El Reglamento Europeo de Libertad de Medios (EMFA, por sus siglas en inglés) obliga desde agosto de 2025 a los medios de comunicación a publicar de forma accesible quién es su propietario real. La norma se aplica de forma directa en toda la Unión Europea: no hace falta una ley española que lo transponga.

Su artículo 6 exige detallar el nombre legal del medio, sus datos de contacto, los propietarios directos e indirectos con capacidad de influencia editorial y los beneficiarios últimos. También obliga a explicar si el medio recibe financiación o si tiene participación estatal, directa o indirecta, y cuánta publicidad institucional ingresa cada año.

Lo que sigue es un repaso a lo que se conoce sobre la propiedad y al grado de cumplimiento del EMFA por parte de once de las cabeceras digitales nativas más importantes de España, casi un año después de la entrada en vigor del reglamento.

Cinco de los diez diarios revisados no dicen en su web quién controla realmente la empresa editora: diario-red.com, vozpopuli.com, elespanol.com, elplural.com y elindependiente.com.

Diario-red.com, presidido por el exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias, se limita a decir que pertenece a Agitprop Comunicación y Análisis Político SL, sin identificar a sus titulares. Informaciones publicadas atribuyen a Iglesias casi todo el capital de esa sociedad, pero el dato no figura ni en Diario-red.com ni en su homólogo audiovisual, canalred.tv. La sección “Quiénes Somos” del diario solo identifica a Iglesias como presidente y al exdiputado Pablo Echenique, cofundador junto a él de Podemos, como vicepresidente de la empresa editora.

Vozpopuli.com, el digital que publica la empresa VozPópuli Digital SA, tampoco dice en su web quién es su titular final ni quién toma las decisiones empresariales. Jesús Cacho figura públicamente como editor, fundador y, según varias fuentes, propietario del diario, aunque esa información no aparece en la propia cabecera.

Elespanol.com, que dirige Pedro J. Ramírez tras su salida de El Mundo, remite solo al nombre de su editora, El León de El Español Publicaciones SA. Distintas informaciones atribuyen la mayor parte del capital al propio Ramírez, algo que el diario no confirma en ningún lugar accesible.

Elplural.com, adquirido en su día por el periodista ya fallecido Enric Sopena, guarda un silencio parecido. Su editora, Corporate Communicator SL, es el único dato disponible en la web. El director, José María Garrido, comparte el cargo con el de consejero delegado de la empresa, que preside Ángeles Sopena Castiella —citada en algunos informes de acceso abierto—, aunque el diario no lo explica.

Elindependiente.com, que dirige Casimiro García-Abadillo, hace constar en su aviso legal que pertenece a Park Row Digital SL, pero no detalla quién controla esa sociedad. Fuentes abiertas externas describen un núcleo de periodistas y promotores con el 51% del capital, dentro del cual García-Abadillo, exdirector de El Mundo, tendría en torno a un 7,54% y la presidencia del consejo de administración. Pero el diario no lo publica.

Elconfidencial.com ocupa una posición intermedia. No cumple del todo la exigencia de transparencia accesible que pide el EMFA, pero sí deja rastro de su estructura accionarial en su web corporativa.

El diario, de tendencia liberal conservadora, remite desde su web a la de Titania Compañía Editorial SL, su propietaria. Ahí puede rastrearse un accionariado repartido entre Comitia Inversión SL, con el 46,17% y representada por José Antonio Sánchez; Avema XXI 1 SL, con el 16,51% y representada por Juan Perea Sáenz de Buruaga; y Antonio Rodríguez Aporta, con el 15,44% a título personal. Un segundo nivel de consejeros —Alberto Artero, Antonio Casado y Pedro Pérez— y el director, Ignacio García Cardero, con el 2,16%, completan el capital.

Sánchez, fundador del diario, comenzó su carrera periodística en 1976 en Diario 16. En 1988 pasó a la comunicación corporativa: trabajó en Telefónica, donde fue director general de Comunicación durante dos años, antes de hacerse cargo de Terra, el portal de internet con el que la compañía intentó posicionarse en el nuevo entorno digital. En la primavera de 2000 dejó Terra para fundar elconfidencial.com.

En publico.es, la propiedad tiene nombre concreto: el productor audiovisual Jaume Roures, a través de Orpheus Media SL, con el 81,15%, y Mediacable Servicios de Producción SL, con el 18,85%, controla el 100% de Display Connectors SL, la empresa editora. El diario lo explica en una página de “Transparencia” al pie de su portada.

Eldiario.es reparte la propiedad de otra manera. Su director, Ignacio Escolar, es el principal accionista y presidente de Diario de Prensa Digital SL, aunque el diario no precisa su porcentaje exacto. Más del 70% de la empresa, explica en un enlace específico titulado "¿Quién está detrás de elDiario.es?", está en manos de personas que trabajan en la redacción, pero no muestra los porcentajes.

Elsaltodiario.es tiene otro modelo. No hay accionistas individuales, sino que depende de la entidad Cooperativa Editorial S. Coop., en la que los suscriptores se convierten en socios copropietarios y participan en la asamblea general y en las decisiones estratégicas del medio. No existe, por tanto, un titular real individual que declarar, más allá de la identidad cooperativa.

Lamarea.com, editada por la cooperativa sin ánimo de lucro MásPúblico SCCL, ofrece un grado de transparencia alineado con las exigencias del EMFA: publica su estructura de propiedad y gobierno, sus cuentas, anunciantes, subvenciones y el peso de la publicidad institucional. La cooperativa pertenece a 79 personas —76 socias y socios usuarios y tres trabajadores— y funciona con el principio de una persona, un voto en la Asamblea General, mientras que el Consejo Rector es elegido por esta y sus integrantes no cobran por ejercer el cargo. Esta información, junto al listado nominal de cooperativistas y los datos económicos de la entidad, está disponible en el enlace Transparencia situado en el pie de la página principal de este medio.

infoLibre es, de los diez digitales analizados, el que mejor cumple la exigencia de transparencia sobre la propiedad. Muestra un enlace destacado en su cabecera con la identidad de su empresa editora, Prensa Libre SL, y la de sus accionistas. Puedes consultar todos los detalles aquí.

El reglamento no distingue por línea editorial, pero los datos recogidos dibujan grandes diferencias. Elconfidencial.com, elespanol.com, elindependiente.com y vozpopuli.com, las cuatro cabeceras situadas editorialmente a la derecha, no publican, de forma completa, quién es su propietario último, aunque el primero de ellos sí enlaza con una web en la que figura esa información.

En el otro extremo están elsaltodiario.com, infoLibre, publico.es, elplural.com, eldiario.es y diario-red.com. De estos seis, tres —infoLibre, lamarea.com y publico.es— cumplen la exigencia de transparencia sobre la propiedad; elsaltodiario.com la sustituye por la identidad de su cooperativa, de la que no da muchos detalles; eldiario.es la cumple solo en parte, sin detallar porcentajes; elplural.com no ofrece ningún dato sobre sus propietarios. Diario-red.com, vinculado al exvicepresidente Pablo Iglesias y a Podemos, tampoco identifica a sus titulares reales en su web.

El EMFA también obliga a declarar cuánta publicidad institucional recibe cada medio. Y aquí las diferencias son igual de marcadas.

infoLibre ingresó 1.104.437 euros en publicidad en 2025, de los que el 9,31% procedieron de administraciones públicas, y ningún anunciante superó el 10% de sus ingresos totales. Este diario publica anualmente todos los detalles.

El último dato publicado por lamarea.com corresponde a 2025: la publicidad institucional representó el 0,6% de los ingresos de MásPúblico.

Publico.es declara que las administraciones públicas aportaron 801.124 euros a sus cuentas en 2025, el 18,9% de sus ingresos totales, a los que se suman 139.104 euros de empresas públicas. El peso de lo público alcanza así el 22,1% de los ingresos del digital de Roures.

eldiario.es recibió 353.117 euros en publicidad institucional, el 2% de sus ingresos totales. El diario detalla además 253.461 euros en subvenciones de 2025: 24.000 euros del Kit Digital, 41.802 euros del Ministerio de Cultura, 12.545 euros del Parlamento Europeo, 5.500 euros de un programa de empleo de la Comunidad de Madrid y 169.614 euros de fondos europeos para el desarrollo de software e inteligencia artificial, de los que 149.118 euros se contabilizarán en 2026. Afirman que una norma interna impide que ningún anunciante, público o privado, supere el 10% de sus ingresos totales.

Elsaltodiario.es no hace constar ninguna cifra, de ninguna Administración. El informe del Gobierno correspondiente a 2025 solo refiere 1.006,72 euros en todo el ejercicio.

Elconfidencial.com y elespanol.com no publican en su web el total de publicidad institucional que reciben, pese a la obligación del EMFA. El informe del Gobierno sitúa lo recibido por elconfidencial.com en 117.998,76 euros y por elespanol.com en 340.661,08 euros durante 2025.

Diario-red.com, vozpopuli.com, elplural.com y elindependiente.com no ofrecen ningún dato propio sobre publicidad institucional.

De los diez diarios revisados, solo infoLibre y publico.es publican de forma accesible tanto la identidad de su propietario real como la cifra de publicidad institucional que reciben. Elconfidencial.com, eldiario.es y Elsaltodiario.com ofrecen una parte de esa información. Diario-red.com, Elespanol.com, Elindependiente.com, Elplural.com y Vozpopuli.com no publican en su web ninguno de los dos datos.

Los datos que ayudan a organizar la atención de millones de pacientes del sistema sanitario británico, las comunicaciones entre los sistemas de mando de la OTAN y el software con el que las Fuerzas Armadas españolas analizan información dependen de la tecnología de una misma empresa estadounidense: Palantir.

La compañía no es propietaria de toda esa información. Su poder reside en proporcionar la infraestructura para reunir datos dispersos, relacionarlos y convertirlos en decisiones sanitarias, policiales, empresariales o militares. Una posición que le ha dado acceso a algunas de las funciones más sensibles de los Estados y ha generado dependencias difíciles de romper. Pero el creciente rechazo europeo a la compañía tampoco se explica únicamente por esta dependencia tecnológica.

Peter Thiel, cofundador y presidente de Palantir, es uno de los principales aliados empresariales de Donald Trump y una figura vinculada al universo intelectual de la llamada Ilustración Oscura, una corriente neorreaccionaria que cuestiona la democracia liberal. Alex Karp, cofundador y consejero delegado, ha defendido por su parte una visión militarista de la tecnología.

A ello se suman los contratos de Palantir con el Pentágono, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos —ICE— y el Ejército israelí. La actividad de la compañía y las posiciones políticas de sus dirigentes han elevado las dudas sobre la conveniencia de confiarle infraestructuras que sostienen la seguridad, la defensa o los servicios públicos europeos.

Palantir se ha consolidado dentro del aparato de seguridad estadounidense, pero su desembarco en Europa se ha acelerado al calor de las sucesivas crisis que ha afrontado el continente. La inteligencia interior francesa recurrió a la compañía después de los atentados de París de 2015 y la policía del estado alemán de Hesse adoptó Gotham — la plataforma de Palantir para integrar y analizar grandes cantidades de datos policiales, militares y de inteligencia— en 2017 para combatir el terrorismo islamista.

“Es un error explicar el éxito de Palantir centrándonos solo en la tecnología”, sostiene Itxaso Domínguez de Olazábal, asesora de políticas en European Digital Rights (EDRi). Aunque reconoce la potencia de sus herramientas para integrar y analizar grandes cantidades de información, destaca también la apuesta política de la empresa, las relaciones construidas durante años con los gobiernos y su capacidad para ofrecer soluciones ya preparadas en momentos de crisis.

Palantir no se limita a vender e instalar un programa. Sus ingenieros se integran en las organizaciones, estudian cómo trabajan, qué información utilizan y qué necesidades tienen para adaptar la plataforma a cada cliente. Darío García de Viedma, investigador en política tecnológica y digital del Real Instituto Elcano, señala a infoLibre que este modelo de “consultoría desplegada” constituye una de sus principales ventajas, ya que sus equipos pueden pasar meses dentro de una oficina o un cuartel diseñando una herramienta específica. “No hay dos clientes de Palantir que usen la misma plataforma”, resume.

A medida que el personal aprende a utilizarla y los procedimientos internos pasan a depender de ella, sustituir el sistema se vuelve cada vez más complejo. García de Viedma señala una paradoja: Palantir presenta sus herramientas como una forma de evitar la dependencia de proveedores de modelos de inteligencia artificial como OpenAI o Anthropic, pero termina generando su propia dependencia con los clientes.

El alcance de esa relación se observa en el Servicio Nacional de Salud inglés. Un consorcio encabezado por Palantir obtuvo en 2023 el desarrollo de la Federated Data Platform, destinada a conectar hasta 240 hospitales y organismos sanitarios mediante un contrato con un valor máximo de 330 millones de libras durante siete años.

En España, el Ministerio de Defensa adjudicó en 2023 a Palantir Technologies Spain un contrato de 16,54 millones de euros para una “solución de fusión y análisis de inteligencia” destinada al Sistema de Inteligencia de las Fuerzas Armadas. La contratación se realizó mediante un procedimiento negociado sin publicidad, recibió una única oferta y utilizó el precio como único criterio de adjudicación.

El caso de Francia es hasta ahora el más paradigmático. La Dirección General de Seguridad Interior contrató a Palantir después de los atentados de París de 2015, pero el Gobierno ha seleccionado ahora a la compañía francesa ChapsVision para sustituirla. Sin embargo, el relevo será gradual y puede prolongarse durante varios años para evitar un vacío operativo.

El cambio forma parte de un proyecto impulsado junto a Alemania para construir una “columna vertebral digital soberana” destinada a los servicios europeos de seguridad e inteligencia. Sin embargo, Alemania mantiene una posición contradictoria, ya que varios estados federados utilizan o han utilizado Gotham para el análisis policial, mientras el Gobierno debate su posible extensión a nivel nacional.

El Tribunal Constitucional alemán declaró en 2023 inconstitucionales las normas de Hesse y Hamburgo que permitían analizar de manera automatizada grandes cantidades de datos policiales sin límites suficientes. La sentencia no prohíbe Palantir, sino determinadas formas de vigilancia. El conflicto, por tanto, no se reduce al origen estadounidense del proveedor, sino que afecta también al uso que las administraciones hacen de estas herramientas.

En España, varios medios señalan que el Gobierno ha pedido a empresas públicas y participadas por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) que eviten nuevos acuerdos con Palantir en ámbitos estratégicos. No existe, sin embargo, una prohibición pública ni se ha anunciado la cancelación del contrato vigente con Defensa.

Para Lucía Velasco, codirectora del Oxford AI Diplomacy Lab, el creciente rechazo a Palantir responde principalmente a razones estratégicas. Que “funciones tan sensibles como la defensa, la policía o la sanidad dependan de una empresa estadounidense, sometida a su legislación, últimamente imprevisible, parece un factor de riesgo”, sostiene. A su juicio, la soberanía y la dependencia jurídica son los factores que más pesan, aunque el uso de la tecnología de Palantir en conflictos militares, las deportaciones de ICE y las posiciones ideológicas de sus dirigentes han acelerado el rechazo político y social.

La Unión Europea tampoco ha aprobado un veto específico. La revisión del Reglamento de Ciberseguridad permitiría considerar de alto riesgo a determinados proveedores por motivos geopolíticos, mientras la futura Ley de Desarrollo de la Nube y la IA plantea exigir propiedad europea e independencia frente a legislaciones extraterritoriales en los servicios más sensibles. Cualquier restricción necesita una justificación jurídica y una alternativa capaz de prestar el mismo servicio, y aquí reside el principal obstáculo europeo.

ChapsVision es, por ahora, la alternativa más avanzada. Fundada en Francia en 2019, su plataforma ArgonOS aspira a integrar y analizar información para administraciones, empresas y organismos de inteligencia. Además de sustituir a Palantir en la inteligencia interior francesa, ha conseguido contratos en Alemania y ha despertado el interés de otros países.

Francia también impulsa proyectos como Artemis AI y Arcadia, mientras grupos industriales como Thales desarrollan sistemas compatibles con los estándares de la OTAN. Pero Velasco advierte de que “ahora mismo no existe nada comparable a la tecnología de Palantir”, aunque algunos países puedan sustituirla en funciones concretas. El problema, explica, aparece cuando se pretende un reemplazo completo de unos sistemas ya profundamente interconectados.

A ello se añade la fragmentación europea. Los países de la UE aumentaron un 20% su gasto en defensa en 2025 respecto al año anterior, pero Velasco recuerda que persisten carencias en innovación y coordinación. Según los datos de la Agencia Europea de Defensa que cita la experta, la inversión en investigación y desarrollo tecnológico continúa por debajo de los objetivos y solo el 24% de las adquisiciones de material se realizan de forma conjunta.

Pese a la falta de coordinación, al mismo tiempo está apareciendo una nueva industria europea de tecnología militar. La alemana Helsing, valorada en 18.000 millones de dólares tras su última ronda de financiación, desarrolla inteligencia artificial, drones y sistemas autónomos. Empresas como Quantum Systems, Auterion o la finlandesa NestAI trabajan también en plataformas no tripuladas, redes tácticas y herramientas de mando. Ninguna de ellas constituye todavía un reemplazo directo de Gotham o Foundry. El reto consiste en convertir un ecosistema fragmentado en soluciones interconectadas, capaces de utilizarse en varios países y de competir en contratos públicos dominados durante años por compañías estadounidenses.

García de Viedma considera que Europa difícilmente puede competir con Estados Unidos en las tecnologías más costosas, como los grandes modelos de inteligencia artificial, pero sí tiene margen en la capa de software y aplicaciones donde opera Palantir. El investigador señala que ya existen soluciones europeas y de código abierto, aunque todavía les falta escala, experiencia y una relación suficientemente estrecha con los clientes para competir con una empresa que lleva años personalizando sus sistemas para gobiernos y ejércitos.

Tampoco basta con que el sustituto tenga su sede en la Unión Europea. El experto del Real Instituto Elcano advierte de que la soberanía tecnológica depende de toda la “pila tecnológica”: los servidores donde funciona el sistema, los chips que utiliza o las herramientas de ciberseguridad que lo protegen. “Conseguir que todas esas capas sean completamente europeas resulta poco realista, por lo que el objetivo debería ser reducir las dependencias capaces de convertirse en un riesgo”, detalla García de Viedma.

Domínguez introduce una última cautela. Europa puede desarrollar alternativas, pero la meta no debería ser crear simplemente un clon continental de Palantir. “Si sustituimos una dependencia por otra, habremos cambiado muy poco”, advierte. Una solución verdaderamente soberana debería permitir a las administraciones controlar los datos y la infraestructura, auditar los sistemas y cambiar de proveedor, pero también incorporar garantías democráticas y mecanismos efectivos de supervisión.

“La soberanía no puede convertirse en una excusa para hacer aquí exactamente lo mismo que criticamos cuando lo hace una empresa extranjera”, resume Domínguez.

“Cada mañana, antes de comenzar la tarea, todos los trabajadores realizamos un briefing en nuestras zonas correspondientes con los supervisores. Se repasan medidas de seguridad, te dicen que el cuerpo es lo primero, todo muy bonito… La primera vez que lo ves te quedas alucinado porque todo parece maravilloso, hasta que los mánagers empiezan a deslizar determinados mensajes”, señala un empleado de uno de los centros logísticos de Amazon. “Intentad ir poco al servicio, pedid permiso antes de ir, vuestro tiempo de inactividad ha aumentado, acudid a la empresa si tenéis alguna reivindicación…”, enumera. Es un "capitalismo arcoíris", como lo llama Jaime Caro en su libro Infiltrados en Amazon y Starbucks, que muchos trabajadores han comenzado a percibir a medida que la tecnología gana peso en algunas multinacionales.

Amazon podría ser un país en sí misma. A nivel global tiene alrededor de un millón y medio de trabajadores, y en Estados Unidos (EEUU) es el segundo mayor empleador después de Walmart. En España, este gigante estadounidense obtuvo el año pasado un beneficio de 290 millones y facturó más de 9.000 millones de euros en las siete filiales que tiene registradas en territorio español. Su actividad es muy diversa: desde centros logísticos a trabajo en oficinas, reparto o consultoría, y da trabajo fijo a alrededor de 28.000 personas.

Sin embargo, la multinacional siempre ha estado en el centro de la polémica por algunas prácticas laborales cuestionables, como ritmos de trabajo desproporcionados, vigilancia constante de los trabajadores o una política antisindical marcada. De hecho, en EEUU la multinacional había invertido años atrás más de cuatro millones de dólares en consultoría antisindical, según cuenta Caro en su libro. Y es que la compañía habría exportado, además de un engranaje logístico envidiable, algunas prácticas laborales que los sindicatos llevan tiempo reclamando.

Santiago M. Sánchez es secretario de Comunicación de la sección sindical de CCOO en Amazon Fulfillment, ha trabajado en varias sedes de la compañía y ahora está instalado en un centro logístico de Asturias. Para él, una de las cuestiones más problemáticas es el seguimiento que se hace de la actividad de los empleados y las consecuencias que eso puede llegar a tener en la salud física y mental. "Uno de los principales problemas es la falta de transparencia. La plantilla sabe, o al menos intuye, que su actividad se mide constantemente mediante distintos indicadores de productividad, calidad, tiempos de trabajo o periodos de inactividad, pero desconoce cómo se calculan esas métricas, qué datos se tienen en cuenta y qué consecuencias concretas pueden tener", señala.

Otra persona que conoce de cerca el sistema, aunque en este caso en el área de oficinas y contact centers, lo corrobora. “Es un modelo muy americano, han conseguido que todo sea una métrica verificable y en la parte de consultoría te encuentras con esa mentalidad de tiburones: chicas diciendo que no quieren planes de igualdad para nada o discursos del tipo ‘no queremos derechos, queremos promociones'”.

En el trabajo de logística todo está medido, todos los tiempos del trabajador desde que entra hasta que se marcha de las instalaciones. Y esas métricas, señala Sánchez, generan dinámicas laborales tóxicas, ya que el trabajador desconoce cómo se obtienen y solo recibe la información que sus supervisores le dan.

“Llega un mánager, siempre con una sonrisa por delante, y te dice que vas por debajo de la media. Otra frase habitual es que tu productividad no es suficiente o que tus números no son buenos, o que tienes demasiado tiempo improductivo. Pero en cuanto preguntas cuál es la media y cómo la calculan, te dicen que esos datos no te lo pueden facilitar”, señala Sánchez.

No es un trabajo por objetivos, ya que no aparecen estipulados, ni se pueden negociar con la empresa, lo que dificulta que el empleado pueda responder cuando su evaluación es negativa. “Un trabajador puede no haber descargado el número de paquetes que ellos estiman que debería debido a que no es lo mismo mover cajas de bolígrafos que un paquete pesado o voluminoso”, apunta, “pero como eso no te lo dicen, ni siquiera te puedes defender”, concluye. De hecho, señala que en algunos de sus encuentros sindicales internacionales otros trabajadores afirman que en países con legislaciones más laxas era la propia aplicación de seguimiento la que generaba automáticamente las cartas de despido.

"El algoritmo puede marcar ritmos de trabajo, identificar supuestos tiempos improductivos, comparar rendimientos o influir en evaluaciones y procesos disciplinarios, pero resulta muy difícil conocer su funcionamiento y poder detectar, discutir o corregir posibles errores", explica Sánchez. Él lo llama “la política del miedo”, porque ha visto cómo eso genera situaciones de agotamiento y estrés constante. "Trabajar sometido de forma continua a determinados ritmos, objetivos y controles puede generar presión, ansiedad, fatiga física y una sensación permanente de vigilancia", concluye el representante.

El efecto de trabajar bajo los parámetros de un algoritmo que calcula métricas y mide en abstracto, sin los matices de las circunstancias que pueden afectar a un trabajador en un día cualquiera, es una de las cuestiones que desde el ámbito sindical intentan redefinir como un riesgo laboral. El sociólogo francés, Dominique Cardón, lo advertía así en su libro Con qué sueñan los algoritmos: “Aún hay tiempo para decirles a los algoritmos que nosotros no somos la suma imprecisa e incompleta de nuestros comportamientos”.

“Si no sabes qué es lo que esperan que hagas, no puedes equilibrar las fuerzas y siempre vas al límite. En una empresa, si un día te piden que eches el resto, puedes decidir hacerlo porque al final quieres que a tu empresa le vaya bien, pero si todos los días te dicen que tienes que trabajar como si fuese el fin del mundo, terminas destrozado”, concluye.

Si en la logística el tiempo es oro para Amazon, en el ámbito de oficinas pasa lo mismo, aunque de diferente manera. “La inteligencia artificial y la deslocalización son los dos grandes problemas”, señala Erick Carrión, responsable de CCOO en el sector de Contact Center de Amazon.

Un trabajador del área de oficinas que prefiere no dar su nombre, explica cómo la presión de la inteligencia artificial sobre los trabajos ha exacerbado el ambiente de competitividad. “Te piden que seas competitivo o te dan unas métricas en las que pone que estás siendo poco proactivo. Cosas muy etéreas que no queda muy claro cómo interpretar”, explica. “Sería mucho mejor que te dijeran directamente que te quieren despedir. Con esas métricas te ofrecen irte o te meten en un proceso de mejora donde se produce una ‘carrera de ratas’ por no ser el último”. El problema, explica, es que si un equipo tiene un 85% de cumplimiento y eso está dentro de los parámetros adecuados para la empresa, quienes estén más abajo en ese equipo, aunque estén cumpliendo, están expuestos. “Como alguien tiene que quedar el último, es muy común en este mundillo que la gente termine con ansiedad y depresiones aunque esté trabajando bien”, concluye.

Erik Carrión ha participado en la creación de la mayoría de comités que han ido apareciendo en su área en España. Los comienzos, apunta, fueron duros, sobre todo en una compañía con una mentalidad tan individualista en lo que a la negociación se refiere. “En los últimos dos años hemos hecho diez comités nuevos de la parte de oficinas y unos 100 delegados sindicales”, señala. Explica que al principio fue más complicado poner sobre la mesa la tarea sindical, pero que ahora las relaciones se han normalizado y actúan “como cualquier gran compañía”. Aunque eso sí, la enorme burocracia y la necesidad de que “todo pase por Seattle” ralentizan enormemente la tarea, matiza. Sánchez, que también puso la primera piedra para la representación sindical en el ámbito de la logística, coincide en el análisis, y señala que la gente poco a poco "ha ido perdiendo el miedo" a sindicarse.

Trabajar para un algoritmo o para alguien que solo responde a las métricas es una de las cuestiones centrales que se están tratando de incluir en los planes de riesgos laborales, aunque la velocidad a la que cambia la tecnología y los modelos de negocio no lo pone fácil.

Este periódico se ha puesto en contacto con Amazon y fuentes de la compañía señalan que los empleados "trabajan en un entorno moderno y seguro, bajo los más altos estándares de seguridad y salud en el trabajo". Si bien no explican nada relacionado con la operativa y la opacidad de los algoritmos de seguimiento, insisten en que la infraestructura e instalaciones de sus centros logísticos "están diseñadas para garantizar un entorno laboral seguro".

“La organización del trabajo en una empresa como Amazon es impresionante desde el punto de vista productivo. El problema surge cuando esa tecnología se utiliza para ejercer un control salvaje de los trabajadores”, resume Santiago Sánchez. El riesgo, añade, es que los empleados acaben reducidos a un engranaje más del sistema. Ya lo decía Dostoyevski en sus Apuntes del subsuelo: quizá un día los hombres tendrían que convencerse de que son hombres “y no un teclado de piano”. También habría que convencer a Amazon.

Quizá el mayor reto geopolítico que afronta Europa sea su competencia en la Red. La Red se ha convertido en el condensador de las grandes inversiones. Para analizar qué conexiones existen entre las grandes tecnológicas, las grandes corporaciones de la Red y todo el entramado económico que vehícula, hay que comenzar por conocer qué se juega en cada una de las capas de internet.

Internet se suele descomponer en seis niveles, cada uno de los cuales cumple ciertas funciones y acumula cierto valor. Una primera capa responde a la pregunta ¿por dónde circulan los datos? Esta capa tiene carácter físico y se limita a transportar físicamente paquetes de bits de un punto a otro. Se trata de la primera infraestructura: cable submarino, cable terrestre, satélites e infraestructura de soporte de estas líneas. Concentra una actividad intensiva de capital y añade poco valor, por lo que el margen económico es bajo. Sin embargo, la inversión es estratégica, pues nada podría funcionar sin esta infraestructura. Fabricantes de cable, empresas encargadas de instalación y tendido, de mantenimiento y reparación, etc., apenas tienen margen económico. Su tecnología, una vez instalada, es relativamente estable y estándar. Pero sus instalaciones son fundamentales estratégicamente.

El 90% del tráfico de internet circula por cable submarino, cables de enorme envergadura que unen continentes y están casi en su totalidad bajo titularidad de empresas norteamericanas. En el cable terrestre alcanzan gran importancia empresas europeas como Deutsche Telekom, Telefónica, Bt, etc. Sin embargo, en zonas dónde no puede llegar el cable por dificultad geográfica o geopolítica, guerras, territorios arrasados, aislados, etc., el sistema satelital de baja altura LEO cumple la transmisión no cableada de información. En Occidente, la ventaja la tienen las Big Tech, Elon Musk especialmente.

La segunda capa responde a ¿cómo circulan los datos? Y forma la Red IP. Es decir, la red que asigna a cada dispositivo una etiqueta de identificación. Aquí aparecen los routers, switches, protocolos, BGP y MPLS. Ya no sólo transportan bits, deciden dónde los transportan. Aquí el valor añadido aumenta al introducir algoritmos que direccionan el mercado. Brevemente definidos: el router permite interconectar redes con distinto prefijo en las direcciones IP; los switches son dispositivos que permiten conectar distintos dispositivos a una misma red LAN; los protocolos en la segunda capa tienen por función principal transferir datos sin errores entre dispositivos conectados a una misma red física; el protocolo de enrutamiento entre dominios BGP desempeña un papel crucial a mantener unida internet y proporcionar la ruta para que los paquetes IP fluyan entre las redes de todo el mundo operadas por diferentes proveedores; una red MPLS es una Red Virtual Privada (VPN) que proporciona la comunicación entre sedes o delegaciones de una empresa de manera totalmente segura y fiable.

La tercera capa responde a ¿dónde se ejecuta? Y está compuesta básicamente por los centros de datos (data-centers), no se decide sólo las rutas, se decide también dónde se ejecuta una aplicación, dónde se guardan los datos, qué servidor se va a utilizar y cómo se va a repartir la carga. Esta capa compone el nivel de infraestructura digital en la que los datos, las aplicaciones y los recursos computacionales son organizados dinámicamente para ejecutar funciones, distribuir cargas de trabajo, almacenar información y prestar servicios digitales. Aquí aparece mucho software, con multitud de funciones, pues deben activarse numerosas aplicaciones. El consumo energético es máximo.

En la cuarta capa, la nube (cloud) responde a la pregunta ¿qué recursos computacionales solicito? Aquí, el usuario deja de comprar servidores y compra servicios. Se trata del uso de servidores remotos a través de Internet para almacenar, administrar y procesar datos, eliminando la necesidad de una infraestructura física local. En la actualidad prácticamente todos los servicios y herramientas de internet pueden estar en la nube. A este nivel hay grandes plataformas que gestionan globalmente las redes como cloud, las más importantes Amazon EC2, Azure Virtual Machines, Google Cloud Run.

Por ejemplo, una empresa quiere crear una aplicación que analice videos o imágenes. A este nivel la empresa debe construir su propia solución; debe elegir el modelo de IA a utilizar, pensar cómo diseñar la aplicación, cómo almacenar los vídeos, las imágenes, cómo gestionar los usuarios y cómo distribuir el tráfico. La nube le ofrece los recursos para construirla. Aquí el valor añadido ya es alto, pues el cliente no compra infraestructura, sino inteligencia. Pero en este caso, la empresa aún debe construir su solución.

La quinta capa responde, no ya a qué recursos, sino a qué funciones quiero. Está formada por grandes plataformas que ofrecen un entorno funcional ya organizado. Grandes plataformas como Amazon, por ejemplo, no extraen su rentabilidad de la propiedad de la fibra, ni de tener servidores repartidos por todo el mundo, AWS en este caso, obtiene los beneficios sobre todo de la venta de bases de datos administradas, de la seguridad, del aprendizaje automático y gracias a que disponen de una plataforma integrada y completa.

Las grandes plataformas ofrecen albergue a otras plataformas, por ejemplo médicas. En este caso ofrecen medios técnicos para la identidad, las APIs, la seguridad, el almacenamiento, la nube, la IA, la distribución y centro de datos. Así, por ejemplo, un hospital utiliza una plataforma médica digital que se alberga en una plataforma técnica. La plataforma médica proporciona cuentas de médicos, almacenamiento de imágenes, historial de pacientes, gestión de permisos, interfaz, conexión a modelos IA, auditoría y facturación. En este hospital, un médico sube una radiografía, la plataforma se ocupa de todo el flujo operativo: identifica al médico, comprueba permisos, almacena la imagen, envía la imagen al servicio adecuado y devuelve el resultado. Se convierte así en el ecosistema operativo del servicio. Pero, aunque la plataforma haga desaparecer la complejidad técnica del usuario, esto no significa que ella misma sea la inteligencia que interpreta el contenido.

Ahora bien, lo que sucede es que la quinta y la sexta capa cada vez están más integradas. La sexta corresponde a la IA y va penetrando todos los niveles (por ejemplo, gestiona el consumo energético de un Data Center). Ciñéndonos al caso, la IA analizaría la radiografía, efectuaría un reconocimiento de patrones, compararía con datos aprendidos, realizaría procesos de inferencia e interpretaría “Existe una probabilidad elevada de que este paciente tenga tal enfermedad”, etc. Aquí es la IA, y no el médico, quién interpreta la imagen.

La IA no sólo funciona en la relación usuario-máquina; también lo hace mediante IoT (siglas en inglés de Internet of things, en español: Internet de las cosas), interviniendo entre máquina-máquina. Por ejemplo, en las calles de una ciudad puede haber cámaras, sensores de tráfico, semáforos conectados, sensores de calidad del aire, vehículos conectados a una plataforma de gestión urbana y un sistema de IA. Así, si se produce un accidente, los sensores transmiten en tiempo real datos (mediante Starlink, por ejemplo), a una plataforma IoT dotada de IA. La IA interpreta “Se ha producido un accidente. Se acumula el tráfico, se aproxima una ambulancia, necesita una ruta rápida, es necesario modificar la circulación” y decide: cambia los semáforos, crea una ruta prioritaria para la ambulancia, desvía el tráfico en determinadas calles, ajusta los paneles informativos, reduce la velocidad máxima, activa cámaras adicionales y todo ello sin que nadie haga nada. Y esa información se acumula como experiencia y sirve para las siguientes situaciones.

Como se ve, la sexta capa, la IA, aunque en periodo de transición, es la que puede generar mayor valor añadido. En esta capa prácticamente desaparece la informática para el cliente. Con la IA el usuario no tiene que buscar ni elegir el modelo que quiere, lo hace la IA porque sabe qué necesita. De ahí las ingentes inversiones en IA y la competencia exacerbada que despierta por ganar el mercado de modelos IA.

Europa posee empresas muy competitivas en las capas inferiores; por ejemplo, la ASML fabrica la maquinaria más avanzada para producir chips; la Prysmian, para cable; Nokia y Ericsson son suministradores muy importantes de infraestructura de telecomunicaciones; Airbus desarrolla sistemas muy competitivos aeroespaciales.

Sin embargo, las empresas norteamericanas AWS (Amazon), Microsoft, Google Cloud, Open AI y Meta, o las correspondientes chinas, Alibaba Cloud, Huawei Cloud, Tencent Cloud y sus propios modelos de IA, copan el mercado de las capas de más valor añadido. No es que las capas inferiores no tengan valor, son imprescindibles, pero valor y poder de mercado se acumula en las superiores porque éstas acumulan el software, los datos, la capacidad de innovación inmediata y sobre todo, la relación inteligente y directa con el cliente.

Por tanto, la dependencia europea radica en las capas altas de internet. Europa trata de contrarrestar este déficit desarrollando una infraestructura cloud frente al predominio de los proveedores estadounidenses; también intenta hacer frente a las grandes plataformas de servicios digitales copados por plataformas USA, a la conectividad aérea dominada por el emporio satelital de Elon Musk Starlink. Frente a esto último, Europa trata de asegurar la conectividad para situaciones críticas, mediante la red satelital IRIS —para los servicios fundamentales: administración pública, defensa, sanidad, investigación, infraestructuras críticas, industria— e, igualmente, reforzar la producción de semiconductores y ampliar la capacidad de los Data Center intentando crear un ecosistema cloud más soberano. Por tanto, no se trata de emular a EEUU o a China, cosa imposible, sino de lograr un mínimo de independencia y garantía al menos en la nube (OVH Cloud, IONOS, Scale Way, etc.). El reto está justo en cómo, teniendo EEUU el control de las redes físicas y satelitales —y por tanto la circulación, priorización y velocidad de los datos—, Europa puede conseguir un ecosistema independiente.

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Sergio Hinojosa es licenciado en Filosofía por la Universidad de Granada y profesor de instituto.

Este reportaje se ha realizado en colaboración con la AI Accountability Network del Pulitzer Center.

En el Estadio Centenario de Montevideo, feudo de la selección uruguaya —dos veces campeona del mundo—, el público desfila antes de cada partido por los torniquetes de entrada, bajo la atenta mirada de cuarenta y un cámaras de seguridad. Tras sus lentes funciona un software que escanea unas veinticinco caras por segundo y las coteja con una lista de vigilancia en manos del Ministerio del Interior, la Policía, la Asociación Uruguaya de Fútbol y los clubes. Cuando hay coincidencia, salta una alerta en la tableta que sostiene un agente en la puerta. El software detrás de todo este proceso se escribió en Barcelona.

Su fabricante, Herta Security, ha exhibido el despliegue uruguayo como un trofeo. Su software de reconocimiento facial funciona en el Centenario desde abril de 2017 y más tarde se extendió a los otros dos grandes estadios del país —el Campeón del Siglo, campo del Peñarol, y el Gran Parque Central, campo del Nacional—, dentro de un plan que el Ministerio del Interior impulsó para dejar fuera de las gradas a los alborotadores. Preguntada por infoLibre e Investigate Europe, Herta confirmó su participación en los tres recintos, aunque puntualizó que se limitaba a aportar el software: ni operaba el sistema ni “definía las listas de vigilancia”.

La compañía presume de que su tecnología “ganó” la Copa Libertadores de 2021, el mayor torneo de clubes de Sudamérica, al escanear a los espectadores de la final de noviembre, en un operativo que el ministerio calificó de “impecable”. La violencia en los estadios, llegó a proclamar Herta, “puede ser ya cosa del pasado”.

Pero no lo era. Investigadores uruguayos acabarían describiendo 2025 como un año “marcado por la violencia en el deporte”. El 6 de julio de ese año, un policía resultó gravemente herido por una bengala lanzada desde las gradas del Centenario. Preguntada por infoLibre e Investigate Europe acerca del episodio, Herta respondió que no había tenido noticia de él y que la persona implicada “no figuraba en la lista pertinente de delincuentes conocidos”: su sistema, adujo, puede dejar fuera a los infractores fichados, pero no impedir lo que haga alguien que nunca ha sido señalado como un riesgo.

El próximo gran acto del estadio será uno de los más importantes. En junio de 2030, el Centenario acogerá el partido inaugural del Mundial, la edición del centenario de un torneo cuyo primer encuentro se disputó justo allí, en Montevideo, en 1930, y cuya organización recae conjuntamente en España, Portugal y Marruecos. Si las cámaras siguen encendidas para entonces, la afición que acuda al duelo inaugural hará lo que lleva haciendo en las gradas del Centenario desde 2017: desfilar, cara a cara, ante un sistema español de vigilancia biométrica.

Aquí, en el país donde se escribió ese software, la práctica sería casi imposible, sostiene Lorena Pérez Campillo, profesora de Derecho y experta en protección de datos de la Universidad Europea de Madrid. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) lleva años tirando por tierra la vigilancia biométrica en los estadios españoles. Su golpe más rotundo llegó en diciembre de 2024: una multa de un millón de euros a LaLiga por exigir a los aficionados una huella dactilar o un escaneo del rostro para entrar en las gradas de animación de Primera y Segunda. La patronal, concluyó la agencia, había instalado la tecnología sin la evaluación de impacto que marca la ley. La AEPD ordenó apagar los escáneres hasta que LaLiga demostrara que eran necesarios y proporcionados. La patronal ha recurrido.

Las objeciones de la agencia iban más allá de un defecto de forma. El consentimiento de los aficionados, dictaminó la AEPD, nunca fue libre: la única alternativa era quedarse fuera del campo. Medidas menos invasivas —un abono nominativo cotejado con el DNI— habrían servido para lo mismo. Lo que la resolución no dice es quién desarrolló la tecnología hoy suspendida en España.

Herta Security nació en Barcelona en 2009 de la mano de Javier Rodríguez Saeta, un ingeniero que había trabajado en biometría en el grupo industrial alemán Bosch. La baza de su empresa fue la velocidad: al ejecutar el reconocimiento sobre los chips gráficos que hoy mueven casi toda la inteligencia artificial, Herta era capaz de aislar un rostro dentro de una imagen abarrotada en tiempo real. En 2019, Rodríguez presumía ya de más de 200 empresas asociadas en 50 países. Una huella notable para una firma que, según el Registro Mercantil, no llega a la veintena de empleados.

Su producto estrella, BioSurveillance NEXT, está pensado para las multitudes. La ficha técnica promete búsquedas en vivo contra bases de datos de hasta 100 millones de rostros, y el software sigue funcionando aunque el individuo se cubra en parte con una bufanda, una gorra o una mascarilla. Rodríguez no ha ocultado nunca para qué escenarios lo concibe. El producto, dijo a una publicación del sector, “puede aplicarse a grandes concentraciones de personas, como manifestaciones, carreras, congregaciones religiosas y aeropuertos”.

El fútbol le abrió a Herta las puertas de América Latina, donde hoy mantiene oficinas en México y Uruguay. Pero su alcance va mucho más allá de las gradas de la región. Los materiales comerciales consultados para esta investigación citan entre sus clientes un hospital en Brasil, el principal aeropuerto de Nicaragua y cuerpos policiales mexicanos. En Medellín, la policía colombiana conectó su software a ochenta cámaras de calle para cruzar a los viandantes con una lista de 19.000 personas reclamadas por la justicia. En la frontera con Venezuela, el servicio de inmigración colombiano empleó una tecnología parecida para registrar los datos biométricos de los migrantes y contrastarlos con una base de datos, un despliegue reconocido por la propia empresa. En una respuesta escrita a infoLibre e Investigate Europe, Herta confirmó despliegues en Colombia, pero no quiso identificar clientes concretos: alegó que sus “materiales de marketing históricos" pueden aludir a proyectos pasados, pilotos o "referencias heredadas”.

Los estadios, con todo, siguen siendo uno de los principales escaparates de la empresa. Y Uruguay no es el único país donde el software de Herta escanea a los hinchas. En Perú, el club Alianza Lima recurre al sistema español en su campo, el Estadio Alejandro Villanueva. Cuando renovó la seguridad del recinto y cambió dieciséis viejas cámaras analógicas por cincuenta conectadas en red, varias de las nuevas incorporaron las analíticas de reconocimiento de Herta, que cotejan a los espectadores con una base de datos criminal en tiempo real. El gerente general del club celebró la mejora: se declaró "entusiasmado por implementar el software de reconocimiento facial de Herta Security" y animó a que todos los estadios del país siguieran el ejemplo. Herta confirmó dicho despliegue; Alianza Lima no respondió a esta investigación.

En una respuesta escrita, Herta asegura que no comenta "información confidencial de clientes". La empresa desarrolla su tecnología “conforme a los principios europeos de protección de datos, sea cual sea el mercado en el que se despliegue”, y sostiene que la responsabilidad de “definir la finalidad lícita del despliegue” recae, en último término, en quien opera el sistema. “Nuestro software se suministra bajo contratos que obligan a clientes e integradores a cumplir las leyes y normativas locales”, añade. Puede rescindir esos contratos ante violaciones de derechos humanos, dice, y vigila su cumplimiento “dentro de nuestras posibilidades”.

Despliegues como los de Uruguay o Perú serían difíciles de concebir en España, y no solo por la multa a LaLiga. El obstáculo de fondo es el propio Reglamento General de Protección de Datos, apunta Pérez Campillo. Escanear a los espectadores para cruzarlos con una lista no es el control rápido que describen los clubes, argumenta, sino una identificación masiva de todo el que pasa, “por muy veloz que sea el escaneo”. Y el consentimiento no parece ser la respuesta: en la cola de un estadio “no es libre ni voluntario”, porque negarse significa perderse el partido. La única justificación que quedaría, un “interés público esencial”, exigiría una ley expresa. Y ninguna norma española, recuerda, permite a un club someter a sus aficionados a vigilancia biométrica masiva. Surge entonces, según Pérez Campillo, la pregunta de la proporcionalidad: si lo que se gana en seguridad compensa “el sacrificio de la privacidad de 50.000 ciudadanos inocentes que van a ver un partido de fútbol”.

Herta rechaza la idea de que el reconocimiento facial en los estadios sea "siempre ilegal” en Europa y apunta a Dinamarca, que lo ha autorizado en campos de fútbol bajo condiciones estrictas. Lo que defiende, dice, “no es un uso sin restricciones, sino un uso selectivo, lícito y proporcionado”.

La multa millonaria fue solo el último eslabón de una cadena de avisos. Ya en 2022, la AEPD dictaminó en un informe que los planes de la Comisión Antiviolencia para colocar controles biométricos en las entradas de las gradas de animación no encajaban con la ley de protección de datos. Al año siguiente, cuando LaLiga sacó a concurso una tecnología de reconocimiento facial, la agencia volvió a intervenir y advirtió de que primero era necesaria una evaluación de impacto; y aunque los controles biométricos pudieran resultar “útiles”, difícilmente cabía justificarlos como “necesarios”. En diciembre de 2023 ordenó a todos los clubes de las dos primeras divisiones suspender esos controles hasta que existiera una evaluación válida, una decisión que un tribunal avaló la primavera siguiente. Menos de un año después, el Osasuna fue multado con 200.000 euros por escanear rostros en sus accesos sin acreditar que la medida fuera necesaria ni proporcionada. Ni LaLiga ni Osasuna han respondido a las preguntas de infoLibre e Investigate Europe.

Sobre el papel, al otro lado del Atlántico existen protecciones parecidas a las españolas. La Unión Europea reconoce como “adecuado” el régimen uruguayo de protección de datos, lo que equivale a decir que un uruguayo goza de garantías legislativas equiparables a las europeas. Desde 2020, su ley exige una evaluación de impacto antes de tratar cualquier dato biométrico. Las cámaras de los estadios nunca pasaron ese examen: cuando se encendieron, en 2017, esa exigencia aún no existía, y el Gobierno se había limitado a aprobar la tecnología por decreto y dar cuatro meses a la asociación de fútbol para instalarla. Y cuando el Ministerio del Interior compró en 2020 una plataforma nacional de reconocimiento facial, se saltó la revisión que la ley ya imponía. La misma omisión que a LaLiga le costó un millón de euros. Una demanda de transparencia del colectivo Datysoc acabó demostrándolo, y algo más: la base de datos nunca se había registrado ante el regulador y los responsables no sabían decir para qué servía. Ni el Ministerio del Interior uruguayo ni la asociación de fútbol respondieron a las preguntas detalladas de esta investigación.

Y el Gobierno del país quiere ir más lejos. En la rendición de cuentas de este año, el Ministerio del Interior pide fondos para una nueva plataforma biométrica nacional —un “Sistema Automatizado de Identificación Biométrica”— que fusione los registros civiles y penales, con variantes para cárceles, control de fronteras y, “llegado el momento”, la verificación de personas buscadas en la vía pública. La memoria del proyecto no la describe como una compra informática, sino como “infraestructura crítica de identidad y seguridad pública”.

Las gradas han dejado sus propios damnificados. En 2017, la primera temporada del sistema, un hincha de Peñarol fue retenido en el Centenario porque las cámaras lo confundieron con un hombre de la lista de vetados. Contó después que guardias privados y policías lo golpearon antes de que se aclarara el error. DDBA, el socio de Herta que da soporte técnico al sistema, cifra la tasa de falsos positivos en el 0,015%: entre diez y veinte identificaciones erróneas por cada 150.000 rostros escaneados. Cuando salta la alerta, según la respuesta de la compañía, la persona es detenida en la entrada y se le pide la identificación. 

Cuando el Parlamento se sirvió del aparente éxito de los estadios para autorizar en 2020 la base nacional de rostros —alimentada con la foto del documento de identidad de cada adulto—, más de una veintena de organizaciones protestaron. Datysoc lo llamó un "cheque en blanco" para el Ministerio del Interior y desde entonces sostiene que hoy no hay base legal para que la policía use reconocimiento facial automatizado. Un empleado de la firma que equipó los estadios lo dijo sin rodeos: la tecnología "sustituye al humano de forma muy eficaz”. DDBA afirma justo lo contrario: “ayuda al operador y nunca lo sustituye”.

La ley peruana de protección de datos, calcada de la europea, clasifica la información biométrica como sensible y exige consentimiento expreso. Si eso convierte en ilegal un escáner como el del estadio de Alianza Lima es, de momento, una cuestión de interpretación más que una resolución publicada. Dilmar Villena, abogado del grupo de derechos digitales Hiperderecho, interptreta que la norma reserva la tecnología de reconocimiento facial en tiempo real a la policía y la fiscalía; una lectura que, a su juicio, dejaría el sistema del club fuera de la ley, aunque admite que "la fiscalización es débil". Incluso el nuevo reglamento de 2025 establece como voluntarias las evaluaciones de impacto, y los sistemas instalados antes de su aprobación —"no solo en estadios; también en colegios o en hospitales"— siguen funcionando sin escrutinio.

Hasta dónde llega esa fiscalización lo ha puesto a prueba la organización de Villena en el mismo distrito en el que está el campo del Alianza Lima. Cuando la municipalidad de La Victoria anunció cámaras de reconocimiento facial en 2019, Hiperderecho y el grupo internacional Access Now preguntaron con qué base legal. La respuesta solo llegó después de que un tribunal de transparencia obligara a darla: el distrito reconoció operar nueve de esas cámaras sin ninguna de la documentación exigida —ni protocolos, ni medidas de seguridad, ni estudios de impacto—. La denuncia terminó en una sanción por la red de cámaras, pero la cuestión biométrica quedó sin resolver: La Victoria alegó que, pese a estar instaladas y anunciadas, las cámaras nunca se habían encendido, así que no se había tratado ningún dato. Y cuando Hiperderecho señaló el reconocimiento facial en el centro de Lima, donde se celebran las mayores protestas del país, la autoridad respondió que la ley de protección de datos no se aplicaba a la ciudad. "Un vacío total", resume Villena. Además de la falta de protección legal, Villena señala también la falta de debate social al respecto, y la imposibilidad de ofrecer soluciones políticas a la violencia que no sean tecnológicas: "Está la coartada fácil del 'es por seguridad', y si te opones, estás del lado de los delincuentes".

La Unión Europea vigila el uso de estas herramientas dentro de casa. Su exportación, en cambio, no se vigila en absoluto. Nada en el derecho europeo impide a una empresa como Herta vender sus productos en países donde los ciudadanos están mucho menos protegidos por la legislación.

Es más: Europa ayudó a pagar la investigación que ha llevado al desarrollo de estos productos. Desde 2020, Herta ha recibido más de 3,3 millones de euros en fondos europeos para trabajos que incluyen el "análisis del comportamiento de multitudes" y el reconocimiento facial. El caso de uso que detallan sus propios documentos de proyecto —la identificación en tiempo real de sospechosos en espacios públicos concurridos— es precisamente el que la Agencia Española de Protección de Datos no deja de tumbar.

La Comisión Europea dejó sin responder a este medio las preguntas planteadas. Herta, por su parte, declaró que "el conocimiento adquirido en proyectos de investigación puede contribuir a la evolución general de nuestra experiencia, nuestras metodologías y nuestra hoja de ruta de producto", y negó usar "proyectos financiados por la UE para eludir los estándares legales o éticos europeos". Los fondos europeos, agregó, "no se emplean para financiar, operar ni subvencionar despliegues comerciales concretos en América Latina ni en ningún otro lugar".

La FIFA, que impone requisitos de derechos humanos a los anfitriones del Mundial, no respondió a si el sistema estará operativo durante el torneo.

En junio de 2030, si las cámaras siguen en su lugar actual, la multitud que llene el Centenario para el partido inaugural del Mundial 2030 será sometida al mismo ritual al que ha sido sometido cada visitante desde hace trece años. Los rostros de cada aficionado serán captados en el torniquete y contrastados, en tiempo real, con una lista que nunca han visto ni pueden disputar. Una forma de vigilancia de la que Europa ha decidido, en gran medida, proteger a sus propios ciudadanos, y que una empresa de Barcelona llevará al mundo en el estadio donde nació el Mundial.

Este reportaje se ha realizado en colaboración con la AI Accountability Network del Pulitzer Center.

En la estación de Howrah, en Calcuta, los trenes nunca acaban de detenerse. Las cámaras, tampoco. Es una de las terminales ferroviarias más transitadas de India: cerca de un millón de personas la atraviesan cada día, en una marea tan compacta que seguir un solo rostro resulta prácticamente imposible. Al menos, para un ojo humano.

A varios metros de altura, sin embargo, sobre los tornos de entrada y salida, los andenes, la zona de restauración y las salas de espera, un centenar de cámaras de reconocimiento facial en directo toman nota en silencio. El sistema, instalado durante el último año, extrae las caras del vídeo en tiempo real y las coteja con una base de datos de fotografías: delincuentes buscados, sospechosos, personas desaparecidas. Cuando hay coincidencia, la policía ferroviaria recibe un aviso con el punto exacto en el que se ha visto a esa persona, y queda autorizada a abordarla.

Buena parte de los viajeros ni siquiera parecen conscientes de estar siendo vigilados así. Barnali Biswas, empleada del sector privado, pasa por allí seis días a la semana y no le da mayor importancia cuando se lo pregunta un reportero. Le parece, dice, que probablemente sea bueno para la seguridad. "Quien no tiene nada que ver con el crimen no tiene nada que temer", zanja.

Ese tipo de cámara, dotada de software de reconocimiento facial, es cada vez más habitual en India. Y en el este del país, uno de los proveedores de ese software es la firma española Herta Security. Según los socios locales de la compañía y documentación corporativa, Herta suministra su tecnología a centenares de estaciones de tren de la región, al mayor complejo penitenciario de Delhi, a un centro de peregrinación en Ayodhya y a las salas de control municipales de Ahmedabad.

La empresa confirma que su tecnología se utiliza en India, pero en una respuesta escrita afirma que no va a "revelar información confidencial de sus clientes". Su software podría estar operando también en la propia estación de Howrah, aunque los responsables ferroviarios locales no lo confirmaron al ser preguntados.

Una fuente de uno de los socios indios de Herta calcula, en conversación con Investigate Europe, que más de 4.000 cámaras repartidas por la mayor democracia del mundo funcionan ya con tecnología de la empresa española.

Al menos una parte de ese despliegue está ligada al Fondo Nirbhaya, una bolsa de dinero público creada para combatir la violencia sexual tras la brutal violación grupal cometida en un autobús de Delhi en 2012. Organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres sostienen que los millones de euros dedicados a ese fondo han acabado financiando vigilancia masiva en lugar de protección y apoyo directo a las víctimas.

Cuatro juristas especializados en derecho europeo de la inteligencia artificial y la biometría coinciden en que dos de esos despliegues serían ilegales si se ejecutaran dentro de la Unión Europea: el sistema de la Región Este de los ferrocarriles indios y el programa de videovigilancia que cubre toda la ciudad de Ahmedabad.

Herta asegura que se toma en serio ese tipo de preocupaciones y sostiene que sus productos están "desarrollados conforme a los principios europeos de protección de datos, con independencia del mercado en el que se desplieguen". Eso sí, matiza que no puede "controlar cómo las autoridades públicas o los integradores de sistemas implementan la tecnología en entornos concretos".

Para el eurodiputado italiano Brando Benifei, en cambio, los hallazgos abren un problema incómodo para los legisladores europeos. "Que tecnologías de vigilancia prohibidas en Europa se exporten y se desplieguen en otros lugares, como las estaciones de tren de India, evidencia un peligroso doble rasero", afirma.

Porque mientras la UE ha restringido con dureza esa misma vigilancia sobre sus propios ciudadanos, Investigate Europe ha constatado que también financió a la empresa española para desarrollar su tecnología. Desde 2020, Herta ha recibido más de 3,3 millones de euros en fondos europeos de investigación para proyectos que incluyen "análisis del comportamiento de multitudes" y reconocimiento facial.

Herta Security nació en Barcelona en 2009 de la mano de Javier Rodríguez Saeta, exempleado de Bosch y especialista en biometría —la identificación automatizada a partir de rasgos físicos o de comportamiento.— "Ya en 2005", recordaría el propio Rodríguez años después en una entrevista de 2019, "pensaba que en el futuro haría falta identificar a personas que no quieren ser identificadas".

Su producto estrella, BioSurveillance NEXT, está concebido para lo que sus propios materiales comerciales describen como "despliegues a escala de multitud". Rodríguez ha hablado de usarlo en "manifestaciones, carreras deportivas, congregaciones religiosas y aeropuertos". La ficha técnica promete búsquedas en tiempo real contra bases de datos de hasta 100 millones de personas.

La tecnología se apoya en unidades de procesamiento gráfico, los mismos chips que mueven hoy casi toda la inteligencia artificial y que aceleran el reconocimiento facial hasta permitir que se ejecute en tiempo real. En 2015, el fabricante de chips Nvidia distinguió a Herta como una de las empresas emergentes destacadas del sector. En 2019, la compañía presumía ya de más de 200 clientes en 50 países.

El mercado en el que se mueve ha crecido a toda velocidad. Esta tecnología se utiliza hoy en estadios deportivos de Estados Unidos, la emplean cuerpos policiales del Reino Unido y ha sido ensayada por policías de varios países de la UE.

En Europa, sin embargo, su uso está severamente restringido. Desde 2025, el Reglamento europeo de Inteligencia Artificial prohíbe con carácter general los sistemas de identificación biométrica remota en tiempo real, y muy en particular el reconocimiento facial, en espacios públicos y con fines policiales. Quienes redactaron la norma lo situaron entre los pocos usos de la IA que consideraron directamente inaceptables.

La prohibición admite tres excepciones tasadas: la búsqueda selectiva de víctimas de trata, explotación sexual o secuestro y de personas desaparecidas; la prevención de una amenaza terrorista concreta e inminente; y la identificación de sospechosos de una lista cerrada de delitos graves, entre ellos terrorismo, asesinato y violación. Incluso en esos supuestos, cada uso concreto debe contar con autorización judicial previa y quedar registrado en una base de datos europea.

Herta acumula experiencia trabajando para clientes fuera de las fronteras comunitarias. En una presentación comercial de 2021 a la que ha tenido acceso Investigate Europe, la empresa enumera varios de sus proyectos.

Ahí aparecen programas de videovigilancia urbana —los llamados "proyectos de ciudad segura (safe cities)"— en Jamaica, Tailandia y Bombay. Y también cuerpos policiales en Colombia e Indonesia, estadios de fútbol en Bielorrusia y Rusia, y aeropuertos en México, Nicaragua y Nigeria. No está claro si esas colaboraciones siguen vigentes.

El software de Herta también se ha usado en Europa. La Policía Federal alemana lo probó en 2017 y 2018 en una estación de tren de Berlín.

En 2019, a Rodríguez le preguntaron por el riesgo de que sus productos se utilizaran de forma indebida. "En Europa estamos muy bien protegidos, tenemos una legislación muy clara que fija los usos de esta tecnología. No hay nada que temer", respondió. Por entonces no existía aún la prohibición comunitaria del reconocimiento facial en tiempo real en espacios públicos: el veto del Reglamento de IA no entró en vigor hasta febrero de 2025. Nada dijo de las garantías para los ciudadanos de sus otros mercados, como India, donde no hay una legislación igual de estricta.

La expansión de Herta en India se ha cocinado a lo largo de una década. Hacia 2014, la compañía suministró cuatro o cinco cámaras para el proyecto Mumbai Safe City, según un socio comercial local.

Un antiguo investigador sénior de la empresa, que pide mantener el anonimato, sostiene que los datos obtenidos en aquellos primeros despliegues indios fueron decisivos para corregir el mal rendimiento del algoritmo con rostros no blancos.

Herta responde a Investigate Europe que "no utiliza por defecto datos operativos de clientes procedentes de despliegues para entrenar o mejorar sus algoritmos", y que cualquier uso de datos personales o biométricos con fines de entrenamiento algorítmico "requeriría una base legal clara".

El salto real llegó ocho años más tarde. En 2022, una empresa con sede en Delhi se adjudicó un contrato de 11,5 millones de euros para un sistema de videovigilancia que cubre centenares de estaciones de tren del este de India. La capa de reconocimiento facial de ese sistema funciona con software de Herta.

Eastern Railway anunció el año pasado que ya había 540 sistemas de reconocimiento facial operativos en 143 estaciones. El plan completo abarca 392, algunas de las mayores de la región. Los socios locales de Herta calculan que en el futuro los sistemas podrían llegar a integrarse en más de 1.500 cámaras.

Las autoridades cotejan de forma rutinaria los rostros captados contra una lista de personas de interés. No está claro con qué criterios se incluye a alguien en ese registro, pero uno de los socios comerciales de Herta en el país cifra en torno a un millón las personas que figuran en él.

La escala del sistema, añade esa misma fuente, no tiene parangón en Europa: "En la estación más concurrida, con una sola cámara pasas 10.000 personas en cinco minutos". Si el sistema devuelve una coincidencia, asegura, se envía un aviso a un cuerpo policial armado autorizado a dar el alto.

En 2022, la Policía de Delhi reconoció que daba por válida como identificación positiva cualquier coincidencia facial con un 80% de similitud. Con millones de viajeros en circulación, incluso un margen de error pequeño deja de serlo. Y hay un detalle no menor: ni los datos de la lista de vigilancia ni los criterios de inclusión son públicos, y no existe vía alguna para impugnar una falsa coincidencia.

La presencia de Herta en la red ferroviaria india no se limita a la Región Este. A través de un programa de Railway Land Development Authority, el organismo que moderniza estaciones en todo el país, su software ha llegado a terminales tan alejadas como las de Jaipur y Secunderabad, según su socio local.

Ese mismo socio afirma que la tecnología de la empresa opera además los sistemas de reconocimiento facial de tres complejos penitenciarios de Delhi: Tihar, Mandoli y Rohini. El contrato público del despliegue asciende, según esa información, a 352 millones de rupias (3,2 millones de euros).

Pero el sistema no se circunscribe en exclusiva a infraestructuras públicas o estatales: también funciona en el templo Ram Mandir de Ayodhya, donde, según el socio local, la vigilancia alerta a la Policía cuando identifica a alguien incluido en una lista. Hay despliegues similares en marcha en otros dos templos, añade.

Herta opera igualmente en el marco de los programas de ciudad segura. En una presentación comercial obtenida por Investigate Europe, la compañía afirmaba haber instalado 140 cámaras de reconocimiento facial en Ahmedabad y enumeraba despliegues en otras ciudades.

Investigate Europe solicitó explicaciones a Eastern Railway, a la autoridad que ejecuta el proyecto Safe City de Ahmedabad y a los responsables de la gestión de las prisiones de Delhi. Ninguna de las consultas obtuvo respuesta.

La expansión de Herta en India está ligada, todo apunta, a un giro político que arranca de un caso de violación tristemente célebre. En diciembre de 2012, una joven estudiante de fisioterapia subió a un autobús privado en Delhi con un amigo después de ver una película en el cine del barrio. Ninguno de los dos sabía que el vehículo estaba fuera de servicio: el conductor y otros cinco hombres se habían detenido a recogerlos fingiendo que llevaban pasajeros.

Durante más de una hora, esos seis hombres golpearon a su amigo, la violaron en grupo y arrojaron a ambos del autobús, gravemente heridos. Ella murió dos semanas después. El caso desató protestas masivas en todo el país y forzó un debate nacional sobre la violencia de género, la seguridad en el espacio público y la incapacidad del Estado para proteger a las mujeres.

En 2013, el Gobierno anunció una inversión millonaria a través de la creación de un nuevo fondo económico. Las organizaciones de la sociedad civil que se movilizaron tras el crimen habían pedido otra cosa: atención a las víctimas, asistencia jurídica y una red de casas de acogida, recuerda una abogada de derechos humanos que participó en aquellas discusiones.

El compromiso inicial, 10.000 millones de rupias (92 millones de euros), se destinaba al "empoderamiento, la seguridad y la protección de mujeres y niñas". El fondo acabó siendo conocido por el mismo nombre no oficial con el que la prensa india se refirió a la joven: Nirbhaya, "la que no tiene miedo".

Con los años, el Gobierno indio fue engordando la partida. En marzo de 2025 se habían desembolsado unos 58.000 millones de rupias (532 millones de euros). Los datos oficiales publicados en febrero de 2024 muestran que en torno al 50% fue a parar a funciones de vigilancia y policiales, frente al 31% dedicado a servicios de atención directa a las víctimas y teléfonos de emergencia.

Hay quien sostiene que esos nuevos sistemas de vigilancia no han aportado más seguridad a las mujeres. En 2014, un año después de la creación del Fondo Nirbhaya, la Oficina Nacional de Registros Criminales contabilizó 340.000 delitos contra mujeres en India. En 2023, el último ejercicio con datos disponibles, la cifra había subido cerca de un tercio, hasta los 450.000.

Flavia Agnes, abogada afincada en Bombay que calcula haber trabajado en unos 100.000 casos de violencia contra las mujeres a lo largo de cuarenta años de carrera, cree que la respuesta al clamor nacional estaba mal diseñada desde el principio: "No me he encontrado con casos en los que esta clase de vigilancia haya servido para identificar al acusado", afirma. La mayor parte de la violencia contra las mujeres en India, explica, no ocurre en los lugares que ven las cámaras, como las estaciones de tren, sino dentro de casa. "Alrededor del 95% de las violaciones las cometen personas conocidas".

Audrey D'Mello, directora de un centro que presta asistencia jurídica a supervivientes de la violencia en Bombay, tampoco ha visto en su terreno pruebas de que la vigilancia funcione. La infraestructura levantada en nombre de la seguridad de las mujeres, dice, rara vez ha tenido que ver con esa seguridad de las mujeres. Y es más ácida con el proyecto gubernamental: "También se dieron cuenta de que es más fácil colarlo en nombre de las mujeres".

Al margen de los datos de la Oficina Nacional de Registros Criminales, no hay elementos verificables que permitan sostener que la seguridad de las mujeres en el país se ha visto afectada a peor por el uso de estas cámaras de vigilancia en espacios públicos. El Ministerio de la Mujer y el Desarrollo Infantil indio, del que depende el Fondo Nirbhaya, no respondió a las peticiones de comentarios.

Cuatro juristas especializados en derecho europeo de la inteligencia artificial y la biometría coinciden en que los despliegues de la Región Este de los ferrocarriles indios y del programa Safe City de Ahmedabad serían ilegales en la UE. "Un despliegue así en un Estado miembro vulneraría con bastante claridad" el Reglamento europeo de IA, sostiene Rita Matulionyte, de la Macquarie Law School de Sídney.

Catherine Jasserand, de la KU Leuven, llega a la misma conclusión: "No creo que estos dos casos sean buenos ejemplos de uso en vivo del reconocimiento facial por parte de la Policía en espacios públicos". "Los dos despliegues son demasiado amplios para encajar en alguna de las excepciones", señala, en referencia a los supuestos tasados para la búsqueda de personas vulnerables, las amenazas terroristas y los sospechosos de delitos graves. Incluso acogiéndose a esas excepciones, la norma europea exige que antes exista una ley nacional que autorice la práctica, con reglas detalladas de supervisión, notificación y control judicial. 

España, donde está la sede de Herta, no ha aprobado ninguna ley de ese tipo: la empresa no podría operar legalmente aquí el sistema que opera en India.

El marco legal indio no ofrece una protección comparable. El país no cuenta con una ley integral de protección de datos en vigor y la que ha aprobado exime a la Policía y a las fuerzas de seguridad de forma tan amplia que despliegues como estos quedan, en la práctica, sin regular. "India es sin duda uno de los países que más está adoptando el reconocimiento facial en el mundo, y lo hace sin ninguna salvaguarda", resume Apar Gupta, abogado de derechos digitales en Delhi y fundador de la Internet Freedom Foundation.

Herta ha recibido dinero público europeo para desarrollar precisamente el tipo de tecnología que vende en India. Según el análisis de Investigate Europe, la compañía ha captado al menos 3 millones de euros en fondos comunitarios de investigación en los últimos cinco años, a los que se suman ayudas de programas nacionales españoles. La subvención más cuantiosa, de 2,36 millones de euros entre 2022 y 2024, sostuvo un proyecto de la empresa llamado FUTURE.

La tecnología desarrollada al amparo de ese proyecto estaba diseñada, según la propia Herta, para realizar "análisis del comportamiento de multitudes con el fin de identificar actividades anómalas y amenazas potenciales en grandes concentraciones, eventos públicos y zonas de alta afluencia".

Otra página de la web del proyecto, hoy retirada pero conservada en los archivos de internet, describía su capa de reconocimiento facial como una herramienta para que las fuerzas de seguridad pudieran "identificar de forma rápida y precisa a sospechosos y terroristas".

El caso de uso que describe Herta —identificación en tiempo real de sospechosos en espacios públicos concurridos— es exactamente el escenario que la UE prohibió con carácter general en su propio territorio poco después de que terminara el proyecto FUTURE. Y es, a la vez, el modelo que la empresa parece estar replicando en India.

"Como ocurre con muchas empresas tecnológicas, el conocimiento adquirido en proyectos de investigación puede contribuir a la evolución general de nuestra experiencia, nuestras metodologías y nuestra hoja de ruta de producto", responde un portavoz de Herta. "Sin embargo, los fondos europeos de investigación no se utilizan para financiar, operar o subvencionar despliegues comerciales concretos en India ni en ningún otro sitio". La Comisión Europea no respondió a las peticiones de comentarios antes del cierre de esta edición.

El eurodiputado italiano Brando Benifei fue el negociador del Parlamento Europeo en la recta final del Reglamento de IA. Aunque el uso de este reconocimiento facial está hoy prohibido con carácter general de puertas adentro, cree que la ley debe ir más lejos e impedir también su exportación fuera de la Unión: "La Unión Europea no puede pretender ser un campeón global de los derechos digitales si permite que sus empresas se lucren en el extranjero con herramientas que consideramos demasiado peligrosas para los ciudadanos europeos", afirma. "Deberíamos encontrar fórmulas para no permitir la exportación y el uso fuera de nuestras fronteras de sistemas que no autorizaríamos en casa".

El Curso de Verano de infoLibre en la Universidad Complutense de Madrid, "De la censura al algoritmo", se celebró este martes con periodistas, creadoras de contenido, historiadoras, cineastas y responsables institucionales debatiendo cómo recuperar el relato frente a quienes controlan el poder digital.

La jornada, organizada con la colaboración del comisionado de 50 años de España en Libertad y de la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense, combinó mesas redondas, talleres y conferencias sobre una misma cuestión: cómo evitar que la desinformación gane la partida a la convivencia, la identidad y la capacidad ciudadana de distinguir el hecho de la ficción.

La inauguración corrió a cargo de Pepa Bueno, conductora del Telediario 2 de TVE, y Jesús Maraña, director editorial de infoLibre. Bueno cuestionó la idea de que la inteligencia artificial pueda sustituir a los periodistas.

Recordó que quienes primero ignoraron internet y después se lanzaron al clickbait vacío pretenden ahora reemplazar a los profesionales por “maquinitas” y preguntó si un algoritmo podría contar a qué huele el incendio de Los Gallardos, o cómo se le quiebra la voz a alguien que ha perdido a un familiar.

El periodismo, defendió, exige comprobar casa por casa la realidad de los hechos. El peligro no está en las máquinas, sino en sus dueños y en los objetivos de quienes controlan los sistemas que difunden medias verdades.

Bueno y Maraña situaron la raíz del problema en la economía del oficio. La precarización del periodismo desde la llegada de internet ha reducido la independencia de los profesionales, que antes podían llegar a fin de mes sin depender de otros ingresos.

El director editorial de infoLibre atribuyó esa precarización a decisiones empresariales. “La precarización no viene de Marte”, dijo, antes de explicar que las grandes empresas prescindieron de los profesionales con más experiencia para apostar por sueldos bajos, una segunda ola ahora impulsada por la inteligencia artificial.

La responsable del Telediario 2 propuso un triple ejercicio de transparencia frente a esta deriva. El profesional, que explique las herramientas y los códigos usados. El ético, que aclare los valores desde los que se informa. Y el financiero, que permita al público saber quiénes son los dueños de los medios.

La primera mesa, moderada por Marta Jaenes, subdirectora de infoLibre, introdujo el humor como herramienta de denuncia. El influencer Marc Biarnés, conocido como Nosoloviernes, explicó que el algoritmo de plataformas como TikTok o Instagram no es neutral. "Lo regula quien lo regula, que no es una persona progresista", dijo.

Biarnés advirtió que la audiencia joven busca contenidos de treinta segundos, un formato que facilita la propagación de bulos. Pidió una regulación estricta contra el odio impune en redes como X. “El día que lleguen las multas por bulo, más de uno se callará la boca”.

La construcción de la memoria fue el otro eje de la mesa. La directora de cine Laura Hojman defendió que la identidad de un país se construye tanto por lo que se cuenta como por lo que se silencia. Calificó de "terrorífico" ceder la narración humana a la inteligencia artificial.

La profesora Alicia Parras recordó el silencio que sufrieron durante décadas los fotógrafos de la Guerra Civil. Advirtió que la memoria colectiva reside hoy en nubes de empresas privadas que podrían desaparecer o cambiar de manos de un día para otro. Y el periodista Arturo Lezcano vinculó el pasado migratorio de España con la actualidad. Lamentó que algunos líderes políticos olviden que en los años sesenta los españoles fueron emigrantes, mientras regiones como Ourense reciben hoy a miles de personas extranjeras.

La mesa "Juventud, igualdad y nuevos lenguajes democráticos", moderada por la directora de infoLibre, Virginia P. Alonso, partió de una premisa: la plaza pública donde antes se hacía política ha sido sustituida por un escenario digital que monetiza la confrontación.

Antonio González, estudiante de Antropología y creador de contenido, denunció que la viralidad se mide por la polémica que genera un contenido, no por la solidez del argumento. Cristina Hernández, directora del Instituto de las Mujeres, señaló que las mujeres conocen mejor que nadie la monetización del odio en redes.

Hernández explicó que ese hostigamiento no es nuevo, sino una adaptación de violencias antiguas. Recordó que Clara Campoamor ya era tildada de histérica en el Congreso, un desprecio que hoy se actualiza con términos como "charo".

Sabela Rodríguez, redactora de Igualdad en infoLibre, advirtió que el algoritmo premia siempre la confrontación en los temas de igualdad para maximizar el tráfico. Rodríguez constató que para los jóvenes ya no existe frontera entre medios y redes, y que el nuevo analfabetismo consiste en no distinguir información veraz de propaganda. 

A su vez, David Álvarez, profesor de la Complutense, propuso adaptar el lenguaje periodístico a las redes sin complejos. "Si se tiene que empezar con un reel y acabar en reflexión, que empiece en un reel", dijo, antes de reivindicar el periodismo como contrapoder. "Si no es contrapoder, no es periodismo".

El rapero El Chojín, Domingo Antonio Edjang Moreno, puso banda sonora a la jornada en su taller "Música y contracrónica social". Recordó sus inicios en 1990, cuando el rap no era una industria sino la necesidad de contar lo que llevaba dentro.

Citando a Chuck D, de Public Enemy, definió el rap como "la CNN de los barrios". El periodismo, a veces, se percibe desde una intelectualidad que aleja al ciudadano común. El rap, en cambio, usa el lenguaje de la calle. "A veces es más efectiva la música que un artículo”.

Abordó también la columna de Mariano Rajoy sobre la selección francesa de fútbol, que calificó de "proclama abiertamente racista". Lamentó que la derecha esté perdiendo los complejos y se parezca cada vez más a una ultraderecha que decide quién es ciudadano según su color de piel.

El profesor Raúl Magallón, de la Universidad Carlos III, advirtió en su taller "La prensa contra las cuerdas" sobre el poder del lenguaje. "Quien fija el primer marco cuenta con una ventaja casi definitiva", dijo.

Ante las "alucinaciones" de la inteligencia artificial, con una tasa de error del 10% en millones de consultas diarias, planteó la necesidad de un derecho de rectificación frente a sus fabulaciones. Propuso la técnica del "sándwich de la verdad". Empezar por los hechos reales, señalar la mentira sin amplificarla y repetir la realidad con insistencia.

Señaló a Telegram como el canal opaco en el que se concentra buena parte de la desinformación en España. Recomendó certificar capturas con herramientas como eGarante, para que el borrado de una publicación no elimine también la prueba del bulo. "En caso de duda, la primera reacción debe ser comprobar antes de compartir".

En su turno, hablando de bulos, redes y discursos de odio, Elena Reinés, publicista, creadora de contenido y cofundadora de WokeUp News, sostuvo que los bulos apelan a la emoción y que los datos no bastan para desmontarlos, porque son “dos lenguajes totalmente distintos”. Defendió que la izquierda necesita generar sus propios marcos narrativos y perder el recelo hacia el marketing, ya que comunicar mejor no equivale a manipular.

Estefanía de Antonio, responsable de Verificación, Periodismo de Datos y Narrativas Visuales de RTVE, ilustró con la investigación “Torre Pacheco, anatomía de un bulo” cómo la violencia digital salta a la calle, y recordó que solo el 22% de los contenidos falsos fue retirado semanas después de los disturbios. Explicó que en RTVE se centran en desmentir el mensaje, no en dar notoriedad a quien lo difunde, y reivindicó el rigor del lenguaje periodístico: “Si una noticia es falsa, entonces no es una noticia”, por lo que pidió hablar de contenido falso y no de noticias falsas.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, cerró la sesión matutina con una reflexión sobre la verdad compartida. Puso ejemplos de su tierra, Canarias, donde desapariciones y ejecuciones de la guerra y el franquismo fueron durante años suplantadas por relatos de personas emigradas a América que en realidad habían sido asesinadas.

Carmina Gustrán, comisionada para la Celebración de los 50 Años de España en Libertad, había subrayado unas horas antes, en la bienvenida a la jornada, que el periodismo ético es una de las bases del sistema democrático. Advirtió que en un momento en que los discursos de odio se han vuelto admisibles, la ciudadanía tiene más derecho que nunca a una información veraz.

Ya en la sesión de tarde, Nacho Carretero, periodista, escritor y productor audiovisual, señaló tras la proyección de la película Nightcrawler, el error cometido por el periodismo al entrar a competir con perfiles ajenos a la verdad, como los que representa el agitador ultra Vito Quiles. Mientras el periodista honesto debe destruir sus propios prejuicios al enfrentarse a una historia, explicó, estos actores parten del titular ya escrito y fuerzan la realidad para que encaje.

Paloma Rando, redactora, columnista y guionista de televisión, sostuvo que los algoritmos empujan a sus usuarios hacia posturas más conservadoras porque la emoción que genera más permanencia en pantalla es la ira, más que por un sesgo ideológico de las plataformas. Mantener al usuario enfadado, dijo, es un negocio lucrativo.

En la clausura, Maraña resumió los conceptos que atravesaron el encuentro. La precariedad como factor que condiciona la información y la desinformación, la exigencia de responsabilidad a quienes manejan datos sensibles, y la defensa de una regulación real de plataformas, redes e inteligencia artificial.

Aclaró que esa regulación no implica intervenir en la libertad de expresión, sino exigir a las plataformas la misma responsabilidad que a cualquier medio identificado como tal. Citó el ensayo de Timothy Snyder para cuestionar la supuesta opacidad ingobernable del algoritmo, y defendió que las instituciones pueden legislar para que ofrezcan pluralidad de ideas en lugar de solo confirmar el rastro digital del usuario.

Propuso el fin del anonimato, con un registro identificable aunque se publique bajo pseudónimo, como medida frente a la impunidad de la calumnia. Y señaló la velocidad como lo más difícil de gestionar hoy en el análisis periodístico.

Ya hay decisión. La semana pasada, la industria de la comunicación en España cerró uno de los capítulos más determinantes para su futuro económico y editorial con una decisión que, aunque técnica en apariencia, será determinante para el futuro de los medios que viven de la publicidad. La Junta Directiva de la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC), tras una reunión extraordinaria y un proceso de deliberación publicitado como unánime, anunció que Comscore volverá a ser el medidor recomendado de las audiencias digitales en el mercado español. 

Comscore es una empresa norteamericana de medición y análisis de audiencias y consumo de medios en distintas plataformas, muy usada en el sector digital y publicitario. AIMC está integrada por diferentes grupos del sector —medios, anunciantes, agencias y consultoras—.

Para entender la magnitud de esta decisión, hay que recordar que el mercado de los medios de comunicación funciona como una gran plaza donde se compra y se vende atención y en la que el sistema de medición es la moneda oficial con la que se paga en cada puesto. Si la moneda está mal fabricada o no distingue el valor real de lo que se adquiere, toda la plaza termina distorsionada. 

Durante casi una década, esa moneda fue acuñada por Comscore, pero en 2021 el testigo pasó a manos de GfK DAM —una empresa controlada por una sociedad privada de capital riesgo con sede en Boston (Estados Unidos)—, cuyo contrato expiró recientemente, dejando un vacío que ahora Comscore vuelve a llenar con una propuesta renovada que promete adaptarse a las exigencias de transparencia y calidad que reclama el sector.

La relevancia de esta elección no es un simple asunto de despachos o de expertos en estadística, sino que afecta directamente a la sostenibilidad de los medios que consumimos cada día. 

El gran dilema que enfrentaba el concurso de la AIMC se puede explicar con una metáfora sencilla: imagina que eres un músico independiente. Cada vez que tocas en tu local de siempre, 100 personas compran entrada porque son fans de verdad: conocen tus canciones, te siguen desde hace años y vuelven concierto tras concierto. Pero además, una de tus canciones ha caído en una lista de éxitos que gestiona Spotify, y eso te genera 500 reproducciones diarias de gente que ni siquiera sabe tu nombre y que solo te escucha porque el algoritmo la puso ahí delante.

Si buscas un patrocinador para tu gira, le dirás que tienes 600 seguidores. Pero si un sello discográfico quiere saber si tu carrera es sólida a largo plazo, lo que de verdad le importa son esos cien fans fieles, porque los otros 500 dependen de que Spotify no cambie el algoritmo o decida destacar a otro artista mañana mismo.

Con los periódicos digitales pasa lo mismo: una web puede presumir de millones de visitas, pero si la mayoría llegan porque un algoritmo caprichoso de Facebook, Google o TikTok decidió mostrarlas ese día, esa audiencia es volátil y, en gran medida, prestada.

El reto que Comscore tiene por delante a partir de ahora es ser capaz de distinguir entre el “tráfico de calidad” y el simple “ruido” de clics accidentales. 

Hasta ahora, el mercado ha vivido una tensión constante entre dos formas de contar. Por un lado, sistemas como el de la antigua Comscore se centraban fundamentalmente en contar pantallas; es decir, ponían un contador en cada móvil, ordenador o tableta y registraban cada entrada, lo cual generaba el problema de que si una misma persona leía una noticia en el trabajo y luego la terminaba en el metro con su teléfono, el sistema la contaba como si fueran dos personas distintas, inflando los números totales. 

Por otro lado, sistemas como el de GfK apostaban por contar personas reales a través de un panel, una muestra de miles de individuos cuyos hábitos se estudiaban para calcular el comportamiento de toda la población, algo más parecido a lo que busca un anunciante, pero que a menudo dejaba invisibles a los medios más pequeños que no podían pagar por estar en ese estudio. 

El nuevo modelo que se ha aprobado busca ser un híbrido que combine lo mejor de ambos mundos: etiquetas técnicas instaladas en todas las webs para registrar cada visita y un panel de al menos 5.000 personas reales que permitan humanizar esos datos y saber quién está realmente detrás de cada pantalla.

La decisión de la AIMC llega en un momento de presión política y legislativa sin precedentes. No es solo que los anunciantes privados necesitan saber dónde ponen su dinero; es que el propio Gobierno español, a través de la Secretaría de Estado de Comunicación, ha dejado claro que el sistema de medición es una cuestión de responsabilidad democrática. 

El dinero de los ciudadanos, invertido en publicidad institucional para campañas de salud, seguridad vial o información de trámites, no puede distribuirse basándose únicamente en el volumen bruto de clics. El Gobierno ha argumentado que un sistema que trata por igual a un lector que dedica tres minutos a comprender una nueva ley de vivienda y a un usuario que simplemente pasa de largo frente a un anuncio mientras hace scroll infinito en una red social no está midiendo eficacia, sino ruido. 

Por eso, el nuevo contrato con Comscore debe alinearse con el Reglamento Europeo de Libertad de los Medios (EMFA), que exige que los sistemas de medición sean transparentes, imparciales y que publiquen sus metodologías de forma abierta para evitar que se conviertan en “cajas negras” opacas donde nadie sabe cómo se cocina el dato final.

Para ganar este concurso, Comscore ha tenido que presentar una evolución tecnológica significativa que atienda a las nuevas realidades del consumo. Una de las grandes novedades es la incorporación de la medición de audiencias en la televisión conectada (Connected TV), un entorno que hasta ahora era difícil de rastrear con precisión. 

Además, la compañía se ha comprometido a ofrecer una mayor granularidad regional, desglosando los datos por comunidades autónomas y provincias, algo vital para los medios de proximidad que vertebran el territorio y que a menudo quedan sepultados bajo las grandes cifras de los medios nacionales. 

Para garantizar la fiabilidad de este nuevo panel de internautas españoles, Comscore contará con la colaboración de Kantar Insights, buscando así una robustez metodológica que convenza a un sector que se juega su supervivencia en este tablero. La idea es que el mercado pueda “desmontar” el número total de un medio para ver cuánto de ese tráfico es directo (gente que busca el medio activamente) y cuánto es prestado por plataformas externas.

Algunos sectores de la industria, especialmente los editores agrupados en asociaciones como CLABE, habían advertido sobre los riesgos de mezclar el tráfico que llega de redes sociales con el generado por el propio prestigio editorial del medio. 

Existe el temor de que, si el sistema no es lo suficientemente fino, se acabe premiando el sensacionalismo o incluso a influencers ajenos al periodismo que algunos medios solo usan para engordar las métricas de forma artificial para atraer publicidad. 

La profesora Ana Isabel Rodríguez, experta en audiencias de la Universidad de Santiago de Compostela, consultada por infoLIbre, subraya que la transparencia no puede ser un lujo solo para los grandes grupos de comunicación que tienen representantes en el Comité Técnico Digital que evalúa estos procesos. Los medios pequeños y locales, que no tienen recursos para auditar por su cuenta estas cifras, necesitan que el sistema sea justo por defecto y que los costes de acceso sean asumibles para evitar que la medición actúe como una barrera que los haga invisibles ante los anunciantes de su propia región.

El impacto de esta decisión de la AIMC se extenderá al menos durante los próximos tres años, con posibilidad de prorrogarse hasta cinco, marcando las reglas del juego de la segunda mitad de esta década. Es un periodo crítico en el que se decidirá qué tipo de periodismo sobrevive: aquel que se dedica a cazar clics vacíos para sobrevivir en un sistema de agregación pura, o aquel que cultiva una relación de lealtad con su público. 

El propio documento remitido por el Gobierno a la AIMC sugería que el éxito de una campaña de comunicación no debería medirse por cuánta gente la ve, sino por cuánta gente la comprende o cambia su comportamiento tras verla; una campaña de vacunación que llega a 20 millones de personas pero no convence a nadie es un fracaso absoluto, aunque sus métricas de audiencia sean impecables. 

Este enfoque orientado al impacto y a la atención real es el que el nuevo sistema de Comscore está llamado a facilitar, permitiendo a los anunciantes y a las administraciones públicas distinguir entre la profundidad de una lectura pausada y la superficialidad de un impacto fugaz.

Un detalle relevante en este nuevo contrato es la cláusula que permite que, al finalizar el periodo de adjudicación, la propiedad del panel de medición pueda pasar a ser de la propia AIMC, dejando a la empresa tecnológica solo como un gestor técnico. 

Este es un paso hacia la soberanía de los datos por parte de la industria española, tratando de reducir la dependencia indefinida de empresas privadas extranjeras y asegurando que la infraestructura sobre la que se asienta el mercado publicitario sea un bien común del sector. 

Como bien señalaba la metáfora de la panadería, no se trata solo de contar cuántas personas pasan por la puerta, sino de saber quiénes son, por qué vienen y si volverán mañana. 

La vuelta de Comscore no es, por tanto, un simple regreso al pasado, sino una apuesta por un modelo que debe demostrar que es capaz de proteger el valor editorial frente a la volatilidad de los algoritmos y garantizar que el periodismo real, el que informa y forma a la ciudadanía, tenga un peso medible y valorado en el ecosistema digital español.

La cultura no se reduce a destacar los sentidos del arte y la literatura, lo que ocurre en las paredes de un museo, los escenarios, las pantallas y las páginas de un libro. Necesita también analizar las dinámicas del mundo que habitamos. Tomar conciencia de nuestros sentimientos y nuestras razones es inseparable de la apuesta por la dignidad humana que sostiene desde la ilustración nuestros valores democráticos. El fenómeno de la transformación tecnológica y las redes sociales ha supuesto una nueva oportunidad para el feudalismo, ya que las supersticiones se mueven por nuestras vidas en forma de bulos y de pseudoperiodismo. El pensamiento democrático tiene motivos serios para estar preocupado. Y es una trampa que el uso masivo y popular de internet sea convertido en argumento contra el pretendido paternalismo de los intelectuales de siempre, dispuestos a distanciarse de las costumbres generalizadas para dar lecciones de alta cultura. La conciencia crítica frente a las nuevas formas de dominio ideológico no supone ninguna forma de paternalismo, sino una responsabilidad intelectual en defensa de la convivencia democrática.

Jordi Gracia acaba de publicar el panfleto La izquierda ante el tecnofascismo (Anagrama), decidido a denunciar la situación de unas sociedades en las que el poder económico y los medios controlados de información quieren disponer de las directrices políticas en beneficio de los oligarcas. Asume el tono del panfleto para destacar el compromiso urgente del pensamiento crítico en esta situación. La izquierda democrática no sólo debe superar las críticas de paternalismo, sino que tiene que aprender a legitimar modelos serios de regulación y control para defender el estado del bienestar. Y, además, debe ser consciente de lo que ahora se esconde en las viejas banderas de la rebeldía y la libertad. La libertad es hoy ley del más fuerte y las banderas de su rebeldía son un peligro para la paz, el medio ambiente, la igualdad y la fraternidad.

Como Jordi Gracia alude en sus argumentos a los posibles esclavos involuntarios del sistema y a los nuevos rebeldes de la contrarreforma, la lectura de su libro me ha recordado una distinción en la que he pensado mucho cada vez que necesito discutir sobre las redes sociales, los tecnooligarcas y las nuevas formas de comunicación. No es lo mismo un tonto que un idiota. Según el diccionario de la RAE, tonta es la persona falta de razón y de entendimiento. La palabra idiota añade un matiz decisivo en nuestro tiempo: engreído sin fundamento.

El éxito manipulador de las redes del pensamiento reaccionario puede explicarse por la manipulación de esclavos involuntarios que son engañados hasta conseguir que una población vote en contra de sus propios intereses. El pobre que necesita la sanidad pública vota en favor del oligarca que acaba con la sanidad pública para favorecer el negocio de la medicina privada. Ese es un dato llamativo, pero la tontería no basta para explicar la profundidad de las estrategias de un sistema enemigo que nos conoce bien. Hay una apuesta cultural más profunda.

El neoliberalismo ha desplazado poco a poco las ilusiones colectivas en favor de un individualismo radical. Soy dueño de mis triunfos y responsable de mis fracasos, así que me sobran la política y las vigilancias de un Estado social. En esta lógica, los oligarcas no piensan sólo en tontos a los que manipular, sino en idiotas engreídos que se conviertan en activistas de una contrarreforma y olviden en nombre de su hedonismo consumista el conocimiento, la meditación y el estudio, animados por el populismo y la rabia de los insultos. Los engreídos llegan a creerse dueños de sus idioteces y las consumen con avaricia. Basta con pasearse un momento por las redes para ver hasta qué punto están habitadas, más que por tontos que son engañados, por idiotas engreídos que se creen en posesión rabiosa de su verdad.

Y cuando las redes se presentan como nuevas formas de agrupación dicen una verdad sesgada. No es que acaben con el individualismo en sus nuevas formas de comunicación, es que convierten los rencores individuales en el argumento prioritario de cualquier reunión. De ahí el éxito populista de los movimientos reaccionarios que se agrupan en nombre de los rencores personales y no en favor de las ilusiones colectivas.

No soy intelectual paternalista, sino un ciudadano preocupado por el mundo que habita. Por eso aconsejo la lectura de este ensayo de Jordi Gracia: La izquierda ante el tecnofascismo. Que los tontos y los idiotas sigan sin perdonarme. Ya estoy acostumbrado a sus insultos.

El Parlamento Europeo ha aprobado este jueves la vuelta del "chat control 1.0" —el escaneo de mensajes y correos sin cifrar que el Partido Popular Europeo (PPE) ha conseguido colar en segunda lectura— tal y como publicó infoLibre: con más eurodiputados votando en contra que a favor. Y no es la primera vez que pasa esto. 

Es la tercera votación sobre esta misma norma en cuatro meses, y las tres veces la mayoría se ha manifestado en contra de aprobarla tal y como el PPE la proponía: el pasado 11 de marzo se aprobó con condiciones —458 votos a favor y 103 en contra— que el Consejo rechazó. El 26 de marzo fue tumbada con 311 votos en contra por 228 a favor; y esta tercera vez ha vuelto a perder la votación, con 314 votos frente a 276. La diferencia es que esta vez ser mayoría no bastaba para bloquearla: al estar en segunda lectura, hacían falta 361 votos, y 314 se quedan cortos. 

Así es como una norma que el Parlamento ha rechazado, en la práctica, las tres veces que se ha votado, sale adelante de todos modos. Por el camino, el Parlamento sí ha logrado aprobar por mayoría absoluta una enmienda que excluye del escaneo el cifrado de extremo a extremo, aunque ahora le toca al Consejo aceptarla o rechazarla, en cuyo caso deberá negociar con el Parlamento.

Simone de Brouwer, asesor de políticas públicas de la plataforma European Digital Rights (EDRi) resume la paradoja del resultado: "Hoy ganan los dos bandos: sí, la derogación temporal se renueva una vez más pese a que la mayoría de los eurodiputados votó en contra, pero esa mayoría también envía una señal clara contra la vigilancia masiva a quienes negocian el marco permanente (el "chat control 2.0"), [una votación] en la que bastará con mayoría simple". El mandato del Parlamento para esa negociación —que la presidenta Metsola ha ignorado forzando esta votación en segunda lectura, según considera De Brouwer— "no queda debilitado, sino reforzado", añade.

Esta resolución permite que las plataformas tecnológicas, en su mayoría estadounidenses, monitoreen los mensajes privados que los ciudadanos europeos comparten a través de aplicaciones como Gmail o las dependientes de Meta. El pretexto es el rastreo de material delictivo pornográfico que afecte a menores, pero la realidad es que ese escaneo de mensajes va a producirse sin la autorización de ninguna instancia judicial, a pesar de que supone una flagrante vulneración del derecho a la privacidad de los usuarios, según todos los expertos consultados por infoLibre. 

El conocido como "chat control 1.0" es la antesala de su versión 2.0, cuyo texto está aún en negociación y sin acuerdo a la vista, coinciden en señalar las voces críticas. Patrick Breyer, exeurodiputado alemán de Los Verdes, argumenta que incluso esta "versión suave" crea una infraestructura técnica y legal y un precedente que normaliza el escaneo indiscriminado, y revertir estas intrusiones una vez legalizadas es complicado; la versión 1.0, aunque menos invasiva que la 2.0, también viola el derecho fundamental a la privacidad, sin proporcionalidad ni supervisión judicial; y allana el camino a la versión más avanzada. 

Miguel Recio, profesor de Derecho y protección de datos en la Universidad CEU San Pablo, lo resume con un ejemplo simple: cuando un juez autoriza intervenir comunicaciones, fija el sujeto afectado, el alcance y la duración; esto [lo aprobado este jueves] es un escaneo automático de todo el mundo, sin esa supervisión. 

El perito informático Javier Rubio Alillo lo califica como "una intromisión absoluta en la privacidad de las personas" y recuerda la opacidad de los algoritmos que usarán las empresas, mayormente estadounidenses, para revisar los contenidos en búsqueda de pornografía infantil, así como la imposibilidad de comprobar que dichos algoritmos no se estén usando para otros fines.

Solo dos de las nueve familias políticas del Parlamento han votado mayoritariamente a favor de la norma: el PPE (95%) y los socialistas del S&D (59%), pese a que su propia ponente, Birgit Sippel, había dicho públicamente que no lo apoyaría. Todos los demás grupos, de punta a punta del espectro, votaron mayoritariamente para tumbarla, desde los grupos de ultraderecha hasta La Izquierda, pasando por Los Verdes.

Populares y socialistas, sin embargo, han mostrado una vez más una sintonía muy rara de ver en España pero habitual en Bruselas, como ocurre con la política de rearme de la UE. La iniciativa ha sido impulsada por la presidenta del Parlamento, Roberta Metsola, y su grupo, el PPE, pero ha contado también con el apoyo mayoritario del grupo socialista. Además, según declara Patrick Meyer, el Gobierno español fue uno de los más radicales a favor de la norma durante las negociaciones del Parlamento con el Consejo, mostrándose a favor de una versión inicial que Meyer califica de "extrema", que incluía un "escaneo masivo obligatorio" y acceso a los mensajes encriptados. 

Mientras España sigue con la cabeza en el Mundial y media Europa cuenta los días para las vacaciones, el Parlamento Europeo vota el jueves 9 de julio si las grandes tecnológicas pueden escanear los mensajes privados de la ciudadanía europea en busca de contenido de abuso sexual infantil, sin orden judicial y sin sospecha previa sobre nadie. Lo llamativo no es la pregunta, sino que la Eurocámara ya respondió que no dos veces, el 11 y el 26 de marzo. Vuelve a votarse porque Roberta Metsola, la presidenta del Parlamento, ha encontrado una vía procesal para forzar una tercera votación en condiciones mucho más favorables para que salga adelante.

La norma que se vota el jueves no es nueva. Es la misma derogación temporal de la directiva ePrivacy que lleva vigente, con sucesivas prórrogas, desde julio de 2021. Expiró el pasado 3 de abril, después de que el Parlamento rechazara dos veces extenderla. 

Lo que se vota el jueves se conoce como "chat control 1.0": permite a las plataformas escanear sin necesidad de autorización judicial los mensajes y correos sin cifrar de sus usuarios —lo que incluye a aplicaciones como Gmail o las dependientes de Meta— para detectar fotos de abuso infantil. Es distinto del "chat control 2.0" (CSAR), un reglamento que sí obligaría a las plataformas a escanear también las comunicaciones cifradas de extremo a extremo, como WhatsApp o Signal, y que sigue negociándose aparte, sin acuerdo a la vista. El primer texto, eso sí, no prohíbe expresamente aplicarlo a un servicio cifrado, solo obliga a no debilitar el cifrado.

La clave no está en lo que se propone, que es exactamente el mismo texto que el Parlamento ya ha rechazado dos veces, sino en el procedimiento que se ha usado para devolverlo a votación, porque cambia cuántos votos necesita cada bando para ganar.

El 11 de marzo, el Parlamento fijó su posición: prorrogar la norma hasta 2027, pero solo con autorización judicial y dejando fuera las comunicaciones cifradas. El Consejo rechazó esas condiciones, las negociaciones se rompieron, y el 26 de marzo el Parlamento cerró su posición rechazando directamente cualquier prórroga: 311 votos en contra por 228 a favor. Es decir: el Parlamento dijo que no dos veces —primero poniendo condiciones que el Consejo no aceptó, y después rechazando la prórroga sin condiciones— y la norma expiró el 3 de abril.

Ahí debería haber acabado la historia. Pero en vez de aceptar ese rechazo, el Consejo ha hecho algo inusual: adoptar su propia posición formal sobre el mismo texto, sin cambios, y devolverlo al Parlamento. Ese movimiento activa lo que se conoce como segunda lectura, y es donde reside la clave de esta repetición. En marzo bastaba con que hubiera más votos en contra que a favor entre los presentes para tumbar la norma, y así ocurrió. En segunda lectura las reglas se invierten: para bloquearla o cambiarla ahora hacen falta 361 votos, mayoría absoluta de los 720 escaños del Parlamento, mientras que para aprobarla basta con que gane el "sí" entre los presentes ese día. Dicho de otro modo: los mismos eurodiputados que tumbaron la norma en marzo podrían votar otra vez en contra y aun así no impedir que salga adelante, si no llegan a esos 361 votos.

Y ese día, el jueves, es el último pleno antes del receso de verano, cuando la asistencia de los eurodiputados cae de forma considerable. El 17 de junio, el PPE pidió a la presidenta del Parlamento, Roberta Metsola —también del PPE—, que reactivara el expediente. Al día siguiente, en la cumbre europea, Metsola instó a los líderes a "avanzar" con la legislación. Los Estados miembros adoptaron después esa posición sin ningún cambio respecto al texto ya rechazado. El martes, el pleno ya aprobó tramitarlo por esta vía: 331 votos a favor, 304 en contra. 

Patrick Breyer, exeurodiputado alemán en el grupo de Los Verdes y una de las voces más críticas contra el avance de esta norma en la pasada legislatura, resume a infoLibre lo insólito del caso: repetir una votación ya pasó en marzo y sobre este mismo expediente; lo inédito es que sea la propia presidenta del Parlamento quien impulse el procedimiento de la segunda lectura después de que la Cámara ya rechazara el texto. Para Simon de Brouwer, asesor de políticas públicas de la plataforma European Digital Rights (EDRi), esta decisión de Metsola constituye "ignorar abiertamente el mandato de la institución a la que representa".

Aunque la votación decide el futuro de la versión 1.0, menos agresiva que la 2.0, Breyer da tres razones por las que su aprobación plantea una perspectiva preocupante para la privacidad de las comunicaciones en Europa. En primer lugar, crearía la infraestructura legal y el precedente que normaliza el escaneo indiscriminado, y "revertir estas intrusiones una vez legalizadas es complicado". En segundo lugar, la versión 1.0, aunque menos invasiva que la 2.0, "también viola el derecho fundamental a la privacidad, y lo hace sin proporcionalidad ni supervisión judicial". Por último, allanaría el camino a la versión más avanzada "por arrastre": una vez montada la base técnica y legal, ampliarla sería solo una enmienda menor ante una opinión pública desensibilizada.

La de Breyer no es la única voz crítica sobre lo que esto supone para los derechos fundamentales de las personas. De Brouwer, de EDRi, lo explica en términos muy directos: si esto sale adelante, "significará que las empresas privadas pueden negar tu derecho a tener conversaciones digitales confidenciales; podrán, si quieren, leer cada mensaje que escribes, cada correo que envías, cada foto que compartes". Y subraya el contraste con la vigilancia policial ordinaria: para que la policía intervenga las comunicaciones de alguien, la ley exige antes una orden judicial, y un juez solo autoriza la vigilancia si está dirigida a personas concretas sospechosas de un delito grave. Aquí, en cambio, la propuesta es externalizar la vigilancia a empresas privadas —casi todas estadounidenses— sin exigirles ni sospecha previa ni garantías democráticas.

Miguel Recio, profesor de Derecho y protección de datos en la Universidad CEU San Pablo, llega a la misma conclusión desde el derecho español y europeo. Lo explica con un ejemplo simple: cuando un juez autoriza una intervención de comunicaciones, fija el supuesto, el alcance y la duración. Esta norma propone justo lo contrario, un escaneo automático y sistemático sin intervención judicial en ningún caso concreto, lo que supone una doble vulneración —secreto de las comunicaciones y protección de datos— que previsiblemente acabará recurrida ante los tribunales.

Recio añade la variante de la soberanía tecnológica: las empresas que monitorizarían las comunicaciones son casi todas estadounidenses, sin garantías claras de transparencia sobre quién accede a esa información ni sobre si puede acabar en manos de una autoridad de un tercer país. Tanto Recio como Javier Rubio Alillo, perito informático consultado también por este periódico, coinciden en algo más: nadie sabe qué buscan realmente los algoritmos que harían este trabajo, ni quién supervisa que no se usen para otra cosa.

De Brouwer añade un problema de escala que conecta con lo anterior: las empresas que hacen este escaneo voluntario deben remitir a una agencia estadounidense cada caso en el que su algoritmo detecte un posible abuso, lo que explica por qué muchos adolescentes que se envían fotos explícitas de forma consentida entre ellos acaban denunciados a Estados Unidos y después a la policía europea, que tiene que determinar a posteriori si hubo consentimiento o no, según expone EDRi. Como se escanean miles de millones de mensajes al día, incluso un margen de error mínimo se traduce en millones de falsas alarmas —el 0,01% de mil millones son ya 100.000—, que hay que revisar una por una. Policías de los Países Bajos y de Alemania, y también el FBI, ya han advertido de la avalancha de falsas alarmas que esto genera.

El Proyecto de Ley de IA que aprobó el pasado mes de mayo el Gobierno de España, enmarcado dentro de la senda regulatoria trazada desde el Reglamento Europeo (RIA), es una señal importante que se pretende transmitir para enfatizar públicamente la consideración que hay que otorgar a este asunto, con independencia de las dificultades que se aventuran en la sede parlamentaria.

La aprobación de este proyecto de ley fue anunciada en el I Encuentro Internacional de los Derechos Digitales que se celebró en Barcelona unos días antes. Lo hizo el ministro Óscar López defendiendo el concepto de que ante la excesiva lentitud del desarrollo europeo que entorpece la soberanía digital del continente, los Estados miembros que puedan avanzar hacia un sistema ético de la IA deben hacerlo.

Ahora se presenta la oportunidad de debatir los contenidos del proyecto y elevar, en su caso, las propuestas de mejora a los grupos parlamentarios; ahí conviene destacar, de entrada, la coincidencia en el diagnóstico que elaboró el pasado mes de marzo el Consejo Económico y Social de España en su Dictamen publicado recientemente sobre el texto, cuando todavía era Anteproyecto de Ley para el buen uso y la gobernanza de la IA, con el documento que presentó la Fundación Alternativas el pasado mes de febrero, titulado La IA en la Unión Europea, sin conocer, por aquel entonces, el texto gubernamental.

En esta misma dinámica también se posiciona el premio Nobel de Economía y profesor en el MIT Daron Acemoglu, al referirse a la IA generativa, destacando que tiene un gran potencial para reducir desigualdades si se desarrolla y aplica siguiendo un enfoque complementario al trabajo humano, en lugar de centrarse únicamente en la automatización, preguntándose: ¿Por qué entonces no impulsamos un diálogo social alrededor de este asunto?

Pues bien, el texto remitido por el Gobierno de España a las Cortes Generales supone una buena base para avanzar en la gobernanza de esta tecnología, destacando, entre otras, la función de la Agencia Española de Supervisión de la IA, el de la Agencia Española de Protección de Datos y en la tipificación de infracciones. 

Pero sería el momento de demostrar más ambición en la gobernanza y pasar de un texto de mínimos a uno más valiente. 

Uno de los aspectos que debería incorporarse al texto es el concepto de democratización del mundo del trabajo. En concreto, estaríamos hablando de que el proyecto de ley debería poner mucho más énfasis en lo que determina el artículo 26.7 del RIA sobre la información que debe darse antes de poner en servicio o utilizar un sistema que utilice la IA, para garantizar la eficacia de este derecho haciéndolo efectivo con carácter previo a la utilización de tales sistemas.

Este artículo de opinión pretende enfatizar que hay un potencial real de cambiar una dinámica de desigualdad en los centros de trabajo si se adoptan políticas públicas y planes tecnológicos inclusivos, no dejando exclusivamente en manos del mercado la evolución de la IA y orientando su desarrollo al beneficio de una mayor calidad en el trabajo, y no a la sustitución de personas por tecnología.

La gobernanza de la IA requiere la participación inclusiva de diversas partes interesadas, como pymes, consumidores, sociedad civil y comunidades infrarrepresentadas, a fin de garantizar que las normas relacionadas con la IA sean eficaces y respondan a las diversas necesidades del mercado y los intereses sociales.

Para ello, es fundamental que empresarios y trabajadores se adapten e incluso puedan beneficiarse de los cambios impulsados por la IA, implementándose las competencias correspondientes a partir de una mayor inversión en educación, formación y recualificación, tanto pública como privada. Ello es crucial para dotar a la fuerza laboral de la capacitación necesaria en IA, y sin descuidar la importancia que también tiene, en general, la sensibilización ciudadana.

Con la finalidad de facilitar una integración efectiva de la IA en los lugares de trabajo debería hacerse uso de la negociación colectiva, como herramienta jurídica que asegure el diálogo social y garantice que los avances tecnológicos respeten los derechos de los trabajadores y mejoren la calidad del empleo; el papel de los sindicatos, por consiguiente, debería evolucionar en esas materias tecnológicas hacia un control y una negociación desde un incremento de la formación interna y de la información de la empresa y del sector. 

En definitiva, es necesaria una mayor cultura en democratización en el mundo del trabajo que derive en la posibilidad de un control de los avances tecnológicos por parte de todos los actores que participen en los mismos, tanto en las administraciones, los sectores y las empresas. El diálogo social que propone este artículo está enmarcado, además de por la lógica, por el mandato del RIA y por lo propuesto tanto por el Comité Económico y Social Europeo como por el Consejo Económico y Social de España, en sus respectivos dictámenes. 

Al amparo del mandato del artículo 26.7 del RIA, estamos a tiempo de incorporar a este proyecto de ley un conjunto de concreciones a la necesaria democratización del mundo del trabajo, con el valor añadido de evitar el riesgo que supondría una burbuja de la IA si se gestionara defectuosamente una mera introducción de esta tecnología sin diálogo social alguno.

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Antoni Farriols es analista de aplicaciones informáticas, miembro de la Asociación Pro-Derechos Humanos de España y miembro del Consejo Asesor de la Fundación Alternativas

Nunca antes tantos seres humanos habían estado tan conectados. Nunca antes tantos habían declarado sentirse solos. Hoy la soledad no es una experiencia puntual, asociada al desengaño, la vejez o al aislamiento físico. Es una condición estructural de la vida contemporánea. No es un accidente emocional. Es un fenómeno global, difuso, persistente. Atraviesa clases sociales, edades y geografías, como una marea silenciosa. 

En la superficie del mundo digital, la vida bulle de presencias. Mensajes que llegan en milisegundos, videollamadas que cruzan continentes, redes sociales y su conversación ininterrumpida. Y bajo esa hipercomunicación, un vacío sofisticado: la ilusión de compañía. Pero estar rodeado de notificaciones no es lo mismo que ser escuchado. Acumular contactos no equivale a ser comprendido. 

La soledad moderna tiene varios rostros. 

Está la soledad conectada: la del individuo que interactúa sin descanso y sin profundidad. Responde mensajes mientras cena solo, comparte imágenes de su vida sin nadie que la sostenga, acumula reacciones que duran segundos y desaparecen. Es una soledad ruidosa, casi histérica, que se disfraza de sociabilidad. Y en su interior late una pregunta: ¿quién permanecería, si el ruido desapareciera? 

Está la soledad urbana. Millones de personas conviven en ciudades densas, atraviesan estaciones de metro, comparten ascensores, compran café en el mismo local cada mañana. Y pueden pasar semanas sin un intercambio significativo. La ciudad contemporánea no aísla por distancia. Por saturación. El exceso de presencia ajena produce invisibilidad. Estás rodeado de cuerpos y te sientes fuera de lugar. 

Está la soledad del rendimiento. Te acompaña si vives bajo la lógica de la productividad constante: trabajar, optimizar, mejorar, demostrar. El otro deja de ser un fin en sí mismo y se convierte en un espejo competitivo. Las relaciones se vuelven frágiles, intermitentes, condicionadas por agendas y objetivos. El descanso emocional se pospone. Y en ese aplazamiento la soledad se instala como una sombra funcional. 

Virginia Woolf exploró la interioridad como un territorio vasto, casi oceánico, donde la mente se enfrenta a su propia deriva. En sus personajes, la soledad no es solo ausencia de compañía, sino una forma de conciencia exacerbada. Una lucidez que duele. Woolf entendió que la vida interior puede ser tan intensa que incluso en compañía uno sigue estando solo, atrapado en la distancia entre lo que se piensa y lo que se puede decir.

Frente a esa introspección desgarrada, Albert Camus propuso la figura del individuo arrojado a un mundo sin respuestas definitivas. En su pensamiento, la soledad no es únicamente emocional, sino existencial. El ser humano, al buscar sentido en un universo indiferente, descubre su aislamiento radical. Y en esa constatación surge una forma de dignidad. La posibilidad de rebelarse. De vivir sin consuelo. De construir significado en medio del silencio. 

La interioridad saturada de Woolf y el absurdo lúcido de Camus dialogan con la actual soledad digital. Hoy el aislamiento no se percibe como vacío, sino como exceso. Exceso de estímulos, de interacciones, de demandas. Un exceso que no llena, distrae, dispersa, fragmenta la atención. 

Conocer a otra persona es una experiencia superficial, intercambiable, fugaz. Adoptamos plantillas de comportamiento de quita y pon. Y por el camino perdemos espontaneidad, sinceridad, profundidad. El acto reflejo también funciona al relacionarnos con nosotros mismos. Usamos las mismas plantillas al volver los ojos hacia adentro y formularnos una pregunta existencial, si se nos ocurre tomarnos la molestia de hacerlo. 

La pandemia fue un acelerador brutal de esa soledad hiperconectada que mete el alma en un pozo negro mientras la mente navega por el cosmos infinito de las pantallas, conversando con las voces megasaturadas de la red. Durante meses millones de personas sintieron una soledad física sin precedentes en nuestra era. Pero el retorno a la vida social no eliminó la soledad, que nos había mostrado su cara fantasmal, sin adornos, sin sucedáneos. Muchas relaciones no recuperaron su densidad anterior. La distancia aprendida permaneció. El aislamiento dejó huella en la manera de vincular las emociones. 

Y está la soledad de los jóvenes, que no conocen el mundo sin redes sociales y sienten que su vida discurre en paralelo a la de los demás, sin confluir nunca. 

Y está la soledad de los mayores que sobreviven en entornos hiperconectados que no comprenden. 

Y está la soledad de quienes migran y viven entre lenguas que no les devuelven del todo la identidad. 

Y está la soledad de la rutina y las parejas que sienten que la conversación ha sido sustituida por la convivencia automática. 

Y está la soledad de la depresión, que puede darse en una vida aparentemente intacta desde fuera. Su rasgo más perturbador es la invisibilidad. En ella no hay abandono. Hay desconexión interna. El mundo sigue ahí, pero deja de tener acceso a nuestro yo. Las palabras ajenas ni siquiera nos rozan. Las relaciones son filtradas por un vidrio opaco. La mente deja de ser un lugar habitable. No hay épica ni dramatismo. Solo un desgaste lento, que nos aísla y empobrece la percepción, la vuelve improbable, impostada. Hasta el intento de acompañamiento es una distancia más. No por falta de amor. Por la imposibilidad de recibirlo.

Y está la soledad de la soledad, al ser normalizada. Hemos aprendido a convivir con ella como si fuera un subproducto inevitable del progreso. Se la diagnostica, se la estudia, se la mide en encuestas, pero rara vez se la cuestiona como estructura. Y su expansión coincide con la piedra angular de nuestro tiempo: la conexión permanente. Qué paradoja. 

La soledad de ayer era amiga de la falta de vínculos. La de hoy, de su superficialidad. Cuanto más rápido vivimos, más profundidad existencial perdemos. La disponibilidad ha reemplazado a la presencia. Y la imagen del otro ha desplazado al otro mismo. Al final en un mundo donde todo puede ser comunicado, lo difícil es comunicar algo que realmente “nos llegue”. 

Muchas veces quedamos reducidos a un personaje que mira su móvil en una habitación. Recibe mensajes, responde, sonríe levemente. Desde fuera el personaje no muestra signos de angustia. Así funciona la soledad contemporánea. Interacción sin arraigo. Conexión sin cuerpo. Compañía sin peso. 

Lo cierto es que soledades las ha habido siempre. La diferencia actual es su escala y su invisibilidad. Los solitarios nunca habían estado tan integrados en el funcionamiento normal de la vida social. Nunca habían dado tanto el pego de “felicidad compartida”. 

La soledad contemporánea no grita. Susurra. No se manifiesta como ruptura. Como continuidad. No es una excepción. Es paisaje de fondo. Y en ese fondo lo humano se redefine. No es pertenencia. Es la necesidad, cada vez más irrealizable, de encontrar una verdadera conexión. De almas. 

¿Por qué nos da miedo el aislamiento voluntario fértil, creativo, necesario, buscado, que permite pensar, escribir, recordar, procesar los acontecimientos vividos, y en cambio nos entregamos a ese compartir vacío de contenido, tan extendido, que no produce pensamiento, sino desgaste, que no enriquece el mundo interior, lo estrecha? 

¿Por qué cada vez nos cuesta más relacionarnos “de verdad”, tú a tú, sin mediaciones, sin interrupciones, sin fugas por la puerta de atrás? ¿Tan difícil es focalizarse en una persona, sin desviar la atención hacia mil estímulos accesorios? 

Recuperar el cuerpo a cuerpo, “sin dispersión periférica”, no es un gesto nostálgico. Es resistencia contracultural. Lo esencial no es cuánta gente nos rodea, ni cuántos mensajes recibimos, ni cuántos vínculos acumulamos. Es relacionarse con otra persona a un nivel profundo de empatía. Porque ese conocimiento nos permite conocernos mejor y crecer personalmente. 

Cuando todo se apaga, cesa el ruido y las pantallas dejan de iluminar la habitación, ¿quién queda ahí? ¿Contamos por lo menos con nuestra propia compañía, o también hemos extraviado por el camino nuestro yo? 

No pretendo culpar a la tecnología, a las ciudades, al estilo de vida. Solo propongo formularnos una sencilla pregunta. 

¿Seguimos siendo capaces de mirar a otro ser humano sin convertirlo en un reflejo de nuestra propia soledad?

Lo digo porque hay una soledad peor que estar solo. Descubrir que nadie nos ha acompañado de verdad. Ni siquiera nosotros mismos. 

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Fernando Claudín di Fidio es escritor.

Hemos estrenado el verano, pero no hay manera de que el verano se materialice. La actualidad no da tregua y los rigores estivales no se atenúan ni con un mundial de fútbol. Vale que es uno raro, en territorio poco amigable, pero es que históricamente estos campeonatos acaparan un gran espacio mediático relegando las noticias más duras a espacios menos transitados. El fútbol todo lo matiza, todo lo unifica (para lo bueno y para lo malo). Pues este verano, tampoco. Y menos en la carrera desbocada de la inteligencia artificial. Un día hablamos de soberanía tecnológica; al siguiente, de empresas estadounidenses que quieren componentes chinos; luego irrumpe Europa con su autonomía estratégica mientras intenta asegurarse el acceso a una compañía yanqui para no quedarse fuera de la frontera tecnológica… no hay descanso y todo se acelera en un ejercicio de velocidad que sería casi cómico si no fuera porque detrás se están moviendo leyes y dependencias.

No hay manera de pararse a reflexionar con calma, a dejar que las decisiones que se van tomando hagan poso… y no estamos acostumbrados a esta sucesión de acontecimientos que viene a romper con lo establecido sin darnos tiempo a respirar. Tenemos a la Casa Blanca legislando (¡legislando!) para intervenir el mercado de la IA, a empresas enormes tratando de romper el bloqueo a la tecnología china para poder seguir creciendo al ritmo que marcan los inversores, a Europa pidiendo autonomía y decidiendo contra ella...

En este país somos de reflexión lenta, de dejar pasar el tiempo que permite analizar desde la distancia. Quién le iba a decir a Rocío Jurado que veinte años después de su muerte sería más universal que nunca, que se analizarían sus letras en clave feminista y que sería un icono para una nueva generación de mujeres que no ha escuchado una copla en su vida. Así somos, necesitamos veinte años (que dicen que no son nada, pero sabemos que son exactamente eso, veinte años) para analizar con perspectiva, para ver lo que hay detrás de la máscara… Y aquí estamos, tratando de entender qué pasa hoy en un mercado despiadado que sólo quiere crecer y derriba a su paso cualquier norma escrita (o no escrita) con la que ordenamos el mundo.

Si la Jurado fue durante décadas la reina de la copla y hoy (casi) nadie la percibe de ese modo, con la IA pasa algo parecido pero sin la cortesía del paso del tiempo. Aquí no hay veinte años para revisar el mito, hay apenas una semana entre un anuncio y su contrario. La tecnología avanza, su necesidad de financiación se multiplica, los gobiernos reaccionan y la estructura mental con la que lo analizamos se convierte en un vestido de lentejuelas viejo que no se ajusta a un cuerpo nuevo. Puede que sea vistoso, pero aprieta por todos lados.

Hace apenas unos días hablábamos aquí de cómo España entraba en juego con más de 700 millones para una gigafactoría o de que EEUU legislaba en nombre de la seguridad nacional. El viejo relato liberal empezó a chirriar cuando las viejas potencias entendieron que esta tecnología estratégica no puede quedar a merced del mercado. Sigue siendo una buena tesis, pero la apisonadora de la actualidad viene dispuesta a reventarla. Hoy tenemos a Apple (ojo a esto) presionando a Trump para que le dé cobertura política antes de comprar chips a CXMT, una empresa que aparece en la lista de compañías chinas que el Pentágono ha vinculado al aparato militar del Estado. ¿Y por qué pide Apple un poco de cintura para ella a expensas de la seguridad nacional? Por dinero, claro. Por abaratar sus costes. Fabricar un iPhone Pro de nueva generación será más caro, mucho más caro. La IA, encareciendo directamente el aparato que llevamos en el bolsillo y Apple, símbolo perfecto del capitalismo, mirando a China cuando Washington quiere impulsar sus cadenas de producción internas. El mundo al revés.

Hay algo delicadamente rociero en esta historia, si me permiten ustedes la irreverencia. Estábamos cantando una copla sobre la independencia tecnológica de occidente y llegando al estribillo suben los costes, falta memoria y la gran empresa americana pide a Trump que le deje llamar a la puerta de China. Como en las coplas de la más grande: el orgullo por un lado y el deseo, por el contrario.

Si EEUU no observa el mercado desde la barrera, Europa vive en su propia contradicción. Aprueba un paquete de medidas de soberanía tecnológica mientras la Comisión constata el peso dominante de Amazon y Microsoft en la nube europea. Mientras, Austria quiere explorar fórmulas para alojar la tecnología de Anthropic, una vez que la Casa Blanca prohibió el acceso extranjero a sus modelos avanzados. Pragmatismo, desde luego. Pero también una confesión de debilidad. Europa quiere ser soberana, pero le faltan piezas para lograrlo y se las encarga a empresas extranjeras, contra las que quiere construir su soberanía. Si esto no es una contradicción, que me lo expliquen.

Capítulo aparte para Meta, siempre dispuesta a vendernos como producto cosas que antes llamábamos comunidad. Cuenta el Financial Times que está acelerando el uso de modelos de lenguaje para revisar contenido y anuncios. No olvidemos que, además de Facebook e Instagram, Meta es la dueña de WhatsApp. Quiere que la IA haga de moderador en sus plataformas, automatizar su control de lo que se dice y cómo se dice. Nos está colando una estafa gigante: publicaciones que desaparecerán por obra y arte de la IA y moderación que no protege al agredido.

Hay algo agotador en este ritmo, pero es apasionante. La velocidad a la que suceden las cosas nos obliga a mirar la realidad con menos comodidad. No nos sirven las estructuras mentales a las que siempre hemos acudido para analizar el presente, pero de alguna manera tenemos que separarnos de esta vorágine de contradicciones si queremos entender qué está pasando. Si la Jurado consiguió que estrofas cantadas hace décadas tengan sentido hoy, la IA afina en la misma nota: todo sucede ahora, todo exige respuesta inmediata. Y las noticias de hoy envuelven el pescado de mañana… nada nuevo bajo el sol.

El partido de fútbol ha dejado de ser el centro del negocio. Sigue siendo el detonante, la excusa y el catalizador, pero la economía que genera ya no depende de los 90 minutos entre dos pitidos. La Copa del Mundo de 2026, que desde este jueves se disputa en Canadá, México y Estados Unidos con 48 selecciones y 104 partidos, ha acelerado una reconfiguración del mercado audiovisual que venía fraguándose desde hace años y que todos los analistas creen que este torneo va a convertir en irreversible.

La ampliación del torneo no es solo una decisión deportiva. Es, ante todo, una operación de generación de contenido. Más partidos equivalen a más horas de programación, más material para las plataformas digitales, más contextos para los anunciantes y más oportunidades para que creadores independientes construyan audiencias paralelas a las de las cadenas con derechos de emisión. La FIFA controla el estadio; la narrativa, cada vez menos.

El indicador más elocuente de este cambio lo ha aportado la división de análisis de Bank of America. Según sus proyecciones, la final del Mundial podría consumir hasta el 7% del tráfico global de internet ese día. El dato no refleja solo la magnitud del evento. Demuestra que el aficionado ya no está sentado frente a un televisor: está sentado con el televisor de fondo y el teléfono en la mano.

Según datos de seguimiento de audiencias digitales, el 90% de los aficionados ya amplía la experiencia más allá de los 90 minutos a través del uso simultáneo de varias pantallas. Mientras el partido transcurre en el televisor del salón, el mismo usuario consulta estadísticas avanzadas en una aplicación móvil, comenta jugadas en tiempo real en redes sociales y consume repeticiones de vídeo en TikTok elaboradas al minuto de producirse la acción en la vida real. Con tantos elementos interactuando a la vez, la atención ya no pertenece a la cadena que pagó los derechos de emisión.

Esta dispersión tiene consecuencias directas sobre el modelo publicitario tradicional. Las agencias de medios confirman con datos de retención que las audiencias menores de 35 años evaden de forma sistemática la publicidad en los descansos. Cuando el árbitro señala el final de la primera parte, la mirada migra hacia el teléfono. El anuncio de treinta segundos pensado para el entretiempo pierde su audiencia en el momento preciso para el que fue diseñado. Marcas y operadores tienen que buscar al aficionado en el territorio digital que rodea el partido, no en el partido mismo.

El mercado español ha generado su propia versión de este conflicto con una disputa institucional que llegó a los tribunales. RTVE se aseguró los derechos de emisión en abierto de los partidos más destacados del torneo, entre ellos los encuentros de la selección española, el partido inaugural, las semifinales y la final, con el objetivo de garantizar el acceso universal a un evento de interés general.

La decisión irritó a las cadenas comerciales. UTECA, la patronal que agrupa a Atresmedia y Mediaset, activó la maquinaria legal contra la televisión pública por la comercialización de espacios publicitarios y patrocinios destinados a amortizar el desembolso del torneo. Las privadas argumentaron competencia desleal y apuntaron a la ley de financiación de RTVE de 2009 como límite que la corporación pública estaría rebasando.

La Justicia falló a favor de RTVE. Los tribunales frenaron el intento de UTECA de paralizar la venta de espacios publicitarios del torneo, aunque el litigio de fondo sigue su curso en las salas de lo Contencioso-Administrativo.

Al margen del abierto, el acceso a la totalidad del torneo quedó reservado al sector de pago. Dazn opera como ventana única para los 104 partidos en España, integrado en los paquetes premium de Movistar Plus+ y Orange TV. Para las plataformas de suscripción, el Mundial funciona como herramienta de captación masiva, pero su problema estructural es bien conocido: una parte relevante del público se da de alta durante el torneo y cancela la suscripción en cuanto el trofeo llega a manos del capitán ganador.

La transformación audiovisual del negocio del fútbol no ha dejado intacto al periodismo deportivo. Durante la última década, la prensa deportiva digital construyó sus redacciones en torno al SEO, las técnicas que se utilizan para que una página web aparezca lo más arriba posible en los resultados de Google u otros buscadores cuando alguien hace una búsqueda relacionada con su contenido. Los portales estructuraban equipos enteros para responder antes que nadie a búsquedas predecibles: “A qué hora juega Argentina”; “Cuántos goles lleva este delantero”; “Cuál es el 11 titular”.

La irrupción de la inteligencia artificial generativa ha erosionado ese modelo. Los usuarios ya no entran en un medio para obtener ese tipo de información: se la preguntan directamente a un asistente de IA, que entrega la respuesta procesada sin necesidad de ningún clic. El tráfico derivado de búsquedas automáticas ha entrado en declive, y con él una parte sustancial de los ingresos publicitarios que sostenían las redacciones deportivas digitales.

La consecuencia es una revalorización del acceso exclusivo y del contenido audiovisual genuino. Un medio ya no puede sobrevivir indexando texto de partido. Necesita que su audiencia consuma vídeo original que no pueda encontrar en otro lugar. El valor no está en la crónica del partido; está en la entrevista en el vestuario, en el reportaje sobre los hábitos del jugador antes del encuentro, en el documento que muestra lo que la retransmisión oficial no enseña.

Las marcas han llegado a la misma conclusión. Los formatos de banner clásico —cualquier espacio publicitario dentro de una página web— ceden presupuesto ante el patrocinio de contenidos donde el creador tiene acceso real al deportista. El público busca la proximidad al futbolista: qué música escucha, cómo gestiona la presión, qué relación tiene con su entorno familiar. Lo que era accesorio se ha convertido en el centro del producto multimedia.

La televisión pública española sabía que recuperar el Mundial para la emisión en abierto no era suficiente para conectar con generaciones que crecieron con el algoritmo de YouTube. La respuesta institucional ha desembocado en el despliegue de una estrategia digital articulada a través de RTVE Play y la marca deportiva de la corporación.

Teledeporte ha comenzado a emitir fragmentos de diez minutos en YouTube de forma gratuita. El objetivo no es monetizar directamente esos vídeos. Es utilizarlos como anzuelo para arrastrar al público joven hacia el registro en la aplicación propia de streaming. El clip corto en YouTube conduce al directo en abierto; el directo en abierto empuja al registro en RTVE Play; el registro en RTVE Play permite el acceso al programa completo. Es una lógica de embudo que replica los mecanismos de las plataformas comerciales dentro de un servicio público.

Frente a la cobertura oficial convive el territorio de la transmisión independiente. Creadores españoles sin derechos de imagen montan retransmisiones paralelas en Twitch y TikTok donde el atractivo no es la imagen del partido sino la reacción en directo del streamer. Figuras como Ibai Llanos o los canales vinculados al universo de la Kings League han demostrado que una parte relevante del público prefiere sintonizar a su creador de referencia antes que escuchar la narración institucional. FIFA ha reforzado este fenómeno al designar a TikTok como plataforma preferente del torneo, lo que permite a creadores usar y co-crear con material de archivo oficial.

La mutación del consumo ha reescrito también los manuales de patrocinio corporativo. Patrocinar la Copa del Mundo en el siglo XX equivalía a comprar visibilidad durante los minutos en que el balón rodaba. En cuanto terminaba el partido, la marca se quedaba sin presencia.

Los nuevos grupos multimedia nativos digitales ofrecen algo diferente. Garantizan presencia ininterrumpida desde la gala inaugural hasta la entrega del trofeo mediante integración de marca en contenidos diarios. El patrocinio ya no es una valla en el estadio. Es financiar el autobús-estudio que recorre las ciudades sede, costear los espacios donde presentadores entrevistan a familias de jugadores o esponsorizar el análisis grabado en formato vertical en la grada cinco minutos después del pitido final.

La misma lógica se ha trasladado al espacio físico. Iniciativas como el House of Goal, desarrollado por la empresa Footballco en distritos urbanos de Nueva York, proponen festivales temáticos donde el partido en pantalla gigante se combina con exposiciones de arte contemporáneo, torneos de videojuegos, propuestas gastronómicas y conciertos en directo. En estos recintos, la interacción con el público es directa y medible. El asistente genera impactos en redes sociales de forma orgánica y deja datos que las campañas de televisión convencional no pueden capturar.

El Mundial de 2026 acumula ya más de 1.000 millones de interacciones en plataformas digitales, según datos de seguimiento agregado, lo que lo convierte en el evento deportivo con mayor presencia simultánea en múltiples canales. Esa cifra no va a un solo titular, a una sola cadena ni a un solo formato. Se distribuye entre retransmisiones oficiales, clips no autorizados, análisis tácticos en YouTube, memes en Instagram y reacciones en directo en Twitch.

La FIFA mantiene el control sobre la infraestructura física de la competición: estadios, árbitros, derechos de televisión oficiales y reglamento. Lo que ya no controla es la conversación que rodea a esa infraestructura. Esa conversación la generan millones de usuarios, cientos de creadores independientes y plataformas que no firmaron ningún contrato con la federación con sede en Zúrich.

El negocio ya no está solo en los noventa minutos. Está en los márgenes.

Ibai Llanos, El Rubius o Auronplay tienen desde esta semana una obligación que hasta ahora solo concernía a Antena 3, Telecinco o Netflix: clasificar sus contenidos por edades e indicar si incluyen violencia, lenguaje soez, escenas sexuales o referencias a apuestas. 

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha iniciado el proceso de firma del acuerdo de corregulación para la calificación de programas y contenidos audiovisuales, una iniciativa que extiende al mundo de los creadores de contenido digital el mismo régimen de protección de menores que rige desde hace décadas para la televisión convencional.

El acuerdo, rubricado el pasado jueves junto al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública y los principales agentes del sector —entre ellos RTVE, Atresmedia, Mediaset, Movistar+, Forta, Autocontrol y varias organizaciones de consumidores—, ha tardado en cerrarse más de dos años y, de momento, no se conocen todos los detalles. 

Fuentes de la CNMC consultadas por infoLibre indican que previsiblemente la semana próxima se publicará el texto íntegro en el Boletín Oficial del Estado, momento en que se conocerán las categorías de edad homologadas y el catálogo definitivo de descriptores visuales que deberán acompañar a cada contenido.

La extensión de esta normativa a los creadores de contenido digital es posible gracias a la figura jurídica de los usuarios de especial relevancia (UER), acuñada por la Ley General de Comunicación Audiovisual de 2022 y desarrollada reglamentariamente en 2024. La ley los considera, a efectos de protección de menores y comunicaciones comerciales, prestadores de servicios de comunicación audiovisual, con obligaciones equiparables a las de un canal de televisión.

Para ser considerado UER, un creador debe cumplir dos requisitos simultáneamente. El primero es económico: haber obtenido durante el año natural anterior ingresos brutos iguales o superiores a 300.000 euros derivados de su actividad en plataformas de intercambio de vídeo. Bajo ese paraguas entran los ingresos por publicidad insertada en sus vídeos, los pagos directos de las plataformas, las cuotas de suscriptores, las ayudas públicas vinculadas a su actividad y cualquier otro ingreso derivado de ella. 

El segundo requisito es de alcance: haber superado en algún momento del año el millón de seguidores en una sola plataforma, o los dos millones sumando todas las plataformas en las que opere. Además, debe haber publicado al menos 24 vídeos en ese mismo año, con independencia de su duración.

La norma excluye expresamente a quienes no superen esos umbrales. El chaval que sube vídeos para sus amigos o el creador con decenas de miles de seguidores quedan fuera. La regulación apunta a los grandes, a quienes compiten por la misma audiencia —y la misma inversión publicitaria— que la televisión convencional.

La regulación audiovisual española contemplaba ya, para las plataformas bajo demanda, mecanismos de protección de menores distintos a los de la televisión lineal. Las restricciones horarias —que en televisión abierta prohíben contenidos para adultos antes de las 22:00 horas— no tienen sentido en servicios donde el usuario elige cuándo reproduce cada vídeo. 

La ley obliga a esas plataformas a sustituir las franjas horarias por controles técnicos: PIN parental para bloquear contenidos, perfiles infantiles que filtran automáticamente el catálogo y calificación de edad visible antes de reproducir cada vídeo.

El problema es que hasta ahora cada empresa usaba sus propios baremos. Una misma película podía estar clasificada como apta para mayores de 12 años en la televisión en abierto, de 16 en Netflix y de 14 en Prime Video, según los criterios internos de cada operador. El control parental que una familia configuraba en el televisor del salón no se trasladaba con coherencia a las aplicaciones del móvil o la tableta.

El nuevo acuerdo unifica ese sistema. El criterio de edad y los iconos descriptivos que aparezcan en una plataforma serán los mismos que en cualquier otra, y también los mismos que deberán usar los UER en sus canales de YouTube, Twitch o TikTok. Hasta ahora esos canales quedaban fuera de cualquier marco: un menor que no encontrara contenido adecuado en la televisión podía acceder sin filtro alguno a cualquier streamer.

El texto definitivo del acuerdo, pendiente de publicación, fijará las categorías de edad exactas y los descriptores visuales concretos. Con arreglo a los estándares europeos en los que se basa el sistema —similares a los del sistema europeo de clasificación por edades de los videojuegos—, los descriptores previstos se agruparán muy probablemente en áreas como violencia, sexualidad y desnudez, lenguaje soez y discriminación, consumo de sustancias y apuestas, y contenidos de impacto psicológico, entre los que se incluyen los retos o challenges peligrosos y los contenidos que puedan incitar a trastornos de conducta alimentaria o autolesiones.

Para los UER, el descriptor de lenguaje soez tiene una relevancia particular: es uno de los rasgos más habituales del entretenimiento en plataformas de streaming en directo, donde la espontaneidad del formato dificulta cualquier filtro previo.

El mecanismo de cumplimiento es inmediato. Según la información facilitada por el regulador, los prestadores de servicios audiovisuales de ámbito estatal —incluidos los UER— están obligados a adherirse a un sistema de regulación como el establecido en el acuerdo. La CNMC podrá iniciar actuaciones sancionadoras desde el día siguiente a la firma. No hay periodo de adaptación para quienes ya debían estar cumpliendo la ley: la firma activa directamente la capacidad sancionadora del regulador.

El modelo elegido es la corregulación, no la regulación unilateral. Reguladores, empresas del sector y organizaciones de la sociedad civil comparten la responsabilidad de aplicarlo. Una vez en vigor, cualquier ciudadano podrá presentar reclamaciones ante la CNMC si considera que un prestador ha clasificado mal la edad de un contenido o ha omitido algún descriptor.

La presidenta de la CNMC, Cani Fernández —que a partir de la semana que viene estará en funciones, al cumplir seis años en el cargo—, subrayó en el acto de firma que el sector audiovisual debe contar con marcos regulatorios adaptados a su evolución real. La secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, María González Veracruz, apeló a la idea de que innovación y protección no son términos incompatibles.

La incorporación de las comunidades autónomas al acuerdo será progresiva. En la firma inicial participaron el Consell de l'Audiovisual de Catalunya, el Consejo Audiovisual de Andalucía, el Consejo Audiovisual de la Comunitat Valenciana y las autoridades audiovisuales de Castilla-La Mancha y Navarra. El resto podrán adherirse en fases posteriores, lo que permitirá que las televisiones autonómicas y locales bajo su supervisión se incorporen gradualmente al sistema.

Durante el primer año, los órganos de gobernanza del acuerdo estarán integrados por los firmantes iniciales. A partir del segundo año funcionarán con renovación rotatoria, abierta a todos los adheridos.

Lo que queda pendiente es lo más concreto: las franjas de edad exactas, el diseño gráfico de los iconos y el catálogo definitivo de descriptores. Eso lo fijará el BOE, previsiblemente la semana próxima. 

OpenAI abrirá en la segunda mitad de 2026 su primera oficina en España. La sede estará en Madrid y ofrecerá, según el comunicado remitido a medios, “mejor apoyo” a una comunidad creciente de usuarios, empresas, desarrolladores, centros académicos y administraciones públicas. El anuncio coincide con un momento relevante para la compañía: el 22 de mayo presentó de forma confidencial ante la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) el documento previo a su salida a bolsa, y el 9 de junio reconoció públicamente su intención de cotizar en Wall Street antes de que acabe el año.

La apertura de la oficina madrileña no es un gesto aislado. Forma parte de una secuencia de movimientos que la empresa está ejecutando mientras ultima su oferta pública de acciones, prevista para el cuarto trimestre de 2026 y que los bancos asesores —Goldman Sachs y Morgan Stanley, con participación de JPMorgan— sitúan entre septiembre y noviembre. La valoración objetivo se mueve entre los 852.000 millones de dólares, cifra alcanzada en la última ronda de financiación de 122.000 millones cerrada en marzo de 2026, y el billón de dólares.

OpenAI justifica la elección de Madrid con un dato concreto: España figura entre sus cinco principales mercados europeos por usuarios activos semanales de ChatGPT. La compañía subraya además que el uso de sus herramientas entre empresas y desarrolladores españoles no ha dejado de crecer. La oficina, según el comunicado, reforzará tres tipos de perfil profesional: atención a clientes, puestos técnicos aplicados, y política pública e institucional. La ubicación exacta y los procesos de selección se anunciarán en los próximos meses.

Para entender qué tipo de sede será la madrileña, conviene situarla en el mapa europeo que OpenAI ha ido construyendo. La empresa ya dispone de una red de oficinas con funciones diferenciadas. Dublín actúa como ancla jurídico-regulatoria para la Unión Europea. Bruselas opera como antena de diálogo con las instituciones comunitarias. París, Múnich y Zúrich funcionan como centros de negocio y talento técnico.

Londres ocupa un lugar diferente. En febrero de 2026, OpenAI confirmó que la capital británica se convertiría en su mayor centro de investigación fuera de Estados Unidos. En abril anunció una sede permanente en el barrio de King's Cross, en los edificios Regent Quarter, Jahn Court y Brassworks Building, con una superficie de 8.200 metros cuadrados y capacidad para hasta 544 empleados. La apertura está prevista para 2027. El Gobierno británico y OpenAI firmaron además una alianza estratégica en julio de 2025 para impulsar la adopción de inteligencia artificial en el país.

Madrid no tiene ese mandato de investigación. El patrón del anuncio reproduce, casi palabra por palabra, el que de forma mucho más modesta OpenAI utilizó con París o Múnich: foco en acompañar a empresas en la integración de la IA, equipo local mixto con perfiles comerciales, técnicos e institucionales, y una retórica de “mercado en crecimiento” que convierte la decisión en lógica más que en excepcional. La capital española sería el séptimo nodo europeo de la compañía, tras Londres, Dublín, París, Bruselas, Zúrich y Múnich.

A pesar de ello, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, presentó la llegada de OpenAI a Madrid como una prueba de que la regulación española de la inteligencia artificial “hace (a España) ser cada vez más competitiva”. La decisión de la empresa “demuestra el enfoque que damos sobre la regulación” de la IA, defendió López. “Lejos de alejar la inversión”, la apertura “muestra que somos competitivos”. Y encuadró el anuncio en una narrativa de liderazgo tecnológico nacional, insistiendo, una vez más, en que España “va a ser un líder mundial” en tecnologías cuánticas.

El propio comunicado de OpenAI habla de otra cosa. Su oficina, subraya el texto, servirá para “reforzar la capacidad de OpenAI para colaborar con las empresas españolas a medida que pasan de experimentar con la IA a integrarla de forma más profunda en sus operaciones”.

La comparación con el resto del despliegue europeo de la compañía matiza la importancia de la oficina española. OpenAI lleva años instalando equipos locales en los mercados donde confluyen una adopción empresarial consolidada, ambiciones públicas en materia de inteligencia artificial y un marco regulatorio que, más que restringir, ofrece certezas para operar. España cumple esas tres condiciones. La apertura de Madrid responde a esa lógica de expansión, no a un incentivo regulatorio específico.

La oferta de venta de acciones en una bolsa de valores abierta al público general que OpenAI prepara ayuda a entender el calendario de este anuncio. La compañía presentó el 22 de mayo el documento que pone en marcha el proceso ante el regulador de EEUU y el 9 de junio reconoció públicamente su intención de cotizar. Los bancos asesores trabajan con un horizonte de entre septiembre y noviembre de 2026, aunque OpenAI ha subrayado que no hay fecha fija y que las condiciones del mercado podrían alterar ese calendario.

La cifra que circula en los informes de los analistas es la de un billón de dólares de valoración. Si se cumple, OpenAI se situaría como la cuarta empresa más valiosa del mundo, por detrás de Nvidia, Apple y Microsoft, y por delante de Saudi Aramco, Alphabet y Amazon. Los ingresos proyectados para 2026 rondan los 20.000 millones de dólares.

Una salida a bolsa de esa magnitud requiere que los inversores vean una empresa con presencia global consolidada. Cada oficina que OpenAI abre en los meses previos al debut bursátil forma parte del relato que la compañía construye para Wall Street: una empresa que no solo domina el mercado estadounidense, sino que ha echado raíces comerciales e institucionales en los principales países de Europa.

En ese contexto, Madrid aporta algo más que un mercado. Aporta la imagen de una compañía que ha cubierto las capitales política y económica de los cinco grandes países de la Unión Europea antes de pedir a los inversores que confíen en ella a escala planetaria.

OpenAI no es la primera empresa del sector que ha presentado su solicitud de salida a bolsa ante la SEC. Anthropic, el otro gran laboratorio de inteligencia artificial, puso en marcha el proceso el 1 de junio, diez días después que OpenAI. Su valoración actual supera la de su rival: 965.000 millones de dólares frente a los 852.000 millones que OpenAI registró en su última ronda. Sus ingresos anualizados a abril de 2026 también superan a los de OpenAI: 30.000 millones frente a entre 24.000 y 25.000 millones.

Anthropic apunta a cotizar en el Nasdaq en octubre de 2026, un mes después de la ventana que los analistas manejan para OpenAI. Junto a SpaceX, que también está en pleno proceso de salir a bolsa, las tres compañías sumarían una capitalización conjunta cercana a los cuatro billones de dólares si sus debuts bursátiles se completan en los términos previstos.

No es habitual para una columna de Inteligencia Artificial usar como fuente de inspiración una encíclica papal. Pero hay que reconocer que el actual jefe del Estado Vaticano se ha mojado, y mucho, con su Magnifica Humanitas, que, entre otras cosas, toca el tema de la nueva tecnología y se posiciona del lado de los humanos contra las grandes tecnológicas y el tecnofeudalismo.

No es que nos haya salido un papa negro y el fin del mundo se acerque como decía Nostradamus, sino que al igual que en su homónimo León XIII, que en plena revolución industrial promulgó su encíclica Rerum Novarum en un momento en que la Iglesia se debatía si debía meterse en las condiciones de los trabajadores o preocuparse solo de lo divino, desarrolló la doctrina social y vino a decir que la Iglesia no estaba solo para lo espiritual, y que no debía quedarse al margen. Ahora, León XIV repite la jugada con la IA, 135 años después y pisando callos.

Bien es cierto que no es la primera vez que el papa tiene que hablar sobre IA, y que en el mes de febrero hizo una comunicación interna pidiendo a los sacerdotes que “resistieran la tentación de usarla”, porque había detectado que numerosos curas le pedían el sermón a ChatGPT, y afirmaba que “si no se usaba el cerebro, se atrofiaba”. Curioso, lo mismo que dicen en las universidades sobre los alumnos y los trabajos hechos por IA, porque ahora los párrocos están haciendo e-sermones. Si es que en el fondo todos somos iguales, llevemos cuello azul, blanco o alzacuellos, somos unos comodones.

León XIV dedica el capítulo tercero de su encíclica, titulado Técnica y Dominio. La grandeza de las personas humanas frente a la IA, diciendo dice cosas como que “la tecnología no es una fuerza antagónica respecto a la persona”, pero indica que “no es neutra porque asume el rostro de quien la concibe, la financia, la regula y la utiliza”, y en su estilo retórico nos llama a “construir el bien” y a “permanecer humanos”, diciendo que “la persona no es un recurso que se usa y se explota” y que “la tecnología no debe concentrarse en manos de unos pocos”.

Hay que reconocer que en esta encíclica se pisan muchos callos. Incluso defiende la inmigración. Menos mal que en el resto del texto, el Pontífice vuelve por sus fueros y mete de cazo la condena al aborto y a la eutanasia, llamándolas “decisiones gravemente ilícitas”. En fin, la cabra tira al monte y este plumilla respira algo más aliviado y no tiene que desempolvar el Nuevo Testamento.

Pero bueno, dejemos a la Iglesia con sus contradicciones y vamos a desgranar algunos de estos puntos.

La Iglesia católica sabe mucho de feudalismo porque básicamente convivió y creció a su sombra durante siglos. Pese a ello, advierte sobre el peligro de que unos pocos magnates de Internet controlen la tecnología y los derechos. El Papa señala directamente que “los principales motores del desarrollo son actores privados, a menudo transnacionales, dotados de recursos y capacidad de acción superiores a los de muchos gobiernos”. Y remata con una bofetada: que algunas corrientes post humanistas llegan a plantear la existencia de seres humanos “de segunda clase, al servicio de los intereses de élites que se perciben a sí mismas como superiores”. En romance paladino: Peter Thiel, Elon Musk, Sam Altman y familia.

Con la afirmación que la “tecnología no es neutra y toma los sesgos de quien la concibe, la financia, la regula y la utiliza”, el obispo de Roma aclara que la IA actual tiene la dirección de tres fondos de inversión de riesgo de California y la ética de un consejo de administración que quiere reventar el mercado laboral. Que el Pontífice lo diga con esa claridad es un ataque a la superioridad moral de Silicon Valley. En el subapartado La dignidad del trabajo en la transición digitalÇ, León XIV afirma: “Cuando cada gesto deja huellas —desplazamientos, compras, relaciones, preferencias— se crea un poder nuevo: el de perfilar, prever y orientar los comportamientos, a menudo sin que las personas tengan plena conciencia de ello”. El papa está describiendo el modelo de negocio de Meta y Google con una precisión que duele.

El inquilino del Vaticano se va creciendo en su encíclica, y en el capítulo cuarto, Custodiar lo humano en la transformación. Verdad, trabajo, libertad, dice que “los trabajadores se ven obligados a adaptarse a la velocidad y a las exigencias de las máquinas, en lugar de que estas últimas estén diseñadas para ayudar a quienes trabajan”. Y va más allá: advierte que “en algunos contextos es realista temer una reducción significativa y rápida de los puestos de trabajo disponibles, con un efecto en cadena que afecta profundamente a las familias, a los jóvenes y a las economías locales”.

León XIV cita a Juan Pablo II, diciendo que “el desempleo es un mal grave que puede convertirse en una verdadera calamidad social”, y señala que la innovación se acoge “únicamente con el fin de reducir costes y aumentar los beneficios”. Que esto lo diga el Vaticano, que no es precisamente una ONG de izquierdas, y en palabras de Juan Pablo —que no Francisco— tiene su miga.

En el siglo XIX, un obrero inglés llamado Ned Ludlam que había perdido su trabajo, destrozó a martillazos el telar mecánico que le había sustituido y fue ajusticiado. Esto creó un movimiento que se oponía a la Revolución Industrial, destrozando máquinas y firmando sus acciones como capitán Ludd. La Iglesia tardó casi un siglo en reaccionar y proteger al trabajador, pero cuando lo hizo con la Rerum Novarum, entendió que el camino no era destruir la máquina, sino pastorear al capitalismo. Hoy, León XIV no nos está pidiendo que vayamos a las sedes de Google a quemar servidores con antorchas. Lo que hace la Magnifica Humanitas es avisar de que, si no queremos que la historia se repita en forma de conflicto social, la solución no es el sabotaje, sino la gobernanza de la inteligencia artificial. Hay que preparar el terreno legal antes de que el feudo digital no deje ni las migajas

Nos encaminamos a un conflicto social que puede dejar en rabieta al que se produjo en la Revolución Industrial, pero esta vez tenemos un competidor que no se cansa, no pide vacaciones y no tiene conciencia de clase. Así que la próxima vez que te digan que temer la IA es cosa de flojos que no quieren adaptarse, y que regular la IA va contra el mercado y la libertad, puedes responderle con los datos en la mano que solo estás citando al Papa. Y si encima tu interlocutor se declara cristiano conservador, o gente de bien de misa diaria, el cortocircuito será glorioso.

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Isaac Pozo es director de Proyectos de la Fundación Alternativas

Durante décadas, cuando pensábamos en infraestructuras estratégicas en una guerra, imaginábamos aeropuertos, puertos, centrales eléctricas, refinerías, satélites, redes ferroviarias o cables de telecomunicaciones. Sin embargo, en una sociedad digitalizada hay otra infraestructura que se ha vuelto igual de crítica, aunque sea menos visible: los centros de datos.

Los ataques con drones contra tres centros de datos de Amazon Web Services (AWS) ubicados en los Emiratos Árabes Unidos y Baréin, atribuidos a Irán, mostraron que la nube ha entrado en la lógica de la geopolítica. La nube es física. Tiene edificios, cables, energía y jurisdicción. Y, en tiempos de guerra, todo eso puede convertirse en objetivo.

Los ataques iraníes contra AWS muestran este cambio de época. Según Reuters, fueron una represalia iraní tras ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Los centros de datos en Emiratos Árabes Unidos y Baréin sufrieron daños físicos, problemas de energía y disrupciones de conectividad. Estos afectaron a servicios de computación en la nube (cloud) usados por bancos, empresas financieras y otros clientes de la zona. “Servicios cloud” se refiere a sistemas y datos alojados en servidores remotos, como los de Amazon Web Services.

Como consecuencia, AWS aconsejó a algunos clientes mover sus cargas de trabajo (aplicaciones, procesos o servicios) a otras regiones/centros de datos que no estuvieran afectados. O, en su defecto, hacer copias de seguridad (respaldar datos) en lugares seguros fuera de la zona.

El mensaje estratégico es claro: atacar un centro de datos no equivale solo a dañar un edificio tecnológico. Puede significar presionar a una empresa estadounidense y generar un dominó de daños que afecte a economías aliadas, interrumpa servicios civiles y cuestione la confianza en la infraestructura digital.

Los centros de datos son la columna vertebral de nuestra sociedad digitalizada, de la que dependen innumerables servicios online que necesitamos en nuestro día a día. Son infraestructuras sobre las que descansan bancos, hospitales, administraciones públicas, universidades, logística, comercio electrónico, medios de comunicación y servicios esenciales. Así, por ejemplo, en el gran apagón que vivimos en la península ibérica, la gente echaba más de menos no poder comunicarse o pagar con tarjeta que la luz en sí misma.

En España, las regiones con más centros de datos son Madrid, Aragón y Barcelona. Si Madrid y Aragón representan el músculo del procesamiento, Cataluña es el sistema circulatorio. Sant Adrià de Besòs alberga la Barcelona Cable Landing Station, (Barcelona CLS), un puerto digital neutral que sirve de punto de amarre para cables submarinos de fibra óptica de última generación, como el sistema 2Africa (que circunnavega todo el continente africano conectándolo con Europa), o el cable Medusa, un sistema de cable submarino de fibra óptica que conecta Europa con el norte de África y Oriente Medio, abarcando más de 8 700 kilómetros a lo largo de la región del Mediterráneo.

Estos cables discurren por el fondo del mar y transportan alrededor del 99 % del tráfico intercontinental. La estación de Besòs y las infraestructuras de interconexión asociadas en el área metropolitana de Barcelona no son solo infraestructuras locales: son el cordón umbilical que une a la Unión Europea con el norte de África, Oriente Medio y Asia. Si este nodo se interrumpe, el impacto de conectividad reverbera en todo el continente. Por eso, la sociedad está empezando a plantearse la importancia estratégica de estas infraestructuras y a tomar medidas para protegerlas.

Es importante distinguir claramente entre tolerancia a fallos y seguridad.

La tolerancia a fallos se resuelve principalmente con redundancia de servicios. Un centro de datos certificado de tipo Tier III o Tier IV (infraestructuras de misión crítica altamente confiable) puede tener redundancia eléctrica, refrigeración duplicada, generadores autónomos y varias rutas posibles en las vías de comunicación. Estas prevenciones lo hacen muy robusto frente a fallos técnicos. Pero no lo convierten automáticamente en una instalación preparada para guerra híbrida, sabotaje coordinado, ataques a la red eléctrica, cortes de fibra o crisis prolongadas de suministro.

Por eso, administraciones y empresas deberían conocer mejor sus dependencias digitales. ¿Dónde están sus datos? ¿En qué nube o región cloud? ¿Qué servicios son críticos? ¿Existen copias fuera de línea? ¿Se ha probado la recuperación? ¿Puede operar una administración si fallan durante horas su proveedor cloud o centro de proceso de datos, su sistema de identidad o su red corporativa?

España dispone de un marco legal de protección de infraestructuras críticas. La Ley 8/2011 y el Real Decreto 704/2011 regulan la protección de aquellas infraestructuras cuya interrupción tendría un impacto grave sobre servicios esenciales. El sistema está coordinado por el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas, dependiente del Ministerio del Interior. La lista concreta de operadores e instalaciones críticas no es pública, precisamente por razones de seguridad.

Esto significa que no podemos afirmar alegremente que un determinado centro de datos esté protegido por defensa, policía o medidas especiales. Algunos podrían estar incluidos en planes de protección si soportan servicios esenciales; otros no. Además, proteger una infraestructura crítica no significa necesariamente poner soldados en la puerta. Puede implicar planes de seguridad, coordinación con autoridades, análisis de riesgos, protocolos de respuesta, ciberseguridad, control de accesos, redundancia y controles periódicos.

La defensa civil del siglo XXI no consiste solo en proteger carreteras, hospitales, puertos o centrales eléctricas. También requiere garantizar que los servicios digitales esenciales puedan seguir funcionando ante la amenaza posible a infraestructura que los sostienen. La nube también es un objetivo de guerra.

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Pedro García López es catedrático de Universidad en la Universitat Rovira i Virgili, investigador principal del Grupo CloudLab y experto en Computación en la nube

El futuro tecnológico que dicta Silicon Valley no está escrito en piedra. Cientos, miles, quizá millones de plumillas harán falta para contar una historia distinta sobre el siglo XXI. Créanme, el fin del trabajo no es la utopía socialista anhelada: alguien tendrá que narrar lo que venga después, y a nuestras máquinas de escribir inteligentes no les quedan tantos años de energía. Pero parece que a muchos periodistas se nos ha olvidado, entre el ritmo cacofónico del capitalismo lingüístico del clickbait, que las palabras crean mundos. Fue en algún momento entre la crisis de las puntocom y el crash financiero global que se nos extravió la concepción material de nuestra práctica. En la era en la que las plataformas han roturado el suelo sobre el que se cuentan los sucesos, los periodistas somos formalmente libres de escribir cualquier cosa y de hacerla llegar al planeta entero. Pero solo si esa información genera engagement social, si se vuelve viral, es decir, si en último término produce interacciones que maximizan el beneficio y abaratan el coste de cada artículo. Más impactos, más feedback, más publicidad dirigida vendida. 

No es solo que hayamos perdido el poder sobre las imprentas, es que las imprentas se han convertido en oleoductos tecnológicos, y los periodistas en los operarios que extraen el crudo para que los tech bros lo refinen de la manera en que mejor se adapte a su visión del mundo. Y así seguirá siendo mientras las infraestructuras que organizan la opinión pública –los servidores, los algoritmos, las métricas, los sistemas de reputación e identidad, las redes neuronales– pertenezcan a Google y a Meta. La imprenta digital de estas empresas ha colonizado los últimos reductos del mundo de la vida democrática; esa esfera donde el difunto Habermas situaba la conversación, el diálogo y la deliberación cotidiana. En los últimos años se han privatizado los mecanismos que sostienen la atención pública sobre lo que se cuenta. La racionalidad sistémica del dinero y del poder tecnológico ha dejado de presionar desde fuera a los guardianes de la información para censurar artículos: el periodismo del caso Watergate murió para siempre en 2007 y ahora su herencia se reparte entre patrimonios construidos en la nube. 

Jeff Bezos compró el Washington Post por 250 millones y, una década después, su lema pasó de “la democracia muere en la oscuridad” a una defensa de “las libertades personales y el libre mercado”. Patrick Soon-Shiong adquirió Los Angeles Times, y poco después una inteligencia artificial reetiquetaba los artículos de opinión según el “sesgo” del accionista. Elon Musk pagó 44.000 millones por Twitter para que sus algoritmos ocultaran los enlaces a la prensa progresista. El hijo de Larry Ellison –fundador de Oracle, cuarto hombre más rico del mundo– se sienta sobre el accionariado de CBS News. Marc Benioff, CEO de Salesforce, compró Time y la convirtió en púlpito de su “capitalismo de stakeholders”. Los ejemplos son interminables: Laurene Powell Jobs con The Atlantic, John Henry con el Boston Globe, Joe Mansueto con las revistas Fast Company e Inc. 

Si los medios de comunicación han sucumbido a los magnates tecnológicos es porque fueron los primeros en caer en el fetiche de que la digitalización era sinónimo de innovación. Esa es la conclusión del libro Despertar del sueño tecnológico, que escribí en 2019. La crisis económica no solo se llevó por delante a millones de editores, corresponsales, cronistas, colaboradores de toda índole, sino también el modelo de negocio que los sostenía. La ideología solucionista de Silicon Valley predicó un futuro tecnológico ante el cual las redacciones debían someterse para no quedar fuera del nuevo siglo, mientras les entregaba sus poderosas herramientas de analítica, engagement, optimización y embudos de conversión. Pongamos los ejemplos del Digital News Innovation Fund (DNI) / Google News Initiative y del Facebook Journalism Project. Presentados como ejercicios de filantropía para combatir la desconfianza hacia los medios, funcionaron como un caballo de Troya para “capturar el periodismo”. El gran capital tecnológico –no los directores de las cabeceras, ni mucho menos los sindicatos de periodistas– decidió qué problemas merecían solución y en qué términos. Por eso la única condición para acceder a las becas de Silicon Valley era que las tecnologías fueran monetizables. Y progresivamente se transformó la naturaleza institucional de los periódicos. Las redacciones se convirtieron en laboratorios de I+D y los periodistas en científicos de datos.

El Washington Post desplegó Heliograf, un sistema que en su primer año publicó 850 artículos automatizados. The New York Times delegó parte de la moderación de sus comentarios en Perspective API, un algoritmo de Google que decide si las intervenciones del lector son admisibles en el debate público. El Mundo recibió financiación de Google para implementar Content Intelligence, un modelo de aprendizaje automático diseñado para maximizar los ingresos publicitarios de cada artículo. Público desarrolló el Transparent Journalism Tool, un sistema que cuantificaba el coste exacto de producir cada pieza para luego recibir micropagos. La agencia británica Press Association construyó RADAR, un servicio capaz de generar 30.000 historias locales automatizadas al mes a partir de bases de datos públicas, distribuidas hoy a cientos de medios regionales que en su mayoría han ido prescindiendo de los reporteros en los últimos años. Incluso los periodistas que recibían dinero para proyectos de test A/B en Google Analytics alimentaron durante años los modelos lingüísticos que terminarían sustituyéndolos. Detrás de todo también está el trabajo gratuito del ejército de periodistas precarios que labran su marca online produciendo contenido viral en las redes sociales de Meta, y el trabajo invisible de las redacciones que rellenan el cuadro de indexación para aumentar el tráfico en el motor de Google.

Las cosas no mejorarán con la llegada de la IA. Los estudios confirman que la dependencia de las redacciones respecto a las plataformas no desaparecerá. Se volverá “invisible”. Más que en algoritmos inmateriales, la imprenta digital se sostiene en cables submarinos, puntos de intercambio, CDNs, centros de datos y servicios cloud. Hasta el prestigioso Columbia Journalism Review concluye que la complejidad técnica de la IA está generando nuevos lock-ins donde los medios grandes consiguen acuerdos especiales para acceder al desarrollo de los modelos de frontera mientras los medios locales, pequeños y del Sur Global quedan rezagados, lo que reduce la diversidad de los contenidos y de los modelos futuros. Según el consenso de las revistas académicas especializadas en periodismo, el giro hacia la IA monopolizará para siempre el poder de definir qué es una noticia. Las respuestas a los problemas de los medios no vendrán de Palo Alto, y tampoco las soluciones. Debemos liberarnos del mito originario de la inteligencia artificial.

Al fin y al cabo, como polemizó Evgeny Morozov en The Guardian, “la inteligencia artificial no es ni inteligente ni artificial”. No hay ejemplo que mejor ilustre esto que una redacción periodística. Todo sistema inteligente necesita del trabajo creativo de los plumillas, así como de las instituciones culturales y mediáticas que se han ido construyendo en los últimos siglos de historia. La “inteligencia artificial” es siempre “inteligencia colectiva”: el archivo acumulado de periódicos y revistas, los criterios de edición, las relaciones con autores, los rituales de presentación, el diseño tipográfico reconocible, la disposición física de los periódicos en los quioscos, el hábito de los lectores. Todo ese conjunto material y social incorpora una forma de ver el mundo que no se almacena en ninguna superinteligencia. Vive en la práctica comunicativa de seleccionar, editar y distribuir; exige ciertos gestos y excluye otros, produce sentido donde antes no había más que palabras sueltas. 

Para salir del fetichismo de la IA generativa y de la excepcionalidad algorítmica, el filósofo brasileño Álvaro Vieira Pinto nos invita a pensar que ninguna tecnología es meramente moderna. No existe un salto cualitativo entre el escriba medieval, el linotipista del siglo XIX, el ludita del Washington Post que en los setenta saboteó las rotativas industriales y la red neuronal entrenada con el archivo digitalizado de un periódico que escribe los artículos automáticamente. Los humanos, y también los periodistas, siempre hemos sido tecnológicos: observamos la realidad y reflexionamos sobre las fuerzas naturales, nos abstraemos creando formas de conocimiento y desarrollando métodos para transmitirlos, y lo aplicamos sistemáticamente para transformar el mundo mediante proyectos tan ambiciosos como lo fue la imprenta de Gutenberg.

Las máquinas son siempre extensiones del poder creativo, reflexiona Vieira Pinto. Lo único que las vuelve deshumanizadoras son las relaciones sociales en las que se inscriben, la división del trabajo intelectual y la propiedad privada. Es por eso que debemos recuperar la lección del periodismo ilustrado: la profundidad del lenguaje, el pensamiento conceptual y el uso de la palabra son tecnologías de creación de mundos. Pero solo si renunciamos a que el mercado sea la única institución para codificarlos en la esfera pública. La información no puede ser una mercancía, los regímenes de verdad no pueden estar sometidos a la competencia. Como decía Raymond Williams, “una sociedad libre requiere que los medios de comunicación sean elementos de educación extendidos, infraestructuras democráticas que van más allá de la mera transmisión de mensajes entre emisor y receptor”. La comunicación es siempre un proceso de comunidad: compartir significados, actividades y finalidades comunes; proponer, recibir y comparar nuevos significados, que llevan a los logros del progreso social. 

Pensar la inteligencia artificial requiere hacerlo fuera del modelo hegemónico de las plataformas. Recordemos el debate sobre el Nuevo Orden Mundial de la Información y la Comunicación que ocupó a la UNESCO y al Movimiento de Países No Alineados durante los años setenta y ochenta. Una comisión experta, presidida por el premio Nobel Seán MacBride, elaboró una serie de recomendaciones para democratizar el orden informativo mundial, promover la paz y el desarrollo humano. El informe resultante, Many Voices, One World, defiende que los medios tienen nuevas tareas sociales, que el acceso a la información es un recurso esencial para construir un mundo interdependiente, respetuoso con las identidades culturales y los derechos individuales, y que la comunicación es un derecho democrático fundamental. 

Este proyecto fracasó estrepitosamente por culpa de Margaret Thatcher y Ronald Reagan, pero sentó las bases para muchas otras formas de entender las tecnologías. Indymedia fue el primer ensayo planetario de periodismo ciudadano construido desde los movimientos de alterglobalización, donde la lucha por el software libre se entrelazaba con la batalla por el conocimiento abierto. WikiLeaks demostró que la información puede emplearse para revelar elementos de la realidad que muchas veces la propiedad privada del conocimiento esconde. Wikipedia nació con un gesto similar, pero recordando que las bibliotecas y archivos existen desde hace siglos al margen de las leyes de la propiedad intelectual. 

La tarea utópica en el presente es construir un nuevo stack: mapear los experimentos del pasado y del presente que han creado nuevos mundos, desarrollar las herramientas necesarias para diseñar qué tipo de vida en común queremos y, sobre ese mapa, levantar una pila de instituciones radicalmente distinta a la que la Costa Oeste estadounidense nos ha vendido durante quince años. Aplicado al periodismo y a la inteligencia artificial, ese stack pasa, en primer lugar, por modelos de propiedad alternativos. 

Existen al menos 29 cooperativas periodísticas internacionales donde los lectores tienen voto sobre la línea editorial y existen tecnologías de deliberación democrática como Decidim para debatir sobre los temas que merecen ser narrados y con qué enfoques. Frente a la falsa dicotomía entre rentabilidad y servicio público, caben plataformas digitales en propiedad de los trabajadores, los usuarios o ambos. Imaginemos además que cada ciudadano dispone, junto con su renta básica y cesta de servicios digitales gratuitos, de un crédito anual destinado a financiar los medios cooperativos que él mismo elija.

Pasa, en segundo lugar, por construir infraestructuras públicas e internacionales de innovación tecnológica que socialicen las herramientas de visualización, investigación y creación. Fondos que faciliten el florecimiento de iniciativas individuales, que permitan escalar las más sostenibles con servidores y archivos comunes y sobre los cuales se levanten las imprentas digitales. La creación de consorcios internacionales de investigación para publicar exclusivas mundiales sobre corrupción prueba que el modelo en red multiplica la capacidad del periodismo, siempre y cuando se construya sobre la solidaridad y el reparto de la visibilidad entre medios de comunicación. 

Pueden desarrollarse, también, small language models de código abierto (menos de 10.000 millones de parámetros) alojados en centros de datos de titularidad pública y entrenados con datos verificados. Muchas informaciones importantes en los últimos diez años han salido de redes mixtas de investigación forense ciudadana donde un arquitecto, un programador, un vecino y un periodista reconstruyen bombardeos, masacres, accidentes industriales con imágenes abiertas. Hasta pueden fomentarse materiales pedagógicos y culturales colaborativos, lo que evitaría que cada redacción tenga que pagar cantidades millonarias a Silicon Valley por token usado.

Los medios públicos como “infraestructura crítica democrática” requieren redes federadas interdisciplinares –ya bosquejadas en el Fediverso, Mastodon, Lemmy, Peertube o en decenas de protocolos como ActivityPub– capaces de curar la esfera pública sin necesidad de algoritmos de estandarización ni publicidad dirigida (como hace The Syllabus), lo que además devolvería al lector la posibilidad de descubrir lo genuino y al periodista la libertad creativa. Los servidores interoperables permiten que cada instancia se autogobierne, que el lector deje de ser un espectador y pase a ser productor, transformando así las condiciones técnicas en las que la información se produce y distribuye. Si el algoritmo es, además, modificable, se adaptará a las decisiones que vayan tomando las distintas comunidades. Sobre esa base podrían levantarse escuelas populares de OSINT, de uso de IA, de archivos digitales y de redacción.

Ese stack alternativo pasa por institucionalizar lo invisible de la comunicación cotidiana: que un artículo escrito por el periodista de cualquier medio pueda dialogar con un archivo público de libros, con una base de datos científica abierta, con otra crónica local, con conversaciones grabadas en museos, bibliotecas y espacios autogestionadas, o con el enorme ecosistema de pódcasts. Y todo con un modelo lingüístico entrenado sobre el procomún que permita a cada ciudadano llevar a cabo ese viaje, si quiere como lector, pero también con las capacidades adquiridas para tomar la palabra. Solo entonces podrán convivir las tecnologías y los periodistas, cuando las prácticas que ya están naciendo dejen de ser experimentos aislados y se nombren y se compartan para generalizarse. 

Las prácticas que harán posible la convivencia entre tecnología y periodismo ya existen. Falta nombrarlas, compartirlas y multiplicarlas hasta que dejen de ser algo excepcional. 

*Ekaitz Cancela es escritor, investigador y editor. Autor de ‘Utopías digitales. Imaginar el fin del capitalismo’ (Verso Libros, 2023).