Amnistía Internacional ha pedido al Gobierno español que reconozca públicamente la "falta de respuesta adecuada" por parte del Estado ante las "miles" de denuncias por casos de sustracciones de menores, por hechos comúnmente englobados bajo la denominación de "bebés robados", según informa Europa Press.

La organización considera que el Estado español "debe adoptar medidas con un enfoque global" para dar respuesta a estos procesos de búsqueda en su totalidad, y proporcionar de forma proactiva acompañamiento a las víctimas. Esto, a su juicio, requiere que todas las autoridades implicadas garanticen mecanismos adecuados de acceso a la información, rendición de cuentas, así como apoyo jurídico y psicológico

Así lo refleja el informe Tiempo de verdad y de justicia. Vulneraciones de derechos humanos en los casos de bebés robados, publicado este martes por la organización, que señala que no existen datos oficiales, por lo que es difícil estimar el número de personas que podrían haber sido víctimas de la sustracción ilegal de bebés entre 1939 y los 90. El último caso documentado por AI es de 1993.

El informe indica que, según la Audiencia Nacional, en España se propició entre 1937 y 1950 una desaparición "legalizada" de menores de edad con pérdida de su identidad. Aunque el número es indeterminado, la ONG asegura que se barajan cifras de hijos de presas tutelados por el Estado o repatriados tras finalizar la Guerra Civil, "que no siempre estuvo claro fueran devueltos a sus familias".

En concreto, Amnistía Internacional afirma que un total de 30.960 hijos de presas fueron tutelados por el Estado entre 1944 y 1954 y que 20.266 menores fueron repatriados tras la Guerra Civil, según datos del Servicio Exterior de la Falange.

En cuanto a los datos en la Fiscalía General del Estado, el informe refleja 261 alegaciones en denuncia colectiva por sustracciones ilegales de niños para su entrega a terceras familias, ocurrido entre 1950 y 1990, presentadas por ANADIR en 2011, así como 2.138 diligencias de investigación entre 2011 y marzo de 2021, de las cuales 526 llegaron a ser judicializadas.

Del total de diligencias de investigación tramitadas por Fiscalía, solo una, que se inició en Barcelona en febrero de 2020, permanece todavía abierta.

Asimismo, el estudio subraya que el 19 de diciembre de 2020 se presentó una denuncia colectiva de 56 casos ocurridos entre 1952 y 1987 en Andalucía, País Vasco, Cataluña, La Rioja, Madrid y Galicia; y que el 4 de enero de 2021 la Fiscalía anunció la incoación de un expediente de coordinación que pretendería unificar su actuación en todo el Estado en este ámbito.

Respecto a los estudios de ADN del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, la organización asegura que hubo 128 procedimientos de investigación con aportación de muestras de ADN entre 2011 y 2017, 76 de la Fiscalía y 52 de juzgados de instrucción. De las 120 exhumaciones realizadas, en el 41% (49) de los casos no se pudo resolver y en el 59% (71) de los casos sí se pudo dar certeza de que los restos encontrados pertenecían al bebé que se buscaba.

Además, el Servicio de Afectados del Ministerio de Justicia, en funcionamiento desde 2012, ha tramitado 706 solicitudes, que corresponden a 834 personas afectadas, de las que 216 se han considerado inválidas. Hasta septiembre de 2019, el servicio ha podido identificar a un posible familiar en 19 casos, todos relativos a adopciones.

Pide al Gobierno medidas inmediatas y un "rol activo"

En su informe, Amnistía Internacional solicita al Gobierno adoptar medidas inmediatas para aplicar plenamente las recomendaciones de los órganos internacionales en relación con casos de posibles sustracciones ilegales de menores, así como asumir un rol "activo" en la coordinación y canalización de búsquedas de posibles sustracciones.

La ONG también pide al Ejecutivo revisar los Concordatos con la Santa Sede para que "no constituya un impedimento a las investigaciones de violaciones de derechos humanos" y establecer protocolos que garanticen el acceso "efectivo" a la información y documentación.

A la Conferencia Episcopal, Amnistía Internacional le solicita facilitar a las víctimas el acceso a los archivos eclesiásticos de su competencia y asumir un rol de "intermediación e intercesión" con las órdenes y congregaciones religiosas dependientes de la Santa Sede, para que "permitan y faciliten a las víctimas el acceso a sus archivos".

Desaparición forzada durante más de 50 años

El informe de Amnistía Internacional destaca que durante más de 50 años, desde finales de la Guerra Civil hasta los 90, "miles de personas pudieron ser objeto de desaparición forzada, o de sustracción y sustitución de sus identidades".

Para la organización, la respuesta por parte del Estado "ha ido desde la autoría o complicidad en los primeros años, hasta la actual atención desinteresada, inadecuada e insuficiente a los miles de procesos de búsqueda iniciados por personas que no conocen su identidad ni la de su familia biológica; o por madres y padres, hermanos o hermanas, que desconocen la suerte y paradero de sus hijos o familiares".

Las sustracciones ilegales denunciadas se habrían producido, según la ONG, primero en cárceles, y luego en hospitales, maternidades, casas cuna, centros de beneficencia, en algunos casos directamente gestionados por congregaciones religiosas, que carecían de una adecuada supervisión por parte del Estado.

"Durante la investigación, hemos documentado casos en los que hay indicios de que se den los tres elementos que establece el derecho internacional para considerar que podemos hablar de desaparición forzada: primero, la sustracción del bebé; segundo, con la participación, o con la tolerancia o aquiescencia del Estado; y, tercero, la negativa por parte de las autoridades para revelar la suerte o el paradero de la persona desaparecida", ha explicado el investigador del informe Daniel Canales.

"Lo que busco es un bebé muerto, como no lo encuentro, lo busco vivo", ha apuntado Marga Calvo, que busca a su hijo nacido en julio de 1975.

La organización ha defendido que siempre que hay sospecha de que puede darse un caso de desaparición forzada, el Estado "tiene la obligación absoluta de investigar estos delitos, que no prescriben hasta que se esclarezca la suerte y paradero de las personas desaparecidas, y se les garantiza la posibilidad real y legal de restablecer su verdadera identidad".

Sin embargo, Amnistía Internacional ha podido constatar que los procesos de búsqueda continúan "encontrando obstáculos, y resultan ser en su mayoría infructuosos".

"Pese a los esfuerzos realizados, la mayoría de las investigaciones emprendidas por la Fiscalía fueron cerradas sin haber podido proporcionar certeza ni avances significativos en la búsqueda de verdad, justicia y reparación de las víctimas", ha señalado el investigador Canales.

La investigación revela que es "recurrente" encontrar que las mujeres que denuncian la sustracción de sus hijos eran de origen humilde, madres jóvenes, e incluso madres solteras, en un contexto en el que "se negaba a la mujer capacidad de decisión sobre su vida, su maternidad y sus hijos".

Las denuncias por estos hechos alegan circunstancias que se repiten con frecuencia: se informaba de la muerte del bebé, que en muchos casos no se podía ver, y/o de cuyo entierro se encargaba el hospital. En los procesos de búsqueda se une la falta de información, o la documentación errónea o falsa, y un acompañamiento inexistente o escaso por parte de las autoridades a quienes emprenden la búsqueda.

Un total de 56 víctimas de las desapariciones forzadas infantiles, han denunciado de forma conjunta ante la Fiscalía General del Estado sus casos alegando que las madres "fueron las víctimas primigenias" de la trama conocida como de bebés robados, y por lo tanto son víctimas de violencia contra la mujer.

Las víctimas, representadas por las asociaciones Por la Lucha de Madres de Bebés Robados en Andalucía, S.O.S Bebés Robados, Asociación Sin Identidad Biológica o Save Our Souls Bebés Robados, han denunciado por primera vez en una acción de este tipo, la vulneración de los Derechos de la Mujer de acuerdo con los tratados y convenciones internacionales de derechos humanos vigentes en España.

Según han explicado, la falta de interés por parte de las fiscalías autonómicas frente a denuncias individuales ha propiciado que estas 56 víctimas de todo el territorio español hayan presentado esta denuncia colectiva ante la Fiscalía General del Estado, en un último intento de que sea el Estado, y no las víctimas, quien soporte la carga de la prueba con las consecuencias emocionales y económicas que esto supone.

Como afirma la abogada Nuria González, especialista en derechos de la mujer, "la desaparición forzada de bebés sustraídos a las mujeres en todos los lugares del mundo tiene como primera víctima a la propia madre". "Un delito de género que solamente perjudica a mujeres por ser las únicas que pueden dar a luz", ha explicado.

Una subordinación normalizada 

Es por eso por lo que las denunciantes han decidido pedir "explicaciones directas" al Estado, por "sufrir el desamparo de los que más debían haberles protegido y que no lo hicieron", ni durante ese momento tan traumático, ni después.

Tal y como se recoge en la denuncia, "esta violencia sufrida por parte de las mujeres formaba parte de la subordinación a la que estaban sometidas de manera cotidiana y normalizada en todas las estructuras de la sociedad del franquismo, el tardofranquismo y la transición".

El también abogado Rodrigo Lledó, ha explicado que "las prácticas ilegales de tráfico de bebés en España se mantuvieron hasta bien entrada la Democracia", por lo que no se está hablando de un fenómeno exclusivamente de la época franquista

La denuncia plantea, además, la comisión de otros delitos, como el de Alteración de la Filiación, exigiendo responsabilidad para aquellos que han decidido ocultar, alterar o modificar la verdadera identidad de un hijo o hija, entregándolos a terceros, negándoles su verdadera filiación y ocasionando que dichas personas vivan con documentación falseada.

Otros delitos

Además, se denuncian delitos internacionales como la Desaparición Forzada Infantil y los Crímenes de lesa humanidad, así como delitos nacionales como la Falsedad documental o la Suposición de parto. "Que no se haya podido identificar al o la responsable no es óbice para desechar la investigación y no hacer los esfuerzos necesarios para indagar sobre las identidades arrebatadas y poner término al delito, posibilitando el reencuentro con sus madres", recoge el texto presentado.

El documento incide, además, en una visión más amplia de la Justicia, no sólo punitiva, sino también restaurativa o anamnética.

La presidenta de la Plataforma Foro Internacional de Víctimas por Desapariciones Forzadas Infantiles 'Te Estamos Buscando', que engloba a las denunciantes, María Bueno, ha afirmado que "es la Fiscalía quien debe realizar una investigación, dado que es ella la que tiene todas las herramientas necesarias para llegar hasta el fondo del asunto".

Según ha explicado, las víctimas están "defraudadas por la Justicia española hasta ahora", pero han decidido "darle una última oportunidad" a su lucha. "Si nos preguntan si después de los archivos masivos en las fiscalías provinciales aún tenemos esperanza en que esta denuncia prospere, las víctimas decimos: Rotundamente, sí. Los datos están ahí, se los hemos facilitado a la Fiscalía General del Estado y sólo es necesario que haya una voluntad real de acabar con la impunidad", ha concluido.

Fue gracias a un programa de televisión. Era primavera del 2011 y Antonio recibió la llamada de su madre Francisca, angustiada, frente al televisor. “Hijo, esto es parecido a lo nuestro”. Lo suyo, algo casi innombrable después de tantos años, era la muerte traumática de su bebé durante el parto. El primero que había tenido Francisca, en la Residencia Sanitaria Hospital Sanjurjo, de València. Ninguno de sus otros tres hijos volvió a nacer en un hospital. El modus operandi era el mismo de siempre. “Les dijeron que el bebé había fallecido y que ellos se ocupaban de todo, pero no lo vieron, ni vivo ni muerto. No les dieron ningún papel”, explica Antonio, que vivió su infancia sintiendo el vacío de la pérdida en los ojos de sus padres y la ausencia de aquel hermano mayor que no llegó a conocer.

A solo treinta minutos andando del hospital en el que nació el bebé de Francisca, Paquito correteaba, unos años después, por las calles del barrio de la Fontsanta. Creció feliz, se hizo hippie, el nombre adulto de José Luis sustituyó al infantil Paquito, y se dedicó a su gran pasión: el teatro. Hasta que con cuarenta años, la vida hecha y sus padres ya fallecidos, este hijo único se enteró de que era adoptado: “Fui al registro y vi que legalmente tenía otros apellidos. Hablé con un sacerdote del hospital, persiguiéndolo por el pasillo, y me dijo que no me preocupase, que podía haber ese tipo de errores”. Intentó seguir adelante, pero ya era imposible. Nada podía volver a ser igual. Un día, un completo desconocido llamó a la puerta de la academia de teatro en la que trabajaba diciéndole que estaba seguro de que eran hermanos: “Fue él quien me contó que podía ser un niño robado. Me quedé alucinado con la investigación que había hecho durante tantos años”, confiesa, orgulloso, José Luis.

Desde aquellas primeras sospechas de su madre, Antonio empezó a dedicarse en cuerpo y alma a buscar a su hermano. Lo compaginaba con su trabajo como fotógrafo. Era su obsesión. Se lo debía a sus padres. “Había conocidos que me decían que habían visto por València a una persona que se me parecía mucho. Cuando miré a José Luis a los ojos por primera vez, vi a mi padre”, recuerda. Estos últimos diez años, los ha pasado investigando, en manifestaciones, recogiendo firmas, buceando entre papeles y documentos imposibles de descifrar y chocando, en ocasiones, con innumerables obstáculos y piedras en el camino. “Desestimaron una querella que presenté en Fiscalía porque no pudieron identificar a los médicos y a las matronas, pero yo había conseguido los datos de uno de ellos”, se lamenta.

Francisca falleció hace dos años, pero José Luis pudo ir a conocerla antes de morir. “Estaba muy emocionada, pero recuperar el tiempo perdido es imposible”, reconoce Antonio. Hoy los dos luchan por descubrir toda la verdad, pero se sienten desamparados. Confían en que la ley de bebés robados que se admitió a trámite el pasado 23 de junio en el Congreso, consiga dar pequeños pasos para devolverles la dignidad: “Yo me apoyo en las hipótesis, en las pruebas documentales, en los rasgos de semblanza…, pero estamos a la espera de la sentencia científica”. Una prueba de ADN completamente fiable es, hoy por hoy, algo difícil de conseguir, ya que no existen marcadores genéticos suficientes en los laboratorios españoles y todavía hay muchos problemas técnicos para determinar el parentesco entre hermanos. Aún así, no se rinden.

Un puzle difícil de montar

Hoy José Luis intenta recomponerse y revisar toda su vida. De principio a fin. Ha sido feliz, pero le inunda la incertidumbre y se hace mil preguntas. "¿Quién soy realmente? ¿Qué hicieron conmigo? ¿Cómo me apellido?". Ahora también empieza a entender algunas cosas. Como aquel comentario que le hizo un educador de su colegio, exseminarista, cuando solo tenía doce años y jugaban a las cartas: “Este niño de ahí, Luis Expósito –apellido que se solía poner a los niños abandonados o que tenían un origen desconocido–, se apellida como tú”. Cuarenta años después, esa frase que jamás comprendió volvió a él. “Lo más duro es a nivel afectivo”, reconoce, “ahora tengo que intentar cuadrar todas las piezas del puzle de mi vida”. Al menos, esta vez, cuando vengan dificultades, no estará solo. Podrá apoyarse para siempre en el hombro de su hermano Antonio.

De entre todos los asuntos turbios que habitan la zona de niebla de la memoria reciente española hay uno que se resiste con especial saña a ser esclarecido: los miles de bebés robados que desaparecían de los brazos de sus madres tras el parto.

El pasado 23 de junio, en medio del griterío habitual, mientras se aclaraba qué es eso de la nueva normalidad, las asociaciones que llevan décadas trabajando para que este tema se aclare consiguieron una victoria histórica. Con los únicos votos en contra de Vox, el Congreso de los Diputados aprobó la toma en consideración de la Proposición de Ley de bebés robados en el Estado español promovida por la Coordinadora Estatal de apoyo a la Querella argentina (CeAqua) a propuesta de la asociación "Todos los niños robados son también mis niños", entidad integrante de esta Coordinadora.

Hoy se puede decir que se está más cerca de saber qué pasó con los miles de casos de posibles bebés robados. Y digo "miles" porque una de las primeras interrogantes de este asunto es que ni siquiera se conocen el número de denuncias. Las asociaciones han conseguido saber que desde 2011 hasta 2019 la Fiscalía abrió 2134 diligencias de investigación, de las cuales 526 ha sido judicializadas y en resto archivadas. De las primeras, tampoco existe información pública del momento procesal en que se encuentran.

La Proposición de Ley aprobada en el Congreso hace unos días recoge los principios de Naciones Unidas del derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición, e incorpora las recomendaciones de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para investigar sobre el robo de niños en nuestro país. Aconsejo leer dichas recomendaciones, en las que se podrá comprobar cómo la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo "Lamenta el abandono, la indefensión y la falta de investigación satisfactoria por parte de las autoridades públicas que los peticionarios, víctimas y asociaciones de víctimas afirman haber sufrido hasta ahora; pide a las autoridades españolas que se comprometan a entablar de manera oportuna un diálogo reforzado y continuado con los peticionarios y las asociaciones de afectados; ", y, entre otras cosas, "Se congratula de las disculpas ofrecidas por la Iglesia católica a las mujeres víctimas de adopciones forzadas en el Reino Unido, y anima a un reconocimiento similar de las víctimas en España".

La Proposición de Ley plantea actuar sobre todos los casos de bebés robados desde el 17 de julio de 1936, sin fecha final, por lo que permitiría acoger tanto los casos ocurridos durante la dictadura como en la democracia. No hay que olvidar que existen denuncias de casos de bebés robados hasta bien entrada la democracia, pero ni siquiera se sabe el año exacto de los últimos casos.

El texto de la proposición de ley recoge las principales reivindicaciones históricas de las víctimas de este crimen:

1. Garantizar el efectivo disfrute de sus derechos a las víctimas del robo de bebés.

2. Reconocer y asegurar los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición con diversas medidas entre las que se encuentran: la garantía del derecho al acceso a todo tipo de archivos, tanto públicos como privados (destacando los de clínicas y hospitales, y los de la Iglesia Católica); la realización de exhumaciones sufragadas por el Ministerio de Justicia; la atención médica, jurídica y psicológica gratuita; y las campañas de información y difusión por parte de los poderes públicos para que este crimen contra la humanidad no vuelva a repetirse jamás.

3. Reconocer la condición de víctimas para los afectados por este crimen, al que se considera un crimen contra la humanidad.

4. Cumplir las recomendaciones de Naciones Unidas, y especialmente la del Relator de Justicia Transicional, así como los Principios del Derecho Internacional de Derechos Humanos.

5. Integrar a todas las víctimas por el robo de bebés, las de la dictadura y las que se produjeron después, las familias que buscan y las personas en busca de su identidad.

6. Crear una Fiscalía Especial, una Unidad de Investigación de la Policía Judicial y una Comisión Estatal por el Derecho a la Identidad.

7. Crear una Base de datos que elaborará un censo de todos los casos, y un Banco de ADN nacional, cuyas pruebas serán gratuitas, con toda la información de todos los desaparecidos y de sus familias.

8. Garantizar la participación de las víctimas a través de sus representantes.

Resulta perturbador que ahora, cuando una pandemia nos ha dejado en estado de shock y andamos debatiendo sobre la recuperación económica, la renovación del contrato social y pidiendo fondos europeos para la modernización, de la mano de la digitalización y la descarbonización de la economía, tengamos asignaturas como esta, de primero de democracia, todavía sin aprobar.

Inés Madrigal, la mujer que sentó en el banquillo de los acusados al Doctor Eduardo Vela por un caso de bebés robados de 1969, ha criticado que el Tribunal Supremo no haya querido entrar a valorar la prescripción que propició la absolución del ginecólogo, tirando por tierra la esperanza de otros afectados por este entramado que afecta a toda España, informa Europa Press.

"La Justicia me ha castigado siendo la víctima. La Justicia se ha deshumanizado y se ha convertido en una Justicia que mira hacia otro lado", ha sentenciado Madrigal en declaraciones a Europa Press después de que el Alto Tribunal la haya condenado en costas por seguir adelante con el recurso de casación contra la sentencia de la Audiencia de Madrid que exoneró en octubre de 2018.

El Supremo no da por probado el delito de detención ilegal, pero sí el de falsedad. Uno de los extremos que valora el Alto Tribunal es la investigación aportada por la Fiscalía de Madrid en la que Madrigal relató que había encontrado a su familia biológica. Su madre, ya fallecida, la dio en adopción.

Madrigal ha asegurado que se encuentra "muy triste" con el fallo del Alto Tribunal, que no solo la afecta a ella sino a muchas víctimas que estaban a la espera de que los magistrados aclarasen el tema de la prescripción para resolver muchos de los casos paralizados que afectan a esta trama de tráfico de bebés. Pese al fiasco, aún mantiene la esperanza en el recurso sobre otro caso relativo a Huelva que se deliberará el próximo 30 de junio.

"Cuando me enteré no pude articular palabra. Mi carnet sigue siendo falso. Fui una víctima de Vela. Vela traficó conmigo aunque mi madre biológica me diera en adopción obligada por la sociedad. Lo único que he conseguido es que me condenen en costas", ha reprochado.

Madrigal ha asegurado que acudió a la Fiscalía siendo sincera para contar que había encontrado a sus hermanos, quienes le comentaron que su madre la había dado en adopción de forma voluntaria. "Yo no fui con mala fe y todos teníamos la esperanza de que entrara en el tema de la prescripción para ayudar a otras víctimas. La Justicia cuando pierde ese matiz de humanización se deshumaniza y se convierte en una Justicia que mira hacia otro lado", ha lamentado.

Lo siente "como un insulto". "Eres víctima y te hacen pagar", ha criticado y ha adelantado que lanzará un crowfunding cuando sepa la cantidad que tiene que abonar, ya que es ha gastado mucho dinero en este proceso y vive al día. "Mi objetivo era encontrar a mi familia, pero también ayudar a otras personas. Para mí, el mensaje del Supremo es si eres víctima, lo mejor que puedes hacer es quedarte en esa condición", ha agregado.

Fue el primer caso de bebés robados que llegó a juicio y ha sido el primero en obtener un pronunciamiento del Tribunal Supremo. El Alto Tribunal emitió este jueves su sentencia sobre el caso de Inés Madrigal, la niña que, en 1969, fue separada de su madre biológica en la Clínica San Carlos de Madrid. Tras un largo proceso judicial, Madrigal consiguió sentar en el banquillo a Eduardo Vela, que en el momento de los hechos era ginecólogo y director médico en el sanatorio. La Audiencia Provincial de Madrid le consideró, hace ahora casi dos años, culpable de detención ilegal, suposición de parto y falsedad en documento oficial. Sin embargo, el doctor, de 85 años, fue absuelto. El tribunal entendió que todos los delitos llevaban prescritos desde 1987.

Madrigal y la familia de Vela, que falleció el pasado mes de octubre, recurrieron al Supremo. Y los magistrados han fallado que la detención ilegal no se produjo, aunque los otros dos delitos los han mantenido. Sobre la prescripción, "ni blanco, ni negro, no se ha pronunciado", subraya Enrique Vila, abogado y presidente de la asociación SOS Raíces Adoptados. Así, mantiene la puerta abierta a que se puedan investigar otras causas. "Cada caso concreto habrá que estudiarlo", dice Vila. "De cara a otros casos de bebés robados, esta sentencia no influye en nada", añade Maite Parejo, abogada socia en Maio Legal.

El pasado 3 de junio, los magistrados del Supremo comenzaron la deliberación a puerta cerrada. Madrigal había recurrido porque, según argumentó su defensa, los delitos no habían prescrito. La Fiscalía Provincial de Madrid hizo lo propio, pidiendo que se revisara esa prescripción. Y Vela interpuso el suyo, alegando que se había vulnerado el derecho a su presunción de inocencia. Este ha sido el recurso que ahora se ha estimado, aunque parcialmente. Vela, ya fallecido, mantiene su absolución, aunque ahora se ha retirado de la sentencia la referencia a la detención ilegal. Los otros dos delitos se mantienen intactos. "Se ratifica la parte dispositiva de la sentencia de instancia [la de la Audiencia Provincial de Madrid] con la única precisión, en cuanto a las razones de la absolución del delito de detención ilegal, que se deriva de la fundamentación jurídica de esta sentencia", falla el Tribunal.

El motivo es claro. Meses después de la sentencia de la Audiencia Provincial, Madrigal encontró a su familia biológicaencontró. Lo hizo a través de un banco de ADN estadounidense y, así, supo que su madre la entregó en adopción de forma voluntaria en 1969. Ese detalle fue el que cambió todo. "El motivo de descartar la detención ilegal es que no se ha acreditado la ausencia de consentimiento de la madre biológica", argumenta el Tribunal. Pero eso no elimina los otros dos delitos, puesto que lo que aparentemente fue una adopción no se vendió como tal. "La ilegalidad se habría concretado en exclusiva en la elusión de los procedimientos regulares de adopción mediante la consulta falsaria de hacer aparecer como madre biológica a quien no lo era", señala el Supremo. Madrigal, por tanto, fue entregada de forma voluntaria, pero con falsedad documental y simulación de parto. "El certificado donde figuraba su firma, que él mismo reconoció, se emite con vocación, que no puede desconocer su emisor, de provocar un asiento en un registro público de tanta importancia como es el Registro Civil", señala la sentencia. "Pudo ser entregada, con lo cual no hay robo, pero fue adoptada de forma ilegal y Eduardo Vela es un delincuente", critica Vila.

La desaparición de este delito es, según Parejo, lo que precisamente deja la puerta abierta a que se investiguen otros casos de bebés robados con una perspectiva diferente. Más que nada, porque lo que la sentencia concuye es que Madrigal no lo fue. "Está claro que la conclusión es que este no es un caso de bebé robado, así que esta sentencia no sirve de parámetro para los casos de bebés robados, que deben investigarse", sostiene. "Habrá que ver entonces qué dicen los tribunales en el futuro", añade.

Y el Supremo ya tiene otro caso que resolver. Este miércoles, el Alto Tribunal admitió a trámite un recurso formulado por la Asociación SOS Bebés Robados de Huelva sobre una presunta sustracción de un recién nacido en el hospital Manuel Lois de la capital onubense en 1992. El caso llegó al Supremo después de que la Audiencia Provincial de Huelva diera traslado al Tribunal tras emitir un auto en el que no consideró prescritos los delitos. Los fundamentos jurídicos de dicho auto se basaban en computar el plazo para la prescripción desde que el sujeto afectado tenga conocimiento del mismo, y solicitar que ningún delito —falsificación documental o suposición de parto, los otros dos de los que se acusó al doctor Vela— quede prescrito si el delito de mayor pena no lo hace. El 30 de junio se deliberará y se tomará una decisión.

El debate de la prescripción y los crímenes de lesa humanidad

La Audiencia Provincial de Huelva justo tocó la tecla en uno de los meollos de la cuestión de los casos de bebés robados. La Audiencia Provincial de Madrid sentenció que los delitos de los que se acusaba al doctor Vela habían prescrito y lo que esperaba la acusación de Madrigal era que el Supremo se pronunciara sobre esto. Pero no lo ha hecho. "La Sala rechaza la impugnación de la prescripción que formulan el Ministerio fiscal y la acusación particular en sus recursos", explica el Supremo.

Hace dos años, la Audiencia Provincial de Madrid señaló que los tres delitos de los que acusó entonces a Vela y por los que la Fiscalía pedía once años de cárcel, "constituyen un conjunto punitivo" en "íntima relación de conexión". "En el caso de los delitos instrumentales la prescripción depende de la del delito de mayor gravedad", apunta la sentencia, al igual que la de Huelva. En el caso de Madrigal, la lupa tendría que ponerse por tanto sobre el delito de detención ilegal, que "tiene señalada pena de prisión de cinco a ocho años que debe ser impuesta en su mitad superior, por lo que el plazo de prescripción será el de diez años, de conformidad con lo prevenido en el artículo 131 del Código Penal".

La cuestión y el debate fue a partir de cuándo empezar a contar. Las acusaciones sostuvieron que debía tomarse como referencia el 25 de julio de 2010, cuando Madrigal leyó una información en el periódico y "tomó conciencia de su situación de 'niño robado". Sin embargo, las magistradas entendieron que el punto de partida para realizar el cómputo debe ser el año 1987, cuando cumplió 18 años y la que pensaba que era su madre biológica le contó que, en realidad, era adoptada. Esta fue la posición que triunfó. 

Tal y como explica Vila, la prescripción de este tipo de delitos tiene que empezar a contar cuando la persona afectada —y acusación en un procedimiento legal— sabe que ha sido víctima de un delito. Ante la mera sospecha, el reloj no debería activarse. "Si una persona se entera a los 18 años de que es una hija falsa, ahí empieza a correr el plazo. Sin embargo, si alguien que tiene ahora 50 años y se entera mañana, empezará a correr mañana", explica.

Sin embargo, en opinión de Parejo, estos crímenes deberían enmarcarse dentro de los delitos de lesa humanidad, que son, indica, imprescriptibles. De hecho, sobre el eje de la imprescriptibilidad giraba la Proposición de ley sobre los bebés robados en el Estado español, impulsada por la Coordinadora Estatal en Defensa de la Querella Argentina (Ceaqua) y registrada y admitida a trámite a finales de septiembre de 2018 en el Congreso de los Diputados por Unidos Podemos, ERC, PDeCAT, Compromís y EH Bildu. Quedó en nada porque la convocatoria de elecciones la hizo decaer, pero en febrero volvió al Parlamento con el respaldo de todos los grupos políticos excepto PP, Ciudadanos y Vox.

El objetivo del texto era, y es, la creación de una Fiscalía y una unidad de Policía Judicial para investigar la sustracción de, al menos, 30.000 menores. Solo con una investigación, y en conjunto, se podrán llegar a catalogar como crímenes de lesa humanidad, según Parejo. "El problema es que en España no se investiga. Para que un crimen sea calificado así tiene que haber un ataque sistemático en parte de la población civil y para eso se tiene que saber qué ocurrió, cómo y cuándo. Hasta que no se investigue, los afectados no encontrarán derecho a la tutela judicial efectiva", sentencia.

El Tribunal Supremo no ha entrado a valorar la prescripción del caso de bebés robados de 1969 que sentó en el banquillo de los acusados al ya fallecido doctor Eduardo Vela y ha determinado que la detención ilegal de la que se le acusó por entregar una bebé recién nacida a una familia distinta a la biológica no ha quedado probada. Así consta en una sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que el Alto Tribunal ratifica la parte dispositiva de la sentencia de la Audiencia de Madrid que exoneró al ginecólogo con "la única precisión, en cuanto a las razones de la absolución del delito de detención ilegal, que se deriva de la fundamentación jurídica de esta sentencia".

El pasado 3 de junio, los magistrados deliberaron a puerta cerrada sobre el recurso interpuesto por Inés Madrigal, la mujer que ejerció la acusación particular, contra la sentencia que absolvió al doctor Vela por prescripción de los delitos de los que se le acusaba por un caso de bebés robados de 1969, el primero que llegó a juicio en España. Los afectados por este entramado estaban a la espera de que el Supremo se pronunciara sobre la prescripción. Sin embargo, no entra a valorar esta cuestión al impedirlo procesalmente el fallecimiento del acusado.

Vela fue director de la clínica San Ramón, considerada el epicentro del entramado del presunto tráfico de niños. En la vista oral, el acusado negó los delitos que se le imputan y su defensa alegó prescripción.

En la sentencia, los magistrados no dan por probado el delito de detención ilegal en el caso de una bebé entregada nada más nacer a una familia distinta de la biológica, y mantiene en todo lo demás los hechos acreditados por la Audiencia de Madrid como delito de falsedad y como ilegal procedimiento de entrega de la niña al margen de los cauces regulares para una adopción. El motivo de descartar la detención ilegal es que no se ha acreditado la ausencia de consentimiento de la madre biológica. La sentencia no se pronuncia sobre el fondo de la impugnación de la prescripción de los delitos, realizada por la Fiscalía y la acusación particular, debido a que el fallecimiento del acusado (y también, indirectamente, la supresión del delito de detención ilegal) hace procesalmente improcedente resolver sobre una inviable petición de condena, según destaca la sentencia.

Añade que no puede el Tribunal especular sobre una cuestión con finalidad puramente teórica y, menos, para incidir en otros procesos sin dar audiencia a las personas afectadas por ellos.

Asimismo, destaca el cúmulo de incidencias procesales poco habituales que se han producido durante la tramitación de estos recursos, entre ellas la del fallecimiento del acusado.

Identificación de la madre biológica

Otra de las incidencias fue que, cuando el recurso de casación estaba pendiente en el Tribunal Supremo, el Ministerio Público aportó una investigación de la Fiscalía de Madrid realizada tras la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid y a instancias de quien ejerció la acusación particular como víctima. Tras haber logrado identificar a la madre biológica, ya fallecida, y con testimonios de familiares directos, la Fiscalía concluía que había elementos para considerar acreditado que la madre biológica había entregado a la recién nacida con fines de adopción, de forma libre y voluntaria.

La Sala explica en su sentencia que para abordar la presunción de inocencia indudablemente el análisis sería radicalmente distinto si se toman en consideración o no las diligencias preprocesales aportadas por el ministerio fiscal. Según el Supremo, de ellas se desprende, "sin resquicio alguno para la duda, que ha sido identificada la madre de Inés Madrigal Pérez; y que aquella prestó su consentimiento para que su hija recién nacida fuese entregada a un matrimonio que se encargaría de acogerla y criarla como una hija según han confirmado con lujos y detalles no solo la hermana de aquella, sino también algunos de sus hijos, que lo conocían por referencias de familiares tan cercanos como su padre (es presumible que la madre pensaría en una adopción)".

La Sala descarta ubicar el informe de la Fiscalía en el marco de un recurso de revisión, puesto que este tipo de recursos se plantean frente a sentencias condenatorias y firmes y añade que nadie entendería que el Ministerio Público no hubiese comunicado al tribunal el resultado tan decisivo de las diligencias preprocesales ni que la respuesta de la Sala fuera devolver, sin más, esa documentación.

Presunción de inocencia sobre el delito de detención ilegal

Además, argumenta que la Audiencia acreditó la ausencia de consentimiento de los padres biológicos basándose en pruebas indiciarias. No hubo ninguna declaración directa de que se tratara de una sustracción y no entrega voluntaria por parte de la progenitora, tal y como venía autorizado en la normativa registral entonces vigente que permitía a ésta mantener oculta su identidad.

El tribunal considera que el razonamiento de la Audiencia es plausible. "Pero es –lo era también antes de localizarse a la familia biológica de la menor– demasiado abierto en el sentido de que se presentaba, al menos, con igual grado de probabilidad una hipótesis alternativa no incriminatoria: que se hubiese contado con el consentimiento libre de los progenitores. Era ese un hecho en aquella época no insólito o extraño, sino relativamente habitual", dice la sentencia.

La hipótesis asumida como ajustada a la realidad por la sentencia no era suficientemente concluyente, y por tanto "no respetaba las condiciones necesarias para que una prueba indiciaria se convierta en sostén de una atribución de culpabilidad sin merma de la presunción de inocencia". Así concluye que "la deducción era compatible con el cuadro indiciario con que se contaba. Pero no era la única posible. Quizás, ni siquiera la más probable. Era imaginable otra hipótesis exculpatoria de ese delito, con al menos, el mismo grado de probabilidad".

La Sala considera que el acusado intervino tanto en la certificación falsa para inscribir a la niña en el Registro Civil como en toda la maniobra para entregarla a la coimputada fallecida y su marido. "El certificado donde figuraba su firma, que él mismo reconoció, se emite con vocación, que no puede desconocer su emisor, de provocar un asiento en un registro público de tanta importancia como es el Registro Civil", señala.

Cinco represalidados por el franquismo han interpuesto este mañana en los Juzgados de Plaza de Castilla la primera querella colectiva contra sus supuestos torturadores, entre ellos Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, por delitos de lesa humanidad, según informa Europa Press.

Según ha explicado la abogada Begoña Lalana a la entrada de los Juzgados, se trata de una acción contra miembros de la Brigada Información Social que actuaba desde la Dirección de Seguridad de Madrid "para destacar que la represión del régimen franquista se dirigió contra toda la población española que pretendía lograr el advenimiento de la democracia".

"El régimen franquista se dotó de muchos instrumentos como la Policía y la Falange para acabar con cualquier resistencia y manifestación democrática, sobre todo contra las personas que habían empezado a luchar de forma organizada para lograr el advenimiento de las libertades a España. Fueron condenadas por delitos de asociación ilícita en base a una ley de 1939 que declaraban ilegales a todos los partidos antiguos y nuevos", ha dicho.

Los querellados son Antonio González Pacheco alias (Billy el Niño), José Félix Mazagatos Antón, Roberto Fernández Tejerina, Javier Tejedor Peña, Salvador Bonell Esperanza, José María Gay Iglesias, Manuel González Sandoval y José Ignacio Giralte González, José Ignacio Giralte González, "y todos aquellos que impulsaron y dieron instrucciones para la detención y encarcelamiento y todos aquellos que no hicieron nada por impedirlo".

"Queremos acabar con un muro de impunidad desde las fechas de las últimas detenciones una vez fallecido Franco. El Estado no puede sustituir a las víctimas en la búsqueda de la verdad. Las personas tienen derecho en conseguir justicia, verdad y reparación", ha indicado.

Cinco querellantes

Esta querella que acumula un total de cinco querellantes en una única acción judicial, se suma a las 12 anteriores interpuestas en Madrid contra Antonio González Pacheco y otros miembros de la policía política franquista, habiéndose presentado en toda España un total de 36 querellas por delitos de torturas en un contexto de crímenes contra la humanidad durante el tardo-franquismo cometidos por miembros de la Policía política y la Guardia Civil.

Una de ellas es Roser Rius, que ha explicado que la detuvieron en Madrid porque militaba en la Liga Comunista Revolucionaria. Estuvo arrestada tres días después de los sucesos de la calle del Correo en 1974 por propaganda ilegal y asociación ilícita.

"A mí me torturaron, me pegaron en todas las partes, sobre todo en la planta de los pies, por lo que estuve sin poder andar bien mucho tiempo. Dentro de la cárcel me propusieron una querella contra la Policía. La puse pero no les condenaron a pesar de yo estaba bajo la custodia de la Policía", ha relatado.

La víctima de la represión franquista ha asegurado que no solo iban a por ello, sino "para que toda la juventud no se moviera". "Querían que los demás se desanimaran. Nos hemos movido porque era difícil las querellas individuales. La democracia nunca está asegurada y por eso nos parece muy importante esta actuación. La fuerza nos la ha dado la comunidad", ha dicho.

Otro de los querellantes es Enrique del Olmo, detenido en 1972 tras una manifestación estudiantil, quien considera que la querella colectiva "es una acto de dignidad de las cientos de miles de personas que lucharon en décadas contra un régimen infame y que desgraciadamente todavía no están siendo reconocidos y los causantes de estos males no han tenido el juicio y ni Justicia que les corresponde".

"Esto cuesta muchísimo pero para que la sociedad sea mejor tiene que haber Justicia. Esta gota vamos a seguirla para lograr que sean castigados los culpables. Me he sumado a la colectiva porque era un buen momento porque todos teníamos el mismo elemento común, que fue la persecución política y torturas. Las pruebas son los interrogatorios individuales, nuestras declaraciones de torturas ante los Juzgados", ha apuntado.

Torturas por Billy el Niño

Por su parte, Esteban Cabal ha detallado que fue torturado por González Pacheco a pesar de ser menor de edad en 1976. "Me tuvieron siete días y siete noches en la Dirección General de Seguridad de la Puerta del Sol. Me acusaron de pertenecer a un sindicato estudiantil. Billy el Niño me amenazó con matarme si le denunciaba. Lo hice y estuve escondido durante un mes en un piso de Vallecas. Es un hombre muy mayor y creo que no entrará en prisión. Son hechos que yo he perdonado pero lo que nos mueve a los querellantes no es el rencor, sino que la sociedad española sepa lo que ocurrió y se condene de una vez los crímenes del franquismo", ha dicho.

"Entendemos que estamos hablando de delitos de lesa humanidad. Por órdenes de Martín Villa, ministro del Interior, se torturaba a los niños. Creemos que delitos así no pueden prescribir", ha proseguido.

Por su parte, Jesús Rodríguez Barrio fue detenido por la Brigada de Información Social en tres ocasione en la década de los 70 por delitos de reunión, manifestación y asociación ilegal, derechos ahora reconocidos en la Constitución Española.

"Fue interrogado tres días por Billy el Niño, que fue sometido a todo tipo de golpes, amenazas y torturas psicológicas. Fui encañonado por él bajo amenaza de muerte si no les daba información", ha manifestado ante los medios.

El querellante ha explicado que actúa ahora judicialmente porque "es un acto de dignidad levantar la cabeza y declarar que fueron personas que lucharon por los derechos fundamentales, no delincuentes; que toda la sociedad sepa que el franquismo practicó este tipo de represión; y porque hay 100.000 desaparecidos que no pueden hablar y es también es una acción en nombre de ellos".

"En el Archivo Histórico Nacional constan las declaraciones y también los informes aplicados en base al protocolo de Estambul sobre la tortura, que acreditan que nuestros relatos eran creíbles, fundamentadas y basadas en datos que sucedieron realmente", ha indicado.

Rodríguez Barrio ha criticado que Billy el Niño fue condecorado cuatro vecesBilly el Niño una vez muerto Franco, dos de ellas por un Gobierno socialista. Por ello, ha esgrimido, no han interpuesto estas querellas hace décadas porque estas personas "estaban protegidas y ocupaban puestos importantes".

"Antes no nos sentíamos arropados. Hemos empezado a implicarnos gracias a la vía que se abrió en Argentina. Creemos que es un momento importante y la sociedad española ha tomado conciencia de estos hechos. Sin Justicia no será posible construir una sociedad democrática con derechos fundamentales estén consolidados", ha concluido.

Por último ha tomado la palabra Javier Maestro, detenido en tres ocasiones en la década de los 70 por lanzar octavillas contra la Ley del Orden Público, entre otras cuestiones. El querellante ha hecho un llamamiento a los que "sufrieron los zarpazos del franquismo" para que denuncien para que sea un proceso "contra todo el sistema de represión que generó tanto miedo".

"La democracia se debe a miles de personas que hicieron ese alarde de generosidad y estoy aquí contra la lógica de impunidad, que impide que juzgados admitan delitos de lesa humanidad. Temas como el Valle de los Caídos y niños robados y cunetas tienen que solventarse. No fue una guerra civil, sino un genocidio", ha finalizado.

La directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Esmeralda Rasillo López, ha informado este miércoles a representantes de 18 asociaciones de bebés robados su intención de "abrir vías de diálogo con la Conferencia Episcopal Española para conseguir acceso a los libros y registros eclesiásticos" a fin de localizar a personas que hayan podido sufrir un supuesto de sustracción de menores al nacer.

Según informa el departamento que dirige Dolores Delgado, en la reunión ha anunciado asimismo que Justicia prepara la contratación de un grupo de expertos que traten de localizar y analizar los archivos históricos donde pudieran encontrarse documentos relevantes para hallar la verdadera identidad de personas afectadas por este delito.

En la reunión, la directora general insistió a las asociaciones en la necesidad de que sus asociados incluyan sus perfiles genéticos (ADN) en la base de datos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses para facilitar un mayor número de cruces genéticos e incrementar las posibilidades de hallar compatibilidades que permitan el reencuentro de familiares biológicos.

Conforme recuerda Justicia, quienes sospechen haber sufrido un caso de bebés robados tienen a su disposición el Servicio de Información a Afectados por la Posible Sustracción de Recién Nacidos y pueden acudir a cualquiera de las 27 oficinas de asistencia a las víctimas que el ministerio gestiona en España y que tienen un protocolo de orientación jurídica y atención psicológica para estos casos.

Desde 2013, el Servicio de Información a Afectados por la Posible Sustracción de Recién Nacidos ha incoado 876 expedientes sobre bebés robados, de los que solo en once casos ha sido posible el reencuentro entre familiares biológicos.

Primera sentencia en España por un caso de bebés robados. Después de seis años de un interminable proceso judicial, la Audiencia Provincial de Madrid se ha pronunciado este lunes por la mañana sobre la sustracción en 1969 de Inés Madrigal en la Clínica San Ramón de Madrid. Y lo ha hecho a través de una sentencia que deja un sabor de boca agridulce a la víctima. Las magistradas de la Sección Séptima de la Audiencia de Madrid han considerado a Eduardo Vela, que en el momento de los hechos era ginecólogo y director médico en el sanatorio, culpable de detención ilegal, suposición de parto y falsedad en documento oficial. Sin embargo, el doctor, de 85 años, ha sido absuelto al entender el tribunal que todos los delitos llevan prescritos desde 1987, cuando la denunciante cumplió la mayoría de edad y su madre le explicó que era adoptada. Madrigal, a su salida de la Audiencia Provincial, ha dejado claro que recurrirá el fallo ante el Supremo.

A lo largo de las 61 páginas que ocupa la sentencia, las tres magistradas señalan que del conjunto probatorio queda acreditada la culpabilidad del doctor Vela en los tres tipos delictivos que pesaban sobre el médico. “Puede deducirse sin esfuerzo que fue el acusado la persona que hizo entrega del recién nacido a Pablo [Madrigal] e Inés [Pérez], y que dicha entrega se realizó desde luego fuera de los cauces legales, simulando la existencia de un parto que no se había producido y estableciendo una filiación falaz”, asevera la Sección Séptima de la Audiencia Provincial en el fallo. Y todo ello, continúan las magistradas, “sin que conste que hubiera mediado consentimiento y ni tan siquiera conocimiento por parte de los progenitores del recién nacido”, cuya identidad “no consta en parte alguna” al “no haber sido hallados archivos en los que quedara constancia de la auténtica filiación”.

A ojos de las magistradas, resulta “diáfano” que la entrega realizada del bebé a Pablo Madrigal e Inés Pérez “se hizo omitiendo de forma deliberada la normativa vigente”, sin que conste en ningún lado “la existencia de un acto de abandono” por parte de los padres biológicos de la denunciante, quienes se vieron “privados de su derecho a velar por la menor”. “No consta que hicieran entrega del menor en las condiciones señaladas por la ley para que pudiera llevarse a cabo la adopción, por lo que no puede afirmarse la existencia de consentimiento alguno para la entrega”, afirma la Audiencia Provincial de Madrid, que critica además que el antiguo ginecólogo y director médico de la Clínica San Ramón ha impedido “con su constante negativa del hecho” el hallazgo “de cualquier dato sobre la auténtica filiación” de Inés Madrigal.

El tribunal también considera que “no hay duda” de que el doctor Vela incurrió en un delito de falsedad en documento oficial y en otro de suposición del parto. “Al firmar la certificación del facultativo, estableció la existencia de un parto que no había tenido lugar, aquel por el que Inés Pérez habría dado a luz a Inés Madrigal, hecho que no ocurrió, tal y como se ha acreditado en virtud de los medios probatorios que hemos señalado, y que con la finalidad de dejar constancia de ello y establecer la falaz filiación del menor firmó el certificado, entregando la recién nacida a los supuestos padres que no lo eran, con cuya certificación fue inscrito el nacido en el Registro Civil”, apuntan las magistradas. “Él nunca pudo haber asistido el parto de una mujer estéril”, ha señalado Madrigal por activa y por pasiva durante todo el proceso judicial.

Absuelto por prescripción de los delitos

A pesar de la claridad con la que expresan la culpabilidad de Eduardo Vela, las magistradas han terminado por absolverle al considerar prescritos los tipos delictivos que se le imputaban. Según explica el tribunal, los tres delitos, por los que la Fiscalía pedía once años de cárcel, “constituyen un conjunto punitivo” en “íntima relación de conexión”. “En el caso de los delitos instrumentales la prescripción depende de la del delito de mayor gravedad”, apunta la sentencia. En el caso de Madrigal, la lupa tendría que ponerse sobre el delito de detención ilegal, que “tiene señalada pena de prisión de cinco a ocho años que debe ser impuesta en su mitad superior, por lo que el plazo de prescripción será el de diez años, de conformidad con lo prevenido en el artículo 131 del Código Penal”.

Pero, ¿qué año tiene que tomarse como punto de partida para ver si el delito ha prescrito? Ahí, justamente, está el meollo de la cuestión. Las acusaciones sostuvieron que debía tomarse como referencia el 25 de julio de 2010, cuando Madrigal leyó una información en el periódico y “tomó conciencia de su situación de ‘niño robado’, solicitando la certificación literal de nacimiento y las pruebas biológicas”. Sin embargo, las magistradas entienden que el punto de partida para realizar el cómputo debe ser el año 1987, cuando cumplió 18 años. “La mayoría de edad de la denunciante coincide con la toma de conocimiento de las circunstancias de su situación familiar –Inés Pérez le cuenta que es adoptada–, por lo que evidentemente, a partir de ese momento, pudo realizar las pesquisas y acciones que tuviera por convenientes”, señala el fallo.

"Errores de bulto"

A su salida de la Audiencia Provincial de Madrid, Inés Madrigal y su abogado, Guillermo Peña, han anunciado su intención de recurrir la sentencia ante el Supremo porque tienen “la obligación de ello” y porque consideran fundamental que el Alto Tribunal se pronuncie sobre la prescripción y cree jurisprudencia sobre los casos de bebés robados en España, informa Europa Press. “Hay mucho derecho internacional que habla de desapariciones forzosas y está firmado por España. El Supremo tiene ahora la pelota sobre su tejado”, ha señalado la denunciante a los medios de comunicación. El letrado, por su parte,  ha afirmado que no ha llegado “hasta aquí para nada” y ha aseverado que va a sortear todos los obstáculos que se le pongan por delante durante el proceso.

Madrigal se ha mostrado, en parte, feliz con el fallo porque reconoce que el doctor Vela “hizo lo que hizo”. “Estamos ante un hito a nivel europeo, quizá a nivel mundial. Es la primera sentencia del tema de los bebés robados y se reconoce que sí que hubo robo, que sí me arrebataron a mi madre”, ha aseverado. Sin embargo, reconoce que la decisión de la Audiencia Provincial le ha dejado también “una sensación agridulce” porque el tribunal no ha sido “valiente” y no “se ha tirado al barro” al no entrar en el fondo de la cuestión al considerar prescritos los delitos de los que se acusaba al doctor Vela. En este sentido, Madrigal ha insistido en que ella fue consciente de su situación de bebé robado en 2010, cuando se desveló que había “una red de compraventa” de recién nacidos. “Es mi único reproche”, ha sentenciado.

Para Enrique Vila, abogado y presidente de la asociación SOS Raíces Adoptados, el argumento de la mayoría de edad puesto sobre la mesa por la Audiencia Provincial de Madrid “es bastante absurdo”. En opinión del letrado, que consiguió que el pasado mes de agosto el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas se interesara por el caso de un matrimonio navarro al que supuestamente le robaron un bebé en 1985, la prescripción de la detención ilegal “no empieza a contar hasta que no cesa esa situación”. “Y el que cometió el delito, Eduardo Vela, sigue con la voluntad activa de que se siga cometiendo, porque Inés Madrigal sigue separada de su familia biológica y Vela no ha movido un dedo para cesar esa situación”, asevera en conversación con infoLibre Vila, que confía en que el Supremo se termine pronunciando sobre los casos de bebés robados, sentando así jurisprudencia para futuros procesos judiciales sobre este tema.

En opinión del jurista y fiscal Carlos Castresana, la sentencia conocida este lunes, que cree que tiene "buena intención", contiene varios “errores de bulto”. En primer lugar, considera que la mayoría de edad no debería ser la fecha de inicio para computar la prescripción. “Hay que tomar como referencia el momento en el que ella pudo ejercer la acción, en el momento en el que supo que había sido sustraída [es decir, en 2010, cuando conoció la existencia de la trama de bebés robados]”, afirma Castresana en conversación con este diario. El jurista, además, señala que el cómputo debería realizarse desde el día “que se elimina la situación ilícita”. “Y eso todavía no ha sucedido. Sigue privada de su identidad, teniendo en cuenta que el doctor Vela no le ha dicho quiénes eran sus padres”, sentencia.

Crímenes de lesa humanidad

Ni Vila ni tampoco Maite Parejo, miembro del Comité de Expertos de la Sección de Derechos Humanos del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, creen que la sentencia conocida este lunes ponga freno al más de medio millar de casos de bebés robados que han sido judicializados desde 2011. “Depende del caso concreto”, señala Parejo. Sin embargo, en opinión de la abogada, la sustracción de menores debería enmarcarse dentro de los crímenes de lesa humanidad, que son “imprescriptibles”. Sobre el eje de la imprescriptibilidad gira la Proposición de ley sobre los bebés robados en el Estado español, impulsada por la Coordinadora Estatal en Defensa de la Querella Argentina (Ceaqua) y registrada a finales de septiembre en el Congreso de los Diputados por Unidos Podemos, ERC, PDeCAT, Compromís y EH Bildu.

En diciembre de 2012, recuerda la también miembro del equipo de Ceaqua, la Fiscalía General del Estado remitió una circular en la que negaba que en el caso de la sustracción de bebés se pudiese hablar de “crímenes cometidos de forma sistemática”. “Las sustracciones de recién nacidos denunciadas no pueden ser englobadas en ninguna de las categorías existentes de delitos imprescriptibles”, señalaba entonces el Ministerio Público en su circular a los fiscales. Una teoría con la que no coincide jurídicamente la experta en derecho internacional: “La calificación como delitos ordinarios es lo que está permitiendo, como ha pasado en el caso de Inés Madrigal, la prescripción”, sentencia la abogada, que recuerda que “fuera de nuestras fronteras” estos hechos se están calificando como crímenes de lesa humanidad.

La sentencia de la Audiencia Provincial también rechaza el supuesto de la imprescriptibilidad. “La Sala es consciente del desgarro que las conductas enjuiciadas ocasionan a las víctimas de los mismos. Sin embargo, aun cuando los Tratados Internacionales sobre la materia fijaran la imprescriptibilidad de los delitos contra la humanidad, esa exigencia que ha sido llevada a nuestro ordenamiento jurídico interno, tiene una aplicación de futuro y no es procedente otorgarle una interpretación retroactiva por impedirlo la seguridad jurídica”, señala el fallo. Este es, en opinión de Castresana, el segundo error de bulto cometido por las magistradas: “La imprescriptibilidad está sancionada al menos desde 1974. Es un error garrafal”.

La periodista francesa Emilie Delphine ha asegurado este martes en el juicio contra el doctor Eduardo Vela, juzgado por un caso de bebés robados, que el médico le reconoció en 2013 durante una charla con cámara oculta en su consulta que había regalado un bebé a la madre de Inés Madrigal, la mujer que le ha llevado ante la Justicia.

"Inés no pagó y le regalaron a la niña". Así lo ha afirmado esta periodista durante su interrogatorio por videoconferencia ante el tribunal que juzga al que fuera director de la ya desaparecida Clínica San Ramón, considerada el epicentro de la trama de bebés robados. Esta frase se la habría dicho Vela en la consulta en la que estaba acompañado de su mujer, Adela Bermejo.

Se trata del primer caso de bebés robados que llega a juicio en España y que queda visto para sentencia. Data del 4 de junio de 1969. La bebe robada aún sigue buscando a sus padres biológicos. El acusado no ha hecho uso de su derecho a la última palabra.

En el juicio, el testimonio de esta periodista es clave para sustentar la acusación contra el exmédico, dado que la madre de Inés Madrigal, Inés Pérez Pérez, falleció hace unos años. La Sala ha exhibido el careo que se produjo en 2013 entre Inés y Vela, un cara a cara duro en el que la mujer le llamó "mentiroso" y le echó en cara que no dijera la verdad. "Tus mentiras son para fusilarte", dijo entonces.

Vela, de 85 años, ha seguido atento la vista postrado en una silla de ruedas. Detrás se sentaba su mujer y su hija. La delicada salud del médico hizo que la segunda sesión del juicio se tuviera que aplazar hasta hoy tras ingresar horas antes en urgencias por mareos. En su declaración, negó todos los delitos que se le imputan; de sustracción de menores, suposición del parto, falsedad documental y detención ilegal. Su abogado alegó en la vista oral que los delitos están prescritos, algo de lo que ya se pronunció en sentido contrario la Audiencia Provincial de Madrid.

Tras concluir la prueba, la fiscal ha mantenido su solicitud de pena de once años de cárcel, al igual que el abogado de la acusación particular, que pide 13 años. El abogado del acusado ha solicitado su absolución, criticando que se haga "una causa general" y asegurando que el origen de todo es "un chantaje" por parte de un inspector de policía. No obstante, ha pedido que si hay condena, que se le aplique el atenuante de dilaciones indebidas.

"Es un caso claro de tráfico de niños", ha aseverado la fiscal en su informe en el que ha reprochado al acusado que privara a la víctima de su "identidad genética" y ha comparado el procedimiento con las desapariciones en Argentina. Guillermo Peña, que defiende a Madrigal, ha censurado que se borrara "cada paso para ocultar la verdad".

Le regaló a la niña

En su turno, la periodista ha relatado que vino a Madrid en 2013 para realizar un reportaje sobre el caso de los niños robados. El 10 de diciembre de ese año, logró hablar con Vela en su consulta haciéndose pasar por una paciente. Hizo una cámara oculta. En una charla, le preguntó sobre Inés Madrigal y éste le confesó que se la había regalado a su madre, sin que tuviera que pagar. Durante la conversación, estaba presente su mujer.

A preguntas del abogado de Vela, ha detallado que entregó el vídeo de la cámara oculta al letrado que defiende a Inés Madrigal, denunciante del caso y la presidenta de S.O.S. Bebés Robados de Murcia.

Quemó los historiales

El testimonio de un policía nacional ha arrancado la sesión en la que ha detallado cómo se desarrollaron las pesquisas a instancias del juzgado y la Fiscalía. Así, ha narrado que en 2014 localizó a Vela y logró hablar con él por teléfono, dado que fue "imposible" que se presentara en sede policial "aduciendo que estaba conectado a una máquina".

Además, ha contado que Vela le dijo que en aquella época "quemaban" los libros de registro. "Me comentó que las adopciones tenían dos fases, una primera inicial en la que se mantenía la historia y, una segunda, en la que la ley vigente les obligaba a destruir todos los historiales", ha señalado.

Tras ello, ha reseñado que había indicios de que existía una trama encabezada por Vela en la que se utilizaba a chicas de centros de acogida que no querían quedarse con su bebé. De estos centros, ha citado uno denominado Teresita. Se les mantenía en el centro con la obligación de entregar el bebé. Eran entregados a cambio de alguna remuneración.

También ha comparecido la madrina de Inés Madrigal, quien ha afirmado ante el tribunal que no recordaba tal condición porque en aquella época tenía muchas complicaciones y tiene mala memoria. Al que sí recordaba y con cariño era al padre Félix Sánchez, el sacerdote que habría sido el intermediario entre el doctor Vela y la madre de Inés.

Además, la Sala ha leído la declaración que realizó Inés Pérez en sede judicial, en la que afirmó que no pagó nada por la niña y que no sabía entonces que fuera una niña robada. Y ha exhibido el vídeo en el que tuvo lugar un careo entre Inés Madrigal y Vela en el que ésta le increpa y le llama "mentiroso".

Petición de once años de prisión

En su informe para sustentar los once años de cárcel que reclama, la fiscal ha destacado que el caso de Madrigal ha permitido conocer el fenómeno de los niños robados, ya que se trata de "un caso claro de tráfico de niños" y es un asunto merecedor de "reproche penal". Tras señalar que es un caso "muy complicado" y aludiendo a la posible prescripción, ha subrayado que el juez instructor sí apreció indicios de criminalidad y entendió que los hechos no están prescritos, algo avalado por la Audiencia Provincial de Madrid.

La fiscal ha querido dar validez a la cámara oculta de las periodistas francesas, corroborada por el testimonio en la vista de una de ellas. "No hay duda sobre lo que dice; que no se pagó por ella, que fue un regalo", ha dicho la representante del Ministerio fiscal.

"Esta niña fue separada de su entorno biológico original. Sus orígenes son ocultados y vive hasta el 87 como si fuera su hija. Entonces, le dicen que es adoptada. En 2010, con el fenómeno de los bebes robados, toma dos decisiones; reclama su partida de nacimiento y se hace la prueba de ADN", ha indicado, agregando que a día de hoy sigue en el registro como hija biológica de Inés Pérez y Pablo Madrigal.

Además, ha analizado si la entrega de la niña contó con la voluntad de los padres biológicos y, ante la ausencia de datos, ha aseverado que el bebé se entregó sin el consentimiento de los progenitores. No hay documento donde conste la renuncia expresa de un recién nacido ni testigo de los trámites ni tampoco de una supuesta entrega por parte de una parturienta.

Para la fiscal es "muy importante" "todas las cautelas" que tomó Vela y Adela Bermejo para "no descubrir el ajo", una frase que solía repetir Inés Pérez cuando contaba el relato de los hechos. Contra todos los indicios manifestados, según la fiscal, no hay elemento que los pueda contradecir por parte de la defensa. En cuanto a la prescripción, ha recalcado que la conducta ilícita no ha cesado y que sería en 2010 cuando podría empezar a computar el plazo en el que vence el delito imputado. En esta fecha, Madrigal solicitó al registro civil su partida de nacimiento, descubriendo "el ajo".

La fiscal ha solicitado que si hay sentencia condenatoria, que se remita al registro civil para que modifique la filiación de la denunciante y que se remita testimonio contra la mujer de Eduardo Vela porque "sí sabe quiénes son los padres biológicos" de la denunciante. Finalmente, ha señalado que en el caso de la indemnización hay que tener en cuenta que, en este caso, no hay "precedente" del daño ocasionado porque a día de hoy sigue buscando a sus padres biológicos y se le ha privado de su identidad genética.

Las víctimas de los bebés robados en España lo han denunciado en varias ocasiones. "El Estado no está involucrado" en su caso. Pero ahora, por primera vez, quien sí lo está es la ONU. El Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha solicitado a España explicaciones sobre el archivo de un caso concreto que, desde hace tres años, ha hecho batallar en los tribunales españoles a un matrimonio navarro. 

El abogado de la familia y presidente de la asociación SOS Raíces adoptados, Enrique Vila, explica a infoLibre que los afectados prefieren mantener la mayor discreción posible. Comenzaron su periplo judicial en el año 2015, pero su caso empezó 30 años antes, en 1985, cuando la mujer dio a luz en una clínica de Pamplona. Supuestamente, el bebé que nació en ese momento fue robado en el mismo hospital. Con esas sospechas, presentaron una querella en el Juzgado de Instrucción de la ciudad. "Allí abrieron diligencias pero, como en tantos otros casos, para cumplir sobre el papel, porque realmente nunca se hace una investigación efectiva", denuncia Vila. 

Pidieron que se practicaran pruebas para dirimir qué había ocurrido con el recién nacido, pero no lo hicieron solos. A la demanda que realizó la familia se sumó el Ministerio Fiscal, como recuerda el abogado. "No practicaron ninguna", se queja. Ni siquiera, según recuerda, se llamó a declarar a los afectados, ni al matrimonio ni al personal de la clínica que asistió el parto. "No hubo ninguna declaración testifical", apunta. Pero este modus operandi no es único. "Fue un archivo más de los muchos que, por desgracia, se hacen sin ni siquiera investigar", explica. 

Tras este primer varapalo, el siguiente paso fue acudir a la Audiencia Provincial de Navarra, de nuevo, junto a la Fiscalía. Pero la respuesta fue la misma y se mantuvo el archivo del caso. "Luego acudimos al Tribunal Constitucional, que no admitió el recurso de amparo", recuerda Vila. Es en ese momento cuando, añade, decide explorar una vía que nunca antes había probado. "Decidí acudir al Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas" porque, explica, la Justicia española estaba vulnerando un derecho fundamental recogido en la Convención de los Derechos del Niño, ratificado por España. Está recogido en los artículos 7 y 9. Según el documento, "el niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos" y, además, "los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos". 

España, fuera de plazo

Tal y como explica Vila, Naciones Unidas admitió su queja, solicitando en diciembre de 2017 al Estado español explicaciones de los motivos por los cuales los tribunales habían decidido archivar el caso del matrimonio. "Yo también recibí ese documento", explica Vila, que indica a este diario que, por motivos de "secreto profesional", no puede enviarlo a ningún medio.

infoLibre trató de acceder a la petición de la ONU a través de la Dirección General de Comunicación e Información Diplomática. Desde este organismo informaron que, en cualquier caso, las instituciones que deberían tener conocimiento del escrito son el Ministerio del Interior o el de Justicia, que trasladaron a este periódico que la competencia, en cambio, era del Ministerio de Asuntos Exteriores. Al cierre de esta edición, este organismo no había respondido. 

El plazo que Naciones Unidas dio a España para responder era de seis meses, que finalizaron el pasado junio. "O, al menos, yo no he recibido información de que el Estado haya respondido", indica Vila que, sin embargo, se muestra optimista. "Es un mal gesto que no se haya cumplido el plazo, pero estoy casi seguro de que responderán y de que, aunque sea un poco más tarde, la ONU lo aceptará", explica.

Y ahí llega el problema que, según Vila, tendrá España. "Argumentarán que archivaron el caso porque no veían" que tuviera recorrido, explica. Pero, eso sí, "cuando les pregunten por qué no realizaron las pruebas que solicitamos... A ver cómo responde". 

Pero de momento, explica, están satisfechos. "Todos estamos hartos de que estos casos se cierren sin investigar", se queja. Y, además, de que se haga con ciertas "trampas". "Lo que hacen es archivar los casos provisionalmente", haciendo que el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo no pueda intervenir. La excusa, explica, es que el caso no está completamente cerrado, y podrá reabrirse con la aparición de nuevas pruebas. "¿Pero quién las busca?", se pregunta. "Es un falso archivo definitivo. Mantienen ahí los casos para que parezca que no se han olvidado, pero no hacen nada", lamenta. 

No es un precedente

Vila es optimista pero admite que, de momento, los pasos dados hasta ahora por la ONU no significan nada definitivo. Pase lo que pase, este caso, según argumenta, no servirá como precedente para los demás. "Hay que ver siempre cada caso de forma individual", indica. 

La noticia llega un mes después de que comenzara el primer juicio por bebés robados en España. Lo consiguió Inés Madrigal, que sentó en el banquillo de la Audiencia Provincial de Madrid el ginecólogo Eduardo Vela, de 85 años, para quien la Fiscalía pedía once años de prisión por supuestamente haber participado en la sustracción a su madre biológica de una niña nacida en 1969 en la Clínica San Ramón de Madrid y de haberla entregado a una mujer estéril de 46 años, a quien recomendó fingir un embarazo con cojines. Vela fue la mano derecha de la fallecida Sor María, la monja que murió en 2013 cuatro días después de ser citada a declarar por otro caso similar. La niña era Madrigal. 

El juicio, de momento, ha sido suspendido. El motivo es que Vela fue ingresado en un hospital madrileño con fuertes náuseas y mareos. Por ahora, se desconoce cuándo se retomará.

Semanas más tarde, el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, solicitó dar un nuevo impulso a las investigaciones sobre los casos de bebés robados en sendos escritos remitidos a los Ministerios de Justicia, del Interior y de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y a la Fiscalía General del Estado, según informó la institución. En opinión del Defensor, los poderes públicos están obligados a dar una respuesta legal a las víctimas y hacer un esfuerzo por esclarecer los hechos denunciados, así como darles todo el apoyo necesario para paliar la angustia que les produce el hecho de no poder conocer a su familia biológica. Pero de momento no ha habido, tampoco, ningún tipo de acción. 

El doctor Eduardo Vela no se ha presentado este miércoles al juicio que arrancó ayer en la Audiencia Provincial de Madrid por un caso de bebés robados de 1969, ya que se encuentra desde esta mañana ingresado en las Urgencias de un hospital madrileño por dolores y mareos.

Al inicio del juicio, su defensa ha explicado que anoche ingresó en Urgencias tras llamar a los servicios de emergencias del 112 por mareos y dolores. Tras unas horas, volvió a su domicilio. Esta mañana, sus familiares llamaron otra vez al 112 al ser "incapaz" de levantarse de la cama por dolores en el costado.

El abogado de Vela, Rafael Casas, ha explicado que los facultativos no han podido ir a su casa y finalmente ha sido trasladado a un hospital madrileño, donde ha sido ingresado en los servicios de urgencias. En sala, ha exhibido en su móvil un justificante médico del ingreso.

Tras escuchar a las partes, la presidenta del tribunal, Mª Luisa Aparicio, ha acordado que no se puede continuar en este momento la celebración del juicio al no conocer su situación de salud. Además, ha dado un plazo hasta las 12.30 horas de este miércoles para fijar un nuevo señalamiento si Vela sigue ingresado.

Previsiblemente, se señalará la vista para la próxima semana. Según la ley, hay un plazo de 30 días para que la práctica testifical de un juicio que se haya tenido que suspender deje de ser válida. Si transcurre ese plazo, se tendría que repetir su declaración.

No entregó ninguna niña 

Vela se sienta desde ayer en el banquillo de los acusados por delitos de detención ilegal, suposición al parto, falsedad documental y sustracción de menores. La fiscal pide 11 años de prisión, mientras que la acusación particular que representa a la denunciante Inés Madrigal eleva éste petición a 13 años de prisión.

Ya en la sesión de este martes, el médico jubilado intentó evitar su declaración alegando motivos de salud. Sin embargo, los forenses de la Audiencia madrileña determinaron que sí estaba en condición de comparecer en el juicio.

En su declaración, el acusado tuvo ayer dificultades para contestar por su visible debilidad ante su avanzada edad de 86 años. Vela siguió el juicio sentado en una silla de ruedas.

A preguntas de la fiscal, afirmó que no entregó ninguna niña "a nadie" y aseguró que no reconocía su firma en la partida de nacimiento de Inés Madrigal, la denunciante del caso.

Estaba previsto que comparecieran cinco testigos, entre ellos unas periodistas francesas que hicieron una cámara oculta a la mujer del ginecólogo, quien habría reconocido que entregó el bebé a la madre.

El doctor Eduardo Vela ha declarado este martes, en el juicio que se celebra en la Audiencia de Madrid por un caso de bebés robados de 1969, que no ha dado "ninguna niña a nadie", para afirmar también que sólo se encargaba del tema médico en la clínica San Román de Madrid y que eran las matronas y las asistentes sociales quienes se encargaban de registrar a los bebés.

Por su avanzada edad, Vela se ha mostrado débil durante el juicio y con problemas de audición, teniendo dificultades para entender lo que se le preguntaba. De este modo, la fiscal y los abogados han insistido en preguntarle de forma clara y sencilla.

"¿Recuerda a Inés Pérez? Le suena este nombre. Recuerda que se hizo un careo en el juzgado con esta señora, que le decía que usted le había dado a la niña", le ha insistido la fiscal. "No le he dado una niña a nadie", le ha replicado el acusado moviendo la cabeza indicando un 'no'. Además, ha dicho que no le suena "de nada" este caso.

Sobre si firmó o falseó partes de nacimiento, le ha contestado con un "no". Pero seguidamente ha dicho que sí firmaba los partes de nacimiento. "Yo creo que nadie comprobaba si los datos del certificado eran correctos", ha agregado. Además, ha recordado que había monjas en la clínica y otros médicos que atendían partos.

"No lo sé"

La fiscal ha arrancado el interrogatorio preguntándole sobre sus socios y si se encargaba de todo en la clínica San Román de Madrid, de la que era director y médico. "¿Controlaba la actividad de la clínica?", le ha preguntado varias veces la fiscal, a lo que éste le ha replicado que no sabe. "No puedo decirle", le ha dicho sobre el número de camas que había en el sanatorio.

Sobre cuál era el protocolo cuando una mujer entraba en la clínica a dar a luz, el acusado ha movido la cabeza y ha dicho que solo sabía "el tema médico", afirmando que las asistentas sociales y las matronas se encargaban de registrar a los nacidos. "¿Dónde se guardaban estos libros?", le ha inquirido. "No lo sé", ha contestado.

Además, ha señalado que las monjas y asistentas se encargaban de las adopciones que se tramitaban en la clínica. "Alguna monja, quizá", ha dicho al ser preguntado sobre esta cuestión.

Sobre el caso del juicio, de junio de 1969, la fiscal le ha mostrado un documento sobre la declaración de nacimiento en el registro civil y el parte del facultativo que asistió al nacimiento de Inés Madrigal. Tras ello, no ha reconocido su firma en la partida de nacimiento.

Vela también ha señalado que, tras el cierre de la clínica en 1982, no se llevó ningún documento, sin saber qué pudo pasar con los libros de registro, que nunca han aparecido.

Prescripción

En las cuestiones previas, la defensa del acusado, el abogado Rafael Casas, ha planteado que los delitos están prescritos, algo que ha rechazado la fiscal, el abogado de la acusación, Guillermo Peña, y el tribunal que preside María Luisa Aparicio.

"No ha cesado la situación ilícita. Es un delito de efectos permanentes", ha expuesto el letrado Peña en su alegato. La presidenta del tribunal ha subrayado que esa cuestión se resolverá más adelante, una vez que se dicte la sentencia tras la celebración del juicio.

Vela, de 85 años y en silla de ruedas, había intentado suspender su declaración por supuesta incapacidad debido a su estado de salud y avanzada edad. Pero finalmente el forense ha determinado que sí la podía hacer, según fuentes jurídicas.

La denunciante del caso de bebés robados Inés Madrigal, quien fue sustraída de su madre biológica en 1969, ha afirmado este martes que no tiene necesidad de "venganza" en relación al doctor acusado Eduardo Vela, si bien ha manifestado que, si entra en la cárcel por su caso, no pedirá que salga.

"Me encantaría que pidiera perdón porque ha hecho mucho daño. No lo va a hacer. Sabe muchos secretos. Vale más por lo que calla", ha aseverado la presidenta de S.O.S Bebés Robados de Murcia y la denunciante del que fuera director de la Clínica San Román de Madrid, epicentro de la trama de bebés robados.

Vela, de 85 años, se sienta desde hoy en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Madrid por los delitos de sustracción, suposición del parto y falsedad documental. Se enfrenta a once años de cárcel. El facultativo ha entrado por el garaje y su defensa ha pedido que se valore la conveniencia de realizar el juicio por su estado de salud.

Se trata del primer caso de bebés que llega a juicio. Se estima que en toda España hay cerca de 3.000 víctimas de este entramado que tiene sus orígenes en la década de los 60 y se extienden hasta los 90. El doctor Vela fue la mano derecha de la monja Sor María, quien falleció en 2013 días después de declarar por uno de los casos.

"Una cuestión de Estado"

A su llegada a la Audiencia, Madrigal ha querido abrazarse con muchas de las víctimas que se han concentrado y ha manifestado que "ya no es su caso", pues ha transcendido su importancia.

"Aquí tenéis una muestra con todas las víctimas. Todo el mundo sabe que en este país se robaron niños. En todo el territorio. Es muy importante que se dé un paso porque tenemos fecha de caducidad. Las personas se mueren y las personas que perdieron a sus hijos ya son muy mayores y algunas ya han muerto", ha dicho.

Ha reseñado que se trata de "una cuestión de Estado" que tiene que resolverse y que "ojalá" demuestren que hubo robos. Seguidamente, ha elogiado la labor de los jueces y fiscales de su caso por la valentía, recordando que muchos otros casos se han archivado.

Además, ha confiado en que el Congreso comience a legislar y se tipifique el delito de desaparición forzosa. "A partir de ahí, que se pongan a investigar y a cruzar datos. No va a confesar. Tengo claro que he comenzado un proceso y voy a terminarlo igual. Sin saber quién es mi madre biológica", ha recalcado.

"Queremos reencuentros y decir a sus hijos que no les abandonaron. No quieren quitarles sus vidas, pero sí decirles eso. Saber que están bien sobre todo. Hay una relación, es la más fuerte entre dos seres humanos. Una madre no puede jamás olvidar sus orígenes y los adoptados tenemos derecho a saber quién es nuestra madre", ha subrayado.

"La monja sor María se fue con muchos secretos. Vela vale más por lo que calla. Que quede claro que esto fue un mero negocio lucrativo. Su mujer tiene un patrimonio impresionante, ya que en 1982, cuando se cierra la clínica, lo pone todo en nombre de su mujer", ha agregado.

Por último, ha insistido en que hay muchos más doctores Vela, ya que incluso él mismo reconoció que después de que le cerraran su clínica seguía haciendo lo mismo como otros "12 o 13 médicos a Madrid". A ello, ha dicho, "habría que añadir al resto de personas que hacían lo mismo en toda España".

El doctor Vela

El doctor Eduardo Vela, exdirector de la clínica San Ramón de Madrid, será juzgado este martes y miércoles en la Audiencia Provincial de Madrid por un caso de bebés robados de 1969. Es el primer juicio por este caso que llega a juzgarse.

El ginecólogo jubilado, de 85 años, se enfrenta a una petición fiscal de once años de cárcel por participar en aquella época en el robo de un recién nacido para dárselo a un matrimonio de forma ilegal.

Vela había intentado suspender su declaración por supuesta incapacidad debido a su estado de salud y avanzada edad. Pero finalmente el forense ha determinado que sí la puede hacer, según fuentes jurídicas.

Se trata de la primera causa sobre bebés robados que llega a juicio en España y la primera persona que será juzgada como uno de los responsables del presunto entramado. En este caso, la recién nacida robada era Inés Madrigal, presidenta de la organización SOS Bebés Robados de Murcia.

A lo largo de la instrucción, la defensa del sanitario pidió archivar el caso al estimar que los delitos están prescritos. Sin embargo, el juez rechazó su pretensión, al igual que la Audiencia Provincial de Madrid al confirmar la apertura de juicio oral.

En el escrito de acusación, el fiscal le imputa tres delitos: sustracción de menor de siete años, por el que solicita ocho años, así como los de suposición de parto y falsedad en documento oficial por los que reclama otros tres años. Además solicita una indemnización de 350.000 a la persona afectada por los daños morales causados.

El robo

En su relato, la Fiscalía recuerda que entre los años 1961 y 1981 el doctor Vela ejerció como ginecólogo en el sanatorio San Ramón donde su cargo "le confería un control total y disposición sobre los partos y nacimientos que allí se producían". Fue en 1969 cuando un sacerdote amigo de Vela le comunicó que un matrimonio –ambos ya fallecidos– deseaba tener un bebé.

El acusado convocó el 5 de junio de 1969 a la pareja a una reunión para comunicarles que le haría entrega de un recién nacido "al margen de la legalidad". Entre los tres acordaron ocultar la identidad real del bebé robado mediante la inscripción en el Registro Civil como hijo biológico de matrimonio.

Un cojín para fingir

El médico, además, instó a la pareja a que mientras se resolvía el tema fingiesen un embarazo "colocándose un cojín en el abdomen, debiendo simular en presencia de conocidos y vecinos los síntomas propios a la gestación como las náuseas".

Al final todo ello no fue necesario porque, pocas horas después del encuentro, Vela tuvo acceso a la entrega de una niña recién nacida. Así que un día después convocó de nuevo a la pareja en su despacho para entregarles, sin el consentimiento de sus padres biológicos, un "regalo" que, en realidad, era una niña de pocos días.

Entre los tres, "y guiados por el ánimo común de ocultar la verdadera identidad de la recién nacida", cumplimentaron el cuestionario que debían enviar al Registro Civil figurando la pareja como los auténticos padres y donde también aparecía la niña "como nacida a las 12 horas del día 4 de junio de 1969".

Fue el propio Vela, con su firma incluida, quien certificó en el parte facultativo su "asistencia personal" al parto pese a que todo ello no contaba con el consentimiento de la madre biológica de la niña.

La sospecha confirmada

La recién nacida fue inscrita finalmente en el Registro Civil con el nombre de Inés "borrando cualquier rastro que pudiera vincularle a un entorno familiar y social distinto al conformado por el matrimonio". La situación se prolongó hasta el año 2010 cuando, a raíz de la aparición de información sobre el robo de bebés, Inés empezó a sospechar sobre la realidad de sus orígenes.

La madre, al ser requerida por su hija, admitió los hechos y se ofreció a colaborar para que descubriera la identidad de sus padres biológicos.

Llegó a entregar una muestra biológica en el "Fichero de Perfiles de ADN de personas afectadas por la sustracción de recién nacidos" del Ministerio de Justicia sin que hasta la fecha se haya podido averiguar la identidad de sus auténticos progenitores.

Este martes se celebra en España el primer juicio que tiene como objeto esclarecer el drama de los niños robados en nuestro país desde los tiempos de la Guerra Civil hasta los años ochenta. El caso concreto es el de una mujer llamada Inés Madrigal, sustraída a su madre en la clínica San Ramón, de Madrid, donde operaban el ginecólogo Eduardo Vela y la monja de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl María Florencia Gómez Valbuena​, tristemente célebres entre las víctimas de aquella trama delictiva que fue alentada por los golpistas de 1936 para hacer una limpieza ideológica, “separar el grano de la paja”, según la terminología de los bandidos, y que se extendió en el tiempo, convertida en un negocio basado en el secuestro y tráfico de seres humanos. Lo que no se arranca, crece; y lo cierto es que el Régimen asesino del Funeralísimo duró treinta y ocho años, pero han pasado cuarenta y tres desde que al general se lo llevó el demonio, y sin embargo aquí siguen, de momento, a un lado su Valle de los Caídos, las medallas y pagas extras del torturador Billy El Niño o la amnistía fiscal a la familia del dictador, cuya fortuna y propiedades vienen de donde vienen, y al otro los ciento catorce mil republicanos enterrados en cunetas y fosas comunes sobre las que la democracia ha echado tierra, unas veces para clavar encima una bandera azul y otras, roja.

Hay estudios que hablan de treinta mil bebés sustraídos, y eso sólo contando a partir de los años sesenta, lo que hace difícil imaginar cuántos serían si se empezara en 1938 ó 1939, que es cuando se puso en marcha esa maquinaria siniestra. Cuando publiqué, en el año 2006, mi novela Mala gente que camina, que trata ese tema y partía de una larga investigación de cuatro años, algún medio de comunicación sostuvo que me lo inventaba todo, que eso jamás había ocurrido; incluso hubo quien me acusó de sensacionalista. Pero aquello no era sólo literatura, fue verdad que existió la trama y que se puso en marcha con el fin de erradicar el pensamiento de izquierda. El impulsor de aquella locura, el psicólogo y militar Antonio Vallejo Nájera, consideraba el socialismo una enfermedad mental y sostenía que la obligación del nuevo Estado era impedir que los padres se lo transmitieran a sus hijos. Fue secundado por El Pardo y por la Sección Femenina, la supuesta cara amable y doméstica de la banda terrorista Falange, y encontró su espacio ideal para la tétrica compra-venta de recién nacidos en los orfanatos y hospicios del Auxilio Social.

El juicio de hoy le ha costado muchos años de trabajo y perseverancia a Inés Madrigal, que lleva el amanecer en el apellido y podría ser la primera luz al final de este largo túnel. A día de hoy, hay otras dos mil denuncias similares archivadas. Eso supone una cantidad intolerable de ciudadanos que no han podido conocer su verdadero origen, ni lograr que la ley los defendiese. Ocurría en Madrid y en todas partes: en Tenerife se seleccionaban bebés rubios y, a ser posible, de ojos claros, para entregarlos a turistas alemanes; en Cádiz se abrieron varias tumbas y se encontraron vacías. Algunas personas sospechaban, otras sabían, pero las historias eran siempre muy similares porque el método del doctor Vela y sus compinches era el mismo: en una habitación del hospital, la madre verdadera, la niña o niño vistos y no vistos, la comunicación de que había muerto de forma súbita, a veces el ataúd blanco, a veces el cuerpo de una criatura que mantenían dentro de una cámara frigorífica para exhibirlo como prueba… Y en otro cuarto, la madre falsa, la que había entrado en la clínica con un embarazo fingido, el almohadón o la tripa de goma-espuma bajo la ropa, la comedia de los mareos y las náuseas que había llevado a cabo durante los últimos meses. Ha sido un largo, solitario y tortuoso camino hasta el banquillo de la Audiencia Nacional.

Pero esto también demuestra, por extensión, que el combate de las fuerzas conservadoras e incluso de alguna progresista contra la memoria ha sido feroz. El mito de la Transición lo ha sepultado todo, no ha dejado lugar a la disidencia y ha propiciado un intercambio de papeles que siempre es muy peligroso, tal y como podemos comprobar a menudo y con respecto a cuestiones muy diversas, y que vuelve agresores a los damnificados, deja caer sobre ellos la insidia de la discordia, los llama enemigos de convivencia, los culpa de reabrir heridas y de no querer la reconciliación. La verdad es más fácil de explicar: una democracia no puede sustentarse ni sobre la impunidad ni sobre la injusticia. Con que eso se respetara, lo demás vendría rodado.

La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo ha anunciado este jueves la recuperación de la nieta 125, a la que ha identificado como la hija de una mujer secuestrada en abril de 1977, cuando tenía 24 años.

Según las informaciones recogidas por el diario argentino El Once, la mujer es Catalina De Sanctis Ovando, hija de Miryam Ovando y Raúl René De Sanctis, desaparecidos durante la dictadura (1976-1983).

De Sanctis Ovando expondrá este viernes una serie de dibujos en la Biblioteca Provincial de Entre Ríos en el marco de la campaña Líneas x la Identidad, en un acto en el que se presentará además la segunda edición del libro del periodista Alfredo Hoffman ReencuentroReencuentro, sobre el robo de bebés en Paraná durante la dictadura.

Ovando y De Sanctis eran miembros de los montoneros y su madre fue secuestrada el 1 de abril de 1997 en Virreyes cuando estaba embarazada de seis meses. Ivando estuvo detenida ilegalmente en un centro clandestino y dio a luz en agosto de ese año, según los registros del libro de parteso del Hospital Militar de Campo de Mayo.

Una docena de víctimas de casos de bebés robados se han concentrado este miércoles 30 de agosto ante el Congreso para denunciar que el Estado no está lo suficientemente involucrado en esta materia y que, aunque reciben "buenas palabras" desde las instituciones, su situación está "en el mismo punto" en el que estaban cuando comenzaron a luchar.

El coordinador de la plataforma "Camino de la Justicia", Pedro Caraballo, que ha actuado de portavoz de los afectados, ha indicado que las instituciones no actúan "como deberían" y son las asociaciones de víctimas las que están "presionando" para obtener soluciones.

"Hemos escrito a todas las instituciones y, con muchas de ellas, tenemos contacto permanente", ha indicado Caraballo, quien ha añadido que, en la mayoría de los casos, desde éstas "sólo hay buenas palabras" pero no se realiza el trabajo para que "los hechos salgan adelante". A su juicio, la transición no se puede cerrar "mientras no se cierren las heridas" de unas personas que "están sufriendo y cuyos derechos humanos han sido conculcados".

Desde donde sí ha reconocido que tienen apoyo es de la mayoría de los representantes parlamentarios y, en este sentido, ha apuntado que se han producido "avances" con diversas iniciativas presentadas en la Cámara Baja.

"Pero necesitamos que la causa sea algo que la gente tenga en su memoria y que realmente podamos sacarla adelante con mucha más fuerza de lo que hasta este momento se esta haciendo", ha señalado ante los medios de comunicación.

Delitos de lesa humanidad

Preguntado por esos avances a los que se refiere, el portavoz de las víctimas ha señalado la partida en los Presupuestos Generales del Estado destinada a crear un banco de ADNlos Presupuestos Generales, aunque ha reconocido que aún no saben cómo se ha planteado esta iniciativa.

Del mismo modo, pide que "los archivos queden abiertos" para que los afectados puedan acceder a todos los datos que existen de sus casos y que éstos puedan salir adelante. Uno de los principales escollos con los que ahora se encuentran las víctimas, según ha denunciado Caraballo, es la ley de protección de datos. Por este motivo, también reclama un estatuto especial para estos casos y que los inscritos en el censo de víctimas puedan tener acceso a toda la información existente.

"Es posible que no haya más datos, pero es necesario que puedan acceder a ellos y tengan la tranquilidad que han hecho hasta donde podían", ha declarado.

Finalmente, ha recordado que estos sucesos están dentro de lo que las Naciones Unidas contemplan como delitos de lesa humanidad y, por eso, reclaman esta consideración. "No sólo reclamamos casos dentro del periodo de memoria histórica", apunta Caraballo, quien ha recordado que también se han registrado casos de robos de bebés en los primeros años de democracia.

La Audiencia Provincial de Madrid ha decretado que se proceda a emitir auto de procesamiento, trámite previo a la apertura de juicio oral, contra un médico de la clínica Santa Cristina por intervenir presuntamente en el robo de un recién nacido en 1975, en el periodo en el que María Gómez Valbuena, conocida como Sor María, era asistente social en el centro.

Así consta en un auto de la sección primera de la Audiencia Provincial, al que ha tenido acceso Europa Press, que estima el recurso tramitado por la asociación SOS Bebes Robados de Madrid, con el letrado Guillermo Peña, contra el archivo de la causa por parte de Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, al que insta a abrir auto de procesamiento.

La mujer denunciante de la presunta sustracción de su hijo, Adelina Ibáñez Mezcua, expone que en el momento de dar a luz en junio de 1975 perdió el conocimiento y que tras el parto subió un médico para decirle que su hijo estaba con problemas y había ingresado en la UCI "muy enfermo".

Según expone el auto, a pesar de que la mujer aseguró que eso "no podía ser" porque ella "había tocado" al niño recién nacido, no le dejaron verlo.

Al día siguiente, la madre acudió al centro y coincidió allí con un matrimonio con un cesto que salía del despacho de la asistente social, sor María Gómez. Fue ella quien, según relata la madre, le aseguró que su hijo había fallecido. Fue entonces cuando le acompañaron a un sótano donde le enseñaron el cadáver de un bebé "diciéndole que era el suyo".

En el libro de registros y ficheros de pacientes del Hospital Santa Cristina consta que en 1975 tuvo un hijo vivo y que en las observaciones del Registro Civil "no consta" el nombre del padre y la madre, figurando como declarante el director del centro y como la persona que efectúa la declaración el facultativo investigado.

Además, según el Registro General de la Maternidad de Santa Cristina, la denunciante tuvo un hijo vivo, "que no murió durante el parto ni después".

Segundo médico investigado

Al estimar este recurso, se debe investigar si existen indicios suficientes para continuar la causa contra el doctor J.B.B, quien aparece en la historia clínica del parto. Es este facultativo quien aparece como interviniente en la hoja periodo expulsivo y periodo de alumbramiento, donde se hacen anotaciones correspondientes a la hora del parto.

En dicha hoja no aparece registrada ninguna incidencia durante el parto. Fue el citado doctor, además, quien firmó el Registro días después del nacimiento, en el que no consta el nombre de la madre.

De este modo, el doctor imputado podría convertirse en el segundo médico que será enjuiciado por el supuesto caso de bebés robados. El primero fue el doctor Eduardo Vela.

Amnistía Internacional (AI) presentó este miércoles en la Procaduría General de la República de México una querella por el caso de Ligia Ceballos Franco, una mujer mexicana que descubrió hace unos años que había nacido en España con una identidad diferente y que había sido entregada a su familia mexicana tras haber sido separada de su familia biológica en los años de la dictadura. Se trata de un caso que para la organización podría enmarcarse en el entramado de bebés robados que se produjeron desde los primeros años del franquismo hasta los primeros años de la democracia.

AI sostiene que ha documentado numerosos indicios de que Ligia Ceballos, registrada en su nacimiento como María Diana Ortiz Ramírez en el año 68, pudo haber sido apartada de su familia biológica con el consentimiento de las autoridades españolas, a través de la intermediación de la Diputación de Madrid y con la asistencia del Arzobispado.

"En nuestra opinión, este caso reviste las notas características de una desaparición forzada como crimen de derecho internacional. Además, en el caso de Ligia concurren otros elementos que Naciones Unidas ha identificado como recurrentes de las desapariciones forzadas de menores", ha señalado Esteban Beltrán, director de AI España.

Ligia Ceballos afirma que la acción llevada a cabo "no es contra" sus padres, sino "a favor de la justicia de otras historias como la mía". "Esto es por las personas a quienes el franquismo les arrebató su vida", ha sentenciado Ceballos.

La organización denuncia que pese a que en España se han iniciado investigaciones sobre casos de bebés robados, éstas no han dado prácticamente ningún resultado y la Justicia siempre los ha abordado como delitos comunes y como casos aislados, descartando desde un primer momento la posibilidad de que tales delitos pudieran responder a una trama a nivel nacional o pudieran ser constitutivos de crímenes de derecho internacional.

El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, tras hacerse eco de miles de denuncias interpuestas en España sobre este tipo de casos, señaló, en 2014, que las investigaciones judiciales debían contemplar, ante la existencia de suficientes indicios, las posibles conexiones entre múltiples casos de alegadas sustracciones ilegales de niños y niñas. Este mismo organismo indicó, en su Observación General del años 2013, que el robo de niños con el conocimiento del Estado puede ser considerado como casos de desapariciones forzadas. El organismo también ha emplazado al Estado español a que fortaleciera los esfuerzos para buscar e identificar a esos niñosbuscar e identificar, tal y como reconoce el artículo 8 de la Convención sobre los Derechos del Niño y de la Niña, que establece que tienen derecho a "preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares".

AI afirma que fuentes de la Fiscalía General del Estado que ninguna de las 2.083 diligencias iniciadas por esta institución en relación con el robo de bebés había llegado a fase de juicio.

Beltrán señala que "España no sólo no aborda el tema como un delito de desaparición forzada, sino que cuando algún otro país, como Argentina, inicia investigaciones que incluyen casos de bebés robados y los enmarca como crímenes de derecho internacional, obstaculiza dichas investigaciones consolidando la impunidad de estas graves violaciones de derechos humanos".

AI también reclama al Estado que cumpla con las recomendaciones de Naciones Unidas y que tome medidas eficaces para que los responsables sean llevados ante la Justicia.

En el 2008, un auto del juez Garzón destacaba que entre 1937 y 1950 se podrían haber dado 30.000 casos "en un sistema de desaparición de menores hijos de madres republicanas bajo la cobertura de una aparente legalidad". El auto señalaba que el objetivo era separar a estas familias a las que no consideraban idóneas. "De esta forma se propició una desaparición legalizada de menores de edad, con pérdida de su identidad, cuyo número indeterminado dura hasta la fecha".