Estados Unidos ha acusado a los dos fundadores chinos de una plataforma de intercambio de criptomonedas de violar varias leyes contra el lavado de dinero, lo que –según los fiscales– ayudó a criminales y financiadores de terroristas a lavar miles de millones de dólares.

Chun Gan y Ke Tang operaban el negocio de transmisión de dinero no autorizado KuCoin e ignoraron de manera consciente las medidas contra el lavado de dinero destinadas a evitar que criminales y financiadores de terroristas movieran libremente sus fondos ilegales por el mundo, aseguran las autoridades estadounidenses.

"Hemos destapado uno de los mayores entramados de intercambio de criptomonedas a nivel global. Nuestra investigación ha descubierto su verdadera naturaleza: una presunta conspiración criminal valorada en miles de millones de dólares", ha declarado Darren McCormack, agente especial de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés).

Los dos socios fundaron la plataforma de intercambio de criptomonedas en 2017 y pronto consiguieron más de 30 millones de clientes que negociaban con miles de millones de dólares diariamente. En su apogeo, KuCoin fue listado públicamente como uno de los cinco principales sitios de intercambio de criptomonedas.

Debido a su éxito, KuCoin se vio obligada a cumplir con la Ley de Secreto Bancario de Estados Unidos, implementando programas de prevención de lavado de dinero (AML) adecuados. Estos programas incluían medidas de conocimiento del cliente (KYC) como la verificación de identidad, con el objetivo de evitar que las instituciones financieras fueran utilizadas por criminales para actividades ilícitas.

Sin embargo, los fiscales afirman que Gan y Tang buscaron conscientemente eludirlas.

"Al no implementar siquiera políticas básicas contra el lavado de dinero, los acusados permitieron que KuCoin operara en la sombra de los mercados financieros y fuera utilizado como refugio para el lavado de dinero ilícito", ha dicho el fiscal Damian Williams. Además, asegura que la plataforma recibió más de 5.000 millones de dólares (unos 4.600 millones de euros) en fondos sospechosos y envió en torno a 3.600 millones de euros a clientes vinculados a actividades criminales.

Por ejemplo, KuCoin no incorporó ningún sistema de verificación de identidad en sus protocolos KYC hasta al menos julio de 2023, aproximadamente seis años después del inicio de sus operaciones.

Solo después de recibir la notificación de una investigación criminal federal sobre sus actividades, KuCoin finalmente implantó un programa KYC adecuado, pero esta medida se aplicó sólo a los nuevos clientes. Millones de sus clientes existentes quedaron exentos y no tuvieron que someterse a un proceso de identificación para continuar operando en el sitio.

Además, nunca se presentó un informe de actividad sospechosa sobre ninguno de los millones de traders de KuCoin. Las autoridades también afirmaron que ni Gan ni Tang se registraron siquiera en la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EEUU como un negocio de transmisión de dinero.

Los fiscales alegan que ambos socios ocultaron activamente la existencia de sus clientes estadounidenses para poder operar al margen de la legislación contra el lavado de dinero de Estados Unidos. La plataforma aseguró a sus usuarios que podían comerciar con cuentas no verificadas y afirmó en Twitter –ahora X– en 2022 que "KYC no es compatible con los usuarios de EEUU, sin embargo, no es obligatorio en KuCoin hacer KYC".

Como resultado, la plataforma atrajo a numerosos criminales que buscaban lavar miles de millones de ganancias fraudulentas, según los investigadores. Los miles de millones que KuCoin ganó en comisiones muestran que su política de no-KYC fue fundamental para su crecimiento y éxito, según han declarado los fiscales.

Las operaciones de Gan y Tang también los pusieron en contacto con entidades sancionadas por el Departamento del Tesoro de EEUU. Según la acusación, KuCoin recibió más de 3,2 millones de dólares (2,9 millones de euros) en criptomonedas de Tornado Cash, un mezclador de moneda virtual incluido en una lista negra en 2022 por su relación con ciberdelincuentes.

En 2023, dos de los fundadores de Tornado Cash fueron igualmente acusados por presuntamente lavar dinero para piratas informáticos vinculados al Grupo Lazarus, una organización de ciberrobo patrocinada por el Estado norcoreano.

Gan y Tang siguen en libertad con cargos por conspiración para violar la Ley de Secreto Bancario y conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero no autorizado. Cada uno de estos cargos, en caso de condena, conlleva una sentencia máxima de cinco años.

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Traducción de Ana Fuente Díaz

Parte del dinero sospechoso que la exvicepresidenta del Parlamento europeo Eva Kaili y su pareja, Francesco Giorgi, recibieron de Qatar, Marruecos y Mauritania lo blanquearon invirtiéndolo en efectivo para comprar un piso en el número 6 de la calle Wiertzstraat, en Ixelles (Bruselas). Eso es lo que ha revelado la investigación judicial. Aún no está del todo claro cuál fue la cantidad exacta. Durante un registro efectuado el pasado 31 de mayo en Gante a la vendedora del piso, los investigadores encontraron 80.000 euros en efectivo. Así consta en la información a los que ha tenido acceso el periódico flamenco De Standaard, en colaboración con la red European Investigative Collaborations (EIC), a partir de documentos compartidos por el diario belga Le Soir. infoLibre publica este trabajo en exclusiva en España.

Pero quizás los 80.000 euros sólo eran una parte del dinero recibido. Según los cálculos de la Policía belga, Giorgi pagó al menos 100.000 euros en dinero negro por la compra del apartamento. Esa sería la mayor cantidad de dinero que los investigadores han podido rastrear procedente de Qatar, Marruecos y Mauritania y que el matrimonio Kaili-Giorgi invirtió ilegalmente. Ambos están acusados de corrupción, blanqueo de capitales y pertenencia a una organización criminal por el escándalo conocido como Qatargate, que provocó una conmoción sin precedentes en la Unión Europea.

Francesco Giorgi tenía un problema de liquidez. Pero no como los que suelen padecer los ciudadanos de a pie. El del asistente parlamentario italiano era blanquear el dinero en efectivo que había recibido a lo largo de los años por su trabajo para el exeurodiputado Antonio Panzeri. Cuando durante el interrogatorio al que fue sometido el 13 de diciembre de 2022 confesó haber recibido dinero de Qatar y Marruecos, lo detalló: “Había 600.000 euros en mi casa. Los he estado ahorrando desde 2019. Pero no he podido utilizarlos porque la norma europea [para pagos en efectivo] marca un límite de 3.000 euros. Me encuentro en una situación paradójica. Tengo mucho dinero, pero no sé qué hacer con él”.

Giorgi se equivocó sobre la cantidad que había acumulado, porque guardaba más de 600.000 euros en su piso, según la investigación. Cuando la Policía detuvo al padre de Eva Kaili en un hotel de Bruselas el 9 de diciembre de 2022, llevaba 720.800 euros en una maleta, que había sacado del piso de su hija una hora antes. Kaili le había hecho salir de la vivienda con la maleta al enterarse de que su marido había sido detenido.

En ese piso, donde Kaili y Giorgi vivían con su hija pequeña, los investigadores encontraron entonces otros 157.555 euros. Por tanto, el total en el piso de Eva Kaili y Francesco Giorgi sumba 878.355 euros en efectivo.

En el momento de la detención, el matrimonio Kaili aún no vivía en el dúplex que habían comprado a una mujer de Gante el 13 de octubre de 2022, poco menos de dos meses antes de que estallara el Qatargate. El nuevo piso estaba situado en el número 6 de la calle Wiertz, en el mismo edificio que otro piso más pequeño, en el portal número 4, donde vivían Giorgi y Kaili en el momento de la detención.

El precio de venta del dúplex era de 650.000 euros. Los investigadores descubrieron que Giorgi depositó 65.000 euros de fianza en la cuenta del notario antes de la compra, el 31 de agosto. El resto se pagó mediante transferencias de dinero procedentes de la cuenta separada de Eva Kaili y Francesco Giorgi, y de un préstamo bancario. Pero todo parece indicar que, además de esa cantidad, se pagó un mínimo de 80.000 euros en efectivo. Así, Kaili y Giorgi abonaron un mínimo de 730.000 euros a la vendedora.

Durante su interrogatorio del 13 de diciembre de 2022, en el que se le preguntó por la compra, Giorgi no habló del dinero en efectivo utilizado para adquirir el piso. Según explicó, todo se pagó legalmente con facturas y con un préstamo. Eva Kaili, sin embargo, había contado a la policía una versión diferente tres días antes. Según ella, parte del dinero en efectivo que los investigadores habían encontrado en el piso era dinero que su marido había pedido prestado para comprar el apartamento. Cuando le preguntaron de dónde procedía ese dinero, Eva Kaili respondió: “Yo no puedo explicarlo, pero mi marido sí”.

De que Giorgi pagó parte de la compra en efectivo no hay ninguna duda. Porque lo que el asistente parlamentario no sabía es que en el momento en que estaba gestionando la compra del dúplex, en septiembre de 2022, su teléfono ya había sido pinchado por el VSSE, el servicio secreto belga. Y en esas conversaciones telefónicas se escucha claramente cómo Francesco Giorgi presiona para que parte de la compra se abone en metálico.

El 2 de septiembre, entre las 8.20 y las 9.15, Francesco Giorgi llama a la propietaria del dúplex. “Entonces, K., podemos vernos mañana en mi casa. Podemos hablar en persona a las nueve, tomando un buen café. Solucionamos todas estas cosas y luego vamos juntos al notario, a las 9.30, está al lado. Creo que en la plaza de Luxemburgo”. El VSSE concluye: “Es más que probable que Giorgi pagara al contado una parte del dinero para comprar un piso. Probablemente serán unos 100.000 euros. El 70% lo pagará al firmar la escritura”.

Cuando habla con Giorgi, la vendedora duda de que vaya a cumplir su palabra. Pero el asistente parlamentario la tranquiliza: “¿Puedo decirle otra cosa? También [hay que tener en cuenta] la posición de Eva, que es una persona políticamente expuesta. No podemos meter la pata, entrando en un caso judicial o cosas así. Preferimos hacer las cosas bien. Y creo que contigo han ido muy bien hasta ahora”.

No está claro si Eva Kaili estaba presente en la reunión en la que su marido y la vendedora hablaron del pago del dinero negro ese 3 de septiembre. Tampoco se sabe con certeza si Giorgi y Kaili fueron interrogados más a fondo por la policía sobre la venta. Lo que sí es cierto es que 80.000 euros de la venta del piso el 31 de mayo se encontraron en casa de la vendedora. A día de hoy, esa cantidad parece ser el elemento más evidente de cómo Giorgi –¿y Kaili?– blanquearon el dinero de los sobornos.

En la entrevista que Eva Kaili concedió a EIC, dio la siguiente respuesta a las preguntas sobre la compra del apartamento: “La Policía no me ha preguntado al respecto y no lo he visto en el expediente, por lo que no puedo hacer ningún comentario al respecto. Pago todo desde mi cuenta bancaria. Pago todo con mi salario. No tengo cuentas bancarias en Panamá, Chipre o Suiza. La Policía controla todo tres veces”. Además, aseguró que no estuvo presente en la primera firma del dúplex. “Pedí un préstamo para la casa. Francesco tenía dinero en nuestra casa y tenía su salario […] Pero no hablaré sobre la defensa de otra persona”.

Esa persona es su pareja, Francesco Giorgi, que no ha querido responder a las preguntas que le ha hecho llegar EIC. Cuando la red de medios de investigación se puso en contacto con K. S., la mujer que vendió el apartamento, respondió únicamente que “prefería no reaccionar”.

El PSOE de Ourense ha acudido a Fiscalía para que "se practiquen diligencias" para determinar el alcance de las irregularidades a las que apuntan los audios difundidos a lo largo de estos días por La Región y La Voz de Galicia con el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome (Democracia Ourensana) como protagonista.

El candidato del PSOE a la Alcaldía, Paco Rodríguez, ratificó el paso —que ya se ha formalizado, según las fuentes consultadas por Europa Press— en una comparecencia ante los medios en esta jornada, tras constatar la "profunda preocupación" que genera a los socialistas la situación derivada de las grabaciones.

Entre otras cuestiones, en los audios difundidos por La Región, Jácome habla con alguien de su confianza de recaudar dinero en B para la campaña —llega a citar a determinadas empresas o personas vinculadas— y, ante las dudas de su interlocutor sobre cómo piensa blanquear los recursos, le tranquiliza apuntando a "donaciones". "A nivel fiscal controlo yo, no soy tan chapuzas", apostilla el regidor.

El socialista Paco Rodríguez ha puesto el foco en que, en las nuevas grabaciones difundidas, "se empiezan a ver empresas", por lo que considera que los hechos adquieren "otra dimensión". "Creo que estamos ante una trama de consecuencias que yo soy incapaz de abordar hasta donde pueden llegar", ha esgrimido.

Rodríguez subraya que, una vez que se deberían haber dado pasos "en el territorio de la Justicia —como la "dimisión" de Jácome—, pero esto no ha sucedido ni hay visos de que vaya a producirse, ahora se está "en el territorio de la Justicia".

Así, el dirigente socialista ha remarcado que es preciso que la Justicia "actúe" y ha lamentado también los efectos de este escenario para la "imagen" de Ourense, a quienes, bajo su punto de vista, se está identificando en los medios estatales como "la ciudad de Pancho Villa".

El turismo había empezado a esbozar una tímida sonrisa. Tras un 2020 lúgubre, con menos de 19 millones de viajeros extranjeros, un 77% de caída respecto a 2019, al fin empezaban a aflorar datos prometedores. En los primeros diez meses del año, habían venido 24,8 millones de turistas internacionales, un 33% de los llegados en 2019. Parece poco, pero la flecha apuntaba hacia arriba. España recibió en agosto, septiembre y octubre un 51%, 53% y 67% de los extranjeros que en en los mismos meses de 2019. Octubre fue el mes en que llegaron más pasajeros procedentes de aeropuertos internacionales desde que empezó la pandemia: 5,5 millones. La ministra del ramo, Reyes Maroto (PSOE), se había fijado el objetivo de recuperar en 2021 la mitad del turismo extranjero de 2019, lo que implicaba también una recuperación de los índices de gasto. Dinero fresco para la economía en un sector machacado que desde marzo de 2020 ha dejado de ingresar 167.000 millones de euros, según la patronal Exceltur. Pero el covid-19 ha venido congelar esa sonrisa. El propósito del Gobierno se complica.

Con parte de Europa reviviendo ya la pesadilla y el mundo en alerta ante la evolución de la variante ómicron, la conversación turística ha vuelto al campo semántico maldito: restricciones, cierres, bajadas... La Organización Mundial de Turismo (OMT), que ha estado reunida esta semana en asamblea en Madrid, ha alertado de que las tasas de vacunación desiguales y las nuevas cepas de covid-19 “podrían afectar la recuperación ya de por sí lenta y frágil”. La tensión económica y la interrupción de las cadenas de suministro también afectarán negativamente a la demanda, añade la OMT.

Eso en lo que respeta a la situación global, de la que España no escapa. "Veníamos ya de un post-verano con unos meses bastante animados en cuanto a reservas, también desde que Estados Unidos facilitó el viaje hacia Europa y el mercado alemán empezó a mostrar cifras interesantes de reservas. Pero, ya a principios de noviembre, Centroeuropa, Benelux y Austria mostraron signos de incremento del covid y se empezó a notar en cancelaciones. Este puente volverá a ser bueno por el turismo interno, pero en las navidades supongo que volveremos a tener cifras de turismo internacional muy bajas", explica el consultor turístico David Mora, que apunta también a las "políticas sumamente erráticas" de Reino Unido, disuasorias y confusas incluso para viajeros que pudieran tener en interés en venir. El mayor impacto, señala Mora, se produce en Canarias, donde la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo (FEHT) ha guardado ya en el cajón el discurso optimista de la salida del verano y alerta de un impacto observable en las reservas debido principalmente a la "incertidumbre", por lo tanto susceptible de empeorar con nuevas noticias inquietantes.

Hosteltur, un portal orientado a profesionales y empresas del sector, señala que "el repunte de los contagios, la aparición de la nueva variante ómicron, las restricciones a la movilidad que están decretando los gobiernos de diferentes países y el temor a nuevos confinamientos han tenido un efecto casi inmediato en la demanda turística para la temporada de invierno". España es uno de los destinos más afectados, señala Hosteltur, que procesa datos de la plataforma TravelgateX. Antes del empeoramiento de la pandemia, los crecimientos de reservas de hotel habían empezado incluso a superar los de 2019, pero ahora hay una "desaceleración" que está siendo especialmente dura en Canarias, Andalucía, Madrid, la Comunidad Valenciana y Cataluña, según Hosteltur.

Hasta ahora el sostén ha sido el turismo español, con más del 70% de las reservas de hotel. El segundo mercado es Reino Unido, con una cuota alrededor del 10% desde el verano que ahora vuelve a bajar y se sitúa en el 8,3%. Los principales temores de los altavoces del sector son dos: 1) Que las restricciones asfixien la llegada de extranjeros. 2) Que el problema se acabe trasladando al turista nacional, auténtico salvavidas durante la pandemia. Un dato: las pernoctaciones de los españoles en hoteles se situaron en octubre por encima de los niveles prepandemia, superando los 9,5 millones.

Carlos Abella, secretario general de la Mesa del Turismo, en declaraciones a Negocios TV, describe un clima de "incertidumbre total" y "temor". El anuncio de la nueva variante se notó "de entrada" un "parón en las reservas", que "lamentablemente" ya se ha extendido a las cancelaciones, afirma.

"Hay preocupación", explica a infoLibre José Luis Yzuel, presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería de España, porque las noticias "nos retrotraen" al escenario de pandemia dura. "Tras una fase de crecimiento exponencial de las reservas, ahora se produce una minoración", añade. No obstante, Yzuel expresa "confianza" en que no haya un empeoramiento "exagerado" de la situación sanitaria y la progresión de las vacunas eviten que llegar a situaciones dramáticas.

Las noticias de cancelaciones de hoteles y restaurantes, con estimaciones provenientes del sector, se extienden por buena parte de España. En la mayoría de los casos, se habla de "goteo" de cancelaciones, sobre todo de comidas de empresas que no quieren arriesgar. En ocasiones, hay cálculos. En Sevilla, siempre con datos del sector, se suspenden un 20% de las comidas de Navidad reservadas. En Aragón, un 40%. No hay que olvidar que el Ministerio de Sanidad ha recomendado ya expresamente limitar en lo posible el número de participantes en eventos sociales. El Gobierno no contempla de momento un escenario de restricciones, pero el mensaje que lanza se ha oscurecido.

Aurora Pedro atiende a infoLibre tras participar en la asamblea de la Organización Mundial de Turismo (OMT), organismo del que es consultora. A su juicio, el nuevo escenario de restricciones enfrenta al sector turístico en España a la evidencia de que la pandemia no va a ser un un simple paréntesis, sino un fenómeno que va a desplegar efectos de amplio alcance y que junto al cambio climático obliga a algunos replanteamientos. "Esta pandemia no se va a erradicar fácilmente. Toca aceptarlo para ser realistas. Este verano había un enorme optimismo, pero lo cierto es que, hasta que no esté todo el mundo vacunado, y me refiero a todo el planeta, la situación no va a estar controlada", explica la profesora de Economía Aplicada de la Universidad de Valencia.

La pandemia, explica, ofrecía un escenario propicio para reflexionar sobre el turismo y cuestionar a fondo el paradigma del "crecimiento desbocado". ¿Se ha aprovechado? "La idea de que no podemos seguir así va calando, pero queda mucho por hacer. Creo que la línea a seguir no es destacar y perseguir más y más visitantes, sino plantearse qué estamos haciendo, para qué, qué nivel de contaminación provoca lo que hacemos, qué interés tiene...", explica.

En la misma línea de preocupación por las prisas por un regreso poco reflexionado a las mismas prácticas se ha expresado Javier Blanco en un artículo en este periódico: "Una nada desdeñable corriente de opinión continúa instalada en recuperar tal cual los números, premisas y prácticas que se venían llevando a cabo justo antes del estallido de la pandemia". Pedro se muestra consciente de la dificultad de un sector del que cuelga entre un 11% y un 14% del PIB y el empleo de pararse a pensar, porque las urgencias mandan. Pero cree que es "imprescindible" abrir el debate sobre la "excesiva dependencia del turismo".

"Necesitamos una economía más diversificada. Se está viendo que las crisis nos afectan mucho. Y necesitamos plantearnos a fondo el impacto ecológico y enfocar la investigación a la sostenibilidad del transporte y las energías alternativas", afirma. No es excesivamente optimista sobre la autocrítica del sector o la consolidación de experiencias puesta en marcha con la crisis, con una mayor apuesta por el turismo rural y en la llamada "España vaciada". "Creo que, en la medida en que vuelva la normalidad, se volverá a reforzar el sol y playa", expone.

Al igual que Pedro y Blanco, el miembro del Grupo de Investigación sobre Sostenibilidad y Territorio de la Universitat de Illes Balears Macià Blázquez señala que la pandemia ha servido para la apertura de "espacios de reflexión" en torno a iniciativas de turismo de proximidad, hoteles que respetan derechos laborales y oferta en la "España vaciada". También, añade, sobre el agudo problema de la precariedad. No obstante, afirma: "Las principales tendencias vienen marcadas por el capital, que pretende retomar ya el crecimiento y volver al turismo de masas, en una dinámica de fusiones y adquisiciones. A eso se suma el turismo de lujo como refugio de clases pudientes".

¿Y las administraciones? Hay de todo, señala Blázquez, pero "la tendencia generalizada es a seguir igual. Parece que a nadie le termina de entrar la idea de que no puede ser. El propio Gobierno, en sus estrategias [aquí y aquí] continúa hablando de 'crecimiento sostenible'. ¡Ni siquiera de desarrollo sostenible! No, dicen 'crecimiento'", señala Blázquez, que cree que este enfoque lleva a "contradicciones" como el haber puesto encima de la mesa proyectos tan ecológicamente criticados como la ampliación del aeropuerto de El Prat.

El consultor David Mora señala que, aunque es imposible dar en un solo brochazo una visión de conjunto por la pluralidad de destinos en el sector turístico, "la idea de cambio ya está inoculada" y ahora le toca "avanzar". Pone sobre la mesa algunos conceptos clave: "sostenibilidad", "programas de compensación de huella de carbono", "énfasis en la calidad de vida del residente", "más gasto de gestión y menos de promoción"... Y reclama superar la narrativa turística en torno a la carrera del número de visitantes y pone el foco en estancia media, pernoctaciones, gasto promedio, satisfacción, índice de repetición...

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz escuchará a las partes personadas en la causa de las llamadas comisiones finalistas de la contabilidad opaca del PP sobre si reclamar las agendas de los ministerios de Fomento y de sus respectivos titulares durante los gobiernos de José María Aznar, tal y como le había solicitado la Abogacía del Estado, en un último intento por alargar esta investigación que comenzó en 2013 con la publicación de los papeles de Bárcenaspapeles de Bárcenas, que ya se archivó una vez y fue reabierta en 2017.

La diligencia de la Abogacía se basa en la declaración que prestó el pasado mes de julio el extesorero del PP Luis Bárcenas, quien aseguró que todos los ministros de las carteras de Fomento y Medio Ambiente con el PP tenían trato con donantes de la caja b. "Al final, conseguir que te reciba un ministro o un secretario de Estado no es sencillo. Simplificando, y aunque no fuera nuestro planteamiento, eso vale dinero en cualquier sitio, el tener las puertas abiertas y la posibilidad de acceso", expuso, mencionando expresamente a Francisco Álvarez-Cascos.

Unos días después de la comparecencia de Bárcenas, Pedraz optó por no prorrogar las pesquisas dedicadas a determinar si los empresarios que habrían nutrido con sus donaciones la contabilidad irregular del PP tenían el objetivo de conseguir a cambio adjudicaciones concretas de contratos públicos, las llamadas comisiones finalistas. Esto trajo como consecuencia que la fase de instrucción concluyera el 29 de julio, cuando estaba previsto que caducara conforme a los nuevos plazos procesales, y aún estaba pendiente que el magistrado decidiera si archivar la investigación o dictar auto de procesamiento.

Visitas, agendas y movimientos de dinero

Justo el día 29 de julio entró en el Juzgado Central de Instrucción número 5 el escrito de la Abogacía del Estado solicitando las nuevas diligencias. En concreto, tres. En primer lugar, que se requirieran los registros de entrada y salida o de visitas del Ministerio de Fomento, la Secretaría de Estado de Infraestructuras, la Dirección General de Carreteras y las empresas públicas implicadas, así como de la Constructora Hispánica, "durante el periodo de tiempo señalado por Luis Bárcenas en su declaración, esto es, de 1996 a 2004".

De igual modo, pedía que se indagara en la "agenda oficial" de los ministros de Fomento en esa misma época, que se corresponden con Rafael Arias-Salgado (1996-2000) y Francisco Álvarez-Cascos (2000-2004), así como las de los secretarios de Estado de Infraestructuras, directores generales de Carreteras y responsables de dichas empresas públicas en aquellos años, además de la del entonces presidente de Constructora Hispánica, Alfonso García Pozuelo.

Por último, reclamar a la Agencia Tributaria "los expedientes tramitados de inspección y sancionadores con posterioridad a 2003 en relación al riesgo fiscal por movimiento de billetes de 500 euros, así como operaciones de movimientos de efectivo efectuadas tanto por la persona jurídica de Constructora Hispánica como por la persona física de Alfonso García Pozuelo".

Sin embargo, el instructor rechazó cuatro días después las diligencias propuestas por la Abogacía del Estado. Lo hizo sin consultar al resto de partes personadas en el procedimiento y mediante una providencia en la que se limitaba a afirmar que no había lugar "dado que ha concluido el plazo de investigación judicial". Pasado el periodo inhábil de agosto, la acusación popular que ejerce el PSPV ha recurrido la decisión de Pedraz, reprochándole que no entrara a valorar la "pertinencia, utilidad y necesidad de las mismas por una cuestión estrictamente formal" como es la conclusión del plazo de instrucción. 

El último día

Según el escrito, consultado por este periódico, la acusación remarca que "cuando la Abogacía del Estado solicitó la práctica de dichas diligencias, la instrucción no había concluido", pues era "el último día", por lo que la petición se realizó "dentro del plazo". "Si la Abogacía del Estado solicitó la práctica de las diligencias antes de que expirara el plazo de instrucción, como así sucedió, el magistrado instructor debe pronunciarse sobre la necesidad y pertinencia de la mismas, acordando su práctica si fueren procedentes", explica. En su opinión, "la resolución que procede es la admisión de las diligencias, pues a la vista del contenido de los informes, las mismas resultan necesarias para el esclarecimiento de los hechos investigados en los términos que expone la parte proponente".

Pues bien, en una providencia posterior, de fecha 10 de septiembre, Pedraz acepta dar traslado del escrito de la acusación popular a la Fiscalía Anticorrupción y el resto de partes personadas en la causa, que se pronunciarán sobre la pertinencia o no de las diligencias planteadas por la Abogacía del Estado si, como subraya el PSPV, fueron solicitadas el último día de la instrucción. Tal y como afirma en el recurso, "el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal prevé la práctica, una vez finalizado el plazo de instrucción, de aquellas diligencias que ya hubieren sido acordadas durante la vigencia del mismo y esta previsión legal debe ser aplicada a aquellas diligencias que, aun cuando no hubieren sido acordadas antes de la expiración del plazo, si hubieren sido solicitadas antes de dicha fecha pues, en caso contrario, un retraso en la decisión sobre la admisión de la pruebas determinaría que éstas, pese a que fueren necesarias, no pudieran ser acordadas, que es precisamente lo que sucede en el presente caso".

La de las comisiones finalistas es una de las piezas separadas que se abrieron en la Audiencia Nacional a raíz de la publicación de los papeles de Bárcenas, la contabilidad en b del PP que ya ha sido probada por el Tribunal Supremo. La otra rama de la investigación. la del supuesto pago con dinero negro de la reforma de la sede central del partido en la calle Génova, ha sido juzgada este mismo año y está pendiente de sentencia, la cual se prevé para este otoño. 

El diputado de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, ha anunciado este martes que su formación está ya en conversaciones con otras como Más País-Equo y los partidos independentistas para solicitar formalmente que la Cámara Baja abra una investigación sobre las supuestas actividades ilícitas cometidas por Juan Carlos I que esclarezca también si se lucró con el tráfico de armas.

En lo que va de legislatura se han registrado ya 13 peticiones de comisiones de investigación sobre el rey emérito, la última a finales de junio con la firma de Más País-Equo, Compromí y los partidos independentistas, ha recordado Europa Press.

Cuando esa iniciativa aún está pendiente de calificación por la Mesa del Congreso, Baldoví ha anunciado que estas formaciones están preparando una nueva petición tras publicar el diario Público que Juan Carlos I habría reunido su fortuna con el dinero que obtenía por la venta de armas a países árabes junto a su amigo Manuel Prado y Colón de Carvajal y el traficante de armas Adnan Khashoggi.

No nos vamos a cansar

La Mesa del Congreso, con los votos de PSOE, PP y Vox ha venido rechazando la tramitación de todas las iniciativas destinadas a investigar las actividades del padre de Felipe VI, alegando que la Cámara no puede ejercer el control sobre el jefe del Estado y que su figura es "inviolable", según la Constitución.

Por eso Baldoví ha vuelto a dirigirse a estos partidos, especialmente al PSOE para que dejen de "tapar" las supuestas irregularidades del padre de Felipe VI y permitan que el Congreso esclarezca si, entre otras cosas, montó "una empresa para la venta de armas con personajes tan oscuros como Khashoggi".

"Defaudar, blanquear, cobrar comisiones y traficar con armas no eran las funciones que le reservaba la Constitución", ha enfatizado Baldoví en una rueda de prensa en el Congreso, en la que ha dejado claro que su formación se va a "cansar" de exigir que se arroje "transparencia, luz y taquígrafos" sobre las actividades de Juan Carlos I.

–Me deja usted un panorama desolador.

–Si sigo hablando, lo puedo dejar aún peor. 

El primero que habla es el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón. El segundo, el inspector de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional Manuel Morocho, quien ha declarado este martes como testigo en relación con todos los años de "presiones" e intentos de sabotajes de su investigación sobre Gürtel y la caja b del PPGürtel que sufrió por parte de la cúpula policial del primer gobierno de Mariano Rajoy. Más de tres horas de declaración que aún no ha concluido, pues continuará el próximo viernes, según han informado a infoLibre fuentes presentes en la comparecencia.

Esas presiones de las que habla han ido saliendo poco a poco a la luz, a raíz de la investigación de la operación Kitchen, el operativo parapolicial financiado con fondos reservados para hacerse con documentación que el extesorero del PP Luis Bárcenas se habría llevado del partido tras ser despedido. En esta pieza separada del caso Villarejo, Bárcenas es el perjudicado de los actos de espionaje, pero Morocho, que como testigo estaba obligado a decir la verdad, se revela como una nueva víctima de una estrategia que parecía encaminada a acabar, o al menos entorpecer, las pesquisas del equipo del inspector tras la apertura, primero, del caso Gürtel y la publicación, después, de la financiación irregular del partido conservador. 

En este panorama de "presiones", como las ha llamado el inspector, éste ha situado a los que entre 2012 y 2016 fueron sus superiores en la UDEF, como el comisario José Luis Olivera, pero también al ex director adjunto operativo (DAO) Eugenio Pino, el máximo mando policial. Ha hablado de sobrecargas de trabajo con otros asuntos que le hacían ralentizar la investigación de Gürtel, intentos para que no señalara en sus informes a cargos políticos del PP –incluido el empresario Ignacio López del Hierro, marido de la exsecretaria general María Dolores de Cospedal– y atractivas ofertas de cambios de destinoGürtel mucho mejor remunerados para apartarle definitivamente de las pesquisas. 

Los apuntes de Villarejo encajan

Morocho ya había dado detalles en una anterior declaración judicial, en febrero de 2019, pocos meses después de que se abriera la investigación de Kitchen, pero esta nueva citación se ha producido a raíz del hallazgo de varios apuntes de los que el comisario jubilado José Manuel Villarejo dejó constancia en sus agendas recientemente incautadas. Para el inspector, esas anotaciones "encajan" ahora perfectamente en varios de los episodios que ha narrado en la Audiencia Nacional y que vivió hace años.

"ORTI. Aviso de problemas sobre el último informe de MOROC (Morocho)" es un ejemplo de esos apuntes. "ORTI" es José Luis Ortiz, jefe de gabinete de Cospedal, según los investigadores. La anotación es de abril de 2013, justo cuando el inspector estrechaba el cerco sobre los dirigentes del PP que aparecían citados en los papeles de Bárcenas. Fue, según Morocho, en las mismas fechas en que sus jefes le impidieron que incluyera en sus informes los nombres de los políticos del PP que habrían cobrado de la caja b, incluido Mariano Rajoy, lo que le llevó a incluirlos en los anexos y no en el documento principal que entregó al juez instructor del caso, que entonces era Pablo Ruz. Uno de los oficios de la UDEF también incluía a López del Hierro, pues para él era claramente el "López H" y el "López Hierro" de los apuntes del extesorero, pero sus superiores le volvieron a presionar: "Eso hay que cambiarlo ya".

La consigna que desde los mandos policiales intentaron que transmitiera al juez instructor era que si había algo detrás de los papeles de Bárcenas, "era cosa" del extesorero, "no del PP". Precisamente esta es la estrategia que han desplegado los antiguos dirigentes del partido en el último juicio en la Audiencia Nacional, donde han declarado como testigos, entre otros, Mariano Rajoy, María Dolores de Cospedal, Javier Arenas y Francisco Álvarez-Cascos. Es la defensa que ha mantenido el abogado de la formación, que está acusada como responsable civil subsidiaria.

Un mes después, otro apunte de Villarejo: "Morocho-Lisboa", lo que vuelve a cuadrar para Morocho: en junio de ese año, Olivera, ya como responsable del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), le ofreció un destacado puesto en la capital portuguesa de enlace para la lucha contra el narcotráfico, un área que nada tenía que ver con las responsabilidades que había desempeñado el inspector, por lo que no daba el perfil, tal y como han precisado las fuentes consultadas. 

Según Olivera, el entonces director de la Policía, Ignacio Cosidó, quería nombrar a alguien allí, pero Morocho lo rechazó. "Son 6.000 euros al mes y un puesto relajado", le insistió el director del CITCO. Morocho vuelve a declinar. "¿Dónde quieres irte? ¿A una embajada? ¿A cuál?", dice el inspector que le volvió a insistir. Y en esa cita, Olivera recibió una llamada telefónica, a la que contestó: "Hola, ministro. Estoy con él". El ministro era Jorge Fernández Díaz, ahora imputado en Kitchen. Esto llevó a Morocho a pensar que Fernández Díaz estaba al tanto. No obstante, cuando el juez le ha preguntado si aquello no podría ser un "teatrillo" de Olivera para impresionarle, el investigador ha concedido que eso no lo sabía. Pero no fue el único puesto que se le ofreció, pues según ha contado le tantearon hasta para la representación española en Naciones Unidas. Incluso, le llegaron ofertas de empresas privadas.

"Problemas" con sus informes

Morocho ha contado un sinfín de episodios que, aislados, podrían no tener importancia, pero que se sucedieron en el tiempo y que comenzaron ya en 2011 y siguieron hasta 2016. Y vinieron de todo tipo de personas en la escala policial. Olivera le llegó a decir en 2013 que sus informes sobre la contabilidad en b del PP estaban generando "problemas" y hasta le pidió que se los reenviara aunque él ya no era su jefe en la UDEF. También supo por casualidad que esos mismos informes estaban llegando al DAO Eugenio Pino, a pesar de que él sólo debía dar cuentas ante el juez Ruz, y que el comisario de confianza de Cospedal, Andrés Gómez Gordo, los estaba revisando. A Gómez Gordo, ha dicho, se lo intentaron asignar a su equipo de la investigación de la caja b, pero el inspector se opuso, siempre según las fuentes presentes en la declaración.

La presión llegó a tal punto que el inspector tuvo que llevar con especial sigilo la preparación del registro en la sede central del PP en la calle Génova de Madrid. Según asegura, se le llegó a plantear desde los mandos que debía cuestionar en sus informes la información del diario El País con los papeles de Bárcenas y que evitara relacionar un posible cohecho por la supuesta relación entre los empresarios donantes y la adjudicación de obra pública, a lo que se tuvo que volver a negar, defendiendo su investigación y garantizando que había indicios que apuntaban a esa contabilidad en negro que había manejado el extesorero durante casi veinte años. La caja b ya ha sido ratificada por dos sentencias judiciales, en la Audiencia Nacional y después en el Tribunal Supremo, y aún sigue abierta una causa sobre el posible cohecho.

Su trabajo para la Audiencia Nacional se vio seriamente ralentizado en 2015, cuando incomprensiblemente le trasladaron a la DAO, a las órdenes directas de Pino. Allí estuvo algo más de año y medio, tiempo en el que "no sabían ni dónde" colocarlo y le pedían, entre otras cosas, que revisara informes apócrifos como el falso sobre las finanzas de Podemos (Informe PISA). Clarificador de lo que le estaba ocurriendo es lo que le comentó un día otro comisario, Enrique García Castaño, con quien se cruzó un día que había ido a tomar café con su jefe. "Tú qué haces aquí, si tenías que estar muerto", asegura Morocho que le llegó a decir este policía ya jubilado al que apodaban El Gordo y que también está imputado en Kitchen.

Fue en ese tiempo en la DAO cuando dedujo que había en marcha una investigación paralela sobre Luis Bárcenas. Siendo el inspector jefe de Gürtel y caja b, Morocho sabía que el juez instructor no había encargado ningún seguimiento o informe en esos términosGürtel, lo que le llevó a concluir, para su sorpresa, que se trataba de un operativo al margen del juzgado. Su desconfianza, ha dicho, se acrecentó, pues eso podía arruinar toda su investigación y llevar a la nulidad del procedimiento. No fue así, y años después la macrocausa Gürtel encara su recta final de juicios en la Audiencia Nacional, todos los que se han celebrado han acabado en condenas para sus principales acusados y se ha acreditado la existencia de la caja b del PP.

En España se calcula que el monto de fraude, evasión y elusión asciende a unos 60.000 millones de euros. Este fraude se combate, con unos medios limitados, desde la Agencia Tributaria (AEAT). Se considera que el 70% de este fraude es causado por grandes empresas o grandes fortunas.

Nuestro fraude está en torno al doble de la media europea, por lo que, si se lucha contra él con todos los medios, solo con igualar la media europea, podría reducirse en unos 30.000 millones de euros.

Este volumen de fraude tiene un peso importante en que la presión fiscal que tenemos en España –los impuestos que se cobran con respecto a la cifra de PIB– sea tan baja comparada con la Eurozona. Esta diferencia representa aproximadamente un 6% del PIB menos de ingresos, o sea unos 70.000 millones de euros.

Vamos a analizar POR QUÉ tenemos ese enorme fraude:

El límite para los grandes fraudes, o sea los de más de 600.000€, que son delito fiscal, tienen un plazo de 5 años, aunque otros delitos de similar gravedad tienen un plazo de 10 años. Por ello, aunque sea un gran delito, se tiene un plazo muy corto para detectarlo.

CONCLUSION: si el volumen de personal de inspección es muy reducido, y más todavía para investigar a los grandes defraudadores, y los pocos que hay solo tienen un plazo de 4 años para “pillarlos”, el resultado es evidente: España es un buen país para el gran fraude fiscal.

Y así seguirá siendo si no se modifica el Proyecto de Ley contra el Fraude actualmente en el Congreso de los Diputados, ya que no incluye ninguna de estas mejoras necesarias para reducir ese fraude: no aumenta la plantilla, no aumenta el techo de inspección de los técnicos, no aumenta el plazo de prescripción de la investigación ni tampoco el del delito fiscal.

La Plataforma por la Justicia Fiscal, la mayor coalición de la sociedad civil en fiscalidad, ha solicitado estos cambios en la Ley contra el fraude. Estas propuestas están incluidas en las enmiendas presentadas pero deben aprobarse en el Congreso.

Desde el punto de vista económico, solo la primera de nuestras propuestas, aumentar la plantilla, tiene algún coste. Pero es que la AEAT ha disminuido su gente de unos 28.000 en 2008 a unas 25.000 en 2020. Este mayor coste en inspección fiscal es en realidad una inversión, no un gasto, porque producirán muchos beneficios para el resto del Estado en muy poco tiempo.

El resto de propuestas que la Plataforma por la Justicia fiscal está haciendo no tiene coste económico ni político para los españoles y es evidente que de esa forma se podría reducir el gran fraude y mejorar los ingresos para toda España.

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Miguel GorospeMiguel Gorosp es coordinador de la Plataforma por la Justicia Fiscal

Las donaciones ilegales al PP ascendieron, según los apuntes que fue registrando Bárcenas, a ocho millones de euros entre 1990 y 2009, años de los liderazgos de José María Aznar, primero, y Mariano Rajoy, después. Estos son los años que él fue gerente del partido –sólo fue tesorero en el último año– y Álvaro Lapuerta, tesorero, pero en su reciente escrito habla de un "sistema institucionalizado de financiación con percepciones en B" cuyos orígenes se remontan a 1982, fondos que "se nutrían con carácter general de donativos o aportaciones efectuadas por personas relacionadas con empresas beneficiarias de importantes adjudicaciones públicas".

Entre estos empresarios, la inmensa mayoría constructores, que señala Bárcenas figuran, entre otros, el expresidente de Sacyr Luis del Rivero; el expresidente de OHL Juan Miguel Villar Mir; Manuel Contreras Caro, del grupo Azvi;Alfonso García Pozuelo, de Constructora Hispánica; Juan Manuel Fernández Rubio, de Aldesa Construcciones; José Mayor Oreja, de FCC; Joaquín Molpeceres, de Licuas; Antonio Vilela, en nombre de Construcciones Rubau; o Rafael Palencia, de Degremont Iberia.

Investigando desde 2013

La causa que se denominó los papeles de Bárcenas se abrió a principios de 2013 a raíz de una querella presentada por IU tras la publicación en el diario El Paísde las anotaciones de la caja B que Bárcenas reconoció como propias y un informe pericial caligráfico confirmó después. Aparte de sobresueldos a dirigentes del PP, en esos papeles aparecían reflejadas entradas de dinero en la contabilidad opaca que manejaron el extesorero y su antecesor en el cargo Álvaro Lapuerta y que serían las supuestas donaciones que empresarios, la inmensa mayoría del sector de la construcción, hicieron durante años al partido. Con estos pagos en efectivo, se habrían pagado los sobresueldos –"complementos salariales", como los llama Bárcenas–, campañas electorales y otros gastos como reformas de sedes de la formación.

La Audiencia Nacional determinó que fuera el juez Pablo Ruz, entonces titular del Juzgado Central 5, el que se hiciera cargo de la investigación –ya tenía en sus manos el caso Gürtel–. En este marco se produjo, después de meses eludiendo reconocer nada de lo reflejado en sus anotaciones, la explosiva declaración de Bárcenas de julio de 2013 en la que reconoció un buen número de irregularidades en la financiación del PP y el pago de sobresueldos, a veces de miles de euros, en sobres ajenos al control de Hacienda. 

En dos años de instrucción, el magistrado imputó a Bárcenas y Lapuerta, así como a la veintena de empresarios que aparecían en la documentación publicada. Aunque consiguió acreditar la existencia de la caja B y las donaciones, finalmente tuvo que cerrar provisionalmente la pieza con respecto de los constructores al no haber podido relacionar los pagos con adjudicaciones de obras concretas, lo que implicaría un delito de cohecho. En el mismo auto, envió a juicio a los extesoreros –Lapuerta falleció tres años después– por el pago con dinero negro de la sede central del PP en la calle Génova, una vista oral que por fin comienza el próximo lunes y en la que el partido se sienta en el banquillo como presunto responsable civil subsidiario.

Caja B acreditada desde 2015

"De las diligencias practicadas en sede instructora ha quedado indiciariamente acreditado cómo la formación política Partido Popular, desde 1990 y hasta al menos el año 2008, habría venido sirviéndose de diversas fuentes de financiación ajenas al circuito económico legal, lo que habría conducido a que la referida formación operase con varios sistemas de cuentas que registraron corrientes financieras de entradas y salidas de dinero (ingresos y pagos) al margen de la contabilidad oficial declarada por el partido y presentada ante el Tribunal de Cuentas, funcionando las referidas cuentas a modo de contabilidades paralelas, cajas de dinero en efectivo o cajas B", explicaba Ruz en el auto de sobreseimiento provisional.

En esta provisionalidad está la clave, pues dos años después llegó la reapertura. A petición de las acusaciones populares –IU y Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE)–, y con el visto bueno de la Fiscalía Anticorrupción, el nuevo titular del Juzgado Central 5, José de la Mata, acordó dejar sin efecto la decisión de sobreseimiento de 2015 y retomar la investigación después de las revelaciones del cabecilla de la Gürtel, Francisco Correa, y del empresario Alfonso García Pozuelo en el juicio por la primera época de actividades de la trama corrupta. En concreto, Correa afirmó que, a propuesta de Bárcenas, intermedió con grandes empresas contratistas de la administración pública para lograr adjudicaciones, todo ello a cambio de comisiones que repartió con el intermediario Plácido Vázquez, con el propio extesorero y con el PP.

Este auto supuso que los empresarios señalados en la fase anterior de la instrucción volviesen a estar investigados en esta pieza, como así figura en la documentación de la causa consultada por infoLibre. La inmensa mayoría de los supuestos donantes negaron tales pagos durante la instrucción, a pesar de que aparecían en los papeles de Bárcenas, pero ahora la nueva maniobra del extesorero del PP les vuelve a colocar en primera línea, sobre todo por esta frase del escrito que ha enviado a Anticorrupción: "Es cierto que la inmensa mayoría de estos donativos no tenían una naturaleza finalista, entendiendo por finalista una contraprestación por porcentaje a la adjudicación de la obra o servicio público adjudicado, sin perjuicio de que puedan existir algunos concretos casos en los que sí concurrió aquella motivación". Si Bárcenas concreta cuáles son esos pagos finalistas, los empresarios concernidos podrían empezar a tener problemas.

Los veinte donantes y sus pagos

El auto de archivo del juez Ruz que después quedó sin efecto hacía una relación pormenorizada de los empresarios y las donaciones que habrían hecho al PP, siempre según las anotaciones de Bárcenas, en las que aparecen tanto en pesetas como en euros, ya que muchos se remontan a antes de 2002:

Juan Miguel Villar Mir, presidente de OHL, cuyos pagos aparecen registrados en los años 2004, 2006 y 2008, por un total de 530.000 euros.

José Luis Sánchez Domínguez, de Sando, quien aparece registrado como donante entre los años 2002 y 2008, ascendiendo sus aportaciones a un total de 1.250.000 euros.

Manuel Contreras Caro, consejero delegado del Grupo Azvi, supuesto donante entre 2002 y 2008, por un importe total de 858.000 euros.

Luis del Rivero, presidente de Sacyr, habría donado al PP 480.000 euros entre los años 2003 y 2007.

Alfonso García Pozuelo, dueño de Constructora Hispánica. Él sí reconoció en el juicio de Gürtel pago de mordidas al PP a cambio de adjudicaciones de grandes obras. Aparece registrado como donante entre los años 1998 y 2006 por un total de 258.161,94 euros.

Juan Manuel Fernández Rubio, de Aldesa Construcciones, figura registrado como aportante entre 2000 y 2004, con un importe de 348.111,33 euros.

José Mayor Oreja, de FCC. Sus presuntos pagos datan del año 2008 por un total de 165.000 euros.

Vicente Cotino, vinculado a SEDESA, aparecería relacionado con la aportación registrada a nombre de Juan Gabriel Cotino fechada el 11 de marzo de 2004 por un importe de 200.000 euros.

Antonio Vilela Jerez, vinculado a Construcciones Rubau, figura registrado como donante en 2004 por un importe total 100.000 euros.

Rafael Palencia, vinculado a Degremont Iberia, del que aparecen pagos en 1998, 2000, 2007 y 2008 por un importe total de 164.167 euros. 

Cecilio Sánchez Martín, vinculado a FCC, figura registrado en el año 2001 con una única aportación por 30.050,61 euros.

Camilo José Alcalá Sánchez, vinculado a CYOPSA SISOCIA, del que aparecen dos aportaciones por un importe total de 150.000 euros en 2003.

José Antonio Romero Polo, del Grupo Romero Polo, quien figura como aportante en 2003 y 2004 con una cuantía total de 54.000 euros.

José Luis Suárez Gutiérrez figura en relación a una entrega vinculada a COPASA, fechada en marzo de 2004, por un importe total 75.000 euros.

Joaquín Molpeceres, del grupo Licuas, figura por una aportación en 2004 por 60.000 euros.

Antonio Pinal Gil, vinculado al grupo Bruesa, habría donado 24.000 euros en el año 2006.

Emilio Álvarez López, también de Bruesa, figura registrado como aportante en el año 2006 y también por un total de 24.000 euros.

Ignacio Ugarteche González de Langarica, del grupo Urazca, cuya donación habría sido de 90.000 euros en 2007.

Ramón Aige Sánchez, vinculado a SORIGUE-ACSA), del que figuran aportaciones en los años 2003 y 2008 por un importe total de 254.000 euros.

En los papeles de Bárcenas también figura Pablo Crespo, quien ocupara el cargo de secretario de organización del PP de Galicia y número dos de la trama Gürtel. Sus aportaciones habrían sido en 1999 y 2000 por 156.263,15 euros.

Una veintena de contratos, bajo la lupa

Antes de que Bárcenas remitiera su escrito a Anticorrupción y se comprometiera a colaborar con la investigación, el nuevo titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, Santiago Pedraz, ya dio el pasado diciembre un impulso a las pesquisas sobre la caja B del PP. A petición de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, ordenó indagar en la más de una veintena de contratos firmados por varios ministerios y otros departamentos del segundo Gobierno de José María Aznar entre 2002 y 2004 con uno de los donantes mencionados, Alfonso García Pozuelo. La cuantía del valor de estas adjudicaciones suma alrededor de 570 millones de euros.

Se trata de los ministerios de Fomento, Interior, Defensa, Educación y Medio Ambiente, así como las empresas públicas Adif, Aena y Renfe, la Confederación Hidrográfica del Tajo o del Guadalquivir, el Instituto de Turismo de España (Turespaña), la Agencia Tributaria (AEAT), la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES) y la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP). Según el sumario de la causa consultado por infoLibre, Pedraz ya tiene sobre la mesa la documentación relativa a Educación.

Victoria Rosell, delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, ha contestado a través de su cuenta de Twitter a las informaciones que han publicado en las últimas horas medios como El Mundo y Ok Diario en las que se asegura que un empleada del hogar ha denunciado a la exjueza y su pareja, Carlos Sosa, por negarse a hacerle un contrato, pagarle con dinero en B y acabnar despidiéndola durante una baja médica.

Rosell afirma que conocía el “bulo” desde hacía un mes: “Me avisaron de que Vox contactó con ella para que dijera esto por dinero y ya denunciamos la extorsión”, ha confesado en un tuit. Para complementar su defensa pública, ha adjuntado capturas de pantalla de los recibos de la Seguridad Social de los meses de mayo, junio y julio de este 2020 aunque, asegura, la trabajadora no ha acudido a su hogar desde marzo “por razones de salud pública”.

Por otra parte, ha declarado que la mujer, de nacionalidad boliviana, consiguió el DNI español como consecuencia de “este trabajo legal” y niega que ella fuera la empleadora, sino “la denunciante”. Rosell ha insistido en varios tuits posteriores que "buscaron todo lo que pudieron en el juzgado, en cada paso... y no encontraron nada". "Nos hacen perder el tiempo pero no los principios", declara, avisando que "los del “B” son otros".

La información publicada por Ok Diario asevera que la trabajadora llevaba atendiendo el hogar de Rosell y Sosa desde hacía siete años, durante los cuales habría pasado varios periodos sin contrato. Además, han publicado la denuncia que ha registrado contra ambos por despedirla mientras se encontraba de baja por una operación de cataratas, por lo que reclama una indemnización.

El cabecilla de Gürtel, Francisco Correa, fue muy explícito en su día sobre el impacto de esa memoria USB en la investigación de todo el caso. En 2009, durante una conversación con su abogado —intervenida por orden del juez Garzón— en la cárcel de Soto del Real (Madrid), Correa le dijo: "El puto pen drive, macho [...] si no existiera... [...] Sin este pen drivetodo esto no hubiera ocurrido". Entre los documentos que figuran en la memoria —tal y como el abogado le explicó a Correa en esa charla—, se encuentran anotaciones detalladas sobre adjudicaciones públicas a empresas de la trama y pagos de estas empresas al Partido Popular en las localidades donde Gürtel estaba implantada —sobre todo en Madrid y Valencia—.

En las últimas grabaciones salidas a la luz esta semana, en las que se demuestra una reunión secreta entre María Dolores de Cospedal y el entonces comisario Villarejo para obtener información sobre la instrucción de Gürtel, vuelve a aparecer el lápiz de memoria. Cospedal, en esa conversación, se muestra preocupada por el USB y las posibles pruebas que el dispositivo pueda aportar. La entonces ecretaria general del PP dice que en el pen drive "hay de todo" y la respuesta de Villarejo es contundente: "Hemos hecho todo lo posible por romperlo".

Escondido en la mano de José Luis Izquierdo

Ese lápiz USB, de color negro y con una capacidad de ocho gigas, al que varios implicados en Gürtel han hecho referencia en diversas ocasiones; fue interceptado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) durante la detención del contable de la red de empresas de la trama, José Luis Izquierdo. El contable intentó ocultarlo de los investigadores escondido en una mano, pero finalmente los agentes se percataron de que Izquierdo escondía algo y se lo requisaron. Cuando Correa se lamentó con tanta vehemencia por que el pen drive estuviese en manos de la Policía no le faltaba razón; y es que la acusación de Gürtel hubiese sido mucho menos sólida sin el contenido del pen drive. 

Aunque no es un nombre reconocible en el imaginario de Gürtel, José Luis Izquierdo es una figura principal y su USB uno de los elementos clave para que la Justicia armase las acusaciones del caso. De hecho, cuando se empezó a utilizar la información contenida en el dispositivo, tanto Izquierdo como Isabel Jordán, la administradora de muchas de las empresas de Correa, se ofrecieron a colaborar con Garzón a cambio de beneficios judiciales.

Los investigadores encontraron en el interior del lápiz decenas de carpetas con diversas informaciones. Algunas de esas carpetas tenían nombres elocuentes como "Caja B ctual"; otras hacían referencia explícita a personas, como "Alejandro Agag"Alejandro Agag (el yerno de Aznar), que tomó vuelos y se hospedó en hoteles en múltiples ocasiones a cargo de la GürtelGürtel. Además, y a raíz de los datos contenidos en dichas carpetas, la Justicia elaboró varias tablas donde aparecen detalladamente relaciones de gastos destinados a personas, como la anotación"Gtos. Alvaro Pérez" ("el bigotes", subalterno de Correa en Valencia) y a restaurantes y otros locales. La información extraída de la memoria demostraron, por tanto, mordidas de varias empresas al PP a cambio de un trato de favor en la adjudicación de obras públicas.

La carpeta azul

Aparte del pen drive, en el descubrimiento del funcionamiento de la trama Gürtel existe otro elemento clave: una carpeta azul en el que salen reflejados nombres y apellidos —a veces acrónimos e iniciales— de personalidades públicas implicadas en el caso. En el interior de este dossier, donde también había subcarpetas, los investigadores encontraron numerosos documentos, anotaciones a mano, reflejos de pagos directos de dinero negro, siglas de decenas de implicados. Así, por ejemplo, una de estas anotaciones manifiesta la mordida de 300.000 a "GG" (Gerardo Galeote, eurodiputado del PP), y en otras se hace mención a la entrega de dinero negro a "LB" (Luis Bárcenas). Después de que se anularan como prueba algunas de las grabaciones encargadas por el juez Garzón, tanto el pen drive como la carpeta azul se convirtieron en los principales sustentos del caso.

El Grupo Parlamentario de Podemos en la Asamblea de Madrid ha denunciado este martes ante la Fiscalía Anticorrupción el presunto fraude en la gestión de los hospitales madrileños en régimen de concesión inaugurados por la expresidenta regional Esperanza Aguirre por delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación, estimando que los madrileños tendrán que pagar entre 1.200 y 3.000 millones de sobrecoste hasta el año 2035 a consecuencia de unos contratos hechos para "beneficiar" a las concesionarias.

La presidenta del grupo parlamentario de Podemos, Mónica García, y el diputado autonómico José Manuel López, acompañados por los parlamentarios Clara Serra y Eduardo Gutiérrez, han acudido a la sede de la Fiscalía para presentar la denuncia ante el registro tras detectar en las Comisiones sobre la Deuda y de Sanidad indicios de criminalidad respecto a los gestantes del plan de infraestructuras de los siete hospitales públicos que se construyeron durante el mandato de Aguirre.

Precisamente, la expresidenta regional figura en la denuncia como la supuesta autora intelectual de este presunto fraude relacionado con el plan de infraestructuras que se gestó para su construcción. También se dirige la denuncia contra el expresidente de la Cámara de Cuentas de Madrid, Arturo Canalda –imputado en el caso Lezo–, el exconsejero de Sanidad Manuel Lamela y contra otros altos cargos de la Consejería de Sanidad, entre otros.

A su llegada, Mónica García ha subrayado que la denuncia se interpone por las presuntas anomalías detectadas en los hospitales hipoteca que construyó Aguirre. "Todos estos años, nos han traído sobrecostes, mala gestión y despilfarro a la Sanidad madrileña. Hemos trabajado muchos meses en la Asamblea Y hemos investigado qué ha pasado con estos contratos, unos contratos absolutamente opacos de los que no se sabe cuánto estamos pagando", ha reseñado.

Sobrecoste de 3.000 millones

Al respecto, ha apuntado que se ha hecho una estimación de que hasta 2035 cuando los contratos concluyen los madrileños van a pagar unos sobrecostes de entre 1.200 y 3.000 millones de euros de más, un dinero que, a su juicio, se podría haber invertido en la Sanidad madrileña.

"Se eligió la forma –financiación– más gravosa y se ha ido incrementando para que tengan más beneficios estas empresas", ha asegurado la parlamentaria, quien ha destacado que entre las anomalías detectadas "hay cláusulas abusivas, unos contratos que van en contra del beneficio público y que son absolutamente desleales contra la Sanidad madrileña".

"La Sanidad ha sido recortada de manera espectacular mientras hay empresas, muchas en sumarios judiciales, que han estado teniendo beneficios en los peores años de la crisis de entre un 20 y un 40 por ciento como Sacyr, que era adjudicataria de dos de los hospitales y que vendió sus activos a fondos buitres. Son empresas que estaban han tenido beneficios desproporcionados mientras recortaban sanidad", ha aseverado.

Además, ha insistido en que estos hospitales tendrían que estar ya "amortizados", pero sin embargo se está pagando "el doble por unos servicios paupérrimos". "Durante todos los gobiernos, el canon que pagamos que es opaco se ha ido incrementando hasta llegar un 47 por ciento más que al principio en base de modificaciones y cláusulas que han ido incrementándose para darles mas dinero", ha dicho.

"Los altos cargos sabían que había sobrecostes porque tenían al final que firmar unas facturas y sabían que, en comparación con hospitales públicos, era de dos veces más. Los servicios no sanitarios están sobredimensionados por cuestiones como limpieza, jardinería y mantenimiento. Obviamente, los altos cargos sabían que se hacía porque está hecho aposta, para que puedan especular y tener beneficios", ha concluido.

Fachada del hospital de Móstoles. | EFE

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha finalizado la instrucción por las operaciones de crédito presuntamente irregulares de la Caja de ahorros del Mediterráneo (CAM) con la sociedad Valfensal para adquirir hoteles y parcelas en el Caribe, y propone juzgar a 13 investigados, entre ellos al exdirector general de la entidad Roberto López Abad, por delitos de apropiación indebida y/o administración desleal.

En su auto de pase a procedimiento abreviado, la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 entiende que, además de por los anteriores delitos, existen indicios para juzgar a los empresarios Juan Vicente Ferri y José Salvador Baldó y a José Francisco Climent también por seis delitos contra la Hacienda Pública correspondientes a los ejercicios fiscales entre 2008 y 2013.

La magistrada da a partir de ahora un plazo de diez días a las partes para que soliciten la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación o bien el sobreseimiento de la causa, al tiempo que acuerda el archivo de las actuaciones respecto de otras 11 personas y señala como eventual responsable civil solidaria a Valfensal SL.

Estudios "muy deficientes"

El auto describe las operaciones de crédito sospechosas, fundamentalmente para la adquisición de hoteles en México y República Dominicana, y señala que el informe pericial de la UCO expresa en todas ellas una "serie de irregularidades comunes", tales como documentación previa a la aprobación de la operación, la información aportada por Baldó y Ferri a los directivos de la sociedad TIP, la tasación sobre terrenos, estudios previos de mercado o estudios jurídicos.

Todos estos estudios, según la juez, "fueron muy deficientes y no se respetaron las vías establecidas para llevar a cabo las propuestas de financiación que realizaba Valfensal". Además, remarca que las propuestas eran aprobadas por la Comisión de Riesgos de Central el mismo día que eran tramitadas o al día siguiente en una de ellas.

Lamela afirma en su auto que Roberto López y Daniel Gil, entonces director general de Empresas, "consintieron" que Ferri y Baldó "dispusieran de elevadas cantidades económicas y las utilizasen en aquella inversión que estimasen más oportuna, contribuyendo con esta operativa a generar una confusión entre préstamos e inversiones efectivamente realizadas".

Deficiencias en los sistemas de control de la cúpula 

Conforme expresa el informe emitido por Deloitte en 2011 y el expediente sancionador del Banco de España en 2012, dice la magistrada, "es difícil concebir que toda la actividad desplegada por los querellados Roberto López Abad y Daniel Gil en el seno de la CAM y TIP se realizara totalmente al margen de sus órganos directivos, pese a las importantes sumas que salieron de la entidad".

"Y así lo entendió el Banco de España reflejando en el expediente sancionador que los miembros de la Comisión de Control de CAM, por ser a la vez miembros de la Comisión de Control de TIP, no pueden considerarse ajenos a las deficiencias en los sistemas de control y transparencia de las operaciones de inversión realizadas por TIP, deficiencias que supusieron unas pérdidas, en relación a las operaciones que ahora nos interesan, de más de 25 millones de euros", apunta.

El escrito señala cómo el 22 de julio de 2011 el Banco de España, tras la intervención de la CAM, comunicó la sustitución provisional de los miembros del órgano de Administración de CAM y designó al FROB como administrador provisional.

Como consecuencia de ello, las pérdidas incurridas fueron asumidas posteriormente por el Fondo de Garantía de Depósitos, a través de una inyección de capital en diciembre de 2011. Las operaciones realizadas a través de TIP supusieron 1.011 millones de euros del total inyectado y ha ocasionado unos perjuicios de 28 millones de euros para el Fondo de Garantía, reseña el auto.

La Fiscalía de la localidad suiza de Ginebra ha abierto una investigación en torno a la localización de cerca de 83.000 euros en billetes de alta denominación cuidadosamente triturados con tijeras en los retretes de un banco y tres restaurantes de la ciudad.

"No estamos interesados en los motivos, pero queremos asegurarnos del origen del dinero", ha dicho el portavoz de la Fiscalía, Vincent Derouand, agregando que ni tirar dinero ni saturar un retrete supone un crimen.

El diario local Tribune de Geneve ha indicado que el primer incidente tuvo lugar en un retrete del banco USB en el barrio financiero de Ginebra, mientras que pocos días después han tenido lugar sucesos similares en baños de tres restaurantes cercanos.

El dinero -en su mayoría en billetes de 500 euros- fue confiscado durante la investigación, y por el momento no está claro si se trata de dinero negro, tal y como ha asegurado Derouand.

El Banco Central Europeo anunció en mayo de 2016 el cese definitivo de la impresión del billete de 500 euros, argumentando que su gran valor facilita el desarrollo de actividades delictivas, como el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, sin dejar rastro.

El billete de máximo valor en Europa dejará de emitirse en 2018, cuando está planeado introducir los billetes de 100 y 200 euros de la nueva serie Euro 2, caracterizada por sus mayores medidas de seguridad y cuyos billetes de 5, 10 y 20 ya se encuentran en circulación, pero seguirá siendo de curso legal en la eurozona y podrá ser canjeado en cualquier banco central del conjunto de estados miembro.

Según la información que publicaba El País este lunes, la Fiscalía sospecha de dos regentas españolas de una caja de seguridad en el banco USB. Al parecer, un abogado acudió a declarar en su nombre a comisaría. No proporcionó ninguna información, pero corrió con los gastos de fontanería ocasionados en los cuatro establecimientos, cifrados en varios miles de francos suizos.

El empresario Alfonso García-Pozuelo se ha negado a declarar este jueves ante el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, que ha reabierto la causa de la presunta caja B del PP después de que el cabecilla de la trama Gürtel revelara comisiones pagadas por constructoras para conseguir adjudicaciones públicas, informa Europa Press.

Según han informado fuentes jurídicas, el exdueño de Constructora Hispánica se ha acogido a su derecho a no declarar ante el magistrado, que le recordó que había llegado a un pacto con la Fiscalía, pero aún así no quiso contestar a ninguna pregunta.

Y eso a pesar de que García-Pozuelo había afirmado en el juicio del caso Gürtel el pasado otoño que el dinero que entregaba a Correa procedía de "organismos centrales", refiriéndose –según indican las acusaciones en sus escritos– a ministerios, además del PP, y que las cuatro empresas que abonaron comisiones son OHL, ACS, Dragados y Degremont.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional reabrió la causa de la presunta caja B del PP tras las peticiones de la Fiscalía Anticorrupción y de dos de las acusaciones populares personadas en distintas piezas de la trama Gürtel, IU y Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE) después de las afirmaciones de Correa durante el juicio del caso Gürtel.

El siguiente que está llamado a declarar es el propio Correa. El cabecilla de la trama de corrupción aseguró en el juicio que tras intervenir en la concesión de "muchas obras" abonó comisiones de entre el 2 y el 3% al extesorero del PP Luis Bárcenas.

De la Mata también ha citado a declarar a Plácido Vázquez, supuesto intermediario de esos cobros, quien está previsto que comparezca este viernes en la Audiencia Nacional a las diez de la mañana.

Los responsables de la unidad de los Mossos d'Esquadra que investigó el expolio del Palau de la Música han explicado este miércoles como testigos en el juicio que el expresidente de la institución Fèlix Millet guardaba en una caja de seguridad de una entidad bancaria 1,8 millones de euros en billetes de 500.

Dos mandos policiales –los primeros testigos que han declarado en el juicio– han explicado que, al irrumpir en el Palau para registrarlo en julio de 2009, descubrieron documentos en la caja fuerte de Millet que hacían referencia a esa caja de seguridad que estaba en una sucursal.

Los policías también han ratificado en sus declaraciones que descubrieron que Millet y el que entonces era su mano derecha, Jordi Montull, había falsificado facturas para justificar ante la Agencia Tributaria la salida de miles de euros en efectivo del Palau.

Han explicado que se encargaron de analizar los "movimientos sospechosos" de dinero en el Palau que había denunciado Hacienda, con el cobro de cheques en efectivo de entidades bancarias por valor de miles de euros: un total de 11 cheques que habían salido por ventanilla, según informa Europa Press.

Los máximos responsables del Palau, ante la reclamación de Hacienda, se apresuraron a justificar estas salidas con facturas de cuatro empresas, que resultaron ser falsas, y con la compra de un local por parte de la institución.

Empresas sin actividad

Tras las pertinentes comprobaciones, los Mossos descubrieron que dos de estas empresas que figuraban en las facturas ya no tenían actividad en 2003: una estaba paralizada desde 2001 y, en el otro caso, el administrador de la misma les explicó que nunca habían cobrado del Palau.

Además, el diseño de uno de los recibos –un modelo en blanco que se compraba en imprentas– estaba elaborado por una empresa que en 2003 no existía sino que empezó a funcionar en 2004, con lo que todo apuntaba, según los Mossos, a que había sido hecho después expresamente para justificar las salidas de dinero.

Sobre las facturas de las otras dos empresas, los agentes han explicado que los administradores de las mismas les dijeron que no habían hecho esos trabajos y, en uno de los casos, que fue Montull el que les pidió modificarlas para presentarlas a la Agencia Tributaria, y que él aceptó porque el Palau era un buen cliente.

La Unidad Central de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional investiga si la empresa Cat Helicopters SL que fue utilizada por la familia Pujol en en "múltiples ocasiones" para trasladar a alguno de sus miembros a Andorra "pudo ser beneficiaria de concursos públicos presuntamente irregulares por parte del Servei Català de Trànsit dependiente del Departamento de Interior de la Generalitat.

Así se detalla en un informe incluido en el sumario del caso Pujol que investiga el juez José de la Mata, al que ha tenido acceso Europa Press, que cita como indicios de estos hechos la agenda de Josep Pujol intervenida en su domicilio de Barcelona y la declaración de un denunciante, un empresario que fue socio del dueño de Cat Helicopters, Jorge Barrigón. Con este último Josep Pujol habría celebrado según la Policía un "préstamo ficticio para blanquear" 900.000 euros procedentes del patrimonio familiar del clan.

El informe reproduce las declaraciones del denunciante que asegura que algunos de los miembros de la familia Pujol utilizaban los servicios de Cat Helicopters para sus traslados a Andorra. La empresa trasladó en "múltiples ocasiones" en helicóptero a los integrantes del clan, según consta en registros de los planes de vuelo y en los libros de operaciones de las aeronaves.

El denunciante también aseguró que deben existir rastros de estos desplazamientos en correos electrónicos y otras comunicaciones y en contratos de arrendamiento de servicios, facturación y otros documentos.

Este empresario habría advertido durante su declaración ante la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción, celebrada en octubre de 2016, de la existencia de "presuntas irregularidades" cometidas por el Departamento de Interior Catalán "como mínimo desde 2006", poco después de la incorporación de este testigo a la compañía.

Se habrían adjudicado a Cat Helicopters servicios en el ámbito forestal, especialmente durante las campañas de verano. La persona encargada dentro del Servei de redactar las condiciones técnicas necesarias que servían de base a los concursos públicos era el piloto Antonio Almerich, de quien el empresario tenía constancia que se le retribuía económicamente porque encontró "matrices de talonarios olvidados en un cajón" donde aparecían los pagos, que alcanzaban unos 4.160 euros mensuales desde la compañía de helicópteros.

El denunciante añadió que Barrigón siempre le decía que este concurso "sería siempre suyo" y que de hecho año tras año se lo adjudicaban sin problemas a pesar de que otras compañías mayores intentaban licitar y siempre perdían.

Sobre el préstamo de 960.000 euros que Josep Pujol fijó con Barrigón, UDEF instó a la Agencia Tributaria a facilitar "cuanta información sea posible" en relación al hijo del expresidente de la Generalitat. De este modo, Hacienda abrió en julio de 2013 una inspección en relación al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de los ejercicios correspondientes a 2009 y 2001 de Josep.

Hacienda destaca en su informe, obrante igualmente en el sumario y por el que se incoó expediente sancionador a Josep Pujol, que la ganancia no justificada en el año 2010 es de 295.000 euros. Según la documentación aportada por el hijo del matrimonio Pujol Ferrusola, parte de esta cantidad corresponde al préstamo de 960.000 euros que hizo a su amigo Barrigón entre 2008 y 2009 para la compra de la compañía de explotación de helicópteros en Andorra Heliand.

El contrato del préstamo –cuyo vencimiento se pensó en 18 meses– que recoge el informe de Hacienda, fija que primero Josep prestó 60.000 euros en metálico y sin formalizarlo en ningún contrato y posteriormente los 900.000 euros restantes. Dicha cantidad se puso a disposición de Barrigón en una caja fuerte a nombre de Pujol Ferrusola.

Sin embargo, debido a que el dinero no estaba generando intereses, se decidió extinguir el contrato e ingresarlo de nuevo en la cuenta bancaria de BPA propiedad de Pujol Ferrusola, aunque sólo se ingresaron 800.000 euros, mientras que los otros 100.000 euros se quedó en manos de Barrigón para adquirir un helicóptero.

No obstante, la inspección de Hacienda, tras realizar las correspondientes actuaciones de comprobación e investigación, concluye que el origen de esos 800.000 euros es "desconocido" porque no coincide con lo manifestado por Pujol Ferrusola. De hecho, añade que los contratos firmados por ambos dos "no responden a la realidad" con lo aportado y que se contradice con lo expuesto por Revés que aseguró a los inspectores que "nadie de su entrono" negoció con él la compra de acción alguna de Heliand.

Un  testaferro relacionado con el narcotráfico

El primogénito del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, Jordi Pujol Ferrusola, habría además utilizado para ocultar el dinero de sus presuntas actividades delictivas a un testaferro, Vicente Luis Agramunt, que en 2013 creó una sociedad "que fue empleada para llevar a cabo operaciones de lavado de fondos procedentes del narcotráfico a gran escala", según refleja un informe de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) del que la Fiscalía Anticorrupción tiene conocimiento desde enero de 2015.

En el citado informe, que obra en el sumario del caso Pujol que investiga el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, al que ha tenido acceso Europa Press, se vincula a Agramunt con la sociedad anónima constituida en Costa Rica en 2010 Blueshield Capital Group, creada según los investigadores "al objeto de ocultar, convertir o transferir los bienes o ganancias de las presuntas actividades delictivas de Jordi Pujol Ferrusola y su entramado familiar".

Agramunt era el secretario de esta supuesta compañía pantalla y la Policía ha constatado que, el mismo día de su constitución -el 16 de septiembre de 2010-, otorgó amplios poderes sobre la empresa a dos supuestos socios del hijo mayor de Pujol, Enrique José Vargas Tabernero -responsable en México de la constructora Isolux, y Juan Antonio Piedras Sanz.

La Policía alerta que Agramunt, "abogado de reconocida experiencia" en la constitución de sociedades instrumentales", fue el mismo que en febrero de 2013 creó Global Trader Resources Company S.A., empleada en operaciones de lavado del dinero de la droga, sin que se aporten en el informe más datos al respecto.

Por lo que se refiere a la sociedad vinculada a Jordi Pujol Jr., fue escriturada en Costa Rica y se designó secretario a Agramunt, quien vivió en Miami (EE.UU.) hasta su regreso a España en 2004.

En enero de 2015, cuando se realizó el informe por la UDEF, el presunto testaferro de los Pujol era dueño de Juris Magister LLC, constituida en la citada ciudad estadounidense pero con sede en la Torre

Europa del Paseo de la Castellana de Madrid. Su especialidad, "constitución y registro de sociedades en jurisdicciones 'fiscalmente favorables'".

Empresa pantalla con filiales en Florida

La Policía concluye que Agramunt -imputado por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en 2009 por un presunto delito de blanqueo de capitales- era una persona encargada de proporcionar sociedades ad hoc en territorios opacos y que Blueshield habría sido "instrumentalizada" para generar a partir de ella una estructura societaria, con filiales domiciliadas en Miami dedicadas a la "realización de operaciones financieras y económicas con fondos cuyo origen podría encontrarse en las presuntas actividades ilícitas desarrolladas en España" por el mayor de los Pujol. Es la misma operativa empleada por Jordi Pujol en otras ocasiones, recuerda el informe policial.

Sobre el resto de gestores de la entidad, la Policía dice que Vargas Tabernero dejó de trabajar en Isolux Corsán en 2010, una empresa cuyo responsable, Luis Delso Herás, "habría llegado a pagar facturas millonarias a Jordi Pujol Ferrusola por unos servicios de asesoramiento de cuya constancia no existe más que el trasvase de fondos hacia este último y el acuerdo verbal al que afirman haber llegado ambas partes".

En cuanto a José Antonio Piedras, el informe lo sitúa como administrador único de varias mercantiles con domicilio social en la calle Coslada de Madrid.

Aún no se conoce la fecha en la que lo anunciará, pero el Gobierno tiene pensado prohibir los pagos en efectivo de cantidades superiores a los 1.000 euros para combatir el fraude fiscal. Eso supondría aumentar el listón de exigencia que existe actualmente, ya que, desde 2012, realizar una transacción en metálico por una cuantía superior a los 2.500 euros está castigado con una multa que asciende al 25% del importe del pago. No obstante, la eficacia de esta medida es relativa, ya que desde su implantación, Hacienda únicamente ha ejecutado 2.900 sanciones por superar el límite legal a la hora de pagar en efectivo.

Este tipo de restricciones al pago en efectivo se aplican en países como Francia e Italia y están pensadas, fundamentalmente, para combatir el fraude en el IVA a través de los pagos en dinero negro. Pero, desde que fueron implantadas en España a finales de 2012, el Ministerio de Hacienda ha podido cazar y sancionar a pocos contribuyentes eludiendo sus responsabilidades con el fisco a través de estos métodos, aunque la Agencia Tributaria sostiene que "lo relevante de la limitación de efectivo no es la sanción en sí, sino el efecto disuasorio que la perspectiva de esa sanción implica, en el sentido de evitar y tratar de evitar que se realicen esos pagos en efectivo por encima del límite".

Según los datos proporcionados por la propia Agencia a infoLibre, entre 2013 y 2015 –al no haber finalizado el año, aún no hay datos de 2016– Hacienda abrió "más de 2.900" expedientes sancionadores por pagos en efectivo de más de 2.500 euros. 2015 fue el año en el que la Agencia Tributaria multó a más contribuyentes, con un total de 1.313 expedientes de sanción, por los 831 del año 2014 –un 37% menos– y los cerca de 760 de 2013.

El organismo explica, además, que "entre 2013 y 2015 se han iniciado 14.000 expedientes de análisis de denuncias por posible incumplimiento de la limitación de pagos en efectivo", y señala que "específicamente en 2015 han sido más de 6.000, un 28% más que en 2014". No obstante, la Agencia Tributaria no ofrece el dato de la cuantía de la recaudación que ha obtenido a través de las sanciones que finalmente se han impuesto a los ciudadanos que han efectuado pagos en efectivo por un valor de más de 2.500 euros.

Expertos relativizan la importancia de la medida

En cualquier caso, los expertos consultados por infoLibre sostienen que las limitaciones a los pagos en efectivo, pese a ser positivas, tienen un efecto muy limitado en la lucha contra el fraude. "El número de multas es bajísimo" en comparación al fraude en el pago del IVA que existe en España, sostiene José María Mollinedo, secretario general del Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha), que recuerda que nuestro país es uno de los que menos recauda a través del IVA de toda la UE.

Mollinedo y su sindicato, sin embargo, se muestran favorables a que se limiten los pagos en efectivo a 1.000 euros –el mismo umbral, explica, que el que existe en Italia, con un nivel de economía sumergida similar al español–, y recuerda que llevan pidiéndolo desde el año 2004. "Es cierto que, por sí misma, esta medida no elimina el fraude, pero sí lo dificulta", señala el secretario general de Gestha, que coincide en este sentido con José María Peláez, expresidente de la Organización de Inspectores de Hacienda, que califica de "positiva" la limitación pero insiste en que "no va a acabar con el fraude".

"Si la medida antes era irrelevante, ahora lo va a seguir siendo", señala Peláez. Para el inspector de Hacienda, uno de los grandes problemas que tiene esta limitación es "el escaso efecto disuasorio" de la sanción del 25% del importe del pago que se realice en efectivo. "Si te ofrecen pagar un servicio sin factura, estarías ahorrándote el 21% del IVA, y en el caso de que te pillen, la sanción ascendería a un 25%", por lo que el desembolso final no sería mucho más abultado, ejemplifica Peláez, que explica que la Agencia Tributaria ofrece a cualquiera de las partes que participe en una transacción en efectivo fraudulenta la posibilidad de denunciarla en el plazo de tres meses, a cambio de quedar eximido de cualquier responsabilidad.

Las grandes empresas

Mollinedo, por el contrario, interpreta que la limitación que quiere potenciar ahora el Gobierno afecta principalmente a malas prácticas realizadas por algunas grandes empresas y no tanto a los fraudes que realizan, por ejemplo, algunos autónomos. "Es difícil que una reparación doméstica supere los 1.000 euros, y aunque los supere, un pago en negro es complicado de detectar", sostiene el técnico de Hacienda, que afirma que en las transacciones entre compañías es más fácil que la Agencia Tributaria encuentre irregularidades en el pago del IVA por los "rastros" que dejan este tipo de operaciones.

En este sentido, Mollinedo explica que en las grandes compañías "cualquier salida o entrada de dinero se contabiliza", lo que puede llevar a Hacienda a detectar irregularidades. "A veces, por ejemplo, empresas constructoras han registrado facturas falsas en sus cuentas para poder disponer de un dinero en efectivo que, finalmente, ha ido a parar a manos del responsable que decidía a qué compañía se entregaba una obra pública: pues bien, con el límite de los 1.000 euros, el número de facturas falsas que debería registrar esa empresa para realizar el mismo pago sería mayor", y eso podría poner sobre alerta a la Agencia Tributaria.

Peláez, en cualquier caso, es escéptico. "Quien quiera pagar en negro va a seguir haciéndolo", sostiene el inspector de Hacienda, que considera que este tipo de medidas están pensadas, fundamentalmente, de cara a la galería y para potenciar la imagen de la lucha contra el fraude. La cifra, más allá de interpretaciones, es la que es: apenas 2.900 sanciones en tres años.

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, confirmó este lunes que la Agencia Tributaria enviará un aviso a los declarantes de la amnistía fiscal del año 2012 para comunicarles que no hay caducidad en ese procedimiento y que "no hay prescripción" el próximo 30 de noviembre, informa Europa Press.

Así lo avanzó en declaraciones a los periodistas tras participar en la inauguración de la jornada El directivo público: profesionalización y objetividad, organizado por la Federación de Asociaciones de Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (Fedeca), en las que ha negado que se vaya a producir una prescripción de la amnistía fiscal el próximo 30 de noviembre como considera Ciudadanos.

"Lo que está preparando, y se hará en las próximas horas, es un aviso a los declarantes de esa tributación extraordinaria de 2012 relativo a que no hay caducidad en ese procedimiento y todas las investigaciones facilitadas a partir del mismo no caducan a final de mes", afirmó Montoro.

Ciudadanos asegura que el límite legal para la revisión de las declaraciones caduca el próximo 30 de noviembre (cuatro años después de finalizado el periodo voluntario para acogerse a la amnistía, de acuerdo con lo que establece la Ley General Tributaria sobre la prescripción del delito fiscal), y registró el pasado jueves una interpelación urgente al ministro para que explicara si Hacienda exigirá a las grandes fortunas que se acogieron a la amnistía fiscal de 2012 que tribuyen el 10% del dinero repatriado, como en un principio estaba previsto, en vez del 3% finalmente establecido.

"Hay quien opina que hay prescripción pero no hay prescripción", aclaró Montoro, quien agregó que "por tanto, no hay ninguna preocupación porque prescriba nada a final de mes", pero aún así la Agencia Tributaria se dirigirá a cada uno de esos contribuyentes para decirles que "no existe ninguna prescripción al respecto de posibles y futuras investigaciones".

Por su parte, el presidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), José Ignacio Alemany, afirmó sobre una posible revisión de la amnistía fiscal que es "técnicamente imposible", ya que "técnicamente la fecha del 30 de noviembre es irrelevante", a lo que se suma que la ley sería "inconstitucional" y provocaría multitud de recursos.