La conselleria del Mar y del Ciclo del Agua del Govern balear ha autorizado la ejecución de la demolición de la piscina, terraza y embarcadero que el periodista Pedro J. Ramírez tiene en las costas de Mallorca en cumplimiento de una sentencia de la Audiencia Nacional.

La información, avanzada por el diario Ara Balears y confirmada este jueves por fuentes la conselleria, ha detallado que la demolición se lleva a cabo a petición del propio Pedro J. Ramírez, que es el encargado de ejecutarla y de tramitar las licencias correspondientes.

En la sentencia, que se conoció en 2021, la Audiencia Nacional anuló dos órdenes del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de 2014 y 2016 por las que se concedió una prórroga de 60 años a la concesión de ocupación de dominio público al periodista Pedro J. Ramírez en relación con su piscina y su parcela de 350 metros cuadrados situada en el dominio público marítimo-terrestre en la llamada Costa de los Pinos, en Son Servera (Mallorca).

La sección primera de lo Contencioso-Administrativo estimó la demanda presentada por el mismo particular que recurrió la concesión administrativa otorgada en 2001 a Pedro J. Ramírez para establecer un embarcadero, terraza y piscina en una zona de dominio público marítimo terrestre.

Al anular las dos órdenes, la Sala acordó la extinción de la concesión administrativa prorrogada, con los efectos legales inherentes a dicha declaración.

Desde la conselleria del Mar y el Ciclo del Agua han precisado que todavía no existen calendarios ni plazos fijados.

Una mujer de 35 años ha sido hospitalizada en estado grave después de ser agredida esta madrugada con un cuchillo por su expareja en Costitx (Mallorca), que ha sido detenida por la Guardia Civil.

Los hechos han ocurrido este domingo hacia las cinco de la madrugada en una casa de campo de Costitx a la que la víctima había acudido para celebrar una fiesta con unos amigos. Cuando la mujer ha accedido al coche para abandonar el lugar, ha sido agredida por su expareja.

La Guardia Civil ha asumido la investigación de lo ocurrido y ha arrestado al sospechoso, de 31 años, tras intentar suicidarse, tal como ha avanzado 'Crónica Balear'.

Como ha informado el instituto armado, al hombre le constaba una orden de alejamiento sobre la víctima, que continua hospitalizada en estado grave. El presunto autor también se encuentra hospitalizado y bajo custodia.

Por su parte, la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, ha condenado en su cuenta de X "con absoluta rotundidad" este nuevo caso de violencia machista que se ha registrado en la isla.

"Todos los servicios del Instituto Balear de la Mujer (IBDona) están desplegados y a disposición de la víctima y su entorno. Todo mi afecto y apoyo a la familia y amistades", ha continuado Prohens en su mensaje.

La presidenta ha recordado a la ciudadanía que si una víctima necesita ayuda o detecta algún riesgo debe llamar al servicio de emergencias 112, mientras que el número del servicio de atención telefónica 24 horas del IBDona es el 900178989.

Por su lado, el 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia se puede contactar con los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062), y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

La dana Alice ha puesto este viernes en aviso rojo áreas de Alicante y Murcia, con precipitaciones de hasta 120 litros por metro cuadrado y más de 100 desalojos en Cartagena aunque sin graves incidencias, mientras que Baleares extrema la precaución.

En algunos puntos del litoral de Cartagena (Murcia) se han registrado 120 litros por metro cuadrado y la dana mantiene hasta la medianoche el máximo nivel de alerta (aviso rojo) aunque en esa comarca y en Mazarrón no se han producido incidencias graves entre las 189 notificadas en el Centro de Coordinación.

Alice ha llevado a esa región lluvias extremas de hasta 60 litros en una hora en Mazarrón y el Campo de Cartagena, y el nivel naranja está activado en el Valle del Segura y en el del Guadalentín, así como en las localidades de Lorca y Águilas.

En Cartagena la cifra de desplazados supera ya el centenar, pues 101 han recibido asistencia municipal tras salir de forma preventiva del camping Villas Caravaning, de la urbanización Bahía Bella y del poblado de Algameca Chica.

En las últimas horas se han registrado lluvias acumuladas de más de 100 litros en Cabo de Palos -donde la Agencia Estatal de Meteorología computaba 134 a las 16 horas-, La Manga del Mar Menor o Playa Honda y más de 65 en Cabezo Beaza, Víctor Beltrí o la plaza de España.

El astillero de Navantia (Cartagena) también ha resultado afectado, si bien mantiene los servicios mínimos imprescindibles. Por otro lado, se ha suspendido la actividad lectiva y de los centros sociales en trece poblaciones.

El delegado del Gobierno de Murcia, Francisco Lucas, ha afirmado que "todos los recursos del Estado están perfectamente coordinados, movilizados y actuando sobre el terreno" y que mientras dure la situación de emergencia, los ríos, ramblas y cauces serán vigilados presencialmente y de forma permanente.

En la Comunidad Valenciana, el aviso rojo solo afecta a la provincia de Alicante. En esa comunidad se han registrado precipitaciones que han acumulado cerca de 100 litros por metro cuadrado en doce horas, con lluvias persistentes y de intensidad muy fuerte.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las precipitaciones, en las últimas doce horas, se acercan a los 100 litros por metro cuadrado en puntos del sur de la Safor como Miramar, con 95,8 l/m2; la Font d,en Carrós con 85,8 l/m2 o Ròtova, con 72,6. La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha constatado que hay una "situación de normalidad" en los embalses y, en cuanto a caudales, no se han detectado registros de superación de umbrales pero existe peligro de crecidas e inundaciones repentinas en cauces y ramblas, por lo que pide "mucha precaución".

Por su parte, en Baleares, el Comité Técnico Asesor del Plan Meteobal ha activado los avisos en toda la comunidad por lluvias y tormentas y ha recomendado limitar las actividades deportivas y sociales al aire libre en Mallorca, Ibiza y Formentera, con chubascos de hasta 60 litros por metro cuadrado (l/m²).

Se ha mantenido la alerta naranja (IG-1) en Ibiza y Formentera y se ha activado en Mallorca, mientras que el caso de Menorca se ha puesto en marcha la amarilla (IG-0).

La previsión contempla lluvias intensas esta noche y madrugada en Ibiza y Formentera, donde podrían registrarse precipitaciones de entre 40 y 60 l/m² por hora, y acumularse hasta 100 l/m² en tres o cuatro horas.

Aunque Alice avanza lentamente, sus efectos llegarán previsiblemente a Mallorca y Menorca, aunque afectará con mayor intensidad a gran parte de la primera isla.

Al igual que en Ibiza, Mallorca podría registrar precipitaciones de 40-60 l/m² por hora y acumulaciones de hasta 100 l/m² en tres o cuatro horas y los servicios de Emergencias han recomendado extremar las precauciones.

El reparto de menores migrantes llegados a Canarias, Ceuta y Melilla entre el resto de comunidades autónomas arrancará esta semana, cuando el Gobierno tiene previsto aprobar un decreto que detallará el número de plazas de acogida que debe tener cada autonomía.

También se aprobará esta semana la situación de contingencia migratoria de aquellos territorios cuya ocupación de recursos triplique su capacidad ordinaria de acogida, como sucede en Canarias y Ceuta, para derivar así a los niños y niñas allí atendidos hacia otras comunidades.

Son los últimos pasos de un mecanismo exigido por Canarias, una redistribución obligatoria entre autonomías, que se demoró meses por la oposición del PP y que, tras un acuerdo con Junts, se estableció a través de una reforma de la ley de extranjería que el Ejecutivo aprobó en marzo y el Congreso refrendó el pasado mes de abril.

El plan es repartir la acogida entre todo el país, aligerando la presión de las zonas fronterizas, para lo que se derivarán a unos 3.000 menores migrantes que se encuentran en zonas como Canarias, Ceuta y Melilla en el plazo de un año.

Además, todos los menores extranjeros no acompañados que lleguen a partir de septiembre a zonas con los recursos tensionados deben ser derivados a otras autonomías en un plazo de 15 días.

Para concretar este mecanismo han sido necesarios otros dos decretos del Gobierno: el del 22 de julio, que detalla el protocolo de traslado, y el que aprobará el Consejo de Ministros este martes y que definirá la capacidad ordinaria de acogida de cada autonomía.

El propósito es que todo esté listo para que la política de derivaciones eche a andar esta semana, el día 28, aunque eso no implica que se efectúen ya los primeros viajes, pues cada derivación conlleva un proceso y se estudia individualmente.

De forma paralela, por una vía distinta, el Gobierno ha iniciado el traslado de un millar menores solicitantes de asilo a los que deberá atender en recursos estatales en la península, siguiendo la orden que le dio el Tribunal Supremo.

El decreto del próximo martes definirá la capacidad ordinaria de cada autonomía, es decir el número de plazas de acogida con las que debe contar cada comunidad, un dato clave para cifrar después el número de migrantes que deberá atender cada territorio.

Para el cómputo de los traslados se tendrán en cuenta parámetros como población (50%), renta per cápita (13 %), tasa de paro (15 %), esfuerzo previo (6 %), dimensionamiento estructural del sistema de plazas (10 %), ciudad fronteriza (2 %), insularidad (2 %) y dispersión (2 %).

En julio, con datos preliminares que no tenían en cuenta el millar de menores solicitantes de asilo de los que tiene que hacerse cargo el Estado, el Gobierno calculaba que las comunidades autónomas que más jóvenes acogerían serían Andalucía, a 677 jóvenes; Madrid, a 647 y la Comunidad Valenciana, a 571.

Le seguían en la lista Castilla-La Mancha, con 320 jóvenes; Galicia, con 317; Aragón, con 251; La Rioja, con 205; Castilla y León, con 197; Extremadura, con 159; Cantabria, con 156; Asturias, con 144; Región de Murcia, con 133; Navarra, con 118 e Islas Baleares con 49.

Con el esfuerzo de acogida realizado hasta la fecha, ni País Vasco ni Cataluña tendrían que acoger a ningún joven, aunque Cataluña anunció su intención de atender como mínimo a 31, el mismo número de chicos que en anteriores campañas de acogida.

Una vez consumados los traslados, Cataluña será la comunidad con mayor número de jóvenes en su sistema, con una importante diferencia respecto a las demás.

La reubicación lleva una financiación asociada de 100 millones de euros para este año.

El Ministerio de Juventud e Infancia sufragará todos los traslados de las personas menores y el Estado cubrirá también los gastos derivados de la acogida durante, como mínimo, los tres primeros meses.

Además, se compensará económicamente la sobreocupación de territorios como Aragón, Baleares, Canarias, Cantabria, La Rioja, Ceuta, Melilla, Navarra y Madrid.

Según las previsiones iniciales del Gobierno, Canarias sería la que más recursos recibiría, 24.268.200 euros, seguida de Madrid, con 15.803.550 euros, y Andalucía, con 8.834.850.

La Comunidad Valenciana, por su parte, recibiría 7.451.550 euros según esta propuesta, y Castilla-La Mancha, 4.176.000, cifra muy cercana a los 4.149.900 euros de La Rioja, los 4.136.850 de Galicia o los 4.097.700 de Islas Baleares.

Este sistema se enfrenta a la oposición frontal de diez comunidades autónomas gobernadas por el PP, que han recurrido ante el Tribunal Constitucional, como también ha hecho Castilla-La Mancha, con un Gobierno socialista.

Además, la Comunidad de Madrid y Baleares han optado por recurrir ante el Tribunal Supremo los últimos decretos aprobados por el Gobierno y el Gobierno balear ha anunciado que pedirá la suspensión cautelar del reparto.

En todo caso, mientras que la ley esté en vigor todas las comunidades autónomas deben cumplirla, según ha recordado en las últimas horas el Gobierno central.

Doce migrantes que viajaban en una patera permanecen desaparecidos después de que, según los testimonios de los ocupantes rescatados, se lanzaran al mar cuando la embarcación navegaba a unas 36 millas náuticas al suroeste de Cabrera, aproximadamente a 60 kilómetros de distancia de la costa, informa EFE.

La Delegación del Gobierno en Baleares ha informado este sábado que a las 18:45 horas de este viernes fueron rescatados catorce migrantes de origen magrebí que viajaban en la misma embarcación, en la que, según los testimonios, se desplazaban 26 personas.

De acuerdo con los rescatados, doce de los ocupantes saltaron al agua y, hasta el momento, se desconoce su paradero.

En las labores de búsqueda participan el Servicio Marítimo de la Guardia Civil con la patrullera Río Gallego, un helicóptero CUCO y efectivos de Salvamento Marítimo. Las tareas de rastreo continúan bajo la coordinación conjunta del Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo.

Por otro lado, los equipos de rescate prosiguen con la búsqueda de tres migrantes de origen subsahariano que desaparecieron el pasado miércoles tras el naufragio de una patera a unas cuatro millas al sur de Mallorca. Como consecuencia del vuelco de la embarcación, un hombre perdió la vida y otro, de 30 años, resultó herido grave.

En lo que va de año, 256 embarcaciones han llegado de forma irregular a las costas de Baleares, transportando a 4.819 migrantes, según el recuento de EFE basado en datos de la Delegación del Gobierno en Baleares.

Durante 2024, arribaron al archipiélago por vía marítima 5.882 migrantes, de acuerdo con el Informe Anual de Seguridad Nacional del Ministerio del Interior.

Sobre este suceso, la presidenta balear, Marga Prohens, ha escrito este sábado en X: "Continúa el drama humano en nuestras costas; nueva patera y doce personas desaparecidas en el mar".

Prohens ha ofrecido a la Guardia Civil y Salvamento Marítimo los medios de la comunidad autónoma para encontrar a estas personas.

"Aunque nos amenacen y nos insulten, esta es la realidad que todavía niega el Gobierno”, ha manifestado Prohens, que ha reiterado su petición a Pedro Sánchez de que emprenda "un cambio drástico en la política migratoria" para frenar la salida de pateras desde Argelia hacia Baleares.

Este sábado, también han sido socorridas en alta mar 16 personas de origen subsahariano, 5 de ellas niños, en una embarcación precaria frente a la costa Alicante. Según han informado fuentes de Cruz Roja, el rescate y atención se inició la pasada noche y se ha prolongado durante la madrugada.

Se trata de 9 hombres (3 de los cuales son menores) y 7 mujeres (de las cuales dos son niñas, de 4 y 5 años que viajaban acompañadas de sus madres).

Las personas rescatadas presentaban un estado de salud delicado con deshidratación, gran debilidad y quemaduras.

Un equipo del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU), ha estado presente en el lugar durante la operación. Se han realizado 9 traslados al hospital de Alicante (por ambulancias de la sanidad pública) por quemaduras de segundo grado, dolor torácico y, en el caso de las niñas, una de ellas por hernia umbilical y otra por deshidratación y alteración de la consciencia

Un hombre ha fallecido, otro de 30 años ha resultado herido grave y tres personas podrían estar desaparecidas tras el naufragio de una patera ocurrido este miércoles en aguas de Mallorca en la que iban 23 inmigrantes, según han relatado los propios rescatados. Los afectados han contado a los sanitarios que llevaban 6 días en el mar a la deriva, ha informado el 061 y recoge EFE.

A las 10:30 de la mañana, una embarcación particular ha rescatado en el mar a un migrante de origen subsahariano y lo ha trasladado al puerto de Portopetro, en el municipio de Santanyí, al sureste de Mallorca, donde ha sido atendido por los servicios médicos, ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares.

En su testimonio, el hombre ha contado que iba junto a otras 22 personas en una patera que naufragó, por lo que se ha activado un dispositivo de búsqueda y rescate con el Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil y el Servicio Aéreo, embarcaciones de Salvamento Marítimo y el helicóptero Helimer.

Sobre las 13:55 horas, han localizado a 3 millas al sur de Mallorca una patera donde se encontraban 11 personas con vida y un fallecido.

En el mismo operativo, además, otras 2 personas han sido rescatadas en las inmediaciones por el Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil; otras 3 más por Salvamento Marítimo en una ubicación próxima; y dos rescatados más lo han sido por una embarcación particular.

El balance del operativo de búsqueda ha sido de 19 personas rescatadas con vida y una persona hallada muerta en la embarcación, ha indicado la Delegación del Gobierno.

Del testimonio de los rescatados se desprenden indicios de que puede haber otras 3 personas que presuntamente habrían desaparecido durante la travesía, al abandonar la embarcación para tratar de llegar a la costa a nado.

Las personas rescatadas han pasado a disposición de la Policía Nacional de Palma.

El 061 ha detallado que en total ha atendido a 19 personas, todos ellos adultos: 2 de ellas trasladadas en helicóptero al aeropuerto de Palma y otras 17 por un embarcación de Salvamento Marítimo a Portocolom, en el municipio de Felanitx.

Han trasladado a un herido grave de 30 años al hospital son Espases y a 3 heridos menos graves al Hospital de Manacor. Se trata de un hombre de 21 años, una mujer de 19 años y otra de 28 años.

En cuanto a los otros 15 afectados, han sido asistidos en el mismo lugar donde han desembarcado y donde se ha confirmado el fallecimiento de un hombre.

Miles de personas se han manifestado este domingo en varias ciudades como Barcelona, Palma, San Sebastián y Granada contra el turismo masivo, un modelo que, según denuncian, expulsa a los vecinos de los barrios y dispara el precio de la vivienda.

En el centro de Palma, miles de manifestantes han criticado el turismo de masas en Mallorca que consideran insostenible para el desarrollo local en una protesta que se ha extendido a Ibiza, uno de los destinos más conocidos de Baleares.

"Hay que acabar con la turistificación, decrecer turísticamente y poner límites", dijo a los periodistas Jaume Pujol, portavoz de la plataforma Menys Turisme, Més Vida ('Menos turismo, más vida'), convocante de la protesta en Palma, secundada por más de 90 organizaciones.

Con pancartas en catalán y en inglés (con mensajes como "Rich foreign property buyers go to hell", que en español quiere decir 'Compradores ricos de propiedades, idos al infierno'), los convocantes exigen medidas como prohibir el alquiler vacacional, reducir el número de vuelos a las islas y mantener la moratoria a los megacruceros, entre otras.

En San Sebastián, las consignas a favor de la vivienda como un derecho y en contra del turismo masivo se han alternado hoy en una manifestación en la que alrededor de medio millar de personas ha rechazado el modelo turístico y urbanístico de una ciudad que, según han destacado, se halla "en emergencia habitacional".

A la marcha, convocada por la plataforma por el decrecimiento turístico Bizilagunekin, se han adherido 48 asociaciones, sindicatos y colectivos ciudadanos que consideran que la falta y la carestía de la vivienda en Donostia están directamente relacionadas con una industria turística "fuera de control".

Alrededor de medio millar de personas se han sumado a la protesta, que ha partido del Paseo de la Concha tras dos pancartas, la primera reclamando el "stop" a la "turistificación" y la segunda "una vivienda digna".

Antes del comienzo de la manifestación, Eihar Egaña, portavoz de Bizilagunekin, ha dicho a los periodistas que este "es un problema transversal" que afecta a muchos lugares en el mundo, a ciudades como Venecia, Lisboa y Barcelona que, como San Sebastián, han respondido al llamamiento realizado por la red SET del Sur de Europa frente a la "turistificación".

Precisamente, en Barcelona este domingo unas 600 personas, según la Guardia Urbana, se han manifestado para protestar contra el turismo masivo en la ciudad, en una marcha que los Mossos d'Esquadra han impedido llegar a las inmediaciones de la Sagrada Familia.

Convocados por la Asamblea de Barrios por el Decrecimiento Turístico, los manifestantes se han concentrado en los Jardines de Salvador Espriu, conocidos popularmente como los Jardinets de Gràcia, y han proseguido su marcha por el Passeig de Gràcia en dirección mar.

A la protesta, que se ha convertido en un clamor contra el reciente anuncio del proyecto de ampliación del aeropuerto de El Prat impulsado por el Govern, han acudido cargos de Comuns y de la CUP.

Durante la protesta, los manifestantes han exhibido carteles con lemas como "pan, techo futuro", "el turismo nos roba" o "un turista más, un vecino menos", y han proferido cánticos contra los turistas, como "mires donde mires, todo son guiris".

En Granada, varios cientos de personas se han sumado este domingo a las protestas convocadas en el Mirador de San Nicolás de Granada por la plataforma Albayzín Habitable, un movimiento ciudadano que clama contra un modelo de turismo "depredador" y exige medidas para que no se expulse a los vecinos del barrio.

El Albaicín, declarado Patrimonio de la Humanidad, dedica una de cada cuatro de sus viviendas a uso turístico, unas cifras que la plataforma ha presentado como ejemplo de la turistificación de un barrio que quiere mantener su esencia.

Pese a las altas temperaturas y al inicio este sábado de la Feria de Granada, cerca de 350 personas, según la organización, se han sumado a una protesta que ha elegido como escenario el Mirador de San Nicolás, un emblema del barrio y también del turismo en Granada.

El portavoz de Albayzín Habitable, César Rodríguez, ha explicado a EFE que la protesta de este domingo sirve para alzar la voz contra un modelo "depredador" que está expulsando a los vecinos del barrio y sirve además para hacer balance de un año de actividades para blindar la "esencia albaicinera".

Los vecinos han lucido pancartas y camisetas con lemas como 'Calle sin vecinos', 'Somos barrio', 'Más residentes, menos clientes' o 'More vecinas, less turistas'. 

Una investigación impulsada por las organizaciones ecologistas ARDE y Satya Animal ha revelado graves deficiencias higiénico-sanitarias en una granja avícola de Llucmajor, en Mallorca, que alberga 136.000 gallinas ponedoras distribuidas en siete naves, según adelantó este lunes elDiario.es y recoge EFE.

Las imágenes y testimonios documentados por ambas entidades muestran cadáveres de gallinas en distintos estados de descomposición, algunos de ellos canibalizados, junto a aves vivas, presencia masiva de ratas y erizos, telarañas, acumulación de plumas y polvo, así como contenedores con restos en estado de putrefacción infestados de gusanos.

Las organizaciones han informado este martes en un comunicado que han presentado a la Fiscalía de Medioambiente de Baleares una denuncia formal por presuntos delitos contra la salud pública y estafa.

A pesar de contar con el sello de bienestar animal Welfair, la granja presenta una situación que ha sido calificada por los denunciantes como una “pesadilla” tanto para los animales como para los vecinos de la zona, según ARDE y Satya Animal.

También se han detectado extintores caducados y puertas cerradas durante al menos seis días, impidiendo el acceso al exterior de las gallinas catalogadas como camperas, lo que vulneraría el reglamento europeo 2023/2465 sobre bienestar animal.

Ambas entidades subrayan que la explotación, la mayor del archipiélago balear en número de aves, fue sancionada en 2024 con una multa de 150.000 euros por carecer de la autorización ambiental integrada desde 2017 y por una inadecuada gestión de excrementos. A pesar de ello, la empresa recibió más de 380.000 euros del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) para la construcción de un centro de clasificación de huevos y continúa operando sin los permisos requeridos.

La portavoz de ARDE, Julia Elizalde, afirma que podrían concurrir indicios de estafa al consumidor, ya que los huevos comercializados como camperos se venden a un precio superior, hasta un 35% más, según la OCU, por garantizar un acceso al aire libre que, en la práctica, no se estaría cumpliendo. Marina Sánchez, presidenta de Satya Animal, alerta de que el sello de bienestar animal se convierte así en "una mera herramienta de marketing".

A nivel sanitario, las organizaciones advierten del riesgo de transmisión de enfermedades zoonóticas como la leptospirosis o la salmonella debido a la convivencia con otras especies animales. La situación también afecta directamente a la población residente de Llucmajor, donde los vecinos han denunciado plagas de moscas, malos olores y problemas de salud como migrañas, vómitos y afecciones respiratorias.

Según Natalia García, vecina de una urbanización cercana, en verano, se encierran en casa para evitar respirar el aire contaminado. Otro vecino, Xisco Amaya, relata que “cuando no hay una atmósfera nauseabunda con amoníaco, está todo lleno de moscas”.

En 2024, asociaciones vecinales denunciaron el vertido de centenares de gallinas muertas en una zanja excavada presuntamente por la propia granja, lo que podría constituir una infracción de la normativa de gestión de residuos biológicos.

Ante esta situación, las asociaciones ecologistas, animalistas y vecinales exigen el cierre inmediato y definitivo de la explotación y apelan a la Ley 21/2013 de evaluación ambiental, que impide autorizar proyectos ya ejecutados que no hayan sido evaluados previamente. Esta legislación podría obligar a la empresa a cesar su actividad, desmantelar las instalaciones y restaurar el entorno afectado.

Buzos de la Guardia Civil se han sumado este jueves al dispositivo de búsqueda del excursionista británico desaparecido en Mallorca para inspeccionar las pozas del Torrent de Pareis, donde resultó arrastrado tras las lluvias torrenciales del pasado martes. El Grupo de Actividades Subacuáticas (Geas) del instituto armado también se ha unido al operativo de rastreo integrado por especialistas en rescates de montaña de los Bomberos de Mallorca y la propia Guardia Civil, que peina la zona por tierra y aire desde el lugar donde el excursionista cayó al agua hasta la desembocadura en Sa Calobra.

El desaparecido, de 32 años, realizaba el descenso del torrente acompañado por su pareja, otra británica de 26 años cuyo cadáver fue localizado en la mañana del miércoles. Los equipos de rastreo han encontrado en la tarde de este jueves el pantalón que vestía el desaparecido. La Guardia Civil ha comunicado el hallazgo de la prenda entre ramas en una zona intermedia del torrente y la confirmación de que se trataba de la que vestía el hombre, de 32 años, cuando el martes se precipitó en el cauce junto con su pareja.

El sargento de los Bomberos de Mallorca que dirige la intervención de los especialistas de montaña de los parques de Inca y Sóller, Biel Barceló, ha admitido que es "difícil" que el excursionista arrastrado por la tromba de agua haya sobrevivido. "Ayer se hizo todo el recorrido por posibles huecos de escapatoria que tuviera el torrente y hoy ya nos centramos en las pozas", ha destacado. El Torrent de Pareis tiene un cauce muy estrecho y escarpado, con pocas vías de salida hasta su desembocadura, ha explicado el bombero, quien ha subrayado además que las pozas en que pueda haber quedado el desaparecido están llenas de lodo, lo que dificulta su localización.

El portavoz de la Guardia Civil en Baleares, Francisco Molina, ha recordado que el pasado martes, cuando se preveían lluvias torrenciales, se desplegó un dispositivo de prevención que permitió rescatar por la tarde a diez personas atrapadas por la crecida brusca del caudal. Los agentes llevaron a lugar seguro y evacuaron en helicóptero a estos diez excursionistas, que habían coincidido en la misma zona y formaban parte de dos grupos distintos. Dos de los integrantes de un grupo de cinco senderistas eran los británicos desaparecidos, ha apuntado Molina. Esa misma tarde se puso en marcha un dispositivo de búsqueda que localizó el miércoles el cuerpo sin vida de la mujer y que se ha ampliado para tratar de encontrar al hombre.

El portavoz de la Guardia Civil ha lamentado que "mucha gente no consulta los partes meteorológicos antes de salir a la montaña" y ha recordado que quienes realizan este tipo de rutas deben ir bien equipados, conocer el terreno, llevar agua y teléfono móvil cargado y dar cuenta de sus planes a sus allegados por si tienen algún contratiempo. Ha remarcado que el Torrent de Pareis es "muy peligroso" cuando el cauce se llena por las lluvias, puesto que prácticamente solo permite salir por la desembocadura.

Al caer la noche se han suspendido hasta el viernes a primera hora los trabajos de búsqueda que durante toda la jornada han llevado a cabo agentes especializados de la Guardia Civil y de los Bomberos de Mallorca.

Una excursionista británica fallecida y su acompañante desaparecido, rescates en viviendas por inundaciones y retrasos en el transporte son las consecuencias de las fuertes lluvias que están descargando en las últimas horas en buena parte de España, en especial en Baleares, Cataluña y Comunidad Valenciana, informa EFE.

La mujer fallecida tenía 26 años y el hombre que le acompañaba y que continúa desaparecido a esta hora, 32: ambos se encontraban practicando senderismo con un grupo de personas en la zona del Torrent de Pareis donde les sorprendió la tormenta de lluvia y viento que ha afectado a la Sierra de Tramontana y otras áreas de Mallorca.

El grupo se acercó al torrente a pesar de la alerta meteorológica y quedó atrapado por la crecida, por lo que agentes del grupo de rescate de montaña de la Guardia Civil tuvieron que intervenir a última hora de la tarde del martes para evacuar a un total de diez personas, que alertaron de la desaparición de las otras dos, arrastradas por la tromba de agua.

Los equipos de búsqueda se vieron forzados a suspender el operativo por falta de luz al final de la jornada y, tras reanudarlo esta mañana, el servicio de coordinación de emergencias 112 y la Guardia Civil informaron del hallazgo del cadáver de la senderista, mientras que la búsqueda de la otra persona ha sido suspendida de nuevo este mediodía por la intensidad del temporal. En la tarde de este miércoles la búsqueda se ha reanudado tras pasar el peligro de las tormentas.

La alerta naranja señalada por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) afecta este miércoles a todo el archipiélago balear donde, hasta las 21.30 horas del martes, se habían registrado un total de 135 incidentes, la mayoría por inundaciones de plantas bajas y caídas de árboles, según los datos de Emergencias, aunque también se sucedieron cortes intermitentes por inundaciones y caídas ramas y muros de piedras en diversas carreteras y localidades.

A lo largo del día de hoy, las operaciones en los aeropuertos de Baleares siguen acumulando retrasos generalizados tanto en las salidas como en las llegadas en Palma, Ibiza y Menorca, con lluvias de entre 50 y 90 litros por metro cuadrado y rachas de viento de entre 90 y 120 kilómetros por hora.

Las lluvias descargan también en otros puntos de España como Hellín (Albacete), donde una fuerte tromba que descargó anoche obligó a los bomberos de la Diputación a rescatar a seis vecinos que habían quedado atrapados en tres vehículos y en el interior de una vivienda, en todos los casos en zonas de rambla.

Los bomberos llevaron a cabo 26 salidas relacionadas con la tormenta, que dejó hasta 90 litros por metro cuadrado, de los que 77 cayeron tan sólo en una hora, según los datos de AEMET, además de otras motivadas por achiques de agua en lugares inundados por la tormenta, así como por un cortocircuito en un cableado a consecuencia del temporal.

La tromba de agua también se registró en otras localidades próximas, como es el caso de Tobarra, donde a lo largo del martes se registraron hasta 73 litros por metro cuadrado, de los que 42 cayeron en solo una hora y, este miércoles las zonas de Hellín y Almansa están en aviso amarillo.

En el caso de Cataluña, se espera que las precipitaciones dejen más de 24 litros de agua en media hora en tormentas de intensidad "torrencial" en puntos concretos que avanzarán de oeste a este y que vienen acompañadas de bajada de temperaturas y descargas eléctricas principalmente encima del mar.

De momento, el Comité de Regatas de la 37 Copa del América ha anunciado en Barcelona el aplazamiento hasta el jueves de la segunda jornada de la segunda vuelta en la Copa Louis Vuitton prevista inicialmente para hoy.

Las incidencias meteorológicas ya impidieron disputar el martes las dos últimas regatas de la jornada del martes y la previsión para hoy anuncia ráfagas de hasta 50 nudos (90 km/h) en alta mar, por lo que la organización ha cancelado también la Rambla de la Copa del América y todas las zonas destinadas a los aficionados.

Esta comunidad autónoma está actualmente en alerta amarilla pero se espera que entre en naranja a partir de las 19:00 horas de esta tarde y a esta hora las lluvias ya han provocado retrasos y algunas cancelaciones de vuelos en el aeropuerto de Barcelona-El Prat de Llobregat.

Aragón, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Murcia también se encuentran ahora mismo en alerta amarilla.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha anunciado este jueves que su departamento trasladará a la Fiscalía General del Estado la actuación del presidente del Parlamento de Baleares, Gabriel Le Senne (Vox), en la que arrancó la foto de Aurora Picornell durante el debate de una ley, según informa Europa Press.

"Se van a trasladar los acontecimientos al Ministerio Fiscal por si pudieran ser constitutivos de un delito penal de odio o de cualquier otra tipificación del orden penal", ha avanzado Torres en declaraciones a los periodistas desde el Senado antes de participar en la Comisión Constitucional de la Cámara Alta. Según ha explicado, los servicios jurídicos del Ministerio han estudiado la actuación del presidente del Parlamento de Baleares y se ha decidido elevarlo a la Fiscalía para que decida si finalmente existe algún delito.

De la misma manera, el ministro Torres ha señalado que también se están estudiando posibles sanciones dentro de la Ley de Memoria Democrática, al margen de que el Grupo Socialista en Baleares puede realizar también otro tipo de acciones contra esta actuación del presidente del Parlamento

Como ya hiciera justo después de esta acción, el ministro Torres ha interpelado al presidente del Parlamento de Baleares reprochándole que su papel al frente de una Asamblea regional no es el de "hacer intervenciones políticas partidarias", sino el de moderar y hacer que se alivie la tensión.

Y es que el pasado martes, durante el debate de la propuesta de Vox de derogar la ley autonómica de Memoria Democrática, el presidente de la Cámara arrancó una fotografía de Picornell del ordenador de la vicepresidenta del Parlamento, la socialista Mercedes Garrido, a la que expulsó de la sala ante la negativa de retirar esta y otras fotografías de víctimas del franquismo.

Posteriormente Le Senne afirmó que no tuvo intención de romper la citada imagen y justificó la expulsión de Garrido y de la también diputada socialista Pilar Costa por su "actitud provocadora".

Ante esto, el ministro Torres cree que sus disculpas son "mejores que no haberlo hecho", aunque ha insistido en que la actuación del pasado martes la ha visto todo el mundo, recalcando que la Fiscalía tendrá que dirimir si constituye algún tipo de delito.

Por su parte, Le Senne ha pedido disculpas por su actitud en el pleno del pasado martes. "Me enfadé e hice lo que no debía", ha dicho. Así se ha expresado este jueves en declaraciones a los medios al finalizar el pleno de comparecencia de la presidenta del Govern, Marga Prohens. Preguntado por los medios, el presidente ha asegurado que no dimitirá, argumentando que tiene el apoyo de la Cámara, igual que cuando fue nombrado.

"No odio a ninguna víctima, ni mucho menos, nunca fue mi intención faltar al respeto a ninguna víctima", ha señalado, considerando que los grupos de la oposición "han exagerado mucho" al abandonar el pleno para unirse a la concentración que pedía su dimisión.

Durante este pleno, Prohens ha expresado su "rechazo y pesar" al inicio de su comparecencia para informar en el pleno de la constitución de la Mesa para un pacto por la sostenibilidad, momento en el que todos los diputados del PSIB, que portaban camisetas con la foto de Picornell, salvo su portavoz, Iago Negueruela, han abandonado la sala.

Para la presidenta, "nunca se puede faltar el respeto a las personas que no están, especialmente si se habla de víctimas, de personas asesinadas y objeto de hechos que no se tendrían que haber producido". Prohens ha insistido en que la imagen del martes "no se ajusta a la realidad de la calle, no es lo que quieren los ciudadanos y no es lo que quiere el Govern".

En su réplica a los grupos, la líder del Govern ha insistido en la cuestión admitiendo que sintió "vergüenza" por lo ocurrido en el pleno con la imagen de Aurora Picornell y ha recalcado que Gabriel Le Senne "es el primero que tiene que hacer una reflexión". La presidenta ha insistido en que "ni minimiza ni justifica lo ocurrido porque no tiene justificación".

Para la presidenta, sin embargo, lo ocurrido el martes no es un hecho aislado y ha lamentado que en los últimos meses se hayan visto demasiados episodios de crispación, faltas de respeto y ataques personales. "La Mesa del Parlament nos representa a todos", ha afirmado.

En las réplicas, el portavoz del PSIB, Iago Negueruela, único diputado socialista, ha dedicado todo su tiempo al incidente del pleno del martes y ha pedido a Prohens que pida la dimisión de Gabriel Le Senne. El socialista ha lamentado que la presidenta del Govern haya perdido la oportunidad de no ser equidistante y de situarse "del lado de los ultras" y de estar "absolutamente alejada de la realidad".

Durante la réplica de Negueruela, la mitad del grupo de Vox, los diputados Sergio Rodríguez, Agustí Buades e Idoia Ribas, han abandonado la sala, aunque han regresado cuando el socialista ha finalizado y tenía que tomar la palabra su portavoz, Manuela Cañadas.

Los diputados de MÉS per Mallorca, a excepción del portavoz, Lluís Apesteguia, tampoco han seguido el debate en la sala de plenos. Apesteguia, precisamente, ha ofrecido a Marga Prohens, "los votos para recuperar la dignidad del Parlament" si el PP apoya la revocación de Le Senne. El ecosoberanista ha lamentado que la líder del Govern, en su intervención, haya obviado la realidad, "cuando lo que se está debatiendo es la calidad de las instituciones".

Fuera del Parlament, unas 450 personas, según la Policía Nacional, se han concentrado este jueves frente a la institución para pedir la dimisión de Le Senne. "Fuera fascista de las instituciones", "Sin el PP no sería president" o "Prohens y Le Senne son lo mismo", son algunos de los cánticos que se han escuchado durante la concentración. Igualmente, los manifestantes se han mostrado contrarios a la derogación de la ley de memoria democrática.

Con camisetas y pancartas con la foto de Aurora Picornell y de les Roges des Molinar, los diputados del PSIB han salido a la calle Palau Reial para pedir la destitución de Le Senne. También se han unido los diputados de MÉS per Mallorca y Unidas Podemos, menos los portavoces, que han abandonado el pleno más tarde al terminar su intervención.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha criticado al presidente del Parlamento balear, Gabriel Le Senne (Vox), por arrancar una foto de Aurora Picornell, mejor conocida como 'La Pasionaria de Mallorca' , en el debate de la toma en consideración de la derogación de la ley de memoria democrática, calificando este hecho de "lamentable" y pidiendo la "total condena de cualquier demócrata", según ha informado Europa Press.

"El presidente de un parlamento es un cargo institucional que está para moderar el debate. Lo que hemos visto es un acto violento rompiendo una foto de personas que han sido fusiladas por defender la libertad y la democracia. Un acto absolutamente aborrecible lo que acaba de ocurrir en el Parlamento Balear, que merece total condena de cualquier demócrata", ha reaccionado Torres en declaraciones a los periodistas desde el Senado.

En este contexto, ha calificado de "penoso" que Le Senne haya arrancado esta foto de 'La Pasionaria de Mallorca' en una "actitud contraria a lo que ha sido la recuperación de la democracia, la defensa de la justicia, la reparación de las víctimas".

"Estoy absolutamente impactado, porque jamás pensé que iba a haber en una institución democrática una cosa semejante. Ha roto la foto de una víctima de la dictadura franquista, de la guerra de España y del golpe ílegítimo e ilegal que nos sumió en la oscuridad de la dictadura durante cuatro décadas. Lamentable", ha sentenciado.

Picornell (1912-1937), modista de profesión, destacó por formar parte de la directiva de la Liga Laica de Mallorca, ser sindicalista y femenista. Además, fue impulsora del Día de la Mujer Trabajadora en la provincial balear.

Al menos cuatro personas han fallecido en el derrumbe de un edificio en Playa de Palma. Las víctimas mortales son dos turistas alemanas de unos 20 años, una trabajadora española de 23 años y un hombre senegalés de unos 44 años. Se han contabilizado además al menos 16 heridos de distinta consideración, según las últimas actualizaciones ofrecidas por los servicios de emergencia que recoge Europa Press. El incidente ha ocurrido en un restaurante de dos plantas alrededor de las 20.30 horas de este jueves en la calle Cartago, 35.

Los 16 heridos -nueve muy graves y siete graves, según el último balance- permanecen ingresados en varios hospitales de Mallorca. En el Hospital Son Llàtzer permanecen ingresadas seis personas, ninguna de ellas en la UCI. Se trata de un paciente con una crisis de ansiedad, dos con traumatismos craneales leves y tres con politraumatismos.

Según ha confirmado la Policía Local entre ellos hay dos jóvenes de 29 años y tres mujeres de 26, 27 y 28 años respectivamente. Todos ellos se encuentran estabilizados, pasando de estar en situación grave a estable. Todos los ingresados en este hospital son de nacionalidad holandesa. Además, el propio jueves por la noche fueron dadas de alta dos mujeres de 27 y 28 años y un hombre de 29 años.

En Son Espases, por su parte, está ingresada una mujer de 26 años con traumatismo torácico, neumonía por aspiración y heridas faciales. Tampoco ha precisado ingreso en UCI. Por su parte, un joven holandés de 35 años que fue ingresado en la Clínica Palmaplanas y no corre ningún tipo de peligro y se encuentra en situación estable. El resto de heridos están ingresados en centros hospitalarios privados.

Según los primeros datos de la investigación, la antigüedad de la estructura del edificio derrumbado en Playa de Palma y un posible sobrepeso en la terraza es seguramente lo que ha provocado el desplome de la infraestructura. En concreto , parece que la terraza de la primera planta se ha venido abajo, seguramente por sobrepeso, y del impacto -de tres o cuatro metros- ha caído sobre una bóveda, que también ha cedido. Debajo, en el sótano, estaba ubicada la zona de los comensales, que es donde se han encontrado más víctimas. Así lo ha explicado este viernes, en declaraciones a los medios de comunicación, el jefe de Bomberos de Palma, Eder García.

Los Bomberos de Palma están investigando cuáles son las posibles causas del siniestro y, de momento, las primeras hipótesis, apuntan a una "causa combinada", según ha precisado. En detalle, todo apuntaría además de a un posible sobrepeso en la terraza a una estructura antigua, ha añadido. Preguntado por la edad del edificio, el jefe de Bomberos de Palma ha dicho "desconocer la edad del edificio" pero, según ha señalado, "la bóveda que cedió es de marés" y ese, ha continuado, "es un material que se utilizaba en construcciones antiguas".

En cuanto a cuánta gente habría en el local en el momento en el que ocurrió el suceso, García ha apuntado que esto también es algo que se está investigando. Si bien, ha comentado que, "cuando tuvo lugar el derrumbe era hora punta" y, teniendo en cuenta la época del año, se puede pensar que el local "suele estar bastante lleno". "En superficie de unos 20 metros cuadrados encontramos 20 víctimas", ha añadido para concretar un poco más lo que se encontraron los servicios de emergencias a su llegada a la zona.

Finalmente, García ha explicado que, en estos momentos, al igual que Bomberos de Palma, policía científica y de homicidios, se encuentran en la zona investigando las posibles causas del siniestro y, a nivel técnico, los técnicos municipales están valorando la estructura del edificio. "En estos momentos, están precintado dos locales. Si bien, se está acabando de valorar si es posible volver a las viviendas o se deja todo el edificio precintado, lo que se decidirá según los técnicos municipales", ha concluido el jefe de Bomberos de Palma.

La presidenta de Balears, Marga Prohens, ha trasladado en un mensaje en redes sociales todo su "afecto y cariño" a las familias de las víctimas y ha deseado también la recuperación de todos los heridos y ha agradecido la labor de los cuerpos de emergencia trasladados al lugar. "Golpeada por la información que me llega del derrumbe de Playa de Palma. Trasladar todo mi cariño y calor a las familias de las cuatro personas que han perdido la vida en este trágico incidente y desear la recuperación de todos los heridos", ha escrito la presidenta.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llamado a la líder del Ejecutivo balear para trasladar su apoyo ante el derrumbe y poner a su disposición todos los medios y efectivos que sean necesarios. "Quiero mandar mis condolencias a las familias de las personas fallecidas y mi deseo de pronta recuperación a los heridos", ha tuiteado.

También la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, ha publicado un mensaje en la red social X, señalando que sigue "con mucha preocupación la tragedia". "Todo mi afecto a los equipos de emergencia que trabajan para recuperar a las víctimas y salvar vidas, y todo mi cariño para las personas afectadas", ha reflejado en su mensaje.

La inmovilización de las propiedades de los oligarcas rusos sancionados por parte del Gobierno español implica que sus dueños no pueden vender, alquilar, ceder o hipotecar el bien que se ha congelado. Tampoco pueden realizar ningún cambio en las sociedades propietarias de esos inmuebles o yates. Pero no siempre consiguen las autoridades verificar quién es el dueño último de esos activos. Según ha podido constatar infoLibre en los registros de la propiedad, algunos de los afectados se han movido para poner a salvo sus bienes. Sus maniobras evidencian agujeros en el sistema por los que se cuelan tanto propiedades como propietarios.

El Confidencial publicó en octubre del año pasado que Sergei Chemezov, presidente del principal consorcio militar ruso (Rostec), cambió el nombre de su yate Valerie por el de Meridian A y trató de abandonar el puerto de Barcelona donde estaba amarrado, hasta que le fue revocado el permiso de salida que en principio se le había concedido y la Guardia Civil lo inspeccionó. Chemezov también es dueño, a través de una sociedad irlandesa, Holytown Limited, de una villa en Estepona (Málaga), a su vez propiedad de Penimar Holdings Limited. Esta sociedad, registrada en las Islas Vírgenes Británicas, figura a nombre de la hijastra, Anastasia Ignatova, y la suegra, Lyudmila Rukavishnikova, del jefe de Rostec. La casa, bautizada como Villa Lapalapa, se encuentra a la venta en un portal inmobiliario llamado Luxury From Owners. Piden 8,4 millones de euros por la mansión de “estilo colonial”: 832 metros cuadrados distribuidos en dos plantas, 284 metros cuadrados de porche y piscina, todo ello sobre un terreno de 2.720 metros cuadrados “con vistas al mar hasta la costa africana”. El yate de Chemezov está embargado. Su casa, no.

Todo ello lo ha constatado infoLibre con información procedente de los registros de la propiedad, dentro de un trabajo de investigación en colaboración con la ONG alemana Foro Civil para la Recuperación de Activos (Cifar) y el consorcio European Investigative Collaborations (EIC), y con el apoyo de IJ4EU.

A uno de los rusos hasta ahora más conocidos en España, al menos en los medios policiales y judiciales, el Gobierno le ha inmovilizado dos yates, pero de momento no ha tocado sus propiedades inmobiliarias. Se trata de Vladislav Reznik, presidente de la aseguradora Rus. El Sasha Primero –24 metros de eslora– y el Neva Primero, que posee a través de una sociedad, Centros Comerciales Antei SL, han sido embargados. Pero no así las tres propiedades que esta empresa tiene en la urbanización El Toro, de Calvià (Mallorca). Según explican a este periódico fuentes oficiales, “aún no se ha podido confirmar fehacientemente el control de dichos bienes”, por lo que “continúan las investigaciones”.

Lo cierto es que, desde julio de 2022 –es decir, cuatro meses después de ser sancionado Reznik– la administradora única de Centros Comerciales Antei SL es Diana Gindin, la esposa de Vladislav. Hasta entonces, la sociedad era propiedad al 100% de Drever Limited, un trust domiciliado en Londres, al que el matrimonio había transferido todas sus acciones en 2007 y cuyos beneficiarios eran Reznik, Gindin y sus hijos. En septiembre, además, cambió su domicilio social.

Reznik y Gindin fueron dos de los 17 acusados en la Operación Troika, por la que fueron detenidas 20 personas en 2008. Entonces las fuerzas de seguridad decían haber desmantelado la estructura en España de la cuarta organización del crimen organizado más importante del mundo, la mafia de San Petersburgo conocida como Tambovskaya. Pero la sentencia, que no se dictó hasta octubre de 2018, diez años después, absolvió a todos los procesados y determinó que la fiscalía no había probado que ninguno de ellos integrara una asociación ilícita dedicada a blanquear dinero procedente del crimen organizado ruso.

La Audiencia Nacional mencionaba los tres inmuebles que el matrimonio Reznik-Gindin había adquirido en la urbanización de Calvià con su propio nombre o a través de la sociedad Centros Comerciales Antei SL, así como las dos embarcaciones, el Neva Primero y el Sasha Primero. Diana Gindin, además, había comprado en 2006 un avión Hawker por 13,93 millones de euros. Quien figuraba como administradora de la sociedad propietaria, Julia Ermolenko, y su marido, Andrei Malenkovich –patrón de ambos yates–, también fueron acusados y absueltos en el juicio de la Operación Troika.

Los dos matrimonios habían sido investigados y procesados por sus relaciones con el mafioso huido Guenadi Petrov. Ermolenko era su traductora y secretaria. Además, Petrov era el propietario tanto de Centros Comerciales Antei SL como del Sasha Primero y de una de las tres viviendas de Calvià que Reznik había adquirido en 2006. Reznik y Petrov, según recoge la sentencia, se hicieron amigos y socios comerciales entonces. El avión, por ejemplo, lo compraron a medias Diana Gindin y Anton Petrov, hijo de Guenadi, que ha sido investigado por blanqueo en Suiza.

Pese a que dos de los 17 acusados se declararon culpables y pese a las operaciones “antieconómicas o poco convencionales” y a los movimientos poco claros entre sociedades de Panamá, Liberia, Islas Vírgenes y Suiza detectadas, los jueces establecieron que el dinero invertido en España no tenía un origen ilícito y las actividades de los encausados sólo tenían en común que “los dueños de los entramados societarios para los que trabajaban eran ciudadanos de origen ruso, con importantes medios económicos y que invertían en España dinero que, a veces, procedía de paraísos fiscales”. Circunstancias “insuficientes”, subrayaban los jueces, para considerarlas blanqueo de capitales.

Pero, durante la larguísima instrucción del caso, los inmuebles de Reznik fueron embargados por orden del juez Baltasar Garzón, instructor de la causa. Entonces no hubo ninguna duda sobre quiénes eran los dueños. Hoy parece no estar tan claro. Aunque, si están a nombre de la esposa del magnate, las autoridades pueden disponer su incautación, sobre todo después del reglamento aprobado el pasado día 6 por el Consejo Europeo, que permite aplicar de forma automática las sanciones a las personas que se beneficien del patrimonio del sancionado, incluidos los miembros de su familia cercana.

España ha embargado bienes de ciudadanos rusos incluidos en la lista de sancionados de la UE por importe de 1.022,86 millones de euros. Se trata de inmuebles, yates, aviones y cuentas bancarias pertenecientes a 24 oligarcas y magnates rusos, sus parientes e incluso a una empresa propiedad del Ministerio de Transportes, según fuentes oficiales. Además, infoLibre –como parte de una investigación en colaboración con la ONG alemana Foro Civil para la Recuperación de Activos (Cifar), el consorcio European Investigative Collaborations (EIC) y IJ4EU– ha rastreado propiedades de una decena más de potentados rusos a los que, aun apareciendo en la lista europea de sancionados, el Gobierno español no ha congelado sus bienes en territorio nacional. En total, 31 oligarcas rusos cuentan con inmuebles y otros activos en España. La lista de la UE sanciona a 1.499 personas y a 209 empresas y entidades relacionadas con Rusia.

Algunos de los potentados cuyos bienes han sido confiscados en España se cuentan entre los hombres más ricos de Rusia, como el magnate del acero Viktor Rashnikov, o son prominentes empresarios como el consejero delegado de la petrolera Rosneft, Igor Sechin, y políticos como Sergei Kirienko, considerado el hombre de Vladimir Putin en la región de Donbass. También hay figuras de la cultura como el director de cine Nikita Mijalkov, que posee con su familia varias propiedades en España.

La parte más valiosa de los embargos en España corresponde a los cinco yates confiscados, valorados en 855,33 millones de euros. Se trata del Lady Anastasia, de 47 metros de eslora y cuyo dueño es Alexander Mijiv, consejero delegado de la agencia estatal de exportación de armas Rosoboronexpor; el Valerie, de 85 metros de eslora y propiedad de Sergei Chemezov, a la cabeza de Rostec, el principal consorcio de la industria militar rusa; el Crescent, uno de los mayores yates del mundo, con 135 metros de eslora, cuyo propietario es Eduard Judainatov, a su vez dueño de la petrolera NOC, así como el Sasha Primero –24 metros de eslora– y el Neva Primero, ambos de Vladislav Reznik, presidente de la aseguradora Rus, que fue investigado y finalmente absuelto en 2018, junto a su mujer y otras 15 personas, por sus supuestas conexiones con el mafioso Guennadi Petrov en la Operación Troika.

También merecen atención los cuatro aviones de la empresa estatal GTLK, que alquila todo tipo de medios de transporte a otras compañías rusas. Las aeronaves incautadas tienen un valor de 60 millones de euros.

Además, las autoridades españolas han inmovilizado 68 cuentas bancarias y otros instrumentos financieros, desde hipotecas hasta seguros, acciones y tarjetas de crédito, pertenecientes a los oligarcas rusos de la lista europea de sancionados. En total, 41,43 millones de euros.

Pero la parte más impresionante de las propiedades rusas en España es la inmobiliaria. Han quedado confiscadas 54 propiedades, desde grandes villas en algunas de las zonas más lujosas de la costa mediterránea hasta parcelas rústicas y plazas de aparcamiento, por importe de casi 66,1 millones de euros.

Algunos de los ciudadanos rusos de la lista tienen a su propio nombre los chalés o apartamentos, otros han utilizado sociedades limitadas para comprar los inmuebles. Quien posee un mayor número de activos incautados por las autoridades españolas es Igor Vladimirovich Lebedev, vicepresidente de la Duma y presidente del grupo parlamentario del Partido Liberal Democrático de Rusia. Se le han embargado 15 propiedades, según las citadas fuentes. Una de ellas es una parcela en la urbanización La Mallá, en Altea (Alicante), 1.688 metros cuadrados, que posee a través de la sociedad Go Evolution International 21 SL, registrada en Alicante y participada a su vez por la sociedad chipriota Holley Investment Ltd. La administradora única de Go Evolution International 21 SL es una ciudadana lituana, Ruta Kovalevskiene, que se anuncia en InfoJobs como traductora y profesora de Primaria.

Sergei Chemezov fue de los primeros rusos sobre cuyas propiedades intervino el Gobierno español. Además del yate Valerie, confiscado los primeros días de marzo de 2022 –los rusos invadieron Ucrania el 24 de febrero–, infoLibre ha rastreado en los registros de la propiedad otros seis inmuebles: dos mansiones de lujo en la urbanización Mas Semís de Castell d’Aro (Girona), en plena Costa Brava –una de 371 metros cuadrados y otra de 820 metros cuadrados, valoradas cada una de ellas en más de un millón de euros– y un chalé en Estepona (Málaga) –832 metros cuadrados–, además de un apartamento –600.000 euros– y dos plazas de aparcamiento en el residencial S’Agaró Front de Mar, en San Feliu de Guíxols (Girona). Las propiedades de Estepona están a nombre de Holytown Limited, una sociedad registrada en las Islas Vírgenes Británicas, a su vez propiedad de Penimar Holdings Limited, cuyas dueñas reales al 50% son Anastasia Ignatova y Ludmila Rukavishnikova, hijastra y suegra de Chemezov. Ignatova, profesora de Teoría Política en el Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú, es también la esposa de Andrei Vatutin, presidente del CSKA de baloncesto. Las propiedades de San Feliu de Guíxols se encuentran a nombre de Ignatova, que también aparece en la lista de sancionados de la UE.

Para registrar el yate Valerie, que navegaba con bandera de San Vicente y Granadinas, el presidente de Rostec recurrió a otra sociedad intermedia domiciliada en las Islas Vírgenes Británicas, Sulberg Services Limited. Cómo utiliza Chemezov a su familia política para registrar sus bienes fuera de Rusia fue investigado por dos consorcios internacionales de periodismo: OCCRP e ICIJ, que encontraron la pista del oligarca en los Papeles de Pandora. OCCRP cifra en 400 millones de dólares el valor de los activos acumuladas por Chemezov en el extranjero.

“Si no fuera en Rusia, el otro país en el que querría vivir es España”, aseguró el director de cine Nikita Mijalkov en 2011 cuando le dieron el Premio Homenaje a toda su carrera en el Sevilla Festival de Cine Europeo. Mundialmente conocido por Ojos negros, que protagonizó Marcelo Mastroniani; Urga, el territorio del amor, León de Oro en el Festival de Venecia, o Quemado por el sol, gran premio del Festival de Cannes, Mijalkov se ha significado por su apoyo al Kremlin y a la invasión de Ucrania. Desde hace años mantiene una gran vinculación con España, donde su mujer, Tatiana, y sus tres hijos –Anna, Nadezda y Artem– poseen a su nombre una mansión de 949 metros cuadrados en Sotogrande, la exclusiva urbanización gaditana. A nombre del director de cine sólo figura un dúplex de 100 metros cuadrados con piscina, home cinema y sala de masajes en L'Alfàs del Pi (Alicante), que ha sido inmovilizado por las autoridades españolas. Además, su hija mayor, Anna, es la propietaria de un apartamento de 63 metros cuadrados en Torrevieja (Alicante).

Ni la villa de Sotogrande ni el apartamento de Torrevieja han sido congeladas por el Gobierno, que hasta ahora sólo podía embargar activos de los nombres que aparecen en la lista de sancionados de la UE. Pero si existen “indicios racionales” de que el “verdadero titular” de dichas fincas, bienes o derechos es el que figura en esa lista, las fuerzas de seguridad elaboran un informe que se envía al Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales y de Financiación del Terrorismo, creado en el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles para que cada registro inscriba la “prohibición de disponer” que recae sobre esos activos.

Los notarios disponen de una Base de Datos del Titular Real –dicen que es única en el mundo–, que permite saber quiénes son las personas ocultas tras una sociedad, incluso en el encadenamiento de estructuras societarias complejas. En esos casos, los notarios informan a la Secretaría General de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales. Así, hasta el momento, han identificado a 111 personas vinculadas con los sancionados, de los cuales 31 son familiares y a cuyos nombres se han localizado 19 inmuebles.

De hecho, las autoridades españolas han inmovilizado los bienes de Anastasia Ignatova, la hijastra de Sergei Chemezov, y de Marina Vladimirovna Sechina, esposa de Igor Sechin, que figuran en la lista de la UE. Esta última tiene dos locales comerciales en Marbella y un chalé de 412 metros cuadrados en Arroyo Nagüeles, también en Marbella.

Los notarios también han identificado 30 personas jurídicas a cuyo nombre han registrado oligarcas rusos sus propiedades en España, de las cuales 14 son sociedades extranjeras y 13 están relacionadas con sus familiares.

En el caso del diputado de la Duma Alexei Vasilievich Chepa, se le han inmovilizado dos propiedades que figuran a nombre de Betren Inversiones SL, una sociedad domiciliada en Marbella de la que es administrador único Daniel Chepa, su hijo. Se trata de un chalé de 645 metros cuadrados con piscina y vivienda para el guarda en una finca de 9.405 metros cuadrados situada en la urbanización Guadalmina de Marbella, y de una parcela de 840 metros cuadrados en la misma urbanización.

El diputado y presentador de televisión Andrei Makarov comparte la propiedad de una parcela de 1.426 metros cuadrados en la urbanización Mas Semís de Castell-Platja D'Aro (Girona) –la misma donde Sergei Chemezov y Anastasia Ignatova tienen una de las suyas– con su exmujer Natalia y su hija Alexandra. También posee un chalé de 318 metros cuadrados en el mismo residencial.

Otro tanto ocurre con el gobernador de la región de Murmansk, Andrei Chibis, quien comparte la propiedad de un adosado en Mont-roig del Camp (Tarragona) con su mujer, Eugenia Chibis.

Galina Valueva es la esposa del diputado de la Duma y exboxeador profesional Nikolai Sergei Sergeievich Valuev y posee un chalé en una urbanización de Guardamar del Segura (Alicante). Otro diputado, Vadim Vladimirovich Belusov, puso a nombre de su mujer, Irina Belusova, un chalé y un apartamento en Cambrils (Tarragona).

Todos los bienes citados hasta ahora han sido inmovilizados por el Gobierno español, pero no los inmuebles que en el Registro de la Propiedad figuran a nombre de Natalia Maidanova, esposa de Denis Maidanov, quien además de diputado es un conocido cantante. Se trata de dos apartamentos en Platja d’Aro (Girona) de 90 y 117 metros cuadrados. Fuentes oficiales explican a infoLibre que aún no han encontrado indicios suficientes para inmovilizar esos inmuebles.

Lo mismo ocurre con el dúplex en Dominion Beach, un exclusivo complejo residencial de Estepona, y de la mansión en el Coto La Zagaleta, una de las urbanizaciones más lujosas de Benahavís, también en Málaga, que Valeri Ponomarev posee en España a través de dos sociedades. El dúplex, de 202 metros cuadrados, es propiedad de Auto Pinos Costa del Sol SL, cuya administradora única es Zoya Ponomareva, hija de quien pasa por ser el senador más rico de Rusia. Y la villa, de 1.828 metros cuadrados, que se ha construido sobre un terreno de 17.762 metros cuadrados, figura a nombre de Xarenin Development SL, también administrada por Zoya Ponomareva.

No obstante, su situación puede cambiar a partir de ahora, porque el Consejo Europeo aprobó el pasado día 6 un reglamento de aplicación inmediata que permite aplicar sanciones de forma automática a las personas que “se beneficien” del patrimonio del individuo sancionado, incluidos “los miembros de su familia cercana”. Es una manera de contrarrestar la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que el pasado mes de marzo anuló la sanción impuesta a Violetta Prighozina, madre de Yevgueni Prighozin, jefe del grupo de mercenarios Wagner. Según el tribunal, no había suficientes pruebas de los vínculos entre Prighozina y Wagner.

También utiliza una sociedad para mantener sus inmuebles en España Boris Romanovich Rotenberg, copropietario con su hermano Arcadi del grupo SGM (StroyGazMontazh), la mayor constructora de gasoductos y líneas de suministro de energía eléctrica de Rusia. Se trata de Bangalor Holding Limited, una compañía domiciliada en Chipre que figura en el registro como dueña de un chalé de 1.731 metros cuadrados construido sobre una parcela de casi 7.000 en Oliva (Valencia), que también incluye dos viviendas de servicio, dos piscinas, un gimnasio y un invernadero. En este caso el inmueble sí ha sido inmovilizado por las autoridades españolas. infoLibre publicó la semana pasada un dosier completo sobre las propiedades de Rotenberg y cómo intentó protegerlas de las saciones europeas que puede consultar aquí.

Un caso más de propiedad oculta tras una sociedad es el del chalé de 344 metros cuadrados construido en Benissa (Alicante) por Dimitri Alexandrovich Pumpianksi, presidente de la compañía metalúrgica PJSC. Tubo International Plus SL es la pantalla, a su vez en manos de otra firma chipriota, Furdberg Holding Limited.

Viktor Filippovich Rashnikov, magnate billonario de la industria del acero y también dueño del Ocean Victory, uno de los yates más grandes del mundo, utiliza Diamantica SL para gestionar tres propiedades en España que han sido embargadas.

Y Sergei Kirienko, a quien se considera el hombre de Putin en la región del Donbass, la zona que se disputan rusos y ucranianos, está detrás de los inmuebles que en el registro figuran a nombre de Bell-67 SL. Esta sociedad pertenece a Robert Gndolian, socio comercial, amigo y compañero de colegio de Vladimir Kirienko, hijo de Sergei. Bell-67 SL es la dueña de una parcela rústica de 16.529 metros cuadrados, en parte cultivada y en parte con arbolado, situada en Sant Joan de Palamós (Girona), así como de una parcela urbana de 6.724 metros cuadrados en el mismo municipio. En Cap de Planes tiene un chalé de 305 metros cuadrados. Ninguna de estas propiedades ha sido embargada.

Pero también hay quien no se esconde tras una persona jurídica. El diputado de la Duma Konstantin Fiodorovich Zatulin dispone de un apartamento de 94 metros cuadrados en Torrevieja (Alicante), tal y como consta en el Registro de la Propiedad de ese municipio. Arcadi Ponomarev, diputado y empresario, es el dueño de un apartamento de 127 metros cuadrados y dos plazas de aparcamiento en Altea (Alicante), que han sido embargados.

Finalmente, a Vladimir Paulov, diputado y directivo de una empresa metalúrgica, sólo se le han detectado dos plazas de aparcamiento en El Campello (Alicante), que se le han inmovilizado.

Además de embargos europeos, las autoridades españolas han practicado otros por orden del Tesoro de Estados Unidos. En abril de 2022, la Guardia Civil se incautó de otro yate, el Tango, de 77 metros de eslora y valorado en 90 millones de dólares. Pertenece a Viktor Vekselberg, empresario ruso-chipriota nacido en Ucrania y presidente del grupo Renova. 

Grupos ecologistas pelearon con el Gobierno y las cofradías pesqueras hasta lograr que en 2016 se prohibiese la pesca de arrastre en el canal de 40 kilómetros que separa Mallorca y Menorca. Ocho años después, un grupo de investigadores españoles ha viajado a la zona para estudiar las consecuencias de esta decisión y ha constatado que todos los implicados se han beneficiado. Los campos de algas que se querían preservar se han repoblado y eso ha permitido que los peces que viven allí sean más abundantes, tengan una mejor alimentación y que los pescadores de las zonas contiguas puedan capturar mejores ejemplares para el consumo humano, resume Francesc Ordines, investigador del Centro Oceanográfico de Baleares y responsable de la campaña. 

Los datos acaban de ser recopilados y están en proceso de análisis, pero el experto ya adelanta que los resultados preliminares son muy optimistas. "Lo que hemos observado hasta ahora es que la cantidad de salmonetes es bastante mayor en las zonas protegidas que en las abiertas a la pesca de arrastre y que la masa de alga laminaria es mucho mayor que hace diez años. Es un hábitat extremadamente sensible a la pesca de arrastre, pero vemos que se recupera rápido una vez que se abandona", explica Ordines. Con él viajaron once investigadores del Instituto Español de Oceanografía, la Universitat de les Illes Balears y la Universitat de Barcelona.

El canal que separa Mallorca y Menorca ha sido ampliamente estudiado en la última década por científicos españoles debido a su alto valor biológico, ya que es uno de los fondos marinos más interesantes del Mediterráneo. Uno de los motivos es la abundancia de algas calcificantes rojas –rodolitos– y algas verdes laminarias, que permiten a los peces pequeños y medianos y a los crustáceos esconderse para vivir y reproducirse, además de facilitar su alimentación. 

El equipo de oceanógrafos centró su análisis en cómo la recuperación de la flora submarina en esa zona ha impactado en las poblaciones de cabrilla, salmonete de roca, rubio y pulpo de roca, cuatro especies muy afectadas por la pesca comercial. Según Ordines, además de crecer en número, han constatado que el salmonete y la cabrilla que nadan en la zona protegida tienen una alimentación basada en otros peces porque hay más presas disponibles, mientras que los que habitan en zonas con el suelo arrasado se alimentan principalmente de invertebrados. "Esta dieta afecta a la calidad de la carne del pescado porque determina su nivel de ácido graso omega 3, aunque es algo que aún lo estamos investigando. También tenemos que ver cómo impacta sobre su nivel de crecimiento y su reproducción", apunta el experto. 

Los beneficios no se quedan ahí, ya que los resultados preliminares del estudio de genética afirman que los animales que habitan en esta zona protegida también se mueven a aguas donde sigue presente la pesca de arrastre, por lo que los pescadores que trabajan allí pueden capturar peces de mayor peso y calidad, una muy buena noticia según el coordinador del proyecto. "El objetivo final de la investigación es recabar la información suficiente para lograr una pesca de arrastre que nos abastezca, disminuyendo al máximo su impacto en el ecosistema", comenta Ordines.

La organización ecologista Oceana lideró durante años la campaña de presión sobre el Gobierno central para implantar esta zona de protección en el canal balear. Desde 2009 existe una amplia cartografía del fondo marino en ese canal elaborada por el Instituto Español de Oceanografía precisamente para ubicar los lugares donde se encuentran estas concentraciones de algas, y esa información fue la que usó la ONG para demostrar que se estaba destrozando un ecosistema de alto valor. En realidad, los ecologistas solo reclamaban cumplir con el reglamento europeo de 2006 sobre recursos pesqueros del Mediterráneo, que exigía proteger las zonas costeras donde predominasen los rodolitos. "Logramos un avance increíble y es una muy buena noticia que ahora se demuestre que era necesario. En realidad, esto es una prueba de que habría que ampliar estas protecciones a otros lugares", afirma Silvia García, científica marina de Oceana.

El grupo ecologista aprovecha para reclamar que la pesca de arrastre sea vetada de forma generalizada en España debido a su impacto en el fondo marino. Se trata de un arte de captura que consiste en una red de hasta 220 metros de ancho anclada al fondo marino mediante dos compuertas pesadas de metal que mantienen abierto el embudo, de forma que captura todos los peces que la atraviesan y además daña las plantas sobre las que se apoya. 

Según la Agencia Europea de Medioambiente, el 79% de los fondos costeros de la UE están físicamente alterados debido principalmente a esta práctica. También es una de las técnicas de pesca que más descartes de pescado genera, ya que no tiene forma de seleccionar las presas que captura, y además necesita de barcos con potentes motores que consumen mucho combustible y contaminan el agua y la atmósfera. 

De hecho, la pesca de arrastre es uno de los frentes abiertos que tiene la Comisión Europea sobre la mesa y el pasado febrero comunicó a los Estados miembros que en marzo 2024 deberán haber prohibido esta forma de captura en las aguas que pertenezcan a la Red Natura 2000, que en España representan el 12,2% de las aguas nacionales. Sin embargo, el ministro español de agricultura y pesca, Luis Planas, respondió en marzo en Bruselas que cumplir el mandato de la Comisión "podría trasladar la flota española a zonas que tengan regulaciones de pesca menos sostenibles" y añadió que en su opinión eso sería "un fracaso absoluto". Tampoco está clara la potestad de Bruselas para imponer normas a los Estados mediante comunicados, un formato que no es vinculante.

Francesc Ordines conoce bien las consecuencias de la pesca de arrastre en los ecosistemas y reconoce que en las zonas sensibles arrasa con todo, pero cree que hay que buscar un equilibrio y no se puede vetar en toda la costa. "Cualquier tipo de pesca tiene un impacto, pero también hay que tener en cuenta que hay que abastecer el mercado y la demanda de pescado. Si no lo hacemos nosotros lo vamos a importar de otras zonas donde se tiene menos en cuenta, y eso solo sería peor", opina.

¿Qué es la gentrificación? Imagine que usted es una persona de clase media-baja que lleva viviendo años de alquiler en el centro de Madrid o de Barcelona. Con el tiempo hay cada vez más locales nuevos en su barrio mientras cierran comercios de toda la vida. El ayuntamiento empieza a hacer caso a las demandas vecinales y mejora el pavimento de las calles o en el alumbrado nocturno. En su edificio se cruza con gente que apenas conoce. De repente, su casero le avisa de que le suben el alquiler hasta un precio imposible de asumir. Se marcha y no encuentra un piso de iguales condiciones y que cueste una cifra razonable por la zona. Le han expulsado del barrio.

Es un proceso que consta de tres etapas. Primero el abandono del barrio que permite el hundimiento de los inmuebles y degrada los servicios básicos. Después, la etapa de especulación y encarecimiento. Por último expulsión y comercialización. Un fenómeno que a menudo va aparejado de la turistificación. Esto sucede cuando una ciudad hace del turismo su principal reclamo, lo que provoca que los vecinos se vean desplazados por el visitante y las viviendas y las calles se convierten en un escaparate para el turismo y no para los autóctonos. Aunque estos dos fenómenos van casi siempre de la mano, en el caso de la gentrificación se trata de un desplazamiento en términos de clase social. Es decir, los vecinos son expulsados por otros vecinos con mayor capacidad adquisitiva.

Este viernes entra en vigor la primera ley de vivienda estatal, una cuestión que ha centrado la campaña del 28M y que preocupación de primer grado para miles de ciudadanos que votarán en los próximos comicios. A pesar de los intentos de algunas corporaciones municipales por resolver problemas como el de la vivienda y de la incorporación en los programas electorales de propuestas puntuales dirigidas a barrios, cuesta dar con una respuesta estructural que revierta estos fenómenos.

En este contexto la pregunta que cabe hacerse es: ¿Hay manera de revertirlos? Hay ciudades que ya han perdido por completo el control de los efectos de la gentrificación y del turismo, es el caso de Venecia. Otras están tratando de revertir dinámicas de desenfreno especulativo, caso de Barcelona o Palma de Mallorca —aunque a tenor de los datos siendo insuficiente para atajar la subida desbocada de los precios— y otras que, directamente, han desistido como es el caso de la ciudad de Madrid. El actual alcalde, José Luis Martínez-Almeida, afirmó hace unos meses que no iba a hacer "nada" para regular los precios de los alquileres en la capital. Repasamos las medidas que han implementado estos últimos años los acaldes de estas grandes ciudades.

Las islas Baleares es uno de los destinos preferidos de los turistas de medio mundo y esto, unido al fenómeno de la gentrificación, convierte a su capital, Palma, en un lugar donde los vecinos no pueden vivir. La demanda de pisos turísticos se ha disparado en los últimos años y con ello se ha producido un aumento de los precios del alquiler. Tanto es así que el Govern balear, en manos de PSOE, Podemos y Mes se plantea prohibir la adquisición de vivienda a los ciudadanos, extranjeros o no, que lleven menos de cinco años residiendo en la comunidad.

La región es una de las pioneras en políticas contra este tipo de fenómenos. Se ha obligado a grandes tenedores, como bancos o fondos buitres, a ceder viviendas que lleven más de dos años desocupadas para destinarlas a alquiler social. El Ayuntamiento de Palma, gobernado por el socialista José Hila, cuenta con 1.548 viviendas públicas de alquiler social, incluyendo las 400 pertenecientes al Patronat Municipal de l’Habitatge (PMH) y el resto del Instituto Balear de la Vivienda (IBAVI), una cifra que el consistorio quiere duplicar en los próximos diez años. Se trata de una medida recogida en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que también establecía que un 47 % de las viviendas que se construyan han de ser de protección oficial.

Desde el equipo de gobierno de la actual alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, colocan el derecho a una vivienda en el centro de sus políticas. Un asunto que es de suma relevancia en la Ciudad Condal, donde el 66,1% de los vecinos ven complicado encontrar un hogar que se adecue a sus necesidades económicas y donde casi cuatro de cada diez pisos de alquiler habitual están en manos de grandes tenedores. Un problema de acceso que intentan mitigar con normas como la que obliga a los promotores inmobiliarios a destinar un 30% de los bloques que levanten a vivienda social, una medida impulsada desde las entidades sociales.

El actual consistorio cuenta con una unidad antidesahucios que presume de haber parado nueve de cada diez desahucios en la ciudad condal, unos 14.000. Una cifra que no solo es fruto de la acción política, sino ha sido posible gracias a los movimientos por la vivienda de cada barrio. El equipo de Colau también cuenta con mecanismos disciplinarios que les permiten imponer multas millonarias a fondos buitre por mantener edificios enteros vacíos. Ha cerrado 6.000 pisos turísticos ilegales y ha concedido 130.000 ayudas para el alquiler, con una inversión de 216 millones de euros. Asimismo, también han impulsado el tanteo y retracto, una medida con la que pueden comprar pisos al mismo precio que el especulador, que antes de realizar la operación tiene que avisar al Ayuntamiento y este tiene derecho de compra preferente por el mismo precio.

En la cara opuesta se ubica Madrid, que ha eliminado el servicio de inspección de viviendas turísticas que creó en 2018 para cazar a aquellas que operasen de forma ilegal. Una licencia que obligaba a los pisos turísticos a tener un acceso directo a la calle. Según la última actualización del padrón municipal realizada por el Ayuntamiento, la capital ha perdido en el último año un 0,8% de su población. El auge del turismo en Madrid ha dado lugar a un aumento del número de viviendas destinadas al alquiler turístico, pisos en los que ahora se alojan viajeros durante algunos días al mes y donde antes vivían los vecinos. Según la plataforma de alquiler vacacional Airbnb, un 66 % de todas las viviendas de alquiler se encuentran en el Distrito Centro.

En 2019 el alcalde madrileño prometió construir 15.000 viviendas "destinadas al alquiler a un precio más barato" con dos programas: el ReVIVA y el plan ConFianza Joven. De esas viviendas solo hay 73 cedidas a la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo. Asimismo, Martínez-Almeida ha amagado con dar marcha atrás en el Plan 18.000, un programa que data de 1989 para construir viviendas protegidas en terreno público. Las viviendas empezaron a descalificarse en 2018 y actualmente unas 8.000 familias se enfrentan a un posible desalojo por no poder pagar el suelo donde se asientan sus casas.

En Málaga hay una actual crisis del mercado de la vivienda. Con datos del primer trimestre de 2023, el Observatorio de Medio Ambiente Urbano (OMAU), organismo municipal, alerta que "el problema cada vez más evidente de una Málaga dual es el aumento continuo de la brecha en relación a los precios de la vivienda y el esfuerzo necesario para su adquisición, que imposibilita al acceso a un inmueble a una gran parte de la población y en especial a las personas jóvenes". Sólo en el centro de Málaga, hay más viviendas turísticas que malagueños censados y su provincia es la que más pisos tiene de esta categoría de toda España.

Su actual alcalde, Francisco de la Torre ha declarado que carece de competencias para regular los pisos turísticos, pero sí las tiene, a tenor de la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía , que ha dado un duro revés al Gobierno andaluz y ha respaldado que los ayuntamientos puedan poner topes a estos pisos en zonas saturadas. El alcalde malagueño sí puede limitar que lleguen al mercado más pisos turísticos a la ciudad, pero la filosofía del su partido es contraria a este tipo de medidas.

El último fin de semana de mayo muchos turistas estarán ya en sus tumbonas en Andratx, enfilando la noche en Ibiza, cenando plácidamente en el puerto de Maó o subidos en el tren hacia Sóller. Pero el 28M será una jornada de vértigo en Illes Balears, no por marejada, sino por las urnas. Unas elecciones autonómicas muy reñidas y que servirán también como trofeo a nivel nacional.

El PP aspira a volver a tener el Ejecutivo autonómico, dominado por las izquierdas desde 2015, a pesar de ser una comunidad tradicionalmente apegada a la derecha (ha gobernado veinte años el archipiélago frente a los 16 de la izquierda). Actualmente existe un Gobierno liderado por Francina Armengol, del PSIB, junto a Més y Podem. En las pasadas elecciones de 2019, los socialistas fueron la primera opción, con 19 escaños, por delante del PP (16). Luego se situaron Podemos-EUIB (6), Ciudadanos (5), Més (4), Vox (3), PI (3), MxMe (2) y Gent per Formentera (1).

Y el escenario está muy reñido para este 28M, con las encuestas sin ponerse de acuerdo. El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicó el pasado mes de diciembre su encuesta preelectoral, dando al PSOE la primera posición, con una intención directa de voto del 23%. El PP se situaría muy por debajo, en segunda posición, con un 15,3%. A continuación estarían Unidas Podemos (6,8), MÉS (3,1), Vox (2,8) y PI (2,3). Ciudadanos se quedaría en un 1,5% y Més per Menorca en un 0,9%. Con un dato muy relevante: uno de cada cuatro ciudadanos no sabe todavía qué papeleta cogerá.

La encuesta del Instituto Balear de Estudios Sociales para Última Hora publicada a finales de enero situaba al PP como ganador en escaños, pero con la izquierda podía reeditar el Govern con un gran pacto. Los populares y Vox estarían al acecho, y con la incógnita clave de si aguantará la formación insularista PI, al borde del 5% necesario. El otro elemento de vértigo, señala el sondeo, es lo que pase con el diputado por Formentera, que podría ser decisivo ante una balanza tan ajustada.

En el PSIB sostienen que, frente a las “contaminadas” encuestas de algunos medios, la situación “está bien”: “Tenemos confianza, eso no significa que vayamos confiados. Fuentes de la dirección socialista balear remarcan que volverán a repetir las izquierdas, según sus datos internos, barómetros y análisis que manejan. “Tenemos cierta ventaja sobre la coalición PP-Vox”, resumen.

Los de Francina Armengol también ven un punto fuerte: sus candidaturas municipales son potentes, especialmente en los grandes municipios de la isla de Mallorca. Ven, en cambio, “una importante debilidad territorial del PP”. 

En el PSIB defienden que Armengol, pese a llevar ya dos legislaturas, tiene tirón electoral. “Se valora su gestión, es empática”, explican en su entorno, en el que se pone de relieve que la situación económica es “muy buena”, con una “temporada turística extraordinaria, con niveles de empleo muy altos”. Por el momento no temen que en los partidos a su izquierda haya un desplome, como sí puede pasar en otras autonomías, y analizan que la polarización del PP y de Vox puede movilizar a los votantes nacionalistas y de Podemos. “Van a aguantar”, apostillan las fuentes consultadas, para añadir: “El único que no va a aguantar es Ciudadanos, sus electores se van para el PP e incluso puede venir otra parte a nosotros”, subrayan.

Para hacer otra reflexión a continuación en el PSIB: “La única opción que tiene el PP es que haya una oleada a nivel nacional”. Pero lo ven muy difícil, y dicen que esto sería más posible en unas generales, pero que en autonómicas no es una circunscripción única. Reconocen que en Ibiza es donde están más fuertes los de Feijóo, pero ahora ha saltado la imputación del presidente 'popular' del Consell. Apostillan las fuentes: “Lo han borrado de la campaña, no le dan ningún protagonismo, temen efecto negativo por la corrupción”.

En el PSOE balear han diseñado una campaña “muy pegada al territorio” y creen que la gente valorará la gestión durante la pandemia y ante los efectos de la guerra de Ucrania, además de medidas como la ley del turismo, que ha servido para mejorar las condiciones de los trabajadores. Esperan contar con la máxima presencia de Pedro Sánchez (Francina Armengol siempre estuvo a su lado en el partido) y de los ministros, pudiendo vender temas como la aprobación del régimen fiscal. “Para nosotros ha sido un éxito histórico”, añaden. Sostienen que el empresariado lo reconoce también y que pueden definirse como “la verdadera locomotora”.

Illes Balears está en la lista de las comunidades gobernadas por los socialistas en las que los estrategas del Partido Popular creen tener posibilidades de ampliar su cuota de poder territorial. La victoria en solitario es un sueño irrealizable en una comunidad políticamente muy fragmentada, pero la suma con Vox les sitúa, según la mayoría de las encuestas, a pocos escaños de la mayoría absoluta. 

Más cerca, siempre según los sondeos, tendrían la alcaldía de Palma de Mallorca, también con el permiso de la extrema derecha. La candidata conservadora por Balears, la diputada Margalida Prohens —los suyos la llaman Marga—, debe casi todo su peso político a Pablo Casado, que fue quien la aupó a su núcleo de confianza en 2018 con la vista puesta en recuperar una comunidad que se les resiste desde el año 2015. Alberto Núñez Feijóo, sin tiempo para buscar un relevo, la ratificó al frente de la candidatura para el 28 de mayo.

Prohens tiene 40 años, es licenciada en traducción e interpretación y máster en comunicación, y lleva en cargos públicos en política desde que cumplió los 28. Entonces el PP todavía gobernaba el archipiélago con José Ramón Bauza como presidente. Esta será su primera oportunidad como aspirante a la Presidencia de Illes Balears. 

Si sus votos son decisivos, Vox ya ha dejado claro que repetirá la estrategia que les abrió las puertas del Gobierno de Castilla y León. Eso significa que exigirán una proporción del Ejecutivo acorde a su contribución a la mayoría, además de la Presidencia del Parlamento, bajo amenaza de que Prohens pierda la investidura. 

La candidata del PP no pondrá pegas. Desde hace meses utiliza el mismo argumento que utilizó Alfonso Fernández Mañueco en Castilla y León: emplaza al PSOE a facilitar su investidura si la conservadora acaba siendo la lista más votada y evitar así que Vox entre en el Govern. La presidenta Armengol “exige un cordón sanitario a Vox y desde el PP le pedimos  que diga qué hará para que Vox no gobierne, si es lo que quiere”, declara Prohens siempre que le preguntan.

En su contra pesa la decisión de respaldar a Vicent Marí como candidato a la reelección como presidente del Consell d’Eivissa después de haber sido imputado como autor un presunto delito de prevaricación administrativa, tráfico de influencias y coacciones tras una querella formulada por el Ministerio Fiscal. Uno de los casos que los demás partidos, en especial el PSOE, están aireando como prueba de la doble vara de medir del PP.

Los morados esperan conseguir, como mínimo, el resultado que obtuvieron en 2019 con seis escaños en el Parlament, decisivos para la formación del Gobierno. En ese sentido, creen que la ciudadanía ha sabido reconocer el papel que ha jugado su partido en el Ejecutivo pese a que su principal cara visible, Juan Pedro Yllanes, ya no se volverá a presentar. Él ha sido el conseller de Transición Energética, Memoria Democrática y Sectores Productivos y también ha destacado por ser una de las figuras más críticas con la dirección presidida por Ione Belarra. Su candidata para mayo será Antonia Jover, actual diputada en el Congreso.

A nivel de alianzas, Podemos y Esquerra Unida (EU) repetirán marca electoral bajo el nombre de Unidas Podemos. Un pacto que se fraguó en el año 2015, cuando las tensiones entre IU y Podemos a nivel nacional eran más que palpables y que se volvió a ratificar en 2019. Ambas formaciones han hecho especial hincapié en este mensaje de unidad frente a la alternativa que supondría un gobierno del PP y Vox.

Desde Podemos aseguran que la relación con Més es buena, pero no hay posibilidad de alianza ya que Més se reivindica como una fuerza autónoma con pedigrí autonómico. Los morados no se han sumado al Acuerdo del Turia incentivado por Íñigo Errejón, de Más País, y Joan Baldoví, de Compromís. Este acuerdo implica que, durante la campaña, ambos portavoces participarán en los actos de Més en las islas, al igual que otras formaciones como la Chunta Aragonesista o Coalición por Melilla y MDyC, de Ceuta.

El pleno del Parlamento de las Islas Baleares ha aprobado este martes, a propuesta de MÉS per Mallorca, una Proposición No de Ley (PNL) para instar a la Administración General del Estado a ejecutar el desmantelamiento y retirada de la piscina, la terraza y el embarcadero del periodista Pedro J. Ramírez en Costa des Pins (Son Servera) de acuerdo con el artículo 174 del Reglamento General de Costas, según informa Europa Press.

En la defensa de la proposición, el diputado ecosoberanista Josep Ferrà ha recordado que el Tribunal Supremo (TS) ha inadmitido el recurso del hijo del periodista en contra de la sentencia de la Audiencia Nacional que anulaba las órdenes del Ministerio de Medio Ambiente y que permitían el uso 60 años más.

El desmantelamiento, ha explicado Ferrà en referencia al pronunciamiento de la Audiencia, es la única manera de garantizar el disfrute del dominio público marítimo terrestre.

"Ha perdido el PP y una familia que trató de hacer suyo en pedazo de nuestra costa", ha afirmado el diputado ecosoberanista.

Ferrà ha recordado y criticado que el expresidente del PP y expresidente del Govern, Jaume Matas, acudiera a las manifestaciones en defensa de la piscina del entonces director de El Mundo.

La diputada del PP Núria Riera, por su parte, ha expresado su respeto al pronunciamiento judicial, aunque ha criticado la interpretación "sesgada" de las decisiones judiciales "cuando les interesa" al tiempo que ha recordado que "hasta ahora" estaban avaladas judicialmente.

Riera, en todo caso, ha recordado las "ridículas" imágenes de los activistas que "asaltaron" una propiedad privada "no para proteger el territorio ni el dominio público sino para ganar protagonismo".

La diputada del PP ha calificado la propuesta como una "ocurrencia" para tapar la inacción para proteger el dominio público marítimo terrestre. En todo caso, los conservadores se han abstenido.

La portavoz de Cs, Patricia Guasp, ha criticado que insten y urjan al cumplimiento de estos pronunciamientos judiciales y no a las que obligan a que el 25% de las horas de clase se impartan en castellano. "También nos debería preocupar la lentitud de la justicia", ha añadido Guasp.

La diputada de Més per Menorca Patricia Font ha celebrado que se ponga fin a "una historia de privilegios y privilegiados".

El diputado socialista Joan Ferrer ha argumentado el voto favorable por cumplimiento normativo aunque ha asegurado que "no comparten el despliegue ceremonial".

El parlamentario de Unidas Podemos Pablo Jiménez ha defendido que la decisión tendría que servir para iniciar procesos judiciales contra otras muchas ocupaciones irregulares del dominio público marítimo terrestre.

"La Administración de Costas hace tiempo que deja mucho que desear en la tarea encomendada de control y vigilancia, y bien lo sabemos aquí en Baleares", ha afirmado.

Por su parte, el portavoz de Vox en la Cámara autonómica, Jorge Campos, ha recordado que en Baleares hay 9.000 instalaciones parecidas. "¿Las quieren destruir todas?", se ha preguntado. Campos ha lamentado que MÉS "vaya de la mano de lo más ultra y radical de la sociedad". Los tres diputados de Vox y el diputado no adscrito Maxo Benalal han sido los únicos votos en contra.

Stop Desahucios Mallorca ha informado, este jueves, del deshaucio en Llucmajor (Mallorca) de una familia de diez personas, seis de ellas con cierto grado de discapacidad, según informa Europa Press. En una nota de prensa, la organización ha especificado que de las seis personas con necesidades especiales, cinco son de mediana edad con un grado de discapacidad que fluctúa entre el 65 y el 95%, mientras que el otro es un menor con un 36% de discapacidad.

Entre todos, suman cerca de 20 enfermedades crónicas. Según Stop Desahucios, el juzgado de primera instancia número 13 de Palma ha dictado la orden de lanzamiento "sin valorar siquiera las medidas que pudiera tomar la administración y sin ponderar en ningún momento las consecuencias".

Este jueves, la familia ha sido desahuciada tras la intervención de la Guardia Civil. Stop Desahucios ha informado de un herido leve. "La escena ha sido dantesca, horrible y ha provocado que algunos compañeros terminara llorando", ha dicho.

Después del desalojo de la familia, todos se han dirigido al Ayuntamiento de Llucmajor, pero han sido desalojados por la Policía Local. De momento, la familia permanece en la Plaza Mayor de Llucmajor "a la espera de conseguir una alternativa urgente". Desde Stop Desahucios han exigido al Consistorio una opción para la familia como abrir el polideportivo esta noche y un hostal a partir de este viernes.