¿El acuerdo entre el PSC y ERC pone en marcha un modelo similar al régimen de Concierto económico del País Vasco y Navarra, como sostienen los republicanos, o se trata de un modelo diferente, como afirma taxativamente la ministra de Hacienda, María Jesús Montero? 

La respuesta no está, desde luego, en el documento que suscribieron a finales de julio el PSC y Esquerra, en el que no se dan detalles acerca del nuevo modelo. Todo depende de cómo se concrete, si llega a esa fase, en las reformas legales que debe aprobar el Congreso para hacerlo realidad y para las que sus proponentes, el PSOE y ERC, no tienen garantizada a día de hoy la mayoría de votos que necesitan.

En todo caso, decida lo que decida la Cámara Baja, hay una primera diferencia insalvable entre lo que vaya a ser el nuevo modelo de financiación de Cataluña y el llamado Concierto vasco: su rango legal. El sistema de financiación del País Vasco y Navarra está amparado por la Constitución de 1978 y nadie puede tocarlo sin modificar antes la norma fundamental del Estado. El de Cataluña, en cambio, está llamado a implementarse a través de una ley y, si sale adelante, su futuro estará condicionado a la evolución de las mayorías en el Congreso.

La comparación entre el modelo vasco y navarro y el catalán solo será posible cuando el Gobierno de España y el Govern de la Generalitat redacten una propuesta concreta de “modificaciones legislativas” para hacerlo realidad, lo que no sucederá hasta 2025. Será entonces, si ese acuerdo se alcanza, cuando se trasladará al Congreso de los Diputados.

Lo que sabemos es que el compromiso alcanzado por los dos partidos, y que en estos momentos cuenta con el respaldo del Gobierno de Pedro Sánchez y del Govern presidido por Salvador Illa, es que “sea la Generalitat la que gestione, recaude, liquide e inspeccione todos los impuestos soportados en Cataluña” —con la única excepción de los locales— a través de la Agencia Tributaria de Cataluña y que “aumente sustancialmente la capacidad normativa en coordinación con el Estado y la Unión Europea”.

Lo que describe ese pacto es muy semejante a lo que sucede en el País Vasco, que tiene la capacidad de recaudar y gestionar la mayoría de los impuestos en su territorio. A través de las diputaciones forales (los órganos de gobierno de las provincias vascas), el País Vasco recauda tributos como el IRPF, el IVA o el Impuesto sobre Sociedades, entre otros. Pero hay diferencias.

En el caso de Euskadi, como contrapartida a esta autonomía fiscal, el País Vasco paga al Estado español una cantidad denominada “cupo”, que es una contribución al sostenimiento económico de las competencias no transferidas, como la defensa, la política exterior y otros servicios centrales. El cálculo de este cupo también se realiza de manera negociada.

Lo que PSC y ERC proponen para Cataluña es parecido, pero no idéntico. En este caso, según el pacto, habrá dos aportaciones en vez de una: una primera a los gastos del Estado, que “se establecerá a través de un porcentaje de participación en los tributos”, y una segunda, la llamada “aportación a la solidaridad”, que tendrá por objeto contribuir a la financiación de las comunidades autónomas con menos recursos “a fin de que los servicios prestados por los distintos gobiernos autonómicos a sus ciudadanos puedan alcanzar niveles similares, siempre que lleven a cabo un esfuerzo fiscal también similar”. Esta última previsión abre también la puerta a una limitación de transferencias de fondos entre comunidades si las que reciben renuncian a recaudar sus propios impuestos, como ya ocurre en algunos territorios, en su mayoría gobernados por el PP, que piden más financiación mientras suprimen o rebajan sus impuestos.

La “solidaridad”, según el acuerdo, “debe estar limitada por el principio de ordinalidad”. Esta idea, que ninguna comunidad —y ningún partido— discute, al menos en público, se basa en que las aportaciones solidarias de las comunidades más ricas a las más pobres deben servir para reducir la distancia en la financiación necesaria para atender las necesidades de los ciudadanos, pero sin hacer que quienes aportan pierdan posiciones en el ranking de recursos económicos en relación con quienes reciben.

Esta aportación solidaria no existe en el Concierto vasco y conecta la financiación catalana a la de las demás comunidades autónomas, lo que no ocurre en el caso del País Vasco y Navarra.

En el caso de Euskadi, la contribución al Estado, el cupo, no se calcula según los ingresos recaudados en el País Vasco, sino que depende de variables exógenas, como los gastos en competencias no asumidas de los Presupuestos Generales del Estado. Esto también marca una diferencia con Cataluña, donde la aportación al Estado —la parte que no es solidaridad con otras comunidades autónomas— sí será “un porcentaje de participación en los tributos”.

País Vasco y Navarra pagan al Estado de acuerdo con una estimación basada en las cargas no asumidas y lo hacen de acuerdo con el cupo acordado, independientemente de si un año recaudan más o menos, mientras que Cataluña tendría que abonar un porcentaje de los impuestos recaudados, cuya cuantía está por fijar y que estaría necesariamente vinculada a la evolución, al alza o a la baja, de la captación de impuestos.

En las últimas semanas, políticos y especialistas en economía han especulado con el efecto que un modelo de estas características tendrá sobre los ingresos del resto de las comunidades autónomas, si la Generalitat logrará así incrementar el dinero del que dispone cada año y si eso restará recursos a los territorios más pobres.

Lo cierto es que el cálculo es muy difícil. En primer lugar, porque no se conoce el porcentaje de aportación a los recursos del Estado —el acuerdo no lo precisa— ni, por supuesto, la cuantía de la contribución “solidaria”. Tampoco existe un consenso sobre la cuantía real de la balanza fiscal en Cataluña —la diferencia entre lo que recauda y lo que la Generalitat recibe de acuerdo con el actual modelo de financiación autonómica—.

Menos aún sabemos, porque el Gobierno no lo ha explicado, cómo planea Hacienda encajar el modelo catalán en el marco del nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas del régimen común que debe sustituir al que expiró en el año 2013. Porque son varios los territorios que apuestan desde hace años por su propia singularidad.

El documento suscrito por PSC y ERC es lo suficientemente abierto como para permitir un desarrollo normativo más o menos parecido al Concierto vasco. Todo dependerá de las negociaciones que tengan lugar entre el Gobierno de España y la Generalitat y lo que acabe aprobando el Congreso. Pero la falta de detalles no ha impedido que este jueves políticos de diferente signo afirmasen que el modelo representa una cosa o todo lo contrario.

Algunas voces, como la de Octavio Granado, secretario federal de Economía del PSOE en 2009, cuando se aprobó el último sistema de financiación autonómica, sugieren que la generalización del modelo catalán, “si se hace bien, puede obtener efectos positivos en toda España, y tal vez la oportunidad merezca la pena”. Sin embargo, Josep Borrell, jefe de la diplomacia europea a punto de jubilarse, considera el pacto con ERC "un salto hacia la soberanía fiscal de Cataluña. Seguimos haciendo cambios estructurales del modelo de Estado en función de las coyunturas electorales", critica en una entrevista con El País.

No en vano, Cataluña no es la única comunidad del régimen común que invoca una “singularidad” para arrimar el ascua a su sardina. La singularidad catalana tiene que ver, según el acuerdo PSC-ERC, con el ejercicio “de un conjunto de competencias singulares que no tienen otros territorios”. La que defiende Juanma Moreno (PP) para Andalucía se basa en que es, asegura, el territorio de la Unión Europea “más expuesto al cambio climático y la sequía”. Otras comunidades, como Canarias e Illes Balears, han hecho de sus propios hechos diferenciales —en su caso, la insularidad— uno de los ejes sobre los que cimentar sus reivindicaciones económicas y, por supuesto, sus particulares modelos de financiación.

Canarias, por ejemplo, dispone de un Régimen Económico y Fiscal propio que incluye desde impuestos indirectos específicos a compensaciones económicas en materia de transporte de mercancías y pasajeros, además de exenciones y bonificaciones fiscales y dotaciones adicionales, especialmente en sectores como infraestructuras, transportes y comunicaciones.

Illes Balears disfruta, a su vez, de un régimen fiscal especial con una batería de beneficios fiscales para los contribuyentes de Baleares establecidos por ley y que estarán en vigor, en su formulación actual, hasta el año 2029.

Otros territorios, más envejecidos y con población más dispersa, como Galicia o Castilla y León, reclaman, en cambio, que se reconozca esa doble singularidad, porque les cuesta más prestar los mismos servicios y tienen una sanidad más tensionada.

La vicesecretaria del PP vasco y portavoz de los 'populares' en las Juntas Generales de Álava, Ana Amorales, ha considerado "una mala noticia" el nombramiento de la nueva ministra de Hacienda, María Jesús Montero, porque "cuestiona el Concierto Vasco", y ha asegurado al PNV que "echarán de menos la lealtad del Gobierno de Mariano Rajoy y de Cristóbal Montoro hacia el sistema de Concierto Vasco".

Morales, ha mostrado este jueves su preocupación por el nombramiento de Montero, "una de las voces más críticas del PSOE en contra del sistema de Concierto Vasco y de la aprobación de la nueva Ley de Cupo".

La portavoz del PP ha censurado que Montero considera "un privilegio" el Cupo Vasco y ha acusado al PNV de "propiciar" este nombramiento, que "genera incertidumbre y una gran preocupación en relación con los derechos históricos de los territorios vascos".

"El PP estará vigilante con Montero para evitar el menoscabo de las competencias históricas de las diputaciones forales", ha advertido, para asegurar al PNV que "echarán de menos la lealtad del Gobierno de Mariano Rajoy y de Cristóbal Montoro hacia el sistema de Concierto Vasco".

Ley de Cupo

"Los mayores avances en competencias fiscales se han producido con los gobiernos del Partido Popular y tuvo que ser también Mariano Rajoy quien pusiera solución al problema que generó Rodríguez Zapatero con una Ley de Cupo planteada con grandes errores", ha destacado.

Morales ha afirmado que "la posición política de los Gobiernos del Partido Popular para preservar y respetar con la máxima lealtad el Concierto está fuera de toda duda", pero ha lamentado que no pueden "decir lo mismo del nuevo Gobierno que ha nombrado Pedro Sánchez".

"Escuchar, intentar compartir el diagnóstico con las demás formaciones políticas y consensuar soluciones o cambios que cada uno proponga". Con esos tres objetivos en mente, el portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, presentó este jueves el plan de trabajo que la formación conservadora ha puesto sobre la mesa de la comisión territorial de la Cámara Baja, el órgano parlamentario que se encargará de estudiar una posible modernización del sistema autonómico. La propuesta de la formación liderada por Mariano Rajoy, que contrasta con las que también han presentado este jueves los otros dos partidos que participan en la comisión, PSOE y Ciudadanos, está dividida en cinco grandes bloques de trabajo. Y en ninguno de ellos se alude expresamente al polémico concierto económico vasco, muy criticado en los últimos meses por parte de algunas direcciones territoriales del PP.

La formación conservadora considera que "el análisis de la revisión de los principios sobre los que se asienta el sistema de financiación autonómica" es "un asunto clave para abordar" en la comisión territorial, siempre desde la óptica "del receptor de los servicios sociales, de su calidad y eficiencia y desde la necesaria sostenibilidad de un modelo que debemos preservar de los ciclos económicos y de los modelos más críticos". Justo ese será el objetivo del segundo bloque de trabajo propuesto: "Estado autonómico y Estado del bienestar: financiación de los servicios públicos". Tras ese título, la formación conservadora quiere que se analicen "los vigentes sistemas de financiación autonómica y local", sin mencionar el concierto económico vasco. En este apartado, también ponen sobre la mesa otros asuntos como los tributos cedidos y propios de las comunidades o los instrumentos de solidaridad interterritorial.

Además de los aspectos puramente económicos, el plan de trabajo contempla otros cuatro bloques. En el primero, plantea una evaluación del funcionamiento del sistema autonómico, incluyendo un estudio comparado de los Estados compuestos de nuestro entorno. A este se añadiría uno centrado en la cooperación y colaboración entre administraciones, otro que gire en torno a la modernización de las administraciones públicas –que incluye temas como la eliminación de duplicidades– y, por último, un bloque en el que se aborde la reforma del Senado "desde el consenso constitucional". No obstante, el PP deja claro en la introducción del documento que su compromiso es "mejorar el modelo autonómico", que "ha demostrado ser una fórmula idónea para articular unidad y diversidad". "Puede que se hayan producido disfunciones en el desarrollo del modelo, pero no como consecuencia de la falta de autogobierno", completan.

Ciudadanos, contra el 'cupo'

El concierto económico vasco ha generado un gran debate en las últimas semanas. A finales de noviembre, el Congreso de los Diputados dio luz verde al nuevo cupo para el quinquenio 2017-2021. Con 294 votos a favor y 36 en contra –Compromís y Ciudadanos–, la Cámara Baja aprobó, de forma directa y en lectura única, que Euskadi tenga que devolver anualmente al Estado 1.300 millones de euros por los servicios prestados en suelo vasco. Son 250 millones de euros menos que con el anterior acuerdo. Ahora, con la futura reforma del sistema de financiación sobre el tapete, el resto de comunidades presionan para poner fin a lo que definen como "privilegio". En total, según publicó este miércoles El Mundo, trece Ejecutivos autonómicos han pedido a Hacienda que vascos y navarros "aporten a la solidaridad". Son todos los territorios menos Cataluña, las dos forales y Canarias.

De todas las formaciones, la que se ha pronunciado con mayor dureza en contra del concierto económico vasco y del cupo ha sido Ciudadanos. Su líder, Albert Rivera, fue especialmente duro durante el debate previo a la aprobación del nuevo acuerdo quinquenal. Desde la tribuna, el presidente de la formación naranja aseveró que el "cuponazo" no responde "a un cálculo técnico, sino a un amaño político" entre PP, PSOE y PNV, añadiendo que el sistema de financiación por el que se rige el País Vasco trabaja "por la desigualdad" e incide "en la insolidaridad territorial". Y Ciudadanos parece tener intención de poner este asunto sobre la mesa de la comisión territorial. Entre los ponentes que el partido liderado por Albert Rivera ha incluido en su Plan de Trabajo se encuentran varios expertos que han cuestionando el cupo vasco.

Ciudadanos plantea en su documento siete grandes bloques temáticos: clarificar la distribución de competencias y potestades normativas entre los órganos centrales del Estado y las comunidades; revisar las estructuras territoriales de ámbito provincial y local; estudiar el cierre del Estado autonómico y la enumeración constitucional de las comunidades autónomas; la regulación de los mecanismos de cooperación y colaboración vertical (entre Estado y comunidades) y horizontal (entre las comunidades) con el diseño de sus órganos correspondientes; la incidencia de la Unión Europea en el Estado autonómico; la reforma del Senado como cámara de representación territorial; y un nuevo modelo de financiación autonómica.

La propuesta socialista

Los socialistas tampoco mencionan expresamente el concierto económico vasco. En su plan de trabajo, según un comunicado difundido por el PSOE, proponen examinar las exigencias del principio de igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes constitucionales. Además, plantean abordar el reconocimiento y consecuencias efectivas de las llamadas "singularidades"; la ordenación de las competencias; la capacidad del Senado para facilitar la participación de comunidades y ciudades autónomas en la toma de decisiones a nivel estatal; la constitucionalización de los principios del modelo de financiación autonómica; y la ampliación del reconocimiento de la autonomía local.

En opinión de la formación dirigida por Pedro Sánchez, la comisión territorial, cuyas conclusiones consideran que servirán de base para la reforma constitucional, debe hacer un "balance de la experiencia autonómica", que creen que ha sido "de éxito y un motor de progreso del conjunto de las comunidades". A pesar de ello, conceden que el actual modelo presenta "disfunciones" que necesitan "respuestas que puedan ser compartidas por la mayoría de españoles e instituciones". "Hay respuestas que pueden ofrecerse dentro del actual marco legal, otras que requerirán la modificación de distintas leyes del Estado, y otras que deberían alcanzarse mediante una determinada reforma constitucional", concluyen los socialistas.

Los socialistas han planteado en su Plan de Trabajo más de un centenar de comparecencias institucionales, entre las que se incluyen, tal y como también han pedido PP y Ciudadanos, a los padres de la Constitución que todavía viven –Miquel Roca, Miguel Rodríguez Herrero de Miñón y José Pedro Pérez Llorca—. Además, proponen citar a representantes de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y a las principales organizaciones sindicales y empresariales, así como a sociólogos –Belén Barreiro–, politólogos –Pablo Simón–, historiadores –Santos Juliá–, ONG –Oxfam Intermon–, personajes del mundo de la cultura –Joan Manuel Serrat– o periodistas –Iñaki Gabilondo–.

¿Es viable la propuesta del lehendakari Iñigo Urkullu de hacer del concierto económico vasco un “modelo de referencia” para resolver de una vez por todas el problemas de la financiación autonómica? La respuesta a esa pregunta tiene muchos matices, pero en general es negativa, según la opinión de los expertos consultados por infoLibre. La idea del presidente vasco, expresada en un artículo publicado por El País en el que defendía la validez del modelo de concierto frente a las críticas que ha recibido en las últimas semanas, es que el sistema vasco es tan positivo que incluso puede permitir “avanzar en un nuevo sistema descentralizado de financiación que resulte más eficiente, justo y solidario” porque “es un sistema acordado, eficiente y transparente de administración de los recursos tributarios”.

“La eficacia” del concierto económico (el acuerdo bilateral que regula las relaciones tributarias y financieras entre España y Euskadi), argumenta Urkullu, “depende de un adecuado ejercicio de responsabilidad, rigor presupuestario y equilibrio financiero. Además, aporta con carácter obligatorio y prioritario una cantidad (el cupo) destinada tanto a sufragar las cargas generales del Estado, sus funciones básicas, como a contribuir al Fondo de Compensación Interterritorial”.

Núria Bosch, catedrática de Economía Pública de la Universidad de Barcelona y directora de la Cátedra de Federalismo Fiscal del Instituto de Economía de la misma ciudad, lo tiene claro: “No es viable generalizar a las 17 comunidades el sistema del País Vasco”. El modelo del cupo sólo funciona con territorios ricos. Las comunidades pobres, con menos capacidad fiscal, “no tendrían recursos suficientes para financiar sus gastos”. Sólo sería posible implantar el concierto en alguna comunidad rica, pero generalizarlo es inviable, sostiene Núria Bosch

Urkullu tiene razón, precisa Bosch, en que el concierto “implica mucha responsabilidad fiscal”, porque “lo que hace es decir: ‘te doy los impuestos pero espabílate; con esto has de financiar tus gastos y, si no te llegan, es tu problema”. Pero eso funciona en una comunidad que tenga recursos y “que sabe que le llegarán”. La que no esté en esa situación “tendrá que subir sus impuestos y hacer une fuerzo fiscal superior para tener los mismos servicios y eso significa inequidad territorial”. Ylo que Euskadi aporta para otras comunidades, recuerda Bosch, es muy inferior a lo que entregan los territorios ricos del régimen común, como Cataluña, Madrid o Baleares.

Este es el motivo por el que, en su opinión, sólo sería viable implantar el concierto en “alguna comunidad rica” que “hiciera una aportación a otras comunidades para la solidaridad”. Pero “generalizarlo es imposible”. De hecho, recuerda, el deseo de muchas comunidades no está ahí.

Sí sería también viable, añade Bosch, que el nuevo modelo de financiación “cediera más responsabilidad fiscal, pero siempre con un sistema de nivelación y de solidaridad”.

Juan Antonio Gimeno Ullastres, catedrático de Economía Política y Hacienda Pública de la UNED, recuerda que nadie sabe muy bien cómo se calcula el cupo, la parte de los ingresos del País Vasco que pasan al Estado. “No digo que el cálculo de ingresos y gastos no sea correcto, pero la impresión de todos los estudiosos es que los criterios son muy favorables al País Vasco y a Navarra”.

Generalizar el cupo, razona, tendría como ventaja que los criterios deberían estar “necesariamente equilibrados, seria una forma de evitar dudas sobre si ingresos y gastos están calculados con criterios más favorables a unos que a otros”. Pero generaría un problema: la fragmentación de la gestión de Hacienda en beneficio de los grandes defraudadores, que tendrían más fácil eludir los controles, tal y como ya ocurre a escala de la Unión Europea. La solución no tiene por qué ser el cupo, puede ser mediante la gestión de deterninados tributos, defiende José Antonio Gimeno

La ventaja más importante resultado de aceptar la propuesta de Urkullu sería, en opinión de Gimeno, “que acabaría el discurso de que es Madrid quien no da dinero”. Con este modelo lo que ocurriría es que “usted tiene su hacienda y la controla, en ingresos y gastos. No venga con peticiones”. La solución, como se viene poniendo encima de la mesa desde hace años, recuerda el catedrático de la UNED, pasa “porque cada comunidad tenga ingresos suficientes para sus gastos. No tiene por qué ser cupo; pueden ser mediante la gestión de tributos determinados”. Lo que propone el líder del PSC, Miquel Iceta, con una administración de hacienda compartida, sería “una forma de avanzar en esa dirección” sin poner en peligro la necesaria unidad de la información tributaria.

Gimeno admite que un sistema de cupo “lleva a que los ricos sean más ricos y los pobres mas pobres”. Por eso sería necesaria “una contribución clara a un fondo de redistribución razonable”, porque “lo que no puede pasar” es que después de aplicar ese fondo “quede mejor” quien no contribuye que quien sí lo hace. “Una redistribución que no lleve a que sea mejor estar abajo que arriba”.

“No es un absurdo, tiene sus pros y sus contras. Hace 30 años”, recuerda, “a Pujol se le ofreció y no lo quiso, porque era más cómodo el modelo del victimismo: ‘yo gasto, no corro en esa parte de impopularidad de los impuestos” y echo la culpa al Gobierno central. “Ya se ha visto que ha ido dando su juego”, recuerda.

Al final, la solución pasa por “la suficiencia tributaria”: que todas la comunidades tengan ingresos suficientes y asuman la responsabilidad de decidir en qué gastan el dinero y que presión fiscal aplican. Pero manteniendo la gestión compartida. Y después, si quieren más, que puedan subir impuestos. La culpa ya no sería del Gobierno.

El problema, naturalmente, sigue siendo cómo fijar los criterios del gasto, pero eso ya ocurre en el sistema actual: a algunos les favorece la insularidad, a otros el envejecimiento o la dispersión.

Desde el punto de vista de José Antonio Gimeno, harían faltas tres condiciones para que, hipotéticamente, un sistema así funcionase: que las comunidades autónomas tuviesen capacidad para establecer sus ingresos en función de los gastos a los que tienen que hacer frente; que la administración central se limitase a redistribuir un fondo de compensación (de manera semejante a los fondos de cohesión de la UE) y que hubiese “transparencia informativa tributaria”.

Santiago Lago, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Vigo y miembro de la comisión de expertos para la revisión del modelo de financiación autonómica en representación de Galicia, es mucho más crítico en torno a la viabilidad de la propuesta de Urkullu.

En su opinión, a la hora de juzgar el concierto, “la pregunta que hay que hacerse es cómo es posible que, con tipos impositivos similares o inferiores, el País Vasco y Navarra tengan muchísimos más recursos para las políticas autonómicas que Madrid o Cataluña”. La explicación, subraya Lago, “es que ellos no aportan lo que deberían atendiendo a su capacidad tributaria. De hecho, las dos principales anomalías en las balanzas fiscales son País Vasco, Navarra y Canarias“, en este caso “por su régimen especial”. Ambos territorios “disfrutan de un marco fiscal envidiable” gracias a la forma en la que se computa el cupo y a un nivel de renta per cápita “claramente superior a la media”.

El cálculo del cupo no es transparente, opina el catedrático gallego —“ni los expertos en financiación autonómica tienen claro el detalle de los cálculos”—. Y su generalización a todas las comunidades autónomas daría lugar a un caso “único en el mundo”. “El sistema foral es propio de una estructura confederal, como la Unión Europea”, muy distinto al de un Estado federal, en el que el Gobierno central no “renuncia a su poder tributario en una parte del territorio”. Santiago Lago cree que “sería un paso intermedio hacia la desintegración fiscal y política de España”

Un sistema foral generalizado “y en las condiciones que rigen hoy en País Vasco y Navarra sería un paso intermedio hacia la desintegración fiscal y política de España”, afirma sin dudarlo. “Pasaríamos a ser una confederación de 17 comunidades autónomas regidos por el principio de que ‘cada palo aguante su vela’. Sería un disparate” que beneficiaría fiscalmente a quienes tienen más capacidad y menos necesidades de gasto per cápita. Y perjudicaría a los que se hallan en situación contraria.

A pesar del entusiasmo con el lehendakari ha defendido su propuesta, las reacciones fueron negativas también desde la política. Albert Rivera, el líder de Ciudadanos, pintó un panorama sombrío: hacer lo que propone Urkullu supondría “la desaparición de la Hacienda común española, de la solidaridad y del Estado moderno, que nació para recaudar impuestos” y que no lo hiciera en su territorio cada uno de “los reyes y los señores feudales”. Es una idea “inaceptable e inasumible” que, aprovechó para acusar, el PSC quiere implantar en Cataluña.

El candidato de los socialistas catalanes a la Presidencia de la Generalitat, Miquel Iceta, preguntado por la propuesta de Urkullu, aseguró que “si salieran los números, tendría un gran defensor” en él. Lo que hace falta, destacó, es “encontrar un sistema que sea justo, suficiente, solidario y equitativo”. Y en eso cuenta con el beneplácito del líder del PSOE, Pedro Sánchez, aunque “lo de los barones va por barrios”, admitió.

Xavier Domènech, también aspirante a la Presidencia catalana, en este caso por Catalunya En Comú-Podem, celebró la apertura de este debate, pero rechazó abiertamente convertir el cupo en “un nuevo café para todos”.

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz (PSOE), dejó claro que sigue estando en contra de cualquier intento de “romper la caja de la Seguridad Social” porque sería poner “en peligro el futuro” de España. Entiende que Urkullu defienda a su tierra, precisó, pero no que este país esté permanentemente “a subasta” durante las negociaciones en el Congreso. “Que un presidente del Gobierno esté utilizando las inversiones públicas y la financiación para ir sumando voluntades en el Congreso ha sido un déficit de la democracia española que hay corregir", concluyó.

En la misma línea se pronunciaron los presidentes de Asturias, Galicia y Castilla y León, Javier Fernández (PSOE), Juan Vicente Herrera (PP) y Alberto Núñez Feijóo (PP), que coincidieron este lunes en un acto conjunto. Feijóo señaló que la iniciativa de Urkullu aumentaría la renta de los territorios que ya son los más ricos, en detrimento de los de menor renta. El sistema de financiación es “para los ciudadanos” y no para las 17 autonomías. “No se trata de dividir el conjunto de ingresos entre 17 territorios, sino entre 48 millones de ciudadanos”, ha recordado.

Herrera recordó que la Constitución consagra la igualdad de los españoles y la “prohibición expresa” de que de las diferencias entre territorios se deriven privilegios económicos y sociales de unas comunidades sobre otras. A su juicio, es “de lógica aplastante” que, de aplicarse el sistema del cupo al resto de autonomías, “resultaría una España en dos bloques y una brecha entre autonomías”.

El presidente de Asturias rechazó también que el sistema del concierto se pueda implantar en otras comunidades.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha lamentado la falta de seriedad "de algunos" para dar estabilidad a España y a su modelo territorial y ha reclamado también una explicación "detallada" sobre la revisión del cupo Vasco, una materia en la que la transparencia y la claridad son "esenciales".

Así se ha manifestado el presidente de la Junta de Castilla y León en un artículo de opinión Sobre el Cupo Vasco y la financiación autónomica publicado este lunes en El País del que se hace eco Europa Press, en el que Herrera hace una especial mención al Ministerio de Hacienda para conocer la repercusión del cupo Vasco para las comunidades autónomas ante la "clave" de si las disparidades han disminuido o han aumentado.

"Una pregunta sencilla que temo no tenga respuesta satisfactoria", advierte Herrera en este artículo en el que recuerda que tras el nuevo cupo el País Vasco ha anunciado ya nuevas rebajas y ventajas fiscales, en especial relacionadas con la actividad y beneficios de las empresas, "lo que provocará una injusta y gravísima competencia entre comunidades", como es el caso de Castilla y León con la rebaja del Impuesto de Sociedades.

Herrera invita también al Ministerio de Hacienda a repasar el informe elaborado por la Comisión de Expertos para el diseño del nuevo modelo de financiación autonómica que explica que las particularidades constitucionales de los regímenes especiales, como el Concierto del País Vasco, son admisibles "siempre que no impliquen privilegios económicos" en cumplimiento del principio de igualdad esencial entre todos los españoles.

"El Informe indica que la regulación de dichos regímenes especiales debe ser completamente transparente, incluyéndose todos los detalles relevantes en la Ley correspondiente, y no en acuerdos bilaterales de difícil acceso para terceros", lamenta Herrera, quien no ha dudado al respecto de que los diputados hayan contado con toda esa información a la hora de aprobar la revisión del cupo para apuntar que las autonomías no la tienen.

El presidente de la Junta ha recordado también la urgencia de reformar el modelo de financiación autonómica pendiente desde 2007 para poder superar "graves insuficiencias" para cubrir los servicios básicos esenciales, como ocurre en Castilla y León, para lamentar al respecto que no parecen existir en este momento los acuerdos necesarios entre los grandes partidos para impulsar esta "vital reforma" a través de la negociación multilateral que tenga en cuenta los intereses de todos, como tampoco ocurre para sacar adelante los presupuestos, añade.

Dicho esto insiste en su llamamiento al Ministerio de Hacienda para que no se abran más debates ni se agraven los ya existentes en coherencia además con la voluntad y esfuerzo de consenso logrado en la última Conferencia de Presidentes a la que acudieron los jefes de los ejecutivos de todas las comunidades con excepción de Cataluña y País Vasco.

Feijóo reclama más información

A estas reclamaciones se ha sumado el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, que ha reclamado al presidente del Gobierno que se de más información sobre el cupo vasco, porque "el sistema de financiación afecta a todos los españoles". "Este sistema se negocia y cada vez deberíamos de tener más información de cómo se negocia el cupo", ha dicho.

Así se ha manifestado en una entrevista en Onda Cero. No obstante, ha matizado, "no pretendo hacer un problema del cupo, sino que cuando se negocie el siguiente sería correcto que hubiera transparencia al 100%".

Asimismo, ha criticado que "mientras unas Comunidades Autónomas pagan a otras se les condonan los intereses", ya que, según afirma, Cataluña ha recibido dinero durante la crisis y se les ha perdonado los intereses: "Sería un disparate mezclar financiación con cuestiones identitarias".

En este sentido, ha alegado que el sistema de financiación "se negoció en su día entre Cataluña y Zapatero, las comunidades autónomas nos adherimos", y ha cargado contra "la misma Cataluña que ahora plantea la independencia", porque, según Feijóo, "sienten que no están financiados de forma suficiente".

El portavoz parlamentario del PP, Borja Sémper, ha afirmado que el "ataque" del presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, al Cupo vasco es fruto del "desconocimiento" y ha subrayado que éste no es "ningún privilegio" para Euskadi.

El pleno del Congreso debatirá el próximo jueves la nueva Ley Quinquenal del Cupo y la de modificación del Concierto Económico. A este respecto, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha anunciado este fin de semana que su formación votará en contra, por ser "injusto".

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, el presidente del PP de Guipúzcoa Sémper ha reconocido que discrepa "profundamente" con este posicionamiento de Rivera, pero ha advertido de que se está "en un contexto electoral en el que todos nos jugamos mucho en Cataluña".

"El ataque al Concierto Económico no es nuevo, es habitual por parte de algunos y más bien fruto del desconocimiento, de la irresponsabilidad en las manifestaciones políticas que de la realidad", ha valorado.

En este sentido, ha incidido en que Rivera defiende la Constitución y el Bloque de Constitucionalidad donde están insertos los Estatutos de Autonomía y se reconoce el Concierto Económico y también el Cupo.

"Entiendo que se esté en contra, se discrepe, pero tachar de injusto algo que aparece en el propio ordenamiento constitucional no deja de ser contradictorio con las posiciones que maneja Rivera", ha afirmado.

"Buen acuerdo"

De este modo, ha sostenido que el acuerdo del Cupo es un buen acuerdo "para Euskadi y el conjunto de los españoles". "Demuestra que desde el entendimiento y el acuerdo se fortalecen las políticas que implementemos para los ciudadanos y que no es ningún privilegio para Euskadi", ha añadido.

Por último, ha incidido en que el Concierto Económico es una ventaja o no "dependiendo de cómo se aplica", ya que "hoy no lo es para los vascos porque pagamos mas impuestos que en el resto de España".

"Una cosa es el concierto y el cuponazo"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha asegurado que "el Gobierno se ha reunido en un cuarto oscuro para negociar el cupo. Una cosa es el concierto y otra el cuponazo". Rivera ha insistido en que su partido votará en contra del cupo: "Si hay dinero para el cuponazo lo hay para equiparar los sueldos de Policías y Guardias Civiles".

En una entrevista en Onda Cero, Rivera también ha abogado por una reforma de la Constitución, pero "que no sea para contentar a Junqueras", ha incidido. Además, ha apuntado a que la reprobación de Maza, fallecido este sábado, "no fue un error": "El nombramiento del fiscal general del Estado es mejor que responda a intereses de Estado y no de Gobierno".

El presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, se ha mostrado este lunes contrario a conceder a Cataluña un sistema de financiación similar al régimen fiscal propio de País Vasco y Navarra. "Tener dos lenguas no significa tener dos bocas", ha advertido parafraseando al expresidente de su comunidad y también socialista Juan Carlos Rodríguez Ybarra.

En los Desayunos Informativos de Europa Press, Fernández Vara ha afirmado que el problema independentista en Cataluña "no es sólo económico" porque si así fuera "estaría resuelto hace tiempo".

Bajo su punto de vista, sería necesario explicarle a la ciudadanía catalana que "la culpa de todos sus males" no la tiene España, sino "otros", para lo que es preciso presentar "bien los números". "Ya verás cómo no volvemos a hablar de las balanzas fiscales después de que se hayan ido 2.000 empresas", ha apuntado.

Fernández Vara ha pedido que no se haga boicot a los productos catalanes, porque al final quienes más lo sufrirán serán los trabajadores más vulnerables. "A Puigdemont, Junqueras y Forcadell les importa tres pitos el boicot", ha soltado.

No convertir los sentimientos en privilegios

De igual manera que ha rechazado un concierto económico para Cataluña, se ha mostrado en contra de que el reconocimiento de los sentimientos identitarios en esta u otra autonomía equivalga a conceder "privilegios". Si este escenario se llega a plantear en una eventual reforma de la Constitución, él estará radicalmente en contra, ha avanzado.

Para Vara, en España existen las mismas nacionalidades que en 1978, pero está abierto a que los partidos se sienten a hablar sobre "determinados reconocimientos históricos". Ahora bien, ha advertido de que la reforma constitucional no debe hacerse pensando en el independentismo. "Nos estaremos equivocando", ha augurado, porque este país "necesita un proyecto para España" y no sólo para Cataluña.

En el camino hacia esa reforma constitucional, ha puesto en valor la comisión recién creada en el Congreso de los Diputados, a instancias de los socialistas, para empezar a estudiar una modernización del Estado autonómico. Esta comisión es defendida por el PSOE como la antesala de los trabajos para la reforma constitucional. De hecho, el líder del partido, Pedro Sánchez, pactó con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, abrir la subcomisión para la reforma constitucional dentro de seis meses, cuando finalice su labor la comisión del modelo territorial.

El problema estriba en que esta nueva comisión sobre el modelo territorial aún no se ha constituido —y por tanto no ha iniciado sus trabajos— entre otras cosas porque sólo PP, PSOE y Ciudadanos están dispuestos a participar en ella. A juicio de Vara, "hay mucha pose y postureo" en la negativa de otros partidos a sentarse en esta comisión y se ha mostrado "convencido" de que los trabajos de este órgano parlamentario darán "frutos positivos".

Tampoco teme Vara que el debate sobre la reforma constitucional abra una crisis interna en el PSOE, por las diferentes visiones que puedan tener los territorios. El dirigente extremeño ha reconocido que el partido tiene "la costumbre de discutir en el escaparate, eso es imposible cambiarlo", pero ha confiando en que al final en esta cuestión también serán capaces de ponerse de acuerdo.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha asegurado este jueves que "la salida al laberinto político territorial" del Estado "se encuentra en el horizonte del Estado confederal", que institucionalice la consulta a la ciudadanía sobre su futuro "de manera legal, pactada" y con garantías.

También ha reclamado que se avance en el reconocimiento jurídico-político, social y cultural "de las realidades nacionales vasca, catalana y gallega, además de la española".

Asimismo, ha defendido que Euskadi siga su "vía propia, la vía vasca", para lograr un nuevo estatus con el fin de "seguir avanzando en su construcción nacional y social". "Planteo la posibilidad de acordar un nuevo pacto político expresión de nuestra nacionalidad propia y diferenciada, tal como recoge el artículo primero del Estatuto de Gernika", ha afirmado, para apuntar que debe acordarse "un pacto bilateral con el Estado" que "garantice sus poderes y competencias".

Durante su intervención en el debate de política general, Urkullu se ha referido a "la visión de futuro del autogobierno vasco", el cuarto pilar de su programa de Gobierno, ha emplazado al Gobierno de Mariano Rajoy el traspaso a Euskadi de 37 transferencias pendientes "para zanjar el contencioso estatutario" después de 37 años de "incumplimientos".

El lehendakari ha asegurado que el primer compromiso de su Ejecutivo es "avanzar en el cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika" y, para ello, ha aprobado un informe actualizado sobre las competencias no transferidas, un total de 37, que, tal como aseguró el portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, serán facilitadas mañana a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

"Nuestro Gobierno ha declarado y demostrado voluntad de negociación y acuerdo, esperamos una actitud de reciprocidad por parte del Gobierno español".

La vía de la bilateralidad, reactivada en la Comisión Mixta del Concierto y la Junta de Seguridad, es el camino que nos puede permitir zanjar el contencioso estatutario y completar las 37 transferencias pendientes tras 37 años de incumplimiento", ha añadido.

"Convivencia entre identidades diferentes"

En cuanto al nuevo estatus para Euskadi, ha señalado que éste debe aprobarse en el Parlamento vasco "con el mayor consenso" y sus "Bases y Principios" deberán consensuarse en la ponencia de autogobierno. "El ideal del Autogobierno se encuentra en la concordia y la convivencia entre identidades diferentes, sobre la base del respeto y reconocimiento mutuo", ha destacado.

Con el fin de favorecer "el máximo consenso", Iñigo Urkullu ha realizado unas reflexiones con el fin de "facilitar el desarrollo y avance de los trabajos" parlamentarios, como son "ubicar la cuestión del autogobierno vasco en el ámbito político de la Unión Europea", analizar "el reconocimiento de Euskadi como nación y la consideración de los Derechos Históricos como poder constituyente", asentar "el concepto de bilateralidad y su aplicación efectiva, y disponer "de una precisa capacidad de decisión en el ámbito del Estado, la UE y la acción internacional".

En el horizonte europeo

Iñigo Urkullu ha señalado que "la Europa unida era, desde su fundación, el proyecto político para construir una federación de naciones y pueblos en torno a un proyecto compartido".

A su juicio, "es necesario que el protagonismo político y decisorio se transfiera a los pueblos y naciones que integran la diversidad europea". "En este nuevo escenario, sería necesario configurar una estructura basada en el principio de subsidiariedad que permita un reparto de competencias y, también, de soberanía", ha aseverado.

Por ello, ha apostado por "avanzar en un modelo capaz de unir los elementos positivos de los modelos confederal y federal, que limite la exclusividad del Estado-Nación, tanto en el ámbito interno como internacional". "Esta vía podría abrir, también, una alternativa constructiva para la ineludible reforma del modelo de Estado, que debe partir de la asunción de su propia realidad plurinacional", ha señalado.

Poco antes de que los ánimos se caldearan hasta alcanzar el punto de ebullición en que se encuentran en estos momentos, un puñado de economistas del Institut d’Economia de Barcelona (IEB), nacido en el seno de la Universidad de Barcelona y en cuya fundación se sientan desde La Caixa hasta Gas Natural Fenosa y Abertis, publicó un informe sobre La esperada reforma de la financiación autonómica. En sus páginas, el exconseller de Economía Antoni Castells pide para Cataluña un “tratamiento específico” en materia fiscal, a la manera de Escocia, Quebec o Flandes, que a su juicio podría “rebajar la pulsión independentista”. Dos años antes, el expresidente Artur Mas había atribuido al rechazo de Mariano Rajoy a su propuesta de Pacto Fiscal el rumbo hacia la independencia que ha tomado el Gobierno catalán. “El golpe de puerta a esta aspiración fue muy grande y, a partir de aquí, la historia es conocida y no hace falta que insista”, explicó en la clausura de la presentación del nuevo modelo de Administración Tributaria de Cataluña, que la Generalitat había encargado a un grupo de expertos en 2013.

Ese Pacto Fiscal se presentaba como la adaptación a Cataluña de los conciertos económicos vasco y navarro. Un modelo único en el mundo –como presumen sus defensores y reprochan sus detractores–, basado en los “derechos históricos” reconocidos a los territoriales forales –Álava, Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra– y que fue aprobado en su forma actual en mayo de 1981.

Desde entonces, y mediante un pacto bilateral que se renueva cada cinco años entre los gobiernos del País Vasco y Navarra, y el Gobierno central, ambas comunidades autónomas recaudan, liquidan y gestionan todos los impuestos –12 estatales y 11 autonómicos–. Después, pagan un cupo al Estado, un tanto por ciento de los gastos que para éste suponen las competencias no transferidas –desde las embajadas hasta la defensa pasando por las prisiones o la Seguridad Social– así como de las amortizaciones e intereses de la deuda pública. Ese porcentaje es el 6,24%, la contribución del País Vasco al PIB nacional, y del 1,6% en el caso de Navarra. También contribuyen al Fondo de Compensación Interterritorial en ese porcentaje, pero no a los otros fondos de solidaridad entre comunidades autónomas: los de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales, de Suficiencia Global, de Competitividad y de Cooperación.

Según ha calculado Pedro Luis Uriarte, exconsejero de Economía que negoció el Concierto Económico en 1981, el País Vasco ha pagado desde entonces hasta 2016 un total de 26.000 millones de euros al Estado, 11.558 euros por habitante. El último acuerdo sobre el cupo, firmado el pasado julio, fija en 1.300 millones el pago al Estado que deberá hacer el País Vasco este año.

Uriarte, que se ha convertido en el gran divulgador de las bondades del Concierto Económico Vasco, no tiene ninguna duda: desde un punto de vista técnico, el traslado del modelo a Cataluña es “perfectamente posible”. Aunque también destaca que sería necesario cambiar la Constitución y que las posibilidades “políticas” de sacar adelante una iniciativa de ese tipo son “muy limitadas, por no decir nulas”, teniendo en cuenta la oposición de los principales partidos nacionales. A su juicio, el Pacto Fiscal podría ser una “estación intermedia” entre la situación actual, con un “régimen general que perjudica a Cataluña”, y la independencia.

Cuando la Generalitat dijo no al concierto

El exconsejero tacha de “error histórico” que Cataluña rechazara en 1980 negociar con el Estado un concierto económico como el vasco. Según relata en su libro El Concierto Económico Vasco: una visión personal, el entonces ministro de Hacienda de UCD, Jaime García Añoveros, se lo ofreció al conseller Ramón Trias Fargas, mientras negociaban la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca). El histórico dirigente de Convergència lo descartó, cuenta Uriarte, porque le pareció “políticamente inconveniente” hacerse responsable de la recaudación de impuestos, una actividad impopular, a las pocas semanas de haberse constituido el Gobierno de la Generalitat presidido por Jordi Pujol. Menos aún cuando el país se encontraba en plena crisis económica. Pero también lo desechó porque pensaba que Cataluña obtendría más recursos negociando con el Gobierno a cambio del apoyo convergente en el Congreso. “Además, los políticos catalanes consideraban el Concierto Económico Vasco como una antigualla”, apunta el exconsejero. Ramón Trias, asegura, “miraba el concierto por encima del hombro, y ésa pudo ser una poderosa razón psicológica que le impidió ver su validez”.

Uriarte también menciona una carta de Jordi Pujol enviada en 2006 al exconsejero vasco de Educación Pedro Miguel Etxenique. “Los catalanes no tenemos concierto económico porque no lo quisimos”, reconoce el expresidente. Pese a que Convergència, cuenta Pujol en su carta, intentó introducirlo en las negociaciones que dieron lugar al Estatuto de Autonomía Catalán en 1978, la oposición de PSC, PSUC y UCD lo impidió.

“Nunca se tomó en serio [Copiar el Concierto Económico Vasco], ni siquiera en 2012 [cuando Artur Mas planteó el Pacto Fiscal]”, le rebate Francesc de Carreras, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona. “sólo lo planteaba Artur Mas para que no le pidieran la independencia los suyos”. Carreras explica que el Concierto Económico es “neutro”, pero el cupo es “injusto”. “En el cálculo de esa cantidad, que es muy complicado y muy oscuro, se hacen trampas”, indica, “eso es lo que habría que cambiar”. El catedrático sí que pide un nuevo sistema de financiación autonómico, “pero para todas las comunidades autónomas”.“Subvencionadas por territorios más pobres”

Como Carreras, el director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), Ángel de la Fuente, considera el concierto vasco “discriminatorio”, “un privilegio económico”. En 2012 estudió el Pacto Fiscal y concluyó que era “inviable constitucional y políticamente, y desaconsejable en términos de racionalidad económica y administrativa”. Según sus cálculos, un concierto económico con Cataluña supondría detraer 11.000 millones de euros de la financiación del régimen común, de la cuantía que recibe el resto de las comunidades autónomas. Y lo que ganaría Cataluña con este nuevo modelo no sería sustancioso: 1.000 millones de euros.

Además, De la Fuente cifra en 4.500 millones la cantidad que hasta 2007 el País Vasco se ahorró gracias a un cálculo del cupo a su juicio excesivamente favorable para la comunidad autónoma. De esta forma, los vascos han disfrutado estos años de una financiación por habitante superior en un 60% a la media de las comunidades del régimen común, “pese a contar con una normativa fiscal que tradicionalmente ha sido más laxa”. Como Carreras, De la Fuente destaca que si los principios del concierto vasco se aplicaran “de forma medianamente razonable, el sistema debería ser casi neutral”. Por el contrario, tanto el País Vasco como Navarra “están siendo subvencionadas por territorios que en promedio son más pobres”. Entre ellos, la propia Cataluña, dice el director de Fedea, que cifra en 1.000 millones de euros esa “aportación” extra a la financiación vasca.

En su libro, Pedro Luis Uriarte no se muestra de acuerdo con las acusaciones de “privilegio” que se lanzan contra el Concierto Económico. Y resalta que el Estado gasta en el País Vasco “mucho menos de lo que aporta a través del cupo bruto”. En concreto, entre 2001 y 2014, 15.638 millones de euros menos. Además, asegura que los vascos “llevan pagando desde hace 35 años un 33% más de lo que les correspondería por su población”, el 4,66% de la española –paga por el 6,24% de su aportación al PIB–.

Respecto a Cataluña, el exconsejero vasco cita el trabajo realizado por Elisenda Paluzie, decana de la Facultad de Economía de la Universidad de Barcelona. El estudio concluye que, aplicando el cupo vasco a Cataluña, el déficit fiscal catalán con el Estado –entre 15.000 y 17.200 millones– se habría reducido hasta los 6.000 millones de euros.

“Todos los estudios confirman que el Concierto Económico es favorable a los vascos”, coincide con De la Fuente José María Durán-Cabré, investigador del Institut d’Economia de Barcelona. Pero advierte de que el modelo vasco no es “replicable” en Cataluña. El PIB catalán equivale al 18,9% del nacional, tres veces el vasco, lo que haría inviable el régimen común. A no ser que se cambiara el cálculo del cupo, incorporándole un mecanismo de redistribución entre comunidades autónomas, precisa.

Reforma profunda del sistema actual

En cualquier caso, Durán-Cabré cree que, desde un punto estrictamente técnico, existen “otros modelos mejores que el Pacto Fiscal”. Por un lado, antes de pensar en una Agencia Tributaria propia, a su juicio habría que considerar las economías de escala y de especialización, y los ahorros que se consiguen cuanto mayor sea el tamaño del organismo. Según la Generalitat, el coste de una Hacienda catalana independiente ascendería a 700 millones –desde los 280 millones actuales–. Otra investigadora del IEB, Núria Bosch, calcula que la nueva Hacienda catalana debería tener entre 7.000 y 8.000 trabajadores. Ahora los empleados de la Agencia Tributaria en Cataluña, de la Agència Tributària de Catalunya, las oficinas liquidadoras y los organismos autónomos de las diputaciones suman 5.000 personas.

Por otro lado, Durán-Cabré defiende una reforma “profunda” del actual sistema de financiación autonómica. “No es equitativo y, en términos de eficiencia, desincentiva la actividad en las comunidades más ricas”, advierte. Según explica, los resultados de aplicar los fondos de solidaridad territorial están lejos de ser “justificables”.

Así, de acuerdo con el mapa de financiación que elabora el IEB, con cifras de 2014, las comunidades más beneficiadas por los actuales mecanismos de nivelación son Cantabria y La Rioja, que ya antes de aplicarse estos fondos se encuentran por encima de la media en cuanto a recursos. La más perjudicada es la Comunidad Valenciana, que termina con menos recursos después de utilizar los fondos de solidaridad autonómica y ya antes está por debajo de la media. Madrid, Cataluña y Baleares, las comunidades más ricas, son también las que más recursos pierden. Canarias los duplica gracias a los mecanismos de nivelación, y Extremadura los aumenta un 56%. Andalucía, sólo un 17%.

El investigador del IEB cree que la solución a estas disfunciones es un sistema fiscal federal que aumente la responsabilidad tributaria y dé “más poder en la gestión y administración de los impuestos a las comunidades autónomas que así lo quieran”.

PREGUNTA: Póngame en situación...

RESPUESTA: Hay que situarse en 1980, cuando trabajaba en el Banco Bilbao y, a mis 37 años, había tenido mucha suerte en mi carrera profesional. Un día me llamó el presidente del banco y me dijo que el recién elegido lehendakari, Carlos Garaikoetxea, necesitaba una persona honrada, trabajadora y que estuviera dispuesta a sacrificarse para sentar las bases de la administración pública vasca y negociar el Concierto Económico, y añadió poco después 'díselo a tu mujer'. '¿Cómo?', dije yo. 'Ya le he dado tu nombre a Garaikoetxea', me respondió. Me resistí como pude, porque no quería dedicarme a la política. Pero al final, por romanticismo, véase amor al País Vasco y sentido del deber, acepté.

P.: ¿Cuál es el origen del Concierto?

R.: El Concierto Económico nace en 1878, aprobado por un ministro muy hábil, Antonio Cánovas del Castillo. Fue suprimido por Franco para Bizkaia y Gipuzkoa en 1937. Estas dos provincias representan el 85% de la población y del PIB del País Vasco y entró en vigor el 21 de julio de 1981, tras una ardua negociación. En 2002, se negocia un nuevo Concierto, que tiene carácter indefinido.

P.: Vayamos a 1980, ¿en qué situación estaba el país en aquel momento?

R.: Euskadi estaba en una situación crítica, pre-revolucionaria. En 1980, ETA batió un trágico récord de atentados y asesinatos. La situación económica era catastrófica, con un paro en la margen izquierda [zona industrializada del Bilbao metropolitano] superior al 40%.

P.: Usted explica que "con 37 años, sin dinero y una silla, así fue la negociación del Concierto económico". ¿Cómo vivió aquel difícil pero crucial momento?

R.: La negociación, cerrada el 29 de diciembre de 1980, fue durísima. Un economista, consejero de Economía y Hacienda, sin silla ni mesa, sin presupuestos ni conocimientos, negoció con la poderosa Administración del Estado, entre los que estaban un ministro de Hacienda, Jaime García Añoveros, y un gran político y ministro de Administraciones Públicas, Rodolfo Martín Villa. Iniciamos la negociación en mayo y la cerramos el 29 de diciembre de 1980. Siete meses con sesiones de 16 a 18 horas, sometidos a una estricta dieta de jamón serrano y queso manchego, porque el Presupuesto del Estado no daba para más. Terminamos la negociación pero no se mandó el proyecto de ley a las Cortes generales.

P.: ¿Qué dificultades políticas sufrió la negociación?

R.: El presidente del Gobierno era entonces Adolfo Suárez, que un mes después dimitió. Se planteó la investidura de Calvo Sotelo, que fracasó en la primera vuelta. Hubo un golpe de Estado y nombraron presidente de Gobierno a un hombre que no había participado en la negociación y que no estaba muy de acuerdo con el Concierto Económico. Hubo que iniciar otra negociación para tramitarlo en las Cortes Generales, porque desde 1878 los Conciertos se habían aprobado por acuerdo entre dos administraciones, pero nunca se ratificaban en el Parlamento.

P.: ¿Cuándo se hizo efectivo?

R.: Ya en mi etapa de consejero de Economía y Hacienda del Gobierno vasco. Ahí tienes una de esas lecciones que da la vida, cuando hay que superar un desafío desconocido, el ser humano tiene capacidades latentes que despiertan para ser capaz de superar todo tipo de retos.

P.: ¿Y qué características tuvo la votación?

R.: Se presentó el pacto mediante un trámite distinto a los habituales, para que lo ratificaran o rechazaran en bloque las Cortes Generales. El Concierto se aprobó con un 90% de votos a favor.

P.: Usted dice que su libro, dividido en once partes, es una obra polémica, ¿por qué?

R.: Porque rebato distintas falsedades, una de ellas que el Concierto se concediera por la presión de ETA. Cuando ETA nació, en 1957, el Concierto llevaba ya en vigor sesenta y nueve años. ETA quería romper la relación con el Estado central y el Concierto era precisamente un acuerdo con Madrid.

P.: ¿Y gratuito?

R.: Es una obra social y lo he volcado en www.elconciertoeconomico.com. Lo que pido a la gente es un donativo a Cáritas, Alboan, Unicef o Aventura Solidaria, organizaciones con las que estoy colaborando. Está orientado a cualquier persona que pueda leer un periódico, es riguroso, pero escrito con lenguaje coloquial. Tiene chistecillos y anécdotas personales, para que el lector se entretenga por el camino. Es un deber ciudadano que me he autoimpuesto.

P.: ¿De qué manera explicaría a un joven vasco que el Concierto Económico no tiene nada que ver con un espectáculo musical?

R.: Es un acuerdo por el cual se regulan los impuestos entre el Estado y la autonomía vasca. El Concierto es complejo, no es algo que los vascos arrancan al poder central, sino que Madrid lo impone. Es un acontecimiento histórico, porque las provincias vascongadas estaban en una situación de sometimiento militar y firmaron un acuerdo, que viene de la noche de los tiempos, el 28 de febrero de 1878. Con sucesivas renovaciones, hasta que Franco elimina el Concierto en 1937, para Bizkaia y Gipuzkoa, y en 1980 me toca la papeleta de renovarlo.

P.: ¿Qué significa el Concierto?

R.: Que en el País Vasco los impuestos los recaudan las Diputaciones forales, mientras que en el resto del Estado lo hace la Agencia Tributaria. A cambio de recaudar los impuestos, Euskadi paga un cupo al Estado, una parte de lo recaudado. La Constitución española, en su disposición adicional I, dice que la Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales. Son dos modelos diferentes, reconocidos constitucionalmente.

P.: ¿Puede explicar cuáles son las denominadas "fuentes de legitimación" del Concierto Económico vasco?

R.: Esto no es un invento de los vascos, han pasado 16 leyes por las Cortes Generales, desde 1981 hasta 2014, que hacen referencia al Concierto. Las modificaciones del Concierto han tenido un apoyo aplastante, menos del 1% han votado en contra. El Concierto está incorporado al Estatuto de Autonomía del País Vasco. Tiene una legitimación legal-formal fortísima y también moral, después de la supresión del Concierto por la dictadura franquista. Por lo tanto, lo que no se entiende bien es que algo que tiene ese respaldo constitucional, legal, moral, etcétera, sea tan criticado.

P.: ¿Qué críticas se han vertido?

R.: Por un lado críticas políticas, de partidos minoritarios como UPyD; y por otro, un partido que puede jugar un importante papel en las próximas elecciones, Ciudadanos, que inicialmente hizo un planteamiento de liquidación del Concierto, quizás por su origen catalán y antinacionalista, pero que ahora está haciendo planteamientos mucho más matizados. Dicen 'vamos a modificar la Constitución española para avanzar hacia un Estado Federal, y esa modificación debe ser simétrica'. Un planteamiento político factible, pero, como todos los planteamientos políticos, también perfectamente cuestionable. También hay críticas académicas, de catedráticos de Hacienda y economistas que no están de acuerdo con la manera en cómo se hacen las cuentas,  si fuera necesario, habría que llegar a un acuerdo con estas personas

P.: ¿Cómo ha actuado el Estado durante la crisis?

R.: El Estado, ante la crítica situación de muchas provincias, envió un préstamo masivo para seguir funcionando, pero dos comunidades no han pedido un euro y por este motivo quieren quitar a Euskadi y Navarra su situación de privilegio. Este es el motivo por el que el Concierto Económico Vasco y el Convenio Navarro están tan mal vistos.

P.: ¿Qué importancia tiene para los vascos su Concierto Económico?

R.: Mucha, porque para una persona de a pie, como yo, es fundamental. Es la columna vertebral de nuestro Estado de bienestar. Lo que recibimos de educación, sanidad, cultura o carreteras viene del Concierto Económico. A los que más afecta la pérdida del mismo es a las personas más jóvenes, débiles y necesitadas. Creo que es un argumento moral poderoso.

P.: ¿Qué desea comentar respecto al rechazo del Concierto Económico catalán?

R.: Ramón Trías Fargas dijo no a la posibilidad de acceder a un Concierto Económico. Ahí se ve cómo reacciones racionales a veces se convierten en perjudiciales. Durante una serie de años le fue mejor que al País Vasco teniendo el paraguas protector del Estado, pero la economía vasca consiguió estabilizarse, empezó a recaudar más y a mejorar la calidad de los servicios públicos. Todo ello unido a la eficiencia de la Administración vasca, la inexistencia de fracaso escolar y la escasez de corrupción, ha llevado a que el País Vasco esté en una situación más que aceptable. Y en mayo de 2015, Artur Más reconoció la gran equivocación de rechazar la oferta que recibieron en 1980.

P.: ¿Usted dice que su libro se puede leer sin un orden preestablecido?

R.: ¿Has leído Rayuela de Julio Cortázar? Pensé en escribir una obra innovadora, que se leyera sin seguir un orden, pero me di cuenta de que Cortázar ya lo había hecho. Este libro tiene once partes y se puede leer por capítulos y en desorden.

P.: ¿Su proyecto didáctico está aún inacabado?

R.: Sí, voy a desagregar cuarenta o cincuenta capítulos, que considero de gran interés y construiré un documento reducido. Y también un minilibro para ninis (ni tiempo, ni idea), también inusual, porque estará formado por una serie de cuadros power point, con su correspondiente explicación, si Cortázar no me quita la idea (bromea).

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Pedro Luis Uriarte fue consejero delegado y presidente de BBV y BBVA y consejero de Economía y Hacienda en el primer Gobierno vasco, entre 1980 y 1984, surgido tras la promulgación del Estatuto de Autonomía. El año 1981 consiguió cerrar el acuerdo del Concierto Económico, que se mantiene en la actualidad.

La controversia, defienden los socialistas de Euskadi, viene dada en buena medida por la complejidad del sistema. A diferencia de lo que ocurre en el resto de comunidades autónomas, Euskadi (y Navarra) recaudan sus impuestos y después pagan al Estado una cantidad por las competencias que no ejerce la administración autonómica. El importe se negocia entre País Vasco y el Estado, y se fija por ley cada cinco años. Si no hay acuerdo, se prorroga la anterior. Esa es la situación actual –pervive la norma de 2007-2011–, pues el Ejecutivo vasco y el central se reclaman mutuamente cantidades de ejercicios anteriores y no han sido capaces de cerrar un nuevo pacto.

La posición oficial del partido a nivel federal la fijó ya este jueves su secretario general, Pedro Sánchez. Aseguró que el verdadero debate es el de "actualizar la financiación autonómica" y que no "están en cuestión" ni el concierto vasco ni el cupo. "La gran ventaja del PSOE es que lo tiene escrito", reiteró Sánchez, quien se remitió a la Declaración de Granada aprobada por el partido en julio de 2013. Ese documento señala, literalmente, que "la institución del concierto y el convenio del País Vasco y Navarra deben seguir manteniendo reconocimiento constitucional, sin perjuicio de perfeccionar algunas de sus deficiencias en su aplicación práctica".

Andalucía y Valencia, contra el cupo

Las palabras del candidato a la Moncloa de los socialistas vienen a reconvenir a federaciones como la valenciana y especialmente la andaluza, que en los últimos días se desmarcaron de esa línea y reabrieron el debate sobre la financiación vasca a poco más de dos meses de las elecciones generales. Apenas 24 horas después de las primeras declaraciones de Díaz, la secretaria general del PSE Idoia Mendia le respondió: Euskadi, dijo, no tiene "un régimen privilegiado" ni recibe dinero del Estado, sino que lo aporta al conjunto. "Susana ha dicho que hay un desequilibrio y que es un privilegio. Por ese lado, creo que cada uno tiene que encargarse de lo suyo", zanjó Mendia.

Pero la líder andaluza insistió en sus planteamientos y su respuesta no se hizo esperar. Llegó el miércoles: “Los que están pidiendo solidaridad en Cataluña ahora resulta que la niegan en Euskadi”, ironizó. A su llegada a un desayuno informativo, apuntó que "cuando se defiende la igualdad, se defiende que un ciudadano en cualquier rincón de España tenga la misma sanidad, la misma educación y los mismos servicios públicos" y que, a su juicio, es "una realidad" que en la actualidad no todas las comunidades autónomas están "bien financiadas". Hay que "modular" el cupo en defensa de "la igualdad de todos los ciudadanos", reiteró.

A la polémica se sumó este jueves el presidente de la Comunitat Valenciana, Ximo Puig, uno de los barones socialistas próximos a Díaz. Puig consideró que el concierto vasco "hay que respetarlo", pero que "el resultado del cupo no puede llevar a asimetrías como las que se producen en estos momentos". Si en los últimos años la Comunidad Valenciana hubiera recibido la financiación media que tienen Euskadi y Navarra, ahondó, eso le habría supuesto 9.000 millones de euros más al año. Finalmente, y sin "quitarle nada a nadie", pidió que los valencianos sean "tratados con igualdad".

El PSE, entre la espada y la pared

En el PSE no ocultan su malestar con esas posiciones. La propia Idoia Mendia declaró también este jueves que "los temas vascos a veces pueden resultar complejos" pero que Euskadi "aporta" al conjunto del Estado, y llamó a respetar la consabida Declaración de Granada. "No es ningún Gobierno autonómico quien propone modificaciones sobre el cálculo del cupo", sostuvo en clara referencia a las palabras de los líderes de otras federaciones socialistas, de quienes dijo que "algunos acaban de llegar" a la Presidencia autonómica y tienen "problemas gravísimos" para hacer los presupuestos.

"Y eso lo entiendo –continuó–, pero se trata de arreglar lo que no funciona y no de fastidiar lo que funciona. Los vascos siempre hemos sido solidarios". Fuentes del PSE consultadas por infoLibre apuntan que el debate sobre el concierto es "extemporáneo", que "ahora no toca". "¿Un privilegio? Eso hay que verlo con números, y no hacer un debate en el aire", añaden. Los socialistas vascos sostienen que el sistema "puede llegar a ser favorable en su resultado final" pero que implica "asumir un riesgo", porque deja a la comunidad fuera del reparto de ayudas extraordinarias que dependan del Estado, como el fondo de liquidez extraordinaria o el de pago a proveedores.

Especialmente críticos se muestran con la presidenta Susana Díaz. "Susana nos complica la vida". "Nos obliga a hacer mucha pedagogía para explicar que no se trata de cambiar el sistema, sino que se propone, si acaso, actualizar la cuantía del cupo como dice la ley". "Cosas como las que ella dice con las que se dicen cuando se habla desde el desconocimiento". Son algunas de las frases con las que se opina en el PSE sobre la actuación de la líder andaluza, que con sus posiciones introduce un elemento en el debate político vasco que hasta ahora no está presente y donde la posición de los socialistas no es fácil. Añaden que, además, el PNV estaba "fuera de juego" de cara a la campaña de las generales y que ahora "sobreactúa" porque ha encontrado un caballo de caballa: la defensa del sistema foral.

Las reticencias hacia Susana Díaz se comparten en el PSC. Los socialistas catalanes comparten la idea de actualizar la cantidad que Euskadi entrega al Estado cada año, pero consideran que el gesto de la presidenta andaluza, habida cuenta del calendario electoral, "es poco conveniente". "Es un tema que no toca en este momento", comenta un dirigente de la formación, pero "todo el mundo quiere poner su granito de arena" y "[el PSOE de] Andalucía intenta llevar un poco la voz cantante". "En el PSC –reitera este miembro de la dirección de los socialistas catalanes– estaremos con el PSE, aunque creamos que el cupo puede generar desigualdades".

Debate en Euskadi

En el País Vasco las reacciones al debate interno en las filas socialistas no se hizo esperar. El PNV llevó la voz cantante como defensor del particular sistema de financiación. El lehendakari Urkullu advirtió de que no permitirá una "modificación unilateral" del concierto. "Es una línea roja que no vamos a admitir que se traspase", pues "es un sistema histórico, legal, solidario y eficaz, pactado en la ley y que sólo redunda en beneficio de la ciudadanía", dijo. Se da la circunstancia de que, tras las últimas elecciones municipales y forales, nacionalistas y socialistas pactaron gobernar juntos diputaciones forales y numerosos ayuntamientos.

Para tratar de frenar esa ofensiva del PNV y calmar los ánimos, el PSE presentó este jueves dos iniciativas en la Cámara vasca. La primera, una proposición no de ley, insta al Parlamento a "reiterar su compromiso con el Concierto Económico", a solicitar la "actualización del Cupo" en los términos que establece la ley y a que las administraciones estatal y autonómica "defiendan y expliquen" todas las "peculiaridades" del sistema "a fin de que no se cuestione esta figura y se aleje cualquier duda sobre la misma". En la segunda, se pregunta al lehendakari Urkullu por los pasos que dará para lograr ese acuerdo con el Gobierno de Madrid.

El resto de fuerzas no han dejado pasar la ocasión e incluso el PP cargó contra las críticas de miembros del PSOE al concierto económico vasco. "Defendemos contundentemente su existencia", dijo el vicesecretario del PP Javier Maroto, quien este jueves proclamó la "férrea defensa" del cupo por parte de los conservadores y calificó de "sorprendentes" los "ataques" de PSOE y Ciudadanos al mecanismo. "Que haya partidos que estén cuestionando el concierto económico es para mirárselo", juzgó.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha denunciado la "campaña institucional y política" de los últimos días que "pretende cuestionar del Concierto Económico vasco", lo que ha calificado como un "ataque deliberado a un sistema histórico, pactado, legal, solidario y eficaz, que solo redunda en beneficio de la ciudadanía" y ha advertido de que "cualquier modificación unilateral del concierto económico, es una línea roja que no podemos permitir que se traspase".

Urkullu ha realizado estas declaraciones durante la inauguración del sexto congreso de colectividades vascas en el exterior que se está celebrando en el Palacio de Montehermoso de la capital alavesa.

Tras destacar que Euskadi cuenta con "un pueblo con una historia, una cultura y una clara vocación de autogobierno", ha denunciado que, "en estos momentos, asistimos a una campaña institucional y política que pretende cuestionar del Concierto Económico vasco".

Urkullu ha subrayado que el Concierto es "la clave de bóveda de nuestro autogobierno", por lo que "cualquier modificación unilateral del concierto económico, es una línea roja que no podemos permitir que se traspase".

"No entendemos que este ataque deliberado a un sistema histórico, pactado, legal, solidario y eficaz, que solo redunda en beneficio de la ciudadanía", ha defendido.