Empecé a trabajar nada más acabar mis estudios y cumplir con el obligatorio servicio a la patria. Desde entonces, no he dejado de cotizar. Crisis, reconversiones, reformas laborales, precariedad, cambios de empresa. Siempre cumpliendo. Siempre aportando.

Hoy, con casi 39 años cotizados, más de lo que exige la ley para cobrar el 100% de la pensión, descubro que, si no aguanto hasta la edad exacta que marca la normativa, seré penalizado de por vida.

No por fraude.

No por incumplir.

No por comodidad.

Por no poder más.

Y esto ocurre bajo un gobierno que se presenta como progresista.

Cumples todo… y aun así pierdes.

La legislación fija que, con unos 38 años y 6 meses de cotización, se alcanza el derecho al 100% de la base reguladora. Muchos trabajadores superamos esa cifra con creces.

Hemos sostenido el sistema durante cuatro décadas.

Hemos financiado pensiones ajenas.

Hemos cumplido nuestra parte del contrato social.

Pero si te jubilas un año o dos antes de cumplir los 65 aunque hayas cotizado más de 40 años, se nos aplican coeficientes reductores permanentes. Eso significa cobrar menos hasta el último día, aunque hayas cumplido todas las reglas. 

¿Dónde está el sentido común?

Incentivos para quien puede o quiere, castigos para quien no.

El sistema premia a quien prolonga su vida laboral más allá de los 65. Me parece razonable: quien quiera y pueda seguir, que lo haga.

El problema es el otro lado.

A quien llega agotado, se le castiga.

A quien no puede más, se le recorta.

A quien necesita parar, se le penaliza.

El mensaje es claro:

“O sigues produciendo, o pagas”.

Eso no es justicia social. Es una lógica empresarial aplicada a la vida.

La política ha puesto el tema sobre la mesa, aunque sin resolverlo.

En mayo de 2024 se registró una Proposición de Ley para eliminar las penalizaciones a quienes acrediten 40 años o más cotizados, promovida por Unidas Podemos junto a colectivos como ASJUBI40. La propuesta plantea modificar la Ley General de la Seguridad Social para impedir esos recortes.

En noviembre de 2025, el Congreso aprobó una moción instando al Gobierno a avanzar en esa dirección. Pero no es vinculante. El Ejecutivo mantiene los coeficientes, alegando la sostenibilidad del sistema. Resultado: el Parlamento reconoce la injusticia, pero la ley sigue castigando a los mismos.

El sistema presume falsamente de tratar a todos por igual.

Pero no es lo mismo 40 años en una oficina cómoda que en una obra, una fábrica o un hospital, en una cátedra que en una peluquería. No es lo mismo llegar con 65 estupendo que llegar roto.

Un sistema progresista debería reconocer otros factores como el desgaste. Este no lo hace. Mi generación levantó este país. Pagó impuestos. Pagó cotizaciones. Sostuvo servicios públicos. Y ahora recibe este mensaje: “Aguanta un poco más”. Siempre un esfuerzo más. Siempre un sacrificio más. Nunca basta. Eso no es solidaridad intergeneracional. Es cargar el ajuste sobre los mismos de siempre. No pedimos privilegios. No pedimos regalos. No pedimos más dinero. Pedimos lo que es justo.

¿Es radical exigir jubilarse sin castigo tras cumplir el tiempo exigido?

Lo insostenible es obligar a la gente a trabajar hasta enfermar.

Un error político grave, se está erosionando la confianza de un electorado clave: trabajadores veteranos, futuros pensionistas, clase obrera madura. Personas que votaron esperando protección social. Y reciben recortes. Luego se habla de abstención o voto de castigo. El desencanto nace de decisiones como esta.

Un gobierno que se dice progresista no puede penalizar a quienes más han contribuido. No puede hablar de justicia social mientras recorta pensiones a quienes han trabajado toda su vida. La jubilación debería ser un derecho ganado.

Hoy, para muchos, es un peaje.

Y eso no es progreso. Es fracaso.

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Juan Antonio Gallego Capel es funcionario de carrera de la Administración de la Región de Murcia, socialista, defensor del Estado federal, laico y republicano.

El Congreso ha rechazado este martes el decreto del escudo social, en el que se incluía la subida de las pensiones. En él, figuraba también la protección de las familias vulnerables ante los desahucios, entre otras medidas, por lo que Junts, PP y Vox han votado en contra, imposibilitando la aprobación del paquete al completo. Tras esto, el Gobierno tiene la opción de presentar un nuevo real decreto ley que cuente con el apoyo del PP o de Junts.

Ambas formaciones han asegurado su respaldo siempre que el nuevo decreto incluya el alza de las pensiones como único punto, sin incluir las demás medidas de bienestar social, entre las que se encontraban la concesión de coeficientes reductores de jubilación para los bomberos forestales, ayudas para afectos por los incendios y la dana e incentivos fiscales para la compra de coches eléctricos, entre otras. El PP y Junts han considerado que el Ejecutivo "utiliza a los pensionistas" para obtener su apoyo a estas otras medidas con las que, han asegurado, no están de acuerdo.

Tras el rechazo en el Pleno el Ejecutivo puede optar a aprobar un nuevo decreto y llevarlo otra vez al Congreso, como hizo hace un año tras decaer, el 22 de enero, el texto que subía las pensiones para 2025. Aunque el segundo decreto que presentó el Gobierno tras un pacto con Junts incluía también otros asuntos junto a la subida de las pensiones, como el denominado "escudo social", el PP votó a favor al considerar que suponía una rectificación respecto al anterior.

Las pensiones tienen que subir cada año conforme al IPC, tal como acordó el Pacto de Toledo. Normalmente, esta subida se incluye en el proyecto de presupuestos, pero a falta de unas nuevas cuentas para este año, el Gobierno aprobó la subida en un real decreto ley. Para 2026 la subida es del 2,7%, que es del 7% para las pensiones mínimas y del 11,4% para las no contributivas y el ingreso mínimo vital (IMV).

El decreto de transportes, sin embargo, sí ha sido aprobado este martes, e incluye medidas con respecto a los autobuses estatales como la gratuidad de su uso para los menores de 14 años, el bono de diez viajes con un 40% de descuento y el abono mensual con un descuento del 50% y de un 70% para jóvenes de hasta 26 años.

La Asamblea Nacional francesa dio luz verde este miércoles por una amplia mayoría a la suspensión de la reforma de las pensiones, según ha informado EFE. Esta aprobación da oxígeno al Gobierno de Sébastien Lecornu al alejar una moción de censura de los socialistas.

Con 255 votos a favor y 146 en contra, la suspensión de la polémica reforma de las pensiones de 2023 salió adelante con el apoyo mayoritario del Partido Socialista, Los Verdes y la Agrupación Nacional de Marine Le Pen, y la abstención del partido Renacimiento del presidente francés, Emmanuel Macron.

Votaron en contra de la suspensión de la medida más importante del segundo mandato de Macron la izquierda radical de La Francia Insumisa (LFI) y los comunistas.

"No me lo podía imaginar: ver a un partido de izquierdas, LFI, votar EN CONTRA de la suspensión de la reforma", lamentó el líder del Partido Socialista, Olivier Faure, en un mensaje en redes sociales.

Esta medida, a la que Lecornu se comprometió para que los socialistas no apoyasen o presentasen una moción de censura contra su segundo Gobierno, figura como un artículo introducido en el proyecto de ley de financiación de la Seguridad Social.

Suspende hasta enero de 2028 el retraso de la edad de jubilación a los 64 años, así como el aumento del número de trimestres de cotización necesarios para cobrar una pensión completa.

Hace un mes, el primer ministro francés advertía que la suspensión de esta reforma debía ir acompañada de unos ingresos para financiarla. Lecornu hizo hincapié en que "no hay suspensión sin costes" y en que él no aceptará "cualquier cosa".

Otra de las concesiones a los socialistas para la supervivencia del Gobierno es la subida de impuestos a los ricos y a las grandes empresas. El pasado octubre, Lecornu propuso aumentar los tributos en 6.500 millones de euros el año que viene.

Esta medida, ya ha aprobada, no ha sido suficiente para los socialistas, quienes afirman que "si las cosas no avanzan (...) el Gobierno caerá". "Necesitamos dinero para corregir el proyecto" de presupuestos porque "no hay que hacer pagar a las clases populares y a las clases medias lo que no pagan los multimillonarios", afirmó el líder socialista Olivier Faure en una entrevista.

La penúltima estrategia de la cruzada mercantil contra las pensiones públicas está azuzando el conflicto generacional entre boomers y millennials. El ‘’hit’ más reciente ha sido el libelo titulado La vida cañón. La historia de España a través de los boomers, escrito en ameno estilo periodístico, lenguaje cheli y jerga millennials por Analía Plaza (AP), que selecciona a medio centenar de entrevistados (flagrante error muestral), retorciendo los números y los hechos para confirmar una idea preconcebida: los boomers tenemos la culpa de todo lo que les pasa hoy a los millennials. ¡Qué bárbara!

Soy boomer, claro, y pensionista (la mayoría de esta generación acotada arbitrariamente no se ha jubilado aún), he cotizado, sí, durante 40 años a la Seguridad social (en la base máxima durante 38 de ellos), no he tenido jamás un empleo estable y permanente en una sola empresa (contra lo que AP estereotipa), no tengo un piso en la playa, no me voy de safari a Kenia ni viajo de placer a Vietnam (y me encantaría conocer la Bahía de Ha-Long), tengo una casa pagada, sí (no me la trajeron los Reyes Magos, sino una hipoteca por 25 años al 14,75% de interés, y un préstamo personal al 15,80% para la entrada). Cuando terminé dos licenciaturas en la Universidad Complutense, estuve más de un año sin encontrar un trabajo y desde que firmé mi primer contrato (al que siguieron seis o siete más en otras tantas empresas) no tuve en ningún momento la percepción de empleo vitalicio, como los funcionarios y ‘telefónicos’ en los que AP engloba, en desnortada sinécdoque, a todos los boomers que en España somos. Conclusión: no debo de ser un Búmer Bumérez (el personaje masculino de La vida cañón) o no lo es la mayoría de los cinco millones de boomers que vivimos en este país. Y last but not least, tengo tres hijas millennials, lo que explica que conozca bien a esta generación y sus problemas (la vivienda, el primero) y que no me pueda permitir aquí el lujo de devolver la crítica en modo búmeran. 

Dejemos el anecdotario que distrae la atención de la premisa mayor: cómo nos pagamos los boomers la vidorra que tanto envidia Analía Plaza. Pues con la pensionazas que les han caído a este panda de suertudos. Digamos que este es el core business del libro citado, aunque la imputación entronice a los boomers además como los grandes beneficiarios de todas las fallas y despropósitos del sistema capitalista y de los regímenes políticos que han venido administrándolo en la historia de España de los últimos 70 años.  

La interpretación que hace AP del “sistema de reparto” que consagra nuestra ordenamiento jurídico vigente de la Seguridad social se simplifica con que “la generación de pobres está transfiriendo (parte de su renta) a los ricos a través de sus esquilmadas cotizaciones sociales”. Silogismo falso en todas sus premisas. Como se sabe, ha sido la equidad intergeneracional la que ha inspirado este sistema, frente al de “capitalización”, que habría perjudicado a la inmensa mayoría de ciudadanos en este país, antes y ahora. La gestión de las pensiones públicas ha sido, es y será siempre problemática, aquí y en los demás países avanzados que las disfrutan (yo mismo dudaba hace cuarenta años si tendría una pensión digna cuando llegara mi jubilación). Y siempre se dirá que la financiación del sistema es estructuralmente inviable.  

Hay que advertir contra los falsos amigos (los datos trucados) y las cruzadas que desde siempre son y serán enemigas de las pensiones públicas: l@s abanderad@s de los fondos de pensiones privadas y la propia banca que los acoge. Entre los datos falsos, los del coro de escandalizados con el importe abusivo de las pensiones revalorizadas. Lo cierto es que el importe medio de las pensiones de jubilación en España en septiembre de 2025 es de 1.508€, que baja a 1.313€ si contabilizamos todas las pensiones: incapacidad permanente, viudedad, orfandad,… España ocupa el puesto 14º entre los países europeos por el importe medio de sus pensiones de jubilación (están por delante Islandia, con 2.762 €, y siguen Noruega, Dinamarca, Suiza, Austria, Países Bajos, Bélgica, Suecia, Finlandia, Italia, Francia, etc.). Más detalles: la pensión media en Andalucía es de 1179€, en Madrid, 1.522€; en Cataluña, 1.366€, en el País Vasco, 1.618€,…. Es la renta el factor crítico.

Si nos referimos al gasto en protección social, en términos de PIB, en la UE-27, España (25,8%) está también por debajo de Francia (34%), Alemania (30%), Italia (29,8%), Países Bajos (27,1%),… 

El problema no son tanto las pensiones ni los pensionistas como los salarios, es la precariedad laboral, es la desigualdad. Se angustian los millennials porque no hay/habrá gente para costear las pensiones hasta que no desaparezcamos los millones de boomers, pero la Seguridad social cuenta ahora con 21,69 millones de afiliados, récord absoluto, tres millones más que en 2017. Y los angustiados dirán “pero con salarios más bajos”. En efecto, los déficits son la renta, la desigualdad, la brecha de género,…como apuntaba muy bien en su informe Selina Bárcena en infoLibre.

Otro falso amigo de las pensiones es el falso ‘coste de oportunidad’ de su encarecimiento sostenido (en los últimos años): aquello de que lo que se destina a subir las pensiones podría ir a otro capítulo de gasto público (por ejemplo, la política de vivienda). (Paréntesis: a mí me decían lo mismo cuando dirigía una empresa pública de radio y televisión). Es falso que pueda haber un coste de oportunidad: primero, porque esos capítulos de gasto proveen derechos esenciales para los ciudadanos y, además, alimentan la demanda agregada de la economía, vía consumo y, por tanto, contribuyen al crecimiento; y, segundo, porque no hay evidencia alguna de que minorar un gasto de esa naturaleza vaya a aumentar en la misma medida otro de distinta finalidad no atendido antes en el Presupuesto público. Y una pregunta más, en la misma línea: ¿por qué duele tanto la subida de las pensiones y no se da hiperestesia alguna con los más de 70.000 millones de euros, agujero del rescate bancario que no nos iba a costar nada, según Rajoy, ni los 34.000 millones que ha costado el ‘banco malo’ (SAREB), que se quedó con los activos tóxicos de los bancos tras las crisis inmobiliaria?   

En cuanto, finalmente, a los ‘cruzados’ enemigos de las pensiones públicas, ahí están los fondos de pensiones privados, hijos del capital financiero global, y la banca que suele hacer de depositaria y que está encantada con los planes de pensiones: tienen muy baja rentabilidad para el titular y son costosos (suelen cobrar un 1,70% del total, décima arriba o abajo, por las comisiones de gestión y depósito). Yo tenía hace treinta años tan ‘poquita fe’ en mi buena pensión futura, como boomer privilegiado, que he venido suscribiendo PPs y ahí estoy aguantando el chaparrón.  

En fin, menos camelos, que el futuro siempre fue y será incierto pero estoy seguro de que mis hijas no serán más pobres ni vivirán peor que yo cuando sean mayores (state of mind de boomer). Es tramposo comparar la riqueza de un boomer actual, que tiene 60 años o más, con un millennial, de 35, como si lo haces con el mismo boomer de hace 30 años. Entonces, hago votos por la generosidad del Espíritu Santo con Analía Plaza en la procura a la mayor brevedad de casa pagada, empleo vitalicio, pensión máxima y creciente patrimonio…. Para que empate ya y pueda entregarse a la vida cañón.

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Rafael Camacho Ordóñez es periodista y consultor.

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, que mañana jueves encara dos mociones de censura en la Asamblea Nacional, despejó este miércoles el camino que seguirá la suspensión de la reforma de las pensiones, exigida por los socialistas para no dejarle caer: la presentará en noviembre y se incluirá como enmienda en los presupuestos de la Seguridad Social.

En sendas comparecencias en la sesión de control al Gobierno en la Asamblea Nacional y ante el Senado para explicar su programa, Lecornu fue desbrozando así el camino que seguirá esa suspensión, que se mantendrá hasta enero de 2028, con el objetivo de que las pensiones formen parte del debate de las elecciones presidenciales de 2027.

Pese a la urgencia por sacar adelante los presupuestos de 2026 antes del fin del año, la incertidumbre planea aún sobre la viabilidad del segundo Gobierno de Lecornu, a la espera del voto mañana de las mociones de censura, una presentada por la izquierda radical de La Francia Insumisa (LFI) y otra por el bloque ultranacionalista, compuesto por Agrupación Nacional (RN) y la UDR de Éric Ciotti.

Según los cálculos que circulan en los pasillos de la Asamblea Nacional, la votación de una de las mociones, la presentada por la LFI de Jean-Luc Mélenchon, podría tener ciertas posibilidades de salir adelante dependiendo de los socialistas que la apoyen (al no haber disciplina de voto) y se quedaría a solo una veintena de votos de ser aprobada.

La extrema derecha de Marine Le Pen dijo que la votará, pero haría falta la mayoría absoluta de 289 votos para derribar al Gobierno. Por ahora, se perfilan 270 dispuestos a votar la censura.

"Estamos presentando propuestas para el debate", defendió hoy en la Asamblea Nacional la ministra de Cuentas Públicas, Amélie de Montchalin, al criticar las mociones que se votarán el jueves.

"Si nos censuran, ya no habrá Gobierno y no habrá debate", añadió. "El único debate que tendremos será sobre la incertidumbre económica, sobre el desorden económico, sobre la agitación en la que estaríamos sumiendo al país sin votar un presupuesto, clamó.

Pero, salvo un giro imprevisto de guión, Lecornu debería esquivar el riesgo de caída gracias a sus concesiones a las demandas socialistas (suspensión de la reforma de las pensiones, contribución fiscal de los más ricos y renuncia a gobernar por decreto).

Ahora bien, su equipo sabe que no es un cheque en blanco y vive con los días contados, ya que el Partido Socialista no descarta derrocarlo este otoño si no se cumplen sus condiciones o si no obtiene más concesiones durante el debate presupuestario.

"El Gobierno debe presentar una enmienda al Proyecto de Ley de Financiación de la Seguridad Social ya en noviembre", anunció el primer ministro sobre la tramitación de la suspensión de la reforma de las pensiones, durante la sesión de control al Ejecutivo en la Asamblea Nacional.

Eso permitirá, dijo, "avanzar con la mayor celeridad posible, con plazos que se cumplan".

Y será el Parlamento quien tendrá que decidir, añadió, aunque advirtió de que "no se puede votar una suspensión sin los elementos de ingresos correspondientes" para financiar el agujero adicional en las arcas del sistema de pensiones, que será de unos 400 millones de euros en 2026 y de 1.800 millones en 2027.

A continuación, en su discurso de política general ante el Senado, Lecornu anunció que propondrá confiar la gestión del sistema de pensiones a los interlocutores sociales.

El Parlamento tiene 50 días para examinar el proyecto de presupuesto de la Seguridad Social, que incluirá la suspensión de la reforma de las pensiones, y 70 días para el presupuesto del Estado de 2026.

Pero estos plazos, basados en la letra de la Constitución, podrían ser complicados de cumplir si se presentan cientos de enmiendas.

Y más teniendo en cuenta que tienen que ser aprobados con el consenso de la mayoría en un Parlamento fraccionado y sin la posibilidad, ya que el Gobierno de Lecornu ha renunciado a ello, de usar el as del artículo de la Constitución que permite la adopción de leyes sin voto.

Además de una posible avalancha de enmiendas, también planea como obstáculo que la tramitación de la suspensión de la reforma de las pensiones pueda verse comprometida por otras aportaciones en el mismo texto imposibles de respaldar para la izquierda.

En el peor de los casos y como último recurso, Lecornu podrá optar por una ley especial, que le permitiría seguir recaudando los impuestos existentes a la espera de la aprobación de un presupuesto real, como ya ocurrió en 2024, tras la exitosa moción de censura contra el Gobierno de Michel Barnier en diciembre de ese año.

Las agencias de calificación de riesgo Moody's y Fitch han elevado la nota a España a notable bajo (A3) y notable medio (A), respectivamente, basándose en un desempeño económico mejor de lo esperado que ha aumentado la fortaleza de una economía que ahora es menos vulnerable a las perturbaciones externas.

Ambas agencias se suman a la tercera gran agencia calificadora, S&P, que hace dos semanas subió la nota a notable alto (A+), la más alta de las tres.

Tanto Moody's como Fitch señalan la positiva evolución del mercado laboral, con tasas de actividad y ocupación históricas, como el elemento diferencial en el que se apoya el crecimiento económico, aunque añaden otros factores como la baja deuda del sector privado, un sector bancario saneado y el superávit por cuenta corriente.

Fitch explica que el crecimiento económico se ve respaldado por un gran flujo migratorio y unas exportaciones de servicios sólidas y cada vez más diversificadas.

Moody's dice que la migración neta seguirá compensando en los próximos años con creces el declive natural de la población española, a lo que suma una reforma de las pensiones que ha conseguido elevar la edad media efectiva de jubilación.

Fitch ha elevado su previsión de crecimiento para 2025 al 2,7 %, en línea con el pronóstico del Gobierno, gracias a la limitada exposición a los aranceles estadounidenses y al continuo desendeudamiento externo neto.

Para Moody's, el crecimiento potencial de España se sitúa en torno al 1,5 y el 1,6 %, lastrado por el envejecimiento de la población que frena el crecimiento de la fuerza laboral.

Junto con la inmigración, Moody's considera que otra ventaja competitiva de España es la producción de energía renovable, que ayuda a reducir la factura energética exterior e impulsa el crecimiento y la estabilidad macroeconómica.

El crecimiento económico permitirá "una modesta mejora" del déficit y la deuda, con la previsión de que el endeudamiento publico mantenga una senda a la baja, hasta situarse en torno al 100 % del PIB o ligeramente por debajo de él en 2027.

Sin embargo, advierte de que a medio plazo el aumento del coste de las pensiones y del gasto en defensa presionará el gasto público al alza.

Fitch apunta como elemento de riesgo al bloqueo político que dificulta cada vez más la actividad legislativa de un Gobierno de coalición en minoría.

Además, señala que el presidente, Pedro Sánchez, "se enfrenta a una creciente presión por las acusaciones de corrupción que involucran al PSOE y a miembros de su familia", mientras que la fragmentación política y regional impide el avance en reformas cruciales para lograr una mayor oferta de vivienda y "el desarrollo de una estrategia coherente de consolidación fiscal".

El ministerio de Economía valora muy positivamente la decisión de Moody's y Fitch y celebran que las agencias se hayan sumado a la estela de Standard&Poors de hace unas semanas para mejorar la calificación de deuda de España.

Además, señala que todas las agencias de rating ubican su calificación en A, situación que se perdió durante la crisis financiera y que no se había recuperado hasta estos momentos. "Esto es una muestra más de la confianza internacional en la economía española", recalcan desde el ministerio.

La viabilidad del sistema de pensiones y la salud de las cuentas de la Seguridad Social son cuestiones que componen una de las principales preocupaciones de los analistas económicos y de los españoles. En marzo, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) señalaba en un informe que la reforma de pensiones se ajusta a la denominada regla de gasto, por lo que no se requerían medidas adicionales para proteger el sistema, aunque alertaba de que la sostenibilidad de las pensiones no había mejorado, con un gasto que aumentará en 3,4 puntos del PIB hasta 2050.

El análisis no es halagüeño, pero el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, señalaba el pasado lunes en una entrevista para RNE su preocupación por el hecho de que las visiones más pesimistas terminen por poner en cuestión la importancia del sistema público. “Ahora a los jóvenes se les dice que mejor el dinero en vuestro bolsillo. Todo esto es pura propaganda para conseguir que en España se privatice el sistema de pensiones”, señalaba Álvarez, que también insistía en que las pensiones de los jóvenes “estaban aseguradas”.

El comportamiento del mercado laboral y unas reformas destinadas a aumentar los ingresos, son, para el sindicato, un balón de oxígeno y una ventana de optimismo a tener en cuenta en las valoraciones de la coyuntura.

Para el Banco de España, las tendencias demográficas representan uno de los principales factores que ejercen presión sobre la hucha de las pensiones. Entre los desafíos más importantes para la sostenibilidad del sistema se encuentran la llegada a la edad de jubilación de la generación del baby boom —un grupo compuesto por 7,7 millones de personas actualmente entre los 50 y los 66 años—, el incremento en la esperanza de vida y la reducción de las tasas de natalidad. Es decir, las oleadas generacionales que se incorporan al trabajo son menos numerosas que las que llegan a la jubilación, por lo que cada vez habrá menos trabajadores por pensionista y se elevará el gasto. AIReF señala que en España se gastan 206.000 millones de euros cada año en pensiones, un 12,9% del PIB, pero esa factura seguirá creciendo hasta llegar a un gasto del 16,1% en 2050.

Cristina Estévez, secretaria ejecutiva de la agrupación y vicepresidenta del Consejo Económico y Social, explica que si bien la demografía plantea un reto: “ningún sistema público de pensiones en el mundo se sostiene solo con cotizaciones sociales y es impensable que este solo se sostenga con las aportaciones de trabajador y empresa”. Para Estévez, el hecho de que las transferencias del Estado tengan que aumentar es coyuntural y no supone un desafío insalvable para el sistema.

Las pensiones se financian por tres vías. La primera son las cotizaciones de los trabajadores; la segunda, a través de los presupuestos del Estado y, finalmente, por medio de transferencias del Estado (denominadas gastos impropios), que son partidas para costear, principalmente, las pensiones no contributivas. Además de estos recursos, se destinan las denominadas transferencias implícitas, que se mueven desde otras partidas presupuestarias en caso de ser necesario. Según la AIReF, estas transferencias “cada vez serán mayores” debido a la presión demográfica, y ese es un elemento de preocupación para los analistas. 

Estévez argumenta que, en el cálculo de la sostenibilidad, algunos informes dejan fuera las aportaciones del Estado. "En el informe de la Comisión Europea para evaluar el sistema de pensiones no se contemplaban las partidas que los presupuestos generales del Estado tienen que traspasar a la Seguridad Social para los gastos impropios. Es decir, no los tomaban en consideración y por eso nosotros discrepamos. No se está contando con una parte del balance", y concluye: "Aun sin tener eso en cuenta, las conclusiones del informe de AIReF señalan que no se requiere ajuste".

"Cuando se hacen análisis tan a largo plazo como se ve en estos informes, no se pueden prever todos los parámetros que pueden intervenir en la evolución del gasto", explica la responsable de UGT. De hecho, apunta al efecto positivo que estaría teniendo la evolución de parámetros como el mercado laboral o las reformas llevadas a cabo para aumentar los ingresos. Un ejemplo de esto último sería el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), una cotización adicional que se aplica desde 2023 a trabajadores y empresas para reforzar los ingresos del sistema hasta 2032. "No estábamos en la media europea en cuando a ingresos y eso es lo que se ha intentado corregir con estas reformas", apunta.

Para UGT la evolución del mercado laboral, que superó los 22 millones de ocupados en el segundo trimestre del año, "es buena" y no había sido prevista por los informes anteriores, por lo que las proyecciones, apunta, pueden cambiar. "Y tampoco se están teniendo en cuenta los flujos migratorios", matiza Estévez, que podrían compensar el descenso en la natalidad y el estrechamiento de la pirámide de personas en edad de trabajar.

Lejos de hablar de recortes, desde UGT señalan que las dificultades del sistema de pensiones no deben leerse desde un puto de vista catastrofista. "Abogamos por aumentar la partida de gasto en pensiones cuando se requiera y, de hacerlo, España lo va a requerir solo en un momento muy puntual. Esto es, cuando llegue el pico de la generación del baby boom", concluye la responsable sindical.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha constatado que la reforma de pensiones se ajusta a la denominada regla de gasto, por lo que no habrá que tomar por ahora medidas adicionales, pero alerta de que la sostenibilidad del sistema de pensiones no ha mejorado y cuestiona la metodología fijada por el Gobierno para evaluar la reforma.

De acuerdo con el informe publicado este lunes por la entidad y recogido por EFE, el gasto en pensiones se sitúa en el 14,6% del PIB en promedio en el periodo 2022-2050, mientras que las medidas de ingresos ascienden al 1,4% del PIB, lo que arroja una diferencia del 13,2%, por debajo del 13,3% que habría obligado a activar la denominada "clausula de cierre" y plantear nuevas medidas.

No obstante, la AIReF alerta de que la sostenibilidad del sistema de pensiones no ha mejorado y eleva a 3,4 puntos de PIB el crecimiento del gasto hasta 2050. Cuestiona además la metodología de esta regla de gasto, fijada por el Gobierno en la reforma de pensiones, ya que "no constituye un indicador de sostenibilidad" y "merma su capacidad de supervisión e independencia". "Se cumple la regla de gasto, pero no descuidemos la dinámica subyacente", ha alertado la presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, en rueda de prensa.

Herrero ha destacado del diseño de esta regla que tiene "importantes limitaciones" para ser un indicador de la sostenibilidad del sistema y ha incidido en que "es perfectamente compatible que la dinámica del sistema sea peor y cumplamos con la regla". Este mecanismo obligado de evaluación trianual por parte de la AIReF quedó fijado en la reforma de pensiones aprobada en 2022 por el Gobierno con el visto bueno de la Comisión Europea.

Al detalle del impacto de las medidas de ingresos recogidas en la reforma diseñada por el ahora gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, la AIReF cifra en el 0,4% del PIB el impacto promedio 2022-2050 del mecanismo de equidad intergeneracional (MEI), una sobrecotización finalista que irá aumentando. El resto de medidas tienen menor impacto, con un 0,3% del PIB en el caso de la subida de la base máxima y también del 0,3% en las transferencias del Estado.

En este punto, Herrero ha querido aclarar que no todas las transferencias del Estado a la Seguridad Social se pueden considerar como ingresos para las pensiones y ha afeado que el Gobierno les trasladara en el reglamento de desarrollo de este examen qué ingresos debían considerar. El incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), la reforma de la cotización de trabajadores autónomos o la cotización "solidaria" de los salarios más altos aportan 0,1%, 0,1% y 0,2%, respectivamente, en el citado periodo.

La AIReF no estima que la reforma laboral aporte nada en este lado de los ingresos.

Herrero también ha advertido de que el gasto se ha visto reducido por el impacto de las últimas revisiones del PIB que han rebajado a ese 14,6 % del PIB el gasto promedio frente al 15,4% que recogía el informe de envejecimiento de la Comisión Europea. Así, la AIReF ha cuestionado los parámetros que se le obliga a considerar para el informe y ha aportado una visión propia, a la vez que ha recomendado al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que "integre" esta regla en el proceso de adaptación del marco fiscal nacional al nuevo marco europeo.

En la opinión publicada este lunes, junto al informe al que le obliga la reforma de pensiones, la AIReF resalta una "mayor pendiente" del gasto en pensiones, con un promedio del 14,4 % del PIB en el periodo 2022-2050; así como un incremento de la tasa de generosidad en 13 puntos en 2050, cuando se prevén 17 millones de pensionistas.

La Seguridad Social ha abonado este martes la nómina de la pensiones de enero con la revalorización del 2,8% prevista en el decreto ley ómnibus que estuvo en vigor hasta el pasado miércoles, cuando decayó en el Congreso, con lo que la subida no se aplicará en la nómina de los próximos meses. En total se han abonado 10.294.786 pensiones a 9,3 millones de personas por un importe de 13.432,4 millones de euros, lo que supone un incremento del gasto del 6,17% respecto a la nómina de enero de 2023, según informa EFE.

A la revalorización con carácter general del 2,8% se suma la subida de entre el 6 y el 9% para las pensiones mínimas.

Del total de la nómina, casi tres cuartas partes van destinadas a pensiones de jubilación (9.823,6 millones de euros), seguidas por las de viudedad (2.190,6 millones), incapacidad permanente (1.204,7 millones), orfandad (177,5 millones) y prestaciones en favor de familiares (35,9 millones).

La pensión media de jubilación se situó en 1.497,95 euros, un 4,39% más que un año antes. La pensión media de jubilación para el régimen general, por su parte, se situó en 1.658,6 euros mensuales, mientras que en el régimen especial de trabajadores autónomos superó, por primera vez, los 1.000 euros mensuales (1.004,5). En cuanto a la pensión media de viudedad, alcanzó los 931,53 euros.

La cuantía de la pensión para las nuevas altas de jubilación en el sistema ascendió en enero a 1.581,23 euros de media. Durante 2024 se registraron 368.065 nuevas altas en pensiones de jubilación, de que el 29,6% se corresponde con jubilaciones anticipadas (108.968). En este mismo período, el 9,3% de las altas correspondieron a la modalidad de jubilación demorada (34.273 en total) frente al 4,8 % que suponían en 2019. La edad media de acceso a la jubilación es de 65,2 años, cuando en 2019 era de 64,4 años.

En enero, 930.707 pensiones sumaron el complemento para la reducción de la brecha de género, con un importe medio de 75,6 euros. Este complemento, vigente desde febrero de 2021, consiste en una cuantía fija por hijo, desde el primero, y es cobrado mayoritariamente por mujeres (826.951).

La Comisión Europea quiere utilizar la próxima programación del presupuesto comunitario, las conocidas como “perspectivas financieras”, para dar un vuelco en el control del uso que se da a los fondos estructurales para que cada euro que se gaste esté ligado a reformas o a inversiones, lo que se hace con los fondos del Next Generation que, sin aplazamientos, deberán gastar como muy tarde a finales de 2026.

Los fondos estructurales apoyan los objetivos de cohesión económica, social y territorial de la Unión Europea. Nacidos en los años 80, van a cumplir 40 años sin haber logrado su función, la de hacer que las regiones más pobres de la Unión Europea alcanzaran el nivel de desarrollo de las más ricas. Suponen más de 350.000 millones de euros en el período 2021-2027 y están divididos en cinco capítulos: Fondo Europeo de Desarrollo Regional, Fondo Social Europeo, Fondo de Cohesión, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (independiente de los fondos de la política agrícola común) y Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.

Según una exclusiva del diario británico Financial Times, el próximo presupuesto plurianual europeo, que podría rondar los 1,2 billones de euros para siete años, se diseñará con esa idea de ligar los fondos a reformas e inversiones. Las perspectivas financieras del período 2028-2034 empezarán a discutirse a finales de este otoño, en cuanto los nuevos comisarios tomen posesión de sus cargos y empiecen a trabajar. Es una de las negociaciones más complejas y tensas de las que pueden vivirse en Bruselas, porque los gobiernos se juegan miles, cuando no decenas de miles de millones de euros al año y las prioridades de gasto de unos no coinciden con las de los otros. En períodos anteriores han hecho normalmente falta preparativos que sobrepasaron el año y negociaciones de meses, finalizadas con varias cumbres europeas de alta tensión.

El argumento para la reforma de los fondos es viejo. Quienes la defienden aseguran que algunos países no hacen las reformas que convertirían los fondos en más efectivos. Se refieren a reformas laborales o de pensiones. Son las ideas de siempre de mejorar la competitividad económica a través de ajustes en salarios o pensiones. Pero la Comisión Europea les toma el brazo para copiar el sistema de condicionalidad de los fondos del Next Generation y añadir, con esas reformas, exigencias de inversiones en ciertos asuntos.

Además, lo más probable es que los fondos estructurales sean menos. Ahora mismo, se gasta aproximadamente un tercio del presupuesto comunitario en ellos, otro tercio en política agrícola común y otro tercio en todo lo demás, como innovación, ayuda al desarrollo o el funcionamiento de las instituciones europeas.

España es ejemplo para lo bueno y para lo malo. En Bruselas se ve como un éxito haber forzado al país a hacer la reforma laboral a cambio de buena parte de los fondos del Next Generation. España crea empleo pero, sobre todo, lo hace reduciendo rápidamente la temporalidad. España es también mal ejemplo del uso de los fondos estructurales porque durante décadas fue de los países que más recibió, y todavía recibe, y la diferencia de renta entre sus regiones más pobres y las más ricas de Europa se redujo menos de lo esperado.

Bruselas tendrá grandes obstáculos. Para empezar, algunos de los grandes son todavía beneficiarios de esos fondos, como Italia, España o Polonia. Y sobre todo tendrá la oposición de los gobiernos del este. A finales de la década de 1990 se les prometió que de entrar en la Unión Europea, como deseaban desde la caída del Muro de Berlín, tendrían que abrir sus economías a la competencia del mercado común. Eran países que habían pasado por décadas de proteccionismo comunista y economía planificada y temían que su industria no soportara la competencia. Lo hicieron sólo a cambio de recibir fondos estructurales en cantidades que para algunos equivalían a casi el 5% de su PIB. 20 años después se les va a decir que esos fondos tendrán otras normas. Financial Times cita a un diplomático que asegura que “la única forma de convencer a los contribuyentes netos (países como Alemania, Bélgica, Países Bajos, Austria, Luxemburgo, Francia o los escandinavos) para que contribuyan más es poner más condiciones a los receptores”.

La bronca será larga y la primera propuesta debería ser presentada el año que viene. Los gobiernos regionales y los ayuntamientos perderían peso porque los fondos dependerían de planes presentados por los gobiernos nacionales, como ocurre con el Next Generation. El próximo comisario o comisaria de administración y presupuestos tendrá una dura tarea por delante. Polonia aspira al cargo.

La Comisión Europea (CE) publicó en abril el informe periódico Ageing Report 2024 (AR 2024). El periódico El Economista tituló Bruselas destapa el gran agujero de las pensiones en España. La lectura rigurosa de las páginas 270-272 del informe desmiente esta alarmista e interesada advertencia.

Según la Comisión, la población del Estado español aumentará lentamente hasta el año 2050 para después reducirse en 2070 al nivel del año 2022. AR 2024 pronostica una tasa media de crecimiento del PIB del 1,2% anual. La mecánica del interés compuesto provocaría un crecimiento acumulado del 80% para una población estabilizada (gráfica I). De acuerdo con las previsiones de la CE, en 2070 seremos un 80% más ricos, dispondremos de casi el doble de bienes y servicios por persona que en la actualidad. Sólo un economista cuya mente fue formateada al servicio de las finanzas puede no comprender que una sociedad más rica podrá pagar unas pensiones suficientes.

La CE prevé que el porcentaje de personas mayores de 65 años aumente desde el 22% actual (1 de cada 5) hasta el 33% a partir de 2050 (1 de cada 3) (gráfica II). 

En consecuencia, se incrementará el gasto en pensiones: partiendo del 13,1% del PIB, llegará a un máximo del 17,3% en 2050 y descenderá suavemente hasta el 16,7% en 2070.

¿Supondrá este incremento una carga insoportable para las trabajadoras y trabajadores activos? Para verificarlo distribuí el PIB en dos partes: la dedicada al pago de las pensiones de acuerdo con las previsiones de la CE y la que quedaría para la población menor de 65 años. Después, dividí cada una de las partes entre el número de personas en cada cohorte, mayores y menores de 65 años. En la gráfica IV se visualizan los resultados. Quiero reiterar que utilizo las previsiones publicadas por la CE.

Primer resultado: el PIB por persona se multiplica por 1,8 veces; el PIB por persona dedicado a las personas mayores de 65 años aumenta un 50%, se multiplica por 1,5; y el PIB por persona menor de 65 años aumenta un 100%, multiplicándose por 2. Después de pagar mediante impuestos y cotizaciones sociales las pensiones de una población pensionista incrementada, la sociedad de menos de 65 años dispondrá para mantener la capacidad productiva (amortizaciones), incrementarla (inversión) y para el consumo del doble de recursos que en la actualidad.

¿Cuál es el secreto de esta evolución? La OCDE calcula la productividad por hora trabajada en el Estado español en el año 2022 en 53 dólares. La CE estima que se incrementará en un 1,3% anual. Recordemos la potencia del interés compuesto durante un período de 48 años (2022-2070). 

Aceptando las predicciones de la CE, en las próximas décadas descenderá la población ocupada. Sin embargo, el incremento de la productividad por hora trabajada (que casi se doblará), más que compensará ese descenso, permitiendo el aumento del PIB disponible por persona, la mejora de las pensiones y de los ingresos de las personas activas. Hasta aquí el análisis de las previsiones de la CE en el AR 2024. 

En 1964 el físico Peter Higgs teorizó la existencia de una partícula elemental aún desconocida. En 2013 la comunidad científica del CERN confirmó su existencia, el bosón de Higgs o bosón escalar. Un proceso paradigmático de ciencia en acción, de capacidad predictiva y de rigor en la verificación.

En 1994, el Banco Mundial (BM) alertaba sobre los gravísimos problemas de los sistemas de pensiones de reparto debido a que “la proporción de la población mayor en relación con la población total está creciendo rápidamente” y proponía reducir las pensiones públicas para ampliar los sistemas privados de capitalización. Treinta años después los sistemas públicos de pensiones demostraron una extraordinaria fortaleza. El BM, como otros “expertos” carece de la capacidad predictiva de la comunidad científica. Sin embargo, el BM inauguró un nuevo género literario, el de la profecía del colapso de los sistemas públicos de pensiones. Así lo aseguró La Caixa en 1995, y FEDEA y el BBV en 2000. También INVERCO en 2010. En los últimos años, no hay trimestre sin ponencia alarmista convenientemente amplificado en grandes titulares. El Economista se une entusiasmado a esa militancia profética. El objetivo es desmoralizar a los trabajadores y trabajadoras activos para que suscriban un plan privado de capitalización. Así que selecciona un dato, el aumento del porcentaje de población mayor de 65 años, ignorando el conjunto de las previsiones de la CE en AR 2024. Un caso paradigmático de falta de comprensión de un informe, de capacidad predictiva y de rigor científico.

El déficit de la CE y de su AR 2024 es la creencia en el crecimiento indefinido del PIB como solución para todos los problemas económicos, ignorando los límites físicos del planeta. Incorporar esta perspectiva nos llevaría a articular un sistema económico dirigido a la satisfacción de las necesidades básicas de todos y todas reduciendo el impacto de la actividad económica sobre el planeta. En ese modelo el sistema de reparto garantizaría los ingresos de las personas jubiladas, como nunca lo hará un sistema privado de capitalización. Pero, ese no es el punto de vista ni de la CE ni de El Economista.

Sin embargo, si aceptamos el marco establecido por la CE, la conclusión es inequívoca: de acuerdo con sus previsiones impresas en el informe Ageing Report 2024, en las próximas décadas se podrá aumentar el porcentaje del PIB destinado a las pensiones públicas permitiendo que la riqueza disponible para las personas menores de 65 años se duplique.

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Xabier Pérez Davila es economista, miembro del Movemento Galego pola Defensa das Pensións e os Servizos Públicos. Este artículo ha sido publicado en gallego por 'Praza.gal'.

Las pensiones mínimas y las no contributivas, así como el Ingreso Mínimo Vital (IMV), subirán en 2024 un 6,9%, en tanto que la pensión mínima de viudedad con cargas familiares se incrementará un 14,1%, desde los 905,9 euros actuales al mes hasta cerca de 1.033,6 euros mensuales.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha informado de esta subidas en su cuenta de 'X' (antes Twitter), desde donde ha querido mandar un "mensaje de tranquilidad y garantía a los pensionistas de hoy y del mañana".

La segunda pata de la reforma de pensiones, aprobada en marzo de este año y centrada en la obtención de ingresos para garantizar la sostenibilidad del sistema, contemplaba mejoras en las pensiones mínimas contributivas.

En concreto, la norma establece que éstas experimentarán, desde 2024 y hasta 2027, una subida progresiva superior al IPC para asegurar que al final de dicho periodo no sean inferiores al umbral de la pobreza calculado para un hogar compuesto por dos adultos.

Con esa subida del 6,9% se asegura un incremento superior al IPC para estas pensiones, pues la inflación media del periodo diciembre de 2022-noviembre de 2023 se situó, a falta de confirmarse el dato avanzado, en un 3,8%.

Será precisamente en este porcentaje, el 3,8%, en el que subirán las pensiones contributivas el próximo año, en función de la reforma que se aprobó en la anterior legislatura y que liga las pensiones a la evolución del IPC.

Con la subida del 6,9% contemplada para 2024, las pensiones mínimas contributivas aumentarán aproximadamente entre 16,5 y 100 euros al mes, dependiendo de la clase de pensión y de las circunstancias personales. La de viudedad con cargas familiares lo hará en mayor medida, con 127,7 euros más al mes que en 2023, como resultado de su revalorización en un 14,1%.

La nueva ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha convocado para el próximo lunes a las 10.30 horas a los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, y a los presidentes de CEOE y Cepyme, Antonio Garamendi y Gerardo Cuerva, según informaron a Europa Press en fuentes sindicales.

Será la primera reunión formal de la ministra con los líderes de los agentes sociales en la mesa de diálogo de Seguridad Social desde que asumió el cargo en sustitución de José Luis Escrivá.

Saiz afronta en esta legislatura varios retos heredados de las reformas de pensiones acometidas en la etapa anterior, así como otros nuevos recogidos en los compromisos adquiridos por el PSOE para lograr la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

El anterior ministro del ramo llevó a cabo en la pasada legislatura varias reformas de calado para el sistema de pensiones, algunas con el concurso de los agentes sociales, y otras con el respaldo único de los sindicatos, que habrán de seguir desplegándose en el próximo periodo.

Durante la toma de posesión de su cartera, la ministra Saiz se comprometió a seguir mejorando las pensiones mínimas y no contributivas, a incrementar la hucha de las pensiones y a culminar la regulación de la jubilación anticipada para las profesiones especialmente duras o penosas.

La nueva ministra de Seguridad Social señaló además que en esta legislatura será "clave" seguir desplegando la reforma de pensiones, el nuevo sistema de cotización de autónomos y los planes colectivos, "hitos muy relevantes" de la pasada legislatura.

La Seguridad Social destinó en el presente mes de septiembre la cifra récord de 12.051,4 millones de euros al pago de la nómina ordinaria mensual de pensiones contributivas, un 10,9% más que en igual mes de 2022, según ha informado este martes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y ha recogido Europa Press.

La nómina mensual ordinaria de las pensiones superó por primera vez en julio los 12.000 millones de euros y este mes vuelve a marcar un nuevo récord. Ello se debe a que, en aplicación de la reforma de pensiones, éstas han subido para 2023 un 8,5% como resultado de la inflación media del periodo diciembre de 2021-noviembre de 2022.

El Departamento que dirige José Luis Escrivá estima que el gasto en pensiones se situó en el 11,7% del PIB en los últimos doce meses, la misma cifra que en 2022 (11,7% del PIB), pero inferior a la de 2020 (12,4% del PIB), año condicionado por el impacto de la pandemia sobre el PIB, y también a la de 2021 (12,1% del PIB).

De los 12.051,4 millones de euros que se dedicaron en septiembre a la nómina ordinaria de las pensiones contributivas, casi tres cuartas partes (el 73%) se destinaron al pago de las pensiones de jubilación, que sumaron un importe de 8.793 millones de euros, un 11,7% más que en septiembre del año pasado.

A las pensiones de viudedad se destinaron casi 2.006 millones de euros, un 9,4% más que hace un año, mientras que a las prestaciones por incapacidad permanente se dedicaron 1.057 millones de euros (+7,5%).

Por su parte, el pago de las prestaciones de orfandad conllevó un importe de 163,9 millones (+8,9%), y el de las prestaciones a favor de familiares totalizó 31,9 millones de euros (+12%).

En septiembre de este año se han abonado 10.073.434 pensiones contributivas, un 1,2% más que hace un año, a algo más de 9,12 millones de pensionistas. Del total de pensiones, más de 6,38 millones eran pensiones de jubilación; 2,35 millones eran pensiones de viudedad; 945.539 eran de incapacidad permanente; 342.294 eran pensiones de orfandad, y 45.328, en favor de familiares.

Del total de pensionistas (9.121.410 a 1 de septiembre de este año), 4,6 millones son hombres y 4,5 millones, mujeres. El número de pensiones por pensionista es de 1,1.

La pensión principal percibida es la de jubilación para 6,3 millones de personas, de las que el 60,2% son varones; la de viudedad es la principal prestación para 1,5 millones de personas (el 95,9% son mujeres); la de incapacidad permanente es la pensión principal para 940.705 pensionistas; la de orfandad para 324.627 personas, y la de favor de familiares para 44.681 pensionistas.

Tras la subida de las pensiones con el IPC aplicada desde principios de año, la pensión media de jubilación aumentó en septiembre un 9,5% interanual, hasta los 1.376,4 euros mensuales.

En el Régimen General, la pensión media de jubilación ascendió a 1.533,1 euros mensuales, frente a los 916,7 euros al mes del Régimen de Autónomos. En la Minería del Carbón, la pensión media de jubilación es de 2.684,2 euros al mes y en el del Mar, de 1.526 euros.

La cuantía media de las nuevas altas de jubilación ascendió en agosto de este año (último dato disponible) a 1.439,8 euros al mes.

En septiembre, la pensión media de viudedad se situó en 852,8 euros al mes, con un crecimiento interanual del 9,3%, mientras que la pensión media del sistema, que comprende las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares), aumentó un 9,5%, hasta situarse a 1 de septiembre en 1.196,35 euros mensuales.

El Ministerio ha informado de que en agosto (último dato disponible) la media de resolución de los expedientes ha sido de 9,8 días en el caso de las pensiones de jubilación y de 13,7 días en el caso de las de viudedad.

En este sentido, el Departamento que dirige Escrivá ha recordado que, por ley, el plazo máximo de resolución es de 90 días tanto para las pensiones de jubilación como para las de viudedad.

Por otro lado, el número de pensiones pertenecientes a clases pasivas en vigor a cierre de agosto de este año (último dato disponible) fue de 696.194, cifra un 1,9% superior a la del mismo mes de 2022. La nómina mensual de estas pensiones ascendió a 1.474,1 millones de euros, un 11,7% más que en igual mes del año pasado.

El Régimen de Clases Pasivas del Estado incluye fundamentalmente al personal militar y a funcionarios de la Administración General del Estado, de la Administración de Justicia, de las Cortes Generales y de otros órganos constitucionales o estatales, así como a los funcionarios transferidos a las comunidades autónomas.

Con fecha 1 de septiembre, 576.731 pensiones percibían el complemento por brecha de género, cuyo objetivo es corregir paulatinamente la diferencia que se produce entre la pensión media que recibe un hombre y la que recibe una mujer.

El importe medio mensual de este complemento en la pensión, recibido en un 91,1% por mujeres, es de 65,6 euros. De las 576.731 pensiones complementadas, el 23% corresponde a pensionistas con un hijo (132.619); el 47%, con dos hijos (271.429); el 19,4%, con tres (111.767), y el 10,6% (60.916), con cuatro hijos.

Este complemento, vigente desde febrero de 2021, consiste en una cuantía fija que, tras la revalorización para 2023, asciende a 30,4 euros al mes por hijo. El complemento se aplica desde el primer hijo y hasta un máximo de cuatro y se pide a la vez que se solicita la pensión.

El Círculo de Empresarios ha propuesto a los futuros legisladores y gobernantes que saldrán de las elecciones generales del próximo 23 de julio el retraso voluntario de la edad de jubilación, acompañado de un sistema de incentivo, y la eliminación de los impuestos especiales a la banca y a las compañías energéticas y del tributo sobre el patrimonio, informa Europa Press.

El Círculo de Empresarios ha lanzado este miércoles su Carta abierta a los futuros Legisladores y Gobernantes en la que propone a los futuros legisladores y gobernantes que saldrán de las elecciones generales del próximo 23 de julio, aquellas acciones y reformas que, a su juicio, deberían acometerse de forma urgente en el transcurso de la próxima legislatura.

En cuanto a la reciente reforma del sistema de pensiones dice que "no asegura su viabilidad, solo retrasa el problema, es profundamente insolidaria y exigirá un gran sacrificio a los ciudadanos en activo". Por ello insiste en un retraso voluntario de la edad de jubilación acompañado de un sistema de incentivos y en promover el ahorro privado y la inversión.

La propuesta del Círculo de Empresarios pasaría por alargar la edad de jubilación a un tramo de entre los 68 y los 72 años. "Si se jubila antes, habría una leve reducción de la pensión y si se jubila después, un incentivo", ha explicado en rueda de prensa el presidente de la organización, Manuel Pérez-Sala.

De la última reforma laboral, el Círculo de Empresarios ha señalado que "lejos de solucionar los problemas ha ralentizado el ritmo de creación de empleo, ha ocultado el desempleo y ha perjudicado la flexibilidad".

Por ello, los empresarios piden una reforma "valiente, consensuada con los agentes sociales", que dote al sistema de mayor flexibilidad, y acerque la normativa española a la de los países del entorno y a las nuevas realidades económicas y laborales.

Esto pasaría, según la organización por revisar los costes de indemnización acercándolos a la media europea, subiéndolos para los contratos temporales y bajándolos para los indefinidos para favorecer la contratación estable. También han abogado por crear una cuenta de ahorro individual bajo el modelo de la "mochila austriaca" que recibiría aportaciones periódicas a cargo de la actual cotización que recibe la Seguridad Social en concepto de desempleo.

En materia fiscal, el Círculo de Empresarios considera que se debe incentivar la inversión y el ahorro y cree que las nuevas figuras impositivas deben consensuarse y armonizarse con Europa para evitar distorsiones competitivas y deslocalización de bases imponibles.

"Es imprescindible mejorar la eficiencia del sistema fiscal; la recaudación en España está por debajo de la media de la UE, a pesar de tener tipos impositivos superiores, por causa de la elevada tasa de paro, el tamaño de la economía sumergida y un complejo diseño del IVA", ha recalcado la organización.

Por ello, la organización ha propuesto reducir las cotizaciones sociales a cargo de la empresa, suprimir los impuestos especiales a la banca y a las compañías energéticas, eliminar el impuesto sobre el patrimonio y simplificar el diseño del IVA reasignando los tipos impositivos teniendo en cuenta la estructura productiva.

Ha instado, además, a que la política fiscal sea prudente, rigurosa, efectiva y eficiente para impulsar un crecimiento estable. "No podemos gastar sin medida en políticas ideológicas, electoralistas o de dudosa eficacia, pues estamos perjudicando la capacidad de financiación de nuestro Estado de Bienestar y trasladando el gasto actual a las generaciones futuras", ha recalcado el presidente de la organización.

En este sentido, señalan que el Estado tiene que aceptar que la capacidad de recaudación de la economía española es limitada, y que el peso del gasto público debe situarse en torno al 40% del PIB.

De su lado, el Círculo de Empresarios considera que el Estado debe desarrollar una política de vivienda compatible con los derechos fundamentales de los ciudadanos consagrados por la constitución. Proponen así ampliar la oferta de suelo, fomentar la construcción de vivienda en alquiler asequible y encontrar fórmulas de colaboración pública-privada en aquellas ciudades con demanda insatisfecha, además de agilizar trámites administrativos para reducir costes para promotores y consumidores.

En materia energética, la organización cree que debe evitarse todo tipo de intervención en el mercado, o reducirla al mínimo imprescindible. Además, ven preciso trabajar para lograr la aceptación social de la transición y el consenso de la Administración, el sector empresarial y la ciudadanía.

"La necesidad de disponer de una energía segura y flexible en las mejores condiciones, reducir la volatilidad y facilitar la estabilidad de precios para los consumidores pasa por el alargamiento de la vida útil de la generación ya instalada y la conveniencia de fomentar el desarrollo del mercado a plazo y de la contratación bilateral", han reiterado.

El Consejo Constitucional de Francia ha rechazado este miércoles una segunda solicitud de referéndum, esta vez presentada por 250 diputados y senadores tanto de izquierda como independientes, con el objetivo de iniciar una consulta popular sobre la promulgada reforma de las pensiones, informa Europa Press.

El organismo ha tumbado una segunda solicitud del llamado referéndum de iniciativa compartida (RIP), un texto legislativo presentado por miembros del Parlamento a través de una colección de apoyos por parte del electorado, que debe superar un umbral del 10% 4,8 millones de firmas.

El texto, apoyado en su mayoría por la Nueva Unión Popular Ecologista y Social (Nupes), debía cosechar el aval de un total de 185 parlamentarios, con lo que, de esta manera, y superando el umbral del 10%, se podía convocar un referéndum sin necesidad de ser aprobado por el Parlamento. Una iniciativa similar ya fue propuesta el pasado 20 de marzo y fue rechazada por el Consejo Constitucional, ha recogido la cadena BFMTV.

Las autoridades de Francia informaron el martes de que al menos 540 personas fueron detenidas en el marco de las protestas registradas durante la última jornada en las principales ciudades del país, situando en más de 400 los policías y gendarmes heridos.

Las protestas se han venido sucediendo a lo largo del fin de semana y han provocado incluso interrupciones y cortes en el tráfico aéreo del país, con cerca del 30% de vuelos cancelados, contra la reforma de las pensiones, que eleva de 62 a 64 años la edad de jubilación.

Las elecciones se han colado en el último Primero de Mayo de la legislatura. Y no sólo porque cuatro ministros asistieran a la manifestación convocada por CCOO y UGT en Madrid. Los discursos de los dirigentes de ambos sindicatos, Unai Sordo y Pepe Álvarez, destacaron la importancia para el mundo del trabajo que, a su juicio, tienen las convocatorias a las urnas que comienzan el próximo día 28. Tanto los líderes sindicales como la vicepresidenta Yolanda Díaz y las ministras María Jesús Montero e Irene Montero, así como el ministro Alberto Garzón, sacaron pecho de los acuerdos y medidas en materia laboral adoptados por el Gobierno y firmados en el Diálogo Social. Desde las reformas laboral y de pensiones hasta la subida del salario mínimo en un 47%, los millones de empresas y empleos salvado gracias a los ERTE, la ley de los riders, el teletrabajo… “Pero, ¿se van a mantener en una coyuntura política diferente?”, se preguntó Pepe Álvarez en la rueda de prensa previa a la manifestación. Después, en el escenario montado en la Plaza de España madrileña, respondió pidiendo ayuda para consolidar esos logros: “Porque, si pueden, no los van a quitar”. “No queremos que nos toquen la reforma laboral y la reforma de las pensiones, hay que consolidarlas en la calle, en las urnas, con mayoría”, reclamó. Estas elecciones son importantes porque en ellas los trabajadores “se juegan qué va a ocurrir en el empleo en España”, toda vez que las comunidades autónomas, explicó, son las responsables de los servicios públicos de empleo que deben atender a los más de tres millones de parados.

En la misma línea argumentó Unai Sordo. “Pocas veces un ciclo electoral se desarrolla en circunstancias tan determinantes como este año, con los cambios económicos, en el empleo y en los servicios públicos que se avecinan”, apuntó. A su juicio, todo eso “se juega en las empresas, en los sectores, pero también en el terreno de la política”. “Nosotros no hacemos política” ha precisado enseguida, “pero tampoco somos neutrales ni equidistantes cuando se juega tanto”. De nada sirve, añadió, que suban un 4% los salarios, si los trabajadores se lo tienen que gastar en una pensión, sanidad o escuela privadas o en atención a la dependencia. “Si no hay servicios públicos y comunidad, no hay derechos laborales, civiles ni hay sociedad”, remachó.

La de Madrid ha sido una de las 73 manifestaciones convocadas por los dos sindicatos mayoritarios en toda España. Según la organización, contó con la asistencia de unas 60.000 personas, que la Delegación del Gobierno dejó en 10.000. Con el lema Subir salarios, bajar precios, repartir beneficios, CCOO y UGT han emplazado a la patronal a sentarse a negociar ya, “no a hacer tertulias”, el acuerdo “paraguas” de salarios para el próximo trienio, que lleva en suspenso desde que las conversaciones se bloquearan hace ahora un año. Si no lo hacen, advirtieron, la “batalla” se trasladará a los convenios colectivos, “trinchera a trinchera”. “O hay acuerdo salarial en breve u organizaremos una movilización general en otoño que puede terminar en huelgas en los sectores con convenios injustamente bloqueados por culpa de la avaricia empresarial”. Se repite así el escenario de hace justo un año, cuando los dos sindicatos avisaron de que la falta de negociación se iba a traducir en mayor conflictividad en las empresas a la vuelta del verano. La diferencia es que ahora, la ausencia de diálogo puede traducirse en la defunción del acuerdo marco de salarios que lleva funcionando 13 años en España.

También la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, apremió a la CEOE a llegar a un acuerdo “inmediato, en mayo”, que incluya una subida de salarios. “El Gobierno ha hecho lo que le tocaba, subiendo el SMI un 47%; ahora le toca a la patronal cumplir también con su obligación”, exigió antes de destacar que el salario mediano en España, 21.000 euros anuales, 1.500 euros al mes en 14 pagas, “no permite vivir dignamente en Madrid, Sevilla o Vigo”.

Los sindicatos reclaman una subida del 5% para 2022, el 4,5% para 2023 y el 3,75% para 2024, así como una cláusula de revisión salarial que tenga en cuenta no sólo la inflación sino también los beneficios empresariales. CCOO planteó que para este segundo indicador se utilizara un índice construido a partir de las declaraciones trimestrales del IVA de las empresas. La CEOE rechaza que los salarios suban tanto como la inflación.

Yolanda Díaz aprovechó el Primero de Mayo para reclamar en el sector público la misma bajada de la temporalidad de la que ya se beneficia el sector público tras la entrada en vigor de la reforma laboral –“hasta el 17%, ya está en la media de la UE”, presumió–. “Es indecente que siga tan elevada en las administraciones públicas”, criticó, para exigir un cambio en el Estatuto Básico del Empleado Público que haga posible ese recorte. Además, defendió la reducción de la jornada laboral sin rebaja del salario, para lo cual anunció la próxima publicación de un informe sobre la ley de usos del tiempo que el ministerio ha encargado a un comité de expertos. La ministra de Igualdad, Irene Montero, además de valorar el “escudo social” construido por el Gobierno, señaló los dos temas pendientes de la legislatura: el tope a las hipotecas y a los precios de los alimentos.  

“Teníamos razón, y no sólo moral”, subrayó Unai Sordo tras destacar los 20,45 millones de ocupados de la última EPA, para a continuación declarar la muerte de los “mantras neoliberales” que marcaron las políticas laborales tras la crisis financiera, “precarizando la contratación, debilitando la negociación colectiva y bajando los salarios”. Ese mensaje, dijo, ha “fracasado” y es una “ideología zombi”.

Pocas eran las pancartas de trabajadores de empresas en crisis que salieron este Primero de Mayo a la Gran Vía de Madrid. Una era de los trabajadores de Schneider Electric en Griñón, un pueblo del sur de Madrid, sobre los que se cierne el despido de la mitad de la plantilla : “No ante la deslocalización de nuestro trabajo”. La multinacional francesa de equipos eléctricos planea llevarse la fabricación de su producto estrella a Italia. Los trabajadores de empresas como Telepizza, Domino’s Pizza, Papa Johns o Pizza Hut, entre otras, agrupadas en la patronal Prodelivery, la asociación de comidas preparadas para su venta a domicilio, pedían un convenio justo. También los empleados de fincas urbanas de Madrid, los porteros, mientras que los conductores profesionales reclamaban un sistema de jubilación anticipada. Para los funcionarios de la sanidad y la educación públicas de Madrid, la reivindicación son las 35 horas semanales. Con chalecos naranjas –que vistió Pepe Álvarez en el escenario de Plaza de España–protestaban los vecinos de San Fernando de Henares afectados por el hundimiento de la Línea 7B del Metro: “Ayuso, soluciones ya; el Metro hace aguas y nuestras casas se hunden”. Y cerrando la manifestación, tras las banderas de CCOO y UGT, desfilaban probablemente los más jóvenes de la convocatoria, pertenecientes al Colectivo de Jóvenes Comunistas, que pedían “un país para la clase obrera”.

Como ocurre desde que la manifestación del Primero de Mayo discurre por la Gran Vía en lugar de por el Paseo de Recoletos, los trabajadores y sindicalistas se mezclaban con los muchos turistas, troley en mano, y curiosos sacando fotos desde las aceras. Este año electoral, además, tras las pancartas se dejaron fotografiar por la prensa no sólo las ministras, sino también los candidatos socialistas a la alcaldía de Madrid, Reyes Maroto, y a la Comunidad, Juan Lobato, así como de Más Madrid, Rita Maestre y Mónica García, y Unidas Podemos, Alejandra Jacinto.

A la altura del edificio de Telefónica, apenas una docena de jóvenes sujetaban en la acera una pancarta donde se leía Sindicato patronal, estafa nacional. Con pulseras con la bandera española en las muñecas y poco aspecto de estar bregados en la lucha sindical, gritaban consignas contra UGT y CCOO –tampoco mucho–, mientras algunos de los aludidos les afeaban que sólo habían trabajado “en la empresa de papá”. Fue la única nota discordante en el ambiente festivo del evento, junto con el paso entre sirenas de un camión de bomberos que interrumpió, entre aplausos, la marcha a la altura de la calle de San Bernardo. Poco antes, las enormes pantallas de la fachada del cine Capitol se habían llenado con las siglas de los sindicatos y el lema de la manifestación, sólo durante unos segundos, entre anuncios de perfume y tráilers de las películas en cartel.

Unos 2.000 manifestantes, según la Guardia Urbana, han desfilado en Barcelona este Primero de Mayo. Los participantes han llevado banderas y globos con mensajes como Tendremos pensiones dignas o Subid salarios, y han pedido “huelga, huelga, huelga general“, informa Europa Press. En la manifestación han participado la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau; el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta; el conseller de Empresa de la Generalitat, Roger Torrent; el líder de ERC, Oriol Junqueras, y el líder del PSC, Salvador Illa.

En Galicia CCOO, UGT y CIG convocaron su manifestación principal en Vigo, con el foco puesto en la necesidad de subir salarios y de llegar a un acuerdo de negociación colectiva. Así que han pedido a la patronal que lo facilite para lograr un reparto justo de la riqueza, habida cuenta de que el propio Banco de España ha puesto de manifiesto los beneficios de las grandes corporaciones.

En Bilbao, la secretaria general de CCOO Euskadi, Loli García ha subrayado que lo sindicatos no van a permitir que “en momentos de beneficios históricos para las empresas, aquellas que están congelando los salarios, que no han desbloqueado sus convenios se están llenando los bolsillos a costa de los trabajadores“.

Frente a un ministro de Educación cuyo silencio hablaba de su vergüenza, el cineasta Dominik Moll pronunció un manual de instrucción cívica para los que gobiernan Francia y para el hombre que la preside.

El 7 de abril de 2023, en el gran anfiteatro de la Sorbona de París, el profesor y ministro Pap Ndiaye escuchó a Moll, director de La Nuit du 12, que recibía el premio César de los estudiantes de bachillerato, decirle, con la cortesía de la ironía, cuánto agradecía su "valentía" por haber aceptado trabajar con "un gobierno y un presidente cuyas palabras y actos son un poco lo contrario de los valores que debe transmitir la escuela".

“Un gobierno y un presidente", prosiguió Dominik Moll ante la ovación del público, "que prefieren imponer a dialogar, que prefieren dar lecciones a hacer pedagogía, que a veces prefieren el desprecio al respeto y la escucha, que prefieren escindir y dividir a unir, que prefieren los intereses particulares al bien común, y cuyo único criterio de éxito parece ser estar entre los primeros de la fila".

Tres semanas antes, al día siguiente de su decisión de utilizar el art. 49.3 para evitar el rechazo de su nefasta, inútil e injusta reforma de las pensiones por una mayoría de diputados, el presidente francés había declarado al diario Le Monde que no tenía "ningún escrúpulo, ningún remordimiento". La ausencia de remordimientos no es sorprendente en un hombre que, el 14 de abril, el mismo día en que se esperaba la decisión del Consejo Constitucional sobre su reforma, no dudó en proclamar, bravucón y seguro de sí mismo: "No renunciar a nada, ésa es mi divisa". 

Pero esta palabra "escrúpulos", pesada con la balanza de la comunicación presidencial, dice mucho más de la personalidad y del proyecto del hombre que preside Francia desde hace ya seis largos años. 

Escrúpulo, como nos recuerda el Diccionario de la Academia Francesa, significa "sentimiento de inquietud", ese "sentimiento que perturba la conciencia de un individuo antes de actuar, y le hace vacilar, dudar". Su etimología se remonta al latín scrupulus, pequeña piedra puntiaguda que, si se cuela en las sandalias, estorba al legionario hasta el punto de obstaculizar su marcha conquistadora. 

Ese era el significado de la palabra en el diccionario de Émile Littré, ese ferviente republicano del siglo XIX: un escrúpulo es "lo que incomoda la conciencia, como una piedra incomoda al que camina". Su Diccionario de la Lengua Francesa ilustra esta definición con una cita de las Memorias del cardenal de Retz que, en el siglo XVII, se unió a la Fronda contra la monarquía absoluta: "La mayoría de los hombres sólo causan grandes males por los escrúpulos que tienen ante males menores”.

Macron afirma pues no tener "escrúpulos", es decir, no dudar y no vacilar cualesquiera que sean los "grandes males" que se deriven de su actitud. Por lo tanto, de nada vale amonestarle sobre los riesgos que supone para la República Francesa vapulear los valores democráticos y sociales que, constitucionalmente, se supone que la caracterizan. Porque, cuando se asume, ese maltrato no es un desliz sino un proyecto, en el que se entrelazan la personalidad presidencial y sus convicciones ideológicas. 

"Si un hombre que se cree rey está loco, un rey que se cree rey no lo está menos": esta lucidez del psicoanalista Jacques Lacan se aplica perfectamente al abismo vertiginoso de las instituciones de la V República, esta monarquía electiva donde la voluntad de todos está secuestrada por el poder de uno. Sin embargo, lejos de protegerse contra ella, por no hablar de resistirse, Macron afirmó muy pronto ceder a ella y propuso ya en 2016 rehabilitar "la figura del rey" restaurando "un poco más de verticalidad" en el ejercicio del poder, es decir, menos precaución democrática y preocupación deliberativa. 

Este enfoque intrínsecamente iliberal del poder político se resumió inmediatamente en el buen "placer" expresado por el candidato de 2017 la noche de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, celebrado como una victoria anticipada incluso cuando la extrema derecha consolidaba su influencia electoral. 

Desde entonces, su movimiento inicialmente llamado En Marche se ha resumido en un recurrente En Force, del que fueron víctimas primero los "chalecos amarillos" sublevados contra la carestía de la vida y luego el movimiento social por las pensiones. El mantenimiento del orden es la más política de las disciplinas policiales, pero la violencia de Estado que desde el 2017 abusa constantemente del derecho fundamental a manifestarse, reunirse y protestar, es su aspecto más visible. 

Lejos de ser deslices o atropellos, estos excesos se reivindican en la cúpula del Estado, donde se niega categóricamente la existencia misma de la "violencia policial". Pero van de la mano de muchos otros maltratos a los que esta presidencia ha acostumbrado al país, desde el desprecio a la independencia del poder judicial hasta la degradación ética de la función pública, como lo atestigua la gestión de los numerosos casos que implican al entorno presidencial, a sus colaboradores, asesores y ministros. 

Con el episodio de las pensiones se ha dado un paso más en este desprecio de las formas democráticas, hasta el punto de dejar brutalmente al descubierto el absolutismo institucional de la V República, esta monarquía electiva. 

El Consejo Constitucional, último recurso después de que el Parlamento viera pisoteada su legitimidad por la negativa del Gobierno a permitirle votar la reforma cuando sabía que perdería la votación, ha completado, con su capitulación, la demostración del autoritarismo fundamental de este régimen presidencialista y de la amenaza permanente que representa para la expresión de la voluntad popular. 

Igual que en el Retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde, cuadro narcisista de la descomposición de un gentleman británico, la presidencia de Macron lleva así hasta el límite el riesgo para la democracia enrollado en el corazón de una República que nunca se ha despojado de las circunstancias excepcionales que la vieron nacer en 1958: una guerra civil y un pronunciamiento militar. 

Tanto es así que hoy sólo falta recurrir al artículo 16 de la Constitución y a los poderes excepcionales que confiere al Presidente de la República para completar este "golpe de Estado permanente", según la acertada frase de François Mitterrand, que olvidó una vez que él mismo llegó al poder. 

Esta presidencia cumple así el programa del "liberalismo autoritario" cuya genealogía investigó el filósofo Grégoire Chamayou, demostrando en La Société ingouvernable que fue planteado ya en 1975 por la Comisión Trilateral. 

Este proyecto político, de desposesión democrática por un Estado autoritario revestido de legitimidad electoral, es consustancial a la ofensiva económica cuyo objetivo es deshacerse de las conquistas sociales que limitan y frenan, compensan o atenúan los daños del capitalismo. Su brutalidad es proporcional a las injusticias y desigualdades que incrementa a sabiendas, en beneficio de los intereses particulares de una casta de ultraprivilegiados que se resume en el reciente ascenso de dos franceses –Bernard Arnault y Françoise Bettencourt– a la cabeza de los más ricos del mundo. 

Contrariamente a lo que imaginan algunos de sus adversarios de la izquierda, la obstinación de Macron no es la de un "desequilibrado", sino la de un hombre decidido. Como especulación psicológica, la explicación como factor personal despolitiza y falta a lo esencial. No estamos ante una confusión sino ante una coherencia. Tanto es así que, con ocasión de la crisis provocada por su reforma de las pensiones, el propio presidente ha acabado con la ilusión de la "barrera" contra la extrema derecha, que los votos mayoritarios han acreditado dos veces (incluidos los nuestros, en 2017 y en 2022).

"Si el pueblo quería la jubilación a los 60 años, no era a mí al que había que elegir como presidente de la República": con esta declaración hecha en Pekín el 5 de abril, Macron dejaba claro que nada le obligaba en el mandato otorgado por sus electores, salvo su propia buena voluntad. 

A raíz de esto, el secretario general de Rennaissance, el partido presidencial, teorizó sobre la renuncia a la idea misma de una "barrera" contra la extrema derecha: "La demonización tiene sus límites", declaró Stéphane Séjourné el 12 de abril en Le Parisien, situando la confrontación en el terreno de la competencia y la eficacia, más que en el de los valores y los principios. 

Al contrario, la izquierda parlamentaria es deliberadamente demonizada por parte presidencial, ya que ahora es sistemáticamente caricaturizada como ultraizquierda facciosa, mientras que la derecha es ardientemente cortejada, puesto que ya es compatible y está en el mismo barco, desde Gérald Darmanin a Bruno Le Maire. 

Metódicamente y con determinación, este poder está creando así políticamente un vacío, no solo para mantener a la extrema derecha como alternativa, si no como socio. De hecho, ya apenas se subraya el peligro de la extrema derecha, hasta el punto de que su violencia, cada vez tan frecuente que puede convertirse en ordinaria, apenas afecta al gobierno. 

Peor aún, en el terreno ideológico, todos los golpes se reservan al campo progresista y a las causas emancipadoras, desde las campañas sobre el "islamo-izquierdismo" hasta la obsesión por el "wokismo", pasando por el arma del "separatismo" para impedir la auto-organización de los dominados y discriminados, sin olvidar la criminalización del movimiento ecologista llamándolo "eco-terrorismo". 

Por el contrario, sólo podemos constatar la pretendida inacción, o incluso complacencia, ante la expansión mediática de la extrema derecha, que aclimata constantemente el debate público a ideologías de desigualdad natural, a su discriminación y su racismo, en una negación radical de los principios democráticos más elementales. 

Así, la injusticia de la reforma de las pensiones y la brutalidad de su aplicación no sólo revelan un poder que viola la exigencia constitucional de una República "democrática y social". A la hora de la verdad, revelan una presidencia que hace el juego al adversario contra el que fue elegida en dos ocasiones: la extrema derecha, su violencia antidemocrática y sus ideologías anti-igualitarias.

Traducción de Miguel López

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha prometido "cien días de apaciguamiento" con mejoras laborales, el control de la migración y un refuerzo del sistema judicial tras semanas de contestación social contra una reforma que el mandatario ha tildado de "necesaria", ha recogido Europa Press.

"Los cambios previstos por la reforma de las pensiones entrarán en vigor gradualmente a partir del otoño", ha dicho en un mensaje a la nación en el que ha reconocido que la legislación no ha encontrado consenso en todos los sectores y que ha provocado "ira" en los ciudadanos franceses.

Pese a ello, ha recordado que la reforma ha sido aprobada "de acuerdo con la Constitución" y que la "respuesta" a la crisis social "no puede ser ni el inmovilismo ni el extremismo", en referencia a los episodios de violencia vividos durante las protestas.

Macron también ha recordado que, en vistas a su reunión con las principales patronales este martes, la puerta "siempre estará abierta" a los sindicatos, que han rechazado acudir al Elíseo hasta que no se planteen alternativas para desechar la reforma.

A modo de compensación, Macron ha anunciado una batería de medidas de mejora que serán aprobadas durante los cien días que separan el momento actual de máxima tensión política de la celebración de la fiesta nacional francesa del 14 de Julio.

En esta nueva hoja de ruta se incluyen una serie de iniciativas sociales para mejorar, entre otras cuestiones, las condiciones laborales de los trabajadores, así como para fomentar el aumento del empleo en las personas mayores.

Asimismo, ha anunciado que el Estado francés reforzará el control de la migración y la Justicia con más de 10.000 magistrados. "Estamos en proceso de crear 200 brigadas de gendarmería para luchar contra toda forma de delincuencia", ha precisado.

Otros de los puntos en los que el Gobierno se centrará serán la educación y la sanidad. "La educación nacional debe reconectarse con su ambición de estar entre las mejores de Europa (...). Para finales del próximo año tendremos que descongestionar nuestros servicios de emergencia", ha indicado.

"Estas tres áreas prioritarias constituyen la hoja de ruta de nuestro Gobierno. Estos tres proyectos deberían unirnos. El próximo 14 de julio debería permitirnos hacer balance. Tenemos por delante 100 días de apaciguamiento", ha subrayado.

Mientras, la Asociación por la Tributación de las Transacciones Financieras y la Acción Ciudadana (Attac) ha informado de que, durante el discurso de Macron, se han producido más de 300 caceroladas en espacios públicos, fundamentalmente plazas, en distintos puntos del país, entre ellas la plaza del Ayuntamiento de París.

La manifestación tuvo un momento de tensión con la policía, según France 3, que destaca que la calma regresó unos minutos después. En otros barrios parisinos también se han realizado concentraciones.

La imagen se ha repetido en Toulouse, Rennes, Amiens, Limoges o Marsella con estos "conciertos de cacerolas" celebrados a la misma hora a la que Macron comparecía en las pantallas francesas. En Dijon la concentración no estaba autorizada y la Policía ha empleado gases lacrimógenos para dispersar a los asistentes.

Más tarde, ya por la noche, ha habido disturbios en Lyon, donde los manifestantes han empleado pirotecnia contra la Policía. En Rennes la Policía ha utilizado cañones de agua y gas lacrimógeno. También se han producido protestas en Burdeos, Angers, Nantes o Rennes, donde se han contabilizado un millar de manifestantes, según Le Figaro.

La Prefectura parisina ha informado de 2.000 manifestantes en el Distrito X y el Distrito XIII, además de la concentración de la plaza de la Villa.

La polémica reforma de las pensiones fue promulgada en la mafrugada del sábado después de que el Consejo Constitucional avalara los principales pilares de la legislación, incluido el retraso en la edad de jubilación de 62 a 64 años.

La legislación fue publicada en el Diario Oficial de la República Francesa, el boletín oficial del Estado francés, tras una noche de protestas que dejó más de un centenar de detenidos y un último esfuerzo infructuoso de la izquierda para devolver el texto a la Asamblea Nacional.

Un grupo de pensionistas y jubilados se han movilizado en Madrid este sábado 15 de abril en contra de la reforma de las pensiones aprobada el pasado mes de marzo por el Gobierno, reivindicando que, ante la falta de escucha, "si no hay solución, habrá revolución", recoge Europa Press.

La concentración ha sido convocada por varias asociaciones pensionistas de Madrid para protestar contra "la privatización de la Seguridad Social", por la defensa de los servicios públicos y por "trabajo, salario y pensiones dignas para todos".

"No queremos pagar la deuda con sanidad y la pensión", ha sido alguna de las frases que se han podido escuchar en la concentración, así como también los manifestantes han defendido que "gobierne quien gobierne, las pensiones públicas se defienden".

Las personas que han acudido a la manifestación promovida por la Confederación General de Trabajadores (CGT) han criticado que el Ejecutivo "recurra a un decreto para imponer una nueva reforma de pensiones".

Así, una pensionista ha explicado ante los medios de comunicación que "la reforma no se tenía que haber hecho si se hubiera hecho, previamente, la auditoría a las cuentas de la Seguridad Social", con lo que "se demostraría que el sistema es sostenible".

En la misma línea, un jubilado ha objetado que "para que todo mejore, la sociedad tendría moverse más, que estuviera más en combate, con más jóvenes", así como que "hay que ponerse aún más a la izquierda".

Manifestaciones monstruosas y débiles piquetes no consiguieron triunfar sobre un gobierno irracional, que ha impuesto al país su reforma de las pensiones a base de 49.3 y porras, a costa de una profunda crisis social y luego política.

El jueves 13 de abril ya era el duodécimo día de movilización interprofesional antes de la decisión del Consejo Constitucional del viernes 14 de abril. Es el final de la primera fase de este movimiento social –los pesimistas dirían el fin del movimiento social– y el momento de hacer un primer balance de varios meses de movilización.

Si no se ha conseguido –todavía, para los optimistas– la retirada de la reforma, este movimiento ha dicho, en definitiva, mucho sobre el mundo del trabajo, sobre la fuerza y la debilidad de los sindicatos y su capacidad para movilizar a los trabajadores. 

Desde enero, el movimiento contra la reforma de las pensiones ha incendiado el país. Ha arrastrado a trabajadores poco acostumbrados a las movilizaciones, en ciudades grandes, medianas y pequeñas. Las manifestaciones han sido de las más multitudinarias de los últimos treinta años.

Este movimiento ha sacado a las calles las banderas de los reformistas de la CFDT o de la CFE-CGC en una unidad intersindical sin precedentes. Además, esta amplia alianza dejará probablemente su impronta en las futuras relaciones entre los sindicatos, pero también en la mente de los trabajadores sindicados, que quizás vean cambiar su relación con el "diálogo social" después de estos meses pisando las calles.

Ha habido bloqueos aquí y allá, sobre todo en las refinerías y de ciertas zonas industriales, acciones destacables de electricistas, gasistas o basureros, manifestaciones salvajes en las ciudades y toda una constelación de iniciativas alegres que han renovado la forma de actuar y que dejarán una huella duradera en el paisaje social, como detallamos aquí.

Pero el incendio que se apoderó del país se ha quedado en algo muy teórico, aparte de algunos contenedores. Tan teórico que Emmanuel Macron, desde China, no dudó en señalarlo: "Que no me vengan diciendo que el país está parado. Eso no es cierto".

En la RATP, la autoridad parisina de transportes, donde la CGT es la principal organización sindical, la huelga no se ha notado, para consternación de los responsables sindicales. "Muchos compañeros dicen que están cansados de hacer huelgas para todos y esperan a ver cuándo se declaran en huelga los demás sectores", explicaba a Mediapart el mes pasado Cémil Kaygisiz, secretario general de la CGT RATP-Bus. Y siguen esperando.

En este duodécimo día de movilizaciones, de las 14 líneas de metro de París, sólo dos se han visto ligeramente afectadas por la huelga, con dos trenes de cada tres circulando en la línea 8 y la línea 13. La circulación ha sido completamente normal en autobuses y tranvías.

Hay que señalar que, en la RATP, la dificultad para movilizarse se explica también por una estrategia de la dirección: se concede una prima de asistencia a todos aquellos que no cojan ningún día libre, baja por enfermedad, accidente laboral... o huelga.

Los basureros parisinos, aunque fueron los valientes líderes de la protesta contra la reforma de las pensiones, tuvieron que hacer una pausa en su movilización, por falta de participantes, a partir del 29 de marzo y tras 23 días consecutivos de huelga. "Hay que hablar otra vez con los agentes del sector de residuos y saneamiento de París para volver a la huelga con más fuerza (...), porque ya casi no tenemos huelguistas", asumió, en un comunicado, la federación CGT de este sector. Anunciaron reanudar la huelga a partir del jueves 13 de abril, para un "acto 2" de la movilización.

En el congreso de la CGT celebrado a finales de marzo, Pierre Germain-Bonne, del sindicato de colectividades locales de Échirolles, cerca de Grenoble, también hizo esta triste observación: "Los compañeros de los piquetes, necesitan apoyo y... huelguistas que les acompañen. No necesitan cheques de solidaridad para la caja de resistencia. Recibimos cheques, esta mañana todavía teníamos 6.000 euros en la caja de Isère, pero tendremos que encontrar trabajadores (huelguistas) a quien pasar ese dinero".

Tampoco prendió el fuego en el sector privado, donde muchos trabajadores movilizados hicieron dos horas de huelga, a veces media jornada antes de volver al trabajo, sin que ello tuviera un impacto importante en la producción.

Como ya hemos escrito, la marcha de la economía francesa no se ha visto sacudida por las huelgas que, aparte de los conjuros de los discursos militantes, no han tenido un gran seguimiento. 

“Una de las grandes dificultades de la movilización ha sido la auto-organización", explica Simon Duteil, "es decir, la capacidad de los huelguistas para organizar la huelga. Este año no había mucha gente en las asambleas generales. Los bucles de WhatsApp han sustituido a las asambleas generales, pero no es así como se construyen luchas fuertes".

Adrien Cornet, delegado de la CGT en la refinería TotalEnergies de Grandpuits (Seine-et-Marne) y militante de Révolution Permanente, cree que si los trabajadores no acudieron a la asamblea general, "es porque saben que allí no se decide nada, ya que todo lo decide la intersindical, desde arriba".

Las razones de este fracaso son numerosas, ya habíamos detallado algunas de ellas en marzo. Las carteras vacías de los trabajadores y la reticencia de los sectores "bloqueantes" a salir por su propio pie explican buena parte de esta situación.

Además, como explicaba la politóloga Sophie Béroud, "para que se produzca una acción colectiva, debe existir ya un colectivo que se considere a sí mismo como tal". Sin embargo, la atomización del mundo laboral mediante el recurso creciente a la subcontratación y la individualización de los horarios, los encuadramientos y las misiones ha roto el colectivo.

También podríamos señalar que, desde la Ley del Trabajo del quinquenio Hollande, hay menos representantes del personal y tienen menos tiempo para hablar con sus colegas sobre la marcha del mundo laboral, ya que están atrapados en las misiones demasiado diversas y numerosas del Comité Económico y Social. 

"Otra de las razones podría ser la falta de fuerza de los sindicatos en la actualidad", añade el co-secretario general de Solidaires. Lo que fue posible en 1968, "la huelga general y renovable", como sueñan los críticos de la intersindical, se hizo en un contexto que ya no es el de hoy.

En aquella época, la tasa de sindicación en Francia era del 18,3%, al año siguiente del 19% , ahora es del 10,3%, y sólo el 7,8% de los trabajadores del sector privado están sindicados, según las últimas cifras del Ministerio de Trabajo publicadas en febrero de 2023.

Aunque los sindicatos han registrado aumentos sustanciales de afiliación en los últimos meses, como en la CFDT, donde Laurent Berger anunció un aumento del 30% en enero, las tasas actuales de sindicación no se acercan ni de lejos a los niveles que hicieron posible la huelga masiva de 1968.

Para algunos sindicalistas, pero también para los trabajadores con los que nos hemos reunido estos dos últimos meses, esta falta de fuerza de la huelga se explica también por el modo de acción de la intersindical, que algunos llegan a calificar de "estrategia de la derrota": manifestaciones cada semana, a veces cada diez días, que se suceden y se parecen, con las cifras de participación como único termómetro.

Como recordatorio, la intersindical lleva varios meses trabajando en una doble tarea: mantener la intersindical unida mediante jornadas masivas de movilización que saquen a millones de trabajadores a la calle y, al mismo tiempo, dejar el margen de maniobra necesario a los sindicatos para que también puedan organizar sus propias acciones, definir sus propias agendas aparte de estas jornadas intersindicales. Incluso cuando discreparon fuertemente sobre el bloqueo, por ejemplo, los sindicatos permanecieron unidos hasta entonces.

Solidaires convocó rápidamente una huelga renovable. En algunas empresas, como la SNCF, estos llamamientos a la continuación de la huelga se hicieron incluso de forma totalmente intersindical, incluida la CFDT. Por su parte, en la CGT hubo muchos debates sobre este tema y, a falta de consenso, se unieron varias grandes federaciones para llamar a la huelga renovable en sus sectores.

Desde finales de enero, las federaciones de CGT de las industrias químicas, minas y energía, ferroviarios, trabajadores del vidrio y la cerámica, y de los puertos y muelles, conocidas por ser de las más radicales de la confederación, se han reunido para ir más allá del calendario intersindical.

"A partir del 7 de marzo, los trabajadores de nuestras cinco federaciones nacionales estarán en la lucha prorrogable", anunciaron en febrero tras una serie de acciones conjuntas. Y, efectivamente, esas federaciones han estado a la cabeza del movimiento y, a veces, podían dar la impresión de llevar la protesta en solitario, en los intervalos –a veces largos– entre las jornadas de movilización.

Así, a pesar de la flexibilidad mostrada, algunos destacados dirigentes sindicales han salido a la palestra para criticar el modo de acción de la intersindical, basada más en manifestaciones, que algunos empezaron a apodar "paseos", que en huelgas.

A finales de enero, Sébastien Menesplier, secretario de la Federación Nacional de Minas y Energía (FNME-CGT) de la CGT, informaba de que "sobre el terreno, estas jornadas son muy criticadas. O escuchamos estas críticas o nos ponemos anteojeras".

Durante el 53º congreso de la CGT, celebrado a finales de marzo en pleno movimiento social, se planteó en numerosas ocasiones la cuestión de la renovación de la huelga, de la dureza de la misma y de la relación con los demás sindicatos, y se hicieron serias críticas a la dirección saliente, la más radical de las cuales consideraba que había disuelto el ADN de la confederación en la intersindical.

El miércoles 29 de marzo, Timothée Esprit, delegado sindical de la CGT en el grupo industrial Toray, resumía así su posición: "No sólo estamos a favor de retirar la reforma, como Berger, sino que estamos a favor de la jubilación a los 60 años y a los 55 para los trabajos penosos. Estamos a favor de una huelga renovable, que no es el caso de la intersindical”. Aunque también se escucharon posiciones favorables a la intersindical también durante este congreso, quedaron eclipsadas por el número y la fuerza de las que las condenaban. 

Son críticas reavivadas por la última salida de Philippe Martinez, quien, el día anterior y ante las cámaras, anunció que estaba a favor de una mediación con el Gobierno: "Como en todos los conflictos sociales que duran, intentamos encontrar una solución. Vamos a escribir al Presidente para hacerle esa propuesta por escrito". Entonces él ya no era Secretario General, y la propuesta formulada anteriormente por Laurent Berger, de la CFDT, no se había debatido.

Al final de este congreso, el secretario general fue estrepitosamente sustituido. Insólitamente, su balance –incluida la estrategia de lucha contra la reforma de las pensiones– no fue votado por los congresistas, y la que él había propuesto como sustituta, Marie Buisson, no fue elegida. Fue una candidata sorpresa, Sophie Binet, quien se encargó de integrar en la dirección de la confederación a los que se mostraban críticos: Laurent Brun, secretario general de la federación de ferroviarios, se convirtió en administrador y Sébastien Menesplier accedió a la junta confederal.

Y las federaciones mencionadas no han sido las únicas en empujar, internamente, hacia un endurecimiento de la relación de fuerzas con el Gobierno. En Marsella, en el dinámico sindicato departamental de Bouches-du-Rhône, además del mediático Olivier Mateu, los sindicalistas de base también juzgaron de ineficaz la estrategia de la intersindical.

"Los que estarían dispuestos a hacer una huelga renovable para tener un gran impacto están desmotivados por estas pequeñas huelgas de uno o dos días", explicó Jules, controlador de señales en la SNCF, durante una asamblea general celebrada en Marsella el 8 de febrero, a la que asistió Mediapart. "Prefiero hacer diez días de golpe que perder días de sueldo aquí y allá para dar un paseo por la ciudad y volver", prosiguió Annabelle, trabajadora de un hospital, en la misma asamblea.

A Fabien Cros, delegado sindical de la CGT en la plataforma Total de La Mède (Bouches-du-Rhône), le hubiera gustado que el movimiento fuera más duro, aunque eso supusiera dividir la intersindical: "La estrategia confederal de mantener la unidad sindical a toda costa no es la nuestra", dijo. No me importa mantener la CFDT. De acuerdo, los necesitamos para mostrarnos políticamente, pero no hasta el punto de transformar lo que somos".

En defensa de la intersindical, Simon Duteil explica que no esperaba que "la CFDT haga lo que hizo Solidaires. Lo que decimos es que si hay gente que piensa que hay que hacer más huelgas renovables, que vengan a reforzar los mecanismos que lo intentan. Nosotros, en Solidaires, hemos intentado y convocado la huelga renovable".

Empujada por sus bases y por la radicalidad de un gobierno insensible a las grandes manifestaciones, la intersindical intentó la huelga general. El 7 de marzo, Francia debía "paralizarse". Todos los sindicatos habían llamado a sus afiliados a no ir a trabajar ese día.

Algunos, en Sud y otros en la CGT, habían considerado ese día como el primero de una huelga más larga y dura, "hasta la retirada" (del proyecto de reforma de las pensiones, ndt). Esto no ocurrió, a pesar de los esfuerzos de los sindicatos. Ni el 7 de marzo ni los días posteriores, por todas las razones antes mencionadas.

Estos días, la crítica más virulenta a la marcha de la intersindical corre a cargo de Révolution Permanente, un movimiento de extrema izquierda más bien discreto pero que ocupó un lugar notable durante este conflicto social, en los piquetes y en los platós. En sus filas hay varios trabajadores, entre ellos Adrien Cornet, delegado sindical de la CGT en la refinería TotalEnergies de Grandpuits: "La dirección es responsable del fracaso del movimiento.”  

No es con huelgas correcalles como vamos a ganar, sino parando la economía durante varios días, o incluso semanas seguidas", dice este trabajador para quien no han sido bien elegidas ni la estrategia ni las consignas. “Uno de los errores fundamentales de la intersindical es también haber hecho la unidad por arriba pero sin un mínimo común denominador, es decir, el rechazo de la medida que eleva la edad legal de jubilación a 64 años.”

Una consigna común considerada poco ambiciosa por este sindicalista, porque incluso sin esta medida de edad, la reforma sigue siendo profundamente brutal e injusta "para los trabajadores precarios, los inmigrantes, las mujeres que, aunque se retire esta medida, no tendrán una jubilación digna". 

También lamenta que la cuestión de los aumentos salariales no hubiera sido planteada como tema principal por la intersindical. Aunque reconoce que muchos trabajadores no pueden hacer huelga por falta de medios, reprocha a la intersindical que no se haya organizado para hacer posible la huelga en todas partes: "Tenemos soluciones, tenemos cajas de resistencia. La CFDT tiene 140 millones en su caja, podría haber puesto esos fondos a disposición de los afiliados y de los no afiliados para que todo el mundo pudiera hacer una jornada de movilización tras otra durante una semana y no hacer una cada diez días sin ningún impacto en la economía. Una semana de huelga general, en todas partes, habría cambiado la faz del movimiento.”

Sin esperar gran cosa de la intersindical, esos sindicalistas críticos se organizaron entre ellos. A raíz de una tribuna publicada en Le Journal du Dimanche promovida también por Révolution Permanente y firmada por 300 sindicalistas, intelectuales y activistas, se creó la flamante "Red por la huelga general". La Red está formada por trabajadores movilizados, artistas, pero también por militantes de diversas organizaciones políticas y sindicales de izquierda.

Hace quince días, autobuses fletados por la red salieron de París, llenos de militantes, para ir a apoyar a los trabajadores de la refinería de Gonfreville que estaban en huelga y requisados, lo que les permitió reanudar su piquete ese mismo día. “Y demostramos que era posible organizar a los trabajadores con nuestros pequeños medios", prosigue Adrien Cornet. “Con la CGT local, conseguimos recuperar el piquete del que habíamos sido expulsados por la policía.”

A partir de ahora, los miembros de la Red acompañan la huelga de los basureros del Sivom (sindicato intercomunal multipropósito, ndt): una parte de los trabajadores encargados de la recogida de basuras en quince municipios limítrofes de Seine-et-Marne, Val-de-Marne y Essonne están en huelga desde hace quince días.

La primera movilización provocada por el recurso del gobierno a la uso del artículo 49.3 tampoco ha desembocado en una huelga masiva de los trabajadores. Si mañana el Consejo Constitucional ofrece el máximo apoyo al gobierno validando la ley y no permitiendo el referéndum de iniciativa compartida, que podría constituir una salida, entonces se abrirá un nuevo capítulo.

Una vez más, el Estado, en todos sus componentes, habrá mostrado su violencia institucional, una violencia a la que la calle seguramente responderá con manifestaciones. Los sectores más movilizados ya se imaginan retomando la lucha, pero está por ver si se tratará de una resistencia numantina.

Traducción de Miguel López