China y Rusia vetaron este martes una resolución del Consejo de Seguridad que instaba a coordinar esfuerzos para garantizar la seguridad de la navegación en el estrecho de Ormuz y que exigía a Irán el cese inmediato de los ataques contra buques comerciales, en medio de la creciente tensión regional y la preocupación por el suministro energético mundial, informa EFE.

El texto, presentado por Arabia Saudí, Baréin, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Kuwait y Catar, alentaba a "coordinar medidas de carácter defensivo y proporcionales a las circunstancias", incluidas escoltas a embarcaciones mercantes y comerciales, y pedía a Irán que cesara los ataques contra buques mercantes.

Sin embargo, China y Rusia, miembros permanentes del Consejo con derecho a veto, votaron en contra de la resolución, que tuvo once votos a favor y dos abstenciones.

Por el estrecho de Ormuz transita aproximadamente el 20% del petróleo mundial, lo que convierte a esta ruta marítima en una arteria clave para el comercio energético global y explica la creciente preocupación internacional ante cualquier amenaza a la libertad de navegación.

Estados Unidos e Israel lanzaron hace más de un mes una ofensiva contra Irán en la que murieron el líder supremo, Alí Jameneí, —sustituido por su hijo, Mojtabá Jameneí—, gran parte de la cúpula militar iraní y miles de personas, entre ellos mujeres y niños, según recuentos de ONG.

Este martes termina el ultimátum que el presidente estadounidense, Donald Trump, dio a Irán para abrir el estrecho de Ormuz y aseguró que de lo contrario esta noche podría "morir toda una civilización, para no volver jamás".

La eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha solicitado este sábado a las Naciones Unidas que rectifique la reciente decisión del Consejo de Seguridad de renovar su misión en el Sáhara Occidental, tomando como base la propuesta de una autonomía dependiente de Marruecos, algo que, ha recalcado, "llega porque cedió a las amenazas de los matones de Estados Unidos”.

Montero ha hecho estas declaraciones a los medios de comunicación en la capital aragonesa, durante su participación en la manifestación que ha exigido la libertad de los dos miembros en prisión de los Seis de Zaragoza.

Según Montero, lo que Naciones Unidas tiene que hacer es “rectificar” a su Consejo de Seguridad, “que ayer cedió a las amenazas de los matones de Estados Unidos, que son un peligro para la humanidad y por primera vez apoyaba un plan ilegal de ocupación de la dictadura marroquí sobre el territorio saharaui”.

Para la eurodiputada de la formación morada, en el Sáhara Occidental “tienen derecho a la libre determinación” y a explotar “sus propias materias primas”, y no mediante “acuerdos ilegales como el que acaba de hacer la UE con la dictadura marroquí”.

Así, ha subrayado Montero que “todos los países de Naciones Unidas tienen responsabilidad en ello” y “tienen la obligación de rectificar y de dar la espalda a ese plan de los matones de Estados Unidos”.

Sobre el país norteamericano, ha señalado que “no tienen suficiente con ser el principal apoyo político, económico y militar” con Europa, incluida España, “del genocidio en Palestina”.

“Ahora -ha apostillado- también quieren legalizar la ocupación ilegal del Sáhara Occidental y volver a la época de las intervenciones militares ilegales en Colombia, en Venezuela o en cualquier país de América Latina”.

También ha recalcado que “hay que proteger a la humanidad de esta gran amenaza que es Estados Unidos, igual que Israel”, y ha concluido: “El Sáhara, para los saharauis”.

Se trataba de una votación más en la ONU, que debía determinar si la misión de las Naciones Unidas para la organización de un referéndum en el Sáhara Occidental (Minurso) continuará durante un año más o no [a última hora de este viernes, la ONU ha aprobado una resolución que incluye la prórroga de un año de Minurso (nota de infoLibre)]. Pero esta vez ha tenido un matiz un tanto particular, tras el reconocimiento de la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental por parte de varios Estados occidentales, entre ellos Estados Unidos, España, Francia, Alemania o el Reino Unido.

Según diversas fuentes, varios de esos países han estado trabajando entre bastidores para que este año se apruebe un plan de autonomía favorable a Marruecos. [Finalmente, la resolución que ha salido adelante hace unas horas, redactada por EEUU, sitúa ese plan de autonomía de Rabat como la base de una negociación que conduzca a la resolución del conflicto; es decir, representa el mayor apoyo de la ONU hasta el momento al plan de Marruecos para el Sáhara (nota de infoLibre)].

El Sáhara Occidental, colonia española hasta 1975, es considerado hoy en día por la ONU como un territorio no autónomo. Numerosos actores a favor del derecho a la autodeterminación de los pueblos reclaman un referéndum para que los principales interesados, los saharauis que viven hoy en los territorios ocupados, en campamentos cerca de Tinduf, en el desierto argelino, o en el exilio, puedan expresarse sobre su futuro.

Pero el tema sigue estando devaluado, presentado en primer lugar como un conflicto regional entre Marruecos y Argelia (Argelia apoya el principio de autodeterminación de los pueblos dada su propia historia), cuando en realidad debe considerarse como una de las últimas grandes batallas de la descolonización y del derecho internacional.

En una carta dirigida a António Guterres el 22 de octubre, el presidente saharaui, Brahim Ghali, también secretario general del Frente Polisario (movimiento político independentista), ha denunciado la “complicidad pasiva” de Naciones Unidas, que se contenta cada año con organizar una votación para mantener —o no— la acción de la Minurso, sin obtener resultados sobre el referéndum que se supone que debería haberse celebrado desde 1991. “La ausencia de medidas concretas por parte de Naciones Unidas ha animado a Marruecos a continuar con su ocupación ilegal con total impunidad”, subrayó el responsable saharaui en su misiva.

En un momento en que Marruecos intentaba imponer su plan de autonomía a toda costa, con el apoyo de varias potencias mundiales, entre ellas Estados Unidos, Mohamed Yeslem Beissat, ministro de Asuntos Exteriores saharaui, dio un primer paso hacia el entendimiento. El 23 de octubre, se declaró dispuesto a aceptar un “pacto de libre asociación que podría parecerse a la propuesta de Marruecos”, pero con la condición de que se celebre un referéndum.

Desde hace treinta años, “Marruecos aplica la política de los hechos consumados”, recuerda Claude Mangin, defensora de los derechos de los saharauis y esposa de Naâma Asfari, preso político saharaui. “Hoy, el Polisario retoma su posición de 2007, diciendo que no está en contra de la autonomía, pero con referéndum”.

Contactado Mohamed Ali Zerouali, representante del Frente Polisario en Francia, explicó que, a dos días de la votación en la ONU, aún se estaban llevando a cabo consultas y negociaciones entre los miembros del Consejo de Seguridad. Hacía referencia a una propuesta de Estados Unidos presentada la semana anterior, pero aún no había ningún documento oficial. “Estados Unidos y Francia están presionando para que se apruebe el plan de autonomía marroquí como única base para la solución”, nos dice. [Es lo que finalmente ha sucedido, pero se incluye la prórroga de un año para la organización del referéndum (nota de infoLibre)].

Pero esos dos Estados “son miembros permanentes del Consejo, y deberían velar por el respeto del derecho internacional”. Marruecos no puede, añade Zerouali, “conceder la autonomía” a un territorio del que legalmente “no es soberano”. Según él, el reconocimiento de la marroquinidad del Sáhara Occidental por parte de varios Estados occidentales no tiene valor jurídico.

El Frente Polisario seguía abierto a una propuesta denominada “ampliada”, precisa su representante, “en la que podamos ir juntos al referéndum”. “Estamos convencidos de que la paz puede beneficiar a todos, en primer lugar al pueblo saharaui, que lleva cincuenta años sufriendo esta guerra, pero también a los marroquíes. Estamos dispuestos a negociar, pero sin poner en tela de juicio el derecho inalienable a la autodeterminación de los saharauis”. El único marco para la resolución de este conflicto de descolonización, añade, seguirá siendo las Naciones Unidas y el derecho internacional.

Claude Mangin ve en ello una estrategia “bastante hábil” destinada a utilizar el derecho internacional para no rechazar esta nueva propuesta de Marruecos. Pero sigue mostrándose escéptica: “Si Marruecos nunca ha organizado ese referéndum es porque cree que va a perder. No tiene ningún interés en llevarlo a cabo y ya actúa como si este territorio le perteneciera”.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) recordó, en una sentencia de 4 de octubre de 2024, el principio de autodeterminación del pueblo saharaui y el concepto de “consentimiento” de ese mismo pueblo, en lo que respecta a los acuerdos comerciales firmados entre Marruecos y la UE, subrayando que el Sáhara Occidental era un “territorio no autónomo, distinto del territorio marroquí”.

Como destaca la politóloga y especialista en el Magreb Khadija Mohsen-Finan en una de sus contribuciones a Orient XXI, el Sáhara Occidental representa hoy en día uno de “los últimos conflictos de descolonización”. Rabat ha utilizado, escribe, “su soft power para conseguir que el mayor número posible de Estados reconozcan lo que Marruecos denomina la ‘marroquinidad’ del Sáhara”.

“Su estrategia se vio coronada por el éxito, en diciembre de 2020, con la firma de un acuerdo entre Marruecos y Estados Unidos”, por el que el primero normaliza sus relaciones con Israel y el segundo reconoce la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental. Un intercambio beneficioso para ambas partes, que legitima la posición marroquí y le da alas en la escena internacional.

La investigadora del laboratorio Sirice (Sorbona, Identidades, Relaciones Internacionales y Civilizaciones de Europa) añade que Marruecos incita a “las capitales europeas a aceptar lo que la ONU no le ha concedido, su soberanía sobre este territorio”, utilizando “todos los medios, incluida la diplomacia del chantaje, la ruptura de las relaciones diplomáticas y comerciales o el control de los flujos migratorios”.

El reino intenta ahora poner fin a la situación en su beneficio, oficializando su política de ocupación ante la ONU. Ochenta años después de su creación, “sería una tragedia para las Naciones Unidas poner en tela de juicio el derecho internacional y el derecho al referéndum del pueblo saharaui”, advierte Zerouali.

Para dar una oportunidad al entendimiento, el ministro de Asuntos Exteriores presentó al Consejo de Seguridad de la ONU una propuesta que contiene “las tres opciones previstas por el derecho internacional”, entre ellas “la independencia, la integración y el pacto de libre asociación”.

Quedaba por ver si los Estados miembros del Consejo validarían el plan de autonomía marroquí incluyendo esas condiciones y el referéndum. [Finalmente se ha tomado como base la propuesta de autonomía de Rabat, y la resolución afirma que «el Consejo invita a las partes a entablar negociaciones sin condiciones previas, basadas en la propuesta de autonomía, con vistas a alcanzar una solución política definitiva y mutuamente aceptable que garantice al pueblo del Sáhara Occidental su derecho a la autodeterminación»; se incluye, asimismo, la prórroga de un año para la organización del referéndum (nota de infoLibre)]. Se necesitaban nueve votos para su aprobación, sin veto por parte de los cinco miembros permanentes del Consejo. [Ha sido aprobada por once votos a favor, tres abstenciones y la no participación de Argelia en el voto (nota de infoLibre)].

Jacqueline Fontaine, miembro de la junta directiva de la Asociación de Amigos de la República Árabe Saharaui Democrática (Aarasd), considera que se trata de un momento crítico para el Sáhara Occidental y de una situación muy opaca. “No sé si el Consejo de Seguridad se atreverá a ir tan lejos, adoptando un plan del que no se sabe nada y privando a los saharauis de la palabra…”, reflexionaba [antes de conocerse la resolución de la ONU (nota de infoLibre)].

Fontaine intentaba imaginar una solución evolutiva, consciente de que Marruecos “tendrá dificultades para conceder sin reservas los medios para un referéndum de autodeterminación”. “A menos que ponga en la balanza algo suficientemente atractivo y equitativo, que sea interesante para los saharauis y que le permita salir con la cabeza alta, un poco como la Commonwealth”.

Fontaine, que visita cada poco los campamentos de refugiados saharauis, asegura que la situación ya no es sostenible. “Hablamos de varias generaciones ociosas y sin perspectivas de futuro. Los saharauis dicen abiertamente que quieren expresarse sobre su propio destino. De hecho, esta semana hay grandes manifestaciones, porque temen ser traicionados de nuevo”.

Recuerda que los saharauis, “un pueblo pacífico”, ya creyeron en la promesa de la ONU en 1991, cuando se aceptó un alto el fuego a cambio de un referéndum. “Confiaron en la ética de la comunidad internacional y en el derecho internacional. Y hoy son los grandes olvidados”. Todo el problema de los pueblos colonizados, concluye Claude Mangin, “es la invisibilización”.

El 30 de marzo, miembros de la Asociación de Amigos de la República Árabe Saharaui Democrática y exiliados saharauis iniciaron una marcha “por la libertad”, desde Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne) hasta Kenitra (Marruecos), con el fin de sensibilizar a la opinión pública sobre los retos relacionados con el Sáhara Occidental y conseguir la liberación de los presos políticos saharauis.

Claude Mangin cuenta que, durante su paso por algunas ciudades de Francia, “grupos de marroquíes” perturbaron su iniciativa, con banderas marroquíes, fotos del rey y pancartas en mano, para reivindicar la marroquinidad del Sáhara Occidental. “Me parece bien que haya manifestaciones de grupos que no están de acuerdo. El problema es cuando las prefecturas autorizan nuestras manifestaciones al mismo tiempo y en el mismo lugar, cuando son las garantes del orden público”.

Una vez en España, la activista asegura que “oficiales marroquíes vestidos de paisano” estaban a bordo de su ferry a Marruecos y los denunciaron a las autoridades. “Esperaba obtener un permiso de visita para ver a mi marido, aunque sabía que me expulsarían [ya lo ha sido seis veces, ndr]. Los diputados de Ivry y de Podemos, que se habían unido a nosotros para tomar el ferry y apoyarnos, fueron tratados de la misma manera que nosotros”. Unos treinta presos políticos saharauis siguen detenidos en las cárceles marroquíes.

Traducción de Miguel López.

El texto original de Mediapart ha sido modificado por infoLibre para incorporar las novedades de última hora sobre la resolución aprobada por la ONU en la noche del viernes.

El Consejo de Seguridad de la ONU ha extendido hoy la actividad de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO) por un año más. Sin embargo, el organismo también ha pedido que se lleven a cabo negociaciones teniendo en cuenta el Plan de Autonomía propuesto por Marruecos.

«El Consejo de Seguridad reafirma su compromiso de ayudar a las partes a lograr una solución política justa, duradera y mutuamente aceptable, basada en el Plan de Autonomía", expone la denominada Resolución 2797. Los acuerdos irán encaminados a garantizar "la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental".

Esta resolución ha sido aprobada con 11 votos a favor --Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Corea del Sur, Dinamarca, Eslovenia, Grecia, Guyana, Sierra Leona, Somalia y Panamá-- y las tres abstenciones de Rusia, China y Pakistán. Por su parte, Argelia no ha participado en la votación.

La prórroga de MINURSO será de doce meses --hasta el 31 de octubre de 2026-- y, además, el secretario general de la ONU deberá realizar un informe sobre su labor en el proceso de paz en un plazo de 90 días. Por su parte, la resolución enfatiza que las partes implicadas deben colaborar con la MINURSO.

Tanto Rusia como China consideran que en la resolución no se ha tenido lo suficientemente presente las observaciones recomendadas por el secretario general de la ONU en su último informe sobre el pueblo saharui. Es más, Moscú ha echado en falta el principio de autodeterminación del Sáhara Occidental.

Por su parte, el representante argelino, Amar Bendjama, afirmó que su país no participó de la votación porque "no refleja de manera fidedigna la doctrina de Naciones Unidas en materia de descolonización", según ha informado EFE.

"Es la puesta en práctica de esta doctrina lo que permitió a numerosas naciones estar aquí hoy representadas en la ONU. Reconocemos abiertamente que se han aportado al texto mejoras sustantivas, como que se busque una solución justa y duradera al conflicto, que se consagre el derecho inalienable del pueblo saharaui a la libre determinación y que se implique a las partes de buena fe y sin condiciones previas bajo el patrocinio de la ONU", afirmó.

Se espera que el rey de Marruecos Mohamed VI dirija esta noche un discurso inédito a la nación tras la aprobación. El carácter inédito de este discurso se debe a que los mensajes reales se producen en Marruecos en momentos muy solemnes, tales como la apertura del año parlamentario, durante la celebración del aniversario de su entronización, o durante la celebración de la Marcha Verde.

Los campamentos de refugiados saharauis de la región argelina de Tinduf registraron este lunes masivas manifestaciones contra la propuesta de resolución estadounidense que prioriza una autonomía marroquí para el Sáhara Occidental y que, previsiblemente, se votará en el Consejo de Seguridad de la ONU el próximo jueves 30 de octubre. La Administración de Estados Unidos, dirigida por Donald Trump, reconoció en 2020 la soberanía de Marruecos sobre la excolonia española pese a las resoluciones de la ONU, que lo considera un "territorio no autónomo". Los territorios han convocado nuevas protestas para este martes, informa EFE.

El Frente Polisario consideró que la propuesta de resolución redactada por Estados Unidos supone "una desviación muy peligrosa y sin precedentes de los principios del derecho internacional" que sustentan la cuestión saharaui desde la perspectiva de la "descolonización", y rechazará negociar con Marruecos si la resolución establece precondiciones que excluyan el referendo de autodeterminación y se posicionen solo a favor de una autonomía marroquí del Sáhara Occidental. "Como ha subrayado en su carta dirigida al presidente del Consejo de Seguridad (Rusia), el 23 de octubre de 2025, el Frente Polisario reafirma su rechazo categórico a cualquier enfoque que establezca un marco prefijado para las negociaciones o predetermine su resultado", declaró este lunes en un comunicado firmado en Bir Lehlou, establecido en el 20% del Sáhara Occidental que controla el movimiento saharaui.

Miles de personas se manifestaron en los campamentos de refugiados levantados hace 50 años en el desierto argelino para acoger a quienes huían del Sáhara Occidental, coincidiendo con la Marcha Verde que lanzó Marruecos en 1975 tras la retirada de España. "Nos hemos arrepentido de tantas palabras que no son verdaderas. Es el fin de las palabras y del cuento de mentiras, lo que queremos es un Sáhara libre. Intentamos luchar por nuestro país", declaró una joven manifestante, Lila Salama.

El representante del Frente Polisario en Asia, Ibrahim al Mujtar Boumokhrota, valoró el masivo encuentro en el campamento de El Aaiún, una de las cinco zonas que componen el asentamiento de refugiados, en el rechazo a "ser parte de una autonomía en el Estado de Marruecos". "Marruecos es un poder ocupante. Ellos no tiene ningún derecho a decidir nuestro futuro. Pedimos al Consejo de Seguridad aprobar una resolución que respete la ley internacional y la legalidad y sobre ella decir que el pueblo tiene el derecho a la autodeterminación", consideró al Mujtar.

Hoy Rabat controla el 80% de esta excolonia española, sobre la que el Frente Polisario reclama un referendo de autodeterminación que incluya la independencia del territorio. El Consejo de Seguridad de la ONU abordará el jueves la continuidad de la llamada Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO), establecida en 1991.

Según el Polisario, en función del borrador distribuido el 22 de octubre pasado y redactado por Washington, la resolución prioriza la autonomía dentro de las fronteras marroquíes relegando la celebración de un referendo, mientras que el movimiento independentista saharaui considera la futura votación un aspecto "innegociable".

El Polisario aseguró que sigue de cerca las consultas sobre el proyecto de resolución de Washington, y que pidió a todos los miembros del Consejo de Seguridad que "utilicen su influencia de manera constructiva" para facilitar unas negociaciones directas "sin condiciones previas y de buena fe, bajo los auspicios de las Naciones Unidas, con miras a lograr una solución justa, duradera y mutuamente aceptable".

Días antes, había abierto la puerta, mediante una carta enviada al secretario general de la ONU, António Guterres, a unas negociaciones directas con Marruecos para alcanzar una solución "justa y duradera" en la que la autonomía marroquí constara entre las opciones de un referendo y que no fuera la "única" solución y la "impuesta". El movimiento independentista ha asegurado este lunes que "no participará en ningún proceso político o negociación basados en propuestas, independientemente de su origen, que tengan por objeto 'legitimar' la ocupación militar ilegal" de Marruecos.

El Consejo General del Poder Judicial ha decidido archivar el expediente de rehabilitación en la carrera judicial de Baltasar Garzón, separado del servicio en 2012 tras ser condenado por el Supremo por su instrucción del caso Gürtel. Así lo ha acordado el Pleno del órgano de gobierno de los jueces tras recibir un escrito de Garzón en el que aclaraba que lo que pedía al Consejo era la "reparación integral" a la que, según el Comité de Derechos Humanos de la ONU, tiene derecho, lo que incluiría una indemnización y su vuelta a la Audiencia Nacional y no su retorno a la magistratura como juez raso obligado a aceptar el primer destino vacante. La decisión le abre las puertas a recurrir ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal que, el pasado mayo, dio validez a las resoluciones sobre vulneraciones de derechos humanos de la organización internacional para obtener un resarcimiento del Estado.

Garzón consideraba que el órgano ante el que debía reclamar esa reparación integral era el CGPJ, la institución que acordó su expulsión tras su condena. El juez inhabilitado invocó ante el órgano de gobierno de los jueces una sentencia de la Sala de lo Contencioso del Supremo. En ella se daba validez al dictamen de un comité de derechos de la la ONU sin la necesidad de revisar previamente las sentencias que se trataban de combatir. En ese caso, en el que se analizaba una resolución del Comité sobre Derechos de Personas con Discapacidad, el Alto Tribunal advirtió de que "no se trata de revisar sentencias firmes" porque lo que el organismo internacional pone de relieve no es la actuación de un juzgado o un tribunal concreto, "sino el conjunto de respuestas del Estado". El proceso reconoció el derecho a recibir una indemnización del Ministerio de Justicia "por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia".

Sin embargo, en el Pleno del CGPJ del pasado 8 de octubre, el órgano de gobierno de los jueces rechazó la petición de Garzón pese al dictamen de otro comité de la ONU, el de Derechos Humanos, que obligó a España el 13 de julio de 2021 a otorgarle esa "reparación integral" por la violación de tres derechos fundamentales durante el proceso en el que se le condenó nueve años antes: el derecho "a un tribunal independiente e imparcial" –tanto la instrucción como el enjuiciamiento se siguieron íntegramente en la Sala de lo Penal del Supremo–, la garantía del acceso a una doble instancia o apelación en caso de condena penal –Garzón no la tuvo al ser juzgado como aforado– y el derecho a la legalidad penal, es decir, a obtener "una resolución no arbitraria y previsible".

En contra del criterio establecido por la Sala de lo Contencioso del Supremo del pasado mayo, el Pleno del órgano de gobierno de los jueces concluyó el pasado 8 de octubre que mientras la sentencia del Tribunal Supremo "no sea revisada o de cualquier otra forma declarada nula" es una sentencia válida que está obligado a cumplir, como señala el artículo 118 de la Constitución Española. El CGPJ decidió entonces mantener abierto un expediente de rehabilitación que, sin embargo, no lo hubiera restituido en un Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, el destino que tenía cuando se decretó su expulsión.

Fuentes del Consejo explican que esa salida forzosa de la judicatura fue "un acto reglado" del Consejo –es decir, sin discusión posible entre los vocales, automático– cuyo único motivo fue la sentencia del Alto Tribunal, que establecía una pena de 11 años de inhabilitación para el magistrado, sanción que ya ha cumplido íntegramente. Los vocales consideran que la revisión de los acuerdos del CGPJ que supusieron su expulsión de la carrera días después solo podría conseguirse si la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo revisara previamente su sentencia de acuerdo con lo que estableció el Comité de Derechos Humanos. Garzón, sin embargo, explica que el dictamen de la ONU, con la legislación actual, no es válido para reclamar la revisión de una condena del Alto Tribunal, en contra de lo que le exige el CGPJ. Esa es la razón de que no la haya pedido.

Tras rechazar su "reparación integral" en una resolución de la que fue ponente el vocal conservador Alejandro Abascal, el Consejo decidió dejar abierto el proceso para permitir la vuelta de Garzón a la judicatura. Sin embargo esos trámites no le hubieran permitido retornar a la Audiencia Nacional. El reglamento de la Carrera Judicial establece que las separaciones superiores a seis meses –la de Garzón ha durado 13 años– suponen la pérdida de destino, por lo que, en teoría, estaría obligado a concursar para cualquier plaza correspondiente a su categoría. Un juez con más de 30 años de antigüedad, tendría que empezar prácticamente de cero.

La imposibilidad de obtener esa reparación integral y la vuelta a su último destino es lo que ha provocado que, el pasado lunes, el juez inhabilitado renunciara a su rehabilitación por el Consejo. En su escrito enviado al órgano de gobierno de los jueces, asegura que esa rehabilitación "no es lo que se ha solicitado", sino la "reparación integral", y afirma que "el CGPJ se ha inventado un procedimiento no solicitado". El trámite abierto para facilitar su vuelta a la judicatura dejaba "en papel mojado" el dictamen de la ONU, según el escrito, "a pesar de su efecto vinculante que es prueba indubitada de que fue privado del cargo con base a una triple vulneración de derechos fundamentales". El antiguo juez de la Audiencia Nacional considera que negarle la reparación que solicita supone su revictimización.

El magistrado suspendido en 2012 prepara ya su recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Supremo, la competente para revisar las decisiones del órgano de gobierno de los jueces. Se trata de la misma Sala que hace solo cinco meses estableció que los dictámenes de Naciones Unidas son vinculantes para todos los poderes del Estado. El proceso en el Alto Tribunal podría, en teoría, reconocerle la indemnización que había reclamado, sin éxito, al Consejo, pero no su vuelta a la magistratura. Porque Garzón cumple 70 años –la edad de jubilación de jueces y magistrados– este domingo.

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) advirtió este miércoles de que Israel “no ha fundamentado” los vínculos que dice que la UNRWA tiene con Hamás y lo urgió a cumplir con su “obligación” de “aceptar y facilitar los planes de ayuda” a Gaza proporcionados por la ONU, porque no debe “usar el hambre” como “método de guerra”, asegura EFE.

El tribunal consideró que el impedimento “sustancial” por parte de Israel al acceso de ayuda humanitaria a Gaza “durante un periodo significativo de tiempo” ha tenido “consecuencias catastróficas” para la población civil en la Franja. “La población local de la Franja de Gaza ha sido abastecida de forma insuficiente (…) En tal situación, Israel, como potencia ocupante, tiene la obligación de aceptar y facilitar los planes de ayuda”, advirtió el presidente de la CIJ, el juez japonés Yuji Iwasawa, durante la lectura de la decisión del tribunal. Israel tiene la obligación, añadió, de “garantizar las necesidades básicas” de la población local, incluidos los suministros esenciales para su supervivencia.

Israel, en respuesta, ha rechazado como una imposición "política" las recomendaciones de la CIJ. "Israel rechaza categóricamente la opinión consultiva de la CIJ, totalmente previsible desde el principio, sobre la UNRWA. Este es otro intento político de imponer medidas políticas contra Israel bajo el pretexto del 'derecho internacional'", dijo en X el Ministerio de Exteriores.

Además, añadió que la CIJ debería haber denunciado la presunta "actividad terrorista" de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA) en Gaza, incluidos los empleados que "participaron directamente en la masacre del 7 de octubre" de 2023, además, haber proporcionado a la ONU "amplias pruebas" que lo demuestran.

El Ministerio de Exteriores palestino subrayó este miércoles, tras la decisión de la CIJ sobre las obligaciones de Israel como potencia ocupante, que debe dejar operar a la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA) y al resto de agencias humanitarias. "Israel debe levantar de inmediato la prohibición ilegal impuesta a la UNRWA y permitir que todas las demás organizaciones internacionales invitadas por Palestina operen con libertad y seguridad en Gaza y el resto del Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental", dijo el Ministerio en un comunicado.

El tribunal, con sede en La Haya, se pronunció sobre los palestinos detenidos en cárceles israelíes y urgió al Gobierno de Benjamín Netanyahu, que tiene una orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de guerra y lesa humanidad en Gaza, a “permitir el acceso” a estas personas por parte del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

Además, subrayó que el despido de nueve miembros de la agencia tras una investigación de la ONU en 2024 por su “posible implicación” en el ataque de 2023 contra Israel, es “insuficiente para sostener la conclusión de que la UNRWA, en su conjunto, no es una organización neutral”.

La CIJ también recordó a Israel que la deportación o el traslado forzoso de la población civil de un territorio ocupado como es Gaza, sea de forma total o parcial, también “están prohibidos” por el derecho internacional. “El traslado puede considerarse 'forzoso' no solo cuando se realiza mediante el uso de la fuerza física, sino también cuando las personas afectadas no tienen otra opción más que marcharse. Esto puede incluir la imposición de condiciones de vida intolerables”, especificó Iwasawa.

Esta es la tercera vez que la CIJ opina sobre la presencia israelí en Palestina. El año pasado, el tribunal consideró que las políticas de asentamientos israelíes “violan el derecho internacional” y la "presencia continua" de Israel en Palestina es "ilegal”, por lo que le exigió la “evacuación de todos los colonos”, y la devolución de tierras a sus residentes originales desplazados desde 1967. En 2004, confirmó la ilegalidad del muro de separación.

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha decidido este miércoles sobre la anulación de sus acuerdos de febrero de 2012 que supusieron la expulsión de la carrera de Baltasar Garzón tras ser condenado por el Tribunal Supremo. Sus 20 miembros –diez conservadores y diez progresistas– junto a su presidenta, Isabel Perelló, han rechazado la reclamación del juez pese al acuerdo del Comité de Derechos Humanos de la ONU que obligó a España en 2021 a otorgarle una "reparación integral" por considerar que, durante el proceso contra él, se vulneraron derechos fundamentales y garantías procesales básicas.

El Pleno del órgano de gobierno de los jueces considera que mientras la sentencia del Tribunal Supremo "no sea revisada o de cualquier otra forma declarada nula" es una sentencia válida que está obligado a cumplir, como señala el artículo 118 de la Constitución Española, según ha informado. El CGPJ mantiene abierto un expediente de rehabilitación de Garzón tras el cumplimiento de su inhabilitación que, sin embargo, no lo restituirá en un Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, el destino que tenía cuando se decretó su expulsión.

La resolución adoptada por el Pleno del Consejo ha tenido como ponente al vocal conservador Alejandro Abascal, el mismo que redactó el acuerdo de la Comisión Permanente del pasado julio con el que ese organismo rechazó la revisión de oficio de esos acuerdos. Contra esa decisión, Garzón presentó un recurso administrativo ante el Pleno recordando que el comité de la ONU, en su dictamen del 13 de julio de 2021, consideró que se había violado su derecho "a un tribunal independiente e imparcial", su derecho fundamental "a una doble instancia o apelación en caso de condena penal y el de obtener "una resolución no arbitraria y previsible".

Como consecuencia, el organismo de derechos humanos de Naciones Unidas reclamaba una "reparación integral". La Comisión Permanente, en su resolución del pasado julio, ordenó iniciar un procedimiento para su vuelta a la carrera, pero al haber estado suspendido por más de seis meses, su rehabilitación le obligaría a concursar por la primera plaza disponible, perdiendo su anterior destino en la Audiencia Nacional.

El motivo que los vocales esgrimen para no otorgar a Garzón esa reparación en los términos en los que la reclama es que, en opinión de la mayoría de ellos, no existe un procedimiento para hacerlo. Su separación de la carrera se produjo días después de que la Sala de lo Penal del Supremo lo condenara por prevaricación, por haber grabado las declaraciones de varios letrados del caso Gürtel con sus clientes en prisión, grabaciones que el juez que siguió instruyendo la causa tras la expulsión, Pablo Ruz, prorrogó sin ninguna consecuencia penal.

Fuentes del Consejo explican que esa salida forzosa de la judicatura fue "un acto reglado" del Consejo –es decir, sin discusión posible, impuesto– cuyo único motivo fue la sentencia del Alto Tribunal, que establecía una pena de 11 años de inhabilitación para el magistrado, sanción penal que fue impuesta el 9 de febrero de 2012, por lo que ya se ha cumplido íntegramente.

Los vocales consideran que la revisión de los acuerdos del CGPJ que supusieron su expulsión de la carrera días después solo podría conseguirse si la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo revisara previamente su sentencia de acuerdo con lo que estableció el Comité de Derechos Humanos de la ONU en 2021.

Una reciente sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de ese mismo tribunal declaró el pasado mayo que los dictámenes de ese organismo son obligatorios para los tribunales españoles. Garzón no ha presentado hasta el momento el recurso extraordinario de revisión que podría permitir que se anulara su condena, a día de hoy plenamente vigente. La mayoría del Consejo cree que declarar nula su expulsión supondría desobedecerla.

El Consejo, sin embargo, sigue adelante con su proceso de rehabilitación. El órgano de gobierno de los jueces debe darse prisa para llegar a tiempo, ya que Garzón alcanzará los 70 años (la edad de jubilación de los jueces) el próximo 26 de octubre. Esa rehabilitación, sin embargo, no supondrá, casi con total seguridad, su regreso a la Audiencia Nacional, algo que, según los recursos presentados por el juez, sí cumpliría los requisitos de esa "reparación integral" que exige Naciones Unidas.

El reglamento de la Carrera Judicial establece que las separaciones superiores a seis meses suponen la pérdida de destino, por lo que, en teoría, Garzón estaría obligado a concursar para cualquier plaza correspondiente a su categoría. Un juez con más de 30 años de antigüedad, tendría que empezar prácticamente de cero.

El presidente estadounidense Donald Trump aprovechó hoy su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas para atacar en varios frentes a la organización, algunos de ellos de carácter casi personal y no político, según recoge EFE. 

Todas esas críticas fueron pronunciadas frente al secretario general de la ONU, António Guterres, con quien hoy se entrevistará, y delante de los representantes de los 193 Estados miembros de la ONU que hoy le escuchaban sentados en esta sesión de apertura de la 80 Asamblea General.

Estas fueron, en el orden en que las pronunció y de acuerdo a sus palabras, las principales andanadas contra la ONU: 

1. No sirve para resolver conflictos: Trump alardeó de que ha resuelto siete conflictos mundiales en este segundo mandato, y añadió: "Qué mal que yo haya tenido que hacer estas cosas en lugar de Naciones Unidas. Es una pena que en todos esos casos la ONU ni siquiera haya tratado de ayudar en ninguno de ellos (cuando) yo terminé siete guerras". 

2. Es ineficiente: Según Trump, la ONU "tiene un tremendo potencial, pero todo lo que parecen hacer es escribir cartas muy enérgicas y luego no cumplirlas, es todo palabrería". 

3. No quisieron contratar a su empresa para renovar el edificio: Aseguró que presentó un presupuesto de 500 millones de dólares para "renovar el edificio y todo sería hermoso, (pero) ellos decidieron ir en otra dirección, lo que resultó ser mucho más caro y un producto muy inferior".

4. Está fomentando la inmigración irregular: La ONU -dijo- "está creando nuevos problemas, el mejor ejemplo es el asunto político número uno de nuestro tiempo, la inmigración descontrolada (...) La ONU está financiando el asalto a países occidentales y sus fronteras. En 2024, la ONU presupuestó 372 millones de dólares para dar asistencia en metálico a 624.000 inmigrantes en su viaje a Estados Unidos". Y añadió que la ONU "ha provisto de comida, refugio, transporte y tarjetas de débito a los extranjeros ilegales". 

5. La ONU ha mentido sobre el cambio climático: El presidente de EEUU se explayó sobre las advertencias relativas al aumento de temperatura global y los efectos del cambio climático por parte de expertos de la ONU, y señaló: "Todas esas predicciones hechas por la ONU y muchos otros, a menudo por razones equivocadas, fueron erróneas. Las hicieron personas estúpidas", y a continuación calificó de "estafa climática" el calentamiento del planeta. 

La declaración de la hambruna en la Franja de Gaza por la ONU, y luego por el Consejo de Seguridad, no carece de valor, ni mucho menos; al contrario, podemos calificarla de extremadamente importante y valiosa. Pero lo es en relación con la presunta conciencia de Occidente, que intenta así quitarse de encima parte de la responsabilidad de lo que ocurre en Gaza. Porque carece de valor para quienes la sufren, todas esas madres, por ejemplo, que cargan con los despojos hambrientos de sus hijos. Para la gente de Gaza nada ha cambiado después de tal declaración. Siguen igual que antes, si no peor.

El asunto no se limita a todo el ruido mediático que acompaña la celebración de este tipo de declaraciones; está íntimamente ligado con el envés de cualquier declaración de este tipo que denuncia el crimen y lo reconoce, una denuncia que siempre llega tarde —si es que llega alguna vez–. Se vincula también con esa esperanza moral que anida en lo profundo de las víctimas y que nunca desaparece, esperanzadas, al menos, de que su sangre derramada y los cuerpos despedazados allá, ante las pantallas de televisión de todo el planeta, sean capaces de remover una conciencia humana universal moribunda.

Para quienes sufren las matanzas en Gaza desde hace casi dos años, el asunto representa el retraso de occidente, no en el sentido de “demora” —es decir, que algo ocurra fuera de su momento—, sino en el de atraso: el atraso moral de los países del llamado “Norte” global.

Comprender las características de este atraso no es difícil para las y los que hemos nacido en el Sur del mundo; nuestro destino, historia y modernidad abortada se han forjado en el crisol del "egoísmo sagrado" del Estado colonial europeo, que sigue existiendo hoy bajo otras formas. Un occidente que ve sus intereses como si fuesen los de toda la humanidad, y considera que su discurso moral conforma el pasado, el presente y el futuro del mundo en su conjunto.

Régis Debray vino a decirlo de un modo revelador: mientras la polaridad entre Este y Oeste puede pertenecer al pasado, lo esencial es que occidente sigue siendo unipolar, pues no acepta discusiones, ni quiere que nadie cuestione su liderazgo, ni su monopolio de los valores universales, ni sus sensibilidades humanas, ni su forma de gestionar los conflictos.

Hoy, cuando estas características se hacen cada vez más evidentes, el retraso/atraso no es una condición temporal o coyuntural. Es un atraso crónico, una escisión burocrática dentro del Estado, la supresión de cualquier atisbo de sensibilidad moral hacia el otro. En este contexto, las declaraciones, por muy críticas e incisivas que puedan parecer, se reducen a una decisión consciente de no asumir responsabilidades, de tratar las tragedias, las guerras, las agresiones —y hoy el genocidio— como asuntos susceptibles de ser manejados con un ruido mediático que vacía cualquier decisión “humanitaria” de su significado. Así, se celebra la decisión mientras se olvida el crimen en sí.

De esta forma, las instituciones internacionales, los análisis mediáticos y los debates públicos se dirimen sobre escenarios de moralidad dramatizada, asumiendo roles de crítica y elogio que eximen de la asunción de responsabilidades. Mientras, el Estado, refuerza su papel pasivo, que no es otra cosa que complicidad con el criminal, bajo el palio del ruido mediático y los debates encendidos.

En este mismo rol escénico encaja el destino teatral del próximo anuncio sobre el reconocimiento del Estado Palestino en la Asamblea General de la ONU. Un anuncio que llega en un contexto escandaloso por sí mismo, justificado —como dijo el presidente francés Emmanuel Macron— no por el reconocimiento de los crímenes de "Israel" y, por tanto, el “deber” de sancionarla, sino para proteger a Israel de sí misma. No será pues presentado como la afirmación de un derecho histórico, ni como una condena por haber provocado una tragedia palestina que dura ya más de 77 años. No será un acto de justicia hacia los palestinos, a pesar de toda la retórica mediática que lo acompañe. Será más bien una herramienta de marketing político en el gran teatro de la política internacional, con el objetivo de calmar a la opinión pública mundial, cada vez más solidaria con los derechos del pueblo palestino frente al salvajismo del proyecto sionista. Se trata de proteger la imagen de los Estados occidentales frente a las consecuencias de su apoyo incondicional a Israel, basándose en una omisión total del concepto de justicia y los valores éticos que dice defender.

En lugar de reconocer a la víctima crearán una herramienta para corregir el comportamiento del verdugo y proporcionarle una válvula de escape moral y política.

Y, en consecuencia, cada anuncio en favor de los palestinos se convertirá en un anuncio al servicio de los Estados del Norte global. Se celebrará frente a las cámaras, se aplaudirá, aliviará conciencias, pero no se traducirá en un enfrentamiento real con el verdugo. El intento de borrar al pueblo palestino continuará. El crimen prevalecerá. Y occidente seguirá, siempre, atrasado en su supuesta excelencia ética.

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Rola Sirhan es una escritora palestina residente en Beirut, directora de la revista 'al Hadath'.

El Gobierno de Estados Unidos anunció este viernes que negará y revocará los visados de diplomáticos palestinos que tenían previsto participar en la próxima Asamblea General de la ONU a fines de septiembre, el gran foro diplomático mundial donde este año el conflicto palestino se anunciaba como uno de los focos principales de atención, informa EFE.

El secretario de Estado, Marco Rubio, que dijo actuar "de acuerdo con la ley estadounidense", explicó en un comunicado que denegará los visados o revocará los existentes de aquellos miembros de la Organización de Liberación de Palestina y de la Autoridad Palestina, lo que en principio equivale a todos los miembros de la misión diplomática palestina.

Rubio argumentó que "es interés nacional (de EEUU) pedir cuentas a la OLP y a la AP por no cumplir con sus compromisos y socavar los esfuerzos de paz".

El propio presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, tiene previsto asistir en persona a la Asamblea General y tomar la palabra, según dijo hoy el embajador palestino ante la ONU, Riyad Mansour.

El embajador dijo haber recibido la noticia solo unos minutos atrás y, preguntado por las consecuencias exactas de la medida, dijo: "Vamos a ver exactamente lo que eso significa y cómo esto se aplica a nuestra delegación".

Un portavoz del Departamento de Estado explicó por escrito a EFE que la misión diplomática permanente que dirige Mansour "tendrá una exención (de la medida) por el acuerdo con la sede central de la ONU", pero no se pronunció sobre el caso del presidente Abás.

La Autoridad Palestina cuenta con el apoyo de prácticamente toda la comunidad internacional -incluidas la Liga Árabe y la Unión Europea- para hacerse cargo de la franja de Gaza una vez que termine la guerra lanzada por Israel, y en el caso de EEUU esa era también la postura con el gobierno de Joe Biden, pero la administración Trump ha marginado a la AP sin dejar claro cuál es su alternativa.

Este movimiento de EEUU sobre los visados palestinos se produce en un momento en que la Asamblea General se iba a convertir en el gran foro de resonancia del conflicto, con países tan relevantes como Francia, Reino Unido, Australia y Canadá dispuestos a aprovechar esa ocasión para reconocer el Estado palestino.

El embajador Mansour vaticinó que una decena de estados en total podrían dar ese paso de reconocimiento durante la asamblea y llevar hasta los 160 el número de países que reconocen el Estado palestino (de los 193 miembros de Naciones Unidas).

El portavoz del Departamento de Estado especificó que la OLP y la AP solo pueden ser "socios para la paz" en caso de que "repudien el terrorismo, las campañas de instrumentalización de la Corte Penal Internacional y de la Corte Internacional de Justicia, así como la búsqueda de reconocimiento unilateral de un Estado".

El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, agradeció este viernes a las autoridades de Estados Unidos su decisión de negar y revocar los visados de diplomáticos palestinos que tenían previsto participar en la Asamblea General de la ONU a finales de septiembre.

"Gracias @SecRubio por exigir responsabilidades a la "OLP" (Organización para la Liberación de Palestina) y a la AP (Autoridad Palestina) por recompensar el terrorismo, incitar y tratar de usar la guerra legal contra Israel", dijo Saar en un mensaje en la red social X, etiquetando la cuenta del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

El responsable, además, agradeció al presidente de EE.UU., Donald Trump, su apoyo continuado al país.

La Presidencia palestina, en manos de Mahmud Abás, pidió este viernes a Estados Unidos "reconsiderar" su decisión de negar y revocar los visados de diplomáticos palestinos que tenían previsto participar en la Asamblea General de la ONU a finales de septiembre.

En un comunicado difundido por la agencia oficial de noticias palestina, Wafa, el órgano consideró que la decisión "contraviene el derecho internacional", y aseguró sentirse "estupefacto" por la noticia.

"La Presidencia pide al Gobierno de EE.UU. reconsiderar y revertir su decisión de denegar visados de entrada a Nueva York a la delegación palestina", señaló.

Un portavoz del Departamento de Estado explicó por escrito a EFE que la misión diplomática palestina permanente en la ONU "tendrá una exención (de la medida) por el acuerdo con la sede central de la ONU", pero no se pronunció sobre el caso del presidente Abás.

La Asamblea General de la ONU aprobó hoy por 149 votos a favor y 12 en contra una resolución presentada por España y copatrocinada por más de setenta estados miembros en la que se exige un alto el fuego en Gaza con un lenguaje inusualmente duro contra Israel, según informa EFE.

El texto de la resolución recoge alusiones como "el uso del hambre contra los civiles (de Gaza) como arma de guerra y la denegación de acceso de ayuda humanitaria", y subraya "la necesidad de rendición de cuentas que garantice que Israel cumple sus obligaciones legales", términos que hasta ahora se habían evitado con el supuesto fin de concitar más apoyos.

Votaron a favor de la resolución española estados aliados de Israel que en pasadas ocasiones se habían abstenido, como Japón, Canadá, Alemania, Australia y el Reino Unido, mientras que en contra se mostraron Estados Unidos, Israel, Argentina, Hungría o Paraguay, entre otros.

"Es urgente mandar un mensaje rotundo sobre Gaza", dijo el embajador español, Héctor Gómez, al presentar esta resolución que lleva más de dos semanas negociándose y que recoge, como otras anteriores, tres puntos esenciales: alto el fuego inmediato, liberación de rehenes y entrada de ayuda humanitaria sin condiciones en Gaza.

El contundente apoyo logrado por la resolución -y el que haya sumado apoyos hasta ahora reticentes de varias potencias occidentales- hace pensar que la conferencia internacional para los dos estados prevista la semana próxima en la ONU puede ser un éxito, aun cuando Estados Unidos ha amenazado con represalias para los países que acudan.

Poco antes de realizarse la votación, el embajador de Israel, Danny Danon, se dirigió hacia el embajador español, y le espetó en un tono agresivo: "Usted ha negociado esta resolución, ¿de veras era tan difícil condenar a Hamás? Una línea en cinco páginas, nada más que una línea de condena", dijo Danon.

"No -se contestó a sí mismo-. Este voto de hoy es el de una resolución que no condiciona el alto el fuego a la liberación de los rehenes y que recompensa a los terroristas responsables de su sufrimiento", razonó Danon.

Muy parecidos argumentos fueron empleados por la representante de Estados Unidos, Dorothy Shea, quien añadió: "La ONU gasta un tiempo precioso, energía y recursos para otra resolución sesgada que premia a Hamás. Seamos claros: esta resolución no hace nada por traer la paz a Gaza ni por avanzar en una solución diplomática realista".

En sentido contrario, los países árabes e islámicos alabaron el tono de la resolución, y particularmente el embajador palestino, Riyad Mansour, quien agradeció a España "por su sentido de urgencia y responsabilidad" al presentar este texto, y por haber utilizado "el lenguaje más enérgico hasta la fecha" para plantear las exigencias a Israel.

Los países occidentales que en esta ocasión decidieron presionar a Israel lamentaron que la resolución no recogiera una condena inequívoca a Hamás -posiblemente para no enajenarse el apoyo de países africanos o musulmanes- pero igualmente votaron a favor tras expresar todos su preocupación por la catastrófica situación humanitaria en Gaza, donde la guerra ha matado ya a 55.000 personas y dos millones sufren hambre y malnutrición.

En dos votaciones y por abrumadora mayoría, los diputados israelíes han pisoteado el derecho internacional y las Naciones Unidas, y han puesto en peligro la ayuda a millones de palestinos. También han completado una auténtica operación de demolición que comenzó hace más de un año.

Si se aplican las dos leyes aprobadas por la Knesset el lunes 28 de octubre, la UNRWA (Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos) dejará de operar en la Franja de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este en un plazo de tres meses.

El primer borrador, presentado por un diputado del Likud y aprobado por 92 votos a favor y sólo 10 en contra, estipula que “la UNRWA no llevará a cabo ninguna misión, prestará ningún servicio ni realizará ninguna actividad –directa o indirectamente– en el territorio soberano del Estado de Israel”. Por “territorio soberano” se refiere aquí a Jerusalén Este, ocupada desde la guerra de 1967 y anexionada por Israel en 1980, en violación del derecho internacional. En esta parte de la ciudad se encuentra la sede de la UNRWA, que coordina las actividades de la agencia en los territorios palestinos.

Si la ley entra en vigor, los refugiados que viven en Jerusalén Este no sólo se verán privados de todos los servicios educativos, sanitarios y de apoyo social, sino que estará amenazada toda la actividad de la agencia, incluido el pago de proveedores y salarios a todos los empleados, incluso en la Franja de Gaza y Cisjordania, porque los fondos pasan por bancos israelíes.

La segunda ley, aprobada tan mayoritariamente como la primera (87 a favor, 9 en contra), revoca el estatuto diplomático de los empleados internacionales y su inmunidad, lo que facilita a las autoridades israelíes denegarles visados y permisos de residencia. También prohíbe cualquier contacto entre la administración israelí y la UNRWA, y por tanto cualquier coordinación entre la agencia y las autoridades israelíes encargadas de administrar los territorios ocupados.

Eso significaría impedir todas las actividades de la agencia ¿Cómo, por ejemplo, se puede abastecer a los campos de refugiados de materiales, alimentos y medicinas si se prohíbe el paso de camiones y otros vehículos por las carreteras?

“El voto del Parlamento israelí (Knesset) contra la UNRWA es inédito y sienta un peligroso precedente. Va en contra de la Carta de las Naciones Unidas y viola las obligaciones del Estado de Israel respecto al derecho internacional”, declaró Philippe Lazzarini, Comisario General de la agencia, en la red social X. También señaló que “estos proyectos de ley no harán sino agravar el sufrimiento de los palestinos, en particular en la Franja de Gaza, donde la población lleva más de un año viviendo en un infierno. Privarán de educación a más de 650.000 niñas y niños, poniendo en peligro a toda una generación”.

El Director de la UNRWA señala en el mismo mensaje: “Este es el último acto de la campaña para desacreditar a la UNRWA y deslegitimar su papel en la prestación de asistencia y servicios de desarrollo humano a los refugiados de Palestina.”

Las relaciones entre el Estado hebreo y la agencia, malas desde hace varios años, han empeorado desde el 7 de octubre. “Israel ha criticado continuamente a la UNRWA y sus manuales escolares desde 1967, hasta la formación del actual gobierno de Benjamin Netanyahu en diciembre de 2022, sin que ello haya supuesto ninguna amenaza existencial para la agencia”, analiza Lex Takkenberg, que pasó treinta años en la agencia y es ahora asesor del think tank Arab Renaissance for Democracy and Development. “Han sido Smotrich [ministro de Finanzas] y Ben Gvir [ministro de Seguridad Nacional] quienes, en sus planes de anexionarse Cisjordania e incluso Gaza, han convertido a la UNRWA en un objetivo a abatir. Y Netanyahu se lo ha permitido, porque los necesita para mantener su coalición”.

Tel Aviv acusa a la agencia de ser una guarida de “terroristas”. Una versión inicial de uno de los proyectos de ley, que finalmente se abandonó, pretendía clasificarla como “organización terrorista”.

En enero, Israel acusó a doce miembros de la UNRWA de participar en las masacres del 7 de octubre, para luego añadir otros siete nombres a la lista. Poco después, se añadió una nueva acusación: se decía que cientos de empleados pertenecían a Hamás o a la Yihad Islámica, sin que las autoridades israelíes aportaran pruebas concluyentes en ninguno de los dos casos. Pero los mayores donantes de la agencia congelaron sus contribuciones inmediatamente, amenazando la supervivencia de una agencia que seguía en la cuerda floja.

La mayoría de los países, a excepción de Estados Unidos, reanudaron su financiación tras una investigación independiente sobre la neutralidad de la UNRWA, presidida por la ex ministra francesa de Asuntos Exteriores Catherine Colonna. Esta concluyó en abril que Israel “no había aportado ninguna prueba” y que la agencia seguía siendo “insustituible e indispensable”. Otra, encargada por la ONU y publicada en agosto, afirmaba que nueve de sus empleados “podrían haber estado implicados” en los atentados del 7 de octubre, pero seguía esperando información sobre los cientos de personas acusadas de pertenecer a movimientos islamistas.

Nueve empleados despedidos, de un total de 30.000, incluidos 13.000 en la Franja de Gaza, no es gran cosa.

Es mucho menos que el número de empleados de la UNRWA asesinados por el ejército israelí desde el comienzo de la guerra contra Gaza: la agencia contabilizó 205 en un informe elaborado en agosto.

Las instalaciones de la agencia son bombardeadas regularmente por la artillería y la aviación israelíes, incluida su sede en la ciudad de Gaza y sus escuelas, reconocibles por sus colores blanco y azul y la bandera de la ONU, transformadas en todo el enclave en refugios para decenas de miles de personas.

Israel los acusa sistemáticamente de albergar “centros de mando” de Hamás o de la Yihad Islámica y afirma haber avistado allí “hombres armados”.

Los ataques son a veces menos mortíferos, pero igual de peligrosos: obstrucción de los movimientos del personal, incendio provocado de la sede en la Jerusalén Este ocupada y, hace apenas tres semanas, confiscación del vasto terreno en el que se asienta para construir una nueva colonia de 1.440 viviendas, ilegales según el derecho internacional.

Al atacar a la agencia, Israel pretende deshacerse de la cuestión de los refugiados. “La UNRWA fue la primera agencia creada para apoyar a un segmento muy importante de la población palestina: los refugiados. Es la manifestación de la continua incapacidad de la comunidad internacional para resolver esta cuestión. Es un recordatorio de que la cuestión palestina sigue existiendo. Atacándola, esperan librarse de ella”, añade Lex Takkenberg.

Pero, advierte Philippe Lazzarini en su mensaje en X, “poner fin a la UNRWA y a sus servicios no privará a los palestinos de su estatuto de refugiados. Este estatuto está protegido por otra resolución de la Asamblea General de la ONU hasta que se encuentre una solución justa y duradera para los palestinos”.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en un mensaje publicado en X tras la votación de los dos proyectos de ley en la Knesset, repitió palabra por palabra las acusaciones contra la agencia: los empleados de la UNRWA, dijo, están “implicados en actividades terroristas” contra Israel y deben “rendir cuentas”.

Y añadió: “En los 90 días anteriores a la entrada en vigor de esta legislación –y después– estamos dispuestos a trabajar con nuestros socios internacionales para garantizar que Israel siga facilitando asistencia humanitaria a los civiles de Gaza de una manera que no amenace la seguridad de Israel”, anticipándose a la protesta que esta votación iba a provocar.

Incluso los aliados incondicionales de Israel, encabezados por Estados Unidos, se han mostrado contrarios a esas leyes. Matthew Miller, portavoz del Departamento de Estado americano, insistió en que la UNRWA desempeña “un papel insustituible ahora en Gaza, donde está en primera línea entregando ayuda humanitaria a la gente que más la necesita. Nadie puede sustituirla, en estas circunstancias, en medio de una crisis”. Incluso afirmó que “si la UNRWA se marcha, los civiles dejarán de tener acceso a los alimentos, el agua y los medicamentos que necesitan para vivir. Nos parece inaceptable”.

La Unión Europea, por boca de su jefe de la diplomacia, Josep Borrell, se había alarmado incluso antes de la votación en la Knesset: “Esta legislación está en flagrante contradicción con el derecho internacional y los principios humanitarios fundamentales, y no hará sino exacerbar una crisis humanitaria ya de por sí grave, bloqueando potencialmente servicios esenciales como la alimentación, la vivienda, la educación y la atención sanitaria para millones de refugiados palestinos en esos territorios.”

París se ha unido a Pekín, Moscú, Berlín, Bruselas, Londres, Dublín, Madrid, Oslo, Canberra, Berna, Liubliana, Madrid y Ammán y otros en la condena de este último paso hacia la destrucción de la UNRWA en los territorios palestinos.

El mundo se alarma: he aquí una línea roja más traspasada por Israel en su desprecio por la ONU, tras los ataques a la FINUL, bombardeada en Líbano por el ejército israelí, y al secretario general António Guterres, calificado de antisemita y vetado en territorio israelí. Así pues, aquí tenemos otro roto más en un derecho internacional que ya ha sido pisoteado, pero que sigue siendo útil. Como nos recuerda Philippe Lazzarini: “Si no logramos rechazar esos proyectos de ley, estaremos debilitando nuestro mecanismo multilateral común establecido tras la Segunda Guerra Mundial”.

Sobre todo, si la UNRWA se ve obligada a cesar sus actividades, el caos seguirá agravándose. Porque, como nos recordó António Guterres el lunes 28 de octubre, “no hay alternativa a la UNRWA”, contrariamente a lo que quieren creer los israelíes, que siempre han fracasado en su intento de encontrar una, pero han decidido volver a intentarlo.

En los últimos días se ha hablado en la prensa israelí de un tal Moti Kahana, israelo-americano, director general de Global Delivery Company (GDC), empresa descrita por Times of Israel como especializada en el rescate de personas, en particular judíos, de países en guerra (Siria, Ucrania, Yemen, Afganistán). Se ha comprometido, utilizando empresas mercenarias, a distribuir ayuda en Gaza.

En cuanto a proporcionar asistencia sanitaria y escolar a los niños de Cisjordania, Jerusalén Este y Gaza, ni se menciona.

Traducción de Miguel López

Bajo el lema "Hay que parar la guerra. Ni terrorismo, ni genocidio", el manifiesto del mundo de la cultura impulsado por Recortes Cero para poner fin a la guerra en Oriente Próximo denuncia, una vez más, los crímenes de guerra cometidos por Israel, el genocidio en Gaza y los actos terroristas de Hamás. Y no es para menos. El balance de un año de conflicto es demoledor: 50000 palestinos asesinados –la mitad de ellos niños–, dos millones de desplazados, y la negación diaria a la población de recursos básicos para la vida.

A todos estos crímenes, se suma la escalada militar que ha lanzado Israel en la región, con la protección de EEUU. "Están poniendo en peligro la paz en el mundo, con ataques terroristas, bombardeos sobre la población civil e invadiendo el Líbano, un país soberano. Es prioritario y urgente parar la guerra", recoge el manifiesto.

El escrito, redactado por Recortes Cero y que se publicó por primera vez a finales de octubre del año pasado, se presentará este viernes en rueda de prensa en el Ateneo de Madrid, además de publicarse en el diario Público. En él, los firmantes reivindican más que nunca la urgencia de un alto al fuego definitivo, el fin de la ocupación israelí, el cumplimiento del derecho internacional y la habilitación de un corredor humanitario seguro. Incluye además un llamamiento a la comunidad internacional para trabajar por un acuerdo de paz basado en las resoluciones de la ONU y la UE, reconociendo el derecho a la existencia de los dos Estados.

A la hora de exigir responsabilidades, el manifiesto subraya el "amparo político, diplomático, económico y militar de EEUU", tan responsable como el Estado hebreo de 75 años de guerra, genocidio y apartheid en Palestina. Crímenes de lesa humanidad que violan la Convención de Ginebra y la Carta de Derechos Humanos.

"Nuestro lugar está con la justa causa del pueblo palestino por la libre determinación, incluido el derecho a un Estado palestino independiente. Pero también con el pueblo libanés. Por ello, nos unimos al movimiento mundial de repulsa de la guerra", continua el escrito. "Llamamos a todas las personas demócratas a unirse para reclamar a los gobiernos e instituciones de nuestros países, a la Unión Europea y a la comunidad internacional que no ahorren esfuerzos hasta parar la guerra. No nos vamos a acostumbrar a las bombas. Insistiremos", sentencia.

Entre anteriores firmantes del manifiesto, que superan ya los 14.000, se incluyen periodistas como Jordi Évole, Antón Losada, Rosa María Calaf o el propio Jesús Maraña, director editorial de infoLibre. También personalidades de la cultura como los actores Marisa Paredes, Fernando Cayo y María Botto, el escritor Benjamín Prado, la ilustradora Flavita Banana o las cantantes Natalia Lacunza y Rayden. Figuran asimismo los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez.

El Consejo de Seguridad de la ONU ha aprobado este lunes por 14 votos favorables y la abstención de Rusia la propuesta de alto el fuego planteada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. La propuesta incluye un "alto el fuego total y completo", la liberación de los rehenes que retienen las milicias palestinas, la entrega de los cadáveres de rehenes y la liberación de presos palestinos.

Está dividido en tres fases. La primera fase prevé el intercambio de rehenes por presos y un alto el fuego a corto plazo. En la segunda se prevé un "cese permanente de las hostilidades" y la retirada total de las fuerzas militares israelíes de Gaza, según el texto de la resolución, presentada por Estados Unidos. La tercera y última fase incluye un plan de reconstrucción de la Franja de Gaza de varios años de duración.

Tras conocerse esta votación, el Alto Representante de la Política Exterior y de Seguridad de la UE, Josep Borrell, ha expresado su apoyo. "La UE da la bienvenida a la adopción de la Resolución 2735 del Consejo de Seguridad de la ONU que apoya la propuesta de alto el fuego anunciada el 31 de mayo" por el presidente estadounidense, Joe Biden, explica el comunicado de Borrell.

Además pide en nombre de la UE "su implementación inmediata, así como la implementación de las resoluciones 2728, 2720 y 2712 del Consejo de Seguridad de la ONU". "La UE recuerda su pleno apoyo a la hoja de ruta integral presentada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Instamos a las dos partes a aceptar y aplicar la propuesta en tres fases", ha añadido.

Por último, Borrell explicita la "disposición" de la UE "a contribuir a revivir el proceso político para una paz duradera y sostenible basada en la solución de los dos estados y a aployar la reconstrucción de Gaza".

La Autoridad Palestina ha manifestado que esta resolución es "un paso en la buena dirección". "La Presidencia palestina considera que la adopción de esta resolución es un paso en la buena dirección para parar la guerra genocida contra nuestro pueblo en la Franja de Gaza", según recoge la agencia de noticias oficial WAFA.

La Autoridad Palestina pide así "que todo el mundo asuma sus responsabilidades para su aplicación" y recuerda que cumple con su demanda de "un alto el fuego inmediato a la agresión israelí", la retirada de las fuerzas israelíes de toda la Franja de Gaza y la entrada de ayuda humanitaria. También veta el desplazamiento forzoso de la población y considera que el enclave es parte integral del territorio del Estado de Palestina, según recoge WAFA.

Respalda además la postura de la solución de los dos estados "de acuerdo con el Derecho Internacional y las resoluciones relevantes de la ONU" y pide una solución política que ponga fin a la ocupación y lleve a la creación de un estado palestino independiente. Por último, la Presidencia palestina traslada su "sincero agradecimiento" a países como Argelia, representante árabe en el Consejo de Seguridad, y a Egipto y Qatar, mediadores en las negociaciones.

Por su parte, el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha acogido positivamente esta resolución y ha pedido negociar con Israel los principios recogidos en el texto.

"Confirmamos nuestra disposición a trabajar con nuestros hermanos, los interlocutores, para negociar indirectamente cómo aplicar estos principios que coinciden con las demandas de nuestro pueblo y de la resistencia", ha apuntado Hamás en un comunicado.

Estados Unidos ha bloqueado de nuevo este martes en el Consejo de Seguridad de la ONU una resolución para pedir un alto el fuego en la Franja de Gaza, ya que considera que "no es el momento" porque no contribuiría a un acercamiento entre el Gobierno israelí y Hamás. El texto había sido presentado en esta ocasión por Argelia y abogaba por el respeto del Derecho Internacional en la Franja y ya había sido recibido con reticencias por parte de Estados Unidos, que habría planteado una propuesta alternativa en la que se aparcaba el llamamiento a un alto el fuego inmediato, según recoge Europa Press.

Finalmente, la delegación norteamericana ha hecho valer su derecho de veto -por tercera vez sobre este tema- para tumbar la resolución argelina con un único voto en contra. De los otros 14 países miembros del Consejo, 13 han votado a favor, mientras que Reino Unido -que también tiene capacidad de bloqueo- ha optado por la abstención.

"A veces la diplomacia lleva más tiempo de lo que nos gustaría", ha argumentado la embajadora estadounidense, Linda Thomas-Greenfield, antes de hacer efectivo el 'no' de Washington, alegando que las negociaciones en marcha son especialmente "sensibles" y que la resolución "complica estos esfuerzos".

Por su parte, la embajadora británica, Barbara Woodward, ha reclamado ante el Consejo una "suspensión inmediata" de los combates para avanzar hacia algún tipo de acuerdo, pero ha cuestionado que el texto sometido a debate sea la fórmula: "Simplemente pidiendo un alto el fuego, como hace la resolución, no se logrará".

La parte argelina ha prometido que seguirá buscando algún tipo de posicionamiento en el Consejo de Seguridad "para detener la masacre". "No pararemos hasta que este Consejo asuma su responsabilidad e imponga un alto el fuego inmediato", ha advertido el embajador Amar Benjama, que ha instado a quienes bloquean el consenso a "revisar sus políticas y sus cálculos".

Para el embajador ruso Vasili Nebenzia, la posición de Estados Unidos concede a Israel "licencia para matar", mientras que el representante chino, Zhang Jun, considera que la Administración de Joe Biden se equivoca en su posición en un momento en el que cientos de miles de palestinos viven al límite en la Franja de Gaza.

La inacción por parte del Consejo previsiblemente desencadenará una nueva sesión de emergencia en la Asamblea General de la ONU, el órgano en el que sí están representados todos los Estados miembro de la organización y en el que ningún país tiene posibilidad de vetar texto alguno.

Tras conocerse este veto, el secretario general de la ONU, António Guterres, ha reiterado este martes su posición de alto el fuego en la Franja de Gaza al tiempo que ha afirmado que esta posición "aumenta el sufrimiento" de los palestinos. Su portavoz, Stéphane Dujarric, que ha destacado que "no es la primera vez que vemos un veto en el Consejo de Seguridad", ha declarado que "el secretario general sigue esperando que el Consejo de Seguridad encuentre una manera de hablar con una sola voz sobre esta cuestión".

"(Guterres) sigue defendiendo e impulsando su objetivo en sus reuniones con los responsables políticos que tiene a puerta cerrada y en gran medida en público y con su equipo sobre el terreno, que abogan por lo mismo", ha agregado al ser preguntado durante una rueda de prensa sobre el papel del jefe de la ONU. Asimismo, ha remarcado que cada miembro permanente del organismo que veta una resolución tiene el deber de explicar ante la Asamblea General su posición: "Los cinco países que tienen el veto tienen una gran responsabilidad y creo que es necesario explicar cómo se utiliza el veto", ha manifestado.

Hamás ha afirmado este martes que el veto de Estados Unidos "aumenta el sufrimiento" de palestinos en el enclave, donde la ofensiva israelí ha matado a cerca de 29.200 palestinos desde hace poco más de cuatro meses. "Condenamos enérgicamente el veto del presidente estadounidense, Joe Biden, contra el proyecto de resolución (propuesto por) Argelia en el Consejo de Seguridad que pide un alto el fuego en Gaza. Este veto sirve a la agenda de ocupación israelí, obstruye los esfuerzos internacionales para detener la agresión y aumenta el sufrimiento de nuestro pueblo", reza un comunicado recogido por el diario palestino Filastín, vinculado a Hamás.

Por su parte, el líder del brazo político de Yihad Islámica, Mohamed al Hindi, ha lamentado que "Israel está cometiendo una guerra genocida y nadie le exige responsabilidades". "No hay ningún destino para los civiles, que se están muriendo de hambre en todas partes, y Washington es responsable de armar financiar y apoyar políticamente a Israel", ha declarado.

La Autoridad Palestina ha condenado también que Washington utilice su poder de veto en dicho organismo, encargado de mantener la paz y seguridad en el mundo, y ha expresado que esta posición "desafía la voluntad de la comunidad internacional", dando "'luz verde' adicional a la ocupación israelí para continuar con su agresión contra la población en la Franja de Gaza y llevar a cabo su sangriento ataque contra Rafá".

La Presidencia palestina ha destacado que el Gobierno estadounidense apoya y "brinda protección" a las autoridades israelíes, por lo que le responsabiliza de la "continua agresión contra niños, mujeres y ancianos palestinos", según ha informado la agencia de noticias WAFA. "Esta política convierte a Estados Unidos en socio del crimen del genocidio, limpieza étnica y crímenes de guerra cometidos por las fuerzas de ocupación israelíes contra los palestinos en la Franja de Gaza y Cisjordania. Esta política se ha convertido en un peligro para el mundo y una amenaza para la paz y seguridad internacional", ha agregado.

Estados Unidos ha vetado este viernes una resolución presentada ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para pedir un alto el fuego humanitario en la Franja de Gaza después de que el secretario general de la ONU, António Guterres, invocase el artículo 99 de la Carta Magna del organismo, según informa Europa Press.

En concreto, 13 países han votado a favor del texto presentado por Emiratos Árabes Unidos, mientras que uno ha votado en contra, Estados Unidos, que tiene derecho de veto por ser miembro permanente del Consejo. Por su parte, Reino Unido se ha abstenido.

La resolución expresa "profunda preocupación por la catastrófica situación humanitaria en la Franja de Gaza y el sufrimiento de la población civil palestina" y pide que "las poblaciones civiles palestina e israelí sean protegidas de conformidad con el Derecho Humanitario".

En este sentido, "exige un alto el fuego humanitario inmediato; "reitera su petición de que todas las partes cumplan las obligaciones que les incumben en virtud del Derecho Internacional" y pide "la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes, así como que se garantice el acceso humanitario" a toda la Franja de Gaza.

El embajador adjunto de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Robert Wood, ha justificado tras la votación que no han apoyado la resolución "para que se haga realidad un alto el fuego insostenible que solo va a sembrar la semilla de las guerras siguientes".

"No podemos entender por qué los actores que han presentado la resolución no han querido incluir lenguaje condenando el horrible atentado terrorista de Hamás contra Israel, que ha causado la muerte de más de 1.200 personas", ha destacado, agregando que tampoco condena la violencia sexual llevada a cabo por el grupo islamista.

En este sentido, ha instado a investigar estos hechos delictivos sexuales. "La resolución tampoco pide una vuelta de las pausas humanitarias para permitir el aumento de la ayuda y la liberación de rehenes. Esta fórmula ha funcionado", ha asegurado.

"Este texto tampoco reconoció que Israel tiene derecho a defenderse. Si alguno de nuestros propios países fuera atacado de esta manera, todos esperaríamos que este Consejo reafirmara nuestro derecho a proteger a nuestros ciudadanos", ha sentenciado.

Por su parte, el embajador de Israel ante la ONU, Gilad Erdan, ha celebrado que Estados Unidos haya permanecido a su lado. "Una pequeña luz ha rechazado mucha oscuridad", ha indicado, agregando que "un alto el fuego solo es posible con el regreso a casa de todos los rehenes y la destrucción de Hamás".

"Es chocante que cuando Hamás está lanzando cohetes contra Gush Dan desde sitios poblados en el sur de Gaza, la ONU esté ocupada con un debate desconectado (de la realidad) sobre una resolución que está en el lado equivocado y ni siquiera condena a Hamás", ha sentenciado, según ha recogido el diario The Times of Israel.

El representante del Estado de Palestina ante la ONU, Riad Mansur, ha afirmado que es "un punto de inflexión en la Historia". "Es más que lamentable: es un desastre que el Consejo de Seguridad nuevamente no pudiera estar a la altura de este momento, cumpliendo con sus claras responsabilidades", ha subrayado.

Mansur ha resaltado que tras "dos meses de masacres" llevadas a cabo por Israel "se les está dando más tiempo a los criminales de guerra para seguir cometiendo sus crímenes". "Los asesinos no tienen ningún respeto por la vida palestina, desde la cuna hasta la sepultura", ha argüido.

"Este es un día aciago para el Consejo de Seguridad. Rechazamos este resultado y vamos a seguir recurriendo a todas las vías legítimas para detener estas atrocidades", ha aseverado, agregando que "cada día que pasa prevalece la barbarie".

La votación se produce después de que el secretario general de Naciones Unidas invocara el Artículo 99 de la Carta de la ONU, alertando así al Consejo de Seguridad de la situación humanitaria en Oriente Próximo e instando al órgano a "presionar por" evitar una catástrofe humanitaria.

El Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza, controlado por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), tiene ya registradas casi 17.500 víctimas mortales como consecuencia de la ofensiva militar lanzada hace dos meses por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) sobre el enclave palestino.

Ministros de Exteriores de varios países árabes y Turquía han pedido en persona al secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, que adopte un papel más "amplio" en la guerra de Gaza a través del incremento de la presión a su gran aliado, Israel, para que acepte un alto el fuego.

La petición ha sido formulada dentro de la llamada Cumbre Conjunta Árabe-Islámica que se está celebrando en Qatar, con la asistencia de Blinken, un día después de que EEUU se quedara solo en su veto a una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU a favor un cese de hostilidades inmediato.

Blinken ha recibido esta petición de sus homólogos de Qatar, Arabia Saudí, Jordania, Egipto, Palestina y Turquía, quienes abogaron por un "papel más amplio" de Estados Unidos "en la presión sobre la ocupación israelí para lograr un alto el fuego inmediato".

Los asistentes, excepto Blinken, "expresaron también su decepción por el fracaso del Consejo de Seguridad de la ONU, por segunda vez, a la hora de votar una resolución para un alto el fuego inmediato en la Franja de Gaza por razones humanitarias, después de que Estados Unidos utilizara su poder de veto".

Asimismo, y según el comunicado publicado en Twitter por el Ministerio de Exteriores de Qatar, "los miembros del comité ministerial renovaron su posición unificada sobre su rechazo a la continuación de operaciones militares por parte de las fuerzas de ocupación israelíes en la Franja de Gaza, renovando su llamado a la necesidad de un alto el fuego inmediato y completo".

Por último, "reiteraron su énfasis en crear un clima político real que conduzca a una solución de dos Estados y el establecimiento de un Estado palestino según las líneas del 4 de junio de 1967, de conformidad con las normas internacionales pertinentes".

Por su parte, el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, ha acusado a Estados Unidos de convertirse en "cómplice de genocidio" en la Franja de Gaza tras condenar sin paliativos el veto norteamericano como un acto "inmoral" y una "vergüenza" que perseguirá al país "durante muchos años".

En respuesta, Abbas ha calificado la posición de EEUU de "agresiva e inmoral, y de una flagrante violación de todos los valores y principios humanitarios", según un comunicado recogido por la agencia oficial de noticias palestina Wafa.

"Esta política estadounidense convierte a Estados Unidos en cómplice del crimen de genocidio, limpieza étnica y crímenes de guerra cometidos por las fuerzas de ocupación israelíes contra los palestinos en la Franja de Gaza, Cisjordania y Jerusalén", ha añadido el mandatario.

El veto estadounidense, considera así, es representativo de una postura "que se ha convertido en un peligro para el mundo y una amenaza para la paz y la seguridad internacionales", da además "una nueva luz verde a Israel "para continuar con su agresión" y, en términos históricos, "constituirá una vergüenza que perseguirá a los Estados Unidos de América durante muchos años.

Por otro lado, el mandatario agradeció a todos los estados miembros del Consejo de Seguridad que votaron a favor de la resolución –otros 13 votaron 'sí' y Reino Unido se abstuvo— y, con esa decisión "se pusieron del lado de la justicia, la paz y la ética humanas".

Las ONG humanitarias Amnistía Internacional (AI), Human Rights Watch (HRW) y Médicos Sin Fronteras (MSF) también han manifestado su condena al derecho a veto ejercido por Estados Unidos.

Amnistía ha declarado su repulsa al veto norteamericano por considerarlo un insulto a la población palestina asediada por los ataques de Israel en su guerra contra Hamás.

"Al vetar esta resolución, Estados Unidos ha mostrado un cruel desprecio por el sufrimiento de los civiles ante el asombroso número de muertos, la extensa destrucción y una catástrofe humanitaria sin precedentes que está ocurriendo en la ocupada Franja de Gaza", ha manifestado la secretaria general de la organización, Agnès Callamard, en un comunicado.

Amnistía Internacional acusa a Estados Unidos de emplear "de manera descarada como un arma" su derecho a veto como miembro permanente del Consejo para "vencer en un pulso" al máximo órgano ejecutivo de la ONU, que ha visto "socavadas todavía más su credibilidad y capacidad para cumplir su mandato de mantener la paz y la seguridad internacionales".

El uso del veto, añade la organización "es moralmente indefendible y constituye un abandono del deber de Estados Unidos a la hora de prevenir crímenes atroces y respetar el Derecho Internacional"

La Asamblea General de Naciones Unidas ha aprobado este jueves una resolución presentada por Ucrania que condena la invasión rusa en el país del Este en una votación muy simbólica que se produce a pocas horas de que se cumpla un año de la declaración de guerra del presidente ruso, Vladimir Putin.

El proceso de votación, recogido por Europa Press, ha comenzado primero con las enmiendas presentadas por Bielorrusia, que pedían la prohibición del suministro de armas a Kiev y un llamamiento al diálogo entre las partes. Ambas han sido rechazadas: la primera con 94 votos en contra, once votos a favor y 56 abstenciones, mientras que la segunda ha contado con 91 votos en contra, 15 votos a favor y 52 abstenciones.

Finalmente, la resolución presentada por Ucrania ha sido aprobada con 141 votos a favor, 32 abstenciones y siete votos en contra, entre los que se encuentran Nicaragua, Bielorrusia, Rusia, Corea del Norte, Malí, Eritrea y Siria. Además, China e Irán se han abstenido.

De hecho, el embajador adjunto de China en la ONU, Dai Bing, ha afirmado antes de la votación que "enviar armas no traerá la paz" a Europa después de las amenazas de la UE a Pekín sobre que el suministro de armamento a Moscú, si se produce, supondrá "una línea roja".

La OTAN también ha reconocido esta semana que le preocupa "cada vez más" que China pueda colaborar militarmente con Rusia. Por su parte, Ucrania rechaza la versión de China de que muchas de las armas que están recibiendo de Estados Unidos proceden del contrabando.

El gigante asiático tiene previsto este viernes poner sobre la mesa una hoja de ruta de diálogo entre las partes para poner fin a la guerra en Ucrania al amparo de los principios de la Carta de Naciones Unidas. Tras ello, el presidente ucraniano ha mostrado interés en reunirse con su homólogo chino, Xi Jinping.

El proyecto de resolución exige, entre otras medidas, la retirada de las tropas rusas, el fin de los ataques en suelo ucraniano y un proceso de negociación hacia la paz entre las partes. Además, el texto reafirma "la soberanía, la independencia, la unidad y la integridad territorial de Ucrania".

La decisión de la Asamblea, que no es vinculante, se ha aprobado en un momento muy simbólico, puesto que hace un año el presidente ruso, Vladimir Putin, declaró la guerra a Ucrania mientras la Consejo de Seguridad de Naciones Unidas estaba reunida en sesión de emergencia.

Tras la aprobación de la resolución, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha agradecido en su perfil de Twitter a todos los países que han votado a favor del texto. "Esta resolución es una poderosa señal de apoyo global incansable para Ucrania", ha expresado.

Asimismo, el mandatario ucraniano ha enfatizado que la decisión es un "poderoso testimonio de la comunidad internacional con el pueblo ucraniano en el contexto del aniversario de la agresión a gran escala de la Federación Rusa".

Por su parte, el ministro de Exteriores ucraniano, Dimitro Kuleba, ha subrayado que, con esta votación, "141 estados miembros de la ONU han dejado claro que Rusia debe poner fin a su agresión ilegal". "Un año después de que Rusia lanzara su invasión a gran escala, el apoyo mundial a Ucrania sigue siendo sólido", ha agregado.

Kuleba también ha destacado en una breve rueda de prensa que el voto ha demostrado que el "sur global", con muchos países latinoamericanos, también apoya a Kiev. "No es solo Occidente quien apoya a Ucrania", ha reiterado.

Desde Estados Unidos, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, ha considerado que esta resolución supone "un poderoso llamamiento a una paz integral, justa y duradera en Ucrania, de acuerdo con los principios de la Carta de Naciones Unidas".

"Al votar abrumadoramente a favor de la resolución de la Asamblea General de la ONU hoy, estas naciones se han mantenido firmes en apoyo del orden internacional basado en reglas y han hablado con una sola voz para exigir la retirada total, inmediata e incondicional de Rusia de todo el territorio de Ucrania", ha sostenido.

En esta línea, Sullivan ha indicado que, "un año después de este conflicto, la comunidad internacional se mantiene firme en la defensa de nuestros valores compartidos, incluidos los principios de soberanía, independencia e integridad territorial".

"La votación de hoy ha sido una demostración abrumadora de apoyo a Ucrania y una clara defensa de la libertad para las personas en todas partes", ha reiterado el funcionario estadounidense.

Abdulah Arabi, el delegado del Frente Polisario en España, no oculta su decepción con la actitud del Gobierno español después de que este viernes Marruecos revelase la apuesta de España por la autonomía del Sáhara y rompiese así su tradicional equidistancia para resolver el conflicto que vive su antigua provincia desde hace casi medio siglo.

¿Les avisó el Gobierno español de lo que iba a hacer?

No, para nada. Pero tampoco era de esperar, si casi la mitad del Gobierno no lo sabía. Me imagino que son cosas que se coordinan más con la otra parte [en referencia a Marruecos]. 

Es extraño, ¿no? Porque ustedes son la parte más afectada.

Me atrevería a decir que ellos interpretan que no ha habido ningún cambio. Que simplemente han expresado que esa opción [la autonomía del Sáhara dentro de Marruecos] podría ser la solución. Pero desde luego el lenguaje utilizado significa que apuestan por eso como la única solución.

El Gobierno español sostiene que la vía que se abre sobre el Sáhara es la que ya defendieron en las Reuniones de Alto Nivel los gobiernos de Zapatero y de Rajoy, que está condicionada al acuerdo de las partes y siempre respetando las resoluciones de la ONU. ¿Está dispuesto el Frente Polisario a explorar esa vía que se abre?

Son conversaciones bilaterales con Marruecos y me imagino que para tener acuerdos tuvieron que vender algo a Marruecos. Lo que le venden es eso, que ellos apoyan la autonomía. Pero, desde luego, en Naciones Unidas y en sus pronunciamientos públicos España siempre había defendido el marco de la centralidad de las Naciones Unidas. Y eso se contradice enormemente con la autonomía. La autonomía es solamente una opción propuesta por Marruecos frente a la independencia. Apostar por la primera es abandonar la segunda.

Pero el Gobierno de Pedro Sánchez dice que mantiene la política de Zapatero y de Rajoy.

Rajoy no, pero Zapatero sí que ha defendiendo la autonomía, no lo ha ocultado. Ha ido a las ciudades ocupadas del Sáhara Occidental. Pero eso es ponerse al lado de Marruecos. 

El plan de paz firmado en 1991 y en vigor hasta el 13 de noviembre de 2020 recoge las dos opciones. Es un referéndum de autodeterminación en el que nosotros, generosamente, hemos hecho la concesión de pasar de reclamar única y exclusivamente la independencia a aceptar que la otra parte, Marruecos, proponga su alternativa, que es la autonomía. 

El plan de paz recoge esas dos opciones como base de un referéndum mediante el que el pueblo saharaui tenga la opción de decidir entre la independencia que defiende el Frente Polisario y la autonomía que propone Marruecos. Quedarse con una de ellas por parte de España, potencia administradora, responsable política y jurídicamente de la situación del Sáhara, cuando el marco legal ya está diseñado y pactado, es apostar por una parte y por una sola solución. 

Por lo tanto, España está intentando imponer la opción de una de las partes como única solución al conflicto del Sáhara Occidental. Ahí es donde está el cambio de postura de del Gobierno de España. Con respecto a Naciones Unidas, pero también con respecto a un consenso que ha existido en la política exterior española en los últimos 46 años. Los partidos que se han alternado en el poder siempre han respetado ese marco legal. 

Apostar por la autonomía es lo que venía pidiendo Marruecos desde la época de Zapatero, diciendo también que no van a aceptar el referéndum de autodeterminación. Es la postura de la parte agresora, del invasor. Algunos países no se han atrevido a decirle [a Marruecos] que eso está mal y han intentado complacerle, pero no de manera pública y destacada como ha hecho España.

¿Teme el Polisario que el cambio de opinión de España abra la puerta a una modificación de la posición del conjunto de la Unión Europea?

No lo creo, porque para eso primero tienen que pasar muchas cosas, como sacar el tema del Sáhara Occidental de la cuarta comisión de Naciones Unidas que se ocupa de la descolonización. En todo caso, la autonomía como única solución se contradice con ese espíritu que tienen ahora los países de la Unión Europea que intentan defender precisamente la legalidad internacional, la no agresión, la no invasión, ante una guerra que estamos viendo en Europa. 

La posición de España pone en evidencia su hipocresía. Lo que defiende en un sitio lo intenta ignorar en el otro. Quita cualquier contenido al discurso que hemos escuchado de los políticos españoles en los últimos días. 

 ¿Se sienten traicionados por el Gobierno español por la “nueva etapa” que ha abierto en las relaciones con Marruecos?

El pueblo saharaui ha sufrido muchas traiciones en estos 46 años. Esta es una más y realmente es, sobre todo, una traición al compromiso de solidaridad y de apoyo al pueblo saharaui que tiene una gran parte de la sociedad española. 

Es una decisión no sólo equivocada sino que tiene como único objetivo por parte del Gobierno de España pagar un peaje para intentar recuperar sus relaciones con Marruecos. Nosotros tenemos la determinación total de continuar con nuestra lucha.

Se supone que Argelia mantiene una comunicación fluida con España. ¿Les consta que Argelia apoye o al menos haya estado informada de los acuerdos anunciados por Marruecos y España para abordar el futuro del Sáhara?

La postura de Argelia es clara: apoya la independencia del pueblo saharaui y el marco de Naciones Unidas. Son principios inamovibles de su política exterior y no han cambiado. Ahora bien, es un socio estratégico para España, sobre todo en plena crisis energética mundial. Argelia es un país muy serio, que respeta sus compromisos y sus acuerdos. Nosotros entendemos que seguirá defendiendo la causa saharaui con más ahínco, pero también seguirá trabajando por sus relaciones bilaterales con los países de la Unión Europea, incluida España.

¿Qué espera de los acontecimientos en los próximos días?

Hemos expresado al Gobierno español que inclinarse hacia una parte es traicionar el marco de las Naciones Unidas y de la legalidad internacional. España, como Gobierno, se autoexcluye de cualquier posibilidad de moderación entre las partes y sobre todo del apoyo al esfuerzo del actual enviado especial de las Naciones Unidas. España se inclina hacia Marruecos en aras de garantizar el restablecimiento de las relaciones bilaterales entre los dos países. Nosotros no tenemos nada en contra de esas buenas relaciones, pero entendemos que, una vez más, lamentable y tristemente, se ha hecho sacrificando al pueblo saharaui. 

Felipe de Borbón defendió este lunes la necesidad de que España y Marruecos empiecen a “caminar juntos” con el fin de “materializar” una nueva relación bilateral de los dos países y “encontrar soluciones a los problemas que preocupan a nuestros pueblos”. Su referencia al país vecino, de apenas 48 palabras en un discurso de casi un millar, no pasó desapercibida. Es una respuesta al discurso que el jefe de Estado marroquí, el rey Mohamed VI, pronunció el pasado 20 de agosto cuando anunció su deseo de inaugurar una “nueva etapa inédita” en sus relaciones con España construida sobre la base de la “confianza, la transparencia, el respeto mutuo y la honra de los compromisos”. 

Con esta declaración, el presidente Pedro Sánchez mueve la ficha del rey en el tablero de las relaciones con su vecino más problemático, formalmente en ruinas desde que el gobierno marroquí decidió poner a prueba la fortaleza de España permitiendo la llegada masiva de migrantes a Ceuta en mayo de 2021. 

La atención prestada por España al líder del Frente Polisario, Ibrahim Gali, fue el detonante que Rabat esgrimió para abrir aquel conflicto, el más grave en las relaciones hispanomarroquíes desde la Marcha verde, en las postrimerías del franquismo. Aunque fuentes diplomáticas y expertos en la geopolítica del Magreb apuntan a otra razón: la negativa del Gobierno de Sánchez a seguir los pasos de Estados Unidos y reconocer la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, la antigua provincia española.

Los discursos oficiales del jefe de Estado son supervisados por el Gobierno, lo que lleva a pensar que fue el Ejecutivo español el que eligió que la referencia al interés de España por arreglar las cosas con Marruecos se trasladase en un acto en el Palacio Real al que acudía todo el cuerpo diplomático, en presencia tanto de Sánchez como del ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares.

“Con Marruecos, nuestros respectivos gobiernos han acordado redefinir conjuntamente una relación para el siglo XXI, sobre pilares más fuertes y sólidos. Ahora, ambas naciones debemos caminar juntas para empezar a materializar ya esta nueva relación. Se trata de encontrar soluciones a los problemas que preocupan a nuestros pueblos”, señaló el rey en línea con lo que en agosto expresó Mohamed VI.

La decisión de Sánchez de sacrificar a su ministra de Exteriores, Arancha González Laya, en la remodelación del Gobierno del pasado verano, fue la excusa perfecta para que el monarca alauita trasladase, apenas un mes más tarde, su intención aparente de hacer borrón y cuenta nueva. Su deseo, anunció entonces, es inaugurar una “nueva etapa inédita" en sus relaciones con España, construida sobre la base de la “confianza, la transparencia, el respeto mutuo y la honra de los compromisos”.

Un diálogo en el que aseguró estar implicado “personalmente y de manera directa” y que Marruecos entiende, dijo, como una oportunidad de “revisar los fundamentos y los determinantes que gobiernan” las relaciones entre Madrid y Rabat. “Así pues, además de los tradicionales puntos constantes (...) hoy velamos por consolidarlas mediante la comprensión conjunta de los intereses de los dos países vecinos”.

Sin embargo, entre las palabras de Mohamed VI y las de Felipe VI han pasado cinco meses y no ha habido novedades. Al menos no lo suficientemente relevantes como para que Madrid o Rabat decidiesen compartirlas con la opinión pública. De hecho, Marruecos mantiene vivo el gesto de desaire que protagonizó durante la crisis de Ceuta al retirar de Madrid a su embajadora, Karima Benyaich.

De ahí que Felipe VI hablase de la necesidad de “empezar a materializar ya esta nueva relación”. El recurso al rey confirma que el Gobierno de Sánchez quiere desatascar cuanto antes las relaciones, algo que la semana pasada ya explicó el ministro de Exteriores en una rueda de prensa convocada con ocasión de una visita de su colega paquistaní, Shah Mehmud Qureshi. “No me conformo con la cooperación [en materia de inmigración], tenemos que ir a más”, proclamó.

A España le apremia no sólo la necesidad de reconstruir las relaciones con un país clave en materia de seguridad, terrorismo e inmigración. También el hecho de que Rabat sí esté dando pasos en el deshielo con Alemania aprovechando que Angela Merkel ya es historia y que en Berlín han cambiado las caras (y el partido) al frente del Gobierno. 

En el caso alemán, la crisis con Marruecos tiene el mismo origen que con España: la negativa del Gobierno germano a reconocer el Sáhara como territorio marroquí. Pero en Alemania la capacidad de presión de Marruecos es insignificante en comparación con la que ejerce sobre España cada vez que relaja el control de la inmigración o amaga con reducir la cooperación antiterrorista.

El nuevo gobierno germano, capitaneado por el socialdemócrata Olaf Scholz y con la dirigente de Los Verdes Annalena Baerbock al frente de Exteriores, sigue defendiendo para el Sáhara la solución del referéndum de autodeterminación que promueve desde hace décadas Naciones Unidas. Pero ahora asegura que “Marruecos hizo una importante contribución” a la solución del conflicto saharaui “al presentar un plan de autonomía”, algo que refuerza la estrategia marroquí de abrir paso a que la solución pase por la integración del Sáhara, aunque el precio a pagar sea reconocer cierta capacidad de autogobierno a la antigua colonia española. Esa declaración ha gustado mucho en Rabat.

Estos movimientos coinciden además con el deterioro de las relaciones entre Argelia y Marruecos —están rotas y el clima político en la zona recuerda a una situación prebélica— y con la llegada a la zona del nuevo enviado especial de la ONU para el Sáhara Occidental, Staffan de Mistura, que el domingo se entrevistó con el líder del Frente Polisario, Ibrahim Gali, en los campamentos de refugiados de Tinduf (Argelia).

De Mistura es el funcionario italiano de la ONU elegido para desatascar el conflicto del Sáhara y poner fin al vacío de casi dos años y medio causado por la dimisión de su antecesor, el expresidente alemán Horst Koehler.

Koehler logró sentar a las partes de nuevo a la mesa, pero desde su renuncia la situación se ha deteriorado. Marruecos se siente más fuerte, gracias al espaldarazo que el expresidente de EEUU Donald Trump dio a su reclamación de soberanía sobre el Sáhara. Y el alto el fuego firmado en 1992 por Rabat y el Frente Polisario está en la práctica roto desde el desalojo de activistas saharauis del paso fronterizo con Mauritania de Guerguerat por fuerzas militares marroquíes en noviembre de 2020. 

La antigua provincia española fue ocupada por Marruecos en 1975 y desde 1991 está pendiente la celebración de un referéndum de autodeterminación al que Rabat se opone. 

España quiere reconstruir las relaciones con el vecino del sur pero se resiste a abonar el peaje de tener que declarar marroquí el territorio saharaui. La posición española es clave para Marruecos, según todas las fuentes consultadas por infoLibre, porque sin su visto bueno será imposible conseguir que la Unión Europea en su conjunto desbarate el sueño de un Sáhara independiente. El Gobierno de Sánchez, igual que sus antecesores —también los del PP— se mantiene firme en que la solución pasa por el referéndum que promueve Naciones Unidas.

De momento ningún actor internacional importante ha seguido la senda de Estados Unidos y ha reconocido el Sáhara como parte integral de Marruecos. Ni siquiera Francia, que es su aliado más importante en Europa. 

Marruecos es capital para la política exterior española y Rabat lo sabe. Hace años que nuestros vecinos reciben dinero por cumplir funciones de contención de la inmigración irregular, lo que no les impide graduar su eficacia a la hora de supervisar el tránsito de personas que quieren llegar a Europa en función de sus intereses.

Tanto es así que el Gobierno español ha acabado por “subcontratar el control” de la frontera. El mismo día que Marruecos abrió su frontera en Ceuta, el Consejo de Ministros aprobó destinar 30 millones a financiar a la policía marroquí.

Como telón de fondo está además la relación comercial: España es el principal socio comercial de Marruecos y a Marruecos también le interesa el “enganche económico” con España y con la Unión Europea. 

Entretanto, el Frente Polisario se muestra comprensivo con la necesidad del Gobierno de Pedro Sánchez de recomponer sus relaciones en Marruecos pero se mantiene vigilante para impedir que ese objetivo sirva de excusa para no defender los derechos humanos en la región. Pero “intentar agradar constantemente” al Gobierno de Rabat “no es el camino correcto”, sobre todo si tiene consecuencias para los activistas saharauis que sufren la represión del reino alauita, sostiene su representante en España, Abdulah Arabi.

También el Polisario otorga una enorme importancia a la posición española no sólo porque siguen considerando a nuestro país como la potencia colonial administradora, a pesar de que el Gobierno rechaza esta condición, sino porque tiene un efecto arrastre con el resto de la Unión Europea.

La justicia europea dio hace pocos meses a los representantes del pueblo saharaui una carta trascendental que complica aún más la solución del conflicto: el fallo que ilegalizó los acuerdos de pesca en aguas saharauis que Bruselas había pactado con Marruecos. Quien quiera operar en la zona “tiene que contar con el pueblo saharaui”, proclaman desde entonces los dirigentes del Polisario.