Saif Abukeshek fue secuestrado por el ejército israelí el pasado jueves 30 de abril en aguas griegas (a 1.000 millas de Israel) junto con otros integrantes de la Flotilla Global Sumud que se dirigía a Gaza para romper el bloqueo y llevar ayuda humanitaria. Tras su detención, declarada “ilegal” y “fuera de toda jurisdicción” por el Gobierno español, Abukeshek fue trasladado al centro de detención de Shikma, en la ciudad de Ashkelon, junto al activista brasileño Thiago Ávila. 

En menos de una semana, Ávila y Abukeshek han sido enjuiciados por un tribunal de sospechosas garantías, han guardado una huelga de hambre por “los malos tratos durante su detención” y han sufrido, según han denunciado, abusos y palizas. “Oíamos a diario los gritos de los prisioneros palestinos”, asegura Saif. 

Acaba de llegar a España, ¿cómo se encuentra física y anímicamente?

He perdido algo de peso por la huelga de hambre, pero por lo demás estoy bien.

Ha estado más de una semana secuestrado por Israel, ¿cómo ha sido este tiempo detenido de manera ilegal? 

Es no tener ningún control, estar humillado, abusado, insultado… Lo que lo que normalmente hace Israel. De lo que estoy seguro es que a nosotros no nos llegaron a tratar como al resto de presos.

¿En algún momento les explicaron a usted o Thiago por qué les retenían?

Nos acusaban de hacer actividades contra el interés del Estado de Israel. Colaborar con el enemigo en tiempos de guerra. Decían que éramos colaboradores de Hamás. Nos consideraban las dos figuras que representaban al movimiento y supongo que por eso nos detuvieron.

¿Cómo describiría lo que vivió en la cárcel de Shikma? ¿Cómo eran los interrogatorios?

Te levantan a las cuatro de la mañana para el recuento, luego a las seis para la comida. Te intentan obligar a comer. Te llevan al interrogatorio. Te recuerdan dónde estás, quién tiene el poder, quién controla, quién manda. Te dicen que no te van a dejar salir de aquí, que nunca vas a volver a ver a tu familia, a tu madre. Que si algún día sales van a estar detrás de ti, van a estar detrás de tu mujer, de tus hijos. 

En todos los interrogatorios estás atado a una silla que no puedes moverte. Te llevan a una visita con tu abogado y al cónsul. En todos esos movimientos vas con los ojos cerrados, con las manos y piernas atadas. Además, algún que otro interrogatorio puede durar hasta medianoche.

¿Fueron torturados física y psicológicamente? 

Físicamente nosotros no, pero si que fue una constante tortura psicológica. Solo con la propia situación intentan hundirte: estar en una silla atado, no poder moverte, el abuso verbal, los insultos, los gritos en tu cara, los juegos psicológicos… Creo que, en parte, tuvimos la suerte de tener respaldo mediático. No creo que fuéramos tratados como al resto de palestinos detenidos. Oíamos cada día sus gritos. En el barco tras ser arrestados, sin embargo, sí que recibimos violencia física. Se pueden ver las imágenes de nuestros compañeros.

¿Tuvieron algún tipo de contacto con el exterior? ¿Pudo contactar con su familia?

Con la familia nunca, los únicos contactos que tuve fue con la abogada, con el cónsul español y con el cónsul sueco. 

¿Cómo fue el proceso judicial?

No hemos pasado un juicio con cargos oficiales, sino una investigación abierta por parte del gobierno israelí. Para la primera extensión, solicitaron cuatro días y les dieron dos. Para la segunda, les dieron los seis días que pedían. Pero este no lo llegaron a completar y nos deportaron antes de que se cumpliera este periodo. 

¿Por qué iniciaron una huelga de hambre?

Inicié mi huelga de hambre en el primer momento. Yo lo anuncié directamente. Lo hice como protesta política contra una detención e intercepción ilegal. Tú ahí controlas solo tres cosas: comer, beber y hablar. El resto lo controlan ellos: cuánto duermes, dónde vas, cuánto tiempo te quedas.

¿Va a denunciar a Israel por el trato recibido?

Sí, por supuesto, aunque primero hablaré con mis abogados.

Ha expresado su deseo de volver a Gaza ¿Tiene miedo?

Tengo miedo. Toda la gente que participa tiene miedo. Toda la gente que participa tiene familias, pero lo que no podemos permitir es que el miedo nos impida hacer lo que nos toca hacer. Eso son dos cosas diferentes. tengo sentimientos porque soy persona, pero también un compromiso enorme con la humanidad y con el pueblo palestino.

El pasado viernes, 10 de abril, representantes de varias organizaciones de derechos humanos se reunieron con el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, para trasladarle su preocupación por la práctica de la tortura en España. Según denuncian en un comunicado, "sigue siendo una realidad incuestionable" que "se sigue llevando a cabo, si no de forma sistemática, sí con una frecuencia más que esporádica, según han reiterado varias instituciones internacionales de derechos humanos".

Durante el encuentro, las entidades trasladaron a Gabilondo su "preocupación por la impunidad de la que gozan los delitos de tortura en el Estado español" y le pidieron que impulsara "algún tipo de actuación ante las Cortes Generales a fin de que la representación pública valore la posibilidad de realizar actos de reconocimiento y reparación a las víctimas".

En concreto, las organizaciones reclamaron al Defensor del Pueblo que prepare un informe extraordinario sobre la tortura en España y lo presentara ante las Cortes Generales. Su petición se ampara en el artículo 32.2 de la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo: "Cuando la gravedad o urgencia de los hechos lo aconsejen [el Defensor] podrá presentar un informe extraordinario que dirigirá a las Diputaciones Permanentes de las Cámaras si éstas no se encontraran reunidas".

A esta solicitud, Gabilondo replicó que, como Alto Comisionado de las Cortes Generales, no puede realizar actuaciones que conlleven alguna forma de incidencia política; es decir, no puede conminar o dar órdenes a las Cortes ni a la presidenta del Congreso.

Asimismo, argumentó que para elaborar un informe de estas características necesitaría contar con los medios adecuados y con un encargo del Congreso de los Diputados. También recordó a los representantes de las organizaciones que la figura del Defensor del Pueblo no es la única institución encargada en exclusiva de la protección de los derechos humanos, remitiéndoles a otras instancias como la Ley de Memoria Democrática de 2022, la Fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática y a la Comisión de la Verdad (adscrita al Consejo de la Memoria Democrática).

Gabilondo afirmó, además, que deseaba “buscar caminos" para ayudar a estas organizaciones "en el tema de la tortura” y les aseguró que se pondrá en contacto con ellos.

Por su parte, los colectivos valoran "la reunión mantenida con el Defensor del Pueblo", al tiempo que manifiestan su voluntad de seguir trabajando para que la institución, "en el ámbito de sus competencias y dentro del marco establecido en el artículo 32.2 de la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo", elabore un informe sobre la tortura en el Estado español "que abarque, al menos, desde los años 1960 hasta la actualidad" y lo presente a las Cortes Generales.

"También queremos hacer un llamamiento a las agrupaciones y organizaciones sociales, en especial a las que trabajan en la defensa y protección de los derechos humanos, para que se sumen a esta iniciativa encaminada al reconocimiento, reparación y justicia de las víctimas de tortura y otras vulneraciones de derechos causadas por agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y de los funcionarios de prisiones", añaden en el comunicado.

La Plataforma ‘Libertad 6 de Zaragoza’ ha realizado una rueda de prensa en la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ) en el momento en que se cumplen dos años de las entradas de prisión. Si bien dos de ellos salieron en libertad el pasado mes de septiembre tras el indulto parcial aprobado por el Gobierno, otros dos continúan encarcelados.

Javitxu Aijón, uno de los indultados, ha indicado que “desde septiembre nos encontramos en libertad Adrián y yo, gracias a la gran movilización de varios años”. “Es también debido a esta presión popular por la que se ha logrado liberar a las 6 de la Suiza, en Gijón”, ha continuado. “Sin embargo, todavía quedan en prisión otros dos compañeros, Imad y Daniel, por lo que no podemos hablar de que la situación esté resuelta”. Asimismo, celebra que la gran movilización social haya conseguido que Imad esté en tercer grado penitenciario y sea tratado de su diagnóstico psiquiátrico.

Aijón ha recordado: “Adrián y yo estuvimos casi un año y medio encerrados por unas detenciones aleatorias y unas sentencias injustas sin más pruebas que la opinión policial, algo que nunca debería haber ocurrido”.

También ha lanzado una pregunta al tratarse del mismo caso para todos, las mismas detenciones y las mismas injustas sentencias: "¿Por qué a los otros dos jóvenes no se les ha liberado?”. “Consideramos que el objetivo del Gobierno es acallar la gran movilización y la oleada de protestas que este caso de represión política está generando como respuesta”, ha zanjado.

Por último, Javitxu Aijón ha señalado que el caso de los 6 de Zaragoza es fruto de un entramado político, judicial y policial pensado para el disciplinamiento de las clases populares. “No es un caso aislado, tenemos más ejemplos como los 7 de Somosaguas, las 6 sindicalistas de La Suiza, los 3 de Navalcarnero, Adri en Badalona, procesos judiciales contra activistas por Palestina, activistas de la vivienda, trabajadores de la huelga del Metal en Cádiz o Pablo Hasél”.

Por su parte, Pablo Rochela, portavoz de la plataforma ha recordado que la condena a los 6 de Zaragoza no se basa en ninguna prueba. “Se sostiene únicamente sobre la testimonio policial, con contradicciones durante el juicio y errores en la identificación de los acusados, por lo que los 6 de Zaragoza son presos políticos, ya que los únicos hechos probados son la participación en una manifestación”, ha aseverado.

El portavoz ha señalado al Gobierno como responsable directo de que dos de los 6 de Zaragoza sigan presos: “Tiene la capacidad y la obligación de liberarlos, además de que mantiene las leyes que permiten que se produzcan más casos como éste”.

También ha recordado que Amnistía Internacional es partícipe de esta alerta ante el aumento de criminalización de la protesta y la vulneración de derechos en el caso de los 6 de Zaragoza. Por su parte, el colectivo Defender a quien Defiende ha presentado un informe en el que asegura que las vulneraciones del derecho a la protesta aumentaron un 67% en el año 2025. Rochela ha mencionado también casos de racismo institucional, como la reciente muerte de Haitam en Torremolinos durante una actuación policial con pistolas táser, que ha generado gran indignación social y la judicatura ha archivado.

Ante toda esta situación, la plataforma hace un llamamiento a toda la ciudadanía para salir a la calle el sábado 18 de abril y participar en la cadena humana que comenzará al mediodía en la Audiencia Provincial de Zaragoza, y que concluirá con una concentración en la plaza del Portillo. Pablo Rochela ha informado de que en esta movilización exigirán “la inmediata puesta en libertad de los 6 de Zaragoza, la derogación de la Ley Mordaza, una reforma no punitiva del Código penal y el fin a las infiltraciones policiales en colectivos sociales”.

La condena que se impuso a los cuatro jóvenes en prisión de los 6 de Zaragoza asciende a cuatro años y nueve meses de cárcel por manifestarse en enero de 2019 ante los discursos de odio lanzados durante un mitin de Vox. Una condena que llegó tras cinco años de proceso judicial culminado con la condena del Tribunal Supremo y que ha generado miles de muestras de solidaridad en forma de firmas en apoyo al indulto, aportaciones económicas, mensajes en redes sociales y participación en manifestaciones y concentraciones en todo el Estado.

“Me cuidan mis vecinas, y no la policía”, empezó a martillear mi cerebro justo después de que los coches de la policía se llevaran a siete de mis vecinas y vecinos, entre ellos a Serigne Mbayé. Estas cosas raras que hace a veces la mente. Se me pegó la cantinela, como si fuera la canción del verano, acompañando a un zumbido de pensamientos alocados. 

Se supone que la policía tiene que velar por la seguridad de la ciudadanía. A lo mejor, algunos de los agentes se creen que eso es lo que están haciendo cuando paran por la calle a una persona porque es negra, solo porque alguien negro resultó sospechoso a los ojos de un viandante que supuestamente hizo una llamada. No sé.

Yo no creo que todos los policías sean malos, ni pretendo deshumanizarlos, como sostiene el presidente de la Jupol. ¡Qué va! Otra cosa es la institución, la estructura. Muy al contrario, me gustaría que los policías se humanizasen más y trabajaran la empatía. Todos los años, algún alumno mío, con el que tengo vínculo, al que he acompañado durante meses, o incluso varios cursos, decide que esa es su salida laboral. Y eso es lo que les digo siempre: “No olvides que quien tienes enfrente es una persona, igual que tú”. De hecho, el jueves por la tarde buscaba con la mirada por si acaso hubiera entre aquellos hombres, uniformados o de paisano, alguno al que yo hubiera aburrido con el sintagma nominal y pudiera escucharme, para parar toda aquella sinrazón. Pero no lo había. No había nadie que escuchara.

Me gustaría haberles podido explicar que aquello que estaban haciendo, tirar al suelo a mis vecinos, ponerles la rodilla en el cuello, pegarles con la porra, no me hacía sentir nada segura. Tampoco saber que gente adulta, presuntamente preparada para afrontar momentos de tensión, se deja secuestrar la amígdala por la adrenalina y toma decisiones en caliente, apresuradas y sin ton ni son. Ninguno fue capaz de tomar la iniciativa de intentar tranquilizar a sus compañeros. “Yo no he venido aquí a hablar con usted, señora”, me espetó uno de ellos, cuando intentaba yo pedirle que alguien pusiera un poco de cordura a lo que estaba pasando. Me entraron ganas de preguntarle a qué había venido entonces exactamente.

Perdónenme, señores policías, pero yo no me siento segura con ustedes, no me siento protegida. El patio de mi casa, en mi imaginación, antes estaba siempre presidido por balones de espuma (para no molestar al edificio de al lado en los tiros a canasta), por patinetes desperdigados, por un balancín en forma de unicornio, por las risas de las niñas y los niños. Ahora, está lleno de hombres uniformados dándome órdenes incomprensibles, abalanzándose sobre uno de mis vecinos, y enarbolando la porra sobre otra. No, yo no me he sentido cuidada, y no me siento segura después de su actuación. Ni un poquito. Tampoco creo que el hijo de uno de los detenidos, que presenció cómo tiraban a su padre al suelo y le pisaban el cuello; u otro, que vio cómo se llevaban al suyo esposado, después de haberse identificado como periodista, se sientan protegidos por el Cuerpo de Seguridad del Estado. Las personas racializadas, que constantemente tienen que armarse de paciencia para identificarse ante ustedes (aunque constitucionalmente solo tengan que hacerlo en determinados contextos) para demostrar que no son delincuentes, me atrevería a decir, desde mi privilegio blanco, que tampoco se sienten protegidas. Ni un poquito siquiera.

Si esto hubiera sido lo único que sentí aquella tarde de jueves, este artículo se titularía como la canción de N.W.A, Fuck the police. Afortunadamente, además de la desolación, la brutalidad y el sinsentido, ocurrieron otras muchas cosas. La primera, que mis vecinas y vecinos bajaron de sus casas, en pantuflas, para socorrer a uno de nosotros. Para documentar lo que estaba pasando, o para pedir “que alguien pare todo esto”, “dejadle respirar”. No se cruzaron de brazos ni fueron indiferentes ante el abuso. Por eso, en mi cabeza empezó a sonar el lema de las manifestaciones, “me cuidan mis vecinas, y no la policía”.

Enseguida se acercaron a echarnos una mano amigas a quienes les había llegado por redes el vídeo de El Salto. Se encargaron de las niñas y niños. Alguien les puso una película. Se les dio de cenar. Otros, nos pasaban nombres de abogados solventes. Nos ayudaron a recuperar un poco la calma. Nos dieron abrazos.

Frente a la comisaría, nos acompañaron en la indignación. Nos dieron más abrazos. Gritaron conmigo, bien fuerte, “me cuidan mis vecinas, y no la policía”.¡Qué ganas tenía de decirlo en alto! “Me cuidan mis amigas, y no la policía”. Todavía se me pone la piel de gallina al recordarlo.

A mí, a nosotras, a todas, nos cuida una comunidad fuerte. La comunidad intencional del edificio, pero también la comunidad del vecindario, del barrio. La gente que salió del supermercado y también increpaba a la policía. La farmacéutica, que se acercó a preguntar cómo estábamos. El edificio de al lado, que nos escribió para ofrecerse a ayudarnos en lo que necesitásemos. Las asociaciones de familias de los coles de nuestras criaturas, que enseguida se mostraron solidarias. Esas amigas médicas, que se preocuparon por las conmociones y los meniscos. Nuestras organizaciones ecologistas, feministas, antirracistas, políticas, de vivienda, los sindicatos amigos, antimilitaristas…, que no han dudado de nuestra palabra en ningún momento, que nos abrazaron en la comisaría (¡cuánto hemos agradecido los abrazos!), que aplaudieron cuando soltaron a nuestros vecinos, que nos ayudaron a mover comunicados… y que sabemos a ciencia cierta que están ahí, siempre, construyendo vínculos fuertes, y alternativas a este sistema ecocida e injusto. 

Me cuidan las periodistas que hacen bien su trabajo, que son fieles a la verdad y contrastan las fuentes y las versiones (no como los deleznables garbanceros amarillistas). Me siento segura con abogados comprometidos, los de este proceso (¡gracias!), y también otros que nos han dado recomendaciones certeras. Me siento protegida por toda esta gente. Por Serigne Mbayé, por supuesto, que una y otra vez pone su cuerpo para denunciar lo intolerable, aunque sepa de sobra a qué consecuencias injustas va a tener que enfrentarse.

Todas estas personas, y muchas más, me han hecho sentir segura. Me cuidan. Aunque pueda parecer sorprendente, mi balance de esa tarde, y de los días que la han seguido, es positivo. Pese a los nervios y el proceso judicial que se avecina. Se ha hecho visible una comunidad fuerte, que muchas veces nos pasa desapercibida. A partir de ahora, cuando me venza el desaliento por el avance de la extrema derecha, cuando me parezca imposible que esté pasando lo que está pasando en Gaza, Líbano, Irán, Sudán… echaré mano del recuerdo de esta red comunitaria a veces invisibilizada, pero constante y potente. Estas vecinas, estas amigas que me cuidan, que nos cuidamos, me hacen sentir que la alternativa está ahí, viva, creciendo. Que vale la pena seguir construyendo. Cuando me parezca que no hay esperanza, cantaré bien alto, para darme ánimos: “me cuidan mis amigas, y no la policía”.

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Berta Iglesias Varela es integrante de Ecologistas en Acción y vecina.

El exdiputado de Podemos en la Asamblea de Madrid Serigne Mbaye ha asegurado este domingo que denunciará el "racismo" y la "violencia policial" que afirma que sufrió durante su detención el pasado jueves en la capital y ha instado además a parar la "persecución" que sufren "miles de personas" por motivos raciales.

"Va a haber denuncia segurísima. De eso no hay duda. Por la violencia, por el racismo, por todo lo que ha pasado", ha declarado a los medios durante una concentración en Madrid convocada por colectivos antirracistas y de migrantes tras su detención para protestar por el "racismo policial".

Mbaye afirma haber sido víctima de una "redada racista" cuando fue detenido el pasado jueves por agentes de la Policía Nacional junto con otras seis personas y puesto en libertad horas después.

La versión policial niega este tipo de redada y asegura que Mbaye fue detenido tras enfrentarse a la policía para tratar de impedir la detención de un sospechoso, después de que dos agentes de paisano detectaran a dos jóvenes tratando de robar un vehículo.

Al final de la concentración de este domingo en el madrileño barrio de Lavapiés, a la que ha asistido la líder de Podemos, Ione Belarra, ha irrumpido el exdiputado y actual secretario antirracismo de la dirección del partido, que micrófono en mano ha instado a parar la "persecución" que sufren "miles de personas" por motivos raciales.

"Vamos a seguir con pasos firmes, no vamos a rendirnos nunca ante el racismo y las violencias policiales, no nos da miedo", ha exclamado Mbaye, que ha recordado otros casos de detenciones.

"Siempre la misma excusa. Siempre tenemos la culpa, no es verdad. Las mentiras las tienen que investigar", ha añadido el exdiputado, que ha agradecido el apoyo recibido.

La concentración, a la que han asistido alrededor de 200 personas (cien según datos de la Delegación del Gobierno), ha estado presidida con una pancarta con el lema 'Frente al racismo institucional resistencias antirracistas'.

Los asistentes han coreado lemas como "Marlaska, dimisión", en alusión al ministro del Interior, y "No es un caso aislado, es racismo de Estado", "Basta ya de racismo policial" o "Ningún ser humano es ilegal".

Además, los convocantes, de asociaciones como SOS Racismo y el sindicato de manteros de Madrid, han leído un manifiesto en tres idiomas (español, francés y wólof) en el que han denunciado que la detención de Mbaye no ha sido un "error de protocolo" ni un "hecho aislado" sino "una manifestación brutal de racismo institucional".

Con el texto, han pedido la depuración de responsabilidades políticas y la apertura de una investigación judicial independiente sobre lo ocurrido el pasado jueves, al tiempo que han hecho un llamamiento a la "resistencia colectiva y popular antirracista".

"No nos callarán hasta que se garantice que ningún cuerpo sea violentado por el racismo de Estado", han apuntado.

La Delegación del Gobierno en Madrid señala que la actuación policial en el distrito de Usera-Villaverde en la que fueron detenidas siete personas, entre ellas el exdiputado regional de Podemos Serigne Mbaye, se enmarcó en las funciones de prevención, identificación e intervención ante una situación que escaló de tensión por la negativa y resistencia de varios implicados.

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, manifestó en su perfil de X que se trabaja "siempre para que en las calles de Madrid se cumpla la ley. Colaborar con la policía es un deber ciudadano y la acción policial siempre ha de ser garantista y proporcionada. Es el marco de convivencia y seguridad del actual Estado de Derecho, y nuestro compromiso es defenderlo".

Ahora, Delegación y Policía mantienen abierta la investigación sobre lo sucedido y se ha dado traslado del atestado a la autoridad judicial, después de las imágenes de cómo se procedió a la detención del exdiputado. Según las fuentes de la Delegación del Gobierno, la Policía Nacional actuó en respuesta a un requerimiento ciudadano, en el ejercicio de sus funciones de prevención, identificación e intervención ante una situación que fue escalando por la negativa de uno de los implicados a colaborar y por la resistencia posterior de varias personas.

Según Delegación del Gobierno, lo sucedido este jueves se enmarca en un delito frecuente en la zona y para el que desde hace tiempo hay activado un dispositivo policial específico, apuntan e indican que, ya en el lugar, los agentes trataron de identificar a los dos sospechosos que intentaban robar un vehículo en la vía pública.

Uno de ellos se identificó sin incidentes, mientras que el otro se negó reiteradamente, mostró una actitud de enfrentamiento con la Policía y trató de huir, lo que obligó a la intervención para evitar su fuga.

Cuando los agentes impidieron que accediera a un portal, esta persona comenzó a pedir ayuda a los vecinos. A partir de ese momento, varios de ellos bajaron a la calle y se produjo una situación de tensión en la que también se enfrentaron a los agentes, aseguran fuentes de la Delegación.

En este punto, y todo según el relato que el Gobierno ha comunicado de estos hechos, los policías solicitaron refuerzos que permitieron reducir y detener a un total de siete personas, entre ellos a Mbaye, en unos enfrentamientos que dejaron cinco policías heridos leves.

Todas las detenciones se realizaron por atentado a la autoridad y lesiones y sobre la 1:30 horas de este viernes los siete arrestados fueron puestos en libertad.

"Desde esta Delegación y desde la Policía Nacional se va a continuar trabajando para garantizar la adecuación y proporcionalidad de las actuaciones policiales, preservando el cumplimiento de los derechos y deberes de todos los ciudadanos que corresponden a nuestro Estado de Derecho", asegura Delegación del Gobierno en un comunicado.

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, ha exigido explicaciones al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y ha pedido que dentro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado "se depuren las responsabilidades pertinentes" tras la "brutalidad policial" que asegura que hubo durante la detención de Mbaye y otras seis personas en lo que considera una "redada racista".

"Evidentemente, el máximo responsable es el ministro del Interior. Hace muchísimo tiempo que venimos exigiendo al señor Marlaska un giro radical en el seno de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Continuaremos exigiéndoselo", ha dicho, al tiempo que ha instado al ministro a dar de forma urgente "muchas explicaciones".

En este sentido, ha anunciado que Podemos presentará en el Congreso una batería de preguntas para esclarecer lo sucedido y "depurar las responsabilidades pertinentes" sobre la detención de quien fue diputado de Podemos en la Asamblea de Madrid y en la actualidad forma parte de la dirección estatal como secretario antirracismo.

Su formación va a registrar también una proposición no de ley para pedir una investigación "independiente" y solicitar que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado "dejen de llevar a cabo redadas racistas basadas en perfil étnico" y reciban "formación en antirracismo".

"En Estados Unidos vemos cómo funciona el ICE, la policía nazi de Trump, y lamentablemente, en España estamos viendo también que se dan comportamientos análogos a lo que sucede en Estados Unidos con el ICE", ha denunciado.

Podemos ha denunciado la detención de su exdiputado en la Asamblea de Madrid y activista antirracista Serigne Mbaye en una "redada racista" en la puerta de su domicilio, situado en el distrito de Villaverde (Madrid).

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha exigido "la inmediata puesta en libertad de Serigne Mbaye, militante por los derechos de las personas migrantes y miembro de Podemos".

"Basta ya de hostigamiento, basta de persecución policial por el color de piel y por defender la justicia social", ha señalado Belarra en redes sociales.

También, Pablo Fernández, secretario de organización y portavoz del partido ha reclamado su libertad: "Son inaceptables las redadas racistas y la persecución policial por el color de la piel. Marlaska es el máximo responsable de esta vergüenza".

Desde el partido morado denuncian "el racismo policial que cada día sufren en nuestro país millones de personas racializadas", explican fuentes de la formación.

Según la versión policial, el incidente comenzó cuando dos agentes de paisano detectaron a dos jóvenes de color que trataban de robar un vehículo.

Cuando fueron a identificarlos, uno de ellos huyó y se refugió en un local donde varias personas se enfrentaron a los agentes para tratar de impedir su detención, aseguran a EFE fuentes policiales.

En el enfrentamiento, en el que según esas fuentes un policía resultó herido leve, los efectivos detuvieron a siete personas, entre ellos el exdiputado autonómico.

Según ha publicado El Salto uno de sus periodistas, vecino de la zona, también ha sido detenido en un dispositivo formado por agentes de paisano y Policía Nacional y que ha sido grabado por varios vecinos.

El propio Mbaye denunciaba hace un mes el hostigamiento continuo de la Policía en la calle: "No me arrugo a la hora de denunciar esas prácticas, es persecución, no van a parar y no voy a callarme".

El ex diputado de la Asamblea madrileña también explicaba que lo había denunciado en la delegación de Gobierno de Madrid, el Defensor del Pueblo y el Ministerio del Interior

"No es casual de que me pare con tanta frecuencia la Policía, es un hecho que demuestra claramente que van a por mi", concluía.

Nacido en Senegal, Serigne Mbaye reside en España desde hace años. Fue portavoz del Sindicato de Manteros y miembro de la Asociación de los Sin Papeles, ha sido diputado de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid y secretario de Antirracismo del partido.

Ha participado activamente en protestas y movilizaciones contra el racismo y la violencia policial, especialmente en el barrio madrileño de Lavapiés, donde ha denunciado actuaciones que considera de carácter racista. 

Los letrados del ex director adjunto de la Policía (DAO) José Ángel González sostienen que la agente que le denunció por presunta agresión sexual solo quiere "causar el mayor mal" y argumentar que había una relación de jerarquía entra ambos para poder percibir una jugosa pensión.

En un escrito presentado ante el juzgado especializado en violencia sobre la mujer que investiga al ex número dos de la Policía Nacional, los letrados de la defensa se refieren a las declaraciones que prestaron ante el juez el pasado martes tanto González como la agente para pedir que se aperciba al letrado de la acusación por revelar públicamente el contenido de las actuaciones, informan a EFE fuentes judiciales.

En concreto los letrados solicitan que se le aperciba "para que se abstenga de realizar nuevas manifestaciones públicas que revelen, tergiversen o valoren el contenido de la presente instrucción, especialmente cuando dichas manifestaciones son contradictorias con lo realmente ocurrido en el procedimiento y con la propia solicitud de plena reserva formulada por dicha representación, lo que compromete el carácter reservado" del proceso.

Sostienen que ese letrado, Jorge Piedrafita, trasladó el contenido de las declaraciones "de manera claramente selectiva y contando falsas verdades", omitiendo deliberadamente "todas aquellas partes de las declaraciones y del contenido del audio que evidencian las múltiples contradicciones" en las que incurrió la agente.

Y concluyen que se presenta como víctima "una persona que sube al domicilio por propia voluntad con un arma reglamentaria; que permanece por propia voluntad; requiriendo continuamente información de forma inquisitiva; que se le invita varias veces a marcharse; que adopta una actitud cariñosa; que requiere que se le preste más atención; que recrimina que no se le haga caso y que se despide con un 'adiós cariño nos vemos el domingo'".

"La realidad es que es una persona celosa, posesiva y resentida con la única intención de causar el mayor mal a mi mandante y, que en caso de conseguir una impensable sentencia condenatoria, poder recibir hasta el 200 % de salario (...) por su más que probable jubilación", añaden.

Ese es el motivo por el que la agente insiste en decir "que estaba en acto de servicio acatando órdenes de alguien que ni siquiera es su superior jerárquico, como ella misma reconoce", aclara el escrito, que añade que la agente manifestó que "ya había denunciado en varias ocasiones a otro compañero con el que había mantenido otra relación de afectividad con pésimo resultado judicial".

La defensa detalla que la agente reconoció que fue al piso del exDAO voluntariamente, porque quería saber si él le mentía sobre otras supuestas relaciones con mujeres, y que no abandonó el lugar porque quería explicaciones.

Explica que en la declaración la agente negó inicialmente que dijera a González "nos vemos el domingo" y no recordaba si dijo "adiós cariño", como se escucha en el audio que ella aportó a la causa, y sobre el que el juez preguntó a ambos en varias ocasiones.

También reconoció que tras la supuesta agresión sexual ella llamó a González, aunque niega que lo hiciera hasta seis veces, como refleja un documento aportado a la causa por su abogado, detalla el escrito.

Sobre las declaraciones que hizo el letrado de la agente, en las que se aseguraba que en el audio se escuchaba una cremallera de un pantalón, el escrito de la defensa dice que la agente reconoció que su pantalón era de botón y ese sonido "nítido y prolongado" compatible con el de la cremallera de la riñonera que la agente llevaba con una pistola dentro.

Por todo ello los letrados de la defensa, ejercida por José Carlos Velasco e Ignacio Fúster, piden al juez que aperciba al abogado de la acusación "para que se abstenga de realizar nuevas manifestaciones públicas que revelen, tergiversen o valoren el contenido de la presente instrucción", como lleva haciendo "desde que se filtró la querella en los medios de comunicación hace ya más de 1 mes", con "más de cuarenta intervenciones públicas relativas al contenido de la misma y al contenido del audio aportado".

Al otro lado del teléfono se oye la voz de un “niño que ha dejado de serlo”, según dicen sus allegados. “Abrí la puerta del coche y pedí ayuda gritando: ‘¡Han matado a mi familia!’ Un soldado se acercó y me cogió del pelo. Me tiró al suelo gritando a sus compañeros: ‘¡Hemos matado a unos perros!’ Luego se arrodilló sobre mí y empezó a pegarme. También quiso pegarle a mi hermano pequeño, Mustafa. Me interpuse con todas mis fuerzas. Después, los soldados me metieron en un jeep. Me registraron y me preguntaron quién estaba conmigo en el coche. Respondí: mi madre, mi padre y mis hermanos. Me llamaron mentiroso”.

Jaled, de 11 años, cuenta a Mediapart, con voz monótona, el asesinato de su padre, Ali Bani Odeh, de 37 años, de su madre, Waed, de 35 años, de sus hermanos, Mohamed, de 5 años, y Othman, de 6 años, en la noche del sábado 14 al domingo 15 de marzo, por una unidad de la policía de fronteras, dependiente del mando central del ejército israelí.

Es esa misma unidad la que, el 27 de noviembre de 2025, fue filmada en Jenín ejecutando a quemarropa a dos palestinos que se habían rendido con las manos en alto, y cuyo comandante fue ascendido al día siguiente por el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir.

La familia Odeh regresaba toda contenta a Tamún, donde vive, en el norte de la Cisjordania ocupada, tras haber cumplido uno de los rituales favoritos de los niños: comprar ropa nueva en Nablus, la gran ciudad, para celebrar la próxima fiesta del Eid al-Fitr, que marca el final del Ramadán, el mes de ayuno en la religión musulmana.

También habían celebrado el regreso del padre tras varias semanas de ausencia: trabajaba en una obra de construcción en Israel. En la parte trasera, los niños dormían o dormitaban cuando, hacia la 1:30, el coche fue ametrallado con fusiles de asalto al llegar a la localidad de 15.000 habitantes. El centenar de casquillos encontrados en el lugar da testimonio de la lluvia de disparos.

“Surgieron de la oscuridad unos hombres, de las calles de los alrededores, y nos dispararon sin previo aviso”, dice Jaled. Todo sucedió “tan rápido” que asegura que “no tuvo tiempo de sentir miedo”. Sentado en el asiento trasero, en el medio, su hermano Mohamed fue el primero en desplomarse. Murió en el acto. Luego fueron Othman y los padres.

Cuando oyó a su padre recitar la shuhada, la oración que atestigua su fe en el islam, y sobre todo cuando este le gritó: “Sé un hombre, hijo mío, la responsabilidad de nuestra familia recaerá sobre ti”, Jaled comprendió que estaba a punto de suceder lo irreversible.

Ahora es huérfano, superviviente del tiroteo junto a su último hermano, Mustafa, de 8 años, en la casa de los abuelos, que está en puro trasiego. La gente acude en masa desde los alrededores para presentarles sus condolencias. El domingo, cientos de personas acompañaron el cortejo fúnebre por la ciudad. Jaled está en estado de shock, de estupor. Recuerda las palabras, los gestos, los rostros, el único grito de su madre, el silencio de sus hermanos pequeños.

“Repite como un robot lo que la gente le dice: que debe ser un hombre, fuerte, que no necesita ver a un psicólogo, que su familia es mártir, que irá al paraíso, que el destino de nuestro pueblo es resistir. Pero es un niño que ha visto cómo ejecutaban a su familia ante sus ojos y que ve cómo se derrumba su mundo”, confiesa Fares Furqha, quien le acompaña durante nuestra entrevista e investiga para una ONG palestina las circunstancias de esta nueva tragedia en Cisjordania.

Para las autoridades israelíes fue “un incidente”, y dicen que se está llevando a cabo una investigación. Según ellas, los soldados israelíes, que llegaron a Tamún a primera hora del día, buscaban a militantes palestinos acusados de actividades terroristas. Al parecer, abrieron fuego para protegerse del padre de Jaled, que habría acelerado en su dirección.

“Una explicación absurda para encubrir el enésimo asesinato a sangre fría de personas inocentes”, denuncia Murad Jadallah, que fue investigador jurídico de la organización de derechos de los presos Addameer. “La familia Odeh no podía saber que había policías israelíes, pues estaban infiltrados, vestidos de civil, en vehículos con matrículas palestinas, según los testimonios”.

El lunes, más de treinta y seis horas después de los hechos, el departamento del Ministerio de Justicia encargado de investigar las faltas profesionales de la policía aún no había citado a los agentes implicados en este cuádruple asesinato, señalaba el diario Haaretz.

”El hecho de que los agentes infiltrados implicados en el incidente aún no hayan sido interrogados contrasta con la práctica habitual en casos similares”, escribe el diario israelí. “Por regla general, los agentes implicados en este tipo de incidentes son interrogados de inmediato para impedir que los sospechosos coordinen sus versiones o falsifiquen las pruebas en el lugar del crimen.”

Para Shawan Jabarin, director de Al-Haq, la ONG palestina de defensa de los derechos humanos más antigua, “no habrá justicia ni garantías procesales”. “La impunidad es total, tanto si eres militar como colono”, denuncia el activista. “Si disparas para matar a un palestino, no tienes nada que temer. Puede incluso que seas recompensado por tus superiores.”

Relata la proliferación de abusos y humillaciones perpetrados por los colonos y el ejército israelí en Cisjordania, la expansión de los asentamientos, las redadas en las casas palestinas, las detenciones arbitrarias de adultos y niños, los desplazamientos forzados de la población, la restricción de la libertad de movimiento, los robos de tierras y ganado, y la apropiación de los recursos hídricos.

“Cada vez que un acontecimiento llama la atención de los medios internacionales, los colonos y el ejército aprovechan para intensificar sus ataques”, señala Shawan Jabarin. “Lo vimos durante la pandemia del covid-19, después del 7 de octubre y ahora con la guerra contra Irán. Israel no solo quiere impedir la creación de un Estado palestino. Quiere empujarnos a marcharnos, a abandonar nuestras tierras. Vivimos lo que ya vivieron nuestros antepasados antes de 1948: la limpieza étnica de Palestina.”

“Vivimos aterrorizados. Ya no son pequeños grupos de colonos los que atacan un pueblo o a los palestinos”, coincide Murad Jadallah, “sino manadas enteras. Vienen cincuenta, cien, con armas pesadas, morteros de fragmentación y el apoyo y la protección del ejército.”

Desde el inicio de los bombardeos israelo-americanos sobre Irán el 28 de febrero, en Cisjordania han sido asesinados al menos once palestinos a manos de militares o colonos israelíes. A principios de marzo, en el espacio de una semana fueron asesinados cinco palestinos por supremacistas israelíes. Se suman a los cientos de muertos, entre ellos más de doscientos niños, asesinados desde el 7 de octubre de 2023 en este territorio ocupado desde 1967, que no deja de ser fragmentado por la colonización.

El martes 17 de marzo, la Organización de las Naciones Unidas instó a Israel a detener inmediatamente la expansión de sus colonias, que ha provocado el desplazamiento forzoso de más de 36.000 palestinos en un año. El informe de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos señala “una expulsión masiva de palestinos de una magnitud sin precedentes”, “que coincide con el desplazamiento masivo de palestinos en Gaza”, y que “parece indicar una política israelí concertada de traslado forzoso masivo” en todos los territorios ocupados, “lo que suscita preocupaciones respecto a una limpieza étnica”.

La zona C en particular, codiciada por la extrema derecha israelí y bajo control total de Israel en materia de seguridad y administración, que representa más del 60 % de la superficie de Cisjordania y concentra las mayores riquezas, se ha vuelto “inhabitable”, explica Shawan Jabarin. “Los ataques de los colonos son masivos y diarios. Decenas de comunidades beduinas han sido obligadas por los colonos a abandonar sus montañas.”

El activista se muestra preocupado por las restricciones de circulación en Cisjordania, aún más drásticas desde la guerra contra Irán. En las carreteras que utilizan los habitantes, las ambulancias y el tráfico comercial, Israel ha instalado cientos de barreras y puestos de control, lo que agrava la pesadilla diaria de desplazarse y dificulta las intervenciones de emergencia. “Cada barrio se ha convertido últimamente en una auténtica prisión, ya que incluso las carreteras de circunvalación y los caminos secundarios están cerrados con candados”, afirma Shawan Jabarin.

En la noche del sábado 14 al domingo 15 de marzo, las ambulancias tardaron más de veinte minutos en recibir autorización para intervenir, según la Media Luna Roja Palestina. “Toda una eternidad” para Jaled y Mustafa, heridos, que esperaban ser trasladados al hospital. Las personas que recuperaron los cuerpos de sus padres y hermanos, acribillados a balazos, sobre todo en la cabeza y la cara, tardaron aún más en obtener el visto bueno de las autoridades israelíes. Estas, en cambio, retiraron el coche a toda prisa, escenario del crimen.

Al soldado que lo había sacado violentamente del vehículo, Jaled le hizo una pregunta: “¿Quieres a tu madre y a tu padre?”. El militar respondió: “Sí”. Jaled le preguntó entonces: “¿Por qué habéis matado a mi madre y a mi padre?”. La respuesta fue una lluvia de golpes.

Desde el 28 de febrero, por primera vez y en pleno Ramadán, Israel mantiene cerrada la mezquita de Al-Aqsa, tercer lugar santo del islam, situada en Jerusalén Este, con el pretexto de la guerra contra Irán. Los fieles se ven obligados a rezar en las calles, fuera de los muros de la ciudad vieja de Jerusalén. Un cierre total, mientras que el acceso al Muro de las Lamentaciones, el lugar de oración más importante para los judíos, solo está restringido. Los fieles pueden rezar allí con un límite de cincuenta personas.

“Los israelíes nunca habían ido tan lejos”, condena Shawan Jabarin, director general de la ONG palestina Al-Haq. “No lo hacen por razones de seguridad, sino por motivos políticos e ideológicos. Quieren afianzar su dominio sobre los lugares sagrados y sentar un precedente para que Al-Aqsa quede reservada exclusivamente a los judíos, como hicieron en 1994 con la mezquita de Ibrahim, en la Cisjordania ocupada, en Hebrón, bajo control total israelí.” En aquel momento, tras la masacre de veintinueve fieles musulmanes a manos de colonos ese mismo año, el 63 % del recinto se asignó a los fieles judíos y el 37 % a los musulmanes.

Traducción de Miguel López

Un juez de Madrid interroga este martes al ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional José Ángel González y a la inspectora que denunció que la había agredido sexualmente en una vivienda oficial del Ministerio del Interior en abril de 2025, según informa EFE. 

Justo un mes después de que se conociese públicamente la querella, la investigación que dirige el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid acoge este martes una jornada clave con el interrogatorio de ambos.

El magistrado ha citado a la inspectora para que se ratifique en la querella en la que denuncia que el ex número dos de la Policía la agredió sexualmente en una vivienda oficial propiedad del Ministerio del Interior a la que fue presionada a acudir, estando de servicio, el 23 de abril de 2025. También aportó ante el juzgado "un listado de llamadas" por parte del exDAO, pantallazos de los mensajes que recibió por Whatsapp, y una "grabación de los audios" que realizó y que, según manifestó su abogado, Jorge Piedrafita, sustentan los hechos que denuncia. 

La querella subraya las "negativas inequívocas, claras y persistentes" de la agente, alude a la "violencia física" y a la "intimidación ambiental", y denuncia la "situación de aislamiento, superioridad física y autoridad ambiental". Un relato sobre el que declarará por primera vez ante el juez el comisario principal de la Policía José Ángel González, ya jubilado, que renunció al cargo de máximo jefe operativo del cuerpo -que regentaba desde 2018- al hacerse pública la querella.

Este hecho generó una crisis en la institución y la suspensión de otro mando, el comisario Óscar San Juan, a quien la inspectora acusa de coacciones.

A la espera de conocer su declaración, los abogados del exDAO, José Carlos Velasco e Ignacio Fúster-Fabra, ya remitieron un escrito al juzgado en el que sostienen que las conversaciones que se escuchan en el audio aportado por la inspectora "no encajan" con el delito de agresión sexual, sino con una relación de confianza en la que ella demuestra "un ataque de celos". 

La defensa de González también denunció el "perjuicio grave e irreparable" que le ha causado la "exposición mediática del procedimiento" tras las numerosas apariciones del abogado de la inspectora en medios de comunicación, a quien acusa de alimentar públicamente "un juicio paralelo".

A su vez, el abogado de la inspectora ha pedido al juez que abra una pieza separada para investigar, por un presunto delito de revelación de secretos, la posible filtración a los medios de un escrito de la defensa que incluía la identidad de la querellante.

El Ministerio del Interior ha nombrado al comisario principal Jose Santafé Arnedo, actual jefe superior de Islas Baleares, como nuevo director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, el máximo cargo de un uniformado en el cuerpo, tras la renuncia de José Ángel González, denunciado por un delito de agresión sexual, según informa EFE.

Es uno de los 89 comisarios principales frente a las 22 mujeres que podían optar al puesto que desde el 18 de febrero -un día después de la dimisión de González- asumió de forma temporal y como contempla la normativa, la responsable de la Subdirección de Recursos Humanos, en este caso, la también comisaria principal Gema Barroso.

A propuesta del director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha elegido a Santafé Arnedo, de 61 años, tras presentar su candidatura al puesto de máximo responsable operativo de la Policía Nacional abierto hace siete días.

Según informa el Ministerio del Interior, Santafé Arnedo ingresó como alumno de la escala ejecutiva de la Policía Nacional en 1990. Como inspector de policía ocupó diferentes puestos de trabajo en el ámbito de la seguridad ciudadana, policía judicial y extranjería en las jefaturas superiores de Madrid en Islas Baleares.

De hecho, coincidió con la actual secretaria de Estado de Seguridad, Aína Calvo, que ostentó entre febrero de 2020 y diciembre de 2023 el cargo de delegada del Gobierno en Baleares. En su toma de posesión como número dos de Interior el pasado mes de junio, tanto el jefe superior de Balares como el jefe de la comandancia de la Guarida Civil en este archipiélago acudieron a arroparla.

En 2005 ascendió a inspector jefe y en 2012 a comisario. En esta categoría asumió responsabilidades en las jefaturas superiores de Canarias y de nuevo en Baleares. En el año 2020 alcanzó la máxima categoría en la Policía Nacional (comisario principal) y desde el mes de julio de 2022 desempeñaba el puesto de jefe superior en esta jefatura.

Es diplomado en Magisterio por la Universidad Complutense de Madrid y ha realizado numerosos cursos y jornadas formativas relacionadas con la actividad policial como delitos de odio, dirección estratégica de la seguridad pública, cooperación internacional en políticas de seguridad, liderazgo, y transformación digital en la Policía Nacional, entre otras. El comisario principal Santafé Arnedo ha recibido además numerosas condecoraciones y reconocimientos por su trayectoria profesional.

En los últimos días se especulaba con la posibilidad de que Interior eligiera a una mujer para esta máxima responsabilidad, si bien finalmente será un hombre quien ostenta la dirección operativa de la Policía Nacional. 

El lehendakari, Imanol Pradales, ha abogado por que se esclarezca lo ocurrido el 3 de marzo de 1976 en Vitoria, donde murieron cinco trabajadores por disparos de la Policía Armada, y que "se juzgue a los responsables", porque si no se hace, ha dicho, se estará "ahondando en la revictimización", según informa EFE.

Pradales, que a primeras horas ha participado en una ofrenda floral en el monolito erigido en las inmediaciones de la iglesia de San Francisco de Asís donde ocurrieron los hechos, ha dirigido unas palabras en el acto convocado por el Instituto de la Memoria-Gogora para conmemorar el cincuenta aniversario de aquellos trágicos sucesos.

Ha sido tajante al afirmar que "quienes cometieron aquellos crímenes sabían bien lo que hacían" y ha insistido en la necesidad de que se esclarezca y se depuren responsabilidades para que no se creen "víctimas de primera y de segunda".

Todas las denuncias judiciales presentadas hasta ahora para depurar estas responsabilidades penales se han archivado, excepto la causa que abrió en Argentina en 2010 la jueza María Servini contra los crímenes del franquismo cometidos durante la dictadura y la Transición, que sigue activa.

El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha pedido una desclasificación completa y no "elegida" de los documentos oficiales sobre los sucesos del 3 de marzo de 1976 en Vitoria porque esa es la manera de reparar a las víctimas y rendirles un "verdadero homenaje".

Esteban ha depositado esta martes un ramo de flores en el monolito en memoria de los cinco obreros asesinados acompañado del diputado general de Álava, Ramiro González, y la presidenta del PNV en Álava, Jone Berriozabal.

El líder jeltzale ha afirmado que la masacre del 3 de marzo "dejó una huella muy profunda" en Euskadi y que las víctimas merecen una "reparación real", lo que pasa por conocer la verdad. Para ello, ha continuado, es necesario modificar la Ley de Secretos Oficiales que saque a la luz todos los documentos. "No nos vale tampoco una clasificación elegida", ha advertido. Por otro lado, ha avanzado que el acuerdo que el Consejo de Ministros aprobará este martes en relación con los sucesos 3 de marzo ha "decepcionado" a su partido.

Aunque el contenido de ese acuerdo todavía no se ha hecho público, Esteban ha desvelado que "no cumple con el paso que ya había dado el Partido Socialista de Euskadi recientemente en el Parlamento Vasco al reconocer el papel del Estado en los asesinatos y condenar la actuación del gobierno en aquel momento".

Izquierda Unida registrará mañana lunes en el Congreso una iniciativa para reformar las leyes de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, de 2011, y la de Memoria Democrática, de 2022, para que en ellas se incluyan a las víctimas de agentes del Estado, según recoge EFE.

Con esa proposición de ley, IU pretende que se repare la situación de víctimas excluidas y de sus familiares, como la de Manuel José García Caparros, el joven asesinado por disparos de la Policía el 4 de diciembre de 1977 mientras se manifestaba a favor de la autonomía andaluza. En suma, todas las que han quedado "sin reconocimiento oficial de su carácter de víctima de la violencia que se ejerció por parte de agentes policiales del Estado", subraya IU en un comunicado.

IU considera que "es el momento de reconocer, si no es ya tarde, a todas las victimas que sufrieron esa violencia policial, incluyendo en este periodo a las producidas hasta la plena consolidación democrática, pasada ya la intentona golpista del 23F de 1981". De este modo, ve "apropiado desde un punto de vista legal e histórico" fijar el final de ese periodo temporal a partir del 1 de enero de 1983.

La proposición de ley ha sido coordinada por el portavoz parlamentario de IU, Enrique Santiago, y cuenta también con la firma del diputado y coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, además de Engracia Rivera, Francisco Sierra, Nahuel González y Fèlix Alonso.

Según recuerda IU, la propuesta es una respuesta "legal, argumentada, clara y contundente" a la "grave comunicación" conocida a comienzos de esta semana después de que el Ministerio del Interior hiciera público que denegaba la condición de víctima del terrorismo a Manuel José García Caparrós.

Precisamente, el pasado viernes la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, anunció que el Ejecutivo llevará al próximo Consejo de Ministros un decreto ley con el que busca asimilar las indemnizaciones a las víctimas del terrorismo de Estado con la del resto de personas afectadas por esta forma de violencia extrema.

No es sencillo para las mujeres que sufren violencia machista atravesar las puertas de la comisaría y reconocerse como víctimas. Si algo temen, es precisamente el momento de dar la voz de alarma, confiar en las autoridades y vencer el miedo a no ser creídas. Un temor que se cronifica cuando quien debería protegerlas es también parte del problema: así ha sucedido con el número dos de la Policía Nacional, José Ángel González Jiménez, quien ha dimitido tras haber sido denunciado por una agresión sexual contra una trabajadora.

Ella habla de subordinación institucional sistemática, también de control, dominación y sumisión psicológica. En la querella, la víctima denuncia una conducta obsesiva de acoso, presión psicológica y una violación marcada por la violencia física y la intimidación ambiental. El maltrato, según el relato de la víctima, fue continuado y se nutrió presuntamente de la complicidad de su mano derecha, Óscar San Juan, quien habría coaccionado a la denunciante mediante una "oferta de compensación laboral" a cambio de su silencio.

El que fuera máximo responsable de los cuerpos y fuerzas de seguridad, añade la denunciante, se aprovechó de forma sistemática, deliberada y flagrante de su posición de superioridad "jerárquica institucional y de los medios materiales y humanos inherentes a su cargo público". Es decir, se apoyó en el sistema para ejercer la violencia que decía combatir.

A la dimensión de lo sucedido se suma una realidad sangrante: la reticencia que sistemáticamente han expresado las víctimas a la hora de acudir a las autoridades. Según la Macroencuesta de violencia contra las mujeres, únicamente el 16,8% de quienes han sufrido violencia en pareja ha dado el paso de denunciar. Un porcentaje que cae en picado en el caso de la violencia sexual fuera de la pareja: sólo el 4,9% es capaz de presentarse en comisaría. Entre los motivos que mencionan aquellas que optan por no acudir a las autoridades, se encuentran la culpa, la vergüenza y el temor a no ser creídas. 

Según el mismo estudio, el 27,1% de las mujeres que sí denunciaron a sus exparejas ante la policía aseguran estar bastante o muy insatisfechas con el trato recibido. Entre los motivos citados, las mujeres deslizan la falta de interés por resolver el caso (71,8%), la desprotección (34,1%), hacerlas sentir culpables (22,1%), la falta de información sobre los recursos de apoyo (21%) y la sensación de que la policía no les creyó (19,6%).

El porcentaje de insatisfacción respecto al trato recibido se instala en el 19% en el caso de las víctimas de violaciones fuera de la pareja, el 18,1% para los intentos de violación y el 17,2% en cuanto a otras formas de violencia sexual.

El Informe anual de violencias institucionales machistas en el Estado español también pone el acento sobre la percepción de las víctimas en torno a la respuesta institucional ante la violencia ejercida sobre ellas. Y el sector policial es el segundo más señalado por sus deficiencias, especialmente entre las mujeres extranjeras. La policía autonómica es criticada con mayor frecuencia (52,2%), seguida por la nacional (21,7%), la local (17,4%) y la guardia civil (8,7%). Las autoras explican este orden aludiendo a que habitualmente las competencias en materia de violencia de género recaen en la policía autonómica.

Las mujeres identifican algunos patrones que se repiten en el seno de las comisarías. Hablan de la omisión frente a las violencia machistas, a través de dificultades a la hora de interponer una denuncia o inadecuación de los espacios de atención, pero también señalan a los agentes como propios agresores: deslizan en estos casos "abuso de poder, amedrentamiento y criminalización de las mujeres".

Si el contexto previo es el de una manifiesta fragilidad en la confianza de las víctimas hacia el sistema, ¿cuál es el impacto de casos como el del número dos de la Policía Nacional? "Evidentemente mina y mucho la confianza en el sistema", expresa Miguel Lorente, exdelegado del Gobierno contra la Violencia de Género. "Vemos que hay desconfianza en el sistema porque no responde bien ante la violencia que les llega", lamenta. 

Casos como el actual son especialmente graves, a su juicio, porque entra en juego la violencia ejercida por parte de quien debería ser el máximo garante de la protección de las víctimas. "La inmensa mayoría de las violaciones se producen al margen del sistema, porque no se denuncian. Y no se denuncian porque hay elementos de sobra para desconfianza", zanja el también médico forense.

Precisamente por ese motivo, razona el experto, confiar en el sistema implica necesariamente que el sistema cambie. El exdelegado insiste en que los agresores machistas tienen la particularidad de saberse impunes: "Su posición de poder es tal, que van a influir sobre las víctimas para evitar que denuncien. Pero incluso cuando sí denuncian, los maltratadores también saben que van a contar con elementos de apoyo para que no sean creídas". 

Marisa Soleto, directora de la Fundación Mujeres, añade algunos matices en su análisis: "La confianza de las víctimas desde luego se construye a partir de comportamientos ejemplares de los servidores públicos y claro que hace daño la imagen del jefe de la policía denunciado por agresión sexual. Pero tan importante como eso es la respuesta institucional en este tipo de casos", se apresura. Y concreta: "La celeridad, evitar declaraciones para justificar o poner en duda la denuncia o el derecho a denunciar de una víctima, evitar el efectismo y la polémica política y partidista, forman también parte de la construcción de la confianza de las víctimas en el sistema".

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguró este miércoles haber actuado de forma inmediata en cuanto tuvo conocimiento de los hechos. "Ahora es el momento de la justicia y también de todo el respaldo, evidentemente, a la víctima", afianzó ante los medios de comunicación, para añadir que presentará su dimisión si la víctima expresa no haberse sentido protegida.

Poco después, fue el turno del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez: "El Gobierno ha actuado con contundencia, coherencia y empatía con la víctima". También puso el foco en la víctima la ministra de Igualdad, Ana Redondo, quien la considera "un ejemplo para muchas otras". Y añadió: "Siempre decimos que hay que denunciar". Preguntada sobre los fallos en el sistema, la ministra se detiene en el "factor humano". Cada individuo, precisó la titular de la cartera, "tiene su trastienda", pero cuando se conoce una situación de estas características, "hay que apartar a esa gente y que caiga todo el peso de la ley".

En este punto se detiene Soleto. "La realidad nos demuestra una y otra vez que no hay ningún ámbito que se libre de este tipo de hechos", reseña, pero sí cree que la clave está en cómo se responde ante estas situaciones. "La respuesta correcta es la clave para la prevención y protección de las víctimas directas y el conjunto de potenciales víctimas presentes y futuras", zanja la experta.

Si la Macroencuesta se esfuerza en identificar los motivos por los que gran parte de las víctimas desconfían de las instituciones, también explora el extremo opuesto: el 61,4% de las mujeres que denunciaron a sus exparejas ante la policía está bastante o muy satisfecha con el trato recibido. El porcentaje es del 51,4% en el caso de las víctimas que denuncian una violación fuera de la pareja. Las autoras del estudio recalcan que "la mayor formación en esta materia que recibe desde hace algunos años el personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se traduce en una mayor sensibilización y en una mejor atención".

“Cuando la Guardia Nacional llegó a la ciudad, pensé: ‘¿qué puedo hacer yo para protestar?' Fue justo después de que comenzasen a venir, y al mismo tiempo empezaron las redadas del ICE [los agentes del servicio de Inmigración de EEUU, por sus siglas en inglés]. No soy el tipo de persona que puede estar todo el día por ahí protestando… Así que me dije: ‘um, tenemos esta impresora 3D, ¿por qué no usarla para hacer el bien?’ Imprimí unos silbatos para ver qué tal iba… y a la gente pareció gustarle mucho. De repente, he impreso y distribuido cerca de 2.500 silbatos”.

Como muchos ciudadanos estadounidenses, las políticas del presidente Donald Trump llevaron a Jon a decidir que tenía que hacer algo para manifestar su oposición y a la vez ayudar a los que más lo podían necesitar. Por eso, este joven que nació y vive en Washington, la capital, y que prefiere que no demos a conocer su nombre completo, decidió utilizar su impresora para fabricar silbatos con los que los vecinos pudiesen alertar de la presencia de los agentes migratorios o de la Guardia Nacional, que desde agosto patrullan la ciudad. Después, colocó un bol con un buen puñado de ellos en una biblioteca pública, les hizo una foto y contó su iniciativa en Reddit.

"Con la reciente ocupación del Distrito de Columbia, quizá es el momento de protegerte a ti mismo y a los demás, o simplemente dar una señal de alerta con este silbato pequeño pero ENSORDECEDOR. ¡Hagamos ruido! Acabo de dejar cien silbatos en la biblioteca Martin Luther King. Por favor, coged uno”, escribió en el foro de la plataforma dedicado a Washington. “Y si tienes una impresora 3D, te animo a que imprimas copias para tus amigos o para reponer los de la biblioteca", añadió.

Hoy la publicación tiene mil "me gusta" y las respuestas están llenas de personas que proponen lugares donde se pueden usar impresoras 3D para fabricar más silbatos, que anuncian que ellos y sus amigos van a hacer lo mismo o que simplemente aplauden el gesto y proponen donar fondos a Jon para que pueda seguir imprimiendo silbatos. Quizás gracias a esa motivación, ha estado semanas llenando el bol de la biblioteca con 150 silbatos nuevos cada día. "Y seguiré así hasta que este sinsentido acabe. Y recordad, ¡si veis algo, haced ruido o llamad al número que aparece en la parte de atrás!", publicó recientemente de nuevo en la red.

Jon sentía que mucha gente no sabe cómo protestar, afirma en conversación con infoLibre, pero no pensaba que su iniciativa fuese a animar a otros a hacer lo mismo. Sin embargo, lo cierto es que desde el desembarco de los agentes de inmigración en Mineápolis, y especialmente desde que Renee Good y Alex Pretti muriesen acribillados por los tiros de esa misma policía, se han multiplicado las iniciativas individuales y colectivas para dificultar su tarea, expresar rechazo y proteger a quienes son su objetivo. 

Sobre todo, gracias al papel de las redes sociales, que están permitiendo dar a conocer nuevas ideas a un público muy amplio y poner en contacto a organizadores con interesados en movilizarse. Como le pasa al washingtoniano, muchos piensan que actuar ahora es lo correcto, y ya son decenas las cuentas las que están aportando al movimiento. Entre las más repetidas están esas que, ciudad a ciudad, avisan de dónde se ha visto a agentes de inmigración y que muchos migrantes sin papeles consultan antes de salir de casa, ya como hábito diario.

Una búsqueda rápida en Instagram permite encontrar multitud de iniciativas individuales. Las hay de todos los tipos, desde quienes prefieren protestar discreta pero constantemente a quienes optan por ponerse en el camino de los agentes del ICE para que pierdan el tiempo con ellos, que son ciudadanos estadounidenses, en lugar de dedicarlo a arrestar inmigrantes. 

“Es momento de crearle problemas al ICE”, dice una mujer que se define como amante de los animales y del medio ambiente en un vídeo en Instagram mientras se la ve sacando unos imanes con la bandera de México de una bolsa y colocándolos en la parte de detrás de su coche. “Recordemos que incluso si solo dedican un minuto a buscar información sobre mí, será un minuto en el que no estarán persiguiendo a nuestros vecinos”, explica en la publicación.

“El patrón para tejer este cartel que pone ‘Que le jodan al ICE’ ya está gratis en mi blog y también se puede comprar. Todos los fondos irán al Fondo de Respuesta Rápida y al Centro de Derecho para Inmigrantes de Minesota, pero os animo a donar directamente y a encontrar otras maneras de ayudar. Puedes buscar grupos en tu zona o programar una donación periódica, si puedes. Hay que abolir el ICE”, dice también en Instagram la artista de crochet Divine Debris.

En Washington, es normal encontrar en tiendas pequeñas tarjetas de papel o panfletos que explican qué hacer en caso de que los agentes de ICE se presenten en casa. “Usted tiene derechos constitucionales: no abra la puerta si un agente de inmigración está tocando, no conteste ninguna pregunta, usted tiene derecho a guardar silencio; no firme nada sin haber hablado con un abogado”, reza una encontrada en una librería de la ciudad, que no incluye información sobre su autor o autores.

Las redes sociales también están sirviendo para informarse sobre dónde y cuándo van a tener lugar protestas, y para darles difusión una vez celebradas. En todas ellas hay decenas de vídeos de manifestantes sentados en el suelo de tiendas Target, nuevo foco de los activistas contra el ICE, llevando pancartas y cantando eslóganes juntos. En algunas de esas publicaciones aparecen frases como “Así se ve la resistencia cuando el miedo desaparece” o “Esto es una advertencia: cuando te pones del lado del autoritarismo, la gente dará un paso adelante para hacerte daño donde duela”.

Target lleva un año enfrentándose al boicot de muchos de sus clientes porque, pese a ser una marca que presumía de valores progresistas, cuando Trump llegó al poder decidió acabar con todas sus políticas de igualdad y equidad y con su programa de impulso a los emprendedores afroamericanos. Pero desde que los agentes del ICE detuviesen a dos empleados de los grandes almacenes dentro de una tienda de Minesota, de donde es originaria la compañía, los activistas han redoblado sus protestas, exigiendo a Target que se posicione contra las políticas de inmigración de Trump.

Los activistas también se están organizando para dar conciertos nocturnos a las puertas de los hoteles donde duermen los agentes. En los vídeos se ven auténticas bandas de rock con guitarras, bajos y baterías que desafían los 30 y 40 bajo cero de Minneapolis y Saint Paul (Minnesota) para no dejarlos descansar. “Anoche fuimos a tres hoteles diferentes para exigirles responsabilidades por su colaboración con el ICE. Estas iniciativas están funcionando, y no vamos a parar. Los hoteles están cerrando temporalmente para echar al ICE. Les están denegando reservas. Sin nuestro permiso, estos agentes no pueden aterrorizar a nuestras comunidades. Únete a nuestra resistencia y no cooperación, ¡ganaremos!”, han escrito esta semana los grupos Sunrise Twin Cities y Climate Defiance, originalmente activistas climáticos de Minnesota. 

En esa misma línea, el movimiento 50501, que surgió para protestar contra las políticas de Trump en todos los estados de EEUU —los 49, más el Distrito de Columbia, donde está la capital— está promoviendo acciones similares contra los agentes del ICE, pidiendo a sus seguidores que no les sirvan comida ni bebida, que no les den alojamiento, y que boicoteen a las marcas que sí lo hacen, facilitando además guías y otros recursos online para quien desee seguir sus consejos.

“¡No sirvas al ICE! ¡Y tampoco dejes que les sirvan! Si ves al ICE en un negocio o establecimiento, vete y di a los dueños por qué te vas. Si eres propietario de un negocio, no sirvas al ICE ni a otros agentes que apoyen las operaciones del ICE. Ni comer, ni repostar gasolina, ni hoteles, ni servicios. Haz esto en cualquier parte en la que veas agentes, publícalo en redes y comparte historias de tus acciones con el hashtag #DontServeICE (“no sirvas al ICE”). Esto hará la vida inaccesible para los agentes. Si quieren participar en la sociedad, deben parar con su comportamiento criminal”, recalca la publicación del movimiento 50501.

A Jon, el fabricante de silbatos, le anima que las personas estén respondiendo con activismo a todo lo que está sucediendo en Estados Unidos, pero teme por lo que venga después. “El tema del ICE es terrible, la falta de transparencia, la brutalidad con la que se está haciendo, la crueldad… recuerda a los años 30 en Alemania. Y no hay escapatoria. Es horrible de ver, de leer... odio decir que no me sorprende que estén matando a gente en Mineápolis, estos no son agentes entrenados, no saben lo que están haciendo. Algunos son insurreccionistas del 6 de enero [de 2021, cuando tuvo lugar el asalto al Capitolio de Washington] que ahora tienen un trabajo, y están más interesados en sí mismos que en el propósito real”, lamenta. 

“La historia se repite, sobre todo cuando la gente no recuerda su historia, y eso es exactamente lo que está sucediendo”.

En las últimas semanas, las crónicas provenientes de Minnesota nos han devuelto un reflejo incómodo sobre la condición humana. En las redadas del ICE para detener a inmigrantes en la ciudad de Mineápolis, en este estado del norte de EEUU, se produce un contraste desgarrador.

Por un lado, nos llegan historias de personas que arriesgaron su propia seguridad para proteger a vecinos inmigrantes. Por otro, están quienes, amparándose en la legalidad, deciden denunciar a esos mismos vecinos. Un mismo escenario y dos modelos de respuesta colectiva, a simple vista, completamente divergentes.

Ante tales escenarios, nuestra inclinación natural es clasificar el mundo entre personas valientes y cobardes. Héroes y traidores. Sin embargo, desde un análisis psicológico riguroso, debemos advertir que esta dicotomía es insuficiente para explicar un fenómeno tan complejo.

El psicólogo estadounidense Lawrence Kohlberg llevó a cabo estudios pioneros en el campo del desarrollo moral. Argumentaba que no nacemos con una brújula ética sino que la construimos, transitando por diferentes etapas. A medida que se encadenan unas con otras, marcan la evolución de la propia moralidad y ponen de manifiesto su transformación durante el recorrido.

En las etapas más elementales, asociadas a la infancia, nuestras respuestas morales se guían por el miedo al castigo o por las posibles recompensas.

A partir de cierta edad, adquirimos normas y cierto sentido de obediencia a la autoridad. Y, en algunas personas, los procesos de maduración y las experiencias vividas facilitan la llegada a un nivel superior.

Kohlberg llamaba nivel postconvencional a la cumbre del desarrollo moral. Las personas que llegan a dicho nivel ya no se limitan a la obediencia ciega de la ley o de la autoridad.

En esta etapa, se distingue entre lo legal y lo justo. Se priorizan los principios universales de dignidad humana incluso por encima de las normas institucionales. También por encima de las consecuencias de su incumplimiento o del riesgo personal que puedan suponer.

Este marco del estudio de la moral se vio enriquecido por las aportaciones de la psicóloga y eticista Carol Gilligan. Sostuvo que el desarrollo moral también puede expresarse a través de una ética del cuidado, centrada en la responsabilidad hacia las otras personas.

Por nuestra parte, en diversos estudios hemos analizado cómo la respuesta a dilemas morales depende de muchos factores. Entre ellos, la pregunta condiciona la respuesta. No respondemos lo mismo ante la pregunta “¿Es correcto?” que ante la pregunta “¿Lo harías?”.

Esto implica que el razonamiento moral, por sí solo, no explica la conducta. En situaciones reales no solo debemos decidir qué es lo correcto. Debemos ejecutar, o no, esa decisión. Y, por supuesto, ello nos llevará a enfrentarnos a las consecuencias que se deriven de nuestras acciones.

Los datos extraídos de un estudio sobre las personas que rescataban congéneres judíos durante el Holocausto resultan ilustrativas. Al preguntarles por qué habían arriesgado todo, muchas personas respondían con una sencillez desconcertante: “¿Qué más podía hacer?”. Para estas personas, la decisión no fue una elección heroica calculada.

Su decisión era una respuesta inevitable. Análogamente, para las defensoras de Minnesota, la inacción habría supuesto una traición a su propia esencia. Una traición que habría resultado más dolorosa que cualquier represalia estatal. La autocondena frente al castigo externo.

Por el contrario, en contextos de persecución o rigidez legal, el sistema presiona al individuo para que “simbolice” obediencia. Si esto implica buenas o malas acciones, es otra historia.

Paradójicamente, la complicidad con la injusticia a menudo no tiene que ver con la maldad. Un estudio reciente sobre la “lealtad como legitimadora” revela que el mismo valor que nos hace “buenos vecinos” puede cegarnos.

Según esta investigación, quienes valoran la lealtad por encima de otros principios son más propensos a percibir actos injustos como legítimos. El robo de salarios o la represión estatal, en este caso, son validados porque provienen de la misma estructura de poder a la que somos leales sin dudarlo.

A esto se suma la desvinculación moral. Es un escudo psicológico que nos permite desactivar la autocrítica. Nos llegamos a ver como meros engranajes de una maquinaria superior.

Entonces, nos protegemos de la autocondena mientras participamos en la deshumanización de otra persona.

¿Qué nos queda entonces? La esperanza reside en la capacidad de experimentar lo que el psicólogo social y escritor estadounidense Jonathan Haidt denomina elevación moral.

Al observar los actos de excelencia ética en Minnesota, podemos sentir admiración. Podemos experimentar un estado psicológico y físico que nos impulsa a recentrar nuestra propia brújula moral.

El heroísmo funciona como un catalizador que activa nuestra propia tendencia a actuar. Nos recuerda que la responsabilidad hacia otras personas es, en última instancia, una responsabilidad hacia nosotras mismas.

Cada vez que elegimos la justicia sobre la comodidad o la empatía sobre la lealtad ciega, estamos construyendo el yo que responderá cuando llegue la siguiente (o verdadera) crisis.

Comprenderlo nos advierte sobre nuestra propia fragilidad. Si hoy nos enfrentáramos a una situación como las que nos llegan del panorama internacional, ¿qué haríamos?

Si nuestra seguridad personal dependiera de nuestro silencio o de la denuncia de un vecino, ¿sabemos realmente qué mecanismos de nuestra mente tomarían el control?

La moralidad no es una ciencia exacta. Descansa sobre la interacción bidireccional entre tres aspectos. De una parte, la predisposición biológica. De otra, las normas y valores adquiridos. Y, entre ambos aspectos, nuestro razonamiento y voluntad de actuar.

Mirarse al espejo y reconocer esa vulnerabilidad es el primer paso para asegurarse de que, llegado el momento, la brújula apunte hacia el lado correcto.

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Albert Flexas Oliver e Iraïs Seguí i Palou son profesores en el Departamento de Pedagogía Aplicada y Psicología de la Educación de la Universitat de les Illes Balears. Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Puedes leerlo aquí.

La Casa Blanca evitó este lunes disculparse por las afirmaciones realizadas por miembros del Gobierno de Donald Trump sobre el hombre que murió por disparos de agentes federales el sábado en Mineápolis, que lo acusaron de "asesino" o de ser un "terrorista doméstico" poco después del suceso, informa EFE.

Al ser preguntada por qué distintos miembros de la Administración optaron por llegar a determinadas conclusiones cuando no se sabía mucho sobre el incidente, la portavoz de Casa Blanca, Karoline Leavitt, se escudó en que la situación está cambiando de manera muy rápido.

"Esta ha sido una situación muy cambiante y que se ha desarrollado rápidamente durante todo el fin de semana. En cuanto al presidente Trump, en cuyo nombre hablo, ha dicho que quiere que la investigación continúe y que los hechos hablen por sí solos", respondió la portavoz.

"Un asesino trató de asesinar a agentes federales" escribió en X el jefe de gabinete adjunto, Stephen Miller, poco después de que varios oficiales del inmigración tirotearan a Alex Pretti, enfermero de 37 años, en Mineápolis, en el transcurso de un operativo para arrestar migrantes.

En su primera intervención tras el suceso, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, aseguró que Pretti trató atacar a los agentes y blandir su arma con "intención de hacer daño" y de llevar a cabo actos de "terrorismo doméstico".

Múltiples vídeos del tiroteo contradicen lo dicho por Noem o Miller, ya que muestran a Pretti protegiendo a dos mujeres de los empujones y del gas pimienta de los agentes, que se echan encima suyo y le requisan su arma para, a continuación, dispararle varias veces por la espalda cuando yace en el suelo.

Al ser preguntada sobre si alguien en la Administración tiene previsto disculparse con la familia del enfermero fallecido por esos comentarios, Leavitt se limitó a decir que "el incidente sigue bajo investigación" y que nadie en la Casa Blanca, "incluido el presidente de Estados Unidos, quiere ver a estadounidenses heridos o muertos".

La muerte de Pretti supone el segundo suceso de este tipo en menos de tres semanas en Mineápolis, donde el pasado 7 de enero una mujer, Renee Good, falleció a causa de los disparos de un funcionario de inmigración.

Las redadas a gran escala contra migrantes en Mineápolis fueron ordenadas por el Gobierno de Trump a principios de enero, cuando el documental de un 'youtuber' conservador puso de nuevo en el foco los casos de fondos federales supuestamente malversados por guarderías gestionadas por miembros de la comunidad somalí.

La muerte de Renee Nicole Good bajo los disparos de un agente del ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas) es un asesinato. JD Vance lo sabe, por eso no ha tardado en salir a los medios y manifestar que el agente goza de “inmunidad absoluta”. Cualquier demócrata, más con una responsabilidad institucional como la suya, habría dicho que “la justicia aclarará lo ocurrido”, a lo que podría unir que él espera que se demuestre que no ha sido un homicidio. 

Sin embargo, ni siquiera quiere dar oportunidad a esa investigación y lo cubre de inmunidad por el simple hecho de que el agente estaba realizando su trabajo, un planteamiento tan absurdo que haría que cualquier policía que matara a una persona dentro de una actuación policial, como ocurrió en la misma ciudad con George Floyd, quedara impune. Algo similar a lo que sucedería con un médico que cometiera una negligencia como parte de su actuación profesional. Es el ejercicio profesional el que puede dar lugar a abusos y mala praxis en cualquier profesión, no el que impide que ocurran.

Pero, además, la propia dinámica de los hechos que se observa en los vídeos grabados demuestra el asesinato, y contradice la versión dada por el agente que disparó y las autoridades republicanas. Veámoslo:

Los agentes del ICE podían haber actuado en cualquier momento sobre la mujer de Nicole, que estaba grabando la conversación con ellos, e impedir que se marchara en el vehículo, pero no lo hicieron porque entendieron que no era necesario al tratarse de una protesta. Los disparos del agente no fueron intimidatorios ni los dirigió contra las ruedas u otras partes del vehículo que habrían podido facilitar la detención de la activista, sino que disparó al menos tres veces y desde muy cerca hacia su cabeza. Ella no huía, puesto que no se veía afectada por las medidas contra la Inmigración del operativo desplegado.

No se trata de un caso aislado, tal y como han puesto de manifiesto las investigaciones periodísticas, los disparos y las amenazas con armas por parte de agentes del ICE se ha convertido en un patrón dirigido a intimidar y a aleccionar a la población. Y el hecho de que se produzcan este tipo de declaraciones justificando lo ocurrido por parte de los principales responsables del país, los mismos que promueven estas redadas contra la población inmigrante, demuestra que se trata de una estrategia en la que todo está previsto, desde las diferentes formas de actuar, entre las que se incluyen la intimidación con las armas y los disparos, hasta las justificaciones para cada una de las ocasiones. El asesinato de Renee N. Good sólo ha sido una de las consecuencias que se podían producir.

La política de DJ Trump y sus actuaciones se mueven por el mismo patrón: se actúa al margen de la ley, y luego se explica lo ocurrido negando la realidad y dándole un significado diferente bajo el criterio de la “verdad alternativa”, de la que tanto habla Trump desde hace años. Es lo mismo que ha ocurrido en Venezuela, que más que una invasión y secuestro de un presidente, intentan presentarlo como una especie de invitación a una fiesta sorpresa, sin que nadie haga referencia a las 100 personas asesinadas durante los hechos, ni al significado que tiene sobre la soberanía de un país.

Es la “ley y el orden” de la que tanto habla DJ Trump, solo que se le olvida decir “mi ley y mi orden”. Lo terrible es que una de las primeras democracias de la historia permita que su presidente actúe de esa forma. 

Nunca América será grande otra vez de ese modo, por mucho petróleo que consiga.

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Miguel Lorente Acosta es médico y profesor en la Universidad de Granada y fue Delegado del Gobierno para la Violencia de Género.

El vicepresidente de EEUU, JD Vance, afirmó este jueves que el agente de inmigración que mató en la víspera a una mujer en la ciudad de Mineápolis "está protegido por inmunidad absoluta" y acusó a la fallecida de ser una activista "víctima de la ideología de izquierda" que trató de atropellar al funcionario con su vehículo, informa EFE.

"Se trata de un agente federal de las fuerzas del orden que participa en una operación policial federal. Es un asunto federal. Ese individuo está protegido por inmunidad absoluta. Estaba cumpliendo con su deber", dijo Vance en una rueda de prensa en la Casa Blanca.

El número dos del presidente, Donald Trump, cargó contra el gobernador de Minnesota y excandidato demócrata a la Vicepresidencia, Tim Walz, al que acusó de "perseguir" al agente y "a hacerle la vida imposible por haber hecho el trabajo que se le encomendó".

También acusó a la prensa de tergiversar los hechos. "Nunca he visto un caso tan mal representado y tan mal informado", indicó en consonancia con los ataques previos de la Administración a los medios. "Ese mismo agente de ICE casi pierde la vida hace seis meses, arrastrado por un coche, y recibió 33 puntos de sutura en la pierna. Así que, ¿creen que quizás esté un poco sensible ante la idea de que alguien lo embista con un automóvil?", agregó.

Vance también repitió las acusaciones de Trump contra la fallecida, una estadounidense de 37 años identificada como Renee Good, a la que el presidente calificó de "agitadora profesional".

Miembros del Gobierno republicano como la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, han acusado a Good de "terrorismo interno" porque, según ellos, iba a atropellar a los agentes con su auto, pero el alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, negó esta versión al sostener que los oficiales la mataron de forma injustificada.

"Tenemos el caso de una mujer que dirigió su coche hacia un agente de policía y pisó el acelerador. Nadie lo discute. Puedo considerar que su muerte es una tragedia y, al mismo tiempo, reconocer que es una tragedia provocada por ella misma", dijo este jueves Vance, a pesar de que la investigación sobre el incidente aún está en curso.

Good falleció este miércoles tras ser disparada por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mientras maniobraba con su auto en medio de una redada migratoria, enmarcada en la campaña ordenada por Trump en ese estado de medio oeste estadounidense.

El hecho ha elevado las ya existentes protestas contra ICE en Mineápolis, donde al menos ocho personas quedaron detenidas este jueves al inicio de la segunda jornada de manifestaciones por la muerte de la mujer, según confirmaron varios testigos a EFE.

El gobernador Walz declaró este miércoles una emergencia y pidió a su Guardia Nacional prepararse para responder a las manifestaciones, mientras las escuelas públicas de la ciudad han cancelado las clases lo que queda de semana por seguridad.

Cuarenta y seis años después, la Universidad Complutense ha vuelto a pronunciar en voz alta lo ocurrido el 13 de diciembre de 1979. Lo ha hecho en la Facultad de Ciencias de la Información, donde este viernes se ha inaugurado en la quinta planta el mural que recupera la pintada hallada hace un año con una frase casi borrada y dos nombres que durante décadas habían quedado sepultados bajo capas de pintura y un silencio institucional prolongado. José Luis Montañés Gil, de 22 años, estudiante de Ciencias Políticas, y Emilio Martínez Menéndez, de 20, alumno de Ingeniería Industrial, murieron por disparos policiales tras una jornada de movilizaciones estudiantiles contra la Ley de Autonomía Universitaria. Aquella pintada —"José Luis, Emilio, no os olvidamos"— fue la prueba de que, pese al paso del tiempo, su recuerdo había resistido en los márgenes.

"Su nombre, su historia y su ausencia forman parte de una herida que aún duele", ha resumido Javier Montañés, hermano de José Luis, en una de las intervenciones que han marcado la jornada. "La memoria no es venganza, es la base mínima de una democracia", ha insistido. A su lado, Mari Carmen Martínez, hermana de Emilio, ha agradecido que la universidad y las nuevas generaciones hayan hecho suyo el recuerdo de su hermano. "Ver este mural y escuchar hoy a los estudiantes de la época es una forma de reparación después de tantos años", ha celebrado, subrayando la importancia de que la memoria "salga por fin del ámbito privado y se convierta en un reconocimiento colectivo".

La inauguración del mural, obra de Alicia León Gordo, ha sido el eje simbólico de una jornada de charlas que ha reunido a instituciones, familias y al movimiento estudiantil. El acto ha querido convertir el hallazgo de la pintada en una reparación pública, con el impulso de la facultad y la participación del Comisionado para la celebración de los 50 años de España en Libertad, además del acompañamiento de infoLibre, que ha apoyado el proyecto y ha participado en el arranque institucional.

El bloque dedicado a las familias ha sido el más emocionante de la jornada. Mari Carmen Martínez ha recordado a Emilio como un joven profundamente comprometido desde muy temprano, con quien hablaba de política y de la Transición. Además, ha relatado el impacto devastador de su muerte en "una familia que no entendía cómo la policía podía disparar contra un hijo que no era un delincuente". "Fue muy duro asumirlo, y lo fue aún más el silencio posterior", ha señalado. Pero también ha destacado el valor del momento actual y ha agradecido que la Universidad y los estudiantes hayan hecho suyo el recuerdo de su hermano.

Javier Montañés ha insistido en que el recuerdo de José Luis no puede quedar reducido a una nota a pie de página. Ha descrito a su hermano como un joven con "hambre insaciable de leer y conversar", comprometido con el estudio y la solidaridad. "A José Luis y a Emilio los asesinó la policía con su arma reglamentaria. Sus únicas armas eran su voz y su lucha", ha recordado. Montañés ha defendido que "recordar no es reabrir heridas, es evitar que se repita la impunidad".

La importancia del homenaje también ha residido en su respaldo institucional. Tanto la Secretaría de Estado de Memoria Democrática como infoLibre, que han financiado parte de la reconstrucción del mural, han subrayado el acto como "un paso necesario" para convertir la memoria en reparación pública. Carmina Gustrán, comisionada de los 50 años de España en Libertad, ha advertido de que la democracia no llegó de forma plena con el final del franquismo: "En 1975 no llegó ni la libertad ni la democracia". "Actos como este nos recuerdan el muchísimo trabajo que queda por hacer y la necesidad de celebrar el pasado con espíritu crítico", ha insistido.

Por parte de infoLibre ha intervenido Jesús Maraña, director editorial del periódico, que ha vinculado memoria y presente desde su experiencia como estudiante en la Complutense en aquellos años. Ha recordado la movilización estudiantil de 1979 y ha cuestionado el relato de una Transición modélica. "Cuando se insiste en la imagen de una Transición pacífica se está falseando la historia", ha afirmado. "La democracia no cayó del cielo, se construyó con conflicto, con represión y con un coste humano que no podemos permitirnos olvidar", ha insistido.

La mesa dedicada al movimiento estudiantil ha trazado un hilo continuo entre el 13 de diciembre de 1979 y la universidad actual, mostrando que cambian las formas, pero no las lógicas de control y represión. Desde el movimiento del 79 se ha situado la muerte de José Luis y Emilio en un contexto de violencia estructural y de continuidad de prácticas franquistas en las fuerzas de seguridad. Ramón Adell, sociólogo y entonces activista estudiantil, ha señalado que "las tácticas policiales no se habían democratizado y la impunidad era total", y ha recordado la actuación sin consecuencias de grupos de extrema derecha dentro y fuera de la universidad.

Otros participantes han rechazado cualquier lectura edulcorada de aquel periodo y han subrayado que la lucha contra la Ley de Autonomía Universitaria iba mucho más allá de una norma concreta. Mauricio Gallego, abogado y miembro del movimiento estudiantil de la época, ha defendido que "no peleábamos solo contra la LAU, peleábamos contra un sistema que quería cerrar en falso la Transición".

Sobre el 13 de diciembre, la mesa ha sido explícita. Carlos Tejero, que estuvo presente en aquella manifestación, ha sostenido que "ese día alguien dio la orden de ahogar en sangre la movilización", insistiendo en que las muertes no fueron un exceso aislado, sino el resultado de una estrategia represiva. La campaña posterior de descrédito mediático también ha sido señalada como una pieza clave de la impunidad. Adell ha resumido esa violencia prolongada con una frase contundente: "A José Luis y a Emilio no solo los ha matado la policía, los han rematado los medios".

Ese pasado ha encontrado un reflejo directo en las intervenciones del movimiento estudiantil actual. Las voces jóvenes han descrito una universidad donde la represión ya no suele expresarse en disparos, pero sigue presente en campus militarizados, sanciones, vigilancia y límites al derecho de protesta. Fran Flecha, del movimiento libertario, ha advertido de que "la violencia continúa aunque no termine en muertes", vinculando estas prácticas a desahucios, cargas policiales y control del espacio público.

Al mismo tiempo, se ha reivindicado la continuidad de la lucha. La defensa de lo público y de la autonomía universitaria ha aparecido como un eje compartido entre generaciones, junto a la preocupación por la derechización de una parte de la juventud. Frente a ese avance, se han puesto en valor las resistencias que se articulan desde el feminismo, los movimientos queer y las asambleas estudiantiles. María Prieto, de la Acampada por Palestina, ha resumido ese hilo de continuidad entre generaciones con una idea clara: "No hemos heredado una lucha cerrada, seguimos en la misma".

La jornada ha culminado con la inauguración del mural en la quinta planta de la facultad. Aquella pintada mínima que decía "José Luis, Emilio, no os olvidamos" ha dejado de ser un rastro casi borrado para convertirse en una afirmación pública y permanente. La Complutense no solo ha homenajeado a José Luis y Emilio, sino que ha convertido la memoria en un acto presente y colectivo.