"No se conoce verdaderamente a una nación hasta no se ha estado en sus cárceles", decía Nelson Mandela, en una reflexión cercana a la de Dostoyevski, que vinculaba el trato a los presos con la verdadera calidad democrática. Cataluña sería la envidia de cualquiera de esos tiempos y latitudes, pero con algunos aspectos importantes que mejorar. De hecho, por eso el Parlament ha constituido un grupo de trabajo para revisar las políticas penitenciarias tras varios suicidios y un preocupante aumento del uso de la fuerza.

Precisamente el papa León XIV visitará este miércoles Brians 1, la cárcel catalana que "más denuncias ha recibido" por presuntos malos tratos, prácticas de aislamiento y el uso abusivo de las contenciones mecánicas —inmovilizar con esposas o correas—, según alerta la Xarxa Dret i Presó (Red Derecho y Prisión, en catalán), una plataforma integrada por diez entidades, algunas de cariz católico. La prisión, donde Robert Francis Prevost se reunirá con varias mujeres, alberga a 1.100 personas privadas de libertad y reúne todos los "síntomas de clara regresión, impropios de una sociedad desarrollada", según denuncia la severa carta enviada al pontífice, que resuelve que el sistema penitenciario catalán "no cumple los protocolos internacionales" y está "lejos" de cumplir el marco regulatorio.

Esas reclamaciones, formuladas en términos más suaves, llevan años planteándolas ERC, Comuns y CUP. Pero no fue hasta comienzos de mayo cuando el pleno catalán creó una subcomisión para diagnosticar las condiciones en las cárceles, donde este año ya se han suicidado cinco reos, tres de ellos en un centro de Figueres, cuyo director fue apartado por el Govern. "Abogamos por el régimen abierto (tercer grado), que se ha demostrado que reduce la reincidencia. Los funcionarios conviven más con los internos, pero es un riesgo que vale la pena", indica a infoLibre la diputada de Esquerra, Ana Balsera, una de las impulsoras del grupo de trabajo. Según explica, la aprobación de esta revisión del modelo penitenciario, con el apoyo de Junts y pese a la abstención del PSC, llega a raíz del informe de julio del pasado año del Comité Antitortura del Consejo de Europa, que instó a las autoridades a "reducir el uso desproporcionado de medidas de contención", una preocupación que ya había trasladado varias veces en la última década.

El partido de Balsera consiguió en marzo de 2021 aplicar la prohibición casi total de la contención mecánica, pero, solo un año más tarde, la nueva Conselleria de Justicia en manos de Junts volvió a autorizarla. En ese lapso de "contención cero" el departamento detectó un aumento del 45% de la violencia autoinfligida y del 31% de las agresiones a trabajadores. "Se ha reducido la agresividad con los años, pero las inmovilizaciones son necesarias en situaciones extremas. De lo contrario, estamos desamparados, nosotros y los presos", señala a este medio un funcionario de prisiones que replica la queja habitual de este gremio. Los datos de la propia Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) muestran, sin embargo, que, pese a las medidas de contención, las agresiones contra el personal se mantienen igual, o incluso aumentan: de 393 en 2021 a 699 el pasado año.

Hay un problema de fondo. "No se está tratando la salud mental dentro de las prisiones. Hay personas con trastornos graves encarceladas y eso dispara las contenciones mecánicas", señala el abogado penalista Marc Viu, quien ha tenido acceso a esas cifras de contenciones "que mezclan las de naturaleza de régimen y las psiquiátricas". Para el especialista en criminología, la falta de una defensa efectiva, —"en lugar de abogados públicos que se quitan casos con un juicio rápido"— provoca que muchas personas con riesgos psicosociales terminen en cárceles en vez de en recursos psiquiátricos. "La falta de medios en la Justicia" y "el deterioro de la salud mental" son otras de las denuncias incluidas por la Red Derecho y Prisión en su misiva al papa. Así lo percibe también el funcionario de prisiones entrevistado de manera anónima: "Cada vez vienen más internos con temas de salud mental, si no la mayoría. Nos falta personal para aplicar los protocolos".

Se refiere al Plan de Choque de Prevención de Suicidios, puesto en tela de juicio por unas tasas de suicidio que duplican a las de España y Europa, y que, de media, han aumentado en la última década. "Hay que potenciar más el tercer grado para prevenir suicidios", indica Viu, pese a que el sistema penitenciario de Cataluña, la única comunidad junto al País Vasco que gestiona sus centros, ha apostado más que el resto de España por el tercer grado frente al internamiento estricto. "El tercer grado rebaja la reincidencia, pero está mal explicado y mal entendido por la sociedad", afirma, "parece que es dejar delincuentes sueltos, y entonces no es atractivo políticamente vender esto".

Junts ha promovido un discurso de combate a la multirreincidencia, sobre todo en delitos menores, e impulsó una ley en el Congreso para endurecer las penas que se aprobó en febrero con el apoyo de PP y PSOE. Los socialistas pasaron de intentar derogar la prisión permanente revisable (una especie de cadena perpetua) a aceptar su ampliación. "El discurso en la calle, el auge de posturas ultra, mete presión sobre los temas penitenciarios y no favorece que haya un espacio reposado para explicar lo que significa pasar por prisión", concluye el abogado.

La visita del pontífice a Brians 1 pondrá el foco en la cárcel al menos por unas horas. Cuando se apaguen los reflectores, quedarán las personas privadas de libertad, los funcionarios, las correas, las condiciones y los desafíos que deben afrontarse con la altura política que exige definir la calidad de los derechos humanos de una nación. Que no es poca cosa. Que se lo digan a Mandela o a Dostoyevski.

Por más que pueda parecerlo, un policía no es una persona. Al menos, no una normal; una como usted y como yo. Si no me crees, prueba a pedirle la documentación a Paqui la del quinto cuando te la cruces en el descansillo, verás qué risas. En algún momento de nuestra gloriosa historia, alguien ideó una cabriola: dejemos el monopolio de la violencia en manos de unos señores que se pirran por ejercerla. Serán metahumanos, ¡avatares del Estado! Los requisitos para tan delicada tarea, purito trámite: un psicotécnico facilón, «haber, ¿va con hache o sin hache?» y toma, Manolo, la porra y un pistolón.

Miren, en un país civilizado, querer ser policía debería ser razón suficiente para que no olieses la placa. El reclutamiento, por toca. Este año, los conciudadanos cuyo de ene i remate en noventa y cuatro lucirán el uniforme azulito. Enhorabuena a los premiados. Tristemente, y como aún no se ha impuesto la sensatez, esta semana nos hemos desayunado con otra de esas actuaciones delicadísimas de los antidisturbios. Un gañán bien pertrechado arrolla a una profesora jubilada que se manifestaba en Valencia. La doña, se ve en el vídeo (si no llega a estar filmado, a nuestro mastuerzo le dan la Laureada de San Fernando), ponía en riesgo la seguridad de los españoles caminando parsimoniosamente por el filo de la calzada. ¡Gloria al héroe empujador!

Para aclarar el malentendido (la gente ve a un cabestro arrollando a una vieja y se piensa, neciamente, que ha visto a un cabestro arrollando a una vieja), una miríada de exégetas y talmudistas han salido a deshacer el entuerto. «Hay que verlo en perspectiva». ¿Isométrica? ¿Cónica? Ay, a cuantísimas sutilezas hay que prestar atención para enjuiciar la labor de los maderos. Los sindicatos policiales, gente cuyos logos parecen diseñados por un programador noventero hasta las cejas de anfetaminas, han convocado a sus portavoces más sagaces para explicarnos que la brutalidad policial es un mal necesario y que nuestro bienestar depende de que señores a los que se les atraganta el test de ortografía reglamentario sigan teniendo impunidad para descalabrar a un transeúnte de tanto en tanto. «La maestra jubilada», nos aseguran, «no sufre durante el toreo».

Las cuitas educativas trascienden el litoral. En Madrid, los chiquillos aprenden álgebra al borde de la ignición. ¡Vivan los niños galvanizados! Tiene su gracia: generaciones de muchachitos andaluces fundiéndose sobre el pupitre y tienen que sudar los madrileños para que la lipotimia cope los titulares. La novedad, sospecho, está en el recochineo. En el consejerito del ramo diciendo que se arremanguen las bermudas, que en el infierno siempre ha hecho calor y que si quieren educación pública pues… que se vayan a la privada. Mirémoslo por el lado bueno. La escuela te prepara para la vida: si sobrevives al aula burbujeante, el metro en hora punta te parecerá un vergel. 

Ha llegado el día. Este sábado 6 de junio llega León XIV a Madrid. Su visita a España ha ido calentando el ambiente en X y Bluesky, donde los usuarios han echado mano de la ironía para criticar su gira por varias ciudades del país. "El papa, en su visita a Madrid, bendecirá los áticos de Díaz Ayuso, ya que los consiguió gracias al Espíritu Santo”, ironiza @enrrita.bsky.social‬, "Madrid está para que envíen a un exorcista, no al papa", se cachondea @carlab.bsky.social. Para remate, se han tenido que talar seis árboles para colocar el escenario y la tribuna para la misa que dará en Cibeles, y eso ha desencadenado un aluvión de críticas hacia el PP: "El Ayuntamiento de Madrid vuelve a sacar el hacha. Califica de "trasplantes" la retirada de seis ejemplares en el entorno de Cibeles", critican desde @fravm.

¿Quién dijo calor? Los pobres niños de la Comunidad de Madrid se derriten en los colegios, pero en la Asamblea, el PP defiende que "el calor en las aulas puede ser fuente de inspiración". Estas palabras las pronunciaba el consejero de Cultura de Ayuso creando un incendio de respuestas y críticas en redes sociales, que claman por una solución ante este problema y el venidero aumento de temperaturas. "Qué pena que alguna filial de Quirón no venda aires acondicionados, si no, habría máquinas de aire hasta en los baños y pasillos de todos los colegios de Madrid", escribe @Ivanjode.

Esta semana Feijóo ha tanteado a Junts y al PNV para una moción de censura "instrumental" que saque a Sánchez y convoque elecciones. Junts le ha respondido que, si tiene una oferta seria, debe ir a Waterloo y planteársela directamente a Puigdemont. Las mofas sobre el tema han sido de lo más creativas y muchas han tirado de archivo para recordarle al líder del PP su postura con respecto a los independentistas. "Feijóo viajará a Waterloo escondido en el maletero de un coche", se ríe ‪@wilma78.bsky.social‬ en referencia a Puigdemont, que abandonó así España. "Los más jóvenes no lo recordaréis, pero si alguien negociaba con Junts o con Puigdemont, había que poner banderas en el balcón y manifestarse a gritos porque estaban rompiendo España tratando de formar un así llamado gobierno Frankenstein", ironiza @andrestrasado.bsky.social.

Una imagen ha dominado la denuncia en redes. La de un policía que se abalanza, empuja por la espalda y tira al suelo a una profesora jubilada que caminaba pacíficamente con los brazos cruzados mientras observaba a otros manifestantes que, como ella, habían salido a la calle para defender la educación pública. La indefensión de la agredida, las lesiones sufridas y la reacción de la mayoría de los sindicatos policiales han indignado a los usuarios de redes sociales que lo han denunciado y criticado en masa. "Las imágenes son las de una docente agredida por el fracaso escolar", valora @DonMitxel_I.

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“Todo nuestro apoyo al compañero y a su actuación. Si sales a cortar calles, te expones a que te retiren de ellas”. Es el mensaje que ha dejado uno de los principales sindicatos de la Policía Nacional, la Unión Federal de Policía (UFP), tras la publicación del vídeo en el que se puede ver como una de las manifestantes, una profesora jubilada de 68 años, es empujada por la espalda por uno de los agentes mientras se encontraba en la calzada, lo que provoca su caída contra el suelo.

Una línea de apoyo que también han seguido desde otro de los sindicatos, la Confederación Española de Policía (CEP). “El derecho a manifestarse no es absoluto. Es mentira lo de que está por encima de cualquier otra circunstancia. La seguridad es para todos. Y sobre todo si se está poniendo en riesgo vidas propias y ajenas cortando el tráfico”, han escrito en una publicación en redes sociales. Ambos mensajes, se han escrito como respuesta a las palabras de la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, en las que aseguraba que van a “investigar lo ocurrido”. 

“Tú no vas a investigar nada”, arremeten desde las dos organizaciones contra la representante socialista. Aunque los dos sindicatos con más representación dentro del Consejo de la Policía, JUPOL y el SUP, han mantenido en esta ocasión una posición más equidistante, toda la situación no ha hecho más que avivar la indignación de la sociedad. No solo se ha visto como un agente puede llegar a realizar este tipo de acciones sin grandes represalias, sino que recibe el apoyo de los sindicatos que les representan. 

Desde el Ministerio del Interior no se han querido pronunciar sobre lo ocurrido y han asegurado a este periódico que “no tienen nada que decir”, en respuesta a si van a realizar valoraciones de las palabras de estos sindicatos y si podrían tener alguna consecuencia. Lo que sí se ha conocido, es que desde la Dirección de la Policía Nacional se ha iniciado el procedimiento para abrir un expediente al agente.

“Esto no puede quedar en una simple sanción”, denuncia Manuel Soler, portavoz del Sindicato Reformista de la Policía (SRP), que aunque actualmente no tiene representación en el Consejo, ha sido el único que se ha posicionado de una forma clara mostrando su rechazo a lo ocurrido en Valencia.

“Los sindicatos de Policía están sufriendo una pandemia ideológica hacia la ultraderecha para conseguir aglutinar al máximo de representantes a través de decir la burrada más fuerte”, explica. Una situación que está llevando a que “miles de agentes” que están en contra de estas actuaciones “no puedan alzar la voz”.

“Se está amparando una agresión brutal”, asegura Soler, que defiende que esta es una situación que “se tiene que cortar de raíz”. “Esto es gravísimo, porque no se puede despreciar e insultar a un cargo público de esa manera”, añade. “La población está preocupada y nosotros más”. Desde el SRP también quieren mandar un mensaje a la mujer agredida para expresar “su solidaridad” y que en este momento están estudiando para desplazarse y apoyar “a las personas que se están manifestando en Valencia”.

En esta misma línea se ha pronunciado la plataforma de Policías Antifascistas, nacida a principios de este año justamente para defender los Derechos Humanos y frenar “los continuos intentos de apropiación por parte del aparato de la extrema derecha” de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en España.

“Nosotros lo consideramos una actuación desproporcionada y es normal que desde el activismo se entienda que desde la Policía van con más contundencia contra determinados grupos”, explica en conversación con infoLibre uno de sus representantes, Adrián Rodríguez.

Denuncia que “hay una falta de contundencia por parte de los sindicatos en una situación claramente de desproporción, que lo único que hace es distanciar a los activistas con la Policía”. “Entendemos que el agente, ya sea en el juicio o en su expediente, tendrá que defenderse de la manera que mejor vea, pero es difícil entender que un sindicato defienda a priori esta actuación viendo las imágenes”, añade. 

“No puede ser una defensa ciega a un compañero por simplemente ser policía. Es tan fácil como pedir disculpas, porque todos podemos tener un día peor o cometer errores”, asegura. Sobre las palabras que han dirigido a Bernabé, defiende que “un sindicato se supone que está para defender los derechos de sus trabajadores, por lo que hacer un señalamiento tan claro contra un cargo político es otra ida de mano más”.

Una mujer camina con los brazos cruzados, camiseta verde y pantalones vaqueros. No va acompañada, su ritmo es pausado y parece observar con calma a quienes como ella han salido a la calle para defender la educación pública. En ese momento, un policía se abalanza sobre ella, empujándola por la espalda y tirándola al suelo. Las imágenes sobre lo acontecido acreditan que la docente no suponía ninguna amenaza, nadie a su alrededor estaba en riesgo y no existía un contexto de tensión. Pese a ello, el agente no duda en aferrarse a la porra y cargar contra ella.

La delegada del Gobierno en Valencia, la socialista Pilar Bernabé, tachó la escena de "inaceptable" a través de un mensaje en redes sociales. "Vamos a investigar lo ocurrido de forma exhaustiva para depurar responsabilidades", añadió el mismo domingo. La Unión Federal de Policía (UFP) se apresuró a reaccionar: "Todo nuestro apoyo al compañero y a su actuación". No fue la única organización policial que ha respaldado públicamente al agente. Este mismo lunes, la Policía Nacional inició el procedimiento para abrir un expediente disciplinario al agente.

La actuación policial, calificada de desproporcionada de forma casi unánime, ocurre una semana después de que la Ertzaintza cargara en el aeropuerto de Loiu contra los activistas de la Flotilla Global Sumud de solidaridad con Palestina. El grupo de activistas aterrizaba después de haber sido interceptado por las fuerzas israelíes y tras haber denunciado episodios de tortura por tratar de defender los derechos de los palestinos. 

Los voluntarios de la Flotilla recibieron golpes por parte de los agentes, algunos fueron expulsados a rastras y retenidos contra el suelo a la fuerza. La operación se saldó con varias personas heridas y cuatro detenciones. Aunque el consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, habló en un primer momento de provocaciones por parte de los activistas, enseguida se comprometió a "aclarar cuanto antes los incidentes ocurridos y las responsabilidades que se pudieran derivar". El Ararteko, defensor del pueblo en Euskadi, abrió un expediente de oficio y centenares de personas se echaron a las calles para denunciar los abusos policiales y las conexiones entre la policía autonómica e Israel.

En este último punto se detuvo también Francesca Albanese, relatora especial de la ONU para los territorios palestinos ocupados. En redes sociales, pidió que los responsables "rindan cuentas" y compartió un artículo sobre los vínculos entre la policía vasca e Israel: "Se trata de los mismos policías que han recibido contratos de seguridad israelíes por valor de 1,6 millones de euros, entrenados por antiguos agentes del Mossad y equipados con tecnología de vigilancia israelí", escribe el periodista Ahmed Eldin.

Ya en el año 2007, Amnistía Internacional advertía del uso desmedido de la fuerza por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad. En su informe Sal en la herida: la impunidad efectiva de agentes de policía en casos de tortura y otros malos tratos la organización hablaba entonces de los obstáculos para denunciar actuaciones policiales desproporcionadas, investigaciones deficientes y sanciones irrisorias. Amnistía señalaba ya en aquel momento que no se trataba de hechos aislados atribuibles a algunos agentes particulares, sino de un problema estructural.  

Con el paso de los años no han sido pocas las organizaciones que han mantenido fija la mirada en el uso de la violencia policial contra los movimientos sociales y en la criminalización progresiva del derecho a la protesta, con la conocida como ley mordaza como principal instrumento represivo. 

El informe Diagnóstico del derecho a la protesta, publicado anualmente por la organización Defiende a quien Defiende, advierte en su última edición que el año pasado se documentaron "diversas tendencias en lo que respecta al uso de la fuerza y del material antidisturbios por parte de los cuerpos policiales que dibujan un cambio de paradigma en la manera de reprimir la protesta". 

Entre las más preocupantes, los autores destacan casos de malas prácticas "en el uso del bastón policial", no solo a través de "golpes de arriba hacia abajo y el impacto en zonas vitales del cuerpo, sino que el número de fracturas óseas se ha duplicado". En gran medida, sostienen, "esta violencia policial se ha documentado en protestas propalestinas en distintos puntos del Estado".

El análisis también se detiene en el uso de material especialmente nocivo como las balas de goma para reprimir protestas, entre las que el año pasado destacaron la huelga del metal en Cádiz o las acciones de boicot contra la Vuelta Ciclista en Madrid. "Cabe resaltar la dimensión cualitativa del empleo de este material, aun cuando su utilización pueda considerarse excepcional, ya que se ha demostrado que puede causar lesiones de especial gravedad, incluidas mutilaciones e incluso la muerte". Pero, además, en el marco de todos los casos identificados de personas heridas con pelotas de goma, "en ninguno se ha condenado al autor material del disparo", salvo en el asesinato de Iñigo Cabacas. 

Al nombre de este último lo acompañan otros muchos grabados en la memoria de los colectivos sociales, como el de Ester Quintana, quien perdió un ojo con una bala de goma; Patricia Heras, víctima mortal del conocido como caso 4F, o Mame Mbaye, un joven migrante que murió de un ataque al corazón tras una persecución policial.

Al análisis global es preciso sumarle el caso concreto de la violencia racial, un debate enquistado en suelo español que este mismo año ha vuelto a la palestra, a raíz de la detención de Serigne Mbayé, exdiputado autonómico y secretario de Antirracismo de Podemos. El análisis cualitativo Racismo policial en el Estado español, elaborado por Rights International Spain, advierte además de la existencia de una "postura predominante por parte de las administraciones públicas de no reconocer la existencia de un racismo institucional y estructural, sumado a una fuerte resistencia por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad de plantear el tema", lo que impide abordar el "racismo policial en toda su complejidad, niega las experiencias denunciadas por las personas afectadas y contribuye a perpetuar la impunidad".

"No son casos aislados, ni anomalías, ni errores". Habla Marco Fernández, portavoz del Movimiento Antirrepresivo de Madrid. "Se trata de una cuestión estructural y sistemática" que se expresa de forma visible a través de "episodios graves de malos tratos", expone en conversación con infoLibre. El activista recuerda que el Estado español ha sido condenado más de una decena de veces por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por no investigar casos de tortura, "en más de la mitad con Fernando Grande-Marlaska como juez de la Audiencia Nacional", enfatiza. "Hablamos de actuaciones sistemáticas y que gozan de impunidad", porque detrás hay un "aparato que lo ampara", añade Fernández.

El activista sostiene que es sencillo refutar la tesis de que la violencia policial es excepcional, simplemente echando un ojo a la respuesta de las asociaciones al episodio registrado este domingo en València. "No solo justifican la agresión, sino que lo hacen incluso cuando existe un vídeo. Qué ocurrirá cuando no hay una cámara delante", desliza.

A los casos de violencia explícita se añade otra herramienta represiva que se ha multiplicado de un tiempo a esta parte: las infiltraciones policiales en movimientos sociales. Son al menos trece en los últimos cuatro años. Se trata de agentes infiltrados en movimientos como las protestas por Palestina, las plataformas por la vivienda o las organizaciones independentistas.

Tres de esos agentes estuvieron infiltrados en el Movimiento Antirrepresivo de Madrid. "Es una forma más de represión, violencia política, control y acoso policial contra todo aquello que se escapa de sus márgenes", asiente Fernández. El activista recuerda que las infiltraciones no son un fenómeno novedoso, sino una práctica de largo recorrido para el control de las disidencias y los movimientos sociales. 

Coincide Paloma Linares. Ella pertenece a la organización Madres contra la Represión, donde otra agente de policía estuvo infiltrada durante años. "Era una persona muy conocida que llevaba participando en movimientos sociales desde hacía décadas", comparte al otro lado del teléfono. "Ni remotamente podríamos sospecharlo, era una compañera muy querida". 

Linares se pregunta los motivos por los que su organización pudo poner en alerta a las autoridades: "¿Qué actividad hacemos nosotras que sea ni remotamente peligrosa?", plantea. "Si nosotras hemos tenido a una persona infiltrada, cuántas más habrá". 

Esta "forma de represión" avalada por las instituciones no solo vulnera "los derechos fundamentales" de la sociedad organizada, sino que además lanza un mensaje aleccionador al resto de la población: "La gente tiene miedo, así que el resultado es que se desactiva la calle y la protesta", lamenta la activista. 

También Linares se revuelve contra la teoría de las manzanas podridas. "La violencia y la represión empeoraron con la ley mordaza y nunca desapareció", pero además se suma a la "violencia judicial" que ha recaído directamente sobre los hombros de activistas y sindicalistas, como ocurrió, cita, con Las seis de la Suiza, Los seis de Zaragoza o Los 16 de Berango. El problema, diagnostica Linares, es que "en este país no ha habido una depuración de las fuerzas policiales ni del poder judicial, no ha habido una purga de la herencia franquista".

La jornada festiva vivida por el deportivismo en A Coruña este domingo ante un partido clave por el ascenso se vio deslucida por la actuación policial. Con la ciudad engalanada con banderas con publicidad del Deportivo y de Estrella Galicia, y con una Fan Zone impulsada por el club donde se servían cervezas, agentes llevaron a cabo controles de alcoholemia que impidieron la entrada de varios aficionados al estadio de Riazor.

Con niveles de alcohol en sangre de 0,03 mg/l, 0,16 mg/l o 0,08 mg/l –que permitirían conducir un vehículo–, los aficionados fueron expedientados con amenaza de sanción de hasta 30.000 euros y expulsados del campo. Amparándose en la Ley del Deporte, que permite llevar a cabo estas acciones sin umbral ninguno de alcoholemia para la multa, la policía llevó a cabo unos controles inéditos hasta este pasado domingo en el recinto coruñés.

Fue en una bancada, la de Marathon, y en una de sus puertas. En el resto del estadio no hubo controles y en los palcos y zonas VIP se sirvió comida y bebidas alcohólicas con total normalidad, una contradicción que levantó aún más quejas en muchos aficionados.

Solo unas horas antes, y a la llegada del bus del Deportivo al estadio, la actitud de la policía ya había sido criticada por muchos aficionados, que reprocharon su obstinada insistencia en alejar a la gente, la intromisión de los furgones en el camino o que varios de los agentes cargasen bolas de goma y sacasen las porras ante la proximidad de los aficionados, entre los que había muchos menores. Poco después, también incautaron dos bombos de animación en el fondo de Marathon.

Todas estas circunstancias, relatadas por multitud de aficionados indignados, no pasaron desapercibidas para el Concello. La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, envió una carta al subdelegado del Gobierno de España, Julio Abalde, para "exigirle explicaciones" por el dispositivo de seguridad de un encuentro que, recuerda, "no fue declarado de alto riesgo por ninguna institución".

La alcaldesa asegura que ella misma pudo comprobar "con profunda tristeza y gran enfado, que se sobrepasaron ciertos límites que no atendían a ninguna necesidad real de garantizar la seguridad de las 30.000 personas que acudieron a Riazor".

"Acciones como las llevadas a cabo por la policía nacional durante el recibimiento pudieron incluso causar un problema real y muy desagradable", insiste Rey, que cree que "no están justificadas", al igual que "los registros y la incautación de material de animación dentro del estadio, o los controles aleatorios que se llevaron a cabo".

Por todo esto, Inés Rey pide a Abalde que "transmita" su "malestar a quien considere oportuno y que no se repitan hechos tan lamentables en lo que queda de temporada". "El comportamiento de la ciudadanía y del deportivismo fue ejemplar antes, durante y después del encuentro", dice la alcaldesa, que se ofreció al Ejecutivo central para "coordinar cualquier tipo de dispositivo que sea necesario poner en marcha con el fin de que cumplan el objetivo para el que son diseñados: garantizar la seguridad de todas las personas".

Saif Abukeshek fue secuestrado por el ejército israelí el pasado jueves 30 de abril en aguas griegas (a 1.000 millas de Israel) junto con otros integrantes de la Flotilla Global Sumud que se dirigía a Gaza para romper el bloqueo y llevar ayuda humanitaria. Tras su detención, declarada “ilegal” y “fuera de toda jurisdicción” por el Gobierno español, Abukeshek fue trasladado al centro de detención de Shikma, en la ciudad de Ashkelon, junto al activista brasileño Thiago Ávila. 

En menos de una semana, Ávila y Abukeshek han sido enjuiciados por un tribunal de sospechosas garantías, han guardado una huelga de hambre por “los malos tratos durante su detención” y han sufrido, según han denunciado, abusos y palizas. “Oíamos a diario los gritos de los prisioneros palestinos”, asegura Saif. 

Acaba de llegar a España, ¿cómo se encuentra física y anímicamente?

He perdido algo de peso por la huelga de hambre, pero por lo demás estoy bien.

Ha estado más de una semana secuestrado por Israel, ¿cómo ha sido este tiempo detenido de manera ilegal? 

Es no tener ningún control, estar humillado, abusado, insultado… Lo que lo que normalmente hace Israel. De lo que estoy seguro es que a nosotros no nos llegaron a tratar como al resto de presos.

¿En algún momento les explicaron a usted o Thiago por qué les retenían?

Nos acusaban de hacer actividades contra el interés del Estado de Israel. Colaborar con el enemigo en tiempos de guerra. Decían que éramos colaboradores de Hamás. Nos consideraban las dos figuras que representaban al movimiento y supongo que por eso nos detuvieron.

¿Cómo describiría lo que vivió en la cárcel de Shikma? ¿Cómo eran los interrogatorios?

Te levantan a las cuatro de la mañana para el recuento, luego a las seis para la comida. Te intentan obligar a comer. Te llevan al interrogatorio. Te recuerdan dónde estás, quién tiene el poder, quién controla, quién manda. Te dicen que no te van a dejar salir de aquí, que nunca vas a volver a ver a tu familia, a tu madre. Que si algún día sales van a estar detrás de ti, van a estar detrás de tu mujer, de tus hijos. 

En todos los interrogatorios estás atado a una silla que no puedes moverte. Te llevan a una visita con tu abogado y al cónsul. En todos esos movimientos vas con los ojos cerrados, con las manos y piernas atadas. Además, algún que otro interrogatorio puede durar hasta medianoche.

¿Fueron torturados física y psicológicamente? 

Físicamente nosotros no, pero si que fue una constante tortura psicológica. Solo con la propia situación intentan hundirte: estar en una silla atado, no poder moverte, el abuso verbal, los insultos, los gritos en tu cara, los juegos psicológicos… Creo que, en parte, tuvimos la suerte de tener respaldo mediático. No creo que fuéramos tratados como al resto de palestinos detenidos. Oíamos cada día sus gritos. En el barco tras ser arrestados, sin embargo, sí que recibimos violencia física. Se pueden ver las imágenes de nuestros compañeros.

¿Tuvieron algún tipo de contacto con el exterior? ¿Pudo contactar con su familia?

Con la familia nunca, los únicos contactos que tuve fue con la abogada, con el cónsul español y con el cónsul sueco. 

¿Cómo fue el proceso judicial?

No hemos pasado un juicio con cargos oficiales, sino una investigación abierta por parte del gobierno israelí. Para la primera extensión, solicitaron cuatro días y les dieron dos. Para la segunda, les dieron los seis días que pedían. Pero este no lo llegaron a completar y nos deportaron antes de que se cumpliera este periodo. 

¿Por qué iniciaron una huelga de hambre?

Inicié mi huelga de hambre en el primer momento. Yo lo anuncié directamente. Lo hice como protesta política contra una detención e intercepción ilegal. Tú ahí controlas solo tres cosas: comer, beber y hablar. El resto lo controlan ellos: cuánto duermes, dónde vas, cuánto tiempo te quedas.

¿Va a denunciar a Israel por el trato recibido?

Sí, por supuesto, aunque primero hablaré con mis abogados.

Ha expresado su deseo de volver a Gaza ¿Tiene miedo?

Tengo miedo. Toda la gente que participa tiene miedo. Toda la gente que participa tiene familias, pero lo que no podemos permitir es que el miedo nos impida hacer lo que nos toca hacer. Eso son dos cosas diferentes. tengo sentimientos porque soy persona, pero también un compromiso enorme con la humanidad y con el pueblo palestino.

El pasado viernes, 10 de abril, representantes de varias organizaciones de derechos humanos se reunieron con el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, para trasladarle su preocupación por la práctica de la tortura en España. Según denuncian en un comunicado, "sigue siendo una realidad incuestionable" que "se sigue llevando a cabo, si no de forma sistemática, sí con una frecuencia más que esporádica, según han reiterado varias instituciones internacionales de derechos humanos".

Durante el encuentro, las entidades trasladaron a Gabilondo su "preocupación por la impunidad de la que gozan los delitos de tortura en el Estado español" y le pidieron que impulsara "algún tipo de actuación ante las Cortes Generales a fin de que la representación pública valore la posibilidad de realizar actos de reconocimiento y reparación a las víctimas".

En concreto, las organizaciones reclamaron al Defensor del Pueblo que prepare un informe extraordinario sobre la tortura en España y lo presentara ante las Cortes Generales. Su petición se ampara en el artículo 32.2 de la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo: "Cuando la gravedad o urgencia de los hechos lo aconsejen [el Defensor] podrá presentar un informe extraordinario que dirigirá a las Diputaciones Permanentes de las Cámaras si éstas no se encontraran reunidas".

A esta solicitud, Gabilondo replicó que, como Alto Comisionado de las Cortes Generales, no puede realizar actuaciones que conlleven alguna forma de incidencia política; es decir, no puede conminar o dar órdenes a las Cortes ni a la presidenta del Congreso.

Asimismo, argumentó que para elaborar un informe de estas características necesitaría contar con los medios adecuados y con un encargo del Congreso de los Diputados. También recordó a los representantes de las organizaciones que la figura del Defensor del Pueblo no es la única institución encargada en exclusiva de la protección de los derechos humanos, remitiéndoles a otras instancias como la Ley de Memoria Democrática de 2022, la Fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática y a la Comisión de la Verdad (adscrita al Consejo de la Memoria Democrática).

Gabilondo afirmó, además, que deseaba “buscar caminos" para ayudar a estas organizaciones "en el tema de la tortura” y les aseguró que se pondrá en contacto con ellos.

Por su parte, los colectivos valoran "la reunión mantenida con el Defensor del Pueblo", al tiempo que manifiestan su voluntad de seguir trabajando para que la institución, "en el ámbito de sus competencias y dentro del marco establecido en el artículo 32.2 de la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo", elabore un informe sobre la tortura en el Estado español "que abarque, al menos, desde los años 1960 hasta la actualidad" y lo presente a las Cortes Generales.

"También queremos hacer un llamamiento a las agrupaciones y organizaciones sociales, en especial a las que trabajan en la defensa y protección de los derechos humanos, para que se sumen a esta iniciativa encaminada al reconocimiento, reparación y justicia de las víctimas de tortura y otras vulneraciones de derechos causadas por agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y de los funcionarios de prisiones", añaden en el comunicado.

La Plataforma ‘Libertad 6 de Zaragoza’ ha realizado una rueda de prensa en la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ) en el momento en que se cumplen dos años de las entradas de prisión. Si bien dos de ellos salieron en libertad el pasado mes de septiembre tras el indulto parcial aprobado por el Gobierno, otros dos continúan encarcelados.

Javitxu Aijón, uno de los indultados, ha indicado que “desde septiembre nos encontramos en libertad Adrián y yo, gracias a la gran movilización de varios años”. “Es también debido a esta presión popular por la que se ha logrado liberar a las 6 de la Suiza, en Gijón”, ha continuado. “Sin embargo, todavía quedan en prisión otros dos compañeros, Imad y Daniel, por lo que no podemos hablar de que la situación esté resuelta”. Asimismo, celebra que la gran movilización social haya conseguido que Imad esté en tercer grado penitenciario y sea tratado de su diagnóstico psiquiátrico.

Aijón ha recordado: “Adrián y yo estuvimos casi un año y medio encerrados por unas detenciones aleatorias y unas sentencias injustas sin más pruebas que la opinión policial, algo que nunca debería haber ocurrido”.

También ha lanzado una pregunta al tratarse del mismo caso para todos, las mismas detenciones y las mismas injustas sentencias: "¿Por qué a los otros dos jóvenes no se les ha liberado?”. “Consideramos que el objetivo del Gobierno es acallar la gran movilización y la oleada de protestas que este caso de represión política está generando como respuesta”, ha zanjado.

Por último, Javitxu Aijón ha señalado que el caso de los 6 de Zaragoza es fruto de un entramado político, judicial y policial pensado para el disciplinamiento de las clases populares. “No es un caso aislado, tenemos más ejemplos como los 7 de Somosaguas, las 6 sindicalistas de La Suiza, los 3 de Navalcarnero, Adri en Badalona, procesos judiciales contra activistas por Palestina, activistas de la vivienda, trabajadores de la huelga del Metal en Cádiz o Pablo Hasél”.

Por su parte, Pablo Rochela, portavoz de la plataforma ha recordado que la condena a los 6 de Zaragoza no se basa en ninguna prueba. “Se sostiene únicamente sobre la testimonio policial, con contradicciones durante el juicio y errores en la identificación de los acusados, por lo que los 6 de Zaragoza son presos políticos, ya que los únicos hechos probados son la participación en una manifestación”, ha aseverado.

El portavoz ha señalado al Gobierno como responsable directo de que dos de los 6 de Zaragoza sigan presos: “Tiene la capacidad y la obligación de liberarlos, además de que mantiene las leyes que permiten que se produzcan más casos como éste”.

También ha recordado que Amnistía Internacional es partícipe de esta alerta ante el aumento de criminalización de la protesta y la vulneración de derechos en el caso de los 6 de Zaragoza. Por su parte, el colectivo Defender a quien Defiende ha presentado un informe en el que asegura que las vulneraciones del derecho a la protesta aumentaron un 67% en el año 2025. Rochela ha mencionado también casos de racismo institucional, como la reciente muerte de Haitam en Torremolinos durante una actuación policial con pistolas táser, que ha generado gran indignación social y la judicatura ha archivado.

Ante toda esta situación, la plataforma hace un llamamiento a toda la ciudadanía para salir a la calle el sábado 18 de abril y participar en la cadena humana que comenzará al mediodía en la Audiencia Provincial de Zaragoza, y que concluirá con una concentración en la plaza del Portillo. Pablo Rochela ha informado de que en esta movilización exigirán “la inmediata puesta en libertad de los 6 de Zaragoza, la derogación de la Ley Mordaza, una reforma no punitiva del Código penal y el fin a las infiltraciones policiales en colectivos sociales”.

La condena que se impuso a los cuatro jóvenes en prisión de los 6 de Zaragoza asciende a cuatro años y nueve meses de cárcel por manifestarse en enero de 2019 ante los discursos de odio lanzados durante un mitin de Vox. Una condena que llegó tras cinco años de proceso judicial culminado con la condena del Tribunal Supremo y que ha generado miles de muestras de solidaridad en forma de firmas en apoyo al indulto, aportaciones económicas, mensajes en redes sociales y participación en manifestaciones y concentraciones en todo el Estado.

“Me cuidan mis vecinas, y no la policía”, empezó a martillear mi cerebro justo después de que los coches de la policía se llevaran a siete de mis vecinas y vecinos, entre ellos a Serigne Mbayé. Estas cosas raras que hace a veces la mente. Se me pegó la cantinela, como si fuera la canción del verano, acompañando a un zumbido de pensamientos alocados. 

Se supone que la policía tiene que velar por la seguridad de la ciudadanía. A lo mejor, algunos de los agentes se creen que eso es lo que están haciendo cuando paran por la calle a una persona porque es negra, solo porque alguien negro resultó sospechoso a los ojos de un viandante que supuestamente hizo una llamada. No sé.

Yo no creo que todos los policías sean malos, ni pretendo deshumanizarlos, como sostiene el presidente de la Jupol. ¡Qué va! Otra cosa es la institución, la estructura. Muy al contrario, me gustaría que los policías se humanizasen más y trabajaran la empatía. Todos los años, algún alumno mío, con el que tengo vínculo, al que he acompañado durante meses, o incluso varios cursos, decide que esa es su salida laboral. Y eso es lo que les digo siempre: “No olvides que quien tienes enfrente es una persona, igual que tú”. De hecho, el jueves por la tarde buscaba con la mirada por si acaso hubiera entre aquellos hombres, uniformados o de paisano, alguno al que yo hubiera aburrido con el sintagma nominal y pudiera escucharme, para parar toda aquella sinrazón. Pero no lo había. No había nadie que escuchara.

Me gustaría haberles podido explicar que aquello que estaban haciendo, tirar al suelo a mis vecinos, ponerles la rodilla en el cuello, pegarles con la porra, no me hacía sentir nada segura. Tampoco saber que gente adulta, presuntamente preparada para afrontar momentos de tensión, se deja secuestrar la amígdala por la adrenalina y toma decisiones en caliente, apresuradas y sin ton ni son. Ninguno fue capaz de tomar la iniciativa de intentar tranquilizar a sus compañeros. “Yo no he venido aquí a hablar con usted, señora”, me espetó uno de ellos, cuando intentaba yo pedirle que alguien pusiera un poco de cordura a lo que estaba pasando. Me entraron ganas de preguntarle a qué había venido entonces exactamente.

Perdónenme, señores policías, pero yo no me siento segura con ustedes, no me siento protegida. El patio de mi casa, en mi imaginación, antes estaba siempre presidido por balones de espuma (para no molestar al edificio de al lado en los tiros a canasta), por patinetes desperdigados, por un balancín en forma de unicornio, por las risas de las niñas y los niños. Ahora, está lleno de hombres uniformados dándome órdenes incomprensibles, abalanzándose sobre uno de mis vecinos, y enarbolando la porra sobre otra. No, yo no me he sentido cuidada, y no me siento segura después de su actuación. Ni un poquito. Tampoco creo que el hijo de uno de los detenidos, que presenció cómo tiraban a su padre al suelo y le pisaban el cuello; u otro, que vio cómo se llevaban al suyo esposado, después de haberse identificado como periodista, se sientan protegidos por el Cuerpo de Seguridad del Estado. Las personas racializadas, que constantemente tienen que armarse de paciencia para identificarse ante ustedes (aunque constitucionalmente solo tengan que hacerlo en determinados contextos) para demostrar que no son delincuentes, me atrevería a decir, desde mi privilegio blanco, que tampoco se sienten protegidas. Ni un poquito siquiera.

Si esto hubiera sido lo único que sentí aquella tarde de jueves, este artículo se titularía como la canción de N.W.A, Fuck the police. Afortunadamente, además de la desolación, la brutalidad y el sinsentido, ocurrieron otras muchas cosas. La primera, que mis vecinas y vecinos bajaron de sus casas, en pantuflas, para socorrer a uno de nosotros. Para documentar lo que estaba pasando, o para pedir “que alguien pare todo esto”, “dejadle respirar”. No se cruzaron de brazos ni fueron indiferentes ante el abuso. Por eso, en mi cabeza empezó a sonar el lema de las manifestaciones, “me cuidan mis vecinas, y no la policía”.

Enseguida se acercaron a echarnos una mano amigas a quienes les había llegado por redes el vídeo de El Salto. Se encargaron de las niñas y niños. Alguien les puso una película. Se les dio de cenar. Otros, nos pasaban nombres de abogados solventes. Nos ayudaron a recuperar un poco la calma. Nos dieron abrazos.

Frente a la comisaría, nos acompañaron en la indignación. Nos dieron más abrazos. Gritaron conmigo, bien fuerte, “me cuidan mis vecinas, y no la policía”.¡Qué ganas tenía de decirlo en alto! “Me cuidan mis amigas, y no la policía”. Todavía se me pone la piel de gallina al recordarlo.

A mí, a nosotras, a todas, nos cuida una comunidad fuerte. La comunidad intencional del edificio, pero también la comunidad del vecindario, del barrio. La gente que salió del supermercado y también increpaba a la policía. La farmacéutica, que se acercó a preguntar cómo estábamos. El edificio de al lado, que nos escribió para ofrecerse a ayudarnos en lo que necesitásemos. Las asociaciones de familias de los coles de nuestras criaturas, que enseguida se mostraron solidarias. Esas amigas médicas, que se preocuparon por las conmociones y los meniscos. Nuestras organizaciones ecologistas, feministas, antirracistas, políticas, de vivienda, los sindicatos amigos, antimilitaristas…, que no han dudado de nuestra palabra en ningún momento, que nos abrazaron en la comisaría (¡cuánto hemos agradecido los abrazos!), que aplaudieron cuando soltaron a nuestros vecinos, que nos ayudaron a mover comunicados… y que sabemos a ciencia cierta que están ahí, siempre, construyendo vínculos fuertes, y alternativas a este sistema ecocida e injusto. 

Me cuidan las periodistas que hacen bien su trabajo, que son fieles a la verdad y contrastan las fuentes y las versiones (no como los deleznables garbanceros amarillistas). Me siento segura con abogados comprometidos, los de este proceso (¡gracias!), y también otros que nos han dado recomendaciones certeras. Me siento protegida por toda esta gente. Por Serigne Mbayé, por supuesto, que una y otra vez pone su cuerpo para denunciar lo intolerable, aunque sepa de sobra a qué consecuencias injustas va a tener que enfrentarse.

Todas estas personas, y muchas más, me han hecho sentir segura. Me cuidan. Aunque pueda parecer sorprendente, mi balance de esa tarde, y de los días que la han seguido, es positivo. Pese a los nervios y el proceso judicial que se avecina. Se ha hecho visible una comunidad fuerte, que muchas veces nos pasa desapercibida. A partir de ahora, cuando me venza el desaliento por el avance de la extrema derecha, cuando me parezca imposible que esté pasando lo que está pasando en Gaza, Líbano, Irán, Sudán… echaré mano del recuerdo de esta red comunitaria a veces invisibilizada, pero constante y potente. Estas vecinas, estas amigas que me cuidan, que nos cuidamos, me hacen sentir que la alternativa está ahí, viva, creciendo. Que vale la pena seguir construyendo. Cuando me parezca que no hay esperanza, cantaré bien alto, para darme ánimos: “me cuidan mis amigas, y no la policía”.

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Berta Iglesias Varela es integrante de Ecologistas en Acción y vecina.

El exdiputado de Podemos en la Asamblea de Madrid Serigne Mbaye ha asegurado este domingo que denunciará el "racismo" y la "violencia policial" que afirma que sufrió durante su detención el pasado jueves en la capital y ha instado además a parar la "persecución" que sufren "miles de personas" por motivos raciales.

"Va a haber denuncia segurísima. De eso no hay duda. Por la violencia, por el racismo, por todo lo que ha pasado", ha declarado a los medios durante una concentración en Madrid convocada por colectivos antirracistas y de migrantes tras su detención para protestar por el "racismo policial".

Mbaye afirma haber sido víctima de una "redada racista" cuando fue detenido el pasado jueves por agentes de la Policía Nacional junto con otras seis personas y puesto en libertad horas después.

La versión policial niega este tipo de redada y asegura que Mbaye fue detenido tras enfrentarse a la policía para tratar de impedir la detención de un sospechoso, después de que dos agentes de paisano detectaran a dos jóvenes tratando de robar un vehículo.

Al final de la concentración de este domingo en el madrileño barrio de Lavapiés, a la que ha asistido la líder de Podemos, Ione Belarra, ha irrumpido el exdiputado y actual secretario antirracismo de la dirección del partido, que micrófono en mano ha instado a parar la "persecución" que sufren "miles de personas" por motivos raciales.

"Vamos a seguir con pasos firmes, no vamos a rendirnos nunca ante el racismo y las violencias policiales, no nos da miedo", ha exclamado Mbaye, que ha recordado otros casos de detenciones.

"Siempre la misma excusa. Siempre tenemos la culpa, no es verdad. Las mentiras las tienen que investigar", ha añadido el exdiputado, que ha agradecido el apoyo recibido.

La concentración, a la que han asistido alrededor de 200 personas (cien según datos de la Delegación del Gobierno), ha estado presidida con una pancarta con el lema 'Frente al racismo institucional resistencias antirracistas'.

Los asistentes han coreado lemas como "Marlaska, dimisión", en alusión al ministro del Interior, y "No es un caso aislado, es racismo de Estado", "Basta ya de racismo policial" o "Ningún ser humano es ilegal".

Además, los convocantes, de asociaciones como SOS Racismo y el sindicato de manteros de Madrid, han leído un manifiesto en tres idiomas (español, francés y wólof) en el que han denunciado que la detención de Mbaye no ha sido un "error de protocolo" ni un "hecho aislado" sino "una manifestación brutal de racismo institucional".

Con el texto, han pedido la depuración de responsabilidades políticas y la apertura de una investigación judicial independiente sobre lo ocurrido el pasado jueves, al tiempo que han hecho un llamamiento a la "resistencia colectiva y popular antirracista".

"No nos callarán hasta que se garantice que ningún cuerpo sea violentado por el racismo de Estado", han apuntado.

La Delegación del Gobierno en Madrid señala que la actuación policial en el distrito de Usera-Villaverde en la que fueron detenidas siete personas, entre ellas el exdiputado regional de Podemos Serigne Mbaye, se enmarcó en las funciones de prevención, identificación e intervención ante una situación que escaló de tensión por la negativa y resistencia de varios implicados.

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, manifestó en su perfil de X que se trabaja "siempre para que en las calles de Madrid se cumpla la ley. Colaborar con la policía es un deber ciudadano y la acción policial siempre ha de ser garantista y proporcionada. Es el marco de convivencia y seguridad del actual Estado de Derecho, y nuestro compromiso es defenderlo".

Ahora, Delegación y Policía mantienen abierta la investigación sobre lo sucedido y se ha dado traslado del atestado a la autoridad judicial, después de las imágenes de cómo se procedió a la detención del exdiputado. Según las fuentes de la Delegación del Gobierno, la Policía Nacional actuó en respuesta a un requerimiento ciudadano, en el ejercicio de sus funciones de prevención, identificación e intervención ante una situación que fue escalando por la negativa de uno de los implicados a colaborar y por la resistencia posterior de varias personas.

Según Delegación del Gobierno, lo sucedido este jueves se enmarca en un delito frecuente en la zona y para el que desde hace tiempo hay activado un dispositivo policial específico, apuntan e indican que, ya en el lugar, los agentes trataron de identificar a los dos sospechosos que intentaban robar un vehículo en la vía pública.

Uno de ellos se identificó sin incidentes, mientras que el otro se negó reiteradamente, mostró una actitud de enfrentamiento con la Policía y trató de huir, lo que obligó a la intervención para evitar su fuga.

Cuando los agentes impidieron que accediera a un portal, esta persona comenzó a pedir ayuda a los vecinos. A partir de ese momento, varios de ellos bajaron a la calle y se produjo una situación de tensión en la que también se enfrentaron a los agentes, aseguran fuentes de la Delegación.

En este punto, y todo según el relato que el Gobierno ha comunicado de estos hechos, los policías solicitaron refuerzos que permitieron reducir y detener a un total de siete personas, entre ellos a Mbaye, en unos enfrentamientos que dejaron cinco policías heridos leves.

Todas las detenciones se realizaron por atentado a la autoridad y lesiones y sobre la 1:30 horas de este viernes los siete arrestados fueron puestos en libertad.

"Desde esta Delegación y desde la Policía Nacional se va a continuar trabajando para garantizar la adecuación y proporcionalidad de las actuaciones policiales, preservando el cumplimiento de los derechos y deberes de todos los ciudadanos que corresponden a nuestro Estado de Derecho", asegura Delegación del Gobierno en un comunicado.

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, ha exigido explicaciones al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y ha pedido que dentro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado "se depuren las responsabilidades pertinentes" tras la "brutalidad policial" que asegura que hubo durante la detención de Mbaye y otras seis personas en lo que considera una "redada racista".

"Evidentemente, el máximo responsable es el ministro del Interior. Hace muchísimo tiempo que venimos exigiendo al señor Marlaska un giro radical en el seno de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Continuaremos exigiéndoselo", ha dicho, al tiempo que ha instado al ministro a dar de forma urgente "muchas explicaciones".

En este sentido, ha anunciado que Podemos presentará en el Congreso una batería de preguntas para esclarecer lo sucedido y "depurar las responsabilidades pertinentes" sobre la detención de quien fue diputado de Podemos en la Asamblea de Madrid y en la actualidad forma parte de la dirección estatal como secretario antirracismo.

Su formación va a registrar también una proposición no de ley para pedir una investigación "independiente" y solicitar que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado "dejen de llevar a cabo redadas racistas basadas en perfil étnico" y reciban "formación en antirracismo".

"En Estados Unidos vemos cómo funciona el ICE, la policía nazi de Trump, y lamentablemente, en España estamos viendo también que se dan comportamientos análogos a lo que sucede en Estados Unidos con el ICE", ha denunciado.

Podemos ha denunciado la detención de su exdiputado en la Asamblea de Madrid y activista antirracista Serigne Mbaye en una "redada racista" en la puerta de su domicilio, situado en el distrito de Villaverde (Madrid).

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha exigido "la inmediata puesta en libertad de Serigne Mbaye, militante por los derechos de las personas migrantes y miembro de Podemos".

"Basta ya de hostigamiento, basta de persecución policial por el color de piel y por defender la justicia social", ha señalado Belarra en redes sociales.

También, Pablo Fernández, secretario de organización y portavoz del partido ha reclamado su libertad: "Son inaceptables las redadas racistas y la persecución policial por el color de la piel. Marlaska es el máximo responsable de esta vergüenza".

Desde el partido morado denuncian "el racismo policial que cada día sufren en nuestro país millones de personas racializadas", explican fuentes de la formación.

Según la versión policial, el incidente comenzó cuando dos agentes de paisano detectaron a dos jóvenes de color que trataban de robar un vehículo.

Cuando fueron a identificarlos, uno de ellos huyó y se refugió en un local donde varias personas se enfrentaron a los agentes para tratar de impedir su detención, aseguran a EFE fuentes policiales.

En el enfrentamiento, en el que según esas fuentes un policía resultó herido leve, los efectivos detuvieron a siete personas, entre ellos el exdiputado autonómico.

Según ha publicado El Salto uno de sus periodistas, vecino de la zona, también ha sido detenido en un dispositivo formado por agentes de paisano y Policía Nacional y que ha sido grabado por varios vecinos.

El propio Mbaye denunciaba hace un mes el hostigamiento continuo de la Policía en la calle: "No me arrugo a la hora de denunciar esas prácticas, es persecución, no van a parar y no voy a callarme".

El ex diputado de la Asamblea madrileña también explicaba que lo había denunciado en la delegación de Gobierno de Madrid, el Defensor del Pueblo y el Ministerio del Interior

"No es casual de que me pare con tanta frecuencia la Policía, es un hecho que demuestra claramente que van a por mi", concluía.

Nacido en Senegal, Serigne Mbaye reside en España desde hace años. Fue portavoz del Sindicato de Manteros y miembro de la Asociación de los Sin Papeles, ha sido diputado de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid y secretario de Antirracismo del partido.

Ha participado activamente en protestas y movilizaciones contra el racismo y la violencia policial, especialmente en el barrio madrileño de Lavapiés, donde ha denunciado actuaciones que considera de carácter racista. 

Los letrados del ex director adjunto de la Policía (DAO) José Ángel González sostienen que la agente que le denunció por presunta agresión sexual solo quiere "causar el mayor mal" y argumentar que había una relación de jerarquía entra ambos para poder percibir una jugosa pensión.

En un escrito presentado ante el juzgado especializado en violencia sobre la mujer que investiga al ex número dos de la Policía Nacional, los letrados de la defensa se refieren a las declaraciones que prestaron ante el juez el pasado martes tanto González como la agente para pedir que se aperciba al letrado de la acusación por revelar públicamente el contenido de las actuaciones, informan a EFE fuentes judiciales.

En concreto los letrados solicitan que se le aperciba "para que se abstenga de realizar nuevas manifestaciones públicas que revelen, tergiversen o valoren el contenido de la presente instrucción, especialmente cuando dichas manifestaciones son contradictorias con lo realmente ocurrido en el procedimiento y con la propia solicitud de plena reserva formulada por dicha representación, lo que compromete el carácter reservado" del proceso.

Sostienen que ese letrado, Jorge Piedrafita, trasladó el contenido de las declaraciones "de manera claramente selectiva y contando falsas verdades", omitiendo deliberadamente "todas aquellas partes de las declaraciones y del contenido del audio que evidencian las múltiples contradicciones" en las que incurrió la agente.

Y concluyen que se presenta como víctima "una persona que sube al domicilio por propia voluntad con un arma reglamentaria; que permanece por propia voluntad; requiriendo continuamente información de forma inquisitiva; que se le invita varias veces a marcharse; que adopta una actitud cariñosa; que requiere que se le preste más atención; que recrimina que no se le haga caso y que se despide con un 'adiós cariño nos vemos el domingo'".

"La realidad es que es una persona celosa, posesiva y resentida con la única intención de causar el mayor mal a mi mandante y, que en caso de conseguir una impensable sentencia condenatoria, poder recibir hasta el 200 % de salario (...) por su más que probable jubilación", añaden.

Ese es el motivo por el que la agente insiste en decir "que estaba en acto de servicio acatando órdenes de alguien que ni siquiera es su superior jerárquico, como ella misma reconoce", aclara el escrito, que añade que la agente manifestó que "ya había denunciado en varias ocasiones a otro compañero con el que había mantenido otra relación de afectividad con pésimo resultado judicial".

La defensa detalla que la agente reconoció que fue al piso del exDAO voluntariamente, porque quería saber si él le mentía sobre otras supuestas relaciones con mujeres, y que no abandonó el lugar porque quería explicaciones.

Explica que en la declaración la agente negó inicialmente que dijera a González "nos vemos el domingo" y no recordaba si dijo "adiós cariño", como se escucha en el audio que ella aportó a la causa, y sobre el que el juez preguntó a ambos en varias ocasiones.

También reconoció que tras la supuesta agresión sexual ella llamó a González, aunque niega que lo hiciera hasta seis veces, como refleja un documento aportado a la causa por su abogado, detalla el escrito.

Sobre las declaraciones que hizo el letrado de la agente, en las que se aseguraba que en el audio se escuchaba una cremallera de un pantalón, el escrito de la defensa dice que la agente reconoció que su pantalón era de botón y ese sonido "nítido y prolongado" compatible con el de la cremallera de la riñonera que la agente llevaba con una pistola dentro.

Por todo ello los letrados de la defensa, ejercida por José Carlos Velasco e Ignacio Fúster, piden al juez que aperciba al abogado de la acusación "para que se abstenga de realizar nuevas manifestaciones públicas que revelen, tergiversen o valoren el contenido de la presente instrucción", como lleva haciendo "desde que se filtró la querella en los medios de comunicación hace ya más de 1 mes", con "más de cuarenta intervenciones públicas relativas al contenido de la misma y al contenido del audio aportado".

Al otro lado del teléfono se oye la voz de un “niño que ha dejado de serlo”, según dicen sus allegados. “Abrí la puerta del coche y pedí ayuda gritando: ‘¡Han matado a mi familia!’ Un soldado se acercó y me cogió del pelo. Me tiró al suelo gritando a sus compañeros: ‘¡Hemos matado a unos perros!’ Luego se arrodilló sobre mí y empezó a pegarme. También quiso pegarle a mi hermano pequeño, Mustafa. Me interpuse con todas mis fuerzas. Después, los soldados me metieron en un jeep. Me registraron y me preguntaron quién estaba conmigo en el coche. Respondí: mi madre, mi padre y mis hermanos. Me llamaron mentiroso”.

Jaled, de 11 años, cuenta a Mediapart, con voz monótona, el asesinato de su padre, Ali Bani Odeh, de 37 años, de su madre, Waed, de 35 años, de sus hermanos, Mohamed, de 5 años, y Othman, de 6 años, en la noche del sábado 14 al domingo 15 de marzo, por una unidad de la policía de fronteras, dependiente del mando central del ejército israelí.

Es esa misma unidad la que, el 27 de noviembre de 2025, fue filmada en Jenín ejecutando a quemarropa a dos palestinos que se habían rendido con las manos en alto, y cuyo comandante fue ascendido al día siguiente por el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir.

La familia Odeh regresaba toda contenta a Tamún, donde vive, en el norte de la Cisjordania ocupada, tras haber cumplido uno de los rituales favoritos de los niños: comprar ropa nueva en Nablus, la gran ciudad, para celebrar la próxima fiesta del Eid al-Fitr, que marca el final del Ramadán, el mes de ayuno en la religión musulmana.

También habían celebrado el regreso del padre tras varias semanas de ausencia: trabajaba en una obra de construcción en Israel. En la parte trasera, los niños dormían o dormitaban cuando, hacia la 1:30, el coche fue ametrallado con fusiles de asalto al llegar a la localidad de 15.000 habitantes. El centenar de casquillos encontrados en el lugar da testimonio de la lluvia de disparos.

“Surgieron de la oscuridad unos hombres, de las calles de los alrededores, y nos dispararon sin previo aviso”, dice Jaled. Todo sucedió “tan rápido” que asegura que “no tuvo tiempo de sentir miedo”. Sentado en el asiento trasero, en el medio, su hermano Mohamed fue el primero en desplomarse. Murió en el acto. Luego fueron Othman y los padres.

Cuando oyó a su padre recitar la shuhada, la oración que atestigua su fe en el islam, y sobre todo cuando este le gritó: “Sé un hombre, hijo mío, la responsabilidad de nuestra familia recaerá sobre ti”, Jaled comprendió que estaba a punto de suceder lo irreversible.

Ahora es huérfano, superviviente del tiroteo junto a su último hermano, Mustafa, de 8 años, en la casa de los abuelos, que está en puro trasiego. La gente acude en masa desde los alrededores para presentarles sus condolencias. El domingo, cientos de personas acompañaron el cortejo fúnebre por la ciudad. Jaled está en estado de shock, de estupor. Recuerda las palabras, los gestos, los rostros, el único grito de su madre, el silencio de sus hermanos pequeños.

“Repite como un robot lo que la gente le dice: que debe ser un hombre, fuerte, que no necesita ver a un psicólogo, que su familia es mártir, que irá al paraíso, que el destino de nuestro pueblo es resistir. Pero es un niño que ha visto cómo ejecutaban a su familia ante sus ojos y que ve cómo se derrumba su mundo”, confiesa Fares Furqha, quien le acompaña durante nuestra entrevista e investiga para una ONG palestina las circunstancias de esta nueva tragedia en Cisjordania.

Para las autoridades israelíes fue “un incidente”, y dicen que se está llevando a cabo una investigación. Según ellas, los soldados israelíes, que llegaron a Tamún a primera hora del día, buscaban a militantes palestinos acusados de actividades terroristas. Al parecer, abrieron fuego para protegerse del padre de Jaled, que habría acelerado en su dirección.

“Una explicación absurda para encubrir el enésimo asesinato a sangre fría de personas inocentes”, denuncia Murad Jadallah, que fue investigador jurídico de la organización de derechos de los presos Addameer. “La familia Odeh no podía saber que había policías israelíes, pues estaban infiltrados, vestidos de civil, en vehículos con matrículas palestinas, según los testimonios”.

El lunes, más de treinta y seis horas después de los hechos, el departamento del Ministerio de Justicia encargado de investigar las faltas profesionales de la policía aún no había citado a los agentes implicados en este cuádruple asesinato, señalaba el diario Haaretz.

”El hecho de que los agentes infiltrados implicados en el incidente aún no hayan sido interrogados contrasta con la práctica habitual en casos similares”, escribe el diario israelí. “Por regla general, los agentes implicados en este tipo de incidentes son interrogados de inmediato para impedir que los sospechosos coordinen sus versiones o falsifiquen las pruebas en el lugar del crimen.”

Para Shawan Jabarin, director de Al-Haq, la ONG palestina de defensa de los derechos humanos más antigua, “no habrá justicia ni garantías procesales”. “La impunidad es total, tanto si eres militar como colono”, denuncia el activista. “Si disparas para matar a un palestino, no tienes nada que temer. Puede incluso que seas recompensado por tus superiores.”

Relata la proliferación de abusos y humillaciones perpetrados por los colonos y el ejército israelí en Cisjordania, la expansión de los asentamientos, las redadas en las casas palestinas, las detenciones arbitrarias de adultos y niños, los desplazamientos forzados de la población, la restricción de la libertad de movimiento, los robos de tierras y ganado, y la apropiación de los recursos hídricos.

“Cada vez que un acontecimiento llama la atención de los medios internacionales, los colonos y el ejército aprovechan para intensificar sus ataques”, señala Shawan Jabarin. “Lo vimos durante la pandemia del covid-19, después del 7 de octubre y ahora con la guerra contra Irán. Israel no solo quiere impedir la creación de un Estado palestino. Quiere empujarnos a marcharnos, a abandonar nuestras tierras. Vivimos lo que ya vivieron nuestros antepasados antes de 1948: la limpieza étnica de Palestina.”

“Vivimos aterrorizados. Ya no son pequeños grupos de colonos los que atacan un pueblo o a los palestinos”, coincide Murad Jadallah, “sino manadas enteras. Vienen cincuenta, cien, con armas pesadas, morteros de fragmentación y el apoyo y la protección del ejército.”

Desde el inicio de los bombardeos israelo-americanos sobre Irán el 28 de febrero, en Cisjordania han sido asesinados al menos once palestinos a manos de militares o colonos israelíes. A principios de marzo, en el espacio de una semana fueron asesinados cinco palestinos por supremacistas israelíes. Se suman a los cientos de muertos, entre ellos más de doscientos niños, asesinados desde el 7 de octubre de 2023 en este territorio ocupado desde 1967, que no deja de ser fragmentado por la colonización.

El martes 17 de marzo, la Organización de las Naciones Unidas instó a Israel a detener inmediatamente la expansión de sus colonias, que ha provocado el desplazamiento forzoso de más de 36.000 palestinos en un año. El informe de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos señala “una expulsión masiva de palestinos de una magnitud sin precedentes”, “que coincide con el desplazamiento masivo de palestinos en Gaza”, y que “parece indicar una política israelí concertada de traslado forzoso masivo” en todos los territorios ocupados, “lo que suscita preocupaciones respecto a una limpieza étnica”.

La zona C en particular, codiciada por la extrema derecha israelí y bajo control total de Israel en materia de seguridad y administración, que representa más del 60 % de la superficie de Cisjordania y concentra las mayores riquezas, se ha vuelto “inhabitable”, explica Shawan Jabarin. “Los ataques de los colonos son masivos y diarios. Decenas de comunidades beduinas han sido obligadas por los colonos a abandonar sus montañas.”

El activista se muestra preocupado por las restricciones de circulación en Cisjordania, aún más drásticas desde la guerra contra Irán. En las carreteras que utilizan los habitantes, las ambulancias y el tráfico comercial, Israel ha instalado cientos de barreras y puestos de control, lo que agrava la pesadilla diaria de desplazarse y dificulta las intervenciones de emergencia. “Cada barrio se ha convertido últimamente en una auténtica prisión, ya que incluso las carreteras de circunvalación y los caminos secundarios están cerrados con candados”, afirma Shawan Jabarin.

En la noche del sábado 14 al domingo 15 de marzo, las ambulancias tardaron más de veinte minutos en recibir autorización para intervenir, según la Media Luna Roja Palestina. “Toda una eternidad” para Jaled y Mustafa, heridos, que esperaban ser trasladados al hospital. Las personas que recuperaron los cuerpos de sus padres y hermanos, acribillados a balazos, sobre todo en la cabeza y la cara, tardaron aún más en obtener el visto bueno de las autoridades israelíes. Estas, en cambio, retiraron el coche a toda prisa, escenario del crimen.

Al soldado que lo había sacado violentamente del vehículo, Jaled le hizo una pregunta: “¿Quieres a tu madre y a tu padre?”. El militar respondió: “Sí”. Jaled le preguntó entonces: “¿Por qué habéis matado a mi madre y a mi padre?”. La respuesta fue una lluvia de golpes.

Desde el 28 de febrero, por primera vez y en pleno Ramadán, Israel mantiene cerrada la mezquita de Al-Aqsa, tercer lugar santo del islam, situada en Jerusalén Este, con el pretexto de la guerra contra Irán. Los fieles se ven obligados a rezar en las calles, fuera de los muros de la ciudad vieja de Jerusalén. Un cierre total, mientras que el acceso al Muro de las Lamentaciones, el lugar de oración más importante para los judíos, solo está restringido. Los fieles pueden rezar allí con un límite de cincuenta personas.

“Los israelíes nunca habían ido tan lejos”, condena Shawan Jabarin, director general de la ONG palestina Al-Haq. “No lo hacen por razones de seguridad, sino por motivos políticos e ideológicos. Quieren afianzar su dominio sobre los lugares sagrados y sentar un precedente para que Al-Aqsa quede reservada exclusivamente a los judíos, como hicieron en 1994 con la mezquita de Ibrahim, en la Cisjordania ocupada, en Hebrón, bajo control total israelí.” En aquel momento, tras la masacre de veintinueve fieles musulmanes a manos de colonos ese mismo año, el 63 % del recinto se asignó a los fieles judíos y el 37 % a los musulmanes.

Traducción de Miguel López

Un juez de Madrid interroga este martes al ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional José Ángel González y a la inspectora que denunció que la había agredido sexualmente en una vivienda oficial del Ministerio del Interior en abril de 2025, según informa EFE. 

Justo un mes después de que se conociese públicamente la querella, la investigación que dirige el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid acoge este martes una jornada clave con el interrogatorio de ambos.

El magistrado ha citado a la inspectora para que se ratifique en la querella en la que denuncia que el ex número dos de la Policía la agredió sexualmente en una vivienda oficial propiedad del Ministerio del Interior a la que fue presionada a acudir, estando de servicio, el 23 de abril de 2025. También aportó ante el juzgado "un listado de llamadas" por parte del exDAO, pantallazos de los mensajes que recibió por Whatsapp, y una "grabación de los audios" que realizó y que, según manifestó su abogado, Jorge Piedrafita, sustentan los hechos que denuncia. 

La querella subraya las "negativas inequívocas, claras y persistentes" de la agente, alude a la "violencia física" y a la "intimidación ambiental", y denuncia la "situación de aislamiento, superioridad física y autoridad ambiental". Un relato sobre el que declarará por primera vez ante el juez el comisario principal de la Policía José Ángel González, ya jubilado, que renunció al cargo de máximo jefe operativo del cuerpo -que regentaba desde 2018- al hacerse pública la querella.

Este hecho generó una crisis en la institución y la suspensión de otro mando, el comisario Óscar San Juan, a quien la inspectora acusa de coacciones.

A la espera de conocer su declaración, los abogados del exDAO, José Carlos Velasco e Ignacio Fúster-Fabra, ya remitieron un escrito al juzgado en el que sostienen que las conversaciones que se escuchan en el audio aportado por la inspectora "no encajan" con el delito de agresión sexual, sino con una relación de confianza en la que ella demuestra "un ataque de celos". 

La defensa de González también denunció el "perjuicio grave e irreparable" que le ha causado la "exposición mediática del procedimiento" tras las numerosas apariciones del abogado de la inspectora en medios de comunicación, a quien acusa de alimentar públicamente "un juicio paralelo".

A su vez, el abogado de la inspectora ha pedido al juez que abra una pieza separada para investigar, por un presunto delito de revelación de secretos, la posible filtración a los medios de un escrito de la defensa que incluía la identidad de la querellante.

El Ministerio del Interior ha nombrado al comisario principal Jose Santafé Arnedo, actual jefe superior de Islas Baleares, como nuevo director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, el máximo cargo de un uniformado en el cuerpo, tras la renuncia de José Ángel González, denunciado por un delito de agresión sexual, según informa EFE.

Es uno de los 89 comisarios principales frente a las 22 mujeres que podían optar al puesto que desde el 18 de febrero -un día después de la dimisión de González- asumió de forma temporal y como contempla la normativa, la responsable de la Subdirección de Recursos Humanos, en este caso, la también comisaria principal Gema Barroso.

A propuesta del director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha elegido a Santafé Arnedo, de 61 años, tras presentar su candidatura al puesto de máximo responsable operativo de la Policía Nacional abierto hace siete días.

Según informa el Ministerio del Interior, Santafé Arnedo ingresó como alumno de la escala ejecutiva de la Policía Nacional en 1990. Como inspector de policía ocupó diferentes puestos de trabajo en el ámbito de la seguridad ciudadana, policía judicial y extranjería en las jefaturas superiores de Madrid en Islas Baleares.

De hecho, coincidió con la actual secretaria de Estado de Seguridad, Aína Calvo, que ostentó entre febrero de 2020 y diciembre de 2023 el cargo de delegada del Gobierno en Baleares. En su toma de posesión como número dos de Interior el pasado mes de junio, tanto el jefe superior de Balares como el jefe de la comandancia de la Guarida Civil en este archipiélago acudieron a arroparla.

En 2005 ascendió a inspector jefe y en 2012 a comisario. En esta categoría asumió responsabilidades en las jefaturas superiores de Canarias y de nuevo en Baleares. En el año 2020 alcanzó la máxima categoría en la Policía Nacional (comisario principal) y desde el mes de julio de 2022 desempeñaba el puesto de jefe superior en esta jefatura.

Es diplomado en Magisterio por la Universidad Complutense de Madrid y ha realizado numerosos cursos y jornadas formativas relacionadas con la actividad policial como delitos de odio, dirección estratégica de la seguridad pública, cooperación internacional en políticas de seguridad, liderazgo, y transformación digital en la Policía Nacional, entre otras. El comisario principal Santafé Arnedo ha recibido además numerosas condecoraciones y reconocimientos por su trayectoria profesional.

En los últimos días se especulaba con la posibilidad de que Interior eligiera a una mujer para esta máxima responsabilidad, si bien finalmente será un hombre quien ostenta la dirección operativa de la Policía Nacional. 

El lehendakari, Imanol Pradales, ha abogado por que se esclarezca lo ocurrido el 3 de marzo de 1976 en Vitoria, donde murieron cinco trabajadores por disparos de la Policía Armada, y que "se juzgue a los responsables", porque si no se hace, ha dicho, se estará "ahondando en la revictimización", según informa EFE.

Pradales, que a primeras horas ha participado en una ofrenda floral en el monolito erigido en las inmediaciones de la iglesia de San Francisco de Asís donde ocurrieron los hechos, ha dirigido unas palabras en el acto convocado por el Instituto de la Memoria-Gogora para conmemorar el cincuenta aniversario de aquellos trágicos sucesos.

Ha sido tajante al afirmar que "quienes cometieron aquellos crímenes sabían bien lo que hacían" y ha insistido en la necesidad de que se esclarezca y se depuren responsabilidades para que no se creen "víctimas de primera y de segunda".

Todas las denuncias judiciales presentadas hasta ahora para depurar estas responsabilidades penales se han archivado, excepto la causa que abrió en Argentina en 2010 la jueza María Servini contra los crímenes del franquismo cometidos durante la dictadura y la Transición, que sigue activa.

El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha pedido una desclasificación completa y no "elegida" de los documentos oficiales sobre los sucesos del 3 de marzo de 1976 en Vitoria porque esa es la manera de reparar a las víctimas y rendirles un "verdadero homenaje".

Esteban ha depositado esta martes un ramo de flores en el monolito en memoria de los cinco obreros asesinados acompañado del diputado general de Álava, Ramiro González, y la presidenta del PNV en Álava, Jone Berriozabal.

El líder jeltzale ha afirmado que la masacre del 3 de marzo "dejó una huella muy profunda" en Euskadi y que las víctimas merecen una "reparación real", lo que pasa por conocer la verdad. Para ello, ha continuado, es necesario modificar la Ley de Secretos Oficiales que saque a la luz todos los documentos. "No nos vale tampoco una clasificación elegida", ha advertido. Por otro lado, ha avanzado que el acuerdo que el Consejo de Ministros aprobará este martes en relación con los sucesos 3 de marzo ha "decepcionado" a su partido.

Aunque el contenido de ese acuerdo todavía no se ha hecho público, Esteban ha desvelado que "no cumple con el paso que ya había dado el Partido Socialista de Euskadi recientemente en el Parlamento Vasco al reconocer el papel del Estado en los asesinatos y condenar la actuación del gobierno en aquel momento".

Izquierda Unida registrará mañana lunes en el Congreso una iniciativa para reformar las leyes de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, de 2011, y la de Memoria Democrática, de 2022, para que en ellas se incluyan a las víctimas de agentes del Estado, según recoge EFE.

Con esa proposición de ley, IU pretende que se repare la situación de víctimas excluidas y de sus familiares, como la de Manuel José García Caparros, el joven asesinado por disparos de la Policía el 4 de diciembre de 1977 mientras se manifestaba a favor de la autonomía andaluza. En suma, todas las que han quedado "sin reconocimiento oficial de su carácter de víctima de la violencia que se ejerció por parte de agentes policiales del Estado", subraya IU en un comunicado.

IU considera que "es el momento de reconocer, si no es ya tarde, a todas las victimas que sufrieron esa violencia policial, incluyendo en este periodo a las producidas hasta la plena consolidación democrática, pasada ya la intentona golpista del 23F de 1981". De este modo, ve "apropiado desde un punto de vista legal e histórico" fijar el final de ese periodo temporal a partir del 1 de enero de 1983.

La proposición de ley ha sido coordinada por el portavoz parlamentario de IU, Enrique Santiago, y cuenta también con la firma del diputado y coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, además de Engracia Rivera, Francisco Sierra, Nahuel González y Fèlix Alonso.

Según recuerda IU, la propuesta es una respuesta "legal, argumentada, clara y contundente" a la "grave comunicación" conocida a comienzos de esta semana después de que el Ministerio del Interior hiciera público que denegaba la condición de víctima del terrorismo a Manuel José García Caparrós.

Precisamente, el pasado viernes la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, anunció que el Ejecutivo llevará al próximo Consejo de Ministros un decreto ley con el que busca asimilar las indemnizaciones a las víctimas del terrorismo de Estado con la del resto de personas afectadas por esta forma de violencia extrema.

No es sencillo para las mujeres que sufren violencia machista atravesar las puertas de la comisaría y reconocerse como víctimas. Si algo temen, es precisamente el momento de dar la voz de alarma, confiar en las autoridades y vencer el miedo a no ser creídas. Un temor que se cronifica cuando quien debería protegerlas es también parte del problema: así ha sucedido con el número dos de la Policía Nacional, José Ángel González Jiménez, quien ha dimitido tras haber sido denunciado por una agresión sexual contra una trabajadora.

Ella habla de subordinación institucional sistemática, también de control, dominación y sumisión psicológica. En la querella, la víctima denuncia una conducta obsesiva de acoso, presión psicológica y una violación marcada por la violencia física y la intimidación ambiental. El maltrato, según el relato de la víctima, fue continuado y se nutrió presuntamente de la complicidad de su mano derecha, Óscar San Juan, quien habría coaccionado a la denunciante mediante una "oferta de compensación laboral" a cambio de su silencio.

El que fuera máximo responsable de los cuerpos y fuerzas de seguridad, añade la denunciante, se aprovechó de forma sistemática, deliberada y flagrante de su posición de superioridad "jerárquica institucional y de los medios materiales y humanos inherentes a su cargo público". Es decir, se apoyó en el sistema para ejercer la violencia que decía combatir.

A la dimensión de lo sucedido se suma una realidad sangrante: la reticencia que sistemáticamente han expresado las víctimas a la hora de acudir a las autoridades. Según la Macroencuesta de violencia contra las mujeres, únicamente el 16,8% de quienes han sufrido violencia en pareja ha dado el paso de denunciar. Un porcentaje que cae en picado en el caso de la violencia sexual fuera de la pareja: sólo el 4,9% es capaz de presentarse en comisaría. Entre los motivos que mencionan aquellas que optan por no acudir a las autoridades, se encuentran la culpa, la vergüenza y el temor a no ser creídas. 

Según el mismo estudio, el 27,1% de las mujeres que sí denunciaron a sus exparejas ante la policía aseguran estar bastante o muy insatisfechas con el trato recibido. Entre los motivos citados, las mujeres deslizan la falta de interés por resolver el caso (71,8%), la desprotección (34,1%), hacerlas sentir culpables (22,1%), la falta de información sobre los recursos de apoyo (21%) y la sensación de que la policía no les creyó (19,6%).

El porcentaje de insatisfacción respecto al trato recibido se instala en el 19% en el caso de las víctimas de violaciones fuera de la pareja, el 18,1% para los intentos de violación y el 17,2% en cuanto a otras formas de violencia sexual.

El Informe anual de violencias institucionales machistas en el Estado español también pone el acento sobre la percepción de las víctimas en torno a la respuesta institucional ante la violencia ejercida sobre ellas. Y el sector policial es el segundo más señalado por sus deficiencias, especialmente entre las mujeres extranjeras. La policía autonómica es criticada con mayor frecuencia (52,2%), seguida por la nacional (21,7%), la local (17,4%) y la guardia civil (8,7%). Las autoras explican este orden aludiendo a que habitualmente las competencias en materia de violencia de género recaen en la policía autonómica.

Las mujeres identifican algunos patrones que se repiten en el seno de las comisarías. Hablan de la omisión frente a las violencia machistas, a través de dificultades a la hora de interponer una denuncia o inadecuación de los espacios de atención, pero también señalan a los agentes como propios agresores: deslizan en estos casos "abuso de poder, amedrentamiento y criminalización de las mujeres".

Si el contexto previo es el de una manifiesta fragilidad en la confianza de las víctimas hacia el sistema, ¿cuál es el impacto de casos como el del número dos de la Policía Nacional? "Evidentemente mina y mucho la confianza en el sistema", expresa Miguel Lorente, exdelegado del Gobierno contra la Violencia de Género. "Vemos que hay desconfianza en el sistema porque no responde bien ante la violencia que les llega", lamenta. 

Casos como el actual son especialmente graves, a su juicio, porque entra en juego la violencia ejercida por parte de quien debería ser el máximo garante de la protección de las víctimas. "La inmensa mayoría de las violaciones se producen al margen del sistema, porque no se denuncian. Y no se denuncian porque hay elementos de sobra para desconfianza", zanja el también médico forense.

Precisamente por ese motivo, razona el experto, confiar en el sistema implica necesariamente que el sistema cambie. El exdelegado insiste en que los agresores machistas tienen la particularidad de saberse impunes: "Su posición de poder es tal, que van a influir sobre las víctimas para evitar que denuncien. Pero incluso cuando sí denuncian, los maltratadores también saben que van a contar con elementos de apoyo para que no sean creídas". 

Marisa Soleto, directora de la Fundación Mujeres, añade algunos matices en su análisis: "La confianza de las víctimas desde luego se construye a partir de comportamientos ejemplares de los servidores públicos y claro que hace daño la imagen del jefe de la policía denunciado por agresión sexual. Pero tan importante como eso es la respuesta institucional en este tipo de casos", se apresura. Y concreta: "La celeridad, evitar declaraciones para justificar o poner en duda la denuncia o el derecho a denunciar de una víctima, evitar el efectismo y la polémica política y partidista, forman también parte de la construcción de la confianza de las víctimas en el sistema".

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguró este miércoles haber actuado de forma inmediata en cuanto tuvo conocimiento de los hechos. "Ahora es el momento de la justicia y también de todo el respaldo, evidentemente, a la víctima", afianzó ante los medios de comunicación, para añadir que presentará su dimisión si la víctima expresa no haberse sentido protegida.

Poco después, fue el turno del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez: "El Gobierno ha actuado con contundencia, coherencia y empatía con la víctima". También puso el foco en la víctima la ministra de Igualdad, Ana Redondo, quien la considera "un ejemplo para muchas otras". Y añadió: "Siempre decimos que hay que denunciar". Preguntada sobre los fallos en el sistema, la ministra se detiene en el "factor humano". Cada individuo, precisó la titular de la cartera, "tiene su trastienda", pero cuando se conoce una situación de estas características, "hay que apartar a esa gente y que caiga todo el peso de la ley".

En este punto se detiene Soleto. "La realidad nos demuestra una y otra vez que no hay ningún ámbito que se libre de este tipo de hechos", reseña, pero sí cree que la clave está en cómo se responde ante estas situaciones. "La respuesta correcta es la clave para la prevención y protección de las víctimas directas y el conjunto de potenciales víctimas presentes y futuras", zanja la experta.

Si la Macroencuesta se esfuerza en identificar los motivos por los que gran parte de las víctimas desconfían de las instituciones, también explora el extremo opuesto: el 61,4% de las mujeres que denunciaron a sus exparejas ante la policía está bastante o muy satisfecha con el trato recibido. El porcentaje es del 51,4% en el caso de las víctimas que denuncian una violación fuera de la pareja. Las autoras del estudio recalcan que "la mayor formación en esta materia que recibe desde hace algunos años el personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se traduce en una mayor sensibilización y en una mejor atención".