Sáhara Occidental

El Polisario advierte que el "empeño" del Gobierno en "no molestar" a Marruecos pasa factura en derechos humanos

El líder del Frente Polisario y presidente de la República Árabe Democrática Saharaui (RASD), Brahim Gali, visita el campo de refugiados de Dajla.

Fernando Varela

El Frente Polisario se muestra comprensivo con la necesidad del Gobierno de Pedro Sánchez de recomponer sus relaciones en Marruecos pero asegura que eso no puede servir de excusa para no defender los derechos humanos en la región.

“Entendemos que tiene como tarea primordial recuperar las relaciones con Marruecos; no tenemos nada contra eso”, asegura Abdulah Arabi, el delegado de la organización en España. Pero “intentar agradar constantemente” al Gobierno de Rabat “no es el camino correcto”, sobre todo si tiene consecuencias para los activistas saharauis que sufren la represión del reino alauita.

La preocupación del Polisario se centra en las últimas semanas en la activista Sultana Jaya. Ella y su familia, sostienen organizaciones prosaharauis y de defensa de los derechos humanos, sufren palizas y torturas desde que regresó a su ciudad natal procedente de España a finales del año pasado, el 19 de noviembre de 2020. Allí soporta desde entonces el asedio de la policía en su casa de Bojador, en el noroeste del Sáhara Occidental ocupado por Marruecos, sometida a arresto domiciliario forzoso, malos tratos y torturas, según las mismas fuentes.

Esta última semana, el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, denunció esta situación en la Cámara alta y pidió explicaciones al ministro de Exteriores. José Manuel Albares no ofreció información alguna y se limitó a afirmar que para defender los derechos humanos hace falta “inteligencia”. La política exterior y la diplomacia requieren discreción, no contar, no debatir abiertamente ciertos casos”, reprochó a Esteban en referencia a la situación de Jaya.

El Polisario insiste en que siempre ha apostado por el entendimiento entre España y Marruecos porque las buenas relaciones entre ambos países “son necesarias incluso para el Sáhara”. “Pero lo que no vamos a aceptar es que esa recuperación de relaciones y ese entendimiento se hagan en detrimento de la aspiraciones del pueblo saharaui”, advierte Arabi. Buscar un nuevo clima con Rabat tiene que ser “compatible” con la defensa de los derechos humanos, algo que no cree que el Gobierno español esté llevando a cabo. Ni siquiera “con discreción”. “Hay que denunciar y exigir escrupuloso respeto” y eso “no se está haciendo”. Se está dejando a Marruecos que haga lo que quiera en el territorio saharaui ocupado.

El malestar del Polisario con la actitud del Gobierno se extiende al PSOE. Y en particular a la decisión de este partido de respaldar en el Parlamento Europeo, junto a la extrema derecha, la candidatura de la golpista boliviana Jeanine Áñez al Premio Sájarov en detrimento de Susana Jaya. “Eso demuestra un trasfondo político” que no es otro que querer “agradar a Marruecos” a costa de la defensa de los derechos humanos y eso es una “decisión errónea”.

Pese a estos reproches, el Frente Polisario, cuyo líder y presidente de la República Saharaui, Brahim Gali, es el centro de una investigación judicial contra el Gobierno por haber autorizado que recibiese tratamiento médico en España el pasado mes de mayo, mantiene una “interlocución permanente” con el Ejecutivo que la delegación española de la organización califica de “aceptable”.

“Pero notamos mucha preocupación en que esos encuentros no influyan negativamente en el objetivo de restablecer relaciones con Marruecos”, reconoce su delegado en España, cuando en realidad las relaciones internaciones “deben basarse en principios básicos de respeto mutuo, no injerencia y soberanía para reunirse con quien se quiera”.

“Agradecemos la interlocución”, insiste Arabi, “pero [España] debe hacer algo más que limitarse a indicar que el tema se tiene que solucionar en Naciones Unidas. Tiene que ser parte activa de la solución” e indicar “el camino a seguir”. “Y si consideran que la autonomía [dentro de Marruecos] es viable”, como opina Rabat, “deben proponer un referéndum” que incluya también la independencia como opción.

Efecto arrastre

El Polisario otorga una enorme importancia a la posición de España no sólo porque siguen considerando a nuestro país como la potencia colonial administradora, a pesar de que el Gobierno rechaza esta condición, sino porque tiene un efecto arrastre con el resto de la Unión Europea. “Hay muchos países europeos a los que el tema no les pilla de cerca y se sitúan detrás de España para ver hacia dónde camina”. De ahí que el Polisario pida algo más que seguir escudándose en “el discurso ambiguo” que durante años se ha limitado a esperar que la solución venga de la mano de Naciones Unidas.

Que el Gobierno se ponga de perfil “no concuerda con lo que se espera de España”, que es “un papel activo, firme y determinante” en justa correspondencia con su condición de “potencia administrativa”. Porque fue precisamente “su abandono” lo que “ha creado la situación que persiste hoy en día”. Y eso tiene consecuencias no sólo en el territorio ocupado del Sáhara Occidental sino en toda la región, como demuestra la ruptura de relaciones entre Marruecos y Argelia. El Magreb, recuerda Arabi, es “vital para la política exterior española”, pero hace falta que incluya una estrategia de solución para el Sáhara.

En este contexto, la justicia europea ha otorgado además al Polisario una carta trascendental que los representantes del pueblo saharaui quieren jugar: el fallo que ilegalizó los acuerdos de pesca en aguas saharauis que Bruselas pactó con Marruecos. Fue “una victoria histórica y trascendental”, porque establece que quien quiera operar en la zona “tiene que contar con el pueblo saharaui”.

La reciente intervención del ministro de Exteriores en el Congreso parece confirmar la tesis del Polisario: el Gobierno de Pedro Sánchez no está dispuesto a poner en peligro la reconstrucción de las relaciones con Rabat, aunque sea a costa del Sáhara.

En su intervención en el Congreso de esta semana, Albares ni siquiera reconoció que España tenga un papel que cumplir en la resolución del conflicto. “A ningún Estado le gusta tomar medidas y que se pueda pensar que son terceros los que le obligan o que las toman por ellos”, explicó justificando a Marruecos. “No hay otra forma que ser inteligente y, por lo tanto, discreto”. Las relaciones “de buena vecindad son algo muy importante”, admitió el ministro, “pero jamás se anteponen a la defensa y la promoción de los derechos humanos”.

“Inteligencia sí, pero un año llevamos ya” de arresto domiciliario y malos tratos a Susana Jaya y a su familia, se quejó el portavoz del PNV. “Si tan buenas relaciones tenemos con Marruecos, si son amigos, más razones habrá para poder acercarse e impedir situaciones que son inaceptables”.

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