El Gobierno español bloquea la mansión en Oliva de un oligarca ruso amigo de Putin

Una mansión principal de 1.731 metros cuadrados, dos viviendas para el “servicio” de 191 y 185 metros, una construcción destinada a “office-piscina y baño” de 55 metros y pérgola de 43, dos piscinas unidas de 120 y 27 metros cuadrados, una terraza descubierta de 227 metros, y un edificio auxiliar destinado a gimnasio de 104. La “casa del ruso”, como llaman en la localidad valenciana de Oliva a la espectacular villa del matrimonio formado por Boris y Karina Rotenberg, se extiende sobre una parcela de 6.948 metros cuadrados con vistas al hoyo 15 del campo de golf y pegada al Centro Ecuestre de Oliva Nova.

Karina Rotenberg es una experta amazona que en febrero de 2013 compitió por primera vez en dicho centro ecuestre. Nueve meses después, en diciembre de aquel año, una sociedad que el oligarca ruso controlaba en las Islas Vírgenes Británicas firmó un primer contrato con la inmobiliaria española Construcciones Hispano Germanas SA para que le vendiese la parcela y le construyese la mansión. A través de operaciones societarias poco claras, que incluyeron falsear la fecha de determinados documentos, el inmueble terminó siendo propiedad de otra compañía de los Rotenberg, Bangalor Holding Limited, esta con sede en Malta. La pareja abonó al menos 8,7 millones por el inmueble, incluida la decoración. Solo en cortinas gastaron 206.000 euros.

Desde que le dieron las llaves de la casa, a principios de 2015, el matrimonio se desplazó a Oliva una o dos veces al año para participar en torneos ecuestres. La última en octubre de 2021, cuatro meses antes de la invasión rusa de Ucrania. Un ataque que llevó a la Unión Europea a sancionar a personas físicas y jurídicas que apoyan al régimen de Putin, entre los que ocupa un lugar destacado Boris Rotenberg.

Pese a estar a nombre de una compañía de Malta, un informe policial señaló como verdadero propietario al oligarca ruso, y el Gobierno español decidió congelar el inmueble. La propiedad sigue siendo de la sociedad controlada por los Rotenberg, pero se le ha impuesto una “prohibición de disponer” de ella, lo que significa que no puede ni venderla, ni hipotecarla, ni alquilarla.

Esa prohibición se inscribió en el Registro de la Propiedad en octubre de 2022, según han podido saber los periodistas que han participado en la investigación denominada Rotenberg Files (Archivos Rotenberg). Se trata de una filtración de más de 50.000 correos electrónicos y documentos, obtenida por el digital ruso IStories y el consorcio periodístico OCCRP, que la compartieron con otros 15 medios, entre ellos infoLibre en España. La filtración arroja una luz sin precedentes sobre los esquemas utilizados por los hermanos Boris y Arkady Rotenberg para proteger sus activos frente a las sanciones occidentales, que en el caso de Estados Unidos se iniciaron en 2014, tras la invasión rusa de Crimea. Más de un centenar de correos y documentos se refieren a la casa de Oliva. [Puedes leer aquí todas las informaciones publicadas en infoLibre sobre los Rotenberg Files]

"¡Habéis instalado calidad IKEA en los vestuarios!"

Boris y Arkady Rotenberg son multimillonarios rusos y amigos de la infancia del presidente Vladimir Putin. Durante muchos años bajo su mandato, las empresas de ambos se beneficiaron de lucrativos contratos estatales, incluso para algunos de los proyectos favoritos del presidente, como los Juegos Olímpicos de Invierno de 2014 en Sochi. Los documentos de la filtración revelan, entre otras cuestiones, cómo un empresario ruso llamado Maxim Viktorov ayudó a los dos hermanos multimillonarios a sortear algunos de los problemas financieros, legales y de reputación causados por las sanciones.

Los correos electrónicos sugieren que la villa española era uno de los bienes más preciados de Boris y su esposa. En los correos se observa a Viktorov, un abogado que hizo el servicio militar en el KGB ruso a principios de los años 90, supervisando personalmente su construcción. Y la propia Karina Rotenberg estuvo estrechamente implicada en el diseño, llegando a llamar "tontos" a los contratistas por utilizar materiales baratos. "¡Habéis instalado calidad IKEA en los vestuarios principales!", se queja en un mensaje.

Los correos electrónicos también muestran que, antes de que la villa fuera inmovilizada por las autoridades españolas, un equipo de abogados y proveedores de servicios había pasado años cambiando la estructura de propiedad del inmueble, reescribiendo su historial financiero y construyendo pistas falsas a través de documentos antedatados en un aparente esfuerzo por mantener oculta la identidad de los verdaderos dueños.

A preguntas de los periodistas, Viktorov afirmó que ni él ni ninguna de sus empresas habían infringido jamás la ley, "en particular, la legislación sobre sanciones de Estados Unidos y la UE". Calificó de forma genérica como "erróneas" las conclusiones de los periodistas, sin responder a las cuestiones concretas relacionadas con la mansión en Oliva.

Los Rotenberg no respondieron a las preguntas enviadas por correo electrónico.

Construcciones Hispano Germanas, a través de un portavoz, tampoco respondió a las cuestiones planteadas: “Por razones de protección de datos, no podemos confirmar la identidad de nuestros clientes, incluso el hecho de que a los que se refiere hayan sido o no clientes de nuestra entidad. Le informo además que la compañía que represento cumple con la legislación vigente, también en materia de prevención de blanqueo de capitales”. 

Un impuesto que trastoca los planes

A finales de 2013, mientras preparaban la compra del terreno donde construirían su villa de lujo, Karina y Boris Rotenberg planeaban utilizar una sociedad offshore para ser sus propietarios, según revelan los documentos de la filtración. Rusia aún no se había anexionado Crimea, y puede que el tema de las sanciones no estuviera en el radar de nadie. Pero, para los oligarcas, había sido una práctica habitual durante décadas poseer propiedades a través de sociedades opacas que no tenían que revelar la identidad de sus verdaderos dueños al estar registradas en paraísos fiscales.

Un contrato de compraventa de diciembre de 2013, encontrado entre los correos electrónicos filtrados, muestra que los Rotenberg planeaban inicialmente comprar la mansión de Oliva a través de la empresa Belnet Holdings Limited, con sede en las Islas Vírgenes Británicas. De hecho, la pareja llegó a firmar un contrato antes de enterarse de que la legislación española exige a las sociedades con sede en paraísos fiscales y bienes inmuebles en España el pago de un impuesto especial del tres por ciento anual sobre el valor de la propiedad.

La cuestión fiscal provocó un replanteamiento de la estructura societaria utilizada para adquirir la casa. En noviembre de 2014, la entonces abogada española de los Rotenberg, que trabajaba en el bufete Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, escribió a un empleado del intermediario ruso de los Rotenberg, Viktorov. En el correo electrónico, Garrido indicaba que, dado que las Islas Vírgenes Británicas no funcionaban "desde el punto de vista fiscal", se había creado una empresa maltesa llamada Bangalor Holding para comprar la propiedad en el lugar de Belnet Holdings.

Sobre el papel, el dueño de Bangalor era un proveedor de servicios corporativos maltés llamado Kinanis Fiduciaries Limited, que, según los registros, parece haber sido contratado para ayudar en el proceso.

El acuerdo oficial de compra se firmó a nombre de Bangalor en diciembre de 2014, pero la construcción de la villa ya estaba prácticamente finalizada. De hecho, las llaves se entregaron a los Rotenberg en el primer trimestre de 2015.

Los correos electrónicos de la abogada española revelan que los pagos al contratista procedían de otra empresa de Boris Rotenberg, denominada Logotax Development Limited y con sede en Chipre. Según los documentos de la filtración, Logotax ya había realizado cuatro pagos por un total de cuatro millones de euros en el momento en que Bangalor firmó el acuerdo de compra en diciembre de 2014.

"Hemos hecho todas las ampliaciones de la casa sin un contrato válido", escribió más tarde a Viktorov el representante de la constructora. "La única razón por la que lo he hecho es porque confío ciegamente en nuestros clientes y estoy seguro de que cumplirán con su parte".

En correos electrónicos enviados entonces al empleado de Viktorov, la abogada española describió un esquema que explicaría los pagos ya realizados, así como los futuros, al tiempo que creaba un cortafuegos entre Logotax y Bangalor. Logotax clasificaría todos los pagos a la constructora "como un préstamo", antes de traspasar el derecho a cobrar la deuda a Bangalor, que la condonaría a cambio de la parcela y las obras de construcción de la villa.

A vueltas con el préstamo

El complejo esquema sería objeto de escrutinio tres años más tarde, cuando los auditores cuestionaron la relación entre las dos sociedades en el acuerdo de préstamo, que estaba retrasando la auditoría de Bangalor de 2015. Los asesores financieros malteses de Kinanis respondieron sugiriendo una mayor separación entre Logotax y Bangalor. Y fueron especialmente claros en un punto: "Bangalor no debería realizar transacciones directamente con [Logotax]".

Los correos electrónicos no dejan claro qué solución se aplicó, pero en algún momento de 2018 una filial de un fondo de inversión ruso anónimo llamado Phoenix Trust apareció como propietario de Bangalor en documentos corporativos y en un registro bancario. El fideicomiso había sido creado por Evocorp, la sociedad gestora de Vikotorov. 

Sin embargo, el acuerdo puede haber durado poco.

En octubre de 2018, Elena Ruzyak, que había trabajado en el banco SMP de Rotenberg y se convirtió en una persona de confianza para él, reenvió un correo electrónico a Viktorov con consejos de una empresa maltesa de asesoramiento tributario que alertaba sobre su participación en el esquema.

"Puedo imaginar por qué los proveedores de servicios locales no están contentos de apoyar [a Bangalor]", indicaban desde la empresa maltesa. "Para el principal accionista de la sociedad gestora [de Phoenix Trust], el primer enlace muestra 'un asesor del Ministerio de Defensa ruso y antiguo oficial del KGB'". Se refería a que ese era el primer resultado que aparecía en Google cuando alguien ponía el nombre de Maxim Viktorov.

A pesar de años de intentos de solución, el problema siguió ahí para los gestores al menos hasta 2019.

Tampoco ayudó el hecho de que los Rotenberg, o sus asesores, no parecían entender la necesidad de mantener Logotax y Bangalor separados, según muestran los correos electrónicos.

"Por favor, aclare al cliente [una vez más] por qué el acuerdo debe firmarse entre [el propietario] y Bangalor y no entre [Logotax] y Bangalor", escribió a Kinanis un empleado de ILS, una empresa de asesoramiento jurídico a la que recurría a menudo Viktorov.

Además, Kinanis renunció a trabajar con Bangalor, al parecer debido a los continuos problemas con la auditoría de 2015. Ni Kinanis ni ILS respondieron a las preguntas de los periodistas.

La solución finalmente alcanzada fue crear un nuevo acuerdo y falsear la fecha.

En abril de 2019, Ruzyak remitió un borrador de acuerdo para que Logotax prestara directamente a Bangalor el coste del inmueble español, retrotrayendo el contrato al 1 de enero de 2016 y declarando que ya había transferido el importe al promotor en nombre de Bangalor. Desaparecieron Phoenix y los demás intermediarios, y el contrato de préstamo vinculó directamente a Logotax, propiedad de Rotenberg, con Bangalor.

Una filtración masiva de correos revela cómo se protegen los oligarcas rusos frente a las sanciones

Ver más

Ruzyak tampoco respondió a las preguntas enviadas por correo electrónico.

La prueba de que este acuerdo se llevó a cabo aparece en las cuentas anuales de Bangalor de 2020, donde consta una deuda “con terceros” por importe de 11,6 millones. Un año después se reclasificó como préstamo de accionistas. En 2021, las declaraciones también enumeran a Logotax y Bangalor como “partes vinculadas”, lo que significa que las dos empresas compartían accionistas o una de ellas podía ejercer control sobre la gestión de la otra.

A principios de 2022, tanto Boris como Karina habían sido incluidos en la lista de sanciones de la UE y, en octubre de ese año, las autoridades españolas bloquearon el chalé.