La detención de Mbayé vuelve a aflorar el eterno (y silenciado) problema de las retenciones por perfil racial

"No podemos ir a trabajar. No podemos llevar a nuestros hijos al cole. No podemos volver a nuestra casa. Nos esperan por todas partes". Quien habla es Serigne Mbayé, exdiputado autonómico y secretario de Antirracismo de Podemos. Lo hace mientras se seca las lágrimas. Y tras abandonar, de madrugada, la comisaría del distrito madrileño de Usera, a la que había sido trasladado tras ser arrestado en la puerta de su domicilio. "Esto es racismo puro y duro, esto es una persecución contra las personas racializadas. Esta detención de hoy le tiene que dar vergüenza a todo el pueblo que no está en contra del racismo. Vamos a seguir luchando", insiste tras su puesta en libertad.

La detención del político y activista se produjo, según la Delegación del Gobierno en Madrid, tras la llamada de un vecino a la Policía Nacional alertando de un supuesto intento de robo de un vehículo. Al llegar al lugar, los agentes pararon a dos individuos. El primero se identificó sin problema. Pero el segundo, Mbayé, que en sus redes denuncia las continuas identificaciones a las que se enfrenta en su día a día, se negó. "Mostró una actitud de enfrentamiento con la Policía y trató de huir, lo que obligó a la intervención para evitar su fuga", dicen desde la Delegación del Gobierno. Fue entonces cuando bajaron algunos vecinos, produciéndose una "situación de tensión", según el relato oficial, en la que acabaron detenidas siete personas. Todas, por atentado a la autoridad y lesiones.

"Situaciones como la vivida por Serigne suceden cada día, en cada rincón, sin que se genere ningún tipo de reacción mediática o política", explica en conversación telefónica con infoLibre Youssef Ouled, periodista e investigador experto en racismo. Y las cifras que cada año pone sobre la mesa la Federación Sos Racismo, con oficinas desplegadas en seis provincias –Aragón, Bizkaia, Catalunya, Galicia, Gipuzkoa y Navarra–, dan buena cuenta de esta realidad. Solo en 2024, último ejercicio con datos disponibles, se documentaron 68 casos de racismo policial. La gran mayoría, el 72,1%, se correspondían con retenciones por perfil étnico-racial.

No es, ni mucho menos, un problema exclusivo de nuestro país. La última edición del informe Ser negro en la Unión Europea, elaborado por la Agencia de la Unión Europea para los Derechos Fundamentales (FRA, por sus siglas en inglés), ponía de manifiesto que uno de cada cuatro encuestados afrodescendientes habían sido parados por la policía en los últimos cinco años, cifra que aumenta hasta el 34% en el caso de jóvenes con edades comprendidas entre los 16 y los 24 años. Solo en los últimos doce meses, el porcentaje de identificados se situó en el 12%. La gran mayoría de los que sufrieron estas retenciones, un 58%, vieron en ellas una motivación política –una percepción del 66% en el caso de España–.

Es complicado tener una fotografía completa a nivel cuantitativo de esta realidad. Primero, porque no hay, al menos en España, datos oficiales que permitan analizar en todo su alcance la práctica de la identificación y registro por perfil racial. Y segundo, porque existe mucha "infradenuncia" en relación con los ataques racistas. De hecho, según el informe de la agencia europea, solo un 9% de las personas que se habían sentido discriminadas pusieron los hechos en conocimiento de las autoridades. "Hay muchas denuncias en redes, pero no a nivel formal. Faltan herramientas para poder denunciar, es muy complicado probar que te han parado por un criterio racial", expone Ouled, al tiempo que recuerda que no es sencillo "denunciar" ante la "misma institución" que "está vulnerando tus derechos".

Lo sabe bien Rosalind Williams. En 1992, esta española nacida en Nueva Orleans viajaba a Valladolid con su familia cuando en la estación de tren de la ciudad castellana un policía de paisano le exigió la documentación. "Tenemos instrucción de identificar a gente como ella", soltó el policía. Williams llevó el caso hasta el Tribunal Constitucional, que le denegó el amparo alegando que en los controles policiales "determinadas características físicas o étnicas pueden ser tomadas en consideración" como "indiciarias del origen no nacional de la persona que las reúne". Ocho años después, el Comité de Derechos Humanos de la ONU dio la razón a la mujer. Y sacó los colores al Estado español y a la corte de garantías.

Formularios de identificación

Que hay un problema de perfilación racial es algo que han puesto de manifiesto algunos estudios. Uno elaborado en 2013 por el Instituto de Derechos Humanos de la Universitat de València exponía que las personas gitanas tenían 10 veces más papeletas de que les identificaran en la calle que las de apariencia caucásica europea, una tasa de desproporción que en magrebíes se situaba entonces en el 7,5 y en afro-latinoamericanos, en el 6,5. Otro de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), elaborado en 2015 mediante observación en la estación de autobuses de Granada, reflejaba que por cada persona blanca que se identificaba se paraban a 42 personas negras, 12 con rasgos étnicos gitanos y 10 con apariencia magrebí.

El exdiputado de Podemos, Serigne Mbaye, ya en libertad, denuncia "persecución y violencia policial"

Ver más

La Ley de Seguridad Ciudadana –conocida popularmente como ley mordaza– establece que los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad "podrán requerir la identificación" cuando "existan indicios de que ha podido participar en la comisión de una infracción" o cuando "en atención a las circunstancias concurrentes" se considere "razonablemente necesario" que "acrediten su identidad para prevenir la comisión de un delito". Una práctica en la que, continúa, deben respetarse "los principios de proporcionalidad, igualdad de trato y no discriminación por razón de nacimiento, nacionalidad, origen racial o étnico". Algo que, denuncian cientos de colectivos, no ocurre.

"El de la perfilación racial es un problema que no se reconoce a nivel institucional y, en consecuencia, no se aborda", asevera Ouled. En el caso de Serigne, sindicatos policiales y Delegación del Gobierno han defendido la actuación de los agentes: "Actuó, por tanto, en respuesta a un requerimiento ciudadano, en el ejercicio de sus funciones de prevención, identificación e intervención". Los vecinos, sin embargo, aseguran que es otra "identificación injusta por perfil racial". "Ningún otro vecino o vecina del edificio (personas blancas) ha sido jamás identificada ni en la calle ni en la puerta de su casa, y esta es la segunda vez que paran a Serigne en las inmediaciones de su domicilio".

Además de la prohibición expresa de las "redadas racistas" en la llamada ley mordaza, los colectivos llevan tiempo exigiendo, como también lo hizo en 2022 el Defensor del Pueblo, que se implanten de manera sistemática formularios de identificación y registro en los que se deje constancia de la raza y nacionalidad de la persona sometida al control o del motivo de la identificación. "Si los agentes son funcionarios del Estado, debemos saber cómo actúan", expone Ouled. Esto es algo que, de hecho, ya se ha probado en algún municipio. Es el caso de Fuenlabrada. Antes de su uso, su policía municipal identificaba a 9,6 marroquíes por cada español. Medio año después, esa ratio se había reducido a 3,4 por uno, al tiempo que la tasa de acierto –porcentaje de identificaciones que descubrían un ilícito– aumentaba, pasando del 6% previo al 40% ocho años más tarde.