha defendido que Marruecos ha trabajado con la parte española en "un clima de total sosiego, transparencia y responsabilidad".

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El mandatario ha asegurado que ha seguido "personalmente y de manera directa" la "marcha del diálogo y el desarrollo de las discusiones" con España y ha sostenido que el objetivo del reino alauí "no consistió únicamente" en superar la crisis, "sino en hacer de la misma una ocasión para revisar los fundamentos y los determinantes que gobiernan" las relaciones entre Madrid y Rabat.

"Así pues, además de los tradicionales puntos constantes (...) hoy velamos por consolidarlas mediante la comprensión conjunta de los intereses de los dos países vecinos", ha incidido, antes de subrayar que Marruecos procura establecer relaciones "fuertes, constructivas y equilibradas", sobre todo con sus países vecinos. "Esta es la misma lógica que gobierna nuestra orientación actual con respecto a nuestras relaciones con la vecina España", ha concluido.

"Podemos construir una relación sobre bases mucho más sólidas"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha agradecido las palabras del rey Mohamed VI de Marruecos este viernes en las que trasladaba su intención de inaugurar una "nueva etapa" en las relaciones con España y ha señalado que el Ejecutivo "siempre ha considerado a Marruecos como un aliado estratégico, tanto de España como de la Unión Europea (UE)". Sánchez ha manifestado su agradecimiento al rey marroquí en su comparecencia de este sábado tras la visita al centro de acogida para desplazados afganos en la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid) junto al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen.

"Somos aliados, vecinos y hermanos, y por tanto, damos la bienvenida a esas palabras porque sobre la confianza, el respeto y la colaboración presente y futura podemos construir una relación sobre bases mucho más sólidas que las que hemos tenido hasta ahora", ha aseverado el presidente. "De toda crisis surgen también oportunidades, y esta creo que es una gran oportunidad para redefinir esas relaciones, los pilares sobre los que se sustentan", ha asegurado Sánchez.

Asimismo, el presidente ha agradecido tanto a Charles Michel como a Ursula Von der Leyen sus palabras de apoyo durante aquellos "aciagos días de mayo" y ha señalado que fueron muy reconfortantes.

Marruecos y España vivieron una crisis a raíz del ingreso hospitalario en Logroño del secretario general del Frente Polisario, Brahim Gali. Rabat facilitó la entrada en Ceuta de más de 10.000 migrantes en respuesta, lo que desencadenó una escalada de tensiones entre ambos países. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró que "Marruecos es un socio estratégico" para España y apeló a la "discreción" para no desvelar qué gestiones lleva a cabo el Ejecutivo para recomponer las relaciones bilaterales con el país.