La Generalitat ha ampliado este sábado la investigación sobre el origen del brote de peste porcina africana (PPA) a cinco centros que trabajan con el virus de esta enfermedad animal en un radio de veinte kilómetros en torno al foco del brote, incluido el laboratorio IRTA-CReSA.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha informado de esta medida en una comparecencia este sábado ante los medios de comunicación, a raíz del informe del Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA-INIA), laboratorio de referencia de la Unión Europea situado en Valdeolmos (Madrid), que detalla que el genoma del virus detectado es similar al que circuló en Georgia en 2007 y que suele emplearse en estudios experimentales y en la evaluación de vacunas.

Este descubrimiento ha puesto el foco en el IRTA-CReSA, laboratorio de salud animal localizado en el Campus de la Universidad Autónoma de Barcelona, en Bellaterra, a apenas un kilómetro de donde hace unos días aparecieron los primeros ejemplares de jabalíes muertos.

Illa ha declarado que la auditoria de protocolos de esos centros la liderará el IRSA-CReSA, que creará un grupo de expertos del máximo nivel para conocer el origen del brote, sobre el que no se descarta ninguna hipótesis, y ha subrayado que hacer este encargo a ese laboratorio es "una muestra de confianza" en el centro catalán de sanidad animal.

El Gobierno valenciano está ultimado un decreto para reducir la población de jabalíes, como ha confirmado el vicepresidente tercero y conseller de Recuperación Económica y Social, Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus.

El decreto sobre jabalíes, que se elevará al pleno del Consell, tiene como finalidad articular ayudas directas a los titulares de cotos de caza, que recibirán una aportación de 40 euros por cada ejemplar cazado y retirado del medio natural.

"Esta actuación constituye una acción prioritaria para reforzar la capacidad de respuesta del territorio frente a un posible brote que tendría un impacto sanitario y económico muy significativo en las explotaciones porcinas", ha subrayado.

El vicepresidente ha explicado que el plan de choque se complementa con un encargo de emergencia a la empresa pública Vaersa, "que habilitará un servicio específico de recogida de animales cazados y pondrá en marcha un dispositivo de trampeo destinado a instalar cajas trampa en aquellos puntos donde la actividad cinegética no resulte una solución satisfactoria".

El plan establece como corredores viarios de riesgo, entre otros, la A-7, AP-7, N-232, A-3, A-23 y CV-10, donde la presencia de fauna silvestre implica una especial atención preventiva.

El Gobierno ha elevado a nueve el número de jabalíes muertos por peste porcina africana (PPA), en el radio del primer foco, todos en el municipio de Cerdanyola del Vallés (Barcelona), según un comunicado del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) de este martes que ha recogido EFE.

El Mapa ha informado de la muerte de otros siete jabalíes, unos casos positivos de PPA que ya se han notificado a la Comisión Europea y a la Organización Mundial de la Sanidad Animal (OMSA), han sido confirmados por el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete (Madrid).

En cuanto a las actuaciones en granjas de cerdo, el Gobierno ha señalado que se han visitado las explotaciones de ganado porcino localizadas en el área de 20 kilómetros en torno la zona infectada, sin que se haya detectado sintomatología ni lesiones compatibles en ninguna de ellas.

Los servicios veterinarios oficiales de Cataluña, en colaboración con el MAPA, han delimitado esa zona de control y vigilancia de 20 kilómetros, donde se ha prohibido la caza para evitar el movimiento de los jabalíes y se han reforzado las actuaciones de búsqueda y trampeo con personal específicamente formado y conocedor de la zona.

Además, están colaborando miembros de la Unidad Militar de Emergencias (UME), de los Mossos d'Esquadra, de la Guardia Civil (Seprona) y de la Policía Local para vigilar el acceso de personal no autorizado a la zona infectada, incluido el Parque de Collserola, con el objetivo de reforzar la desinfección de vehículos que accedan al perímetro del área.

En total, se han movilizado 120 personas del cuerpo de agentes rurales y 26 equipos operativos de trabajo, así como 117 efectivos de la UME equipados con estaciones de descontaminación, equipos de gestión de capturas en condiciones de bioseguridad y drones con capacidad de búsqueda en zonas amplias y detección nocturna con infrarrojos.

En las granjas porcinas se mantiene un "alto nivel de alerta" con refuerzo de vigilancia pasiva y bioseguridad, tanto en Cataluña como en el resto de las comunidades autónomas, según el ministerio.

A petición del MAPA, un equipo veterinario de Emergencias de la Comisión Europea (CE) formado por expertos epidemiólogos se ha incorporado a los trabajos para evaluar sobre el terreno las medidas desplegadas y emitir recomendaciones que refuercen las actuaciones con vistas a controlar la enfermedad lo antes posible.

El ministerio ha recordado la obligación de comunicar a los servicios veterinarios de las comunidades cualquier sospecha que se detecte y la necesidad de extremar las medidas de bioseguridad en todas las explotaciones de ganado porcino y en el transporte.

La peste porcina africana es una enfermedad que no afecta a las personas, ni por contacto con los animales ni por ingestión de productos derivados de ellos.

China ha confirmado oficialmente a las autoridades españolas que acepta la regionalización de la situación de peste porcina africana (PPA), prohibiendo solo la entrada de productos derivados del cerdo que provengan de la provincia de Barcelona, según ha informado EFE.

Así lo ha avanzado el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, tras su reunión de hoy con el sector productor e industrial del cerdo de capa blanca en la que les ha trasladado que, por el momento, no se han detectado positivos en granjas ni animales de producción con sintomatología compatible.

El objetivo ahora es, ha recalcado, "tener delimitada" la zona afectada y "evitar su extensión a otros lugares".

El sector del cerdo español empieza a notar el impacto de la peste porcina africana (PPA), la que podría ser su mayor crisis en décadas. Varios países relevantes, como Japón, han cerrado sus fronteras a este producto y en los próximos meses habrá millones de cabezas que recolocar en otros mercados, como el español o el europeo. El "atasco" formado por ese exceso de carne se ha traducido en una bajada del 8% en el precio del cerdo vivo en la lonja y ese descenso llegará en cascada hasta el supermercado, incentivando el consumo interno.

"El daño en el sector va a ser general para toda España, aunque será una ventaja para el consumidor porque su precio bajará de manera sustancial. Creemos que crecerá su consumo interno", valora Miguel Ángel Higuera, director de Anprogapor, la ​​Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino. 

La caída de precio del cerdo es por ahora limitada, pero podría seguir agudizándose a medida que se aclare qué países han cortado sus importaciones, puesto que el Ministerio de Agricultura está negociando la situación de forma individual con más de 40 mercados. La lonja porcina referencia, Mercolleida, se reunió de urgencia este lunes y bajó el precio del animal vivo de 1,30 euros/kilo a 1,20, un 7,7% menos. Esa cifra es la que pagan los mataderos a los ganaderos, los primeros que van a sufrir la crisis.

Pedro Rodríguez, coordinador de Consorcio Serrano, una asociación de 18 grandes exportadores de jamón, confirma también que su producto tiende a la baja. "Atasco de carne va a haber seguro, y de jamón también, pero algo menos. Ya lo teníamos por la bajada de importaciones de China, pero si caen ahora México y Japón, será todavía mayor", explica.

El fin de semana ha sido frenético para todo el sector, que se ha encontrado por fin con una crisis que llevaba años anticipando. "Evidentemente es una mala noticia, pero sabíamos que tarde o temprano podía aparecer", reconoce Ricard Parés, director de Porcat, la patronal en Cataluña. La peste estaba ya en gran parte de Europa y en cualquier momento podía saltar desde el norte de Italia, aunque la principal hipótesis es la infección de un jabalí que habría comido carne o embutido infectado de la basura, lo que explicaría que la enfermedad siga contenida en un radio limitado de la sierra de Collserola (Barcelona).

La incertidumbre de esta crisis es doble. Por una parte, la peste podría saltar a una granja de cerdos, lo que llevaría la crisis a un escenario mucho peor. Por otra, es extremadamente complicado calcular el daño económico y las empresas afectadas hasta que se aclare la situación comercial. Aun así, expertos de la Plataforma Tierra (Cajamar) calculan que hay unos 1.000 millones de euros en ventas que se verán bloqueados en aduanas, sobre unas exportaciones globales en 2024 de 8.800 millones de euros.

El análisis estima las ventas anuales en productos porcinos a los países que desde el jueves –y probablemente hasta 2027– no compran ningún producto español por miedo a que esté contaminado. Más del 70% de esos 1.000 millones corresponderían a Japón, el segundo mayor socio comercial no europeo.

El primer importador es China, que seguirá comprando porcino español gracias a un acuerdo alcanzado precisamente hace tres semanas –que prohíbe solo la entrada de productos originarios de la provincia afectada, Barcelona–. La Unión Europea también permite la libre circulación de porcino español salvo el que proceda de la zona confinada de 20 kilómetros alrededor de los cadáveres de jabalí encontrados.

Pablo Resco, experto en mercados agrarios de Plataforma Tierra, afirma que en este momento hay mucha incertidumbre porque cada país extracomunitario tiene sus propias condiciones comerciales, pero que no se esperan grandes pérdidas. "No significa que esos 1.000 millones se vayan a perder porque se exportarán a otros países. Lo lógico sería que gran parte de esa carne acabe en Europa", subraya. Lo que sí es probable es que la carne de cerdo siga cayendo de precio, según Resco, porque Japón importó el año pasado 190.000 toneladas de producto, y ahora hay que recolocarlas.

El problema que hay en este momento, según diferentes portavoces del sector, es que hay 141 países compradores de productos porcinos y los que están fuera de la Unión Europea suponen 3.700 millones de euros en volumen de negocio. Dentro de ese bloque hay países que admiten la regionalización de la crisis –solo vetan la entrada de cerdo de empresas ubicadas cerca del foco– y otros que cierran por completo sus fronteras. Entre los primeros están China y Corea del Sur, y en los segundos México, Taiwán y Japón. Reino Unido también ha vetado cualquier entrada, aunque Pablo Resco cree que negociarán en los próximos días una apertura parcial.

Dentro de los países que admiten regionalización hay también diferencias. La de China es provincial, mientras que la de Corea es en un radio de 20 kilómetros –como la europea–, de ahí que sea tan complicado calcular con precisión el daño en la industria cárnica, porque hay que bajar al detalle para ver quién puede vender qué. En todo caso, todos los gigantes del sector se verán afectados porque tienen lazos con Japón como Vall Companys, Campofrío, Costa Food o Incarlopsa.

Esa regionalización de la crisis hará que la peor parte de las pérdidas se la lleve la provincia de Barcelona, donde hay 14 fábricas cárnicas, según el Ministerio de Agricultura. Cataluña también es la segunda comunidad con más cabezas de cerdo, tras Aragón, con 8,03 millones de animales en 2024, el 23% del total de España. En la provincia de Barcelona, que no podrá vender a China, hay 1,9 millones de cerdos, y es la segunda provincia más importante de Cataluña, solo superada por Lleida (4,5 millones).

Cada mañana, la gente corriente se despierta con dos alarmas, la del despertador y la de las preocupaciones. Quizás te ha dado un valor alto en una analítica y hay que hacer una biopsia o ha habido cambio de criterio en el proyecto del que formabas parte y ya no van a contar contigo. Puede que la última ecografía haya revelado una cardiopatía congénita y cuando nazca tu bebé tengan que operarlo a corazón abierto. Tal vez, te han despedido, después de darlo todo en el curro y hoy te ves en la calle con tu alquiler o con tu hipoteca. Es posible que tu amiga haya vuelto a sufrir malos tratos de su pareja o que el Alzheimer haya comenzado a ocupar la cabeza de tu madre… Pones la radio, hablan de unos presuntos sinvergüenzas que se han llevado mordidas y comisiones, no has tomado el primer café y ya tienes ganas de vomitar.

A lo largo de la Historia, la corrupción ha caminado de la mano de la Humanidad, pegadita a nosotros, como el sudor. Y, sin embargo, no perdemos la cándida capacidad de sorpresa. Con cada nueva aparición de esta cabrona, volvemos a abrir los ojos, de par en par, ante el cinismo con el que se las apaña para habitar tranquilamente entre nosotros, sin el menor atisbo de mala conciencia.

Claro, es que la gentuza no piensa en la gente corriente, no se sabe si porque nunca fueron gente, o si es que con el poder y el dinero, tan cerca y tan fácil, se implantaron el sufijo y perdieron de golpe la raíz.

A la gente corriente se le agotan los calificativos, no existen suficientes exabruptos en la lengua de Cervantes para el desahogo, para conjurar la indignación. Es enorme la impotencia y profundo el asco, porque la mierda siempre huele mal, sea de un bebé o de un caballo y mucho más intenso el hedor cuanto más cerca está. Cada vez que un caso grave de corrupción sale a la luz, no muere un gatito, lo que muere es la confianza, muere la esperanza, mueren las ganas. Y gane quien gane la pasta que todo lo corrompe, siempre pierden los mismos, siempre pierde la gente corriente.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha tenido conocimiento a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Andalucía, relativa a la presencia de listeria en productos cárnicos de la marca El Capellán, empresa ubicada en Constantina (Sevilla), según informa EFE.

Los productos implicados, según ha informado la Aesan son: chorizo ibérico, chorizo ibérico picante, chorizo de venado, chorizo de venado picante, chorizo de jabalí, salchichón ibérico, salchichón de venado, chorizo ibérico de patata, morcilla ibérica, morcilla ibérica de patata, morcilla ibérica achorizada, morcilla ibérica de patata picante (Lotes: 46/24 Fecha de caducidad 11.05.25; 47/24 Fecha de caducidad 18.05.25; y 48/24 Fecha de caducidad 25.05.25).

Según la información disponible, la distribución inicial ha sido en las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Madrid y País Vasco. En el caso de Andalucía, la Consejería de Salud y Consumo de la Junta no ha detectado por el momento ningún afectado vinculado a la alerta por listeriosis. en Madrid, la Consejería de Sanidad no ha detectado tampoco ningún afectado por la alerta y ha destacado que la propia empresa "autodetectó" dichos productos y que fueron retirados.

Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) y a las autoridades de Salud Pública, con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización y, si procede, se informe de la existencia de posibles casos.

Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta, se abstengan de consumirlos. En el caso de haber consumido alguno de los productos de los lotes afectados y presentar sintomatología compatible con la listeriosis (vómitos, diarrea o fiebre), se recomienda acudir a un centro de salud.

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha informado este martes de casi 200 lotes de unas lentillas diarias y mensuales fabricadas por Alcon, cuya comercialización ya se ha interrumpido, que podrían ocasionar irritación o visión borrosa, entre otros, según informa EFE.

La agencia dependiente del ministerio de Sanidad ha tenido conocimiento por el propio fabricante, la empresa Alcon Healthcare, filial española de la estadounidense Alcon Laboratories, del cese de venta de algunos lotes de las lentes de contacto "Dailies total1" y "Total30" por no cumplir con los estándares de calidad y/o rendimiento a lo largo de su vida útil indicada en el etiquetado. 

El uso de lentes de los lotes identificados podría ocasionar problemas temporales como irritación, enrojecimiento o visión borrosa, que suelen desaparecer tras la retirada o sustitución de las mismas.

Alcon está enviando una nota de aviso dirigida a ópticas y usuarios de este problema; por su parte, la Aemps ha exhortado a dejar de utilizar las lentillas de los 175 lotes afectados y ponerse en contacto con la óptica en la que se adquirieron para devolverlas por otras. También requiere a las ópticas que revisen su inventario y, en el caso de disponer de los productos identificados, cesar su venta y desechar las lentes.

En el caso de que las hubiera vendido, las ópticas deberán contactar con los consumidores para informarles del problema, pedirles que las tiren y proporcionarles otras de lotes distintos.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha tenido conocimiento a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) de una notificación de alerta relativa a la posible presencia de fragmentos de vidrio en los productos tinto de verano limón, tinto de verano limón 0,0 y tinto de verano gaseosa de la marca La Casera, según informa EFE.

Según detalla, la información es resultante del autocontrol de la propia empresa, que ha comunicado la incidencia a las autoridades competentes, en cumplimiento de la legislación y a fin de no poner a disposición de la población alimentos no seguros.

La distribución inicial ha sido a Andalucía, Asturias, Aragón, Islas Baleares, Cantabria, Cataluña, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Islas Canarias, Extremadura, Galicia, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, País Vasco y Comunidad Valenciana, aunque no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras.

Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta, se abstengan de consumirlos.

Faltan médicos en España y las comunidades autónomas, que tienen la competencia transferida, buscan fórmulas para salvar lo más urgente: las plazas de difícil cobertura. Se trata sobre todo de consultorios rurales, pero no sólo. Hospitales modestos de capitales de provincia sin facultad de Medicina tienen también dificultades para atraer facultativos. La jubilación de la numerosa generación de los baby boomers, que ya ha comenzado, ha encendido las alarmas sobre una situación que, según denuncian los profesionales, debía haberse previsto.

“Se viene diciendo desde hace varios años, esto había que haberlo organizado, pero no se ha hecho por dejadez de las autoridades sanitarias”, denuncia Hermenegildo Marcos, vicepresidente de la Unión Europea de Médicos Generales y de Familia (UEMO). “Los gestores sanitarios y los políticos hacen sus previsiones a cuatro años, hasta las próximas elecciones; cuando nos reunimos con ellos nos dan la razón, pero después no lo abordan”. Este doctor rural zamorano es un firme defensor de la atención primaria, pero entiende las razones por las que muchos residentes prefieren quedarse en un hospital a manejar una consulta cuando terminan su formación.

La consulta del centro de salud urbano comienza a ser tan poco atractiva para muchos médicos de familia como los consultorios rurales que les obligan a largos desplazamientos en carretera, por razones opuestas. “En lo rural hay áreas de difícil cobertura por dispersión y alejamiento, pero también hay zonas de difícil cobertura en determinados puntos de las ciudades, incluso en ciudades grandes, por el trabajo desbordante, con listas de espera de entre 8 y 15 días. Que se trabaje en esas condiciones no lo quieren los pacientes ni tampoco el personal”, explica Marcos, que representa a los médicos rurales en el Consejo General de Médicos de España.

Esa disyuntiva está en el horizonte próximo de Víctor Lemes, residente de cuarto año de Medicina Familiar y Comunitaria en Zamora. Este joven de Lanzarote siempre tuvo interés en “lo que ahora llaman España vaciada” y por eso, tras estudiar su carrera en Salamanca, eligió un complejo asistencial sanitario pequeño como el de Zamora. Está convencido de que este tipo de centros son los mejores para la formación de los médicos de familia, porque al no haber residentes de todas las especialidades, tienen la oportunidad “de adquirir más habilidades”. La duda surge a la hora de plantearse su destino profesional: la situación de las consultas en los centros de salud urbanos disuade.

“Tengo dilema entre la medicina rural y quedarme en el hospital en urgencias. Lo que tengo claro es que no quiero una consulta en un centro sanitario sobrecargado, como lo son ahora mismo muchos en los centros urbanos, donde la burocracia ha tomado el día a día. La medicina de familia como especialidad necesita tiempo para sus pacientes”, explica. En la medicina rural sí hay tiempo para atender al paciente como es debido, pero presenta sus propias dificultades. “Aquí en Zamora hay consultas rurales que están a una hora o más, por carreteras nacionales nada seguras, con cruces de animales, y no te financian el kilometraje desde donde vives sino desde tu centro de salud base, y todo con tu propio coche”, describe. “Tienen que hacerlo atractivo, con incentivos económicos, como en algunas islas menores de Canarias, o con más puntos de cara a una oposición, como en algunas zonas de Galicia, pero aquí no hay nada”.

La medida que se está aplicando en Castilla y León, y también en la Comunidad Valenciana, para cubrir las vacantes de médicos de familia es contratar a facultativos sin MIR, un procedimiento que rechazan frontalmente las sociedades científicas de médicos de familia por considerarla ilegal. “La medicina de familia es una especialidad igual que el resto y se debe garantizar en todos los lugares la cobertura de la atención primaria con especialistas. Si no, estaremos dando un trato desigual a los pacientes en función de dónde residan”, argumenta Lemes. Las asociaciones profesionales denuncian que esa práctica “desprestigia” la especialidad y la hace “menos atractiva”, con situaciones como que médicos sin MIR contratados para cubrir esas plazas tengan el cometido de tutelar a médicos con MIR que están haciendo su residencia, “lo que menoscaba sus derechos formativos”.

El sistema sanitario español no permite obligar a un médico a cubrir una plaza determinada, pero las organizaciones profesionales aseguran que podría conseguirse con buenos incentivos. “No hay manera de obligar a nadie, hay muchas plazas y pocos médicos, y los pocos médicos que hay eligen de acuerdo a sus necesidades de trabajo y familiares. Son más atractivos los núcleos grandes, bien situados, con colegios cerca, con universidades para continuar la formación o la investigación”, describe Marcos. Los incentivos económicos son fundamentales, sobre todo en un contexto de falta de médicos en los países desarrollados donde España ofrece salarios notablemente más bajos. Un psiquiatra, por ejemplo, cobra tres veces más en Irlanda.

Falta dinero, pero falta mucho más. “Pedimos cambiar la forma de trabajar, la gestión del tiempo, disminuir el trabajo burocrático. Para las nuevas generaciones, sobre todo, es muy importante la flexibilidad, la compatibilidad de la vida laboral con la social”, indica Marcos. Además, considera que cuando hay complementos salariales de dispersión geográfica, como en algunas islas de Baleares o Canarias, “son mínimos y no compensan”. Pide retener a los médicos de familia por arriba y por abajo: a los mayores, para que les resulte atractivo alargar su carrera tras la jubilación, y a los más jóvenes, para que no se queden en los hospitales por temor a una consulta de centro de salud, a una primera puerta del sistema sanitario, que ven desvirtuada, sobrepasada y hostil a los fundamentos de su especialidad: la cercanía, el seguimiento y el tiempo con el paciente.

Grupo Palacios Alimentación ha anunciado la retirada voluntaria de todos sus productos de tortilla de patata envasada al plato, después de que se hayan detectado varios casos de botulismo por el consumo de este producto. 

Desde el Sistema de Alertas de Salud Pública se advirtió hace unos días de la detección de hasta siete casos de botulismo cuyo nexo común era el consumo de este producto. Si bien no se especificaba la marca, desde Ahorramás decidieron ayer retirar todos sus productos y hoy el Grupo Palacios, además, paralizar su fabricación. 

Palacios ha distribuido un listado de marcas y supermercados en los que recomienda a los usuarios devolver las tortillas adquiridas y, en todo caso, abstenerse de su consumo:

El grupo empresarial ha recordado que la Agencia Española de Seguridad Alimentaria (AESAN) “no ha podido establecer una evidencia de causa-efecto, ni en los productos, ni en los procesos”. Además, insisten en que sus instalaciones de Mondrian, donde se estaban fabricando las tortillas, han sido inspeccionadas hasta en cuatro ocasiones con resultado favorable por las autoridades sanitarias. 

Por el momento, según el último informe del Ministerio de Sanidad, el brote de botulismo ha afectado a 4 personas. Dos de ellas son procedentes de Italia, pero habían consumido el producto en Valladolid, además hay otras dos personas en Asturias y Galicia, de 49 y 50 años respectivamente, que han sido contagiadas y han requerido tratamiento UCI. 

Otros tres casos en Madrid, Andalucía y Valencia coinciden clínicamente y, en el caso madrileño, la persona afectada también ha necesitado tratamiento intensivo. El botulismo es una enfermedad grave, pero infrecuente y, en nuestro país, casi todos los brotes esporádicos tienen relación con productos alimentarios preparados o en conserva.

El Sindicato de Médicos y Médicas de Atención Primaria (SMP) anuncia huelga indefinida a partir de las 00,00 horas del próximo día 20 de enero ante "la falta reiterada" de respuesta del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y de la Consejería de Salud y Consumo a sus reivindicaciones, según informa Europa Press. Así lo indica el sindicato en nota de prensa, en la que especifica que este martes han notificado al SAS la convocatoria de esta huelga a la que están llamados a participar todos los médicos de la atención primaria andaluza, médicos de familia y pediatras de los centros de salud y sus puntos de urgencias.

Según señala, los motivos que han provocado esta decisión es "la falta reiterada" de respuesta del SAS y de la Consejería de Salud a nuestras reivindicaciones, "sobradamente conocidas por el actual gobierno, comprometidas para la anterior legislatura, sin que se haya dado respuesta a la mayoría de las peticiones".

El SMP explica que las reuniones mantenidas durante estos últimos cuatro años con diferentes interlocutores "han sido infructuosas" para convencer a los actuales gobernantes "de las bondades de una atención primaria bien presupuestada, con recursos materiales, organizada con sentido común y suficientes profesionales, en el caso que nos ocupa los médicos, que además estén bien tratados". "O al menos no han considerado el bienestar y el dar un trato justo a los médicos de la atención primaria como una prioridad", ha precisado.

"Por bien tratados entendemos que las retribuciones sean acordes al nivel de conocimientos, de responsabilidad y de penosidad que se nos exige, y que las condiciones de trabajo y de jornada nos estén lesionando nuestra salud y nuestras vidas constantemente", manifiesta en sindicato, desde donde añaden: "Estamos hartos. Esta situación no debe continuar".

"Tras cuatro años seguimos con prácticamente el mismo salario. Han subido escasamente el valor de la hora de las guardias y ahora nos pagan más por trabajar más horas, pero no era eso lo que pedíamos ni a lo que se comprometieron. Queríamos justicia y equiparación con otras profesiones y puestos, con los compañeros hospitalarios, con otras CCAA y países, y unas jornadas de duración razonable, lo cual no tenemos en muchos casos. No pedíamos trabajar más horas, aunque si se trabajan deberían pagarse mejor", manifiestan.

Además, indican que tras cuatro años "seguimos con agendas con un número ilimitado de pacientes, donde siempre caben más, insertadas o en agendas paralelas, y con un tiempo miserable para cada paciente", y añaden que "estas no son condiciones para ejercer la medicina".

Igualmente, desde el SMP apuntan que tras cuatro años "seguimos con la categoría" de Dispositivo de Apoyo, unos puestos que "crearon con la intención de que fueran 'chicos para todo' y que sufre numerosos agravios en sus condiciones respecto a los médicos con cupo de pacientes y respecto a los médicos del 061, con quienes comparten la atención urgente".

Y finalizan asegurando que tras cuatro años la situación "de falta de médicos en atención primaria es aún peor que antes". "No hay relevo suficiente ni siquiera para la gran cantidad de jubilaciones que se están produciendo y que se van a producir en los próximos años. Y no es por falta de médicos disponibles, es porque cada vez somos más los que huimos de este nivel asistencial y de la especialidad de Medicina de Familia porque no hay quien soporte trabajar en las condiciones que tenemos en demasiados centros de salud de nuestra comunidad autónoma", agregan.

Por último, desde el SMP lamentan los trastornos que esta huelga produzca a la ciudadanía, a nuestros pacientes, pero "creemos que ha llegado el momento de defendernos a nosotros, los médicos".

"Ahora vamos a destinar parte de nuestro tiempo y esfuerzo a cuidarnos luchando por nuestras condiciones de trabajo, ya nos toca. Esperamos que entre los beneficios de ello esté el poder atenderles mejor que ahora tras la huelga. Mientras, cumpliremos con los servicios mínimos necesarios para que nadie que realmente tenga un problema de salud inaplazable o grave se vea perjudicado", concluye en sindicato.

Una vez controlada, aunque sea parcialmente, la pandemia de covid-19, viejos fantasmas vuelven a alertar a los servicios de Salud Pública españoles: la gripe está entre ellos. El Centro Nacional de Gripe advierte de que esta temporada de influenza, cuyo pistoletazo ha marcado este lunes el Ministerio de Sanidad, puede ser más dura de lo habitual cuyo pistoletazo ha marcado este lunes el Ministerio de Sanidadtras más de un año y medio sin rastro de los virus responsables. Las incertidumbres son altas, de entre el 20% y el 200% de aumento de la incidencia según los modelos matemáticos, pero varios son los factores que justifican el temor: la pérdida de inmunidad, el levantamiento casi total de las restricciones y la dificultad para estimar cuáles serán las cepas dominantes. 

Ante este escenario, se vuelve a imponer la necesidad de lograr un éxito histórico en la campaña de vacunación de la gripe. Ya se consiguió durante la temporada 2020/2021, donde la inmunización de los grupos de riesgo alcanzó el 67,7% tras casi una década anclados en el 55% y en ligero descenso. Iván Sanz, virólogo y responsable del Centro Nacional de Gripe, cree difícil ya no solo superar la cifra, dado que el Ministerio de Sanidad ha anunciado que la meta es el 75%: también igualarla. "Es muy difícil de alcanzar. En nuestro país somos pioneros en vacunación de gripe, pero la cobertura no deja de bajar y no sabemos muy bien por qué es. El año pasado fue anómalo, por el miedo de sufrir covid y gripe a la vez. Este año no creo que vayamos a tener esas cifras". 

En la temporada 2011-2012, la cobertura de los grupos de riesgo (niños, mayores de 65 años y embarazadas, entre otros) alcanzó el 57,7%. No dejó de bajar, con la excepción de la 2016-2017, hasta la temporada pasada, con ese histórico 67,7%. Sanz es pesimista, pero un factor juega a favor de la campaña: la simultaneidad de este pinchazo con la tercera dosis de la vacuna anti-covid en mayores, enfermedad para la que sí existe más alarma social y con la que la respuesta de la población española ha sido excelente y de récord en el continente europeo. Algunas comunidades han empezado este mismo lunes y se espera que todas arranquen con la campaña en las próximas dos semanas, dependiendo de la disponibilidad de dosis.  

Nos va la vida en ello. La influenza, lamenta Sanz, ha sido considerada en las últimas décadas una "enfermedad de segunda", por la normalización de una patología que, irremediablemente, convive con nosotros. Pero durante finales 2019 y principios de 2020, causó 3.900 fallecimientos. La cifra se queda muy corta en comparación con el covid, pero la Salud Pública española ya se está poniendo las pilas para que el número no se dispare. Más teniendo en cuenta que el SARS-CoV2 no se ha ido, y que la actuación combinada de ambos patógenos podría ser una realidad, aunque no lo haya sido hasta el momento. 

La campaña de la vacunación de la gripe cobra especial importancia en este otoño e invierno por varios factores que, entrelazados, hacen temer a los expertos un invierno duro. En primer lugar, por las consecuencias de una práctica desaparición de los virus de la influenza durante el reinado del coronavirus: ha sido más difícil que nunca identificar las cepas que podrían reinar en el hemisferio norte. Las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) se hacen en febrero, a muchos meses vista. Siempre hay margen de error, pero ahora es algo más amplio. "La decisión se ha tomado con menos información. Se ha hecho lo mejor que se ha podido. El virus siempre nos puede sorprender", asegura Sanz. 

De hecho, el resumen semanal del Instituto de Salud Carlos III, pese a que aún no identifica apenas casos de gripe en España –aún es pronto–, ya ha encontrado dos casos de cepas que no están cubiertas por las vacunas planteadas para esta temporada. "Se han caracterizado tres virus de la gripe A (H3N2), dos en Cataluña y uno en Baleares (...) Según el último informe del ECDC de caracterización de los virus de la gripe en Europa, este grupo ha demostrado ser antigénicamente diferente al grupo al que pertenece el virus que se ha utilizado para elaborar la vacuna de la temporada 2021-22". Es insuficiente como para hacer sonar las sirenas, pero digno de análisis.

El sistema de vigilancia español de la gripe, explica la institución, está en plena transición a un sistema que permitirá, en el futuro, monitorear la gripe y el covid a la vez, cuando la situación permita analizar una muestra de casos, considerados representativos, y no todos los sospechosos, como pasa actualmente con el SARS-CoV2. "El objetivo es (...) que estos sistemas permanezcan en el tiempo como sistemas de vigilancia de infección respiratoria aguda (IRA) leve y grave, con los que se podrá vigilar, además de los dos virus mencionados, cualquier otro virus respiratorio o posible agente etiológico emergente en el futuro". La Atención Primaria y la Hospitalaria están inmersos en el cambio, y permitirá estar en primera línea de batalla este invierno, también para identificar lo antes posible cepas peligrosas. 

A juicio de Sanz, el segundo factor que anticipa un invierno complicado es la pérdida de inmunidad tras más un año y medio sin sufrir la gripe, aunque con excepciones. "Llevamos mínimo dos años perdiendo anticuerpos y el virus continúa evolucionando. Ahora va a haber una gran bolsa de individuos susceptibles". El tercero es la reapertura generalizada y el fin de las restricciones. El virus de la gripe es respiratorio y, como tal, su circulación baja con el uso de mascarillas, la eliminación de las aglomeraciones en interior y la higiene de manos. El fin de esas prácticas podría llevar a su renacer. "Podría duplicarse la epidemia con respecto a una epidemia normal de gripe", advierte el virólogo. 

Las estimaciones matemáticas hablan de entre un 20% y un 200% de mayor incidencia. La incertidumbre aún es muy alta, reconoce el virólogo. También hay muchas dudas con respecto a la convivencia entre el covid-19 y la influenza. Hay virólogos que consideran que la teoría de la competencia vírica, en la que se presupone que los patógenos no se pisan la manguera y una alta incidencia de un virus respiratorio anula a otro similar, no tiene demasiada evidencia detrás. Sanz sí cree que es posible: al afectar ambos al sistema respiratorio, la hipótesis es plausible. Pero la ciencia aún está en pañales en esta cuestión en concreto. Solo queda esperar, prepararse lo mejor posible y no olvidar las recomendaciones que sirven para ambas enfermedades: higiene de manos, toser en el codo, mascarilla en interiores y evitar contactos, también en el trabajo, ante la aparición de síntomas. 

Una nueva edición de The Lancet Countdown, el informe más prestigioso del mundo en materia de cambio climático y su relación con la salud pública, se ha publicado este jueves. Representando "el consenso entre los investigadores líderes de 43 instituciones académicas y agencias de la ONU", el estudio pone negro sobre blanco, una vez más, que la crisis climática no es solo una cuestión de futuro, sino de presente, y que afecta ya a la salud y a la vida de millones de personas, sobre todo de los países más pobres. "Las poblaciones de países con bajos y medios niveles de desarrollo humano han sufrido el mayor incremento en vulnerabilidad relacionada con el calor en los últimos 30 años", con un aumento de las muertes debido a las altas temperaturas en los últimos años que alcanza el 85%, con países como Brasil e India como principales afectados. El calentamiento global, además, "está empezando a revertir años de progreso en la seguridad alimentaria, negándoles un aspecto esencial de la buena salud". 

"El cambio climático está aquí y ya lo estamos viendo afectar la salud humana en todo el mundo", aseguró el profesor Anthony Costello, director ejecutivo de The Lancet Countdown. El calentamiento global aumenta las temperaturas medias, lo que afecta directamente al bienestar más básico de todas las poblaciones, pero también aumenta la cantidad y severidad de los fenómenos extremos, como sequías, olas de calor, tormentas o huracanes que no solo tienen obvia incidencia directa en la salud: también indirecta. Se arruinan cosechas y se abren las puertas al hambre, se genera el caldo de cultivo perfecto para nuevas y viejas enfermedades infecciosas –dengue, malaria, zika–. Los planes gubernamentales y empresariales siguen lejos de afrontar el desafío a la altura, y la ventana de oportunidad que supuso la recuperación postcovid se está empezando a cerrar. 

En cuanto al calor extremo, los últimos datos muestran que el fenómeno ya profundiza en las desigualdades de un mundo cuyo mercurio se dispara. En 2019, la mortalidad relacionada con el calor en personas mayores de 65 años alcanzó un crecimiento de récord, cifrado en 345.000 muertes, entre un 80% y un 86% más que la media entre el 2000 y 2005. El aumento afectó especialmente a India y a Brasil: el Gobierno del país sudamericano es un activo bloqueador del consenso en las últimas cumbres del clima. En 2020 se registró un aumento de los mayores, así como de los menores de un año, que sufrieron una ola de calor con respecto a la media. El documento, además, alerta de las consecuencias de los termómetros por encima de los 40 grados durante junio de 2021 en Estados Unidos y Canadá, aunque aún no hay información como para estimar correctamente el impacto. 

La "seguridad alimentaria", es decir, la capacidad de las poblaciones de tener alimentos sanos y nutritivos a su disposición, ya sea cultivándolos o comprándolos, y que esa situación sea estable en el tiempo, se está viendo comprometida tras "años de progresos". El hambre recupera terreno. "Durante 2020, el 19% de la superficie terrestre estaba siendo afectada por una sequía extrema en un mes determinado, un valor que no ha superado el 13% entre 1950 y 1999", explica el informe. "El aumento de las temperaturas acorta el tiempo en el que las plantas alcanzan la madurez, lo que implica menores rendimientos y una mayor tensión en nuestros sistemas alimentarios". 

"El maíz sufrió una disminución del 6% en el potencial de rendimiento de los cultivos; el trigo, una disminución del 3%; y el arroz, una disminución del 1,8%, en comparación con los niveles registrados entre 1981 y 2010", cifra el análisis, lo que tiene también consecuencias en los precios que pagan los consumidores de los países desarrollados y –por ahora– sin problemas de escasez, pero sujetos a una economía globalizada. "Dados los roles de género socialmente definidos, la inseguridad alimentaria afecta desproporcionadamente a las mujeres en entornos rurales, reforzando su posición en desventaja a través de la educación, los ingresos y el estatus socioeconómico", advierte el documento. 

Más consecuencias para la salud pública global que se están viendo en la actualidad: el aumento de las enfermedades infecciosas. En julio de 2021, una mujer afectada por las inundaciones de Alemania declaraba: "Uno esperaba que esto pase en países pobres". Y si bien la inequidad es dolorosa y evidente, nadie está a salvo si no estamos todos a salvo. "La posibilidad de que surjan brotes de dengue, chikunguña y zika es cada vez mayor en países con un índice de desarrollo humano muy alto, incluidos los países europeos". Hay 569 millones de personas viviendo en zonas inundables por la subida del nivel del mar, también en países ricos. Y los incendios forestales, muchos de ellos convertidos en superincendios muy difíciles de extinguir, golpearán con cada vez más dureza a países como España. "El informe de 2021 indica que las poblaciones de 134 países se vieron perjudicadas por un aumento en la cantidad de incendios forestales", declaró Costello. 

En cuanto a la dieta, The Lancet Countdown llama a una reducción del consumo de carne roja en los países desarrollados, tal y como apuntó este verano el ministro de Consumo, Alberto Garzón, en una campaña posteriormente desacreditada por el presidente Sánchez. Por las dos razones que impulsan a la redacción de este informe: por el clima y por salud. "Con las actuales intervenciones en pos de la eficiencia fracasando a la hora de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de la atmósfera, cambios en la dieta (por ejemplo, reducir ampliamente la carne roja y aumentar el consumo de vegetales) son necesarios, sobre todos en los países con altos y muy altos niveles de desarrollo humano". Las muertes asociadas a comer demasiado chuletón son nueve veces mayores en los países más ricos. 

La ventana de oportunidad de la recuperación postcovid se cierra

El consenso científico en torno al cambio climático no solo se limita a su origen antropogénico o a sus consecuencias: también abarca el hecho de que los países más ricos y emisores no están haciendo lo suficiente. Sus objetivos no van en línea con la meta del Acuerdo del París, al menos a corto plazo; el avance de las energías renovables es constante, pero no al ritmo que necesitamos; y "65 de los 84 países analizados siguen otorgando subsidios a los combustibles fósiles". Precisamente, el informe sobre la Brecha de Producción 2021 del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma), publicado este miércoles, alerta de que los Gobiernos de todo el mundo planean producir dos veces más combustibles fósiles que lo que sería coherente para limitar el calentamiento global a 1,5 grados a finales de siglo. 

The Lancet Countdown sigue considerando una "oportunidad" la recuperación postcovid si se tiñe de color verde, pero a la vez reconoce el fracaso, que ya atestigua el informe del Pnuma: cifra en 300.000 los millones de dólares que se han destinado a financiar el carbón, el petróleo y el gas en 15 países. China, Argentina, India e Indonesia emitirán más CO2 en 2021 que en 2019. Asegura una de las autoras principales del estudio, María Romanello: "Se espera que menos de un dólar de cada cinco que se gasten en la recuperación del covid-19 reduzca las emisiones de gases de efecto invernadero y es probable que las consecuencias generales sean negativas. Nos estamos recuperando de una crisis sanitaria de una manera que pone en riesgo nuestra salud". 

Bastó una cifra para electrizar el mundo financiero y poner en alerta a los bancos centrales. La semana pasada, el índice de precios al consumo de Estados Unidos subió un 4,2% en abril, su mayor incremento desde 2008. Aunque la comparación se hizo con el punto más bajo de abril de 2020, en pleno confinamiento mundial, el anuncio supuso un shock; aunque el alza de los precios al consumo en la zona euro, que acaba de salir del confinamiento, siga siendo muy comedida (+1,6%). En un mundo que olvidó durante varias décadas lo que es el aumento de precios, amenazado incluso desde la crisis de 2008 por la deflación, este aumento es demasiado sorprendente. No ha hecho falta más para hacer sonar la alarma: la inflación vuelve.

Hay muchos indicios que alimentan este temor. Aunque China volvió a ponerse en marcha en la segunda mitad de 2020 y Estados Unidos lo hizo hace dos o tres meses, la oferta tiene dificultades para responder al ritmo de la demanda industrial.

Desde principios de año, los productores cuentan que les falta de todo: acero, cobre, metales, tierras raras, semiconductores, vidrio, materiales de construcción, madera. La crisis sanitaria y los repetidos confinamientos han causado una completa desorganización de las cadenas de valor, que tardan en recuperar los ritmos previos, provocando rupturas de stock y cuellos de botella en todo el proceso productivo.

Las tensiones se ven también agravadas por las interrupciones en la cadena de suministro. No todos los países han dejado atrás los confinamientos y las restricciones, lo que crea ralentizaciones y tapones en el transporte y los puertos. El precio del flete marítimo se ha cuadruplicado desde marzo, debido a la falta de una flota mercante suficiente. Incluso hay escasez de contenedores para el transporte de mercancías. A lo largo de toda la cadena de producción industrial, los precios se disparan y la escasez temporal o más duradera se instala, obligando a su vez a las empresas, sobre todo de los sectores del automóvil y de los electrodomésticos, a detener la producción.

Mientras el mundo estaba convencido de que todo volvería a ser como antes del confinamiento, la economía real llamó al orden al mundo financiero. Nadie había previsto una recuperación tan caótica. “La crisis del covid puso de relieve las condiciones en las que se había llevado a cabo la globalización y debilitó nuestras economías occidentales”, explica Benjamin Coriat, profesor de Economía en la Universidad de París XIII. Las empresas, los economistas y, a veces, los políticos han descubierto las vulnerabilidades creadas por cadenas de valor y de suministro globalizadas en función de los costes y las dependencias vinculadas a la hiperespecialización regional, como en el caso de los semiconductores, producidos casi exclusivamente en Taiwán.

Todo el sistema de producción se encuentra ahora bajo presión; y también los bancos centrales. Desde hace tres meses, la Fed, el Banco Central Europeo (BCE), el Banco de Inglaterra y el Banco de Canadá hablan largo y tendido en sus análisis coyunturales de las fuertes subidas de las materias primas y los productos semielaborados, que empiezan a repercutir en toda la cadena de bienes y servicios.

Pero a ambos lados del Atlántico, el análisis es el mismo: estas subidas de precios, en este momento, no preocupantes. La Fed y el BCE han adoptado el mismo lenguaje para explicar la situación; se trata de una “inflación temporal”.

“Es una narrativa un poco impuesta. Los bancos centrales se sentirían muy contrariados si tuvieran que decir otra cosa”, afirma Eric Dor, director de estudios económicos de la IESEG School of Management de París y Lille. Esta narrativa justifica que no se modifique en absoluto la política monetaria, ya que los bancos centrales han decidido poner todos sus recursos al servicio de las políticas fiscales de los gobiernos para apoyar la recuperación económica tras el colapso histórico provocado por la crisis sanitaria.

Estos análisis están lejos de convencer a todo el mundo. Políticos y economistas han empezado a poner en tela de juicio a los bancos centrales, acusándolos de subestimar el riesgo inflacionista y de abandonar su mandato principal de garantizar la estabilidad de los precios. Después de criticar el plan Biden, que considera una vuelta al keynesianismo de los años 70, el exsecretario del Tesoro estadounidense Lawrence Summers, se ha convertido en el líder de esta protesta. Al denunciar la laxitud de la política monetaria de la Fed, la acusa de “complacencia frente a la inflación” y de subestimar los riesgos para la estabilidad financiera que suponen unos tipos de interés muy bajos.

Este debate sobre el retorno de la inflación parece extraño para muchos, o más exactamente no está desprovisto de cálculos y de intereses ocultos para mantener una relación de fuerzas excesivamente favorable al capital sobre el trabajo. Porque, durante tres décadas, se ha ignorado otra inflación; la de los activos. Las políticas monetarias ultraacomodaticias de los bancos centrales, y su captura por el sector financiero, han provocado una inflación sin precedentes en el precio de los valores y de los inmuebles. La desconexión con la economía real no se desmiente: las valoraciones bursátiles alcanzan ahora niveles estratosféricos, sin relación alguna con una economía mundial que ni siquiera está convaleciente. “En estas economías financiarizadas, los bancos centrales perdieron el control de este ámbito hace mucho tiempo”, señala Jézabel Couppey-Soubeyran, economista de París I-Panthéon-Sorbonne.

Muchos responsables políticos también han subestimado deliberadamente el impacto de estas burbujas de activos, sobre todo en el sector inmobiliario, en los hogares, y la medida en que contribuyen a aumentar las desigualdades y las distorsiones sociales. Mientras que, en sus estudios sobre la riqueza, el instituto francés de estadística (INSEE) apunta, año tras año, las consecuencias de tener o no una vivienda en propiedad, las consecuencias sociales derivadas de la imposibilidad de un número creciente de hogares de comprar vivienda, el mismo instituto otorga al gasto en vivienda un peso del 6% en el índice de precios, cuando los hogares pueden dedicar al alojamiento un tercio o más de sus ingresos. Esto significa que la inflación está contenida y sigue ejerciendo una presión constante a la baja sobre los salarios.

“Francamente, este debate sobre la inflación me parece surrealista. Llevamos más de 30 años de estancamiento secular de bienes y salarios. El riesgo de deflación económica, por la deuda, pesa sobre la economía mundial. Y se nos habla de inflación. No creo que sea malo un poco de inflación, aunque sólo sea para comerse un poco la deuda”, afirma Laurence Scialom, profesora de economía en la Universidad de París-Nanterre.

Para ella, las tensiones que existen en este momento están relacionadas con el hecho de que “todo el mundo está reanudando la actividad al mismo tiempo”. Sobre todo añade, porque el plan Biden “pretende claramente poner la economía estadounidense a todo gas”.

El peligro de los miedos autocumplidos

Jézabel Couppey-Soubeyran es más prudente. “Hace unos meses, no creía que la inflación fuera a repuntar en absoluto. Las tensiones que estamos viendo en las materias primas y los productos industriales y la fuerte recuperación de Estados Unidos están cambiando un poco el panorama”, afirma.

Éric Dor comparte las mismas dudas: “Hace dos meses, me inclinaba claramente por una inflación transitoria, una rápida vuelta a la normalidad. Hoy, aunque este escenario siga siendo el más probable, no estoy tan seguro. Porque las tensiones están durando más de lo previsto”, dice. Pero admite que le cuesta evaluar la situación y sus consecuencias.

Pero algunos de ellos están empezando a materializarse. Conscientes de su grado de vulnerabilidad, los grupos han comenzado a trabajar para reorganizar sus cadenas de suministro, relocalizar parte de la producción y organizar plataformas regionales. El sector del automóvil, pionero de la globalización a ultranza, ha aprovechado la agitación provocada por el coche eléctrico para pensar en abandonar el que ha sido su modelo durante más de 40 años y que se ha extendido por toda la industria: la producción just in time. Por su parte, los Gobiernos, por razones geopolíticas y como parte de su estrategia para hacer frente a China, presionan a los fabricantes para que desplacen la producción considerada esencial, como la de semiconductores.

Esta evolución es el germen de profundos cambios en los métodos y costes de producción y en los equilibrios económicos. Anuncian nuevas jerarquías, con inevitables ganadores y perdedores. Pero esto llevará tiempo. Mientras tanto, se ciernen otros peligros, explica Jézabel Couppey-Soubeyran: “Temo que estas expectativas inflacionistas actuales, como suele ocurrir en los mercados, se autocumplan”, afirma.

Las advertencias sobre el retorno de la inflación han empezado a cambiar la forma de hacer las cosas. Los fabricantes y comerciantes han vuelto a los viejos reflejos de los periodos inflacionistas, caídos en el olvido desde finales de los años 70. Por miedo a quedarse sin nada, por miedo a tener que pagar mañana más de lo que pagan hoy, piden más de lo que necesitan, acumulando stocks, como habían dejado de hacer.

Los mercados de futuros de materias primas también han comenzado a anticipar el aumento de los precios. Desde el cobre hasta el trigo, todos los precios subirán en los próximos meses. ¿Cómo se reflejarán estos aumentos en los precios? ¿Hasta dónde y por cuánto tiempo podrán los bancos centrales continuar con un movimiento inflacionario transitorio, si estas subidas continúan?

Para tranquilizar a los mercados financieros, preocupados por las tensiones actuales y, sobre todo, por los cambios contenidos en el programa de estímulo extraordinario de Joe Biden, la Fed recuerda constantemente que no ha olvidado en absoluto su misión de garante de la estabilidad de los precios. Las preocupaciones expresadas por la comunidad financiera también se reflejan en las discusiones entre los distintos gobernadores de las reservas federales estadounidenses.

Según las actas del Comité Monetario de la Reserva Federal del 28 de abril, publicadas el 19 de mayo, algunos empiezan a preguntarse si no será pronto el momento de considerar un plan para reducir las compras de letras del Tesoro y otros activos por parte del Banco Central y volver con ello a una política monetaria más controlada, si la economía estadounidense sigue mejorando a este ritmo. La preconización no es ni mucho menos unánime, pero la cuestión está sobre la mesa. La propia secretaria del Tesoro y expresidenta de la Fed, Janet Yellen, ha reconocido que puede ser necesaria una pequeña subida de tipos en los próximos meses.

A estas alturas, lo que preocupa a los banqueros centrales no es el resurgimiento de una espiral inflacionista como la que existía en los años 70: todos los mecanismos que permitían indexar los salarios a los precios se rompieron sistemáticamente desde principios de los 80. Y mientras la economía mundial acaba de salir de un confinamiento que ha provocado la destrucción de puestos de trabajo y el desempleo masivo, el poder de negociación de los empleados, ya profundamente limitado, es prácticamente nulo. El peligro es más bien que reaparezca la inflación importada vinculada al encarecimiento de las materias primas y de la energía, lo que supondría una presión duradera sobre el poder adquisitivo y sobre unas economías que apenas se están recuperando.

El verdadero problema para los bancos centrales es, como siempre, el mundo financiero. ¿Seguirán aceptando esta situación o, con sus expectativas, provocarán ajustes brutales en los mercados? Todo el mundo está pendiente de los tipos de interés, escudriñando las sacudidas que pueden producirse en los mercados de obligaciones, que son el catalizador de todas las tensiones y contradicciones del sistema actual. Una subida repentina de los tipos de la deuda estadounidense podría tener un efecto dominó en toda la esfera financiera, construida sobre una pirámide de deuda, y hacer estallar varias burbujas de activos basadas en valores irreales.

“Lo que más temo es que el efecto de las rupturas de la producción conduzca a un endurecimiento de las políticas macro, que el mimetismo de los mercados nos lleve a una fase dura”, dice Benjamin Coriat. El miedo está más que justificado. En febrero, cuando Europa aún estaba sumida en una crisis sanitaria, incluso antes de que resurgiera la cuestión de la inflación, varios gobernadores de la eurozona, entre ellos los de los Países Bajos y Finlandia, ya empezaron a hablar de la necesidad imperiosa de volver a la ortodoxia monetaria. Para estos defensores del ordoliberalismo, es urgente detener la distribución masiva de dinero por parte del Banco Central que permite a los Gobiernos europeos financiar sus planes de apoyo económico y empresarial a interés cero. En definitiva, les resulta imposible seguir acumulando deuda, incluso para financiar la transición ecológica y la evolución de la economía. Es necesario volver cuanto antes a las políticas presupuestarias anteriores, incluso a la austeridad si es necesario.

Intentando tranquilizar, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, reafirmó su voluntad de mantener el programa de apoyo y compra de activos del BCE durante varios meses más, afirmando que la economía europea es demasiado débil. Pero, ¿cuánto tiempo será capaz de mantener esta línea?

A pesar de los riesgos que una reducción brusca podría suponer para la integridad de la eurozona, es probable que el debate se intensifique en cuanto las economías europeas recuperen cierto impulso. En su último estudio, publicado el 19 de mayo, el BCE no deja de insistir en la necesidad de revisar a la baja los planes de ayuda nacionales lo antes posible y de subrayar los riesgos que la exuberancia de los mercados financieros supone para la estabilidad financiera.

Al otro lado del Atlántico, el debate se plantea de forma algo diferente. Si el temor al retorno de la inflación se agita, no es sólo por los riesgos de desestabilización de la esfera financiera, sino también por lo que subyace: ¿quién debe beneficiarse de la política monetaria? ¿Al servicio de quién están los bancos centrales?

Durante una década, el mundo financiero nunca se ha quejado de las políticas monetarias ultraacomodaticias de la Fed, ha sido el principal, si no el único, beneficiario. Incluso se ha vuelto totalmente dependiente de la institución monetaria, que le proporciona un seguro a todo riesgo en cualquier circunstancia.

Pero con el covid, los cambios que se están dibujando a la salida, y más aún el programa de estímulo sin precedentes lanzado por la administración, se esboza una nueva relación de fuerzas, quizás mucho menos favorable al capital. Anticipándose a las convulsiones que se están produciendo, el mundo financiero está dispuesto a ejercer toda su influencia, a echar mano de toda su capacidad de resistencia para que nada cambie. Bajo ningún concepto.

Traducción: Mariola Moreno

Leer el texto en francés:

Carta a la señora X

Usted me dice que algo ajeno le vive entre pecho y estómago. Le falta el aire y se angustia, golpea su corazón y la hunde en un pozo de tristeza rara, como un vacío o una náusea, igual aumenta su ritmo cardíaco que congela su cuerpo. Se siente inestable e inquieta. Solo el ansiolítico le calma.

En el vaivén de sentirse arriba y abajo, los demás la verán arriba porque ha contado las horas necesarias para que las pastillas hagan efecto cuando se requiere contacto visual con otros, pero la mayor parte del tiempo, en su intimidad sabe que estará abajo. La diversidad de pastillas para las vidas-trabajo pueden hoy bajar la inquietud, difuminar la tristeza y regular la inseguridad como el panel de control psíquico de una estabilidad temporal y aparente, como una carcasa pulida que esconde un interior dañado. 

Usted va tan rápido que no tiene tiempo de verbalizarlo con calma. A los amigos se les ve de lejos y se les aplaza con un “a ver si nos vemos” conscientes del nunca se dan las condiciones ideales, los compañeros están enmarcados en la pantalla y orientados como usted a su evaluación productiva, a la familia no se la preocupa con más problemas. Por eso usted y yo, dos desconocidas, nos escribimos sin miedo a decir lo que realmente pensamos. 

Le avergüenza pedir ayuda en la Seguridad Social. Saturados con salvar vidas amenazadas por virus, esta otra amenaza, también invisible, pareciera un lujo, una tara de los privilegiados con vidas vivibles, aunque sean precarias, cosa de frágiles psicoesferas. Sin embargo, usted sabe que ni mucho menos es la única. Lo ve calladamente en sus compañeros de trabajo, en las jóvenes madres saturadas, en los que ya son incapaces de dormir sin Orfidal o de relacionarse sin Lexatin. Adicta o yonqui, como usted prefiera, todo cuanto le pasa, sus miedos y enfermedades son vinculados a la ansiedad por la que se minimizan los males del cuerpo como parte de una hipocondría derivada. Pero le cuesta dejar sus pastillas y esto aumenta su ansiedad.

Me dice que los especialistas que pueden tratarla son muy caros y anda perdida sobre cómo afrontarlo, de momento, las pastillas le bastan porque es lo que todos hacen, aunque cada vez se sienta más enganchada. Sonríe para la foto pero a solas me confiesa que su vida-trabajo la enferma. Le duelen cuello y espalda; en días alternos, el estómago, su angustia crece como su cuerpo se ensancha, duerme mal y se irrita fácilmente. La ansiedad cae como un hilo de menstruación bajo su pantalón. Es transparente y los demás no la ven, pero para usted esa pérdida lo impregna todo. 

Entra en bucle pensando que el desasosiego empeora su salud, y se hunde y flota y llena su vida de tareas para evitar pensar en sí misma, o quizá (discúlpeme, porque la causalidad no está aquí del todo clara) las tareas ya estaban como base de esa ansiedad por la que el aire se le atasca en la garganta. Hace tiempo que el tiempo lo ocupan los plazos de entrega, los mensajes por contestar, la expectativa de cumplir lo prometido, de estar a la altura. Al sistema productivo le viene bien porque usted sigue trabajando y las pastillas le ayudan a aparentar que todo está bajo control. Solo en la intimidad que compartimos usted se deja caer.

Por mucho que el cuerpo mande señales y quiera dirigirse a la cama para descansar, siempre hay una fuerza mayor que empuja para dirigirla a la mesa de trabajo. De hecho, su cuerpo puede estar arropado como el de una enferma, pero su cabeza y manos siguen tecleando. La rutina hipnótica del trabajo llama a seguir haciendo y a considerar el descanso como parte necesaria de un proceso de trabajo. La tecnología lo pone fácil porque es portátil, viene con nosotros.

Usted también habita en ella. Las redes son plaza y herramienta de trabajo. Ser vistos es hoy un capital simbólico que a veces renta. Me sugiere que ahora la de muchos trabajadores sería una vida precaria pero con una ansiedad de famoso, exhibidos en el escaparate digital. Como respuesta, las estrategias de supervivencia a las que empuja el medio estimulan la máscara para evitar que la exposición afecte a capas más profundas. Más allá, donde empieza la carne, se naturalizan los ansiolíticos. 

Aprende a recomponerse gestionando sus altibajos, combinando pastillas y botones. Ambos son respuestas rápidas a ese invento capitalista que es la prisa. La espera ha sido ocupada por una pantalla y la urgencia es el mantra. Todo está disponible a golpe de botón, todo puede ser interpelado, expuesto, compartido y de igual manera lo que le perturba puede ser apagado, desactivado, bloqueado, cerrado a golpe de dedo. Usted no habrá resuelto lo que le inquieta, pero si no lo ve, se calma. 

En una época que desestima el pensamiento lento y esquiva la complejidad y la escucha, hemos naturalizado que la ansiedad no se trate, sino que se medique, no solo para seguir viviendo, sino para trabajar y seguir enfermando, con esa eficacia caduca que da pagar por un tiempo, unas horas de paz, por vivir en un presente presentificado.

¿Se ha fijado que la ansiedad avivada por las economías de mercado favorece una docilización del sujeto a poderes explícitos y que esto acontece reforzando un individualismo necesariamente competitivo? De muchas maneras la sumisión que implica sentirnos domesticados es posible porque se debilitan las formas de solidaridad entre nosotros. Decía Simone Weil que cuando se proyecta presión sobre los trabajadores, alcanzada determinada intensidad, la respuesta no es ya la rebeldía sino la sumisión. Usted mira a los lados, pero todos miran sus pantallas. Se siente sola.

Cuando tiene la tentación de frenar y recuperar un mayor control sobre sus tiempos, nota una presión deducida de “no puedo dejar de hacerlo”. Pasa además que la mayor parte de tareas que conforman su trabajo están atadas con pequeños lazos de colaboración y agrado a alguien en su misma situación de estrés. Negarse a colaborar supone dañar ese vínculo, pero aceptar sin resistencia retroalimenta un sistema precario. Negarse supone además una publicidad negativa allí donde la vida conectada está sometida al escrutinio del escaparate público. 

La impostura entrenada incita a mostrar que todo va bien porque el mercado laboral se nutre de energéticos y entusiastas trabajadores que alimentan la maquinaria productiva. Y fácilmente esa ansiedad deriva en una suerte de autoexplotación, siendo la clave la misma: desviar la atención sobre la responsabilidad de que el trabajador es culpable de su propia servidumbre, así como el patriarcado se construyó por tanto tiempo convirtiendo a las mujeres en aliadas del sistema que las oprimía, es decir, en mantenedoras de su propia subordinación. 

El sistema capitalista y en red del que usted me habla sabe sacar partido a lo contingente, es más lo incentiva. Allí donde todo dura poco se puede estrenar algo nuevo cada día, habitualmente a través de algún producto o servicio que implique comprar, consumir o calentar la máquina. No extraña que categorías como contingencia y precariedad estén implícitas en la mayoría de prácticas laborales contemporáneas, porque lo están en el sustrato que alimenta un estado normalizado de ansiedad y retorno. Esta es una cultura que en lo material tiene su equivalente en la explotación radical de un planeta excedido donde nadie frena y se enriquece al más rico. 

Aquí habitaba usted cuando llegó la pandemia y sentía a cada rato que su trabajo pendía de un hilo, que su cuerpo está sujetado a los otros por las yemas de los dedos, fragilísimas combinaciones de microorganismos y órganos de piel y carne que “temporalmente” han sido despojados del roce mutuo de apretarse entre los brazos y de lamerse el rostro. 

A usted le duele el cuerpo y se le secan los ojos, camina poco, calienta y come comida que lo parece, le nacen intolerancias. Ningún cuerpo, prehistórico como el nuestro, resiste una vida sedentaria frente a la pantalla del siglo XXI. Reclama más atención en la imposibilidad de tocar a los otros y de gestionar la vida con los recursos que tiene o que no tiene, también lo reclaman quienes están a su lado y en algún momento cercano se le subieron a la espalda. Lo hicieron como niños que hemos y no hemos tenido, tan ajenos a los poderes que gobiernan y legislan. Como si ese poder siempre tuviera (y no le importara) a otros más pobres, más mujer y más del sur que limpiaran sus habitaciones mientras cuidan a sus hijos o a sus padres.

¿No es acaso esta una vida que no queremos? Se imagina si pudiéramos valernos de respuestas desechadas por la época: lentitud, profundidad, negatividad, imaginación ociosa, escucha, solidaridad. Verá que son respuestas que dificultan el ritmo de producción pero favorecen la conciencia y la alianza, dan tiempo y afrontan esas enfermedades del alma que también nos dejan sin aire y nos apagan.

*Para escribir este texto, Remedios Zafra (Zuheros, Córdoba, 1973) se ha inspirado en su libro ‘Frágiles. Cartas sobre la ansiedad y la esperanza en la nueva cultura’, Anagrama, 2021.

*Este artículo está publicado en el número de mayo de tintaLibre, a la venta en quioscos. Puedes consultar todos los contenidos de la revista haciendo clic aquíaquí

Los buenos augurios con respecto a la pandemia en 2021 han tardado menos de un mes en disiparse. Faltan vacunas. AstraZeneca, farmacéutica británica, ha comunicado que no otorgará a la Unión Europea las vacunas previstas y su brazo ejecutivo, la Comisión Europea, la acusa de incumplir lo pactado y presiona para obtener las 100 millones de dosis en teoría firmadas para el primer trimestre del año, en vez de 20. Hay muy pocas certezas sobre lo que está pasando. Los contratos son secretos. Pero fuentes dentro de las negociaciones apuntan a que la empresa podría haber priorizado a Reino Unido en el reparto, porque en su acuerdo existía esa obligación; mientras que en el rubricado con el club comunitario solo se comprometieron a hacer "el mayor esfuerzo posible".

Otras voces apuntan a que Israel, con ritmo de velocista en su vacunación, podría haber comprado el producto a un precio mucho mayor, por lo que la producción destinada al país sería prioritaria. Los críticos con el papel de las farmacéuticas en la salud pública aseguran que la UE y, en general, los países desarrollados están pagando ahora la manga ancha de décadas sobre las prácticas del sector: acostumbrado a la total opacidad en su labor comercial, a priorizar sus beneficios privados por encima de la salud pública y a pelear con uñas y dientes por el derecho a explotar durante años sus productos gracias al sistema de patentes, aunque miles de personas mueran cada día de enfermedades evitables. 

Es muy difícil sacar conclusiones sobre quién tiene razón o lleva las de ganar en la guerra abierta entre AstraZeneca y la Unión Europea. No conocemos los contratos. Los europarlamentarios están autorizados a consultarlos sin poder llevar ningún dispositivo móvil que tome fotos ni ningún mecanismo más analógico para tomar notas. Sabemos que los precios no son desorbitados por una filtración accidental de un miembro del Gobierno belga en Twitter. Si la documentación desvelada es verídica, la de AstraZeneca es de las vacunas más baratas, al menos según el precio que ha pagado el club comunitario: 1,78 euros por dosis, frente a los 18 euros de Moderna. No conocemos, sin embargo, si es un precio justo, adecuado a los costes de producción o al dinero invertido en la innovación requerida. Es información confidencial y así lo lleva siendo décadas. ¿Debe seguir siéndolo? Los ciudadanos europeos, con sus impuestos, han sufragado el producto de la big pharma británica con 336 millones de euros por adelantado. Aproximadamente, uno de cada seis euros utilizados por la compañía provienen de pagos de Gobiernos. Otras, como la de Moderna, han sido financiadas casi completamente por Estados Unidos. "Deberíamos exigir ese retorno en forma de transparencia. Estamos hablando de dinero público. Es más importante ahora que nunca", asegura Eva Iraizoz, de Salud por Derecho.

Bruselas, por la confidencialidad firmada, no puede hacer público su contrato con AstraZeneca. Los ciudadanos europeos no podemos saber, por tanto, si han negociado bien o mal, si el acuerdo es justo. Pero, por el mismo motivo, la Comisión Europea tampoco puede saber qué están pagando Reino Unido, Israel u otro país. Y les encantaría saberlo. "Lo llevamos denunciando desde hace muchísimo tiempo. En este caso, vemos muy claramente cómo guardar esa opacidad no hace sino poner palos en la rueda a la hora de luchar contra una pandemia. Estamos conociendo o, más bien, no conociendo ningún aspecto clave: el precio, cuántas dosis se han comprometido, quién es el responsable ante efectos adversos, los plazos acordados para la distribución", denuncia Iraizoz. Coincide la responsable de Relaciones Externas de Médicos sin Fronteras España, Raquel González: esto no es nuevo. "Se ha puesto el foco ahora en la poca transparencia, pero esto es lo normal, lo habitual". 

La activista se centra en la imposibilidad de saber si las farmacéuticas ofertan sus productos a un precio justo, basado en los costes que tienen y con un margen de beneficio razonable, o si se aprovechan de su monopolio, garantizado por patentes que duran décadas, para inflar lo que los Gobiernos pagan para adquirir medicamentos o vacunas. Las farmacéuticas –y los analistas que defienden las reglas del mercado– argumentan que gracias a esta confidencialidad pueden ofrecer precios más bajos a países más pobres o en vías de desarrollo. Si no fuera secreto, dicen, los países ricos presionarían para obtener las mismas rebajas. Sin embargo, Médicos sin Fronteras y Salud Por Derecho contraatacan asegurando que si los poderes públicos garantizan que todo se vende a un precio justo a todo el mundo no hace falta regatear, y evitaríamos abusos comerciales. "un ejemplo lo vimos en Europa con la hepatitis C. La farmacéutica que tenía la patente del remedio era la que decidía a qué precio se vendía a cada país. Francia pagó 60.000 euros por cada dosis, España 20.000", recuerda González. Insiste: "Esto no es nuevo".

¿Y qué hacemos?

En todo caso, no se trata de una carencia que se solucione de un día para otro. Pero la Unión Europea necesita, a corto plazo, una solución a la carencia de vacunas para inmunizar a su población tal y como prometieron los gobernantes de los Estados miembro. En España, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prevé que el 70% de los españoles estará vacunado en verano, una estimación que cada día que pasa parece más irreal. Los implicados en la negociación con AstraZeneca están valorando varios planes B por si el diálogo no sirve. La Comisión Europea estudia desde bloquear sus exportaciones a otros países hasta, asegura la Cadena Ser, invocar el artículo 122 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que permite obligar a AstraZeneca a liberar la patente de su vacuna. 

Y aquí viene la segunda ironía: la Unión Europea se opuso, junto al resto de países del considerado mundo desarrollado, a suprimir las patentes de los productos médicos relacionados con la lucha contra el covid-19. Fue una petición de India y Sudáfrica dentro del seno de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que se volverá a debatir en la sesión del próximo 4 de febrero, con pocas esperanzas de llegar a un acuerdo. Si se aprueba, cada país de la OMC podría decidir por su cuenta si sigue respetando las patentes... o si se las salta. Es una medida "radical, en el mejor sentido de la palabra", considera González, pero necesaria: tiempos excepcionales requieren medidas excepcionales, opina. "Este momento no necesita las medidas que rigen el comercio de manera habitual. Necesitan fórmulas nuevas, con toda la dificultad que entrañen", asegura.

Otra opción, a diferencia de la planteada en el seno de la OMC, está contemplada en el ordenamiento jurídico de la mayoría de los países, también en el español. Los Gobiernos pueden, por su propia cuenta y riesgo, obligar a cualquier empresa a la licencia obligatoria de su patente: es decir, venderla a otra compañía para que desarrollen su producto. Siempre que recurran circunstancias de especial necesidad, claro. Así reza la Ley de Patentes de 2015: el Ejecutivo, previo informe positivo de Industria y Sanidad, podrá tomar prestada la patente de cualquier empresa siempre que "la iniciación, el incremento o la generalización de la explotación del invento, o la mejora de las condiciones en que tal explotación se realiza, sean de primordial importancia para la salud pública" o "la falta de explotación o la insuficiencia en calidad o en cantidad de la explotación realizada implique grave perjuicio para el desarrollo económico o tecnológico del país". Parece escrita para la situación actual. 

Sin embargo, el abogado especializado en propiedad intelectual Ceyhun Pehlivan, de la firma Linklaters, cree que, aunque la norma es clara, ponerla en práctica es muy inusual y muy difícil. Aunque hay casos registrados durante la pandemia: Israel obligó a licenciar la patente de un medicamento contra el covid y Países Bajos mantuvo un pulso, en medio de una fuerte movilización social, contra una farmacéutica que se negaba a liberar los derechos sobre un componente de los test de antígenos. Las empresas defienden las patentes como la única manera de garantizar la innovación: si una compañía privada no tiene la seguridad de que va a poder lucrarse con los resultados de sus experimentos, no los haría. Es un incentivo para arriesgar. "Si no garantizas esa posibilidad, nadie va a invertir cientos de millones de euros", explica el letrado, que cree que este tipo de operaciones "no son la solución". Tampoco en el grave contexto actual. 

"Es una herramienta que nunca se ha activado en la historia de España, tampoco en muchos países. No tenemos jurisprudencia", advierte. "Es el último recurso", considera Pehlivan, por el mensaje a la iniciativa privada que lanza el país que se atreva a ejecutar esta opción: las empresas temerán que el Gobierno pueda en el futuro volver a "jugar sucio" y negar el derecho al pingüe beneficio tras haberse gastado millones en I+D. El abogado cree que el camino es la licencia voluntaria. Que las farmacéuticas, libremente, decidan ceder su patente a otra empresa para que desarrolle su producto. A cambio de una buena compensación económica, no por amor al arte. Es lo que ha hecho Pfizer con la francesa Sanofi. En todo caso, sean obligadas por las instituciones o ejerciendo su libertad de empresa, el experto avisa: "Sanofi tiene medios para poder fabricar esta vacuna. En España a quién le vas a dar esta licencia? No es tan fácil". 

A largo plazo, el camino que, opinan muchos expertos, deben seguir los Gobiernos es tan simple –y tan difícil– como no dar dinero a cambio de nada. La intervención pública en el modelo farmacéutico debe ser completa y orientada a favorecer los objetivos de una Salud Pública universal y justa. Así lo considera el último informe sobre "la vacuna del pueblo" (the people's vaccine) elaborado sobre uno de los think tanks que más ha pensado y escrito sobre los abusos de poder de las farmacéuticas: el Instituto por la Innovación y el Propósito Público. Pide que los Estados "se involucren directamente en la coordinación y ejecución de los proyectos, de actividades en el ámbito de la innovación farmacéutica, para mantener un nivel suficiente de control que pueda garantizar el suministro y la disponibilidad, así como la dirección de esta innovación: es decir, que se desarrollen productos óptimos según las necesidades del sistema sanitario". 

Ya no es por el tercer mundo: la Unión Europea, tras años rechazando opciones para universalizar el acceso a medicamentos y vacunas, sufre las consecuencias de la opacidad y las patentes sobre un bien tan preciado. Las sufrirá aún más si permite, en el futuro, que el virus circule a sus anchas por los países del Sur Global mientras sus ciudadanos disfrutan de la inmunidad. Las epidemias no funcionan así, nadie está a salvo si no estamos a salvo. Ese es el camino que, por ahora, está siguiendo el mundo: la mayoría de los Estados menos desarrollados recibirán la vacuna entre 2022 y 2023, según diversas estimaciones. En África se han vacunado ya 24 personas. Y más allá de la profunda injusticia, del fracaso colectivo señalado por la Organización Mundial de la Salud, el virus puede mutar en estos países con alta transmisión para hacerse resistente a la vacuna, volver al Norte global y obligarles a volver a empezar. Las herramientas para la solidaridad, como el fondo Covax, "son un parche", a juicio de Médicos Sin Fronteras.

La mutación es posible, pero aún falta evidencia para asegurar que sea probable. Pero González advierte: si la pandemia no se erradica en todo el mundo, los países desarrollados sufrirán las consecuencias también de otra manera. "¿Cómo serían las relaciones comerciales en un mundo así? Tendría un impacto directo en la economía mundial. Mucha de la producción viene de lo que denominamos países del sur. Tiene unas implicaciones enormes. Desde el punto de vista de la salud pública, es evidente. Pero desde el punto de vista económico. también".

Si durante el estado de alarma la tónica fue la resistencia, la de aguantar el tirón con un ojo puesto en el verano y otro en la curva de los contagios, ahora muchos se preguntan para qué ha servido tanto esfuerzo y si aún pueden seguir hacia adelante en medio de un escenario con escasas certezas. “La fatiga pandémica no solo te afecta a ti”, titulaba hace semanas una columna de opinión el New York Times sobre esta oleada de angustia que recorre el planeta. Si estás triste no estás solo: la resiliencia, que ha sido mucha, ha dado paso al desánimo, y ese abatimiento parece haber llegado como un sentimiento colectivo. “Estamos ante una situación de mayor riesgo que en los primeros tres meses de estado de alarma”, advierte Javier Prado, psicólogo clínico y vocal de la Asociación Nacional de Psicólogos Clínicos y Residentes (Anpir).

Tanto él como otros expertos señalan que la salud mental puede resentirse más en esta segunda ola de covid-19 que en el arranque de la pandemia, cuando sí aparecieron pequeños desórdenes, pero la mayoría tuvo habilidades para capear el temporal. "Cuando surge una situación de emergencia, nos activamos, intentamos buscar una solución”, describe Fernando Chacón, decano del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. Fueron habituales entonces los problemas para gestionar la ansiedad, el insomnio, la dificultad para concentrarse, la irritabilidad o, por ejemplo, el agravamiento de síntomas en personas diagnosticadas previamente con trastorno obsesivo compulsivo. Lo que preocupa en esta fase es que todo ese cóctel emocional derive en trastornos de depresión, el aislamiento social ahonde en un sentimiento generalizado de soledad o se eleve, en última instancia, la tasa de suicidios. Los recursos emocionales que en un principio funcionaron como muro de contención empiezan ahora a escasear.

Hace unos días The Economist publicaba un artículo analizando las señales sobre el coste psicológico de la pandemia que ya se perciben en todo el mundo. "Todavía tiene que aflorar una imagen completa del suicidio en tiempos de covid-19, pero los expertos tienen razones para temer lo peor", alertan. En ese mismo artículo recogen el aumento de la ratio de suicidios durante pandemias anteriores: en 1918, con la llamada "gripe española", el dato se incrementó en casi un tercio entre la población europea; y una cifra similar se produjo entre la población mayor de Hong Kong durante el brote de SARS, síndrome respiratorio agudo grave, en 2003. Sin embargo, señalan, basándose en declaraciones del ministro de Salud tailandés, la correlación entre la tasa de suicidios y enfermedades con estas características no es tan claro y evidente como sí ocurre entre suicidios y desempleo. 

Un espejismo de buenas noticias

Que el nuevo envite de coronavirus haya empezado a manifestarse antes de lo previsto ha dejado también su impronta en la reserva emocional. “Se ha hecho un sacrificio enorme para solucionar un problema colectivamente y ves que no ha servido para nada”, continúa Fernando Chacón, “eso crea lo que los psicólogos llamamos indefensión”. Es decir, lo que padecemos, en lenguaje coloquial, como desesperanza. “Cuesta mucho más hacer un esfuerzo”. 

“Nosotros decíamos que después del verano empezaría la ola de salud mental”, recuerdan desde Anpir, la principal sociedad científica de Psicología Clínica, que reúne a más de 1.300 profesionales. “Cuando hay un ejercicio de tanta resistencia, muchas veces, con la relajación, los factores estresantes que actúan como desencadenantes pueden empezar a actuar”. En este caso, el factor que provoca ese estrés adicional al que hemos estado sometidos, además, se ha cronificado —y la situación previsiblemente se alargue: la OMS ha situado la fecha del fin de la pandemia en 2022—, provocando que nos adentremos en una “fase preocupante” para el bienestar psicológico de la población.

Javier Prado subraya asimismo que los mensajes demasiado optimistas sobre la pandemia han podido influir en esa sensación de desánimo: “No ha habido una gestión de la comunicación que haya permitido a la población prepararse”. En junio, Pedro Sánchez anunciaba que se había vencido al covid-19 y, poco después, el presidente del Gobierno pedía que no se tuviera miedo a los rebrotes. El espejismo de buenas noticias que salpicó las primeras semanas de verano influyó en el “quiebre en las expectativas” de la población cuando llegaron informaciones menos halagüeñas, como la suspensión temporal, a principios de septiembre, de los ensayos de la vacuna de Oxford.

Intervenir en las primeras fases

A diferencia de las enfermedades físicas, cuyo diagnóstico es excluyente, las psicológicas son un “continuo”, explica Chacón, los pequeños signos que aparecen en un momento puntual pueden evolucionar hasta convertirse en una patología de mayor gravedad. De ahí la urgencia de ampliar los recursos y trazar planes en este momento, para poder intervenir en las primeras fases y evitar a corto plazo un escenario peor.

Sin embargo, pese a la situación descrita —y a algunos estudios que hablan de que la salud del 46% de los españoles está en riesgo por la crisis del covid o que el 53% de los sanitarios sufre estrés postraumático, aunque The Lancet alertó sobre la necesidad de datos más rigurosos en este tipo de análisis a través de encuestas online— los expertos consultados por infoLibre se muestran menos pesimistas, o al menos prudentes, a la hora de hablar de una pandemia de salud mental. Un porcentaje amplio de la población sí que ha visto “alterada” su salud psicológica de alguna manera, confirma Fernando Chacón, pero no significa que esas molestias sean o vayan a convertirse en un trastorno. Los recursos emocionales propios, o la siempre necesaria ayuda del grupo, pueden seguir haciendo de barrera para evitar un empeoramiento.

Al decano del Colegio de Psicólogos de Madrid le preocupan especialmente los sanitarios, pero también los profesores (de hecho, han habilitado un teléfono para atender a docentes), las personas que ya padecían trastornos mentales y cuya atención y terapias se ha resentido por la pandemia y quienes se encuentren en una situación económica vulnerable; además de los ancianos, las personas mayores que se hayan quedado viudas a causa del covid y quienes hayan pasado por procesos de duelo atravesados por una situación de total anormalidad. “Tenemos datos de que algunas personas que ya tenían un principio de demencia, precisamente por el confinamiento y la falta de contacto social, se han desorientado y han empeorado muchísimo".

Sin embargo, Milagrosa Sánchez, doctora en Psicología y una de las autoras del estudio Isamec19, que ha evaluado la evolución del impacto psicológico de la pandemia en tres fases diferentes, anota un dato curioso: según su investigación, que se encuentra en el último tramo de análisis, los jóvenes presentan peores resultados respecto a su respuesta emocional a la crisis que las personas mayores, que han podido tener más recursos y experiencia para relativizar la situación.

Profesionales en atención primaria

Así las cosas, a mediados de septiembre, la Confederación Salud Mental España pidió de manera “urgente” un plan nacional para la prevención del suicidio. En esta etapa preocupante de la que habla Javier Prado, “no sabemos qué va a pasar con la progresiva destrucción de tejido empresarial y de empleo y la relación que eso tiene con la ideación suicida”. Tras el estallido de la burbuja en 2008, la tasa de suicidios aumentó en España un 20%.

Las advertencias también han llegado desde la ONU, que en mayo habló de una crisis psicológica masiva si los países no aumentaban sus recursos y mejoraban la inversión en salud mental. Javier Prado insiste en que se refuerce la atención psicológica en atención primaria y cita el ejemplo de Asturias, que ha contratado a psicólogos clínicos para hacer labores de rastreo. Según los datos de Anpir, ya antes de la pandemia entre el 40% y el 60% de los motivos de consulta que llegaban a la atención primaria estaban relacionados con la salud mental, y solo un 10% era derivado a los especialistas. Relacionado con el posible aumento de riesgo suicida, el vocal de Anpir subraya que el 40% de las personas que se suicidan habían acudido el mes anterior a atención primaria buscando ayuda. Y la situación de colapso, o cercana al colapso, de algunas regiones dificulta todavía más que se den los tratamientos adecuados.

La atención psicológica en España lleva una década arrastrando las consecuencias de los recortes y la privatización. Según los datos del Defensor del pueblo, que hizo públicos a principios de este año, la ratio de profesionales en la sanidad pública era en 2018 de seis por cada 100.000 habitantes, una cifra tres veces menor que la media europea, situada en 18. Y, además, se trata de una desigualdad que también depende del código postal: mientras que Cataluña cuenta con 17 psicólogos por cada 100.000 habitantes, la Comunidad de Madrid solo tiene 4,4, según Anpir. Esa escasez de profesionales y las listas de espera para recibir atención médica (entre tres y cuatro meses) abocan a muchos a buscar alivio en clínicas privadas, si pueden permitírselo.

"Se trata de una carencia más que ha puesto de manifiesto esta pandemia", concede Javier Prado a modo de resumen. "La situación es muy dura, muy difícil, va a generar un impacto de leve a moderado, sin llegar a extremo, pero lo que sí hemos descubierto es que la gente tiene una capacidad de resistencia y resiliencia muy grande", reconoce con cierto optimismo.

La directora del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), María Neira, ha reconocido que el organismo lleva semanas analizando la situación de España y los motivos por los que es el país de Europa con mayor incidencia del covid-19, y que todavía no sabe qué es lo que está fallando.

Y es que, tal y como ha explicado durante su intervención en el desayuno informativo telemático de Nueva Economía Fórum, España es actualmente el país con las medidas "más restrictivas", ya que, por ejemplo, el uso de las mascarillas es obligatorio, incluso en espacios cerrados, en comparación con otros países en los que las normas han sido un poco "más relajadas" y su situación epidemiológica ha sido "mejor".

Al mismo tiempo, Neira ha analizado el comportamiento de la sociedad española durante la pandemia, asegurando que ni la transmisión intrafamiliar ni el comportamiento de los jóvenes "justifica" la elevada transmisión del coronavirus en España. "Es cierto que ha habido una relajación de los jóvenes y las fiestas, pero eso no justifica toda la situación en la que el país está actualmente, ya que en Italia los jóvenes también han hecho fiestas, en Francia o, incluso, en Suiza", ha comentado.

No obstante, la dirigente de la OMS ha subrayado la importancia de mejorar la concienciación de los ciudadanos españoles, especialmente los jóvenes, así como de analizar la situación de la Atención Primaria, y los cribados que allí se realizan, con el fin de detectar las debilidades que pueda tener y "corregirlas".

"También es necesario que se revise el plan de detección, rastreo de contactos, aislamiento y cuarentena y asegurarnos de que hay un seguimiento de los mismos. Si faltan rastreadores habrá que poner rastreadores, y si hace falta corregir algo, habrá que hacerlo", ha enfatizado.

En este sentido, Neira ha asegurado que la oficina de la OMS en Europa tiene un contacto "muy regular" tanto con el ministro de Sanidad, Salvador Illa, como el director general del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.

Los cinco pilares básicos para responder al covid-19 

Ahora bien, preguntada por las discrepancias que en la última semana se han evidenciado entre el Gobierno central y el de la Comunidad de Madrid sobre las medidas que hay que tomar para frenar la transmisión del coronavirus en la región, la más afectada de toda España, Neira no ha querido pronunciarse si bien ha reconocido que "no le gusta" despertarse y ver que la prensa extranjera refleja en sus portadas este conflicto entre administraciones.

"Ayer cualquier periódico internacional abría con la noticia de que en España hay estos desacuerdos y eso no es algo que uno quiere ver todos los días en los periódicos, ya que preferiría ver que España es ejemplo de gestión", ha comentado, para avisar de que la OMS no tiene los "elementos suficientes" para juzgar y entender las "dinámicas internas" de las administraciones.

No obstante, Neira ha recordado que hay cinco pilares básicos en la respuesta contra el covid-19 que han demostrado ser efectivos para frenar la expansión del virus: manejar adecuadamente a los pacientes en los hospitales y en los servicios sanitarios; lavarse frecuentemente las manos; ventilar los espacios cerrados; dar instrucciones "claras" a los ciudadanos para generar confianza en las medidas que se aplican; y tener a personas expertas en interpretar los datos.

"Hemos visto que podemos tener los sistemas epidemiológicos más sofisticados, las mejores bases de datos, de análisis, pero que si no hay una mente inteligente detrás que lo analice no sirven para tomar decisiones, para aprender, corregir y adaptar lo que sea necesario. Los sistemas de vigilancia epidemiológica sirven si detrás cuentan con una estrategia global bien diseñada", ha aseverado Neira.

Asimismo, la directora del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente ha destacado la importancia de cuidar a los profesionales sanitarios y dotarles de herramientas suficientes para llevar a cabo su trabajo, así como ofrecerles una adecuada formación y unas buenas condiciones laborales. "Invertir en ellos es una inversión muy eficaz", ha recalcado, para asegurar que un país será "más o menos rico" en función de lo que invierte en investigación.

Finalmente, y preguntada por los avances en la vacuna contra el covid-19, Neira confía en que esté disponible en el año 2021 ya que "nunca" ha habido "tanta voluntad política, de fondos, de demanda de la población y de coordinación científica y solidaridad" como la hay ahora.

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, acudirá al Ministerio de Sanidad este lunes a las 16.30 horas para reunirse con el ministro, Salvador Illa.

Según han confirmado a Europa Press fuentes de la Consejería de Sanidad, en la reunión participarán "los dos equipos", el del departamento de Escudero y el del ministro.

Illa ha insistido este fin de semana en la necesidad de que Madrid revise sus medidas, que han entrado en vigor este lunes, que consisten en la ampliación de las restricciones de movilidad y contacto social a ocho zonas básicas de salud, hasta un total de 45, lo que afecta a más de un millón de madrileños.

Asimismo, fuentes del Gobierno regional han confirmado a Europa Press este martes se volverá a reunir el Grupo Covid-19 constituido entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid a las 18.00 horas.

Ruiz Escudero ha considerado este lunes que "no se da la situación" para que el Gobierno central intervenga Madrid y defiende las medidas aplicadas desde el Ejecutivo autonómico.

"Desde la Comunidad de Madrid queremos trasmitir que la situación, aunque no es la ideal que nos gustaría, en cuanto a contagios y a control asistencial está con una vigilancia diaria. Entendemos que no se da la situación para tener que intervenir", ha señalado en una entrevista en 'Telecinco' recogida por Europa Press, al tiempo que ha remarcado que la Comunidad siempre ha tomado sus decisiones "pensando en los madrileños".

Entran en vigor las restricciones a la movilidad en Madrid

Más de un millón de madrileños, que representan el 15,4% de la población de la región, verán desde este lunes restringida su movilidad para intentar frenar el avance del coronavirus en la Comunidad de Madrid, tras elevarse a 45 las zonas básicas de salud restringidas al superarse durante quince días los mil contagios por cada 100.000 habitantes, como recoge Europa Press.

A las 37 zonas básicas de salud con limitaciones vigentes desde la semana pasada, se suman hoy ocho nuevas: Campo de la Paloma y Rafael Alberti (Puente de Vallecas), Doctor Trueta y Miguel Servet (Alcorcón), Panaderas (Fuenlabrada), García Noblejas (Ciudad Lineal), Vicálvaro-Artilleros (Vicálvaro) y Orcastitas (Usera).

Desde el 21 de septiembre la movilidad ya se había restringido en 37 zonas básicas de salud, que se encuentran en seis distritos de la capital (Carabanchel, Usera, Villaverde, Villa de Vallecas, Puente de Vallecas y Ciudad Lineal) y en otros siete municipios de la región (Fuenlabrada, Humanes, Moraleja de Enmedio, Parla, Getafe, San Sebastián de los Reyes y Alcobendas).

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) avaló el viernes las restricciones a la movilidad en 37 áreas sanitarias acordadas hace una semana por la Comunidad de Madrid para hacer frente a la segunda fase de la pandemia, con lo que se da luz verde a sancionar a los que incumplan las normas establecidas y señaló que si la administración sanitaria decidiera prorrogar dichas medidas, deberán solicitar la ratificación de la ampliación.

En los últimos 14 días, en las 45 zonas afectadas por restricciones a la movilidad en la Comunidad de Madrid, el número de casos de covid-19 acumulados es de 13.516, lo que supone un 27,2% de los contagios de toda la región en ese periodo.

En estas zonas se restringe la entrada y salida de personas excepto para acudir a centros, servicios y establecimientos sanitarios, para cumplir con obligaciones laborales, profesionales, empresariales o legales, para asistir a centros docentes y educativos, para volver a la residencia habitual, para el cuidado de personas dependientes o para desplazarse a entidades financieras y de seguros.

Además, se incluyen en las excepciones los desplazamientos para realizar actuaciones requeridas o urgentes ante los órganos públicos, judiciales o notariales; realizar renovaciones de permisos y documentación oficial, así como otros trámites administrativos inaplazables; realizar exámenes o pruebas oficiales inaplazables; por causa de fuerza mayor o situación de necesidad o por cualquier otra actividad de análoga naturaleza, debidamente justificada y acreditada.

Sí se permite circular por las calles que atraviesan estas zonas pero siempre que el origen y el destino sea fuera del mismo. Asimismo, se permite la circulación de personas residentes dentro de los ámbitos territoriales afectados aunque "se desaconseja a la población los desplazamientos y realización de actividades no imprescindibles".

Cierre de locales a las 22 horas

Todos los establecimientos, locales comerciales y servicios abiertos al público no podrán superar el 50% del aforo permitido y tendrán como hora de cierre la legalmente autorizada, no pudiendo superarse en ningún caso las 22 horas, a excepción de los establecimientos farmacéuticos, médicos, veterinarios, de combustible para la automoción y otros considerados esenciales.

Los establecimientos de hostelería y restauración limitarán el aforo al 50%, tanto en espacios interiores como exteriores, no estando permitido el consumo en barra. Además, las mesas, deberán guardar una distancia de, al menos, 1,5 metros respecto a las sillas asignadas en el resto de mesas.

La ocupación máxima será de seis personas por mesa o agrupación de mesas y tendrán como hora de cierre la legalmente autorizada, no pudiendo superarse en ningún caso las 22 horas, a excepción de servicios de entrega de comida a domicilio. Estas mismas limitaciones de aforo y horario son aplicable a los establecimientos y locales en donde se desarrollen actividades de juegos y apuestas.

Por su parte, la actividad que se realice en academias, autoescuelas y centros privados de enseñanzas no regladas y centros de formación no incluidos en el ámbito de aplicación del artículo 9 del Real Decreto Ley 21/2020, de 9 de junio, "podrán impartirse de forma presencial siempre y cuando no supere una capacidad del cincuenta por ciento respecto al máximo permitido".

La actividad presencial en estos establecimientos se limitará a grupos de seis personas máximo y se establecerán las oportunas medidas para mantener la distancia de seguridad interpersonal de metro y medio en sus instalaciones en todo momento.

Una butaca libre en cines o teatros

Los cines, teatros, auditorios, circos de carpa y espacios similares podrán desarrollar su actividad contando con butacas preasignadas, siempre que no superen el 75% del aforo permitido en cada sala por cada actividad, espectáculo o exhibición programada.

Entre las nuevas medidas, se establece la obligación de dejar una butaca libre en cines o teatros "entre grupos de personas que adquieren las localidades conjuntamente". "Deberá garantizarse en todo momento el uso de mascarilla, así como que, entre grupos de personas que adquieren las localidades conjuntamente, exista una localidad de la que no se hace uso", recoge el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid publicado el sábado.

Se recoge asimismo que "cuando se programen en un día diferentes actividades en un mismo espacio, se procederá a la limpieza y desinfección del espacio de uso público antes del comienzo de otra nueva actividad cultural".

Las salas y espacios multiusos polivalentes con otros usos además del cultural podrán desarrollar su actividad contando con butacas preasignadas, siempre que no superen el 40% del aforo permitido.

Deberá garantizarse en todo momento el uso de mascarilla, así como que, entre grupos de personas que adquieren las localidades conjuntamente, exista una localidad de la que no se hace uso.

Los recintos, locales y establecimientos destinados a espectáculos públicos incluidos los tablaos flamencos y actividades recreativas distintos de los previstos podrán desarrollar su actividad siempre que el público permanezca sentado con butaca preasignada y que no se supere el 75% del aforo permitido, con un límite máximo de 80 personas para lugares cerrados y de 800 personas tratándose de actividades al aire libre.

Lugares de culto y deporte

En estos territorios, la asistencia a lugares de culto no podrá superar un tercio de su aforo y se deberá garantizar en todo caso la distancia mínima interpersonal de 1,5 metros y el uso de mascarilla.

En velatorios se limita a un máximo de quince personas en espacios al aire libre o diez en espacios cerrados, sean o no convivientes. La participación en la comitiva para el enterramiento o despedida para la cremación de la persona fallecida se restringe a un máximo de quince personas, entre familiares y allegados, además de, en su caso, "el ministro de culto o persona asimilada de la confesión respectiva para la práctica de los ritos funerarios de despedida del difunto".

Por otra parte, podrá realizarse la práctica deportiva en instalaciones deportivas, tanto al aire libre como de interior, siempre que no se supere el 50% del aforo máximo permitido de la instalación.

La práctica deportiva en grupos se limita a un máximo de seis personas. Asimismo, se suspende temporalmente la actividad de los siguientes espacios como parques y jardines públicos así como parques infantiles de uso público.

La Comunidad de Madrid ha destinado 2,4 millones de euros para todo el almacenaje y logística del material con el que contaba el hospital temporal de Ifema, que estuvo operativo desde finales de marzo hasta el 1 de mayo aunque no fue desmantelado hasta mediados de junio, y que ahora podrá volver a ser utilizado en el caso de que sea necesario, según informa Europa Press.

En concreto, el Consejo de Gobierno fue informado esta semana de la tramitación con carácter de emergencia de la contratación del traslado de material sanitario y EPI del almacén de este hospital, así como su custodia, servicio logístico y disposición inmediata de dicho material en el momento que fuera necesario por cualquier centro sanitario del Servicio Madrileño de Salud. El importe asciende a 1.621.303,39 euros.

Además del servicio de almacenaje y logística, según ha detallado el Ejecutivo autonómico en un comunicado, el Consejo de Gobierno también fue informado del servicio de desmontaje, traslado y almacenamiento de la infraestructura de los pabellones 7 y 9, 8 y 10 así como los vestuarios del hospital. Tiene un coste de 779.177 euros y al igual que el material sanitario del almacén central, está inventariado, custodiado y mantenido para ser utilizado de forma inminente en cualquier centro sanitario del Sermas.

Nuevo almacén en el Isabel Zendal

Una vez la Comunidad de Madrid finalice las obras del nuevo Hospital público de Emergencias Isabel Zendal, ubicado en Valdebebas, estará disponible el nuevo almacén central del Servicio Madrileño de Salud, que servirá de proveedor logístico y de material para la red asistencial sanitaria de la Comunidad de Madrid.

El nuevo centro seguirá el modelo del hospital que se levantó en Ifema y contará con tres pabellones, un gran almacén central y otros edificios que sumarán más de 45.000 metros cuadrados con una inversión de 50 millones de euros.

Las obras, que se iniciaron el pasado 1 de julio, concluirán en otoño y supondrá contar con 1.000 nuevas camas dedicadas a atender enfermos de covid-19 o a otras emergencias.