Los 10 vocales a propuesta del PP del Consejo General del Poder Judicial avalaron, con algunas observaciones, la reforma del Gobierno. Las asociaciones judiciales y fiscales de derechas cargaron contra ella, pero no alentaron protestas contra ella. Ha sido un movimiento nacido en WhatsApp, en un grupo que suma ya 1.850 miembros de ambos cuerpos, el que ha puesto en pie de guerra a todos sus colectivos corporativos conservadores contra los cambios en el sistema de acceso a ambas carreras y el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal planteados por el Ejecutivo. Las asociaciones de derechas han recogido el mensaje y ya han organizado su propio comité de huelga. La Unión de Fiscales y Jueces, como se autodenomina el grupo surgido en la red de mensajería, ha dejado en manos de estas la coordinación de la protesta y ha convocado este martes una concentración frente al Ministerio de Justicia para este sábado y han anunciado tres días de huelga (los días 1, 2 y 3 de julio) si no se retiran los proyectos legislativos que reforman el acceso a la carrera y el estatuto del Ministerio Fiscal.

En un comunicado que firman las cinco asociaciones llaman ahora a una huelga de tres días "en caso de que no se haya producido la retirada de los proyectos legislativos". Una vez concluidos estos tres primeros días de huelga, y en función de la respuesta institucional y del estado de tramitación de los proyectos legislativos, las asociaciones convocantes procederán a una revisión conjunta de la situación y valorarán, de forma coordinada, la continuación de la huelga.

Desde el éxito espontáneo del grupo de WhatsApp, las reivindicaciones de ambos cuerpos son apoyadas ahora por las asociaciones judiciales Asociación Profesional de la Magistratura (APM, la mayoritaria), Francisco de Vitoria (FdV, la segunda) y Foro Judicial Independiente (FJI, la cuarta); así como por la Asociación de Fiscales (AF, la de mayor militancia) y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF). Del movimiento se han desmarcado los dos colectivos progresistas: el de los jueces, Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF). La reivindicación ha tomado vuelo desde el paro del pasado 11 de junio, cuando decenas de jueces y fiscales se manifestaron durante una hora a las puertas de sus sedes, muchos de ellos ataviados con sus togas.

La Unión de Fiscales y Jueces, (UFJ) como se ha bautizado el nuevo grupo, organizó desde la tarde de ese día una consulta entre los miembros del chat de mensajería para medir el apoyo a una futura huelga. Solo 24 horas después, la nueva movilización obtuvo el apoyo de un millar de miembros de ambos cuerpos, según su perfil en la red social X (antiguo Twitter). En ese tiempo solo se han registrado 68 votos contrarios entre los activistas del grupo. El colectivo, sin embargo, tras encabezar la protesta y provocar la reacción de los grupos corporativos conservadores deja ahora en manos de estos la coordinación de los siguientes pasos.

"Las asociaciones comunicaron ayer [por el jueves] la constitución de un comité de huelga y la apertura de un proceso de consultas a sus bases de cara a la posible convocatoria de una huelga por su parte", decía la UFJ en un comunicado. El grupo ha decidido abrir "un breve compás de espera". "Una doble convocatoria y un doble comité de huelga darían una imagen de división indeseable que podría debilitar nuestro objetivo", añadía. Pero también avisaban: "Si vemos que las asociaciones no actúan procederemos a convocar la huelga en los términos ya anunciados (...) nuestro preaviso está preparado y seguimos trabajando en cuestiones técnico jurídicas". La primera asociación judicial en sumarse ha sido la APM, con 1.412 afiliados (de un total de 5.416 jueces en activo), de los cuáles han votado sí el 70%, según la propia asociación.

El movimiento de WhatsApp dio a conocer el pasado 28 de mayo su "manifiesto de huelga", trufado con el catastrofismo sistémico clásico de la derecha judicial y plagado de incorrecciones y medias verdades. Cualquier reforma del Gobierno de Sánchez es contraria a la "independencia judicial y la separación de poderes", así como "al derecho de la Unión Europea y a nuestra Constitución". La reforma del sistema de acceso a ambos cuerpos es el centro de la reivindicación, pero algunas de sus quejas no casan con el texto de la futura ley ni con las intenciones que asegura tener el Gobierno para impulsarla. La movilización coincide, además, con la mayor convocatoria de plazas de la historia para este año –480 plazas– para este año, el mismo número que se repetirá en 2026 y 2027, según el Ejecutivo.

El manifiesto contiene varias inexactitudes detrás de las cuáles, los miembros de UFJ ven un intento de Pedro Sánchez de introducir jueces y fiscales afines. Como las sospechas lanzadas sobre el primer centro público de preparación de oposiciones (una nueva función del Centro de Estudios Jurídicos del Ministerio de Justicia). El ministerio ya ha avanzado que no contará con un cuerpo de preparadores propio y que simplemente ofrecerá sus instalaciones a los que quieran hacer uso de ellas. O la prueba escrita, "un coladero" según la movilización que introducirá "subjetividad" y reducirá la preparación de los candidatos. En realidad, lo que se busca es que, además de ejercitar su memoria, muestren sus capacidades argumentación e interrelación de conceptos. La prueba escrita tendrá carácter práctico y será a anónima, con lo que la posibilidad de introducir a alguien concreto a través de ella es prácticamente imposible. La discrecionalidad también se limitará con la grabación de los exámenes orales para poder comparar en caso de reclamaciones.

Pero más allá de los exámenes concretos a superar durante la oposición, la reivindicación carga contra la previsión de regularizar a los jueces y fiscales sustitutos mediante concurso-oposición, es decir, mediante la elaboración de un examen escrito y práctico de tipo eliminatorio y la posterior valoración de los méritos de cada candidato. Pese a las quejas, también impide la entrada de jueces afines al Ejecutivo porque a los jueces sustitutos los selecciona cada tribunal superior de justicia (15 de los 17 están presididos por magistrados conservadores) y son nombrados por el CGPJ sin ninguna intervención del ministerio. El sistema de entrada existe desde 1985 en España solo que, en este caso, en lugar de exigir 10 años de experiencia mínima, se exigen cinco. En España hay más de 900 jueces sustitutos y magistrados suplentes. La UE ha exigido al Ejecutivo la regularización de esas personas que ejercen cada día funciones jurisdiccionales y ponen sentencias como sus compañeros que accedieron por oposición.

El movimiento también se opone a la reforma que desvincula el mandato del fiscal general de la duración del Gobierno que lo nombró y da transparencia a sus relaciones con el Ejecutivo prohibiendo a este último darle órdenes e impidiendo que pueda ser llamado a informar al Consejo de Ministros. Se trata de una regulación reclamada desde 2013 por el Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) del Consejo de Europa. Sin embargo, la reivindicación considera que, en realidad, la modificación propuesta aumenta los poderes del jefe del Ministerio Público en materia de nombramientos, ascensos o régimen disciplinario. Esas competencias, que ahora están en manos del Ejecutivo, pasan al fiscal general, precisamente, para blindar su autonomía, pero ni UFJ ni las asociaciones de derechas lo ven así.

El éxito de un movimiento de protesta articulado a través de un grupo de WhatsApp que ha congregado a más de 1.000 jueces (casi el 20% de los 5.500 que hay en España) ha llevado a la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la mayoritaria en el cuerpo y de ideología conservadora, a desautorizar a los diez vocales del Consejo General del Poder Judicial nombrados a propuesta del PP, de los que ocho pertenecen a ese colectivo. El órgano de gobierno de los jueces aprobó por unanimidad el pasado 19 de marzo un informe que avalaba la reforma del sistema de acceso a la judicatura y la fiscalía impulsada por el Gobierno proponiendo una serie de mejoras para su tramitación posterior. La protesta surgida en la aplicación de mensajería contra ese proyecto de ley ha terminado arrastrando a todas las asociaciones de derechas, incluida la APM –la única con representación en el Consejo–, que al contrario que sus consejeros, reclama ya al Ejecutivo su retirada total.

La APM, junto a las también conservadoras Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AJFV) y la muy corporativa Foro Judicial Independiente (FJI), unidas a las asociaciones de fiscales conservadoras Asociación de Fiscales (AF) y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), emitieron el pasado viernes un comunicado en el que se sostenía que las medidas contenidas en la reforma eran "altamente perjudiciales por afectar gravemente a la independencia judicial (...), incrementando los riesgos de politización y debilitando los valores en los que se sustenta nuestro Estado de derecho". El comunicado no solo pedía al Gobierno que diera un paso atrás y frenara la tramitación del proyecto, que ya ha empezado su recorrido por el Congreso, sino que, aprovechando el tirón del chat reivindicativo de WhatsApp convocaban un paro de 10 minutos el próximo 11 de mayo.

El comunicado de la asociación ha causado desconcierto en parte del sector conservador del CGPJ. Sus diez miembros aprobaron por unanimidad, junto con los vocales a propuesta del PSOE y Sumar, un informe al anteproyecto previamente consensuado entre ambas sensibilidades que, en general, avalaba el contenido de la reforma. En el documento del órgano de gobierno de los jueces, de 125 páginas y que estudia el anteproyecto a fondo, no aparecía ningún indicio de que la nueva norma promovida por el Ejecutivo pudiera comportar un riesgo sistémico para el Estado de derecho o una supuesta involución democrática, al contrario de lo que sostiene el comunicado de las asociaciones de derechas. El documento sí que contiene una serie de propuestas a incluir en el texto durante el resto de su tramitación.

"En el conjunto del anteproyecto destacan ciertas innovaciones de calado y que pueden generar dudas sobre la falta de idoneidad de alguna de las medidas proyectadas", decía el estudio elaborado por el Consejo en tono constructivo. Entre sus conclusiones finales no había ninguna enmienda a la totalidad de la reforma ni se sostenía que su texto pudiera contener algún vicio de inconstitucionalidad. De hecho, el Gobierno ya ha incluido algunas de las sugerencias del documento en el texto y otras podrían entrar durante su tramitación parlamentaria en las Cámaras.

El comunicado del viernes suscrito por la APM, sin embargo, va mucho más allá. Las asociaciones firmantes se comprometen incluso a recurrir judicialmente la reforma "asumiendo los costes de forma conjunta". Se refieren, en concreto, al proceso que la ley prevé para permitir el ingreso en el cuerpo de los jueces sustitutos y magistrados suplentes que superen las correspondientes pruebas de acceso. Alrededor de 900 jueces se encuentran en esa situación y realizan la misma labor que los titulares de esas plazas mientras estos disfrutan de permisos, licencias o excedencias.

De la marea suscitada por el grupo de WhatsApp se han desmarcado tanto Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) como la Unión Progresista de Fiscales (UPF). La primera ha recordado que el cambio del sistema de acceso supone "adaptar la selección judicial a las competencias requeridas en el siglo XXI". "Alegar que se pretende elegir juezas y jueces por su ideología carece de fundamento", sostiene JJpD en un comunicado hecho público este lunes. "Precisamente se tiende a lo contrario, especialmente cuando el proceso selectivo mantiene exámenes anonimizados (cosa que hoy no ocurre), objetivos y garantizados con medios tecnológicos para su posterior revisión. Todos estos están basados en el mérito y capacidad y reducen el margen de discrecionalidad y de potenciales errores por su constancia, favoreciendo el derecho de quienes aspiran a una corrección y a un control posterior".

La asociación judicial progresista sí introduce sus reclamaciones en su comunicado, pero valorando los avances que a su juicio aporta el texto. No están en contra de la regularización de los jueces sustitutos, por ejemplo, pero piden que solo puedan incorporarse al cuerpo tras diez años de ejercicio (en lugar de cinco, como establece la reforma) y que su entrada no comporte una reducción de las plazas ofertadas por el turno libre (la tradicional oposición) o por el llamado "cuarto turno" (que da acceso directo a la categoría de magistrado tras una prueba consistente en la elaboración de un dictamen y una baremación de méritos). "El proyecto debe incorporar un incremento sustancial de plazas en la judicatura y la fiscalía", defiende JJpD.

El giro de guión de la APM y del resto de asociaciones judiciales y fiscales conservadoras también carga contra una segunda reforma largamente demandada por los colectivos del Ministerio Público: el refuerzo de la autonomía del fiscal general a través de la desvinculación de su mandato de la duración del Gobiernovque lo nombró, el aumento de los contrapesos internos a las órdenes del máximo responsable de la Fiscalía y la transparencia total de sus relaciones con el Ejecutivo. Se trata de reclamaciones históricas de todo el colectivo (también de las asociaciones conservadoras), que además exigen la Comisión Europea y el Consejo de Europa y que son necesarias para que los fiscales asuman la instrucción de los delitos, que actualmente dirigen los jueces. Lo que hasta hace pocos meses se reclamaba con insistencia, se dibuja desde los colectivos conservadores como un ataque a la separación de poderes justo en el momento en el que el Gobierno lo pone en marcha.

El comunicado de JJpD de este lunes, precisamente, carga contra la crítica hiperbólica de la derecha judicial a cualquier reforma impulsada desde el Ejecutivo como un ataque a la independencia judicial y a la democracia. "La independencia judicial no es la sumisión a la voluntad corporativa", es decir, a la de las asociaciones, dice la nota. "Una reforma no es, por el mero hecho de modificar el estado de cosas, atentatoria de esta independencia judicial". "El proyecto no introduce elementos que comprometan la independencia judicial", sino que "muchas de sus medidas (...) refuerzan la profesionalidad, la transparencia y la estabilidad del poder judicial", prosigue. La independencia, en fin, "es una garantía para el ciudadano y no un comodín a usar diariamente para expresar el disgusto o rechazo a cualquier opción que se oponga a las preferencias de unos u otros".

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), conservadora y mayoritaria en la carrera, ha vencido las elecciones a las salas de gobierno del Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y los Tribunales Superiores de Justicia con 61 miembros, mismo resultado que en 2019, según informa EFE.

Los nuevos miembros electos de la Sala de Gobierno son el presidente en funciones de la Sala Tercera, Pablo Lucas (34 votos); el magistrado de la Sala Segunda Antonio del Moral (29 votos); el magistrado de la Sala Cuarta Sebastián Moralo (24 votos); el presidente en funciones de la Sala Primera Ignacio Sancho (23 votos) y la magistrada de la Sala Tercera Esperanza Córdoba (23 votos). Mientras que las tres plazas de la Audiencia han sido para la APM, estas son las magistradas Ana Isabel Martín y Ana María Sangüesa (40 votos cada una) y el magistrado Manuel Fernández-Lomana (39 votos).

Las salas de gobierno son responsables de la organización y administración de los tribunales y, entre otras competencias, les corresponde las normas de reparto de los asuntos, ejercer las funciones disciplinarias sobre los magistrados o completar de forma provisional la composición de las salas cuando corresponda.

Según los datos facilitados por las asociaciones y tribunales tras las elecciones de este martes, la APM mantiene los 61 miembros de salas de gobierno, el 52,11 % de las plazas, seguida de la Asociación Francisco de Vitoria, que pasa de 28 a 30 miembros, lo que equivale al 25,64 %.En tercer lugar, Foro Judicial Independiente obtiene 12 miembros, uno menos que en 2019, lo que representa el 10,26 % de las plazas y Juezas y Jueces para la Democracia, progresista, obtiene 3, uno menos también que hace cinco años, con lo que se queda con el 2.56% de plazas. Por su parte, los no asociados crecen al pasar de 9 a 11 miembros en las de salas de gobierno, un 9,40 % del total. En cuanto a los principales tribunales, en el Supremo la APM obtiene 3 plazas, Francisco de Vitoria una y también hay un no asociado.

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) y la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP) han asegurado que "ninguna de las organizaciones ha recibido ninguna solicitud" de amparo por parte del PSOE, frente a los medios de comunicación que participaron en la retransmisión de la protesta organizada junto a la sede nacional del partido en Ferraz la pasada Nochevieja, en la que se apaleó un muñeco que representaba a Pedro Sánchez, según informa Europa Press.

No obstante, "dado el alcance que tiene este asunto", las citadas asociaciones recuerdan que "siempre" han defendido el libre ejercicio del periodismo y que "las instituciones faciliten al máximo esa misión, uno de los pilares del artículo 20 de la Constitución".

"Los límites a esa función los marca la ley. Los periodistas, como todos los ciudadanos, estamos sometidos a la ley y cualquier vulneración de los derechos de los ciudadanos que se registre en una información puede llevarse a los tribunales", han manifestado en un comunicado adelantado a Europa Press.

Asimismo, han rechazado "rotundamente" los comportamientos periodísticos que vulneran su Código Deontológico, "cuya premisa fundamental es la difusión de informaciones veraces, verificadas y contrastadas diligentemente con fuentes fiables". "Existe la posibilidad de que quien considere que se ha incumplido el Código Deontológico, recurra a la Comisión de Arbitraje y Quejas de la FAPE, encargada de evaluar el comportamiento informativo", han subrayado.

Por otro lado, las asociaciones han puesto de relieve "el peligro que tiene para la sociedad la divulgación de discursos de odio desde los medios o impulsados por periodistas o activistas que difunden información desde cualquier soporte basados siempre en noticias falsas".

"Son una lacra que está demoliendo los cimientos éticos del periodismo, además de un riesgo serio para las democracias. En ese sentido, queremos subrayar que la profesión periodística está sujeta a normas éticas y deontológicas, totalmente opuestas a las mentiras y a los discursos de odio", han insistido.

A su juicio, el ejercicio del periodismo debe responder "a criterios profesionales". "Las asociaciones siempre hemos pedido a las instituciones que las acreditaciones para ejercerlo respondan a criterios profesionales y no sea una vía por la que puedan introducirse activistas ajenos a ese objetivo de difundir información veraz al que tiene derecho el ciudadano", han apuntado, para después añadir que entienden que "el PSOE se habrá dirigido a las instituciones que deciden sobre las autorizaciones para ejercer labores informativas".

Las asociaciones de periodistas se han expresado así después de que el PSOE diera a conocer que va a retirar la acreditación que permite acceder a los actos organizados por el partido a todos los medios de comunicación que participaron en la retransmisión de la protesta organizada junto a la sede nacional del partido en Ferraz la pasada Nochevieja.

La Asociación de la Prensa de Madrid (APM) dice adiós a un 2022 "que no ha sido un año tan duro como los dos anteriores", en que la pandemia de la COVID-19 también afectó al trabajo periodístico, pero considera "difícil hablar de un buen año para los periodistas en España", según ha informado Europa Press.

Así lo pone de relieve Luis Ayllón, portavoz de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), en una entrevista concedida a Europa Press para hacer balance del ejercicio 2022.

En este escenario, Ayllón sostiene que en 2022 la precariedad y los bajos salarios han seguido siendo "los principales problemas de la profesión", según los datos recabados en el Informe Anual de la Profesión Periodística 2022, de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM).

En este sentido, el portavoz de la asociación de periodistas indica que esta precarización, unida a los "efectos secundarios" de la pandemia, han propiciado un deterioro de la salud mental de los profesionales de la información. "Más del 30% de los periodistas encuestados para este Informe manifiestan tener un problema grave o algo grave de salud mental", alerta.

No obstante, Luis Ayllón afirma que "afortunadamente", en España, este año no se ha tenido que lamentar "el asesinato de ningún compañero", como sucedió en 2021 con David Beriain y Roberto Fraile, pero añade que la situación sí es "preocupante" en otros países.

"En total, 67 periodistas han sido asesinados este año, según la Federación Internacional de Periodistas, y 533 periodistas han sido encarcelados, según Reporteros Sin Fronteras, cifra esta última que constituye un deshonroso récord", denuncia el portavoz de la APM.

Volviendo a España, Luis Ayllón critica que en 2022 "se han seguido produciendo vetos y señalamientos a medios de comunicación y a periodistas, los cuales no debieran volver a suceder nunca más, y menos en un país democrático" como este. "Por desgracia se mantiene la práctica por parte de algunos políticos de convocar ruedas de prensa en las que no se aceptan preguntas", apostilla.

Por otro lado, el portavoz de la APM apunta que el interés por la información internacional, con coberturas como la de guerra en Ucrania, además de la mencionada precarización en general, "ha conllevado una aceleración del proceso de autonomización del sector; sin que, en muchos casos, los periodistas freelances desempeñen su labor en condiciones dignas".

Preguntado por lo que no ha ocurrido en 2022 y debiera suceder cuanto antes, Luis Ayllón señala "la ruptura del techo de cristal". "Conforme a los datos que manejamos en la APM, solo el 23% de las direcciones de los medios informativos en España están encabezadas por mujeres", pone de manifiesto.

Respecto a la nueva Ley General de Comunicación Audiovisual aprobada en 2022, el portavoz de la APM cree que "será necesario evaluar con algo de perspectiva las consecuencias de su tramitación", especialmente sus efectos "en materia de financiación de RTVE, de limitación de la publicidad o de protección de los medios españoles frente a multinacionales extranjeras o grandes plataformas".

En cuanto al secreto profesional, la APM considera que su regulación, que es algo apuntado en la Constitución Española, "será positivo, siempre que no suponga una restricción del derecho a no revelar las fuentes".

"Estamos trabajando en esa idea, integrados en la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), de la que formamos parte y estamos abiertos a que se pueda establecer una norma en la que se haga más explícito el derecho al secreto profesional, las garantías para que los periodistas podamos acogernos a él y las situaciones en las que se podrá reclamar a los periodistas la revelación de las fuentes para proteger la vida, la integridad física de las personas", detalla.

En cuanto a otras legislaciones, este año a la APM le preocupó el anteproyecto de Ley de Secretos Oficiales, por lo que presentó alegaciones, y espera que se subsanen "las limitaciones a la libertad de prensa y al derecho a la información que conllevaban algunos aspectos de la primera redacción".

Igualmente, confía en que se confirmen "las buenas expectativas y promesas" vinculadas a la regulación de la Ley Europea de los Medios de Comunicación, sobre todo en cuanto a independencia editorial y la transparencia.

Respecto a si sienten los efectos de la crisis económica y la guerra de Ucrania, Luis Ayllón confirma que, "por el momento, en el aspecto laboral, no se han dejado sentir fuertemente". En concreto, argumenta que el paro de los periodistas ha caído un 17% en 2022, el dato más bajo desde 2008.

"Pero, tarde o temprano, se terminará notando y habrá que estar muy atentos para que no llueva más sobre mojado. Sería insoportable para los periodistas y nefasto para la sociedad —por la pérdida de calidad informativa que conlleva— volver a vivir la situación de la crisis que comenzó aquel año 2008", alerta.

En este contexto, la APM desea "todo lo mejor" para sus colegas y para la profesión periodística en 2023. "La APM seguirá luchando por dignificar la profesión, respaldando la correcta praxis periodística y defendiendo la labor de los periodistas frente a las trabas a la libertad de prensa con que se encuentren. Y seguirá contribuyendo en todo lo posible al bienestar de sus asociados", concluye Luis Ayllón.

Las principales organizaciones de periodistas han mostrado su apoyo a infoLibre y a la periodista Alicia Gutiérrez tras la presentación de una denuncia por parte de Teodoro García Egea y Fernando López Miras después de que este medio publicara este lunes por la noche los mensajes de móvil en los que el presidente de la Región de Murcia mediaba en la operación quirúrgica de un familiar del secretario general del PP. En la denuncia, los conservadores acusan a este medio de "revelación de secreto", que puede conllevar una pena de cinco años de cárcel.

La Asociación de la Prensa de Madrid (APM) ha expresado este jueves a través de un comunicado su apoyo a infoLibre y a la autora de la información, Alicia Gutiérrez. Considera que la noticia es "de interés público y no ha sido desmentida con datos por parte de los denunciantes". "La jurisprudencia ha determinado en varias ocasiones que, si la información es veraz, ha sido contrastada y resulta de interés público, prevalece sobre otros derechos. Por otra parte, Alicia Gutiérrez no violó el secreto de las comunicaciones entre García Egea, López Miras y Andrés Torrente (el secretario general de Salud de Murcia), sino que, en el ejercicio de su actividad periodística, tuvo acceso al intercambio de unos mensajes que consideró de interés para los ciudadanos al ser sus protagonistas personajes públicos", asegura la asociación en el texto. 

Asimismo, deja claro que la periodista actuó "de manera profesional, respetando la intimidad de la persona a la que aludían los mensajes, al no facilitar ni su identidad ni detalles de la intervención a que fue sometida. Tras haber intentado, sin éxito, que los afectados le facilitaran su versión de los hechos, decidió publicar los datos de que disponía, en uso de su libertad de información". 

"La APM considera lícita cualquier crítica a lo que escriben los periodistas, así como el recurso proporcionado a los tribunales, pero califica de inaceptable la pretensión de los dirigentes del PP de que la información sea retirada con carácter cautelar, máxime cuando no han demostrado en ningún momento que no sea cierta", ha explicado la asociación en el comunicado. "Esta asociación ha expresado en reiteradas ocasiones su defensa a los periodistas en el ejercicio de su profesión y ha rechazado los intentos de coartar el derecho a informar a los ciudadanos, que considera uno de los pilares de la democracia", ha concluido la APM.

Por su parte, la FAPE a través de su presidente, Nemesio Rodríguez, también ha enviado todo su apoyo a infoLibre y a Alicia Gutiérrez. "Garantizó el derecho de información de los ciudadanos, pilar indiscutible de la democracia", ha escrito en su cuenta de Twitter. Asimismo, minutos después de la publicación del comunicado de la APM, la FAPE ha enviado un comunicado en el que "asume y respalda" este texto ante la denuncia de los conservadores.

Reporteros sin Fronteras también se ha sumado a este comunicado de la APM y ha condenado la denuncia de García Egea y López Miras. "La legislación española ampara la publicación de noticias de interés público. La 'revelación de secretos' es un clásico para silenciar informaciones incómodas", ha afirmado en una publicación en Twitter.

La Asociación de Periodistas de Investigación, también a través de Twitter, ha calificado de "inadmisible" esta denuncia del PP y ha lamentado "que un partido político pida cárcel para periodistas por desvelar una información de indudable interés y que han sido incapaces de desmentir más allá de recurrir a palabras huecas". "Todo nuestro apoyo", ha escrito. 

Asimismo, la Plataforma en Defensa de Libertad de Información ha enviado todo su apoyo a infoLibre. "Recordamos que, al tratarse de un contenido veraz, relevante y de interés público, cualquier iniciativa legal vulneraría la libertad de información y sería contraria a la jurisprudencia española y europea en la materia", han asegurado en su cuenta de Twitter.

También la Federación Internacional de Periodistasha mostrado todo su apoyo tras conocerse este denuncia por "dar información veraz y de interés público". "Lamentamos que se siga persiguiendo y amenazando con cárcel a periodistas por hacer su trabajo", han escrito.

La Asociación de la Prensa de Sevilla también ha respaldado la información publicada por infoLibre ya que es "veraz, de interés público e impecable". "Buen periodismo. Hartos de amenazas y mordazas. Que nadie nos calle", ha asegurado en un tuit. Además, su presidente, Rafael Rodríguez, ha asegurado sobre Alicia Gutiérrez que "nada ni nadie te calle. Siempre información veraz y honesta, incomode a quien incomode. El buen periodista, como tú, va, ve, escucha, investiga y cuenta. La libertad de información veraz es un derecho irrenunciable. Ya está bien de querer acabar con ella".

El Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia también ha querido expresar su apoyo a infoLibre y a Alicia Gutiérrez, recordando que "recibir y difundir información veraz son derechos fundamentales protegidos por la ley". "El uso de la figura de 'revelación de secretos' para intentar coartar estos derechos es inadmisible", han añadido.

El Colegi de Periodistes de Catalunya ha mostrado también todo su apoyo tras la denuncia recibida por "difundir información veraz". 

Un supuesto trato de favor a un familiar de Egea

La información publicada por infoLibre desvela lo ocurrido durante el pleno que la Asamblea Regional de Murcia celebró el 14 de abril cuando una cámara captó los mensajes que desde el móvil cruzó López Miras con el secretario general del PP. Y lo que demuestran esas imágenes, a las que accedió este periódico, es que fue el presidente del Gobierno murciano, y no un médico o administrativo del servicio regional de salud, quien comunicó a su paisano García Egea cuándo entraría en quirófano la persona en cuestión: "Buenas, la intervención la van a programar el martes 20 por la tarde".

"Cojonudo", reaccionó el número dos de los conservadores en cuanto López Miras le transmitió, literalmente y como en un copia y pega, la información que acababa de facilitarle un alto cargo de la sanidad murciana: el secretario general de la Consejería de Salud, Andrés Torrente. Al o a la paciente no se le menciona por su nombre. Pero el día 20 ese familiar de García Egea fue operado.

Pocas horas después de publicarse esta información, Unidas Podemos anunció que denunciará al presidente de Murcia "por mediar en la operación quirúrgica de un familiar de García Egea" en la que le va a acusar de cometer "un delito de cohecho, tal y como recoge el Artículo 419 del Código Penal". Este artículo señala como delito que una "autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, recibiere o solicitare, por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor o retribución de cualquier clase".

Este jueves, el PP se ha atrincherado en la denuncia contra infoLibre al ser incapaz de negar los mensajes que comprometen a García Egea. El vicesecretario de Comunicación del partido, Pablo Montesinos, ha insistido durante una entrevista en La Hora de La 1 en que esta exclusiva "es falsa" y se ha negado hasta en tres ocasiones a responder si los mensajes se produjeron. "En el partido hemos sido muy claros desde el primer momento. La información no es verdad, es falsa, y el PP emitió un desmentido y presentó una demanda en los tribunales. No voy a dedicar ni un minuto a una información que no es cierta", ha asegurado.

La Asociación de la Prensa de Madrid (APM) ha expresado su respaldo al periodista Ignacio Cembrero, "ante las insidias vertidas contra él desde varios medios de comunicación de Marruecos próximos al Gobierno de ese país, por sus informaciones en El Confidencial sobre la crisis abierta entre Madrid y Rabat", según informa Europa Press. 

Así lo ha puesto de relieve la APM, que considera "legítimas" las críticas desde cualquier medio a las informaciones que pueda publicar Cembrero, como cualquier periodista, pero "repudia las acusaciones vertidas contra él de estar al servicio del Gobierno español, sin aportar ninguna prueba".

Una vez más, la asociación ha denunciado "las campañas de acoso y hostigamiento a periodistas que tratan de cercenar su derecho a expresarse libremente y difundir las informaciones a las que tienen acceso".

"Las acusaciones formuladas ahora contra Ignacio Cembrero se producen después de que, durante algunos años, autoridades marroquíes realizaran una intensa campaña contra el periodista, en respuesta a sus informaciones sobre Marruecos", ha indicado, para después recordar que la Junta Directiva de la APM concedió entonces el amparo que le fue solicitado por Cembrero.

Por su parte, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), organización miembro de la Federación Internacional de Periodistas, ha asumido y respaldado el comunicado de la Asociación de la Prensa de Madrid.

La Asociación de la Prensa de Madrid (APM) ha condenado en un comunicado recogido por Europa Press los "ataques" a periodistas desde páginas web que "se autodenominan" medios de información sin respetar las reglas básicas del periodismo". Precisamente, ha destacado que el "último ejemplo" son las críticas ofensivas desde Laultimahora.es contra varios periodistas.

En este contexto, la asociación ha recordado que los medios de comunicación tienen una función social: "informar con datos veraces y contrastados, aportar análisis y opiniones basadas en hechos reales, facilitando que los ciudadanos tomen sus propias decisiones".

Para la APM, las diferentes líneas editoriales "nunca pueden ser incompatibles con el respeto a la verdad". Por ello, la asociación mantiene que existen cauces legales para defenderse de injurias, falsedades y calumnias. "Los ataques entre medios, o webs que pretenden serlo, solo sirven para dañar aún más nuestra mermada credibilidad ante la sociedad", ha manifestado.

Ante esta situación, la asociación ha apelado a "un compromiso de todos los periodistas para frenar esta escalada de polarización que hace más frágiles como periodistas y sociedad".

La Asociación de la Prensa de Madrid (APM) ha condenado este martes 28 de mayo "sin paliativos" que un responsable de seguridad de Vox impidiera al periodista de Cuatro David Moreno realizar su trabajo durante la pasada noche electoral, llegando a utilizar la fuerza contra él cuando trataba de entrevistar a una dirigente de esa formación", informa Europa Press.

Según ha recordado la asociación, "no es la primera vez" que ha pedido públicamente a Vox que "evite llevar a cabo acciones que limitan los derechos a la libertad de expresión y de información, pilares fundamentales de nuestra democracia y cuya defensa compete de forma especial a los partidos políticos".

"Este comportamiento que denunciamos hoy, como los vetos impuestos a varios medios de comunicación, van en contra del deber de los partidos políticos de someterse al escrutinio de la opinión pública, un ejercicio que se facilita a través del trabajo de los medios de comunicación en un marco de libertad de expresión y de respeto al derecho a la información.

Por todo ello, la asociación que preside la periodista Victoria Prego conmina a la formación política Vox a que "no vuelva a cometer atentados contra el derecho a la información".

El periodista, profesor de Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid durante 24 años y escritor Bernardino Martínez Hernando ha fallecido a los 84 años este domingo 7 de abril a causa de un derrame cerebral, según ha informado la Asociación de la Prensa de Madrid.

Natural de León, Martínez Hernando trabajó en prensa y radio de diversos medios de comunicación. Comenzó a los 17 años en medios regionales como El Diario de León y Radio Popular de León y cofundó la revista de poesía Claraboya hasta que en 1969 se trasladó a Madrid. 

Fundó y dirigió la revista bimestral Sociedad/Familia. Trabajó en Informaciones, donde popularizó su firma en primera página y en Vida Nueva, donde fue escalando puestos hasta convertirse en director del semanario madrileño. Asimismo, colaboró en Radio Nacional de España y COPE Madrid, en El País, Blanco y Negro, La Gaceta del Norte, Razón y Fe, Signo, Hechos y Dichos. Publicó trabajos de investigación para revistas especializadas y académicas como Revista de Ciencias de la Información, Lingüística Española Actual, Comunicación y Estudios Universitarios, Estudios sobre el mensaje periodístico y Arbor, entre otras.

Era doctor en Ciencias de la Información por la UCM, licenciado en Filosofía en el Seminario Conciliar de León y diplomado en Lengua y Literatura francesa en la Universidad Católica de París. A lo largo de los 24 años que duró su carrera como profesor de Periodismo en la UCM, Martínez Hernando fue colaborador de cátedra, profesor ayudante y, desde 1989, profesor titular de Redacción Periodística.

El periodista ingresó en 1974 como socio vitalicio de la APM, donde ejerció como directivo durante 23 años. Ejerció el cargo de archivero-bibliotecario y destacó especialmente en su labor para la ampliación de libros y documentos, así como organizador del archivo. Se convirtió en un referente para investigadores y periodistas hasta que se retiró en el año 2015.

Algunas de sus obras como escritor fueron Lenguaje de la prensa, Testigo del misterio o La corona de laurel. Periodistas en la Real Academia Española, y fue coautor junto con Juan Manuel Bernardo Nieto de 120 años de la Asociación de la Prensa de Madrid en fotos (1895-2015).

La Asociación de la Prensa de Madrid (APM) y la Federacón de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) censuran el comportamiento del director de Ok Diario, Eduardo Inda... sin citar su nombre. Este martes, ambos colectivos hicieron público un comunicado en el que denunciaron las amenazas que está sufriendo el periodista Antonio Maestre a raíz de la publicación de una noticia sobre la presunta financiación ilegal de Vox en Cartagena (Región de Murcia), y en ese texto achacaron dichas amenazas a "los excesos verbales que a menudo se cometen en los programas de debate político en televisión, como cuando un tertuliano insta a militantes de un partido a acosar a un periodista". Precisamente lo que hizo Inda el pasado lunes.

La polémica tiene su origen en la mesa de debate que compartieron hace unos días Inda y Maestre en El programa de Ana Rosa. Ambos mantuvieron una agria discusión durante toda la tertulia, en la que Inda mentó en varias ocasiones al padre y a la madre de Maestre y lo acusó de mentir, mientras el periodista de La Marea insistió en la supuesta relación de Inda con las "cloacas" del Estado. Pero además, durante el enfrentamiento, el director de OkDiario hizo una petición mirando directamente a cámara a los militantes de Vox: que "recuerden" a Maestre "que les ha llamado cómplices de un asesinato".

Inda se refería a un tuit que publicó Maestre el día en el que las fuerzas de seguridad descubrieron el cadáver de la profesora Laura Luelmo, asesinada tras una supuesta agresión sexual, criticando a los simpatizantes de Vox por apoyar a un partido que niega la existencia de la violencia machista. "Tú eres una persona que acusaste a Vox de ser cómplice del asesinato de Laura Luelmo. Tú dijiste: 'Los que defendéis a Vox sois responsables de que muertes como la de Laura Luelmo sucedan'", criticó Inda, que se dirigió a los espectadores en los siguientes términos: "Yo pido a toda la gente de Vox [que], cuando vayan por la calle y se encuentren a este sujeto, le recuerden que este sujeto les ha llamado cómplices de un asesinato".

Maestre ha denunciado en los últimos días en redes sociales haber sido objeto de amenazas tras publicar en La Marea que Vox habría incumplido la ley de financiación de partidos al usar una cuenta personal para recaudar fondos en Cartagena. Y, para la APM, "este tipo de amenazas pueden en ocasiones ser consecuencia de los excesos verbales que a menudo se cometen en los programas de debate político en televisión, como cuando un tertuliano insta a militantes de un partido a acosar a un periodista". La FAPE se ha sumado íntegramente a este comunicado.

Amenazas en los últimos días

El periodista ha denunciado en sus redes sociales que en los últimos días se han recrudecido las amenazas contra él, y ha achacado este incremento a "la petición de Eduardo Inda". Maestre ha adjuntado una fotografía de un grupo de Telegram de simpatizantes de Vox en el que uno de sus miembros afirma que al comunicador "le deberían pegar un garrotazo en la cabeza", y también ha publicado un mensaje privado de Twitter en el que otro usuario le llama "sucio" y le deja caer que la localidad donde reside es "pequeña".

En conversación con infoLibre, Maestre explica que guarda pruebas de otras amenazas vertidas contra él, y asegura que es habitual recibir este tipo de intimidaciones –que, afirma, también han incluido la aparición de pintadas cerca de su domicilio– cuando publica una información crítica con Vox. No obstante, también plantea que la llamada de Inda ha podido aumentar las amenazas en su contra después de la última noticia sobre la formación ultraderechista. "Nunca sabes exactamente a qué se debe", pero se han incrementado, señala. Y, aunque por el momento no se plantea denunciar estos mensajes, Maestre asegura que la brigada de delitos de odio de la policía local de su municipio se ha puesto en contacto con él para ofrecerle ayuda.

La relación de Vox con algunos medios de comunicación es muy conflictiva. Su propio secretario de Comunicación, Manuel Mariscal, que será candidato al Congreso en las próximas elecciones generales, respondió hace unos días una crítica de Maestre en Twitter asegurando que no contestaba a sus llamadas ni sus mensajes porque le da "vergüenza ajena" que el periodista tuviera como foto de perfil en Whatsapp una imagen junto a un busto de Lenin, y publicó en la red social esta fotografía privada.

Vox, igualmente, se niega sistemáticamente a contestar a las preguntas de infoLibre cuando este diario trata de recabar su versión en las informaciones que afectan al partido de extrema derecha.

Medios españoles recibieron en 2018 un total de 74,6 millones de visitas al mes desde Twitter, la cifra más alta en Europa por detrás de Reino Unido (149,4 millones de visitas), según se recoge en un estudio del Media, Reputation and Intangibles Center de la Universidad de Navarra que analiza el impacto en la red social de 73 medios, según informa Europa Press.

La investigación "Impacto de los contenidos de medios españoles en Twitter (2018)" ha sido presentada este viernes 1 de marzo por el profesor de la Universidad de Navarra Francesc Pujol, en un acto organizado por el foro de periodistas Conversaciones Con... y la Asociación de la Prensa de Madrid (APM). "Somos uno de los mercados más maduros, más consolidados de uso de Twitter", ha explicado el economista que ha analizado 73 medios españoles, de soportes y plataformas distintos, por especialización y por origen territorial. Los compara con otros de Europa (Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, Holanda y Bélgica) y América (Estados Unidos, México, Argentina, Colombia, Brasil y Chile).

En el acto, conducido por la periodista de investigación y datos en El Mundo Paula Guisado, el autor del informe ha indicado que en España las redes sociales (vía PC) dirigen un 7% de media del tráfico que llega a las webs de los medios de comunicación. En concreto, el porcentaje de tráfico vía redes sociales que proviene de Twitter asciende al 42,1%, frente a un 42,7% de Facebook. "Twitter es un espacio excelente y natural para generar y exportar marca. Y generar marca es mostrar que tengo algo único y específico, y eso se puede mostrar en Twitter", ha manifestado el profesor de la Universidad de Navarra.

En España, los medios de comunicación tiene 2,48 millones de seguidores en Twitter y la tasa de crecimiento de seguidores en España fue del 4,8% en 2018. Por su parte, las empresas informativas siguen a una media de 3.047 perfiles.

Respecto al uso de etiquetas o hashtagshashtags, el autor del informe ha destacado que los medios analizados utilizan "muy pocos" ya que un 14,4% de los tuits van acompañados de hashtags, "un estorbo comunicativo", según Francesc Pujol.

Además, España es uno de los países con un mayor engagement de los usuariosengagement respecto a los contenidos publicados por los medios en esta red social, con una media de tres retuits por cada 100 seguidores. Los datos muestran que los digitales generan mayor engagement en torno a sus contenidos (un promedio de 27 retuits por cada 100 seguidores), por encima de los medios tradicionales (entre 3 y 6 retuits por cada 100 seguidores).

Jesús Maraña, entre los periodistas con más seguidores 

En relación con los periodistas más seguidos en Twitter por sus colegas, los resultados del informe sitúan a Ignacio Escolar (eldiario.es), Carlos E. Cué (El País) y Jesús Maraña (director editorial de infoLibre) en los tres primeros puestos del ranking. Además, la lista de los expertos y escritores con mayor número de seguidores periodistas en la red social la encabezan tres profesores: Pablo Simón, Felipe Sahagún y Kiko Llaneras.

El estudio también ha analizado los temas más populares, entre los que destaca el impacto de la cuestión catalana en la prensa tanto nacional como catalana, además de la conversación en torno a los principales partidos políticos y los casos de corrupción. En este sentido, el profesor Pujol ha hecho hincapié en el papel de Twitter como el principal canal de difusión de la crisis política en Cataluña en los años 2017 y 2018. A raíz del referéndum de octubre de 2017 y de las noticias posteriores sobre la crisis catalana y la aplicación del artículo 155 de la Constitución por parte del Gobierno, los medios nacionales multiplicaron por tres los retuits en torno a esta cuestión, mientras que los medios catalanes en español los multiplicaron por siete, y la prensa en catalán disparó sus retuits, multiplicándolos por 17. 

"La prensa tiene que estar en Twitter porque debe explicar lo que pasa; si no lo hace la prensa lo harán otros. Es ahí donde se libra la batalla de la información y la desinformación", ha subrayado Pujol, quien ha defendido la importancia de la misión de los medios de comunicación en esta red social.

Asociaciones y sindicatos de periodistas han condenado de forma unánime la agresión que sufrió el cámara de Telemadrid Vicent Albert la tarde del miércoles en la concentración convocada por Cs en el parque de la Ciutadella de Barcelona, para rechazar otra agresión a una mujer el sábado en el mismo lugar cuando retiraba lazos amarillos. El cámara agredido ha presentado este jueves una denuncia ante los Mossos d'Esquadra, informa Europa Press.

Tras conocerse la agresión, el coordinador estatal de la Agrupación de Periodistas de UGT, Mariano Rivero, ha condenado los hechos y ha mostrado su "apoyo y solidaridad" con la víctima. Rivero ha rechazado también "este ataque a la libertad de prensa" y ha pedido a los Mossos d'Esquadra que identifiquen a los agresores y tomen las medidas que eviten este tipo de hechos.

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) también ha condenado la agresión, que ha rechazado "tajantemente" por lo que supone de "ataque frontal e intolerable a la libertad de expresión e información, esenciales en las sociedades democráticas".

"Independientemente del medio en que un periodista trabaje, cualquier agresión que sufra afecta directamente al derecho de los ciudadanos a recibir una información veraz y debilita este pilar constitucional", ha advertido la FAPE, que hace un llamamiento a los gobiernos y a los partidos para que protejan "el ejercicio del periodismo en libertad".

Por su parte, los medios audiovisuales públicos autonómicos englobados en FORTA –a la que pertenece Telemadrid– han pedido "respeto" hacia los profesionales de la información en el ejercicio de sus funciones para "garantizar el derecho que tienen los ciudadanos a recibir una información veraz" y han rechazado cualquier ataque hacia estos profesionales.

"La violencia, en cualquiera de sus formas, debe ser condenada y reitera que el trabajo que desempeñan estos profesionales es clave para garantizar de forma efectiva derechos fundamentales como el derecho a la información", defiende FORTA, al tiempo que pide respeto hacia los periodistas "en cualquier acto informativo y ninguna tolerancia ante cualquier situación que menoscabe su integridad o que suponga un intento de coartar de forma alguna el derecho que tienen los ciudadanos a recibir una información veraz y contrastada".

La APM ha instado a los convocantes de manifestaciones y concentraciones públicas a que "acompañen sus convocatorias con un llamamiento claro a que se respete el trabajo de los periodistas, con cuya labor profesional se asegura el derecho a la información de los ciudadanos".

Desde la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) han condenado "todo tipo de violencia en los actos donde se ejercen derechos fundamentales: desde el derecho de protesta y manifestación y a expresarse libremente, al derecho a la información de la ciudadanía".

"Los y las periodistas, como principales garantes del derecho a la información, deben poder ejercer su trabajo en condiciones de seguridad", ha defendido, para después instar a las autoridades a que garanticen que se pueda informar de cualquier acto de interés público "sin riesgo a sufrir agresiones, amenazas o cualquier tipo de acoso que impidan el trabajo a los informadores.

Justificar la violencia con la excusa de que se le confundió con un cámara de TV3 es inadmisible

Los Comités de RTVM, TV3 I Catalunya Ràdio han condenado "rotundamente" la intolerable agresión sufrida ayer por un operador de cámara que cubría para Telemadrid una manifestación en Barcelona.

En un comunicado, han tachado de "inadmisible" que se quiera justificar la violencia contra este trabajador con "la excusa absurda" de que se le "confundió con un cámara de TV3". "El acoso y la persecución a los medios de comunicación se ha convertido ya en un problema de seguridad para los equipos que cubren informaciones en la calle", han criticado.

A su parecer, la agresión al cámara del ente público madrileño "habla por si sola". En este sentido, han puesto de manifiesto que "en el último año han proliferado los insultos y agresiones a trabajadores de los medios en general" y han atacado "sedes y unidades móviles", también "se han interrumpido y boicoteado las conexiones en directo tanto de medios de comunicación públicos como de diversos medios privados".

Los trabajadores han clamado porque se ejerza el trabajo con "libertad y normalidad" para garantizar el derecho de la ciudadanía a la información. En Cataluña, en Madrid y en cualquier parte, exigen a los responsables políticos "que dejen de alimentar una confrontación partidista que repercute muy peligrosamente en contra los trabajadores de los medios".

Además, han trasladado al compañero agredido toda su "solidaridad y apoyo" y también a los compañeros de TV3 i Catalunya Ràdio y otros medios por "el hostigamiento irresponsable que han sufrido en los últimos meses".

Cs tiene que explicar por qué en sus concentraciones hay simbología fascista

El presidente del PP de Cataluña, Xavier García Albiol, ha emplazado a Cs a explicar la agresión a un periodista y la "simbología nazi" en la concentración.

"Puedes ser crítico con un medio de comunicación por su línea editorial, pero no se puede atacar a los periodistas. Nos parece inadmisible, sea del medio que sea; pero ahí a quien corresponde el control de la concentración es a quienes las organizan. En este caso parece que era Cs", ha explicado.

También ha hecho referencia a que en esa manifestación se "insultara e increpara" a políticos, como sucedió con la representante del PP, la portavoz en el Congreso, Dolors Montserrat, que acudió en solidaridad con la mujer agredida el sábado.

Por último, ha emplazado a Cs a explicar la simbología que algunos manifestantes lucieron durante la protesta: "Tiene que ser Cs quien tiene que explicar cómo es que en sus concentraciones hay personas con banderas de simbología nazi o de extrema derecha".

Griselda Triana, viuda del periodista mexicano Javier Valdez, asesinado el 15 de mayo en Culiacán, la capital del estado de Sinaloa, ha denunciado la "complicidad" de las autoridades con las organizaciones criminales de tráfico de drogas, al tiempo que ha alertado de que "el narco está metido en todas partes" en México.

"El crimen organizado se ha adueñado desde hace años de municipios y estados completos y está incidiendo en todos los ámbitos en la vida económica, social y cultural de todo el país, corrompiendo instituciones y devastando tejidos sociales", ha asegurado Triana, en una rueda de prensa en la sede la Asociación de la Prensa de Madrid , que le ha entregado un reconocimiento concedido a título póstumo a su marido por su trabajo periodístico.

"Los gobiernos de todos los niveles, lejos de combatir el narcotráfico, se han convertido en cómplices de las organizaciones criminales que igual trasiegan, drogan, que tratan mujeres para venderlas a los prostíbulos, cobran piso secuestran, extorsionan a empresarios y envenenan a niños y a niñas y jóvenes con drogas cada vez más destructivas", ha explicado la viuda de Valdez, visiblemente emocionada al recordar el trabajo de su marido y toda una vida profesional dedicada a denunciar el narcotráfico y la impunidad.

De acuerdo a las informaciones de Europa Press, Triana ha asegurado que los diferentes gobiernos que ha tenido México han estado marcados por la influencia de las organizaciones criminales y ha denunciado que con el PRI, el partido del actual presidente, Enrique Peña Nieto, ha llegado más violencia y "corrupción".

"¿Qué gobiernos están corrompidos por el crimen? Puede asegurarse que de todos los partidos, unos más y otros menos, encubren a las bandas criminales por complicidad más que por miedo", ha señalado, antes de explicar que el crimen organizado "creció" cuando Vicente Fox era presidente, luego el país experimentó una de las etapas "más violentas" con Felipe Calderón de jefe de Estado y, finalmente, "el regreso traumático" del PRI trajo "más violencia, más crímenes y más corrupción".

"Ese contexto de horror e impunidad es el que Javier retrataba en sus crónicas, denunciando la falta de Estado ante la beligerancia de las organizaciones del narcotráfico y no lo hacía sin esperanza", ha explicado la viuda del periodista asesinado el 15 de mayo tras salir de la redacción del semanario RíoDoce.

Triana ha denunciado la enorme influencia del narcotráfico en México y ha asegurado que "pone y quita autoridades". "El narco está metido en todas partes y convives con él todos los días y a cualquier hora. No lo puedes evitar porque pueden ser tus vecinos, tus compañeros de trabajo, los compañeros de escuela de tus hijos o el restaurante al que vas a comer con tu familia, que es un sitio donde se lava dinero del narco", ha relatado.

La viuda del periodista mexicano asesinado ha explicado que su marido tenía muy claro que su trabajo debía centrarse en denunciar la realidad que vive su país y la impunidad. "Javier tenía claro que como periodista era difícil escribir de los jardines, el atardecer, los ríos... mientras todos los días a cualquier hora caen personas muertas, perforadas, sangrantes, en medio de la injusticia y la impunidad, como Javier", ha señalado.

Triana ha destacado el trabajo de Valdez y ha resaltado que siempre se centró en poner "nombres y apellidos" a cada una de las víctimas del crimen organizado, para que sus historias "se visibilizaran" y no se repitieran ni quedaran impunes. "Con su trabajo, molestaba a muchos", ha señalado.

Tras asegurar que desde que mataron a su marido vive conmocionada por el dolor, ha explicado que ella misma se había convencido de que no le iban a asesinar "nunca" porque "tenía que narrar, como solo él lo hacía, el terror de vivir en este infierno". "Me aferraba a la idea de que él seguiría contando tanta tragedia por muchos años más", ha indicado.

Triana ha reivindicado el periodismo de investigación y de denuncia y ha manifestado que no confía en las indagaciones de las autoridades mexicanas sobre el asesinato de su marido pero, al mismo tiempo, no quiere "perder la esperanza" en que se sepa toda la verdad sobre el crimen. "Quiero creer que (las autoridades) están haciendo su trabajo", ha dicho. "Es difícil creer que va a ser resuelto", ha señalado poco después.

Además de agradecer el reconocimiento de la APM a su marido, Triana ha hecho un llamamiento a los periodistas a seguir haciendo su trabajo para que la impunidad no se imponga y para continuar con la tarea de Valdez. "Justicia para Javier", ha concluido Triana, provocando el aplauso de varios de los periodistas que han acudido a su comparecencia.

La agencia Efe lleva dos años sin Consejo de Redacción, el órgano que ampara a sus periodistas ante posibles presiones externas o de la propia dirección. El primero se constituyó en 2005 y el último quedó disuelto en 2014. Desde entonces, la renovación del consejo permanece bloqueada por un asunto en apariencia menor: la disputa entre los responsables de la agencia y los representantes de los periodistas por la inclusión en el censo de votantes de los 12 trabajadores de EfeagroEfeagro, el servicio de información agroalimentaria de Efe.

La plantilla de la agencia pública –pertenece a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI)– la componen unos 800 empleados, que deben elegir a los cinco miembros del consejo cada dos años. Cuando tocó votar para renovar el órgano en 2014, la agencia excluyó a los trabajadores de Efeagro del censo. Adujo que no es una filial de la agencia desde que, en abril de ese año, EFE dejó de poseer el 51% de sus acciones. Entonces el BBVA, que tenía el 49% restante, vendió su participación a una sociedad, Factoría Vertical 28, que también se hizo con un 1% de las acciones en manos de la agencia. Ahora es una “sociedad participada”, una sociedad anónima mercantil “distinta”, e “independiente” con órganos de dirección, consejo de administración, redacción, representación social y equipo de gestión distintos a los de Efe”. Su plantilla no pertenece a Efe, argumenta la dirección, por lo que no se le puede aplicar su Estatuto de RedacciónEstatuto de Redacción. Y ceder su censo para elegir el Consejo de Redacción de la agencia “invadiría las competencias de una empresa ajena”.

La disputa se ha enconado con el tiempo. En el segundo intento de celebrar elecciones al consejo, tres redactores de Efeagro solicitaron participar. Dos días después, en septiembre de 2015, ocho de los trabajadores de Efeagro, incluida su directora, Susana Cuevas, enviaron una carta a la mesa electoral para que excluyera sus nombres del censo para elegir el consejo. “No hemos autorizado, ni solicitado, ni permitido tácitamente y aún menos expresamente su inclusión”, aseguraban. Según fuentes de la plantilla consultadas por infoLibre, la directora llamó uno por uno a su despacho a los redactores de Efeagro para que firmaran en la presencia de un abogado.

Además, el comité intercentros denunció ante la Inspección de Trabajo la negativa de la dirección de Efe a ceder el censo de Efeagro, e incluso el Consejo de Redacción pidió amparo a la Asociación de la Prensa de Madrid Asociación de la Prensa de Madrid(APM). Mientras, la agencia impugnaba las decisiones de la Mesa Electoral y se ha negado a reconocer como tal al Consejo de Redacción que quedó en funciones tras el primer intento de celebrar elecciones en 2014.

La Inspección se declaró incompetente para actuar en un caso que atañe al Estatuto de Redacción y no al convenio colectivo, pero la APM pidió a la agencia que mantuviera al Consejo de Redacción en funciones hasta que se nombre uno nuevo e invitó a ambas partes a recurrir a un arbitraje para resolver el conflicto.

Nuevos negocios e independencia profesional

Sin embargo, nada se ha movido desde entonces. El pasado mes de febrero, el Gobierno respondió por escrito a una pregunta de la diputada de Unidos Podemos Noelia Vera Cruz sobre el asunto. Se limita a recordar los dos intentos de votación, en 2014 y 2015, y a explicar que la parálisis del proceso se debe a “discrepancias sobre el censo electoral”, sin mencionar a Efeagro. “La agencia Efe desea las elecciones para la renovación del Consejo de Redacción, tal y como recoge el Estatuto de Redacción”, concluye el Ejecutivo.

Para los miembros de ese consejo, el comportamiento de la dirección es un intento de excluir a Efeagro del ámbito de aplicación del Estatuto de Redacción, pese a que las informaciones que elaboran sus redactores son difundidas a través de las secciones de nacional y economía como cualquier otra. Y “todas las informaciones transmitidas por los canales de Efe deben atenerse al contenido” del Estatuto, según establece el propio documento.

De hecho, temen que la apertura de la agencia a “nuevos negocios” y la elaboración de “productos bajo demanda” termine “interfiriendo en la independencia e imparcialidad de los periodistas”, en concreto en los de Efeagro, según consta en la memoria del consejo. En sus cuentas de 2015, la sociedad afirma que ha “potenciado” la producción bajo demanda y está “explorando nuevas líneas de negocio, que suponen una nueva fuente de ingresos provenientes de la publicidad y patrocinios”.

Además, alegan que la plantilla de Efeagro participó en la elección de los cinco consejos de redacción anteriores, incluso una de sus redactoras se presentó como candidata. La empresa, en cambio, considera que “ningún antecedente” sobre la participación de Efeagro puede “convertirse en derecho adquirido”. “Si algo se hizo incorrectamente, no tiene por qué perpetuarse”, advertía la dirección en una de sus escritos de impugnación a la mesa electoral.

En torno a 'La Razón'

El caso es que los representantes sindicales de UGT y CCOO en el comité de la agencia desconfían de la política seguida por la dirección respecto a Efeagro desde que el BBVA vendió su participación. Y así lo han manifestado en sus comunicados a la plantilla en estos dos últimos años. CCOO asegura que la actividad de Efeagro la “guía” el director del gabinete de Presidencia de Efe, José Antonio Pérez Fernández, que fue adjunto al director de La Razón hasta 2005. Desde 2012 el presidente de la agencia es José Antonio Vera, director del periódico del grupo Planeta desde 2000 hasta 2005. Pérez Fernández figura como apoderado de Efeagro y fue consejero hasta abril de 2015. También es administrador único de una filial de ésta, Efeagro Producciones Verticales.

Además, Factoría Vertical 28, la sociedad limitada que compró el 50% de Efeagro en abril de 2014, es propiedad de César Lumbreras, columnista de La Razón y director del programa Agropopular de la Cope desde hace casi 30 años, de Luis Muñoz Deive, ex consejero delegado de Cuarzo Producciones –la productora del programa de Ana Rosa Quintana–, y del empresario cárnico catalán Isidro Santacreu Segura. También la redactora jefe de Efeagro, Lilián Aguirre Fernández, trabajó en La Razón, era la jefa de su sección de Televisión.

Un portavoz de EFE explicó a infoLibre que el BBVA había ofrecido en su día a la propia agencia su participación en Efeagro, que en 2012 perdió 170.342 euros y 95.040 euros en 2013. La SEPI rechazó la propuesta, recibida en plena ofensiva de recortes del sector público. César Lumbreras asegura a este periódico que el BBVA le planteó quedarse con sus acciones de Efeagro “allá por 2009”, pero entonces no le interesó. Hasta que cinco años después, en febrero de 2014, creó Factoría Vertical con los dos socios citados, “exclusivamente para comprar” la filial de Efe. De hecho, la sociedad no tiene cifra de negocio ni en 2014 ni en 2015, según la información que ha remitido al Registro Mercantil. Tampoco tiene plantilla. Terminó el primer año con unas pérdidas de 650 euros y de 552 euros el segundo.

Por el contrario, Efeagro ha tenido 47.493 euros de beneficios en 2014, y de 26.785 euros en 2015. El primer ejercicio ya creó una nueva filial al 100%, Efeagro Producción Vertical, que a su vez ha constituida otra, Noticias y Gestión Turística. La primera es una agencia de noticias y de publicidad; la segunda, una agencia de noticias especialmente dirigida al mercado iberoamericano. Efeagro Producciones Verticales posee tres empleados e informa de unos beneficios de 22,44 euros en 2014, tras haber facturado 116.570 euros. Noticias y Gestión Turística carece de personal, puesto que su actividad se limita a “intermediar entre los posibles clientes y las empresas o profesionales que las realicen”, tal y como consta en su memoria. En 2015 ganó 88,42 euros, resultado de facturar sólo 900 euros. infoLibre preguntó a César Lumbreras por la actividad de ambas filiales, pero el periodista aseguró desconocer a qué se dedican. También ignora cualquier aspecto de la administración de Efeagro. “No me gusta la gestión”, respondió, “cada año recibo un informe y eso es todo”.

Comparten administración, personal y gestión comercial

Pese a que la dirección de la agencia sólo reconoce como filial a Efe News, una sociedad creada en Estados Unidos con sede en Miami, en el pliego de condiciones técnicas del concurso por el que Efe  licitó el contrato de seguro para la empresa, ésta reconoce como “asegurados adicionales” a los de la matriz a las “sociedades filiales” siguientes: Efeagro, Efeagro Producción Vertical, Noticias y Gestión Turística, y Fundación del Español Urgente-Fundéu –participada en un % por el BBVA–. EFE también posee un 49,9% de European Pressphoto Agency (EPA), una agencia de fotografía en la que participan 11 agencias de noticias europeas.

Efeagro tiene suscrito un contrato de servicios con la agencia Efe por el que ésta pone a su disposición sus canales de difusión, así como “su estructura gerencial en el área administrativa, jurídica y de gestión de personal, además de su estructura comercial y de mercadotecnia”. También firmó con Efe un acuerdo comercial que permite a Efeagro incluir sus servicios informativos en las ofertas comerciales de la agencia a sus clientes. Aunque una filial es aquella sociedad dependiente de otra dueña de una acción más del 50% de su capital, también se considera en esta categoría a la empresa que carece de autonomía de gestión pese a no ser controlada de forma mayoritaria por la matriz.

La portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid, Esperanza Aguirre, ha afirmado este viernes que exigirá al Ayuntamiento de Madrid en el próximo Pleno municipal "solidaridad" con la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) y con "los periodistas acosados por Podemos", según ha informado Europa Press.

La expresidenta de la Comunidad ha aprovechado el final de un acto en apoyo del CD Moscardó para referirse así al comunicado que emitió la Asociación de la Prensa de Madrid criticando el "acoso" que sufren los periodistas que cubren la información de Podemos por parte de algunos miembros del partido. Aguirre considera que el Ayuntamiento no puede dejar de lado a los periodistas y debe condenar la actitud de la formación morada.

Asimismo, la portavoz de los populares en el Ayuntamiento ha manifestado su intención de preguntarle a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, por qué ha dejado de comparecer durante tres meses, por qué el Ayuntamiento ha renunciado a quince millones de euros a los que "tenía derecho" de la Unión Europea y por qué se restringe el transporte madrileño cuando los madrileños "no tienen una estación de metro en la puerta de su casa y otra en la de su trabajo".

Por último, Aguirre ha criticado el "mal uso" de la emisora M21 y el que la concejala Rita Maestre permita "publicidad del grupo musical antisistema Riot Propaganda" en un medio que pagan "todos los madrileños".

El secretario general de Podemos Comunidad de Madrid, Ramón Espinar, ha considerado este viernes que el diputado Íñigo Errejón es un "magnífico" candidato para presidir la Comunidad de Madrid, mejor que él mismo.

En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, ha afirmado que Errejón le parece "magnífico" como candidato, y preguntado por si le parece mejor que él mismo, ha asegurado que "sí". No obstante, ha indicado que en este proceso concurren varios elementos.

Uno de ellos tiene que ver con cómo se elige al candidato. Este proceso se subdivide en dos elementos. Por un lado, las primarias, que "se celebrarán cuando toque"; y por otro lado, hay que ver "qué primarias" porque él fue elegido secretario general con una hoja de ruta que piensa mantener.

Ha explicado que se trata de "una hoja de ruta que implica que lo que concurrirá en las elecciones de 2019 contra Cristina Cifuentes será un espacio de cambio político amplio, con movimientos sociales, con un montón de socialistas que no están dispuestos a pasar por el aro que su partido sea la muleta de Mariano Rajoy en el Congreso y con una candidatura ciudadana muy amplia".

Por tanto, Espinar ha expuesto que "probablemente, lo que haya en 2019 no sean unas primarias de Podemos, sino de ese concepto político que tiene que concurrir a las elecciones para derrotar a Cristina Cifuentes". "Ese procedimiento es un procedimiento que va a ser respetado y que va a ser así", ha apostillado.

Por otra parte, ha señalado que su papel de cara a las elecciones de 2019, como secretario general de Podemos Comunidad de Madrid, es "fijar el rumbo y definir una hoja de ruta" que les permita repetir en el Ayuntamiento de Madrid; ganar algunos ayuntamientos de la Comunidad de Madrid en los que están en disposición de ganar como Leganés, Getafe, Alcorcón o Parla, y "colocar a Podemos en disposición de encabezar un bloque de cambio que le gane las elecciones a Cristina Cifuentes".

"Todo ese trabajo político es el que a mí me corresponde hacer. ¿Quién lo encabece? Se verá a su debido tiempo. Creo que no estamos en política para quedarnos toda la vida, estamos de paso, estamos en política para trabajar, para que a la gente le vaya mejor", ha aseverado.

En cuanto al cabeza de lista para el Ayuntamiento de Madrid, ha indicado que su primer nombre es la alcaldesa, Manuela Carmena. "Lo he dicho varias veces y no desisto. Yo lo que quiero es que repita. Tiene su proceso, quedan dos años. Vamos a intentar convencerle, porque además ella cuenta a todo el mundo que tiene un proyecto a ocho años para Madrid. Si no repite porque es su voluntad, pues veremos", ha destacado.

Abrir un debate sobre la misa en la televisión pública

Preguntado por la postura del secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, a favor de suprimir la misa televisada en TVE, ha afirmado que es "un buen debate a abrir", pero "muy complejo".

"Tiendo a pensar desde un punto de vista laico que o todos los cultos tienen cabida en la televisión pública o no tiene cabida ninguna", ha señalado Espinar, quien ha apuntado que es "lo que dice el canon de la separación entre la Iglesia y el Estado y el de una televisión pública de un Estado aconfesional" que, en su opinión, "debería ser definitivamente laico".

No obstante, ha añadido que hay elementos como que España es un país "culturalmente católico", que, además, "tiene muchos habitantes que profesan esa religión y mucha gente mayor que ve la misa por la tele".

"Eso es una realidad que es así. Hay mucha gente en el medio rural, aquí en la Comunidad de Madrid, en pueblos en los que mucha gente mayor, para bajar a comprar el pan, tiene que coger un autobús y esperarse dos horas en un pueblo para cogerse el autobús de vuelta. Supongo que para ir a misa lo mismo", ha continuado Espinar.

Así, el secretario general de Podemos Comunidad de Madrid ha apuntado que lo que hay que hacer es "aprovechar la oportunidad para tener un debate sobre la relación entre religión y televisión pública" y para abrir un debate en la población para ver cómo conviven teniendo en cuenta que la España de 2017 no es la de 1960. Según ha precisado, ahora conviven en nuestro país otras religiones y habrá que ver también cómo se integra eso.

Quiere ver pruebas sobre lo denunciado por la APM

También se ha referido al comunicado de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) denunciando el trato de Podemos a los medios de comunicación. A este respecto, ha asegurado que las cosas que se denuncian son "muy graves" y no ha visto "ninguna prueba publicada".

"Todo el mundo sabe que hay partidos que han estado en el Gobierno, que no es que presionen a periodistas, sino que les han puesto y quitado de grandes medios de comunicación", ha afirmado el secretario general quien ha añadido que le hace "mucha gracia que la APM sea tan valiente con Podemos y tan silente con formaciones políticas que han llevado una presión mucho mayor".

"Lo que digo es que yo no he visto esta virulencia salvo con Podemos. Eso me parece preocupante porque no me creo que el único partido en el que alguien haya mandado un mensaje inconveniente a un periodista sea Podemos. No me lo creo. Y quiero ver los mensajes", ha concluido.

Empecemos por contar las cosas como son. Todos los partidos políticos, todos, en todo el mundo y en cualquier momento, tratan de tener una relación fluida con los medios de comunicación. Y todos los reporteros y opinantes que escriben o hablan de política tratan de tener en los partidos y sus líderes buenas fuentes que les cuenten las cosas lo más directamente posible. Es una relación concupiscente, constante y simbiótica.

Algunos periodistas, una decena en el caso de cada uno de los partidos españoles, se especializan en una determinada formación, y la siguen todo el tiempo. Tanto que a veces incluso viajan con sus líderes en el mismo autobús o en el mismo avión, como cuando hay campaña. Duermen en los mismos hoteles, se ven con ellos en el bar, se llaman y chatean de madrugada. Se lo saben todo unos de otros. Compadrean y a veces se enfadan entre ellos. Es parte del negocio de cada cual. Yo tengo el culo pelado de llamar o hacer llamar a periodistas para contarles una cosa u otra, para expresar también mi cabreo o, eventualmente, mi satisfacción por algo que han escrito o dicho.

Desde que se inventó la prensa de masas, en los años 20 del siglo XX, se inventó también el "agente de prensa", y los gabinetes de prensa después, que existen para colocar en los medios los relatos de las organizaciones de la manera que éstas consideran más adecuada. Presionar a periodistas, con más o menos estilo, es tan normal como lo es para los periodistas saber hasta dónde pueden aceptar esas presiones.

Cuanto más inteligente es una redactora o un redactor y más lo es también su fuente, más fluida es la relación entre ambos. Hay verdaderos maestros en el arte de llevarse bien con la prensa, y verdaderos maestros en el arte de llevarse bien con las fuentes.

Y luego están los torpes. Quienes pierden los papeles cuando algún reportero no les trata como ellos creen que merecen. Entonces se revuelven y se ponen tontorrones. Le ponen un boli a una redactora incómoda en el escote, como hizo Aznar hace una década, o le propinan un euro, como hizo Trillo con otra que se atrevió a preguntarle por algo del Yak. O se refieren despectivamente al abrigo de piel de una tercera, como hizo Pablo Iglesias en rueda de prensa más recientemente.

Es curioso que sea tan frecuente esa relación macho alfa-hembra pretendidamente vulnerable. No solo es machista. También resulta muy poco inteligente; menos aún cuando el arrogante falta el respeto desde su atalaya de poderoso.

Pero más allá de esas torpezas ciertamente matoniles, si las cosas quedan ahí pueden pasar sin más al anecdotario. El problema es cuando alguien se cree tan en posesión de la verdad, que se arroga el derecho a imponer su relato por encima de intermediarios. El problema es cuando realmente te crees que los medios son parte de una "trama" a la que sólo el pueblo virtuoso –liderado por tí, naturalmente– puede desenmascarar. Entonces recurres a las redes sociales para acosar públicamente a algunos periodistas con nombres y apellidos. Vetas a redactores concretos o a canales de televisión enteros. Y luego, cuando tienes publicidad que repartir o decisiones políticas que tomar –como asignar nuevas frecuencias o nuevos canales– te guías por tus preferencias personales, que sublimas como si fueran ideológicas y te orientara el bien del pueblo.

A mi modo de ver, la APM se pasó en su denuncia de Podemos. La estética de una asociación de periodistas que se victimiza en una sociedad como la nuestra me parece demasiado barroca. Pero a mí lo que me da más tirria es el tono general de Podemos en sus relaciones con la prensa. Esa idea tan frecuente entre los populistas de izquierdas y derechas –Trump la encarna hoy a la perfección– según la cual los medios de comunicación son también parte de la casta –o la trama– a la que hay que derrocar, para que el pueblo asalte finalmente los cielos. Qué miedito.

Desde que se estrenó Podemos como partido político, ha venido recibiendo el voto, desde sectores sociales diferentes, heterogéneos, en ocasiones aparentemente opuestos, votos movidos por razones de diferente etiología.

Algunos seguidores incondicionales se manifiestan de manera integrista y maniquea en lo tocante al partido o a sus líderes. Se despachan sin mesura comentando los artículos que les aluden y acaban por ofrecer una imagen desalentadora del militante de dicha organización. Intolerantes, ofensivos, engreídos, en posesión de la verdad y defensores de las más puras esencias del pensamiento político que cinco millones de ciudadanos respaldan a cachos, individualmente. Rematan convirtiéndose en los chusqueros de Podemoschusqueros, los hay en todos los partidos, se manifiestan como acomodadores con ínfulas de propietarios. Comisarios políticos, tal vez, autonombrados.

Un partido político actual no es una organización en la que los ciudadanos independientes que la respaldan devienen en cabezas de ganado cuyo libre albedrío político debe ser uniformemente trasquilado y perseguido y mantenido en orden por los colmillos de comisarios que descalifiquen el pensamiento de quienes libremente decidieron apoyar a la organización por convenir con una parte sustancial de su programa.

El voto que recibe un partido a veces está sustentado en la coincidencia en una, dos iniciativas compartidas, lo suficientemente sustanciales como para precipitar el sufragio. Los ciudadanos votan un paquete de propuestas entre las que se encuentra alguna de las que personalmente les resultan relevantes.

En estos tiempos en que la mayoría de la prensa ha renunciado al servicio de informar a la opinión pública para pasar a ser parte activa en la pugna política como departamentos de agitación y propaganda para atraer a la ciudadanía con informaciones parciales, o forzando la realidad para presentar una sociedad virtual al gusto de los promotores o propietarios de la empresa periodística, los ciudadanos debemos desarrollar la capacidad de leer entre líneas, como en los tiempos de falta de libertad, para entender lo que de verdad está pasando, cuando accedemos al pienso que a diario nos sirven en los pesebres televisivos, radiofónicos, de papel o virtuales, la mayor parte de las veces.

La polémica inducida a toda orquesta, salta de altavoces a pantallas o a páginas de papel y allí por donde pasa pretende prender la incendiaria idea que promueven los que se sientan al banquete neoliberal: Podemos ataca la libertad de expresión.

La actual presidenta de la APM, Victoria Prego, proviene de una familia conservadora, hermana de un conocido juez ultra destituido del Tribunal Supremo que debía juzgar al juez Baltasar Garzón, por manifiesta incompatibilidad: patrono de honor de la Fundación para la Defensa de la Nación Española (Denaes) y vocal del Consejo General del Poder Judicial en representación del PP, conocido por sus conexiones con la organización ultraderechista Manos Limpias… La sra. Prego ve la necesidad de amparar a unos anónimos periodistas que se ven intimidados y acosados por Podemos, sin identificar a los acosadores o intimidadores. Es, al parecer, todo el partido político el que intimida, acosa y asfixia la libertad de expresión de unos periodistas que trabajan para unos medios cuyas líneas editoriales pudieran tener como objetivo acabar con la credibilidad de Podemos.

Los ciudadanos no tenemos el poder de convocatoria que exhiben las baterías mediáticas del ultraliberalismo que asola a diario la libertad de expresión con su discurso único repetido por tierra, mar y aire. Según datos que la propia APM elaboró en 2006, el 56,4% de los periodistas preguntados reconoció haber sufrido presiones por parte de los poderes políticos, económicos y de su propio medio. Ese porcentaje ha subido en 22,5 puntos en la última década. (Léase a Rubén Arranz, en Vozpópuli.)

No conozco a los periodistas que demandan el amparo de la Asociación de la Prensa de Madrid que preside Victoria Prego, protegidos por ésta, como los denunciantes de judíos ante la Inquisición, por el anonimato. Tampoco se sabe para qué medios trabajan. Por lo que debemos suponerlo, y puesto que la mayoría de los medios se manifiestan arbitrariamente contrarios a Podemos, hay muchas posibilidades de que sean trabajadores a sueldo de medios hostiles al partido Podemos contra el que afilan sus crónicas, quizá parciales, pero es seguro que al gusto de quienes las financian. Cuando la información falta, inevitablemente se sustituye ésta por la especulación. Los chusqueros de Podemos deberían dejar de dar bazas a los rivales con su grosera forma de actuar, o lo que es más factible, quienes tengan en su mano la correa de esta jauría, tensen la traílla.

Resulta inadmisible que, con la que está cayendo, desde Podemos se propicien notas, como la de la APM de Prego, en la que se identifica a Podemos con el abuso de los poderosos y se censura la tilde adverbial arbitrariamente: “Solo unos medios firmes en la defensa de la libertad de expresión pueden frenar las tentaciones de los poderosos de eludir la rendición de cuentas a la que están obligados en una democracia como la nuestra” (sic).

La ciudadanía vota libremente a un partido y esto no significa una petición de matrimonio político hasta que la muerte los separe, sino que el votante ha encontrado una parte del programa electoral que le conviene y le motiva para apoyar con su sufragio el proyecto político en el que se reconoce. Nunca va a significar que esté de acuerdo con todo, al cien por cien. El programa electoral de Podemos representa, hoy por hoy, la alternativa progresista en la que más o menos se sienten representados alrededor de cinco millones de ciudadanos, millón arriba millón abajo, provenientes de amplias capas sociales. Esta intriga de la APM de Victoria Prego, como otras maniobras, procurarán desacreditar al partido que puede amalgamar a las fuerzas de progreso. _____________

Fernando Pérez Martínez es socio de infoLibre

Las supuestas pruebas de los hostigamientos a esos periodistas no se presentan y la cosa huele a chamusquina. Otro ataque más a Podemos de manera chusquera y desmesurada para hacerle daño. Mucho nos tememos que algunos grupos de poder económico, mediático, fácticos, han utilizado a la APM para dar una dura lección a Podemos.

Independientemente de esos posibles pecados de unos pocos podemitas –sin demostrar aún–, lo que dice la presidenta de la APM, Victoria Prego, y su segundo de a bordo, Nemesio Rodríguez, es una barbaridad. Asímismo, varios directores de medios, periodistas, incluso Iñaki Gabilondo en su videoblog de la cadena SER, se sumaban a esta denuncia. Todos estos se han dedicado a criticar más a Podemos que aclarar lo que sufrieron –supuestamente– esos periodistas y de los –presuntos– hechos de amenaza y acoso.

Este partidismo informativo y la poca transparencia de la APM, con las manipulaciones de su presidenta Victoria Prego (se ocultó a gran parte de la directiva esa denuncia), va más allá del lance y le pierde el ser poco autocrática, como una entidad por encima del bien y del mal. Lo importante del periodismo son los hechos, informando de ellos, y no lo que opinan o presuponen sin demostrar nada. Si fuera así, apaga y vámonos, para qué queríamos la libertad de expresión. La nota de prensa de la APM no explica más que calumnias, acusaciones graves, mientras los hechos no han sido probados.

Por cierto, dónde andaban estos dirigentes de la APM cuando, hace poco, el Consejo de Informativos pide que se defienda a la corresponsal TVE en EE.UU., Almudena Ariza, de los ataques de un portavoz del PP de Asturias. ‪En una nota interna, se reclama el amparo de la dirección de informativos ante los mensajes insultantes del portavoz de Asturias contra la corresponsal. ‬‬‬‬‬‬‬‬

¿Por qué la APM no ha sido más combatiente con el menoscabo sociolaboral que soportan los periodistas en general en Madrid y en el resto de España?

¿Y qué hizo la APM cuando la Policía del ministro del Interior se plantó en la sede de Público sin orden judicial? ¿Y cuando Rafael Hernando amenazó a Jesús Cintora con un "¿usted sabe lo que hace?", como preludio de su despido en Las Mañanas de Cuatro? ¿O las amenazas de Javier Maroto advirtiendo a Javier Ruiz, sustituto de Cintora, de que hacía preguntas muy extrañas? ¿Dónde estaba la APM?

Y cómo actuaron cuando la SER de Cebrián echó a los periodistas Ignacio Escolar, Fernando Berlín, Manuel Rico y Javier Aroca, por “motivos personales, comerciales e ideológicos".

El propio comunicado de la APM contra Podemos demuestra la gran hipocresía de la asociación periodística madrileña. La APM tiene una tradición muy franquista, al menos durante muchos años, y sus prebendas económicas sanitarias, fueron anuladas el año pasado por PSOE, Podemos y Ciudadanos. Nadie denuncia lo poco creíble que ha sido esta APM, a lo largo de su historia, en la defensa de los derechos de los periodistas y de la libertad de expresión. Si habiendo recibido presiones de otros partidos e instituciones, no se denunció, pero sí lo hacen ahora, con las posibles presiones de Podemos, se ve claramente como se "aceptan" las cosas según vengan de un lado o de otro. Vamos, que nos quieren vender cápsulas de la libertad de expresión con cianuro incluido.

Sí, es verdad que existen trolls entre simpatizantes y en el círculo próximo a Pablo Iglesias y a los dirigentes podemitas. Muchos de estos pelean, a veces con demasiada violencia, en las redes sociales, en los foros y actos públicos, en los comentarios y blogs de los propios medios.

Pero lo hacen como en todos los partidos e instituciones. Insisto: nadie ha probado los hechos cometidos por Podemos. El insultar y trolear es, desgraciadamente, “normal” en las redes sociales y en los medios cuando no se está de acuerdo con el periodista o analista. Los políticos, y sus simpatizantes más acérrimos, lo han hecho siempre a cualquier contrincante. Y si no que se lo pregunten, actualmente, a Patxi López cómo le apalean militantes sociatas en las redes sociales.

En la época Zapatero, también existieron coacciones contra periodistas que defendían con su pluma las medidas sociales, sanitarias y de educación. Todo el mundo lo sabe: ha ocurrido con Podemos y con el PP, PSOE, IU, Ciudadanos, etc.

Seguimos con ejemplos recientes: José María Aznar echando un euro, con menosprecio, a una reportera por una pregunta inadecuada. Esperanza Aguirre y su espontaneidad y excesos verbales vía sms contra algunos medios. Rafael Hernando y su grito de hiena –a los periodistas que informaron sobre la corrupción (tildada de organización criminal por el caso Taula) del PP valenciano, y sobre Rita Barberá, imputada.

Es ciertamente muy hipócrita la actitud de grandes medios y editoriales de comunicación que se dan golpes de pecho ante esta denuncia contra Podemos pero siguen fomentando extrañas y malévolas presiones contra sus redactores base. También los políticos del bipartidismo PP-PSOE han ejercido influencias coactivas, tales como “solicitud de cabelleras, amenazas a directores de diarios, retirada de publicidad institucional o privada bajo presión...”

¿Dónde estaba entonces la lucha por la libertad de expresión de la APM de Victoria Prego? _______________

Ángel Lozano Heras es socio de infoLibre