Nuestra relación con los cementerios se ha ido enfriando durante los últimos siglos. La culpa, según parece, la tuvo el descubrimiento de los microbios y la invención de los miasmas: temiendo que los muertos contagiasen a los vivos, los camposantos dejaron de acomodarse al costado de las iglesias y se mudaron al extrarradio.

El alejamiento, sin embargo, no consiguió disolver los estrechos vínculos que se mantienen entre la ciudad y la necrópolis: como apreció Foucault, es de esperar que el esquema social se calque si cada familia reparte a sus parientes entre ambos condominios. Como se sabe, Foucault encontró en el cementerio (también en el barco, la prisión y el manicomio) un ejemplo para su concepto de "heterotopía": lugares capaces de yuxtaponer múltiples emplazamientos incompatibles entre sí y donde no operan las relaciones habituales que establecemos con los espacios. Faltaría, claro, el aderezo de la fascinación que nos produce la muerte (con todos sus perejiles) y ya tendríamos suficientes excusas para engolosinarnos con el corral de los quietos.

Un panteón, hinchado y orondo, recibe al visitante. Es la pieza fundamental de Lo inverso es recíproco, la exposición de Ken Sortais (París, 1983) que puede verse hasta mediados de noviembre en la galería Alegría de Barcelona. En el texto de sala se nos relatan las peripecias que rodearon la ejecución de la obra: el artista, que ha escondido sus herramientas entre las tumbas cercanas, salta la tapia con nocturnidad y pasa la noche cubriendo con látex el fúnebre edificio. Con las primeras luces, se escabulle para regresar más tarde y proseguir con la siguiente capa. Los visitantes, al verlo deambular con ropa de faena (repone el engrudo antes del siguiente asalto) lo confunden con un trabajador del camposanto y le solicitan indicaciones. Nadie parece reparar en la película que recrece sobre el mausoleo. Terminado el proceso —siempre al abrigo de la oscuridad— Sortais levanta la gruesa capa de cobertura como si lo despellejara. Sellados los cortes, el panteón, invertido, se infla como una atracción de feria.

Aunque la obra pueda ser conceptualmente interesante (un artefacto luctuoso transformado en algo frívolo y juguetón), su mayor atractivo reside en lo plástico: en los intrincados detalles de su superficie y en la apropiación (literal) de elementos provenientes del original, como líquenes y residuos de la piedra. Estas concreciones objetivan el modelo: no se trata de una escultura que se parece a un panteón, sino un calco (un simulacro sazonado con pequeños robos) realizado por un proceso similar al desollamiento (un tormento no extraño para las artes: miren el episodio de Apolo y Marsias o cualquier retrato de san Bartolomé).

Además, la hinchazón nos desvía hacia un derrotero sórdido: los cadáveres también inflaman durante la descomposición. ¿Y si, en vez de algo rebotante y lúdico, tuviésemos delante una cripta a punto de reventar a causa de la gasificación de sus moradores? Mientras trataba de justificar mi interés por esa escultura tumefacta, recordé aquella maledicencia sobre La muerte de la virgen, que aseguraba que Caravaggio habría usado el cadáver de una ahogada en el Tíber (una suicida) como modelo para María Santísima. La creencia se apoyaba en la distensión del vientre y en las comprobadas canalladas de las que era capaz el pintor.

La sala principal se completa con un políptico rojizo en el que se reproduce un patrón de moscas copulando: la fauna cadavérica obtiene placer donde otros solo hayamos repulsión. (En alguna parte leí que Dios no creó a estos insectitos durante las seis jornadas en las que apañó el universo: solo con la aparición del pecado y la muerte llegó la corrupción; y la putrefacción de las cosas convocó a sus aliados). También, con otra formidable escultura, igualmente inflable pero esta vez colorida. En ella, unos comensales parecen atrapados bajo un velo (una mortaja colosal) tras el que insinúan sus contornos. Todos ellos, a pesar de su estatismo, se dirían incómodos. En la sala aneja, una máscara teatralmente iluminada sobresalta al visitante. También invertida (lo de dentro fuera), nos mira con sus facciones desasosegantes: los dientes, vistos desde la cara interna, hacen que la boca parezca cosida como en las cabezas jibarizadas. Los ojos, vueltos, parecen reventados. La inquietante cabeza antecede al vídeo en el que se detallan las operaciones de Sortais en el cementerio: él mismo, enmascarado (la escena hace presagiar una secuela de La matanza de Texas) levanta la cobertura de algunos bustos funerarios.

Lo inverso es recíproco es una exposición sorprendente, armada con pocas pero contundentes obras, que nos sitúa en un ámbito inquietante pero extrañamente atractivo. Aunque muchos de los procedimientos de Sortais podrían entenderse como meros juegos, sus resultados parecen agudamente calculados. Diría que esta tensión —que parece forzarnos a hacer equilibrismos entre lo trivial y lo solemne, lo divertido y lo gravoso— es el verdadero acierto de la muestra.

Se sabe cuántas son cada año, si fueron más hombres o más mujeres, qué edad tenían, dónde vivían y por qué causa fallecieron. Las estadísticas que publica el INE dibujan periódicamente un mapa detallado de cómo es la mortalidad en nuestro país. Paralelamente, y con un poquito más de retraso, el Ministerio de Sanidad elabora un informe que analiza los patrones de las defunciones que ha habido en todo el periodo de un año. Se ve si aumentan, si descienden. Y también se dan algunas pistas de por qué lo hacen. El último se publicó este mes de diciembre y concluyó que en 2022 se incrementó el número de muertes, sobre todo, por dos factores: por el calor y por la epidemia de gripe. Fueron los mayores de 85 años los principales perjudicados. Ahora bien, ¿cuántos de ellos vivían en residencias? Ahí las estadísticas no dan respuesta. Ninguna. El dato, simplemente, no existe.

Pero volvamos al primero. Hace dos años, los fallecimientos de mayores de 85 años supusieron el 48,6% del total, según se desprende del documento de Sanidad. Fueron prácticamente la mitad. Avancemos ahora un año. Y hagámoslo con las cifras del INE, que da la posibilidad de ampliar la horquilla y ver las defunciones de los ancianos de más de 80. Ahí la cosa cambia y el porcentaje se eleva mucho más. En concreto, hasta el 61%. La cifra es elevada, pero no por ello sorprendente o negativa. "Que los fallecimientos que hay en España se concentren en las personas más mayores significa que algo estaremos haciendo bien", señala Hicham Achebak, investigador postdoctoral del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal).

Ahora bien, eso es una mera lectura preliminar. Tras ella llega la pregunta: ¿Puede reducirse esa mortalidad? ¿Hasta qué punto? Ahí ya no sirve sólo con saber quién muere y de qué, sino dónde y cómo lo hacen.

Eso es más complicado. Se desconoce cuántos mayores de 80 años viven en geriátricos, a pesar de que la población de esta edad supone el 77,8% de los residentes en estos centros. No se empadronan cuando ingresan. Y el DNI, a partir de los 70, es permanente. Es decir, que no hace falta renovarlo ni tampoco actualizarlo. De este modo, los certificados de defunción difícilmente reflejan en algún momento la dirección de una residencia. Ahí está el primer fallo. Es imposible saber, en síntesis, cuántos residentes fallecen.

No ocurre en todos los países. Como explica la doctora en epidemiología por la Universidad de California, María Victoria Zunzunegui, otros países de nuestro entorno como Francia y Reino Unido, que sí analizan estos datos, establecen que entre un 22% y un 25% de las defunciones anuales ocurren entre mayores residentes de geriátricos. Si trasladáramos ese porcentaje a nuestro país, continúa, habría alrededor de 100.000 ancianos de residencias fallecidos cada año. En el propio centro o en el hospital. "Pero no lo sabemos con exactatitud", lamenta.

Lo denunció ella misma en un artículo publicado en la revista Gaceta sanitaria en 2022 en el que criticaba esta "situación anómala". "No es posible conocer el número de muertes de las personas que viven en residencias dado el bajo porcentaje de defunciones ocurridas en las residencias con un certificado de defunción en el que figura la residencia como domicilio habitual. Tampoco es posible saber cuántas personas procedentes de una residencia fallecen en el hospital después de su ingreso", señalaba en el documento.

El epidemiólogo Fernando García López lo firmó con ella —y también junto a Vicente Rodríguez, del Grupo de Investigación sobre Envejecimiento— y reclama soluciones. "Debería modificarse el formulario con el que se rellenan las defunciones y que se concrete también si la persona estaba o no institucionalizada", señala. Si no, dice Achebak, otra opción es que el empadronamiento en el centro sociosanitario sea una condición sine qua non para ser ingresado. Fórmulas hay, aseguran todos las voces expertas consultadas.

La advertencia no radica en ningún caso en un mero deseo de conocimiento. A él se suma la necesidad de responder a la pregunta que se formula Achebak: ¿hay mortalidad evitable? ¿Cuánta y cómo puede actuarse sobre ella? García López es muy claro. "Todo aquello que no se mide no existe. Por eso si no medimos los fallecidos en las residencias es imposible que veamos la magnitud de este dato", señala. Y que detectemos posibles o potenciales problemas.

Volvamos a lo que sí sabemos. El incremento de la mortalidad del año 2022, según Sanidad, se debió fundamentalmente a la ola de gripe y al calor. Ese año hubo 9.799 defunciones por neumonía e influenza. De ellas, el 63,5% ocurrieron en mayores de 85 años. En cuanto a lo segundo, continúa el documento, se sabe que "las olas de calor empeoran el pronóstico de muchos pacientes que presentan enfermedades crónicas, sobre todo en personas mayores". Por eso se puede concluir que "las olas de calor ocurridas durante el verano contribuyeron al aumento de las tasas de mortalidad por otras causas de muerte" como, por ejemplo, Alzheimer, diabetes mellitus y septicemia. En concreto, el número de defunciones por estas causas subió respectivamente un 28%, un 24% y otro 28% entre 2021 y 2022.

Los datos del INE también llegan a conclusiones similares. A lo largo de todo 2023 hubo 11.880 fallecimientos por neumonía e influenza, de las cuales el 76% se concentró en ancianos mayores de 80 años. En el mismo periodo murieron 79.887 personas de esas edad por problemas circulatorios. Y 10.215 por enfermedades infecciosas. Y 11.131 por Alzheimer. Destaca esas causas Zunzunegui y no por casualidad, sino porque el calor, señala, también empeora esas dolencias. En términos relativos, las circulatorias supusieron el 30% de todas las muertes de mayores, las infecciosas el 3,8% y el Alzheimer el 4,2%. No puede decirse no obstante, completa la experta, que todas ellas sean o evitables o prevenibles, pero tampoco lo contrario. Porque faltan datos.

Si los hubiese podría actuarse sobre ese porcentaje que sí es evitable o prevenible. Por ejemplo, si en los meses de julio y agosto se detecta un pico de fallecimientos en residencias por enfermedades circulatorias, o entre diciembre y enero otro por neumonía o influenza, podría deducirse que no hay una adecuada climatización de los centros. Así lo señala Achebak. "Tener esos datos podría revelar que no hay una infraestructura física adecuada o que en periodo vacacional la cantidad de personal disponible en esos centros no es el suficiente", explica. Dicho de otro modo: los datos de mortalidad, de existir, no sólo revelarían cuántas muertes hay, cuándo y por qué, sino cómo es la calidad de vida en estos centros. Tanto públicos como privados.

¿Hay muchas muertes por infecciones? ¿Hay otras tantas por caídas? Tener respuesta daría margen para la actuación. "La opacidad" por el contrario, "impide que haya rendición de cuentas", sentencia Zunzunegui.

En España, hablar de mortalidad por temperaturas se asocia con el calor tórrido del verano. Pero en realidad, los más peligrosos para la salud son los días fríos. En Europa, por cada muerte que se produce por altas temperaturas, se registran de media 8,3 por frío. Esa relación se suaviza en España porque el invierno es más suave, pero sigue aun así las muertes por frío superan en 5,1 veces a las relacionadas con el calor, según un estudio de la revista The Lancet publicado en verano. Sin embargo, tanto las políticas públicas como los avisos a la población están enfocados en los días de ola de calor, y los expertos advierten de que falta mucha pedagogía sobre el riesgo del frío.

Más allá de los programas de vacunación contra la gripe, las alertas en medios de comunicación y el refuerzo de la asistencia social, no hay programas a gran escala para prevenir el impacto por frío. Julio Díaz, investigador del Instituto de Salud Carlos III, advierte de que este problema de salud pública está abandonado. "Los planes de prevención por frío deben ser al menos tan importantes como los del calor, pero no lo son. Además, creemos que el cambio climático nos va a salvar del frío, pero todo lo contrario. Aunque la temperatura media del planeta suba, los días de frío extremo van a seguir registrándose", explica el físico. 

Díaz explica que la población tampoco tiene una sensación de alarma tan grande con el frío como con el calor porque su impacto en la salud es más extendido en el tiempo. "En el caso de los picos de calor, su impacto es fulminante, la gente fallece en cuestión de uno a cuatro días. Mientras que con el frío las muertes pueden ocurrir hasta 14 días después, principalmente por problemas respiratorios o cardiovasculares".

Según el análisis de The Lancet, en España mueren cada año 22.508 personas por causas atribuibles al frío, y 4.400 al calor. También calcula cómo evolucionarían esas cifras en un escenario de cambio climático agresivo, con un calentamiento global de 3 °C: los fallecimientos por frío subirían a 23.272 (+3,4%) y por calor a 20.194 (+360%). Es decir, incluso con el calentamiento del planeta habrá a finales de siglo más muertes por frío que por calor en España, aunque esa subida de casi el 400% demuestra que evidentemente será el impacto del calor el que más se agrave por el cambio climático.

En los cálculos que relacionan temperaturas y mortalidad se distinguen dos tipos de impactos: a corto plazo (una ola de frío o de calor) y a largo plazo (temperaturas frías y cálidas, en general). Este segundo caso es el que analiza The Lancet (22.508 fallecimientos anuales) y en el se incluyen todas las muertes derivadas de termómetros inferiores a la temperatura óptima de salud, que en la Comunidad de Madrid es de 29,3 grados, aunque varía en función de la provincia.

Julio Díaz, por su parte, ha estimado la mortalidad a corto plazo de las temperaturas extremas por olas de frío, es decir, los días en que los termómetros son inferiores a los 1,8 °C en la Comunidad de Madrid (y el equivalente en cada región). Según un estudio en el que participó Díaz en 2016, el frío extremo (olas de frío) causan entre 1.100 y 1.200 muertes directas en España al año (con datos entre 2000 y 2009). En este caso, las altas temperaturas sí son algo más perjudiciales, ya que las olas de calor acaban con 1.400 españoles al año. Sin embargo, cuando se calculan las hospitalizaciones, el frío es mucho más agresivo: 4.100 al año contra 1.200 por calor, según otro estudio que el investigador acaba de finalizar y que está pendiente de evaluación, con registros sanitarios de 2013 a 2018.

Los episodios de elevada contaminación en las ciudades tampoco suelen cobrar importancia en invierno, pero son igual de agresivos que durante las olas de calor de verano. Los días de invierno con tiempo anticiclónico se caracterizan por cielos despejados y una atmósfera muy estable que mantienen atrapados los contaminantes del aire sobre las ciudades, de manera que se pueden registrar elevadas concentraciones de micropartículas de polvo (PM10 y PM 2,5) y dióxido de nitrógeno, originadas por el humo de los coches. La única diferencia es que uno de los principales contaminantes de las urbes, el ozono, apenas tiene presencia en invierno. El ozono se produce por la interacción del dióxido de nitrógeno con la radiación solar, y en invierno la luz es mucho más débil que en verano.

España ha registrado 294.856 nacimientos en los once primeros meses de 2023, lo que supone 6.504 menos que en el mismo periodo de 2022 y la primera vez en la serie que no se superan los 300.000 nacimientos en los once primeros meses de un año, según las estimaciones de nacimientos mensuales del Instituto Nacional de Estadística (INE), según informa Europa Press.

Según los datos del INE, durante los once primeros meses de 2023 se estima que han nacido en España 294.856 niños, frente a los 301.360 en 2022; 308.294 en 2021; 317.181 en 2020; 329.554 en 2019; 340.340 en 2018; y 359.424 en 2017. Continúa así la tendencia a la baja desde que se contabilizan estos datos mensuales.

En cuanto a la edad de las mujeres, los datos del INE indican que, un mes más, en noviembre de 2023 hubo más nacimientos de madres mayores de 40 años (2.934 nacimientos) que de menores de 25 años (2.446 nacimientos). Además, en noviembre de 2023 nacieron 27.507 niños en España, lo que representa 804 menos que en el mismo mes de 2022 y que España lleve ya más de dos años sin superar los 30.000 nacimientos en un mes, desde octubre de 2021.

Respecto a las defunciones, en las 52 semanas de 2023, es decir, hasta el 31 de diciembre fallecieron en España un total de 433.533 personas, lo que representa 26.945 menos que en el mismo periodo de 2022 y la cifra más baja en esas semanas desde 2019, según la estimación del INE.

Finalmente, por cada año, las defunciones en España en este periodo de tiempo han sido 433.533 estimadas en 2023; 460.478 en 2022; 447.772 en 2021; 489.332 en 2020; 414.914 en 2019 y 423.994 en 2018.

El pasado mes de agosto saltaba la alerta a los titulares. "El exceso de mortalidad en España casi triplica la media europea", publicaron algunos medios. Nuestro país, según revelaban los datos de Eurostat, registraba una media de fallecimientos en el mes de junio un 16,7% superior a la registrada durante los años 2016 y 2019. En Europa, en cambio, el porcentaje bajaba al 6%. Las cifras mostraban que la vuelta a la normalidad tras la pandemia todavía no había llegado, algo que se confirmó cuando el Sistema de Monitorización de la Mortalidad diaria (MoMo), elaborado por el Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III, indicó que el exceso de mortalidad durante todo 2022 había superado la de todo 2021. Y, con mucho, la de los años prepandémicos. Hubo, según consta en su web, 34.773 excesos de fallecimientos, un 18,6% más que un año antes, cuando se registraron 29.310. ¿A qué se deben estos números?

Para responder a la pregunta, es necesario echar la mirada hacia atrás. Y, más concretamente, hacia los años donde el covid no existía. En 2016, por ejemplo, las muertes de más registradas en el MoMo fueron 8.270; en 2017, 13.476; y en 2018, 11.349. En la serie observada, además, destacan los años 2019 y 2015, el primero porque ni siquiera hubo exceso de mortalidad (se registraron 2.862 muertes menos de las esperadas) y el segundo porque terminó con una cifra muy elevada, 38.523, que podría atribuirse, explica el epidemiólogo y exdirector de Acción Sanitaria en situaciones de crisis de la OMS Daniel López Acuña, a los datos de gripe estacional que se observaron entonces.

Pero, ¿cómo funciona el sistema? Lo que mide es la cantidad de muertes que se han producido en un año comparadas con las que se esperaba que iba a haber. Por ejemplo: se esperaba que en 2018 fallecieran 421.228 personas, pero se notificaron 432.578. ¿Y cómo se obtienen los datos? El propio sistema lo explica así: El MoMo "utiliza la información de mortalidad por todas las causas que se obtiene diariamente de 3.929 registros civiles informatizados del Ministerio de Justicia, correspondientes al 93% de la población española y que incluye todas las provincias".

"Este indicador lo que nos mide es si el número de muertes está por encima de los promedios observados habitualmente en los años anteriores. Es un sistema de vigilancia rápida de mortalidad", explica Acuña, que indica que los datos correspondientes a 2021 y 2022 se han elaborado utilizando las medias de muerte de los años prepandemia. "Los datos de 2020 [cuando el exceso fue de 73.222] no se han tenido mucho en cuenta porque lo que ocurrió fue excepcional. Si nos dejáramos influir por un año con pico de mortalidad, no estaríamos observando la realidad", indica.

El sistema, por otro lado, nunca establece la causa de muerte. Así lo explican las fuentes del Instituto Carlos III a infoLibre: "MoMo no calcula ni determina muertes reales y no es un registro de defunciones. Es un sistema inespecífico que no permite identificar la causa concreta que está produciendo un exceso de mortalidad, más allá de la atribuible a las variaciones de temperatura", la única causa de fallecimiento que el sistema sí contempla, puesto que se puso en marcha, recuerda Acuña, "después de que en se produjeran muchas muertes por olas de calor en Francia".

Precisamente esto, el aumento de las muertes estimadas debidas al calor y al frío (que en 2022 fue de 5.876, la cifra más alta en toda la serie observada, desde el año 2015), podría explicar el dato de exceso de mortalidad que ocupó tantos titulares en el mes de agosto del año pasado. Sin embargo, lo que no podría hacer es aclarar el hecho de que en 2021 y 2022 haya unos datos de muertes excesivas muy superiores a los de los años anteriores a la crisis sanitaria. "Las muertes atribuibles a las olas de calor de los últimos años no pueden explicar toda la sobremortalidad, solo una parte", asegura López Acuña. ¿Y la otra parte, entonces, cómo puede explicarse? Según el Instituto de Salud Carlos III, podría ser "un conjunto de muchos factores". "Entre ellos pueden estar, por supuesto, el propio covid, la mortalidad indirecta relacionada con la pandemia, el aislamiento social, la posible mayor dificultad de acceso a la atención médica, los cambios en la estructura social, la actividad del sistema sanitario, las modificaciones en los comportamientos sociales e individuales..."

A cierre de 2022, y ya con los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) en la mano, la Sociedad Española de Epidemiología analizó los datos de mortalidad de todo el año. Y las causas. La respuesta que obtuvieron quizá no era la esperable en un momento en el que la tasa de vacunación con la dosis completa superaba el 85% de la población: el covid-19 "ha sido la causa específica de muerte más frecuente durante el último año y medio", algo que sucedió a pesar de que se registró "una disminución en número de personas por esta causa en 2021 con respecto a 2020, y en los primeros seis meses de 2022 con respecto al mismo periodo de 2021".

Concretamente, en 2021 fallecieron 39.444 personas por covid —que no es lo mismo que con covid—, un 34,6% menos que en 2020. En el primer semestre de 2022 lo hicieron, en cambio, 20.915, un 28,6% menos que en el mismo periodo del año anterior.

Pero ahora bien, después del covid, ¿cuáles fueron las causas de muerte más frecuentes? Según el análisis de la Sociedad Española de Epidemiología, los tumores, las enfermedades del sistema circulatorio y las del sistema respiratorio ocuparon los grandes grupos de causas de muerte tanto en 2021 como en el primer semestre de 2022. Los datos del INE especifican que los tumores que acabaron en fallecimiento, de hecho, aumentaron un 0,8% en 2021 y un 1,7% en 2022, un año en el que también aumentaron las muertes por enfermedades respiratorias (un 24,3% más que en el mismo periodo de 2021), por enfermedades del sistema nervioso (un 7,9% más) y por enfermedades del sistema circulatorio (un 1,6% más que en los seis primeros meses de 2021, cuando esta causa de fallecimiento disminuyó con respecto a 2020).

Aunque a priori no lo parezca, según explica Acuña y coincide Óscar Zurriaga, presidente de la Sociedad Española de Epidemiología, algunos de estos fallecimientos también se podrían atribuir al covid. "En algunos casos por falta de diagnóstico precoz que nos ha llevado a que nos encontremos las enfermedades en estadios más graves y de más difícil resolución, y en otros por retrasos en tratamientos de otras patologías que se han visto inevitablemente agravadas. Indirecta y directamente, el covid sigue explicando bastante la mortalidad de los últimos dos años", explica Zurriaga.

Se avisó de que esto podría ocurrir en plena crisis sanitaria. La concentración de los esfuerzos en el tratamiento de los casos más graves de contagio por coronavirus impidieron que los enfermos crónicos fuesen atendidos y que las enfermedades nuevas fueran diagnosticadas. Por ejemplo, según los datos de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), en 2020 se detectaron entre un 15 y un 20% menos de cánceres. Otro ejemplo: según la Sociedad Española de Cardiología (SEC), el tratamiento del infarto se redujo un 40% durante la primera semana del estado de alarma, lo que provocó que la mortalidad del mismo se duplicara durante la primera ola de coronavirus. 

Pero hay más datos. Según el último Informe anual del Sistema Nacional de Salud correspondiente a los años 2020 y 2021 publicado por el Ministerio de Sanidad, "las listas de espera, tanto para intervenciones quirúrgicas como para consultas y pruebas diagnósticas, se han visto claramente afectadas desde que se decretó el primer estado de alarma". En concreto, en atención primaria, el año previo a la pandemia, el 42% de las personas que pidieron cita con su médico de familia la obtuvo para el mismo día o para el siguiente, mientras que el resto la obtuvo en una media de 5,9 días. En 2021, la cita en el día o para el día siguiente solo la obtuvo el 26% y el resto debió esperar de media 10,8 días.

Según el barómetro sanitario del CIS, que cuenta con datos más recientes, en noviembre de 2022 ocho de cada diez pacientes tuvieron que esperar más de un día para ser atendidos por su médico de familia, frente al 55,1% de antes del covid, según sus datos. En el caso de los médicos especialistas, el número de pacientes que tuvieron que esperar más de tres meses pasó del 25,8% previo a la pandemia, al 37,9% casi al cierre del año 2022.

Por su parte, en cuanto a las listas de espera quirúrgica, el número de pacientes en espera estructural aumentó en los dos últimos años, según los últimos datos disponibles, correspondientes a junio de 2022. Ese mes la cifra era de 742.518; en junio de un año antes, en cambio, era de 661.162. Sin embargo, el porcentaje de pacientes con más de seis meses de espera disminuyó (pasó de un 18,9% en junio de 2021 a un 17,6% en el mismo mes de 2022), al igual que el tiempo medio de espera (de 121 a 113 días).

"En el año 2022, la saturación asistencial, los retrasos en la atención y en las listas de espera, al igual que en pruebas diagnósticas, ha generado que personas con enfermedades crónicas que normalmente podrían ser resueltas vieran sus patologías intensificadas al no ser atendidas oportunamente", explica Acuña, que coincide con Zurriaga y con el diagnóstico de la Sociedad Española de Epidemiología en que el covid, de manera directa, también influyó en la mortalidad de 2022. "La variante ómicron generó episodios severos y reinfecciones y, además, a finales de año tuvimos una tripledemia, con casos de covid, gripe y enfermedades respiratorias en niños", añade.

¿Y qué pasará en 2023? Los últimos datos disponibles en el MoMo, que actualizó su estadística el pasado 15 de marzo, cifran en 795 las muertes de más en lo que llevamos de año. "Los primeros meses parecen haber reducido los niveles de sobremortalidad, pero habrá que estar atentos, sobre todo al verano, cuando se espera que las muertes atribuibles a la temperatura aumenten y el covid siga teniendo una fuerte implicación, directa e indirecta", sentencia el epidemiólogo.

Un total de 273.930 niños nacieron en España en los diez primeros meses de 2022, 5.955 menos que en el mismo periodo del año pasado y 68.680 menos que en los mismos meses de 2016, según la estimación mensual de nacimientos del Instituto Nacional de Estadística (INE), según informa Europa Press.

De los datos del INE se desprende que, en los últimos seis años, el número de nacimientos en España ha ido en descenso. Así, entre enero y octubre de 2016, nacieron 342.610 bebés, una cifra que cayó hasta los 326.249 en los mismos meses de 2017; a 309.794 en 2018; 299.944 en 2019; 290.454 en 2020; 279.885 en 2021 y 273.930 en 2022.

Atendiendo a los alumbramientos por cada mes, en octubre de 2022 nacieron 28.262 niños en España, la cifra más baja en un mes de octubre desde el inicio de la serie, en 1941.

Por otro lado, en las 48 primeras semanas de 2022 han fallecido en España 422.657 personas, 13.030 más que en el mismo periodo de 2021, un 3,2% más, y 29.298 menos que en esas mismas semanas de 2020, un 6,5% menos, según la estimación de defunciones semanales del INE.

En estos últimos años se aborda con frecuencia el tema del exceso de mortalidad en España y el hecho de que supera ampliamente las cifras de otros países de la Unión Europea. En junio de 2022 la mortalidad estuvo situada en un 17% por encima de la media de 2016 - 2019, frente a un promedio de la UE del 6%, y solo superado por Portugal (24%) y Estonia (17%).

Analizar el exceso de mortalidad y sus causas es complejo y se necesitan varias aclaraciones:

El exceso de mortalidad se calcula mediante las estimaciones de mortalidad realizadas por el Instituto de Salud Carlos III y publicadas por el Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria en España. Por ello, lo primero que hay que explicar es que la estimación de la mortalidad es una función estadística que se basa en las probabilidades y que establece unas cifras estimativas que con frecuencia no se parecen nada a la realidad concreta (aunque sí lo hagan en un espacio y tiempo amplio), y que están sujetas a unos intervalos de confianza muy grandes, como puede observarse en el gráfico adjunto, y como era de esperar, la mortalidad real pocas veces se corresponde con la estimada (por exceso o por defecto). Por ello, se recogen también (banda azul) las previsiones de mortalidad al 99%, pero incluso en este caso vemos que en varias ocasiones la mortalidad realmente producida es inferior a la estimación realizada, por supuesto en muchas más ha sido netamente superior en este periodo.

Sin embargo, el exceso de mortalidad se calcula a partir de la estimación sin considerar los intervalos de confianza, lo que puede producir problemas de interpretación. Por esto, sería deseable que se realizara cuando la mortalidad real supera el margen del 99% de confianza de la estimada, y que se calcule en periodos amplios de tiempo (no inferiores al mes) y en grupos numerosos de población (al menos millones de personas), porque tiempos más reducidos o grupos más pequeños pueden producir mucha más imprecisión.

El sistema está pensado para detectar aumentos bruscos o persistentes de la mortalidad, pero no para establecer sus causas. En España existe la tendencia de atribuir todo el exceso de mortalidad a la covid-19, y aunque es probable que esto fuera así durante la primera ola de la enfermedad (cuando se hacían pocos test y por ejemplo se encerraba a los enfermos en las residencias sin acceso a la asistencia sanitaria), a partir de entonces es improbable que esto sea cierto, y aún más improbable según fue evolucionando la enfermedad. Podría decirse que tras la segunda ola todo el exceso de mortalidad no justificable por los casos de muertes diagnosticadas de covid-19 no puede atribuirse a casos infradiagnosticados (obviamente siempre habrá alguno, pero serán muy pocos y no explicarán el aumento de mortalidad).

Como ya señalé en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, lo más razonable es pensar que este exceso de mortalidad por encima de los casos de covid-19 tenga su causa en las patologías que no tuvieron un diagnóstico y/o tratamiento adecuado durante la pandemia y que vieron por lo tanto agravada su situación clínica, y eso podría explicar también la diferencia tan importante que se produce con otros países europeos, porque en nuestro caso, lejos de arreglarse, las demoras y los problemas de atención sanitaria no solo no se han resuelto, sino que han empeorado desde la pandemia. Obviamente durante el verano habrán incidido los casos derivados de las olas de calor, cuya repercusión, por cierto, ya está incluida en el gráfico.

Lógicamente, no vamos a conocer la realidad salvo que se hiciera un estudio sobre qué sucedió con las personas que vieron postergada su asistencia sanitaria en este periodo, lo cual, hasta el momento, no ha sido realizado por ninguna de las autoridades sanitarias, más que nada por aquello de ojos que no ven corazón que no siente, o dicho de otra manera, para evitar tener que asumir cualquier tipo de responsabilidad al respecto.

Una última cuestión tiene que ver con el empeño en diferenciar "muertes por covid-19" de "muertes con covid-19", una disquisición metafísica de imposible e inútil comprobación. Las muertes por una infección o por otra causa como por ejemplo el calor, generalmente se producen en personas con enfermedades crónicas y pluripatologías de base que se desestabilizan ante cualquier nueva enfermedad, que no produciría la muerte si se tratase de personas sanas, pero que tampoco la produciría si no sumaran una nueva enfermedad a las preexistentes, y así sucede en la gripe, en las muertes por calor (en realidad muertes directas por efecto del calor, como el golpe de calor o la insolación son infrecuentes) y naturalmente en el covid-19. Parece que no queremos asumir que la enfermedad continúa aquí y que sigue siendo mortal aunque, obviamente, mucho menos que antes de la vacunación.

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Marciano Sánchez Bayle es médico y portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública

Este verano más de 4.650 personas han fallecido en España por causas relacionadas con el calor, según estimaciones realizadas por el sistema de monitorización de la mortalidad diaria por todas las causas (MoMo), elaborado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), según informa Europa Press.

Las sucesivas olas de calor que han azotado al país a lo largo de los meses de verano, especialmente en julio, han incrementado sustancialmente el exceso de mortalidad, ya que de las 20.291 defunciones más de las esperadas entre junio, julio y agosto 4.655 se atribuyen a la temperatura.

De hecho, tal y como se desprende del informe, julio ha sido el mes en el que más fallecidos por esta causa se han notificado (2.223), seguido de agosto (1.602) y junio (830). Estos datos duplica el registro de muertes atribuibles al calor más alto para estas fechas, registrado en 2017 (más de 2.800 casos).

Por comunidades autónomas, en los meses de verano Madrid es la región que más fallecidos por causas relacionadas con el calor ha registrado (1.292), seguida a mucha distancia por Castilla y León (576) y Cataluña (575). Asimismo, en Andalucía se han notificado 439, en Aragón 309, en Asturias 21, en Baleares 5 y en Canarias 40.

Asimismo, en Cantabria se ha notificado un fallecido más de los esperados por calor, en Castilla-La Mancha 338, en la Comunidad Valenciana 304, en Extremadura 220, en Galicia 228, en Murcia 5, en Navarra 117, en el País Vasco 133, en La Rioja 50, en Ceuta 2 y en Melilla 1.

Un total de 159.705 niños y niñas han nacido en España en el primer semestre de 2022, según los datos que este miércoles 17 de agosto ha hecho públicos el Instituto Nacional de Estadística (INE). Esta cifra representa casi un millar menos de los que lo hicieron en el mismo periodo de 2021 (160.681) y supone un descenso de la natalidad en el país hasta mínimos históricos.

Se trata del octavo año consecutivo que el INE contabiliza un descenso en esta materia durante los primeros seis meses del año, desde junio de 2015, cuando los nacimientos rozaban los 205.000.

En junio de 2022 esta cifra se ha reducido en más de 45.000, convirtiendo al primer semestre de este último año en el que menos nacimientos ha registrado en España desde que se tienen datos en esta materia, en 1941.

Febrero ha sido el mes que ha contabilizado un menor número de nacimientos (24.836), seguido de abril (25.570) y junio (26.959). Los otros tres meses restantes han sumado: enero, 27.563; marzo, 27.426; y mayo, 27.343.

Cabe destacar que solo cuatro años antes de estas cifras, en el primer semestre de 2018, las cifras de nacimientos por mes rondaban y superaban en su mayoría los 30.000.

Por otro lado, el INE ha dado a conocer que un total de 275.872 personas han fallecido en España hasta el 25 julio de este año (la semana 30), 13.317 personas más que en la misma semana de 2021. Esta cifra de fallecidos también es superior a la registrada en la semana 30 del año 2019 (249.459) y del año 2018 (256.571). No obstante, son 19.062 muertes menos que en esta misma semana del año 2020 (294.939), que fue el primero de la pandemia de covid-19.

La mayor parte de los decesos producidos en 2022 se acumulan en los meses de verano, según el sistema de monitorización de la mortalidad diaria (MoMo) del Instituto Carlos III, que atribuye hasta 2.223 muertes a las altas temperaturas en el mes de julio. En total, el MoMo ha registrado 5.276 muertes relacionadas con las altas temperaturas en lo que va de año, en comparación con las 744 de 2021.

Por otro lado, se observa que la mayor parte de las defunciones se concentraron en edades avanzadas. En concreto, han fallecido 1.091 hombres con edades comprendidas entre los 85 y los 89 años y 1.438 mujeres en esta misma horquilla etaria. En la franja de más de 90 años han muerto 3.259 hombres y 6.774 mujeres.

Los nacimientos han seguido bajando este año, un 3% hasta octubre, mientras que las muertes han caído un 8% y se sitúan por debajo de las cifras registradas en el mismo periodo de 2020, según los datos provisionales publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y recoge Europa Press.

En el caso de los nacimientos, un total de 281.712 niños han nacido en España en los 10 primeros meses de 2021, lo que supone 8.742 menos (cerca del 3%) que en el mismo periodo de 2020. Además, esta cifra representa 44.500 nacimientos menos que en esos mismos meses de 2017. Por años, los nacimientos en España durante los 10 primeros meses de cada año registran una tendencia constante a la baja ya que se sitúan en 281.712 en 2021; 290.454 en 2020; 299.944 en 2019; 309.794 en 2018; 326.249 en 2017 y 342.610 en 2016.

En cualquier caso, en octubre de 2021 hubo 30.515 nacimientos en España, 253 más que en octubre de 2020, cuando nacieron 30.262 niños por lo que, por cuarto mes consecutivo, se superan los 30.000 nacimientos, según la estimación de nacimientos mensuales del INE, un proyecto que tiene como objetivo la estimación del número de nacimientos ocurridos desde enero de 2021 y su comparación con los datos históricos desde el año 2016.

Además, en las 46 primeras semanas de 2021, han fallecido en España 397.983 personas, 34.743 menos (-8%) que en el mismo periodo de 2020, según la estimación de defunciones semanales del INE. En este caso, respecto al año pasado, la tendencia sí se ha invertido con 397.983 defunciones en 2021 frente a las 432.726 de 2020. Sin embargo, las defunciones siguen por encima de las de los tres años anteriores: en 2019 hubo 365.282 fallecimientos; en 2018, 374.693; y en 2017, 366.241.

España ha registrado hasta la semana 46 del año, que finalizó el pasado 21 de noviembre, un total de 397.983 defunciones, lo que supone un descenso del 8% respecto al mismo periodo del año 2020, según datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Así lo recoge el INE en la última actualización de la estadística experimental lanzada en 2020 para estudiar las defunciones semanales ocurridas durante la pandemia, en el marco de su información para el análisis del impacto de la crisis del coronavirus.

Se trata de una estimación realizada con un modelo diseñado para este proyecto, puesto que los datos oficiales de defunciones que transmiten los registros civiles se comunican con un considerable retraso. De acuerdo con esta estimación de defunciones semanales del INE, durante las 46 primeras semanas del año ha descendido el número de fallecimientos por cualquier causa, recuperando poco a poco los niveles prepandemia.

Así, mientras que fallecieron 397.983 personas en 2021 en este período, en 2020 fueron 432.726, coincidiendo con los peores momentos de la pandemia de covid-19. En años anteriores, antes de la aparición del virus, las cifras eran de 365.282 en 2019, 374.693 en 2018 y 366.241 en 2017.

Por edades, frente a 2020, cuando aún no se contaba con vacunas aprobadas contra el coronavirus han fallecido 10.027 menos hombres y 3.302 mujeres mayores de 90 años. En cuanto a los de 85 a 90 años, se han producido 6.991 defunciones menos de hombres y 4.241 menos de mujeres.

De 80 a 84 años, por ejemplo, ha habido 4.517 menos muertes de hombres y 3.540 de mujeres. El único grupo en el que se han incrementado las muertes es el de 60 a 69 años. En concreto, han muerto 267 mujeres más de 60 a 64 años y 164 hombres más en este rango de edad. De 65 a 69, han fallecido 347 mujeres y 124 hombres más.

Por otro lado, según los resultados definitivos de nacimientos, defunciones y matrimonios correspondientes a 2020 publicados este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE), un año marcado por la pandemia del coronavirus, el año pasado hubo 341.315 nacimientos (un 5,35% menos respecto a 2019), 493.776 defunciones (17,93% más) y 90.670 matrimonios (un 45,55% menos).

En el caso de los nacimientos, esta cifra refleja una disminución del 30,3% desde el año 2010 y continúa con la tendencia a la baja de la última década, sólo interrumpida en 2014. El descenso en el número de nacimientos se observó a lo largo de todos los meses de 2020, aunque se acentuó a partir de noviembre, con un 10,9% menos en noviembre y un 21,5% en diciembre respecto a los mismos meses del 2019.

De los nacimientos del año pasado, 166.473 fueron de niñas (-4,92%) y 174.842 de niños (-5,76%). Por otro lado, 264.128 de los nacimientos fueron de madres de nacionalidad española (-5,68%) y 77.187 procedieron de madres extranjeras (-4,20%). La edad media a la que una mujer tiene su primer hijo en España es de 31,22 años.

Respecto a las defunciones, hubo 493.776 fallecimientos, lo que supone un incremento del 17,93% respecto a 2019. Del total de fallecidos, 249.664 fueron hombres (un incremento del 17,39%) y 244.112 mujeres (un aumento del 18,49%). Respecto a la esperanza de vida al nacimiento, en 2020 se sitúa en 82,33 años, siendo de 79,59 años en el caso de los hombres y 85,06 años en el caso de las mujeres.

En cuanto a los matrimonios, hubo un total de 90.670, un 45,55% menos que en 2019, de los que 71.925 fueron enlaces con ambos cónyuges son españoles (-47,35%); 15.707, con uno de los cónyuges extranjero (-37,59%) y 3.038 con ambos cónyuges extranjeros (-36%). Además, se celebraron 87.481 bodas entre cónyuges de distinto sexo (-45,79%) y 3.189 entre personas del mismo sexo (-37,97%).

En el año 2020 hubo 60.358 fallecimientos cuya causa de muerte fue covid-19 virus identificado, mientras que otras 14.481 personas murieron con sospecha de covid-19 por tener síntomas compatibles con la enfermedad, según certifica el Instituto Nacional de Estadística (INE) que, además, recoge 8.275 defunciones en los que la causa de muerte fue por otras causas, pero en las que la covid-19 contribuyó o hay sospecha de que contribuyera al fallecimiento de dichas personas.

No obstante, los datos podrían ser mayores ya que la estadística definitiva de defunciones por causa de muerte en España de 2020, publicada este miércoles, no recoge las defunciones por esta causa de los meses de enero y febrero, ya que no se podía certificar puesto que la covid-19 fue incorporada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) a la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10) en marzo de 2020.

Los meses con mayor número de defunciones por covid-19 virus identificado fueron abril, con 18.252 fallecimientos (el 29,9% del total de ese mes), marzo (con 11.313 muertes, el 19,4% del total) y noviembre (con 9.891 defunciones, el 23,4% del total). En cuanto a defunciones por covid-19 virus no identificado (sospechoso), los meses con más fallecimientos fueron abril (con 8.236), marzo (4.217) y mayo (751). A partir del mes de mayo las muertes por esta causa descendieron significativamente.

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De forma más detallada, la semana con mayor número de defunciones por covid-19 fue del 30 de marzo al 5 de abril (semana 14), con 6.686 personas fallecidas por covid-19 virus identificado y 4.060 por covid-19 virus no identificado (sospechoso), lo que supuso el 31,9% y 19,3%, respectivamente, del total en esa semana. Por detrás se situó la anterior, la semana del 23 al 29 de marzo (semana 13), con 6.410 muertes por covid-19 virus identificado y 2.305 por covid-19 virus no identificado (sospechoso), lo que supuso el 32,3% y el 11,6% del total de esa semana. Y con covid-19 virus no identificado (sospechoso) 6.419 hombres y 8.062 mujeres.

Por otro lado, se observa que la mayor parte de las defunciones se concentraron en edades avanzadas. El 87,3% de los fallecidos por covid-19 virus identificado y el 93,3% de los fallecidos por covid-19 virus no identificado (sospechoso) tenía 70 o más años. El riesgo de morir por covid- 19 virus identificado, medido por las tasas específicas por edad, fue inferior a 100 fallecidos por cada 100.000 habitantes hasta los 65 años. A partir de esa edad las tasas aumentaron progresivamente hasta alcanzar los 3.638,4 fallecidos por 100.000 habitantes en el grupo de 95 y más años.

En el caso de covid-19 virus no identificado (sospechoso) las tasas superaron los 100 fallecidos por 100.000 a partir de los 80 años. La tasa más elevada se dio en las personas de 95 y más años (1.518,8). Por su parte, el mayor número de fallecimientos por covid-19 virus no identificado (sospechoso) se dio en residencias socio-sanitarias (51,9% del total).

Casi el 80% falleció en un centro hospitalario

En centros hospitalarios fallecieron 47.207 personas por covid-19 virus identificado frente a 10.010 fallecidos en residencias y 2.108 en domicilios particulares. Por su parte, por covid-19 virus no identificado (sospechoso) fallecieron 4.814 personas en centros hospitalarios, 7.339 en residencias y 1.922 en domicilios particulares.

Por comunidades, las tasas brutas más elevadas de fallecidos por covid-19 virus identificado por cada 100.000 habitantes durante el año 2020 correspondieron a Castilla y León (243,5), Castilla-La Mancha (235,8) y Comunidad de Madrid (215,2). Por su parte, las menores tasas se dieron en Canarias (18,0), Baleares (45,8) y Murcia (48,9). Y las menores tasas brutas por esta causa se registraron en Región de Murcia (2,1 fallecimientos por 100.000 habitantes), Galicia (3,1) e Illes Balears (3,5).

Las mayores tasas brutas de fallecimientos por covid-19 virus no identificado (sospechoso) se dieron en Castilla-La Mancha (82,4), Castilla y León (79,0) y Comunidad de Madrid (71,3). Mientras, las menores tasas brutas por esta causa se registraron en Murcia (2,1 fallecimientos por 100.000 habitantes), Galicia (3,1) e Baleares (3,5).

Complicaciones más frecuentes en las muertes por covid-19

En los fallecidos por covid-19 la insuficiencia respiratoria y la neumonía fueron las complicaciones más frecuentes informadas en los certificados de defunción. En concreto, en el 57,5% y el 32,7% del total, respectivamente, de las defunciones por covid-19 virus identificado, y en el 53,4% y el 21,1% de las de covid-19 virus no identificado (sospechoso).

La principal comorbilidad de las personas que fallecieron por covid-19 y que fueron informadas por los médicos en el certificado médico de defunción fue la enfermedad hipertensiva (12,8% en los fallecimientos por covid-19 virus identificado y 20,3% en los de covid-19 sospechoso).

Por su parte, la insuficiencia renal fue la segunda comorbilidad en las defunciones de covid-19 virus identificado (9,6% del total). Y la demencia en las defunciones por covid-19 virus no identificado (sospechoso), con el 12,8% del total.

La información del certificado de defunción también permite analizar las causas de muerte más frecuentes en las que la covid-19 no fue el desencadenante del fallecimiento, pero sí contribuyó a él por encontrarse entre las comorbilidades de la persona que murió.

Además de las 60.358 defunciones por covid-19 virus identificado, esta enfermedad estuvo presente como comorbilidad en otros 3.770 fallecimientos. Las principales causas de muerte directa en estas defunciones fueron las enfermedades isquémicas del corazón (278 fallecimientos), el cáncer de bronquios y pulmón (263) y las enfermedades cerebrovasculares (216).

Por su parte, aparte de los 14.481 fallecimientos por covid-19 virus no identificado (sospechoso), esta enfermedad contribuyó a la muerte como comorbilidad sin ser la causa directa en 4.505 defunciones más. Entre las principales causas de muerte en los fallecimientos de covid-19 sospechoso como comorbilidad figuraron la demencia (308), las enfermedades de las vías respiratorias inferiores (259) y las enfermedades cerebrovasculares (238).

Esa generación “más ancha” de la que habló el ministro José Luis Escrivá el pasado jueves en TVE se está convirtiendo en protagonista a su pesar de la reforma de las pensiones. Los también llamados baby boomers, los nacidos entre 1958 y 1977, actores del estallido demográfico que llevó aparejada una economía inusitadamente próspera tras la Segunda Guerra Mundial, también van a convertirse en el mayor club de jubilados de la historia. De jubilados con pensión, se entiende. Y ahí está el problema. O por lo menos es a quienes se menciona cuando de reformar el sistema público de pensiones se trata, un debate recurrente que no termina de cerrarse pese a los sucesivos cambios legislativos.

La mención del titular de Seguridad Social al “ajuste pequeño” que deberán sufrir en su pensión los nacidos en los años 60 y 70 cuando se jubilen de aquí a 2050 ha encendido las alarmas de los recortes, justo cuando sindicatos, patronal y Gobierno acaban de dar por enterrada la reforma de 2013. La misma que limitó las subidas anuales de estas prestaciones públicas desligándolas del IPC y establecía un factor de sostenibilidad a partir de 2019 que reduciría la pensión inicial de acuerdo con el aumento de la esperanza de vida de cada generación.

En efecto, en los años 60 y hasta 1975 la tasa de natalidad en España se disparó hasta los 20 nacimientos por cada 1.000 habitantes. A partir de 1981 la tasa de fecundidad empezó a caer: entonces estaba en 2,04 hijos por mujer, en 1998 ya era de 1,13. En 2019, tras un ligero repunte como resultado de la mayor fecundidad de las mujeres migrantes, se ha quedado en 1,23. En cualquier caso, inferior a los 2,1 hijos por mujer necesarios para mantener la población.

Según las estadísticas del INE, en estos momentos en España hay 14,34 millones de personas entre 44 y 63 años. De ellos, son población activa –en disposición de trabajar– 10,53 millones de personas. Integran esa generación “ancha” que está empezando a jubilarse y que lo hará de forma masiva hasta 2050. Después, el número de personas en edad de retiro descenderá al mismo ritmo que lo hizo la natalidad desde los 80.

Además, esas cohortes demográficas van a disfrutar de una mayor esperanza de vida que sus predecesoras. España tiene una de las más elevadas del planeta, tanto al nacer como a partir de los 65 años. En el primer caso, se sitúa en 83,2 años –86,1 años para las mujeres–, sólo por detrás de Japón y Suiza. Pero es que, a partir de los 65 años, los españoles viven de media 21,6 años más, sólo un poco menos que los franceses, que viven una media de 21,9 años tras la jubilación. No hay que olvidar que, a principios del siglo XX, esa etapa de la vida no superaba los 10 años. Pero en 2050 se llegará a los 23,7 años. La esperanza de vida aumenta un año cada siete.

Es decir, no sólo va a crecer el número de pensionistas, sino que también van a cobrar pensión durante más años. Una prestación que cada vez es más alta: desde los años 60 el nivel de estudios de los españoles y su capacitación profesional no han hecho sino mejorar; por tanto, también sus salarios, a la par que la prosperidad económica. 

La tasa de dependencia se duplicará

Esa mayor presión ha hecho saltar las alarmas sobre la capacidad de respuesta del sistema público de pensiones, más aún con las sucesivas crisis económicas y de empleo. Pese a que la llegada de migrantes a partir de 2000 rejuveneció la población –no sólo porque los migrantes son más jóvenes, sino porque las mujeres migrantes tienen más hijos que las españolas y los tienen antes–, la tasa de dependencia no ha dejado de crecer. Ésta resulta del cociente entre la población mayor de 67 años –y cobra una pensión– y la población menor de esa edad –y que está en edad de trabajar–. En España es del 29,7%, aún por debajo de la media de la UE, que alcanza el 32%, según los datos de Eurostat para 2020.

Pero las previsiones del organismo estadístico comunitario la sitúan en el 59,9% en 2050, incluso por encima de la media de la UE, un 52%. De forma que España será el cuarto país con mayor tasa de dependencia tras Portugal, Grecia e Italia. El INE calcula una tasa inferior del 53%. Según explican José Ignacio Conde-Ruiz, investigador de Fedea, y Clara I. González, economista del Banco de España, en El futuro de las pensiones en España, recién publicado por Cajamar, hoy en día de cada 100 personas, 16 tienen menos de 15 años, 67 están edad de trabajar –entre 16 y 66 años– y 17 son mayores de 67 años. Pero en 2050, de cada 100, 13 serán menores de 15 años, 58 estarán en edad de trabajar y 29 estarán jubiladas. Para entonces, la generación del baby boom tendrá más de 75 años y representará el 18% de la población española, que rozará los 50 millones de habitantes, si el INE acierta en sus previsiones y contando con un flujo acumulado de 6,8 millones de migrantes hasta ese año. Hoy, los mayores de esa edad equivalen al 9,8% de la población, que suma 47,39 millones de personas. Su número, por tanto, se habrá duplicado.

El impreciso referente de 2011

El acuerdo sobre pensiones alcanzado esta semana incluye la derogación del factor de estabilidad incluido en la reforma de 2013 y su sustitución por un nuevo mecanismo de “equidad intergeneracional” que deberá entrar en vigor en 2027. Gobierno, sindicatos y patronal reconocen que van a necesitarlo para equilibrar el sistema por las “necesidades excepcionales y acotadas en el tiempo” que van a suponer “la jubilación de la generación del baby boom y el aumento de la esperanza de vida”baby boom . Para diseñarlo, se comprometen a recuperar “el planteamiento consensuado en la reforma de 2011”. Se refieren al factor de sostenibilidad que apenas se esbozó en el texto que firmaron el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero con los sindicatos y la patronal y que fue aprobado en el Congreso con los votos del PSOE y CiU.

Entonces, el artículo 8 de la Ley 27/2011 de 2 de agosto establecía que, cada cinco años, “los parámetros fundamentales del sistema” –la edad de jubilación, los años de cotización, el periodo de cálculo de la cuantía de la pensión, etcétera– serían revisados “por las diferencias entre la evolución de la esperanza de vida a los 67 años de la población” y la esperanza de vida a los 67 años en 2027 –el año en que se preveía empezar a aplicar el factor–. El objetivo de esa revisión era “mantener la proporcionalidad entre las contribuciones al sistema y las prestaciones esperadas del mismo y garantizar su sostenibilidad”.

Ese factor fue sustituido por el creado en la reforma de 2013, que el PP aprobó en solitario en el Parlamento y sin el acuerdo de los sindicatos. Se trataba de una fórmula matemática que ligaba el importe de la pensión a la esperanza de vida y se aplicaba de forma automática a la pensión inicial. Para ello se iban a utilizar las tablas de mortalidad de la población pensionista elaboradas por la propia Seguridad Social. No llegó a ver la luz, puesto que el Gobierno del PP lo dejó en suspenso en 2018. Pero, de haberlo aplicado, habría recortado la pensión de los nuevos jubilados a partir del 1 de enero, de 2019 de forma que se garantizara que la cuantía total de la pensión cobrada por los trabajadores desde la jubilación hasta su fallecimiento fuera similar, aunque unos vivieran más años que otros.

Ahora, en cambio, recuperando el dibujo de 2011, aunque tampoco siendo mucho más claros y precisos que entonces, Gobierno y agentes sociales pretenden que el nuevo mecanismo de equidad intergeneracional incorpore “indicadores” que ofrezcan “una imagen más fidedigna del desafío que para el sistema supone el envejecimiento de la población”. El texto del acuerdo no concreta qué indicadores, pero el acuerdo menciona que deben “actuar de forma equilibrada sobre el conjunto de parámetros del sistema”. Así se evitará que recaiga sobre “las generaciones más jóvenes” el coste de las pensiones de los baby boomersbaby boomers y “se fortalecerá la sostenibilidad del sistema” en el largo plazo. En otras palabras, no será un recorte automático con un coeficiente reductor como el de la reforma de 2013. Pero sí “ajustará el sistema” actuando sobre el resto de los parámetros, ya sea la edad de jubilación, el periodo de cálculo necesario para cobrar el 100% de la pensión o los años de cotización. De ahí la mención de Escrivá al “ajuste pequeño” o a que los miembros de la generación “ancha” quizá tengan que “trabajar algo más”.

Los ejemplos europeos

Es así como funcionan este tipo de mecanismos en otros países europeos. En Alemania, la cuantía de la pensión se determina según el número de puntos acumulados por cada trabajador a lo largo de su vida laboral, que dependen de sus cotizaciones respecto de la cotización media de todos los trabajadores. El valor de cada punto depende, a su vez, de la relación entre el número de cotizantes y el número de pensionistas, por lo que la esperanza de vida se considera implícita en ese cociente.

En Italia, para establecer la cuantía de la pensión se utiliza un coeficiente de transformación que se calcula utilizando las tablas de mortalidad de la población. Éste se revisa periódicamente según aumenta la esperanza de vida.

En Francia, el cálculo de la pensión se basa en un coeficiente entre el número de trimestres cotizados por el trabajador y un número máximo de trimestres que se aumenta según lo hace la esperanza de vida a partir de los 60 años.

En Portugal, se utiliza un factor que es el resultado de dividir la esperanza de vida a partir de los 65 años en un año de referencia y la esperanza de vida un año antes de jubilarse. Se aplica sólo a las jubilaciones anticipadas, pero el recorte es considerable: en 2020 era de un 15,2% y este año llegará al 15,5%, por efecto del aumento de la esperanza de vida.

Durante los primeros cinco meses del 2020 se produjeron en España 231.014 defunciones, 43.537 más que en el mismo periodo del año anterior, lo que supone un incremento del 23,2%; de estas muertes, cabe destacar los fallecimientos por enfermedades infecciosas que aumentaron un 1.687,7% respecto a los cinco primeros meses de 2019, correspondiendo el 67,5% de las defunciones a pacientes con covid-19 identificado y el 26,9% a pacientes sospechosos con covid-19.

Estos datos se desprenden del avance publicado por el INE este jueves y recogido por Europa Press, con carácter provisional hasta que se difundan los definitivos durante el año 2021. Por el momento, se observa una variación del número de fallecimientos con distinta tendencia en los meses de enero y febrero y en los de marzo a mayo. Así, el número de defunciones descendió un 4,3% durante enero y febrero respecto al mismo periodo de 2019 (con 3.568 menos), mientras que en el periodo de marzo a mayo de 2020 el número de fallecimientos se incrementó un 44,8%, con 47.105 más.

Por meses, y defunciones totales, tomando como comparación cada mes con el del año anterior, en enero se produjeron 1.934 muertes menos que en 2019 (44.615 fallecimientos en 2019 frente a 42.681 de 2020); febrero se contabilizan 1.643 muertes menos (37.737 muertes frente a 36.103); marzo sufre el primer incremento y se contabiliza hasta 20.473 muertes más (de 37.058 el pasado año a 57.531 este); en abril el incremento es de 26.103 muertos (de 34.201 muertos en 2019 a 60.304 en 2020), finalmente, mayo contabiliza la menor subida con 529 muertos más (33.866 frente a 34.395).

Por sexo, fallecieron 115.541 hombres (un 21,9% más) y 115.473 mujeres (un 24,6% más). Por causas de muerte, la mayoría de las defunciones se debieron a causas naturales —el 97,5% del total, 225.164 personas—, y supone un 24,4% mayor que la del mismo periodo del año anterior. Este incremento fue más acentuado en los meses de marzo a mayo (47,2%) con el comienzo de la pandemia, meses antes no consta ningún caso identificado.

Por otro lado, las causas externas se redujeron un 10,7% en los cinco primeros meses del año, descenso que alcanzó el 17,8% durante los meses de marzo a mayo. Se reducen todas las causas, un 8,8% menos la primera causa que es el suicidio, un 1,9 las caídas accidentales y el ahogamiento un 9,6% menos y un 41% los accidentes de tráfico.

En cuanto a las causas naturales, el 23,0% de las defunciones en los cinco primeros meses de 2020 fue por enfermedades del sistema circulatorio. Esta cifra es la primera causa de muerte y tiene una tasa de 112,2 fallecidos por cada 100.000 habitantes. En segundo lugar se encuentran las defunciones por enfermedades infecciosas, donde se incluye las muertes provocados por pandemia y los casos sospechosos, que de marzo a mayo crecieron un 3.000%.

En tercer lugar se encuentran las muertes por tumores, que fueron 47.222, lo que supone el 20,4 por ciento del total; le sigue las enfermedades del sistema respiratorio con 23.171, siendo el 10 por ciento del total; las muertes por enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos con 12.392 (5,4%).

A nivel más detallado, la covid-19, del grupo de enfermedades infecciosas, fue la causa de muerte más frecuente en los cinco primeros meses de 2020. En el caso de covid-19, con el virus identificado, fallecieron 32.652 personas (con una tasa de 68,8 por cada 100.000 habitantes) y en el de covid-19 sospechoso murieron 13.032 personas (con una tasa de 27,5).

Enfermedades no covid

Por detrás de las muertes relacionadas con la pandemia, entre las enfermedades más frecuentes, las causas de muerte que más aumentaron respecto a los cinco primeros meses de 2019 fueron la diabetes (18,6%), las enfermedades hipertensivas (17,6%) y el Alzheimer (13,7%). Estos incrementos fueron más acentuados durante los meses de marzo a mayo (del 39,5%, 37,1% y 27,3%, respectivamente).

El INE destaca que durante enero y febrero de 2020 el número de fallecimientos debidos a enfermedades del sistema circulatorio y a enfermedades del sistema respiratorio descendieron un 5,1% y un 11,9%, respectivamente. Por el contrario, los tumores aumentaron un 2,0%.

Por su parte, durante el periodo de marzo a mayo de 2020 las defunciones por enfermedades del sistema circulatorio aumentaron un 4,0%, mientras que las ocasionadas por tumores y enfermedades del sistema respiratorio descendieron un 0,6% y un 1,2%, respectivamente Por sexo, los tumores fueron la primera causa de muerte en los hombres (con una tasa de 121,7 fallecidos por cada 100.000 hombres), seguida de las enfermedades infecciosas (tasa de 106,3) y las enfermedades del sistema circulatorio (tasa de 105,3).

Además, las enfermedades del sistema circulatorio fueron la primera causa de mortalidad femenina (118,8 muertes por cada 100.000 mujeres), seguida de las enfermedades infecciosas (tasa de 97,9) y los tumores (tasa de 78,3).

Mortalidad por covid-19

Concretamente, durante los meses de enero y febrero no se certificó ninguna muerte por covid-19. Entre los meses de enero y mayo de 2020 fallecieron 32.652 fallecimientos cuya causa de muerte fue el virus identificado. Y otras 13.032 personas murieron con sospecha de covid-19 por tener síntomas compatibles con la enfermedad.

Por sexo, fallecieron 17.688 hombres, 5.682 con covid-19 sospechoso. Y 14.964 mujeres por covid-19, 7.350 con la sospecha del virus. Por edades, se concentraron en edades avanzadas. El 87,1% de los fallecidos por covid-19 virus identificado tenía 70 o más años y el 89,2% de covid-19 sospechoso tenía 75 o más.

Además, los médicos han certificado en 4.218 casos que la causa de muerte no ha sido directamente la covid-19, sino que su muerte ha sido debida principalmente a otras causas, pero que la covid-19 ha contribuido al fallecimiento de dichas personas, como comorbilidad. En 1.655 casos los facultativos lo habían identificado y en 2.563 casos no lo habían identificado pero sospechaban de su presencia por tener síntomas compatibles con la enfermedad.

El mes con mayor número de defunciones por esta causa fue abril con 18.178 fallecimientos por covid-19 virus identificado y 8.127 por covid-19 sospechoso (30,1% y 13,5% del total de ese mes, respectivamente). De forma más detallada, la semana con mayor número de defunciones por covid-19 fue la 14 (del 30 de marzo al 5 de abril), con 6.687 personas fallecidas por covid-19 virus identificado y 3.977 por covid-19 sospechoso (32,2% y 19,2%, respectivamente, del total en esa semana).

Durante los meses de enero a mayo de 2020 fallecieron 122.310 personas en centros hospitalarios, 57.135 en sus domicilios particulares y 42.918 en residencias socio-sanitarias. Las defunciones por covid-19 virus identificado se produjeron, principalmente, en centros hospitalarios (76,4% del total). Por su parte, el mayor número de fallecimientos por covid-19 sospechoso se dio en residencias socio-sanitarias (55,6% del total).

En cuanto a las complicaciones y comorbilidades más frecuentes en muertes por covid-19, se informaron 3,8 enfermedades de media en cada certificado. En los fallecidos por covid-19 la insuficiencia respiratoria y la neumonía fueron las complicaciones más frecuentes informadas en los certificados de defunción. Mientras, la principal comorbilidad fue la enfermedad hipertensiva, seguido de insuficiencia renal y demencia.

Las tasas brutas más elevadas de fallecidos por covid-19 virus identificado por cada 100.000 habitantes correspondieron a Castilla-La Mancha (160,8), Madrid (150,6) y Castilla y León (125,1). Por su parte, las menores tasas brutas de fallecimientos por esta causa se dieron en las ciudades autónomas de Melilla (2,3) y Ceuta (6,0), y en Canarias (7,5).

El covid-19 ha matado en España a casi 20.000 mayores de 60 años, según las estadísticas del Ministerio de Sanidad. De hecho el 86% de los fallecidos supera la setentena; el 95%, los 60 años. Esa mayor mortalidad se ha notado en la nómina de las pensiones. Que lleva tres meses consecutivos reduciéndose, algo que no había ocurrido nunca hasta ahora. De hecho, entre marzo y mayo el número de pensiones de jubilación ha descendido en 28.938 y el de pensiones de viudedad en 17.091, den acuerdo con los datos que ha dado a conocer este martes el Ministerio de Seguridad Social.

El recorte en el número de pensiones –que no coincide con el de pensionistas, puesto que un pensionista puede cobrar, por ejemplo, una prestación por jubilación y otra por viudedad– se debe a que estos tres últimos meses de pandemia la cifra de nuevas altas ha caído por debajo de la cifra de bajas. En febrero ya hubo más bajas que altas en pensiones de jubilación, 35.078 por 24.838, un fenómeno que ya ha ocurrido otros años, quizá por el efecto de las gripes estacionales. Pero este año se ha prolongado también a marzo y abril. Los datos de altas y bajas de mayo aún no están disponibles. Así, en marzo hubo 18.300 altas y 26.596 bajas. En abril los nuevos pensionistas fueron aún menos: sólo 15.861. Para encontrar una cifra similar hay que acudir a los meses de diciembre de años atrás, cuando el número de altas es siempre de los más bajos del año –luego repunta en enero–.

En las pensiones de viudedad sí que es frecuente que las bajas superen a las altas. En marzo, las altas fueron sólo 9.880, en comparación con las altas, 12.773. En cualquier caso, el número de pensiones de viudedad en los dos últimos meses ha caído respecto de las contabilizadas en 2019, también por primera vez en años.

El ministerio reconoce el descenso inédito del número de pensiones en los últimos meses, que atribuye en primer lugar al cierre de las oficinas de la Seguridad Social y al confinamiento. “En lo que va de año se ha registrado una reducción del 33,8% en el número de expedientes de jubilación iniciados en comparación con el mismo periodo del año pasado”, explica, “32.512 expedientes frente a 49.798”. Como las oficinas han dejado de prestar atención presencial, continúa el ministerio, y a pesar de que se pueden presentar las solicitudes por internet o teléfono, las gestiones se están “retrasando”.

No obstante, la Seguridad Social también admite que la mortandad provocada por el covid-19 “influye” en el descenso del número de pensiones. Así, ofrece datos del acumulado desde enero –lo que incluye cifras de dos meses sin pandemia–. Aun así, las nuevas pensiones han caído un 22,1% respecto al mismo periodo de 2019, mientras que las bajas han aumentado un 17,5%: 157.896 altas frente a 205.638 bajas.

Como consecuencia del descenso en número de pensiones, también ha disminuido el gasto mensual en estas prestaciones, un 0,27%: 9,85 millones de euros. También es la primera vez que se produce una caída en esta partida. Hasta ahora, cada mes la nómina de las pensiones era mayor, debido no sólo al aumento en el número de personas que se jubilan sino también porque las prestaciones que generan estos nuevos pensionistas son más altas que las de aquellos que fallecen y se dan de baja. Las pensiones de jubilación sumaron en mayo un total de 7,05 millones de euros, un 0,21% menos que el mes anterior. Las de viudedad supusieron un desembolso de 1,69 millones de euros, un 0,42% menos que en abril.

Hay pocas circunstancias en las que los ciudadanos estén tan pendientes de los números, de las estadísticas, de los porcentajes, como ahora, en plena crisis por la expansión del coronavirus. Los medios de comunicación, el Gobierno y las comunidades autónomas bombardean a diario con el número de muertes, el número de contagios, el número de altas hospitalarias... a la espera de que la curva se invierta y las cifras permitan ver luz al final del túnel.

Para que el retrato del panorama que conforman esos números sea lo más fiel a la realidad es fundamental que sean lo más transparentes posibles. Detallados. Homogéneos en todas sus variables. Porque una buena base, una base fiable en el campo de los datos, sirve de vacuna contra los bulos y las fake news fake newsa las que estos días se intenta combatir. 

Los españoles han ido contando con una visión cada vez más aproximada a la realidad de esta pandemia a medida que han ido pasando los días y las instituciones han ido recopilando datos de forma más sistematizada. Pero hay lagunas. La transparencia de la que tanto hablan y presumen los políticos está siendo sometida a un gran examen estos días, a un test de estrés, exhibiendo algunos de sus agujeros. "En una crisis como la actual una buena información y disponer de buenos datos es crucial. La transparencia no es solo dar la información, sino que esa información que se da esté elaborada con calidad", cuenta a infoLibre Elisa de la Nuez, secretaria general de Hay Derecho.

¿Puede decirse que se ha puesto en manos de los ciudadanos una buena información, que las instituciones han sido transparentes a la hora de trasladar el avance y la extensión del virus? De la Nuez lo tiene claro: "Nos preocupa mucho el desbarajuste. Ahora han cambiado la forma de dar los datos, pero los primeros días las comunidades autónomas daban lo que querían, sin homogeneizarse. Tiene que haber algo homogéneo".

Nada tienen que ver los datos que ofrece el Ministerio de Sanidad ahora a diario con la información que se proporcionaba en los primeros días de la crisis, cuando casi nadie se imaginaba lo virulento del coronavirus. En esta aproximación a la homogeneización de la que hablan los expertos en transparencia ha tenido bastante que ver que, con el estado de alarma, el Gobierno central haya asumido el control de las comunidades autónomas. Aun así, desde las propias comunidades sigue habiendo diferencias a la hora de trasladar los datos a Sanidad, a los que el ministerio después da formato antes de ofrecerlos a la opinión pública en comparecencias diarias. Esto implica que el mapa ofrecido no sea todavía el fiel reflejo de la realidad que se pretende.

En los primeros días de esta pandemia, Sanidad no informaba de los hospitalizados, ingresados en la Unidad de Ciudados Intensivos (UCI) o fallecidos por grupos de edad. No fue hasta el domingo 22 [aquí, la ficha] —con datos del sábado 21— cuando se hizo. 

¿A qué se debió el cambio de criterio? En el departamento que preside el ministro Salvador Illa explican que han ido dando los datos y ampliando la especificidad de los mismos cuando se ha tenido constancia de que estos eran representativos. "En el momento en el que se tuvo una muestra amplia y representativa", explican las fuentes consultadas por infoLibre.

De hecho, el día que el Ministerio ofrecía la distribución por edad de 18.959 casos confirmados, la institución avisaba de que esos eran los datos que les habían llegado con la información disgregada de un total de 28.572 casos confirmados. Es decir, que una semana después de la entrada en vigor del estado de alarma, sólo se conocía la distribución por edades del 66,3% de los casos positivos.

Información incompleta

La distribución por sexos de los enfermos de coronavirus se hizo pública un día después de conocerse la de las edades, el lunes 23 [aquí, la ficha]. Y vuelve a hacerse la misma advertencia que 24 horas antes: "Datos obtenidos del análisis sobre 18.959 casos notificados con información de edad y sexo". En ese momento, el número de casos confirmados en España era de 33.089, lo que implica que los datos facilitados en los que se concretaba el sexo de los enfermos se correspondía con el 57,2% del total.

En la última actualización de datos, la de este domingo, 29 de marzo, se ofrecía el desglose por edad y sexo de 50.22o casos de un total de 78.797. Es decir, del 63,7%.

Dar los datos cuando estos pueden tener un verdadero valor estadístico, defienden en el ministerio, es una cuestión de responsabilidad. En este proceso han jugado un papel fundamental las comunidades autónomas, desbordadas por los casos, y que son quienes, en última instancia, disponen de los datos y tienen que trasladarlos a Sanidad.  

Para De la Nuez, cuestiones como esta revelan "falta de previsión en el sentido de lo más básico: dar los datos de la misma forma". "Ya puedes ser el Gobierno más transparente y con las mejores intenciones, pero hay que preocuparse de que los datos estén bien", apunta. E insiste: "Ha quedado claro que no había nada previsto, nada preparado para enfrentarse a una situación como esta".

¿Cómo funciona la transmisión de datos de las Comunidades Autónomas a Sanidad? Hasta la fecha se han presentado dos órdenes ministeriales al respecto, una el 15 de marzo y otra el pasado sábado, día 21. En el ministerio sostienen que no hubo gran cambio entre ambos documentos, sólo "cuestiones técnicas, modificaciones menores".

"Con objeto de garantizar la calidad y cohesión de los datos trasladados por las comunidades autónomas y los centros hospitalarios, se considera necesario desarrollar el procedimiento previsto para la remisión de la información", puede leerse en un documento donde se pide a las comunidades información sobre casos confirmados, hospitalizados, ingresos críticos, altas, altas por defunción, casos en las últimas 24 horas y número de pruebas realizadas. "Esta información será remitida diariamente en el intervalo de las 20-21 horas", puede leerse en Boletín Oficial del Estado (BOE). Son los datos que luego el Gobierno organiza y ofrece en la rueda de prensa de balance de la enfermedad.

No obstante, la orden ministerial no ofrece de forma clara instrucciones sobre cómo contabilizar cada campo de datos que pide a las comunidades, lo que está llevando a que éstas ofrezcan datos dispares y que, por ejemplo, en el apartado "hospitalizados" se puedan estar incluyendo a personas ya dadas de alta porque están teniendo en cuenta el número acumulado de afectados.

En las últimas actualizaciones de Sanidad ya se hace la siguiente advertencia: "los casos confirmados no provienen de la suma de pacientes hospitalizados, curados y fallecidos, ya que no son excluyentes. Pacientes fallecidos y curados pueden haber precisado hospitalización y por tanto computar en ambos grupos. Los pacientes que han precisado UCI también computan en los pacientes que han requerido hospitalización".

¿Qué pasa con las pruebas?

De momento, el número de pruebas realizadas tampoco es una información sobre la que haya datos homogéneos porque cada comunidad está siguiendo unos métodos y unos procedimientos diferentes. Como en el caso de distribución por edad y sexo de los afectados, la idea del Ejecutivo es que la información facilitada a los ciudadanos sea cada vez más amplia a medida que se considere que las estadísticas son válidas. Es evidente que en el momento en el que se hagan más pruebas y, por tanto se localicen más positivos, bajará el porcentaje de hospitalizados en relación a los contagiados y también el de muertes.

También se pide a las comunidades información sobre el número total de camas, camas ocupadas por covid-19, camas ocupadas por otras enfermedades, ingresos por el virus en las últimas 24 horas, altas por el mismo motivo y altas previstas para las siguientes 24 horas. Los mismos datos se piden de las UCI, diferenciando entre las que cuentan o no con respirador. Estos datos tienen que estar en Sanidad, diariamente, entre las 13 y 14 horas.

Del mismo modo, los hospitales deben facilitar a las comunidades autónomas, y estas a su vez a Sanidad, el número de existencias de Equipos de Protección Individual (EPIs) y el consumo semanal previsto, el número de equipos de ventilación y el número de ambulancias. Una de las principales quejas del personal sanitario es la falta de medios.

En el BOE también hay un apartado para que cada comunidad autónoma informe sobre los equipos humanos con los que cuenta en los hospitales, distribuidos por especialidad. Los datos de personal tuvieron que llegar a Sanidad el viernes 27 y cada cambio ha de ser comunicado. Y la de los medios a disposición del personal hospitalario debe llegar al ministerio cada viernes de 13 a 14 horas.

¿Van a hacerse públicos este tipo de datos? "Lo normal es que se vaya facilitando la información a medida que lo que vaya a ofrecerse sea homogéneo", dicen en Sanidad.

"En otros países, parte del éxito de gestionar bien la crisis ha estado en el manejo de los datos", destaca De la Nuez, al tiempo que insiste en que hay que tener todo tipo de cautelas, como la anonimización de los datos personales, porque los datos sanitarios están especialmente protegidos por la ley.

Hay Derecho es una fundación muy volcada en el campo de la transparencia y la exigencia de la rendición de cuentas. El pasado 18 de marzo remitió una serie de preguntas al Portal de Transparencia de la Administración General del Estado. Solicitaban conocer a cuántos altos cargos se les ha practicado la prueba del covid-19, en qué plazos se les ha realizado dicha prueba, si presentaban síntomas previamente, cuántos han dado positivo y qué protocolo se les ha aplicado en el caso de los positivos. Son preguntas de interés público si se tiene en cuenta que hay un altísimo número de pacientes con síntomas esperando esa prueba que ven cómo se realizan en el caso de los políticos. 

De momento, la respuesta tendrá que esperar. La contestación dada fue que las preguntas no iban a tramitarse en este momento. En Hay Derecho intuyen que es por la situación tan delicada en la que estamos. Pero, como señala Elisa de la Nuez, es un hecho que "la vía de acceso normal a la transparencia no está funcionando".

Nadia Calviño, vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, anunció el lunes pasado una serie de iniciativas en el ámbito digital relacionadas con esta pandemia. Una de ellas es una oficina de datos centralizada con información de todas las comunidades autónomas. Todavía no hay fecha prevista para su lanzamiento.

Los partidos se suman a la demanda de datos

El Partido Popular vive en esta crisis en el complicado equilibrio entre la comprometida "lealtad" como "partido de Estado y de Gobierno" y la advertencia de que hay cosas que se están haciendo "muy mal", de forma que Pedro Sánchez y los suyos tendrán que "rendir cuentas" por su gestión. Creen que el foro perfecto sería una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados.

De momento, ejercen su labor de principal partido de la oposición registrando iniciativas en una Cámara Baja a medio gas precisamente por el estado de alarma y por las altas posibilidades de contagio entre sus señorías, un colectivo en el que hay afectados en prácticamente todos los sectores del hemiciclo.

Este pasado martes, un día antes de que el Congreso diera luz verde a la prórroga del estado de alarma por otros quince días, el partido liderado por Pablo Casado registró una Proposición no de Ley —sin efecto vinculante— "para que se atiendan las necesidades del sector residencial, que concentra al colectivo más vulnerable ante el Covid-19". Además de esta iniciativa, el Grupo Parlamentario Popular registraba tres solicitudes de informes.

En primer lugar, ha reclamado información "sobre el número de test realizados para diagnosticar el coronavirus precisando Comunidad Autónoma, ciudad y centro asistencial". "Se solicita también el número de test realizados a profesionales sanitarios, miembros de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y cuántos a personal civil", informan desde el PP. En segundo lugar, quiere conocer el "número de personas contagiadas, ingresadas y dadas de alta, y personas fallecidas en España por día desde que comenzó la crisis, discriminadas por edad, sexo, comunidad autónoma y provincia a la que pertenecen". Y, por último, el "número de compras centralizadas de material sanitario efectuadas por el Gobierno desde la declaración del estado de alarma, el pasado 14 de marzo, precisando el material adquirido y el material entregado a las Comunidades Autónomas". Estos datos, a día de hoy, no se conocen. Y el principal partido de la oposición cree que sería útil que fueran de conocimiento público.

La polémica de los test

Ligado al tema de los test, una de las polémicas de la semana ha sido la escasa calidad de uno de los lotes comprados por el Gobierno. Este jueves, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, confirmó la devolución de un lote de 9.000 test rápidos de coronavirus9.000 test rápidos suministrados por una empresa china a España al no cumplir con el marcado CE de calidad. 

De forma paralela, la Embajada de China en España informaba de que la empresa Shenzhen Bioeasy Biotechnology "no ha conseguido todavía la licencia oficial". La operación, según el Gobierno, se había hecho a través de un distribuidor español que, hasta la fecha, nadie ha querido indentificar.

Un día después se supo que no habían sido 9.000 los test adquiridos, sino cerca 60.000, aunque no llegaron a distribuirse. Y que la compra total había sido de 640.000 test. Según fuentes de Sanidad consultadas por infoLibre, la empresa china se ha comprometido a enviar otros 650.000 test con efectividad avalada y, al margen de esta compra, en estos días se espera la llegada de otro millón y medio de test de una empresa china diferente, dentro del acuerdo con el Gobierno chino anunciado por Pedro Sánchez.

La opacidad también rodea a la operación que había cerrado la Comunidad de Madrid para la llegada de "dos aviones" con material sanitario de China y que, según anunció Isabel Díaz Ayuso (PP) deberían haber aterrizado a principios de la semana pasada en la capital. Un portavoz oficial del Gobierno regional asegura a este diario no disponer de información al respecto.

El papel de la prensa en tiempos de crisis

Si el papel de los medios de comunicación es fundamental en el día a día para acercar a los ciudadanos la información y ponerle contexto, periódicos, radios, televisiones, agencias de comunicación y medios digitales cobran una importancia todavía mayor en un momento de restricciones como el estado de alarma.

De igual forma que muchos de los ciudadanos se han tenido que ir adaptando al teletrabajo, los medios de comunicación han tenido que hacer una serie de esfuerzos para informar en unas condiciones en las que, como norma general, se ha perdido el contacto directo con la fuente, sobre todo en el ámbito político. 

De forma paralela, las fuentes de información han tenido que ir amoldándose al estado de alarma tirando de las nuevas tecnologías. Si muchas de las reuniones entre los representantes políticos se están celebrado por videoconferencia, para las ruedas de prensa se ha recurrido a formatos similares. A aplicaciones informáticas o móviles que permiten la participación o interacción de los periodistas. O se han abierto grupos de whatsApp específicos para que los informadores vayan remitiendo las preguntas destinadas a los protagonistas de los encuentros informativos.

La polémica selección de preguntas en la Moncloa

No todos los partidos lo han hecho igual. Especialmente criticada por los informadores que cubren la actividad del Gobierno ha sido la forma en la que desde la Moncloa gestionan las preguntas que ellos trasladan por un canal de whatsApp creado ad hoc. A través de las redes sociales, periodistas de diferentes medios se han quejado de que desde la Secretaría de Estado de Comunicación se filtraban previamente las preguntas obviándose algunas de ellas. Las mayores críticas se produjeron tras la rueda de prensa del sábado 21 de marzo, cuando no se plantearon a Pedro Sánchez ninguna de las preguntas que iban encaminadas a conocer si el Gobierno estaba pensando en prorrogar el estado de alarma. La prórroga sería anunciada un día después, el domingo, tras la videoconferencia de Sánchez con los presidentes autonómicos.

En respuesta a estas críticas, desde Moncloa consideran que en una situación de crisis sanitaria como la que estamos, con hasta tres comparecencias distintas de miembros del Gobierno al día, la fórmula elegida es "sencilla y eficiente, y garantiza el derecho de participación y de información".

Un informe de la Secretaría de Estado de Comunicación, fechado el 22 de marzo, refleja que desde el 12 de marzo hasta ese día se habían ofrecido 22 ruedas de prensa con 212 turnos de preguntas al presidente y otros miembros del Gobierno. Además, precisan, se han realizado tres videobriefings informativos con la vicepresidenta Carmen Calvo (14 de marzo); con la vicepresidenta Nadia Calviño y la ministra María Jesús Montero (17 de marzo), y con la ministra Yolanda Díaz (18 de marzo).

Por su parte, Partido Popular y Ciudadanos están recurriendo a prácticas más transparentes y que permiten mayor participación de los informadores en las ruedas de prensa. Conservadores y liberales han recurrido a la plataforma Zoom, que permite hacer las preguntas en tiempo real. 

La cifra de nacimientos en España continúa su tendencia a la baja al registrarse durante la primera mitad de 2019 un total de 170.074 nacimientos, lo que supone un 6,2% menos que en el mismo periodo del año pasado.

Así lo reflejan los datos provisionales de la Estadística del Movimiento de la Población, publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) este miércoles 11 de diciembre, relativos a los seis primeros meses de este año.

Fuentes de este organismo señalan a Europa Press que se trata de la cifra más baja de nacimientos desde el año 1941, cuando comenzaron a registrarse estos datos. En el primer semestre del año los nacimientos continúan reduciéndose, una tendencia a la baja sólo interrumpida en 2014.

También se reduce el número de número de defunciones ya que durante el primer semestre fallecieron en España 215.478 personas, un 5,4% menos que en el mismo periodo de 2018.

Así, el crecimiento vegetativo de la población presentó un saldo negativo de 45.404 personas durante la primera mitad del año, de acuerdo a los datos del INE de este primer semestre del año. Por su parte, el número de matrimonios disminuyó un 1,2% respecto al mismo  periodo de 2018, continuando también su caída.

La cifra de nacimientos en España es la más baja en 20 años, según han señalado a Europa Press fuentes del Instituto Nacional de Estadística (INE) al dar a conocer los datos provisionales del Movimiento Natural de la Población correspondiente a 2018, publicados este 19 de junio.

Así, el año pasado se produjeron 369.302 nacimientos en España según estos datos provisionales, frente a los 365.193 de 1998, la cifra más baja de la serie hasta la fecha. Desde ese año, la cifra ha ido aumentado progresivamente y alcanzó el máximo en 2008, con 519.779, para volver a bajar el año pasado. De este modo, se ha producido un descenso del 6,1% respecto al año anterior (23.879 nacimientos menos) y de un 40,7% respecto a la última década.

De los 369.302 nacimientos que tuvieron lugar en España, 76.184 fueron de madre extranjera, lo que supuso el 20,6% del total (frente al 19,3% en 2017). La tasa bruta de natalidad se situó en 7,9 nacimientos por cada 1.000 habitantes, cinco décimas menos que la registrada en 2017. Este descenso se debe, en parte, a la disminución del número de hijos por mujer, pero también a la reducción en el número de mujeres en edad de ser madres.

Además, en cuanto al indicador coyuntural de fecundidad (o número medio de hijos por mujer) en 2018 se situó en 1,25, con un descenso de seis centésimas respecto al valor registrado en 2017, lo que supone el valor más bajo desde el año 2002. Por nacionalidad, el número medio de hijos por mujer se redujo seis centésimas entre las madres españolas (hasta 1,19) y ocho centésimas entre las extranjeras (hasta 1,63).

Asimismo, la edad media de las mujeres que fueron madres se elevó a 32,2 años en 2018, frente a los 32,1 del año anterior. En los últimos años se observa que la disminución del número de nacimientos está acompañada de un retraso en la edad de maternidad. Otro indicador del retraso en la maternidad se refleja en el número de nacimientos de madres de 40 o más años, que ha crecido un 63,1% en 10 años.

En términos relativos, mientras que en 2008 el 4,2% de los nacimientos fueron de madres de 40 años o más, en 2018 ese porcentaje se elevó hasta el 9,7%. Por nacionalidad, las madres españolas tuvieron sus hijos a una edad media tres años superior a la de las extranjeras. En 2018 la edad media a la maternidad de las españolas aumentó hasta 32,7 años, lo que implica que por primera vez ser superan los 31 años de media a la hora de tener el primer hijo, han señalado desde el INE. En el caso de las extranjeras subió dos décimas, hasta 29,9 años.

El número de nacimientos disminuyó el año pasado en todas las comunidades y ciudades autónomas, excepto en Melilla, donde aumentó un 0,6%. Mientras, Galicia (-10,3%), La Rioja (-9,2%) y Extremadura (-8,1%) registraron los mayores descensos.

Saldo vegetativo negativo record desde 1941

Por otro lado, durante 2018 fallecieron en España un total de 426.053 personas, un 0,4% más que en 2017. La tasa bruta de mortalidad fue de 9,1 defunciones por cada 1.000 habitantes, similar a la del año anterior. En cualquier caso, se trata de otra cifra récord, como han detallado fuentes del INE.

El número de defunciones aumentó en 10 comunidades. Los mayores incrementos se dieron en Canarias (5,7%), La Rioja (5,1%) y en la ciudad autónoma de Melilla (3,6%). Mientras, la esperanza de vida aumentó una décima en 2018, hasta situarse en los 83,2 años. Por sexo, en los hombres alcanzó los 80,5 años y en las mujeres se situó en 85,9 años. De acuerdo a las condiciones de mortalidad del momento, una persona que alcanzara los 65 años en 2018 esperaría vivir, de media, 19,2 años más si es hombre y 23,1 más si es mujer. En cuanto a la tasa de mortalidad infantil se redujo hasta 2,59 defunciones por cada 1.000 nacidos vivos en el año 2018. La esperanza de vida al nacimiento alcanzó los valores más altos en Comunidad de Madrid (84,8 años), Comunidad Foral de Navarra (84,2) y Castilla y León (83,9). Por el contrario, los valores más bajos se dieron en las ciudades autónomas de Melilla (80,5 años) y Ceuta (80,8) y en Andalucía (81,9).

Como resultado del aumento en el número de defunciones y de la disminución en el número de nacimientos, el crecimiento vegetativo de la población residente en España (es decir, la diferencia entre nacimientos de madre residente en España y defunciones de residentes en el país), fue negativo en 56.262 personas en el año 2018, una cifra récord desde 1941, cuando empezaron los registros, como ha puntualizado el INE.

El saldo vegetativo (nacimientos menos defunciones) fue positivo en 2018 en Comunidad de Madrid (10.904 personas), Región de Murcia (3.448), Illes Balears (1.946) y las ciudades autónomas de Melilla (838) y Ceuta (445). Por el contrario, los saldos vegetativos más negativos se dieron en Galicia (-15.854 personas), Castilla y León (-14.199) y Principado de Asturias (-7.503).

Caen casi un 6% los matrimonios

Asimismo, durante 2018 se registraron 163.430 matrimonios, un 5,9% menos que en 2017. La tasa bruta de nupcialidad disminuyó dos décimas, hasta 3,5 matrimonios por cada 1.000 habitantes.

En el 17,2% de los matrimonios celebrados con cónyuges de distinto sexo, al menos uno de ellos era extranjero. Por su parte, un 2,9% del total de matrimonios registrados en 2018 correspondieron a parejas del mismo sexo (4.726 matrimonios).

En cuanto a la edad media, se mantiene la tendencia creciente en 2018: en los hombres alcanzó los 38,1 años y en las mujeres se situó en 35,3 años. Desde que en 2009 el número de matrimonios civiles superase a los eclesiásticos, el porcentaje que suponen estos últimos ha ido decreciendo y en el año 2018 hubo 37.859, el 23,2% del total. Por su parte, los matrimonios celebrados por otros ritos supusieron el 0,6% del total.

Los datos del año 2018 son provisionales y se publicarán como definitivos en diciembre de 2019, según añade el INE.

La población española registra de nuevo un saldo vegetativo negativo, con 256 defunciones más que nacimientos en 2016 y la edad para ser madre asciende a los 32 años. Tanto la natalidad como la mortalidad han bajado un 2,8% y un 3,2%, respectivamente, comparado con el año anterior, según los datos provisionales del Movimiento Natural de la Población del Instituto Nacional de Estadística, publicado este jueves 22 de junio.

En 2016 en España nacieron 408.384 niños, es decir, 11.906 menos que el año anterior, la cifra más baja desde 2008la cifra más baja desde 2008, cuando se contaron 519.779 nacimientos, consolidándose así la tendencia a la baja iniciada ese año en el que se alcanzó el máximo en 30 años. Además, la tasa bruta de natalidad se situó en 8,8 nacimientos por cada mil habitantes, dos décimas menos que la registrada en 2015.

El número de nacimientos disminuyó en todas las comunidades autónomas durante 2016. Los mayores descensos respecto a 2015 se dieron en Castilla y León (-4,3%), Aragón (-3,8%) y Comunidad Valenciana (-3,7%).

A pesar de la reducción del número de nacimientos, el indicador coyuntural de fecundidad, es decir, el número medio de hijos por mujer, se mantuvo en 1,33 en 2016. Entre las españolas, este dato se redujo una centésima (1,27), mientras que en las extranjeras aumentó cuatro centésimas (1,70).

La edad media para ser madre asciende de nuevo y se sitúa en los 32 años. En términos medios, las madres españolas (32,5 años) tuvieron sus hijos tres años más tarde que las extranjeras (29,6 años).

Menos muertes y más esperanza de vida

Durante 2016 fallecieron en España 409.099 personas, lo que supuso un 3,2% menos que en el año anterior y 8,8 defunciones por mil habitantes, frente a 9,1 de 2015. En concreto, la tasa de mortalidad infantil fue de 2,6 defunciones por cada mil nacidos vivos, una décima menos que en 2015, y se mantiene por debajo del umbral del 3 por mil desde 2013.

El número de defunciones disminuyó en todas las comunidades autónomas, salvo en la ciudad autónoma de Ceuta (1%), la Comunidad Foral de Navarra (0,7%) y en Galicia (0,1%). Los mayores descensos anuales de defunciones se registraron en Aragón (-6,1%), la ciudad autónoma de Melilla (-6,0%) y Castilla-La Mancha (-4,5%).

La esperanza de vida al nacimiento aumentó en 2016 en 0,5 años y se situó en 83,2 años. Por sexo, en los hombres alcanzó los 80,4 años y en las mujeres se situó en 85,9 años, medio año más en ambos casos. De acuerdo a las condiciones de mortalidad del momento, una persona que alcanzara los 65 años en 2016 espera vivir de media, 19,2 años más si es hombre y 23,1 más si es mujer.

Más bodas

La estadística del INE indica también que un total de 172.243 parejas contrajeron matrimonio en 2016, un 2,0% más que en el año anterior. La tasa bruta de nupcialidad aumentó una décima, hasta 3,7 matrimonios por mil habitantes.

La edad media al matrimonio mantuvo su tendencia creciente: 37,5 años para los hombres y 34,7 años para las mujeres. En el 15,2% de las uniones celebradas con cónyuges de distinto sexo, al menos uno de ellos era extranjero, mientras que un 2,5% del total de matrimonios registrados en 2016 correspondieron a parejas del mismo sexo (4.259).

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha relevado de su cargo a la ministra de Salud, Antonieta Caporales, este jueves sin ofrecer una explicación sobre su cese, que se ha producido un día después de que el departamento que dirigía ésta publicara un informe en el que se confirmaba un aumento de la mortalidad infantil en el país.

La noticia del cese se ha conocido a raíz de la publicación en la Gaceta Oficial del sustituto de Caporales, quien asumió la cartera de Salud el pasado mes de enero. El nuevo ministro de Salud será Luis López Chejade, quien fue secretario de Salud del estado de Aragua cuando el actual vicepresidente del país, Tareck El Aissami, era gobernador del mismo.

Según ha podido saber Europa Press, el Ministerio de Salud desveló que la mortalidad infantil aumentó un 30% en Venezuela en el año 2016 mientras que la mortalidad materna se incrementó un 65% y los casos de malaria aumentaron un 76%.

Las cifras, difundidas por el Ministerio de Salud tras casi dos años de silencio estadístico, sitúan el número de fallecimientos de niños de entre cero y un año en 11.466, un 30,12% más que en 2015. Entre las causas, el Gobierno cita sepsis, neumonía, síndrome de dificultad respiratoria y prematuridad.

Además, 756 mujeres perdieron la vida durante el embarazo o en los 42 días posteriores al parto, lo que supone una subida del 65,79% respecto a los datos del año anterior, según el boletín del Salud.

Las estadísticas demuestran también un elevado número de casos de difteria, una enfermedad potencialmente mortal en cinco de cada diez casos y que Venezuela dio por controlada en la década de los 90. En 2016, 324 personas sufrieron difteria, en comparación con el nivel cero del año anterior.

Por otra parte, Venezuela registró en 2016 240.613 casos de malaria, un 76,4% más, mientras que el número de enfermos de zika se situó en los 59.348, una drástica subida en comparación con los 71 pacientes de 2015.

México es el segundo país que más muertes ha registrado en el año 2016, sólo superado por Siria, que se encuentra en medio de una cruenta guerra civil que ha dejado en torno a 300.000 muertos en los más de seis años de conflicto, y por delante de muchos otros países con conflictos abiertos.

Este índice se extrae del último estudio elaborado por el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Londres que, bajo el título Encuesta de Conflictos Armados, sostiene que en México se han registrado unas 23.000 muertes en los doce meses de 2016, la mayor parte de ellas relacionadas con el conflicto del narcotráfico.

Siria, único país del mundo que supera en balance al país norteamericano, ha registrado en el mismo período en torno a 50.000 muertes, cifra que sitúa al país a la cabeza de la lista por quinto año consecutivo, según la información del diario Informador recogida por Europa Press.

El director del instituto, John Chipman, ha subrayado que México se sitúa en cifra de muertes por delante de otros países que sí tienen conflictos armados, como Afganistán, Irak o Somalia, situación "más sorprendente" si se tiene en cuenta que la mayor parte de las muertes en México están atribuidas a armas cortas.

El informe de 2016 revela, además, que el total de víctimas mortales a causa de los conflictos armados en todo el mundo ha caído en unas 10.000 personas.

Por otro lado, ha señalado que el "carácter de los conflictos" ha ido variando, para trasladar la violencia a las zonas urbanas. "Las personas se han desplazado a ciudades para huir de la violencia, y así lo ha hecho el conflicto. Más de la mitad de los 36 conflictos analizados, y todos los más letales, tienen un componente urbano muy importante", ha señalado.