El Parlamento Europeo ha aprobado este jueves la vuelta del "chat control 1.0" —el escaneo de mensajes y correos sin cifrar que el Partido Popular Europeo (PPE) ha conseguido colar en segunda lectura— tal y como publicó infoLibre: con más eurodiputados votando en contra que a favor. Y no es la primera vez que pasa esto. 

Es la tercera votación sobre esta misma norma en cuatro meses, y las tres veces la mayoría se ha manifestado en contra de aprobarla tal y como el PPE la proponía: el pasado 11 de marzo se aprobó con condiciones —458 votos a favor y 103 en contra— que el Consejo rechazó. El 26 de marzo fue tumbada con 311 votos en contra por 228 a favor; y esta tercera vez ha vuelto a perder la votación, con 314 votos frente a 276. La diferencia es que esta vez ser mayoría no bastaba para bloquearla: al estar en segunda lectura, hacían falta 361 votos, y 314 se quedan cortos. 

Así es como una norma que el Parlamento ha rechazado, en la práctica, las tres veces que se ha votado, sale adelante de todos modos. Por el camino, el Parlamento sí ha logrado aprobar por mayoría absoluta una enmienda que excluye del escaneo el cifrado de extremo a extremo, aunque ahora le toca al Consejo aceptarla o rechazarla, en cuyo caso deberá negociar con el Parlamento.

Simone de Brouwer, asesor de políticas públicas de la plataforma European Digital Rights (EDRi) resume la paradoja del resultado: "Hoy ganan los dos bandos: sí, la derogación temporal se renueva una vez más pese a que la mayoría de los eurodiputados votó en contra, pero esa mayoría también envía una señal clara contra la vigilancia masiva a quienes negocian el marco permanente (el "chat control 2.0"), [una votación] en la que bastará con mayoría simple". El mandato del Parlamento para esa negociación —que la presidenta Metsola ha ignorado forzando esta votación en segunda lectura, según considera De Brouwer— "no queda debilitado, sino reforzado", añade.

Esta resolución permite que las plataformas tecnológicas, en su mayoría estadounidenses, monitoreen los mensajes privados que los ciudadanos europeos comparten a través de aplicaciones como Gmail o las dependientes de Meta. El pretexto es el rastreo de material delictivo pornográfico que afecte a menores, pero la realidad es que ese escaneo de mensajes va a producirse sin la autorización de ninguna instancia judicial, a pesar de que supone una flagrante vulneración del derecho a la privacidad de los usuarios, según todos los expertos consultados por infoLibre. 

El conocido como "chat control 1.0" es la antesala de su versión 2.0, cuyo texto está aún en negociación y sin acuerdo a la vista, coinciden en señalar las voces críticas. Patrick Breyer, exeurodiputado alemán de Los Verdes, argumenta que incluso esta "versión suave" crea una infraestructura técnica y legal y un precedente que normaliza el escaneo indiscriminado, y revertir estas intrusiones una vez legalizadas es complicado; la versión 1.0, aunque menos invasiva que la 2.0, también viola el derecho fundamental a la privacidad, sin proporcionalidad ni supervisión judicial; y allana el camino a la versión más avanzada. 

Miguel Recio, profesor de Derecho y protección de datos en la Universidad CEU San Pablo, lo resume con un ejemplo simple: cuando un juez autoriza intervenir comunicaciones, fija el sujeto afectado, el alcance y la duración; esto [lo aprobado este jueves] es un escaneo automático de todo el mundo, sin esa supervisión. 

El perito informático Javier Rubio Alillo lo califica como "una intromisión absoluta en la privacidad de las personas" y recuerda la opacidad de los algoritmos que usarán las empresas, mayormente estadounidenses, para revisar los contenidos en búsqueda de pornografía infantil, así como la imposibilidad de comprobar que dichos algoritmos no se estén usando para otros fines.

Solo dos de las nueve familias políticas del Parlamento han votado mayoritariamente a favor de la norma: el PPE (95%) y los socialistas del S&D (59%), pese a que su propia ponente, Birgit Sippel, había dicho públicamente que no lo apoyaría. Todos los demás grupos, de punta a punta del espectro, votaron mayoritariamente para tumbarla, desde los grupos de ultraderecha hasta La Izquierda, pasando por Los Verdes.

Populares y socialistas, sin embargo, han mostrado una vez más una sintonía muy rara de ver en España pero habitual en Bruselas, como ocurre con la política de rearme de la UE. La iniciativa ha sido impulsada por la presidenta del Parlamento, Roberta Metsola, y su grupo, el PPE, pero ha contado también con el apoyo mayoritario del grupo socialista. Además, según declara Patrick Meyer, el Gobierno español fue uno de los más radicales a favor de la norma durante las negociaciones del Parlamento con el Consejo, mostrándose a favor de una versión inicial que Meyer califica de "extrema", que incluía un "escaneo masivo obligatorio" y acceso a los mensajes encriptados. 

Mientras España sigue con la cabeza en el Mundial y media Europa cuenta los días para las vacaciones, el Parlamento Europeo vota el jueves 9 de julio si las grandes tecnológicas pueden escanear los mensajes privados de la ciudadanía europea en busca de contenido de abuso sexual infantil, sin orden judicial y sin sospecha previa sobre nadie. Lo llamativo no es la pregunta, sino que la Eurocámara ya respondió que no dos veces, el 11 y el 26 de marzo. Vuelve a votarse porque Roberta Metsola, la presidenta del Parlamento, ha encontrado una vía procesal para forzar una tercera votación en condiciones mucho más favorables para que salga adelante.

La norma que se vota el jueves no es nueva. Es la misma derogación temporal de la directiva ePrivacy que lleva vigente, con sucesivas prórrogas, desde julio de 2021. Expiró el pasado 3 de abril, después de que el Parlamento rechazara dos veces extenderla. 

Lo que se vota el jueves se conoce como "chat control 1.0": permite a las plataformas escanear sin necesidad de autorización judicial los mensajes y correos sin cifrar de sus usuarios —lo que incluye a aplicaciones como Gmail o las dependientes de Meta— para detectar fotos de abuso infantil. Es distinto del "chat control 2.0" (CSAR), un reglamento que sí obligaría a las plataformas a escanear también las comunicaciones cifradas de extremo a extremo, como WhatsApp o Signal, y que sigue negociándose aparte, sin acuerdo a la vista. El primer texto, eso sí, no prohíbe expresamente aplicarlo a un servicio cifrado, solo obliga a no debilitar el cifrado.

La clave no está en lo que se propone, que es exactamente el mismo texto que el Parlamento ya ha rechazado dos veces, sino en el procedimiento que se ha usado para devolverlo a votación, porque cambia cuántos votos necesita cada bando para ganar.

El 11 de marzo, el Parlamento fijó su posición: prorrogar la norma hasta 2027, pero solo con autorización judicial y dejando fuera las comunicaciones cifradas. El Consejo rechazó esas condiciones, las negociaciones se rompieron, y el 26 de marzo el Parlamento cerró su posición rechazando directamente cualquier prórroga: 311 votos en contra por 228 a favor. Es decir: el Parlamento dijo que no dos veces —primero poniendo condiciones que el Consejo no aceptó, y después rechazando la prórroga sin condiciones— y la norma expiró el 3 de abril.

Ahí debería haber acabado la historia. Pero en vez de aceptar ese rechazo, el Consejo ha hecho algo inusual: adoptar su propia posición formal sobre el mismo texto, sin cambios, y devolverlo al Parlamento. Ese movimiento activa lo que se conoce como segunda lectura, y es donde reside la clave de esta repetición. En marzo bastaba con que hubiera más votos en contra que a favor entre los presentes para tumbar la norma, y así ocurrió. En segunda lectura las reglas se invierten: para bloquearla o cambiarla ahora hacen falta 361 votos, mayoría absoluta de los 720 escaños del Parlamento, mientras que para aprobarla basta con que gane el "sí" entre los presentes ese día. Dicho de otro modo: los mismos eurodiputados que tumbaron la norma en marzo podrían votar otra vez en contra y aun así no impedir que salga adelante, si no llegan a esos 361 votos.

Y ese día, el jueves, es el último pleno antes del receso de verano, cuando la asistencia de los eurodiputados cae de forma considerable. El 17 de junio, el PPE pidió a la presidenta del Parlamento, Roberta Metsola —también del PPE—, que reactivara el expediente. Al día siguiente, en la cumbre europea, Metsola instó a los líderes a "avanzar" con la legislación. Los Estados miembros adoptaron después esa posición sin ningún cambio respecto al texto ya rechazado. El martes, el pleno ya aprobó tramitarlo por esta vía: 331 votos a favor, 304 en contra. 

Patrick Breyer, exeurodiputado alemán en el grupo de Los Verdes y una de las voces más críticas contra el avance de esta norma en la pasada legislatura, resume a infoLibre lo insólito del caso: repetir una votación ya pasó en marzo y sobre este mismo expediente; lo inédito es que sea la propia presidenta del Parlamento quien impulse el procedimiento de la segunda lectura después de que la Cámara ya rechazara el texto. Para Simon de Brouwer, asesor de políticas públicas de la plataforma European Digital Rights (EDRi), esta decisión de Metsola constituye "ignorar abiertamente el mandato de la institución a la que representa".

Aunque la votación decide el futuro de la versión 1.0, menos agresiva que la 2.0, Breyer da tres razones por las que su aprobación plantea una perspectiva preocupante para la privacidad de las comunicaciones en Europa. En primer lugar, crearía la infraestructura legal y el precedente que normaliza el escaneo indiscriminado, y "revertir estas intrusiones una vez legalizadas es complicado". En segundo lugar, la versión 1.0, aunque menos invasiva que la 2.0, "también viola el derecho fundamental a la privacidad, y lo hace sin proporcionalidad ni supervisión judicial". Por último, allanaría el camino a la versión más avanzada "por arrastre": una vez montada la base técnica y legal, ampliarla sería solo una enmienda menor ante una opinión pública desensibilizada.

La de Breyer no es la única voz crítica sobre lo que esto supone para los derechos fundamentales de las personas. De Brouwer, de EDRi, lo explica en términos muy directos: si esto sale adelante, "significará que las empresas privadas pueden negar tu derecho a tener conversaciones digitales confidenciales; podrán, si quieren, leer cada mensaje que escribes, cada correo que envías, cada foto que compartes". Y subraya el contraste con la vigilancia policial ordinaria: para que la policía intervenga las comunicaciones de alguien, la ley exige antes una orden judicial, y un juez solo autoriza la vigilancia si está dirigida a personas concretas sospechosas de un delito grave. Aquí, en cambio, la propuesta es externalizar la vigilancia a empresas privadas —casi todas estadounidenses— sin exigirles ni sospecha previa ni garantías democráticas.

Miguel Recio, profesor de Derecho y protección de datos en la Universidad CEU San Pablo, llega a la misma conclusión desde el derecho español y europeo. Lo explica con un ejemplo simple: cuando un juez autoriza una intervención de comunicaciones, fija el supuesto, el alcance y la duración. Esta norma propone justo lo contrario, un escaneo automático y sistemático sin intervención judicial en ningún caso concreto, lo que supone una doble vulneración —secreto de las comunicaciones y protección de datos— que previsiblemente acabará recurrida ante los tribunales.

Recio añade la variante de la soberanía tecnológica: las empresas que monitorizarían las comunicaciones son casi todas estadounidenses, sin garantías claras de transparencia sobre quién accede a esa información ni sobre si puede acabar en manos de una autoridad de un tercer país. Tanto Recio como Javier Rubio Alillo, perito informático consultado también por este periódico, coinciden en algo más: nadie sabe qué buscan realmente los algoritmos que harían este trabajo, ni quién supervisa que no se usen para otra cosa.

De Brouwer añade un problema de escala que conecta con lo anterior: las empresas que hacen este escaneo voluntario deben remitir a una agencia estadounidense cada caso en el que su algoritmo detecte un posible abuso, lo que explica por qué muchos adolescentes que se envían fotos explícitas de forma consentida entre ellos acaban denunciados a Estados Unidos y después a la policía europea, que tiene que determinar a posteriori si hubo consentimiento o no, según expone EDRi. Como se escanean miles de millones de mensajes al día, incluso un margen de error mínimo se traduce en millones de falsas alarmas —el 0,01% de mil millones son ya 100.000—, que hay que revisar una por una. Policías de los Países Bajos y de Alemania, y también el FBI, ya han advertido de la avalancha de falsas alarmas que esto genera.

El Proyecto de Ley de IA que aprobó el pasado mes de mayo el Gobierno de España, enmarcado dentro de la senda regulatoria trazada desde el Reglamento Europeo (RIA), es una señal importante que se pretende transmitir para enfatizar públicamente la consideración que hay que otorgar a este asunto, con independencia de las dificultades que se aventuran en la sede parlamentaria.

La aprobación de este proyecto de ley fue anunciada en el I Encuentro Internacional de los Derechos Digitales que se celebró en Barcelona unos días antes. Lo hizo el ministro Óscar López defendiendo el concepto de que ante la excesiva lentitud del desarrollo europeo que entorpece la soberanía digital del continente, los Estados miembros que puedan avanzar hacia un sistema ético de la IA deben hacerlo.

Ahora se presenta la oportunidad de debatir los contenidos del proyecto y elevar, en su caso, las propuestas de mejora a los grupos parlamentarios; ahí conviene destacar, de entrada, la coincidencia en el diagnóstico que elaboró el pasado mes de marzo el Consejo Económico y Social de España en su Dictamen publicado recientemente sobre el texto, cuando todavía era Anteproyecto de Ley para el buen uso y la gobernanza de la IA, con el documento que presentó la Fundación Alternativas el pasado mes de febrero, titulado La IA en la Unión Europea, sin conocer, por aquel entonces, el texto gubernamental.

En esta misma dinámica también se posiciona el premio Nobel de Economía y profesor en el MIT Daron Acemoglu, al referirse a la IA generativa, destacando que tiene un gran potencial para reducir desigualdades si se desarrolla y aplica siguiendo un enfoque complementario al trabajo humano, en lugar de centrarse únicamente en la automatización, preguntándose: ¿Por qué entonces no impulsamos un diálogo social alrededor de este asunto?

Pues bien, el texto remitido por el Gobierno de España a las Cortes Generales supone una buena base para avanzar en la gobernanza de esta tecnología, destacando, entre otras, la función de la Agencia Española de Supervisión de la IA, el de la Agencia Española de Protección de Datos y en la tipificación de infracciones. 

Pero sería el momento de demostrar más ambición en la gobernanza y pasar de un texto de mínimos a uno más valiente. 

Uno de los aspectos que debería incorporarse al texto es el concepto de democratización del mundo del trabajo. En concreto, estaríamos hablando de que el proyecto de ley debería poner mucho más énfasis en lo que determina el artículo 26.7 del RIA sobre la información que debe darse antes de poner en servicio o utilizar un sistema que utilice la IA, para garantizar la eficacia de este derecho haciéndolo efectivo con carácter previo a la utilización de tales sistemas.

Este artículo de opinión pretende enfatizar que hay un potencial real de cambiar una dinámica de desigualdad en los centros de trabajo si se adoptan políticas públicas y planes tecnológicos inclusivos, no dejando exclusivamente en manos del mercado la evolución de la IA y orientando su desarrollo al beneficio de una mayor calidad en el trabajo, y no a la sustitución de personas por tecnología.

La gobernanza de la IA requiere la participación inclusiva de diversas partes interesadas, como pymes, consumidores, sociedad civil y comunidades infrarrepresentadas, a fin de garantizar que las normas relacionadas con la IA sean eficaces y respondan a las diversas necesidades del mercado y los intereses sociales.

Para ello, es fundamental que empresarios y trabajadores se adapten e incluso puedan beneficiarse de los cambios impulsados por la IA, implementándose las competencias correspondientes a partir de una mayor inversión en educación, formación y recualificación, tanto pública como privada. Ello es crucial para dotar a la fuerza laboral de la capacitación necesaria en IA, y sin descuidar la importancia que también tiene, en general, la sensibilización ciudadana.

Con la finalidad de facilitar una integración efectiva de la IA en los lugares de trabajo debería hacerse uso de la negociación colectiva, como herramienta jurídica que asegure el diálogo social y garantice que los avances tecnológicos respeten los derechos de los trabajadores y mejoren la calidad del empleo; el papel de los sindicatos, por consiguiente, debería evolucionar en esas materias tecnológicas hacia un control y una negociación desde un incremento de la formación interna y de la información de la empresa y del sector. 

En definitiva, es necesaria una mayor cultura en democratización en el mundo del trabajo que derive en la posibilidad de un control de los avances tecnológicos por parte de todos los actores que participen en los mismos, tanto en las administraciones, los sectores y las empresas. El diálogo social que propone este artículo está enmarcado, además de por la lógica, por el mandato del RIA y por lo propuesto tanto por el Comité Económico y Social Europeo como por el Consejo Económico y Social de España, en sus respectivos dictámenes. 

Al amparo del mandato del artículo 26.7 del RIA, estamos a tiempo de incorporar a este proyecto de ley un conjunto de concreciones a la necesaria democratización del mundo del trabajo, con el valor añadido de evitar el riesgo que supondría una burbuja de la IA si se gestionara defectuosamente una mera introducción de esta tecnología sin diálogo social alguno.

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Antoni Farriols es analista de aplicaciones informáticas, miembro de la Asociación Pro-Derechos Humanos de España y miembro del Consejo Asesor de la Fundación Alternativas

Nunca antes tantos seres humanos habían estado tan conectados. Nunca antes tantos habían declarado sentirse solos. Hoy la soledad no es una experiencia puntual, asociada al desengaño, la vejez o al aislamiento físico. Es una condición estructural de la vida contemporánea. No es un accidente emocional. Es un fenómeno global, difuso, persistente. Atraviesa clases sociales, edades y geografías, como una marea silenciosa. 

En la superficie del mundo digital, la vida bulle de presencias. Mensajes que llegan en milisegundos, videollamadas que cruzan continentes, redes sociales y su conversación ininterrumpida. Y bajo esa hipercomunicación, un vacío sofisticado: la ilusión de compañía. Pero estar rodeado de notificaciones no es lo mismo que ser escuchado. Acumular contactos no equivale a ser comprendido. 

La soledad moderna tiene varios rostros. 

Está la soledad conectada: la del individuo que interactúa sin descanso y sin profundidad. Responde mensajes mientras cena solo, comparte imágenes de su vida sin nadie que la sostenga, acumula reacciones que duran segundos y desaparecen. Es una soledad ruidosa, casi histérica, que se disfraza de sociabilidad. Y en su interior late una pregunta: ¿quién permanecería, si el ruido desapareciera? 

Está la soledad urbana. Millones de personas conviven en ciudades densas, atraviesan estaciones de metro, comparten ascensores, compran café en el mismo local cada mañana. Y pueden pasar semanas sin un intercambio significativo. La ciudad contemporánea no aísla por distancia. Por saturación. El exceso de presencia ajena produce invisibilidad. Estás rodeado de cuerpos y te sientes fuera de lugar. 

Está la soledad del rendimiento. Te acompaña si vives bajo la lógica de la productividad constante: trabajar, optimizar, mejorar, demostrar. El otro deja de ser un fin en sí mismo y se convierte en un espejo competitivo. Las relaciones se vuelven frágiles, intermitentes, condicionadas por agendas y objetivos. El descanso emocional se pospone. Y en ese aplazamiento la soledad se instala como una sombra funcional. 

Virginia Woolf exploró la interioridad como un territorio vasto, casi oceánico, donde la mente se enfrenta a su propia deriva. En sus personajes, la soledad no es solo ausencia de compañía, sino una forma de conciencia exacerbada. Una lucidez que duele. Woolf entendió que la vida interior puede ser tan intensa que incluso en compañía uno sigue estando solo, atrapado en la distancia entre lo que se piensa y lo que se puede decir.

Frente a esa introspección desgarrada, Albert Camus propuso la figura del individuo arrojado a un mundo sin respuestas definitivas. En su pensamiento, la soledad no es únicamente emocional, sino existencial. El ser humano, al buscar sentido en un universo indiferente, descubre su aislamiento radical. Y en esa constatación surge una forma de dignidad. La posibilidad de rebelarse. De vivir sin consuelo. De construir significado en medio del silencio. 

La interioridad saturada de Woolf y el absurdo lúcido de Camus dialogan con la actual soledad digital. Hoy el aislamiento no se percibe como vacío, sino como exceso. Exceso de estímulos, de interacciones, de demandas. Un exceso que no llena, distrae, dispersa, fragmenta la atención. 

Conocer a otra persona es una experiencia superficial, intercambiable, fugaz. Adoptamos plantillas de comportamiento de quita y pon. Y por el camino perdemos espontaneidad, sinceridad, profundidad. El acto reflejo también funciona al relacionarnos con nosotros mismos. Usamos las mismas plantillas al volver los ojos hacia adentro y formularnos una pregunta existencial, si se nos ocurre tomarnos la molestia de hacerlo. 

La pandemia fue un acelerador brutal de esa soledad hiperconectada que mete el alma en un pozo negro mientras la mente navega por el cosmos infinito de las pantallas, conversando con las voces megasaturadas de la red. Durante meses millones de personas sintieron una soledad física sin precedentes en nuestra era. Pero el retorno a la vida social no eliminó la soledad, que nos había mostrado su cara fantasmal, sin adornos, sin sucedáneos. Muchas relaciones no recuperaron su densidad anterior. La distancia aprendida permaneció. El aislamiento dejó huella en la manera de vincular las emociones. 

Y está la soledad de los jóvenes, que no conocen el mundo sin redes sociales y sienten que su vida discurre en paralelo a la de los demás, sin confluir nunca. 

Y está la soledad de los mayores que sobreviven en entornos hiperconectados que no comprenden. 

Y está la soledad de quienes migran y viven entre lenguas que no les devuelven del todo la identidad. 

Y está la soledad de la rutina y las parejas que sienten que la conversación ha sido sustituida por la convivencia automática. 

Y está la soledad de la depresión, que puede darse en una vida aparentemente intacta desde fuera. Su rasgo más perturbador es la invisibilidad. En ella no hay abandono. Hay desconexión interna. El mundo sigue ahí, pero deja de tener acceso a nuestro yo. Las palabras ajenas ni siquiera nos rozan. Las relaciones son filtradas por un vidrio opaco. La mente deja de ser un lugar habitable. No hay épica ni dramatismo. Solo un desgaste lento, que nos aísla y empobrece la percepción, la vuelve improbable, impostada. Hasta el intento de acompañamiento es una distancia más. No por falta de amor. Por la imposibilidad de recibirlo.

Y está la soledad de la soledad, al ser normalizada. Hemos aprendido a convivir con ella como si fuera un subproducto inevitable del progreso. Se la diagnostica, se la estudia, se la mide en encuestas, pero rara vez se la cuestiona como estructura. Y su expansión coincide con la piedra angular de nuestro tiempo: la conexión permanente. Qué paradoja. 

La soledad de ayer era amiga de la falta de vínculos. La de hoy, de su superficialidad. Cuanto más rápido vivimos, más profundidad existencial perdemos. La disponibilidad ha reemplazado a la presencia. Y la imagen del otro ha desplazado al otro mismo. Al final en un mundo donde todo puede ser comunicado, lo difícil es comunicar algo que realmente “nos llegue”. 

Muchas veces quedamos reducidos a un personaje que mira su móvil en una habitación. Recibe mensajes, responde, sonríe levemente. Desde fuera el personaje no muestra signos de angustia. Así funciona la soledad contemporánea. Interacción sin arraigo. Conexión sin cuerpo. Compañía sin peso. 

Lo cierto es que soledades las ha habido siempre. La diferencia actual es su escala y su invisibilidad. Los solitarios nunca habían estado tan integrados en el funcionamiento normal de la vida social. Nunca habían dado tanto el pego de “felicidad compartida”. 

La soledad contemporánea no grita. Susurra. No se manifiesta como ruptura. Como continuidad. No es una excepción. Es paisaje de fondo. Y en ese fondo lo humano se redefine. No es pertenencia. Es la necesidad, cada vez más irrealizable, de encontrar una verdadera conexión. De almas. 

¿Por qué nos da miedo el aislamiento voluntario fértil, creativo, necesario, buscado, que permite pensar, escribir, recordar, procesar los acontecimientos vividos, y en cambio nos entregamos a ese compartir vacío de contenido, tan extendido, que no produce pensamiento, sino desgaste, que no enriquece el mundo interior, lo estrecha? 

¿Por qué cada vez nos cuesta más relacionarnos “de verdad”, tú a tú, sin mediaciones, sin interrupciones, sin fugas por la puerta de atrás? ¿Tan difícil es focalizarse en una persona, sin desviar la atención hacia mil estímulos accesorios? 

Recuperar el cuerpo a cuerpo, “sin dispersión periférica”, no es un gesto nostálgico. Es resistencia contracultural. Lo esencial no es cuánta gente nos rodea, ni cuántos mensajes recibimos, ni cuántos vínculos acumulamos. Es relacionarse con otra persona a un nivel profundo de empatía. Porque ese conocimiento nos permite conocernos mejor y crecer personalmente. 

Cuando todo se apaga, cesa el ruido y las pantallas dejan de iluminar la habitación, ¿quién queda ahí? ¿Contamos por lo menos con nuestra propia compañía, o también hemos extraviado por el camino nuestro yo? 

No pretendo culpar a la tecnología, a las ciudades, al estilo de vida. Solo propongo formularnos una sencilla pregunta. 

¿Seguimos siendo capaces de mirar a otro ser humano sin convertirlo en un reflejo de nuestra propia soledad?

Lo digo porque hay una soledad peor que estar solo. Descubrir que nadie nos ha acompañado de verdad. Ni siquiera nosotros mismos. 

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Fernando Claudín di Fidio es escritor.

Hemos estrenado el verano, pero no hay manera de que el verano se materialice. La actualidad no da tregua y los rigores estivales no se atenúan ni con un mundial de fútbol. Vale que es uno raro, en territorio poco amigable, pero es que históricamente estos campeonatos acaparan un gran espacio mediático relegando las noticias más duras a espacios menos transitados. El fútbol todo lo matiza, todo lo unifica (para lo bueno y para lo malo). Pues este verano, tampoco. Y menos en la carrera desbocada de la inteligencia artificial. Un día hablamos de soberanía tecnológica; al siguiente, de empresas estadounidenses que quieren componentes chinos; luego irrumpe Europa con su autonomía estratégica mientras intenta asegurarse el acceso a una compañía yanqui para no quedarse fuera de la frontera tecnológica… no hay descanso y todo se acelera en un ejercicio de velocidad que sería casi cómico si no fuera porque detrás se están moviendo leyes y dependencias.

No hay manera de pararse a reflexionar con calma, a dejar que las decisiones que se van tomando hagan poso… y no estamos acostumbrados a esta sucesión de acontecimientos que viene a romper con lo establecido sin darnos tiempo a respirar. Tenemos a la Casa Blanca legislando (¡legislando!) para intervenir el mercado de la IA, a empresas enormes tratando de romper el bloqueo a la tecnología china para poder seguir creciendo al ritmo que marcan los inversores, a Europa pidiendo autonomía y decidiendo contra ella...

En este país somos de reflexión lenta, de dejar pasar el tiempo que permite analizar desde la distancia. Quién le iba a decir a Rocío Jurado que veinte años después de su muerte sería más universal que nunca, que se analizarían sus letras en clave feminista y que sería un icono para una nueva generación de mujeres que no ha escuchado una copla en su vida. Así somos, necesitamos veinte años (que dicen que no son nada, pero sabemos que son exactamente eso, veinte años) para analizar con perspectiva, para ver lo que hay detrás de la máscara… Y aquí estamos, tratando de entender qué pasa hoy en un mercado despiadado que sólo quiere crecer y derriba a su paso cualquier norma escrita (o no escrita) con la que ordenamos el mundo.

Si la Jurado fue durante décadas la reina de la copla y hoy (casi) nadie la percibe de ese modo, con la IA pasa algo parecido pero sin la cortesía del paso del tiempo. Aquí no hay veinte años para revisar el mito, hay apenas una semana entre un anuncio y su contrario. La tecnología avanza, su necesidad de financiación se multiplica, los gobiernos reaccionan y la estructura mental con la que lo analizamos se convierte en un vestido de lentejuelas viejo que no se ajusta a un cuerpo nuevo. Puede que sea vistoso, pero aprieta por todos lados.

Hace apenas unos días hablábamos aquí de cómo España entraba en juego con más de 700 millones para una gigafactoría o de que EEUU legislaba en nombre de la seguridad nacional. El viejo relato liberal empezó a chirriar cuando las viejas potencias entendieron que esta tecnología estratégica no puede quedar a merced del mercado. Sigue siendo una buena tesis, pero la apisonadora de la actualidad viene dispuesta a reventarla. Hoy tenemos a Apple (ojo a esto) presionando a Trump para que le dé cobertura política antes de comprar chips a CXMT, una empresa que aparece en la lista de compañías chinas que el Pentágono ha vinculado al aparato militar del Estado. ¿Y por qué pide Apple un poco de cintura para ella a expensas de la seguridad nacional? Por dinero, claro. Por abaratar sus costes. Fabricar un iPhone Pro de nueva generación será más caro, mucho más caro. La IA, encareciendo directamente el aparato que llevamos en el bolsillo y Apple, símbolo perfecto del capitalismo, mirando a China cuando Washington quiere impulsar sus cadenas de producción internas. El mundo al revés.

Hay algo delicadamente rociero en esta historia, si me permiten ustedes la irreverencia. Estábamos cantando una copla sobre la independencia tecnológica de occidente y llegando al estribillo suben los costes, falta memoria y la gran empresa americana pide a Trump que le deje llamar a la puerta de China. Como en las coplas de la más grande: el orgullo por un lado y el deseo, por el contrario.

Si EEUU no observa el mercado desde la barrera, Europa vive en su propia contradicción. Aprueba un paquete de medidas de soberanía tecnológica mientras la Comisión constata el peso dominante de Amazon y Microsoft en la nube europea. Mientras, Austria quiere explorar fórmulas para alojar la tecnología de Anthropic, una vez que la Casa Blanca prohibió el acceso extranjero a sus modelos avanzados. Pragmatismo, desde luego. Pero también una confesión de debilidad. Europa quiere ser soberana, pero le faltan piezas para lograrlo y se las encarga a empresas extranjeras, contra las que quiere construir su soberanía. Si esto no es una contradicción, que me lo expliquen.

Capítulo aparte para Meta, siempre dispuesta a vendernos como producto cosas que antes llamábamos comunidad. Cuenta el Financial Times que está acelerando el uso de modelos de lenguaje para revisar contenido y anuncios. No olvidemos que, además de Facebook e Instagram, Meta es la dueña de WhatsApp. Quiere que la IA haga de moderador en sus plataformas, automatizar su control de lo que se dice y cómo se dice. Nos está colando una estafa gigante: publicaciones que desaparecerán por obra y arte de la IA y moderación que no protege al agredido.

Hay algo agotador en este ritmo, pero es apasionante. La velocidad a la que suceden las cosas nos obliga a mirar la realidad con menos comodidad. No nos sirven las estructuras mentales a las que siempre hemos acudido para analizar el presente, pero de alguna manera tenemos que separarnos de esta vorágine de contradicciones si queremos entender qué está pasando. Si la Jurado consiguió que estrofas cantadas hace décadas tengan sentido hoy, la IA afina en la misma nota: todo sucede ahora, todo exige respuesta inmediata. Y las noticias de hoy envuelven el pescado de mañana… nada nuevo bajo el sol.

El partido de fútbol ha dejado de ser el centro del negocio. Sigue siendo el detonante, la excusa y el catalizador, pero la economía que genera ya no depende de los 90 minutos entre dos pitidos. La Copa del Mundo de 2026, que desde este jueves se disputa en Canadá, México y Estados Unidos con 48 selecciones y 104 partidos, ha acelerado una reconfiguración del mercado audiovisual que venía fraguándose desde hace años y que todos los analistas creen que este torneo va a convertir en irreversible.

La ampliación del torneo no es solo una decisión deportiva. Es, ante todo, una operación de generación de contenido. Más partidos equivalen a más horas de programación, más material para las plataformas digitales, más contextos para los anunciantes y más oportunidades para que creadores independientes construyan audiencias paralelas a las de las cadenas con derechos de emisión. La FIFA controla el estadio; la narrativa, cada vez menos.

El indicador más elocuente de este cambio lo ha aportado la división de análisis de Bank of America. Según sus proyecciones, la final del Mundial podría consumir hasta el 7% del tráfico global de internet ese día. El dato no refleja solo la magnitud del evento. Demuestra que el aficionado ya no está sentado frente a un televisor: está sentado con el televisor de fondo y el teléfono en la mano.

Según datos de seguimiento de audiencias digitales, el 90% de los aficionados ya amplía la experiencia más allá de los 90 minutos a través del uso simultáneo de varias pantallas. Mientras el partido transcurre en el televisor del salón, el mismo usuario consulta estadísticas avanzadas en una aplicación móvil, comenta jugadas en tiempo real en redes sociales y consume repeticiones de vídeo en TikTok elaboradas al minuto de producirse la acción en la vida real. Con tantos elementos interactuando a la vez, la atención ya no pertenece a la cadena que pagó los derechos de emisión.

Esta dispersión tiene consecuencias directas sobre el modelo publicitario tradicional. Las agencias de medios confirman con datos de retención que las audiencias menores de 35 años evaden de forma sistemática la publicidad en los descansos. Cuando el árbitro señala el final de la primera parte, la mirada migra hacia el teléfono. El anuncio de treinta segundos pensado para el entretiempo pierde su audiencia en el momento preciso para el que fue diseñado. Marcas y operadores tienen que buscar al aficionado en el territorio digital que rodea el partido, no en el partido mismo.

El mercado español ha generado su propia versión de este conflicto con una disputa institucional que llegó a los tribunales. RTVE se aseguró los derechos de emisión en abierto de los partidos más destacados del torneo, entre ellos los encuentros de la selección española, el partido inaugural, las semifinales y la final, con el objetivo de garantizar el acceso universal a un evento de interés general.

La decisión irritó a las cadenas comerciales. UTECA, la patronal que agrupa a Atresmedia y Mediaset, activó la maquinaria legal contra la televisión pública por la comercialización de espacios publicitarios y patrocinios destinados a amortizar el desembolso del torneo. Las privadas argumentaron competencia desleal y apuntaron a la ley de financiación de RTVE de 2009 como límite que la corporación pública estaría rebasando.

La Justicia falló a favor de RTVE. Los tribunales frenaron el intento de UTECA de paralizar la venta de espacios publicitarios del torneo, aunque el litigio de fondo sigue su curso en las salas de lo Contencioso-Administrativo.

Al margen del abierto, el acceso a la totalidad del torneo quedó reservado al sector de pago. Dazn opera como ventana única para los 104 partidos en España, integrado en los paquetes premium de Movistar Plus+ y Orange TV. Para las plataformas de suscripción, el Mundial funciona como herramienta de captación masiva, pero su problema estructural es bien conocido: una parte relevante del público se da de alta durante el torneo y cancela la suscripción en cuanto el trofeo llega a manos del capitán ganador.

La transformación audiovisual del negocio del fútbol no ha dejado intacto al periodismo deportivo. Durante la última década, la prensa deportiva digital construyó sus redacciones en torno al SEO, las técnicas que se utilizan para que una página web aparezca lo más arriba posible en los resultados de Google u otros buscadores cuando alguien hace una búsqueda relacionada con su contenido. Los portales estructuraban equipos enteros para responder antes que nadie a búsquedas predecibles: “A qué hora juega Argentina”; “Cuántos goles lleva este delantero”; “Cuál es el 11 titular”.

La irrupción de la inteligencia artificial generativa ha erosionado ese modelo. Los usuarios ya no entran en un medio para obtener ese tipo de información: se la preguntan directamente a un asistente de IA, que entrega la respuesta procesada sin necesidad de ningún clic. El tráfico derivado de búsquedas automáticas ha entrado en declive, y con él una parte sustancial de los ingresos publicitarios que sostenían las redacciones deportivas digitales.

La consecuencia es una revalorización del acceso exclusivo y del contenido audiovisual genuino. Un medio ya no puede sobrevivir indexando texto de partido. Necesita que su audiencia consuma vídeo original que no pueda encontrar en otro lugar. El valor no está en la crónica del partido; está en la entrevista en el vestuario, en el reportaje sobre los hábitos del jugador antes del encuentro, en el documento que muestra lo que la retransmisión oficial no enseña.

Las marcas han llegado a la misma conclusión. Los formatos de banner clásico —cualquier espacio publicitario dentro de una página web— ceden presupuesto ante el patrocinio de contenidos donde el creador tiene acceso real al deportista. El público busca la proximidad al futbolista: qué música escucha, cómo gestiona la presión, qué relación tiene con su entorno familiar. Lo que era accesorio se ha convertido en el centro del producto multimedia.

La televisión pública española sabía que recuperar el Mundial para la emisión en abierto no era suficiente para conectar con generaciones que crecieron con el algoritmo de YouTube. La respuesta institucional ha desembocado en el despliegue de una estrategia digital articulada a través de RTVE Play y la marca deportiva de la corporación.

Teledeporte ha comenzado a emitir fragmentos de diez minutos en YouTube de forma gratuita. El objetivo no es monetizar directamente esos vídeos. Es utilizarlos como anzuelo para arrastrar al público joven hacia el registro en la aplicación propia de streaming. El clip corto en YouTube conduce al directo en abierto; el directo en abierto empuja al registro en RTVE Play; el registro en RTVE Play permite el acceso al programa completo. Es una lógica de embudo que replica los mecanismos de las plataformas comerciales dentro de un servicio público.

Frente a la cobertura oficial convive el territorio de la transmisión independiente. Creadores españoles sin derechos de imagen montan retransmisiones paralelas en Twitch y TikTok donde el atractivo no es la imagen del partido sino la reacción en directo del streamer. Figuras como Ibai Llanos o los canales vinculados al universo de la Kings League han demostrado que una parte relevante del público prefiere sintonizar a su creador de referencia antes que escuchar la narración institucional. FIFA ha reforzado este fenómeno al designar a TikTok como plataforma preferente del torneo, lo que permite a creadores usar y co-crear con material de archivo oficial.

La mutación del consumo ha reescrito también los manuales de patrocinio corporativo. Patrocinar la Copa del Mundo en el siglo XX equivalía a comprar visibilidad durante los minutos en que el balón rodaba. En cuanto terminaba el partido, la marca se quedaba sin presencia.

Los nuevos grupos multimedia nativos digitales ofrecen algo diferente. Garantizan presencia ininterrumpida desde la gala inaugural hasta la entrega del trofeo mediante integración de marca en contenidos diarios. El patrocinio ya no es una valla en el estadio. Es financiar el autobús-estudio que recorre las ciudades sede, costear los espacios donde presentadores entrevistan a familias de jugadores o esponsorizar el análisis grabado en formato vertical en la grada cinco minutos después del pitido final.

La misma lógica se ha trasladado al espacio físico. Iniciativas como el House of Goal, desarrollado por la empresa Footballco en distritos urbanos de Nueva York, proponen festivales temáticos donde el partido en pantalla gigante se combina con exposiciones de arte contemporáneo, torneos de videojuegos, propuestas gastronómicas y conciertos en directo. En estos recintos, la interacción con el público es directa y medible. El asistente genera impactos en redes sociales de forma orgánica y deja datos que las campañas de televisión convencional no pueden capturar.

El Mundial de 2026 acumula ya más de 1.000 millones de interacciones en plataformas digitales, según datos de seguimiento agregado, lo que lo convierte en el evento deportivo con mayor presencia simultánea en múltiples canales. Esa cifra no va a un solo titular, a una sola cadena ni a un solo formato. Se distribuye entre retransmisiones oficiales, clips no autorizados, análisis tácticos en YouTube, memes en Instagram y reacciones en directo en Twitch.

La FIFA mantiene el control sobre la infraestructura física de la competición: estadios, árbitros, derechos de televisión oficiales y reglamento. Lo que ya no controla es la conversación que rodea a esa infraestructura. Esa conversación la generan millones de usuarios, cientos de creadores independientes y plataformas que no firmaron ningún contrato con la federación con sede en Zúrich.

El negocio ya no está solo en los noventa minutos. Está en los márgenes.

Ibai Llanos, El Rubius o Auronplay tienen desde esta semana una obligación que hasta ahora solo concernía a Antena 3, Telecinco o Netflix: clasificar sus contenidos por edades e indicar si incluyen violencia, lenguaje soez, escenas sexuales o referencias a apuestas. 

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha iniciado el proceso de firma del acuerdo de corregulación para la calificación de programas y contenidos audiovisuales, una iniciativa que extiende al mundo de los creadores de contenido digital el mismo régimen de protección de menores que rige desde hace décadas para la televisión convencional.

El acuerdo, rubricado el pasado jueves junto al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública y los principales agentes del sector —entre ellos RTVE, Atresmedia, Mediaset, Movistar+, Forta, Autocontrol y varias organizaciones de consumidores—, ha tardado en cerrarse más de dos años y, de momento, no se conocen todos los detalles. 

Fuentes de la CNMC consultadas por infoLibre indican que previsiblemente la semana próxima se publicará el texto íntegro en el Boletín Oficial del Estado, momento en que se conocerán las categorías de edad homologadas y el catálogo definitivo de descriptores visuales que deberán acompañar a cada contenido.

La extensión de esta normativa a los creadores de contenido digital es posible gracias a la figura jurídica de los usuarios de especial relevancia (UER), acuñada por la Ley General de Comunicación Audiovisual de 2022 y desarrollada reglamentariamente en 2024. La ley los considera, a efectos de protección de menores y comunicaciones comerciales, prestadores de servicios de comunicación audiovisual, con obligaciones equiparables a las de un canal de televisión.

Para ser considerado UER, un creador debe cumplir dos requisitos simultáneamente. El primero es económico: haber obtenido durante el año natural anterior ingresos brutos iguales o superiores a 300.000 euros derivados de su actividad en plataformas de intercambio de vídeo. Bajo ese paraguas entran los ingresos por publicidad insertada en sus vídeos, los pagos directos de las plataformas, las cuotas de suscriptores, las ayudas públicas vinculadas a su actividad y cualquier otro ingreso derivado de ella. 

El segundo requisito es de alcance: haber superado en algún momento del año el millón de seguidores en una sola plataforma, o los dos millones sumando todas las plataformas en las que opere. Además, debe haber publicado al menos 24 vídeos en ese mismo año, con independencia de su duración.

La norma excluye expresamente a quienes no superen esos umbrales. El chaval que sube vídeos para sus amigos o el creador con decenas de miles de seguidores quedan fuera. La regulación apunta a los grandes, a quienes compiten por la misma audiencia —y la misma inversión publicitaria— que la televisión convencional.

La regulación audiovisual española contemplaba ya, para las plataformas bajo demanda, mecanismos de protección de menores distintos a los de la televisión lineal. Las restricciones horarias —que en televisión abierta prohíben contenidos para adultos antes de las 22:00 horas— no tienen sentido en servicios donde el usuario elige cuándo reproduce cada vídeo. 

La ley obliga a esas plataformas a sustituir las franjas horarias por controles técnicos: PIN parental para bloquear contenidos, perfiles infantiles que filtran automáticamente el catálogo y calificación de edad visible antes de reproducir cada vídeo.

El problema es que hasta ahora cada empresa usaba sus propios baremos. Una misma película podía estar clasificada como apta para mayores de 12 años en la televisión en abierto, de 16 en Netflix y de 14 en Prime Video, según los criterios internos de cada operador. El control parental que una familia configuraba en el televisor del salón no se trasladaba con coherencia a las aplicaciones del móvil o la tableta.

El nuevo acuerdo unifica ese sistema. El criterio de edad y los iconos descriptivos que aparezcan en una plataforma serán los mismos que en cualquier otra, y también los mismos que deberán usar los UER en sus canales de YouTube, Twitch o TikTok. Hasta ahora esos canales quedaban fuera de cualquier marco: un menor que no encontrara contenido adecuado en la televisión podía acceder sin filtro alguno a cualquier streamer.

El texto definitivo del acuerdo, pendiente de publicación, fijará las categorías de edad exactas y los descriptores visuales concretos. Con arreglo a los estándares europeos en los que se basa el sistema —similares a los del sistema europeo de clasificación por edades de los videojuegos—, los descriptores previstos se agruparán muy probablemente en áreas como violencia, sexualidad y desnudez, lenguaje soez y discriminación, consumo de sustancias y apuestas, y contenidos de impacto psicológico, entre los que se incluyen los retos o challenges peligrosos y los contenidos que puedan incitar a trastornos de conducta alimentaria o autolesiones.

Para los UER, el descriptor de lenguaje soez tiene una relevancia particular: es uno de los rasgos más habituales del entretenimiento en plataformas de streaming en directo, donde la espontaneidad del formato dificulta cualquier filtro previo.

El mecanismo de cumplimiento es inmediato. Según la información facilitada por el regulador, los prestadores de servicios audiovisuales de ámbito estatal —incluidos los UER— están obligados a adherirse a un sistema de regulación como el establecido en el acuerdo. La CNMC podrá iniciar actuaciones sancionadoras desde el día siguiente a la firma. No hay periodo de adaptación para quienes ya debían estar cumpliendo la ley: la firma activa directamente la capacidad sancionadora del regulador.

El modelo elegido es la corregulación, no la regulación unilateral. Reguladores, empresas del sector y organizaciones de la sociedad civil comparten la responsabilidad de aplicarlo. Una vez en vigor, cualquier ciudadano podrá presentar reclamaciones ante la CNMC si considera que un prestador ha clasificado mal la edad de un contenido o ha omitido algún descriptor.

La presidenta de la CNMC, Cani Fernández —que a partir de la semana que viene estará en funciones, al cumplir seis años en el cargo—, subrayó en el acto de firma que el sector audiovisual debe contar con marcos regulatorios adaptados a su evolución real. La secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, María González Veracruz, apeló a la idea de que innovación y protección no son términos incompatibles.

La incorporación de las comunidades autónomas al acuerdo será progresiva. En la firma inicial participaron el Consell de l'Audiovisual de Catalunya, el Consejo Audiovisual de Andalucía, el Consejo Audiovisual de la Comunitat Valenciana y las autoridades audiovisuales de Castilla-La Mancha y Navarra. El resto podrán adherirse en fases posteriores, lo que permitirá que las televisiones autonómicas y locales bajo su supervisión se incorporen gradualmente al sistema.

Durante el primer año, los órganos de gobernanza del acuerdo estarán integrados por los firmantes iniciales. A partir del segundo año funcionarán con renovación rotatoria, abierta a todos los adheridos.

Lo que queda pendiente es lo más concreto: las franjas de edad exactas, el diseño gráfico de los iconos y el catálogo definitivo de descriptores. Eso lo fijará el BOE, previsiblemente la semana próxima. 

OpenAI abrirá en la segunda mitad de 2026 su primera oficina en España. La sede estará en Madrid y ofrecerá, según el comunicado remitido a medios, “mejor apoyo” a una comunidad creciente de usuarios, empresas, desarrolladores, centros académicos y administraciones públicas. El anuncio coincide con un momento relevante para la compañía: el 22 de mayo presentó de forma confidencial ante la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) el documento previo a su salida a bolsa, y el 9 de junio reconoció públicamente su intención de cotizar en Wall Street antes de que acabe el año.

La apertura de la oficina madrileña no es un gesto aislado. Forma parte de una secuencia de movimientos que la empresa está ejecutando mientras ultima su oferta pública de acciones, prevista para el cuarto trimestre de 2026 y que los bancos asesores —Goldman Sachs y Morgan Stanley, con participación de JPMorgan— sitúan entre septiembre y noviembre. La valoración objetivo se mueve entre los 852.000 millones de dólares, cifra alcanzada en la última ronda de financiación de 122.000 millones cerrada en marzo de 2026, y el billón de dólares.

OpenAI justifica la elección de Madrid con un dato concreto: España figura entre sus cinco principales mercados europeos por usuarios activos semanales de ChatGPT. La compañía subraya además que el uso de sus herramientas entre empresas y desarrolladores españoles no ha dejado de crecer. La oficina, según el comunicado, reforzará tres tipos de perfil profesional: atención a clientes, puestos técnicos aplicados, y política pública e institucional. La ubicación exacta y los procesos de selección se anunciarán en los próximos meses.

Para entender qué tipo de sede será la madrileña, conviene situarla en el mapa europeo que OpenAI ha ido construyendo. La empresa ya dispone de una red de oficinas con funciones diferenciadas. Dublín actúa como ancla jurídico-regulatoria para la Unión Europea. Bruselas opera como antena de diálogo con las instituciones comunitarias. París, Múnich y Zúrich funcionan como centros de negocio y talento técnico.

Londres ocupa un lugar diferente. En febrero de 2026, OpenAI confirmó que la capital británica se convertiría en su mayor centro de investigación fuera de Estados Unidos. En abril anunció una sede permanente en el barrio de King's Cross, en los edificios Regent Quarter, Jahn Court y Brassworks Building, con una superficie de 8.200 metros cuadrados y capacidad para hasta 544 empleados. La apertura está prevista para 2027. El Gobierno británico y OpenAI firmaron además una alianza estratégica en julio de 2025 para impulsar la adopción de inteligencia artificial en el país.

Madrid no tiene ese mandato de investigación. El patrón del anuncio reproduce, casi palabra por palabra, el que de forma mucho más modesta OpenAI utilizó con París o Múnich: foco en acompañar a empresas en la integración de la IA, equipo local mixto con perfiles comerciales, técnicos e institucionales, y una retórica de “mercado en crecimiento” que convierte la decisión en lógica más que en excepcional. La capital española sería el séptimo nodo europeo de la compañía, tras Londres, Dublín, París, Bruselas, Zúrich y Múnich.

A pesar de ello, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, presentó la llegada de OpenAI a Madrid como una prueba de que la regulación española de la inteligencia artificial “hace (a España) ser cada vez más competitiva”. La decisión de la empresa “demuestra el enfoque que damos sobre la regulación” de la IA, defendió López. “Lejos de alejar la inversión”, la apertura “muestra que somos competitivos”. Y encuadró el anuncio en una narrativa de liderazgo tecnológico nacional, insistiendo, una vez más, en que España “va a ser un líder mundial” en tecnologías cuánticas.

El propio comunicado de OpenAI habla de otra cosa. Su oficina, subraya el texto, servirá para “reforzar la capacidad de OpenAI para colaborar con las empresas españolas a medida que pasan de experimentar con la IA a integrarla de forma más profunda en sus operaciones”.

La comparación con el resto del despliegue europeo de la compañía matiza la importancia de la oficina española. OpenAI lleva años instalando equipos locales en los mercados donde confluyen una adopción empresarial consolidada, ambiciones públicas en materia de inteligencia artificial y un marco regulatorio que, más que restringir, ofrece certezas para operar. España cumple esas tres condiciones. La apertura de Madrid responde a esa lógica de expansión, no a un incentivo regulatorio específico.

La oferta de venta de acciones en una bolsa de valores abierta al público general que OpenAI prepara ayuda a entender el calendario de este anuncio. La compañía presentó el 22 de mayo el documento que pone en marcha el proceso ante el regulador de EEUU y el 9 de junio reconoció públicamente su intención de cotizar. Los bancos asesores trabajan con un horizonte de entre septiembre y noviembre de 2026, aunque OpenAI ha subrayado que no hay fecha fija y que las condiciones del mercado podrían alterar ese calendario.

La cifra que circula en los informes de los analistas es la de un billón de dólares de valoración. Si se cumple, OpenAI se situaría como la cuarta empresa más valiosa del mundo, por detrás de Nvidia, Apple y Microsoft, y por delante de Saudi Aramco, Alphabet y Amazon. Los ingresos proyectados para 2026 rondan los 20.000 millones de dólares.

Una salida a bolsa de esa magnitud requiere que los inversores vean una empresa con presencia global consolidada. Cada oficina que OpenAI abre en los meses previos al debut bursátil forma parte del relato que la compañía construye para Wall Street: una empresa que no solo domina el mercado estadounidense, sino que ha echado raíces comerciales e institucionales en los principales países de Europa.

En ese contexto, Madrid aporta algo más que un mercado. Aporta la imagen de una compañía que ha cubierto las capitales política y económica de los cinco grandes países de la Unión Europea antes de pedir a los inversores que confíen en ella a escala planetaria.

OpenAI no es la primera empresa del sector que ha presentado su solicitud de salida a bolsa ante la SEC. Anthropic, el otro gran laboratorio de inteligencia artificial, puso en marcha el proceso el 1 de junio, diez días después que OpenAI. Su valoración actual supera la de su rival: 965.000 millones de dólares frente a los 852.000 millones que OpenAI registró en su última ronda. Sus ingresos anualizados a abril de 2026 también superan a los de OpenAI: 30.000 millones frente a entre 24.000 y 25.000 millones.

Anthropic apunta a cotizar en el Nasdaq en octubre de 2026, un mes después de la ventana que los analistas manejan para OpenAI. Junto a SpaceX, que también está en pleno proceso de salir a bolsa, las tres compañías sumarían una capitalización conjunta cercana a los cuatro billones de dólares si sus debuts bursátiles se completan en los términos previstos.

No es habitual para una columna de Inteligencia Artificial usar como fuente de inspiración una encíclica papal. Pero hay que reconocer que el actual jefe del Estado Vaticano se ha mojado, y mucho, con su Magnifica Humanitas, que, entre otras cosas, toca el tema de la nueva tecnología y se posiciona del lado de los humanos contra las grandes tecnológicas y el tecnofeudalismo.

No es que nos haya salido un papa negro y el fin del mundo se acerque como decía Nostradamus, sino que al igual que en su homónimo León XIII, que en plena revolución industrial promulgó su encíclica Rerum Novarum en un momento en que la Iglesia se debatía si debía meterse en las condiciones de los trabajadores o preocuparse solo de lo divino, desarrolló la doctrina social y vino a decir que la Iglesia no estaba solo para lo espiritual, y que no debía quedarse al margen. Ahora, León XIV repite la jugada con la IA, 135 años después y pisando callos.

Bien es cierto que no es la primera vez que el papa tiene que hablar sobre IA, y que en el mes de febrero hizo una comunicación interna pidiendo a los sacerdotes que “resistieran la tentación de usarla”, porque había detectado que numerosos curas le pedían el sermón a ChatGPT, y afirmaba que “si no se usaba el cerebro, se atrofiaba”. Curioso, lo mismo que dicen en las universidades sobre los alumnos y los trabajos hechos por IA, porque ahora los párrocos están haciendo e-sermones. Si es que en el fondo todos somos iguales, llevemos cuello azul, blanco o alzacuellos, somos unos comodones.

León XIV dedica el capítulo tercero de su encíclica, titulado Técnica y Dominio. La grandeza de las personas humanas frente a la IA, diciendo dice cosas como que “la tecnología no es una fuerza antagónica respecto a la persona”, pero indica que “no es neutra porque asume el rostro de quien la concibe, la financia, la regula y la utiliza”, y en su estilo retórico nos llama a “construir el bien” y a “permanecer humanos”, diciendo que “la persona no es un recurso que se usa y se explota” y que “la tecnología no debe concentrarse en manos de unos pocos”.

Hay que reconocer que en esta encíclica se pisan muchos callos. Incluso defiende la inmigración. Menos mal que en el resto del texto, el Pontífice vuelve por sus fueros y mete de cazo la condena al aborto y a la eutanasia, llamándolas “decisiones gravemente ilícitas”. En fin, la cabra tira al monte y este plumilla respira algo más aliviado y no tiene que desempolvar el Nuevo Testamento.

Pero bueno, dejemos a la Iglesia con sus contradicciones y vamos a desgranar algunos de estos puntos.

La Iglesia católica sabe mucho de feudalismo porque básicamente convivió y creció a su sombra durante siglos. Pese a ello, advierte sobre el peligro de que unos pocos magnates de Internet controlen la tecnología y los derechos. El Papa señala directamente que “los principales motores del desarrollo son actores privados, a menudo transnacionales, dotados de recursos y capacidad de acción superiores a los de muchos gobiernos”. Y remata con una bofetada: que algunas corrientes post humanistas llegan a plantear la existencia de seres humanos “de segunda clase, al servicio de los intereses de élites que se perciben a sí mismas como superiores”. En romance paladino: Peter Thiel, Elon Musk, Sam Altman y familia.

Con la afirmación que la “tecnología no es neutra y toma los sesgos de quien la concibe, la financia, la regula y la utiliza”, el obispo de Roma aclara que la IA actual tiene la dirección de tres fondos de inversión de riesgo de California y la ética de un consejo de administración que quiere reventar el mercado laboral. Que el Pontífice lo diga con esa claridad es un ataque a la superioridad moral de Silicon Valley. En el subapartado La dignidad del trabajo en la transición digitalÇ, León XIV afirma: “Cuando cada gesto deja huellas —desplazamientos, compras, relaciones, preferencias— se crea un poder nuevo: el de perfilar, prever y orientar los comportamientos, a menudo sin que las personas tengan plena conciencia de ello”. El papa está describiendo el modelo de negocio de Meta y Google con una precisión que duele.

El inquilino del Vaticano se va creciendo en su encíclica, y en el capítulo cuarto, Custodiar lo humano en la transformación. Verdad, trabajo, libertad, dice que “los trabajadores se ven obligados a adaptarse a la velocidad y a las exigencias de las máquinas, en lugar de que estas últimas estén diseñadas para ayudar a quienes trabajan”. Y va más allá: advierte que “en algunos contextos es realista temer una reducción significativa y rápida de los puestos de trabajo disponibles, con un efecto en cadena que afecta profundamente a las familias, a los jóvenes y a las economías locales”.

León XIV cita a Juan Pablo II, diciendo que “el desempleo es un mal grave que puede convertirse en una verdadera calamidad social”, y señala que la innovación se acoge “únicamente con el fin de reducir costes y aumentar los beneficios”. Que esto lo diga el Vaticano, que no es precisamente una ONG de izquierdas, y en palabras de Juan Pablo —que no Francisco— tiene su miga.

En el siglo XIX, un obrero inglés llamado Ned Ludlam que había perdido su trabajo, destrozó a martillazos el telar mecánico que le había sustituido y fue ajusticiado. Esto creó un movimiento que se oponía a la Revolución Industrial, destrozando máquinas y firmando sus acciones como capitán Ludd. La Iglesia tardó casi un siglo en reaccionar y proteger al trabajador, pero cuando lo hizo con la Rerum Novarum, entendió que el camino no era destruir la máquina, sino pastorear al capitalismo. Hoy, León XIV no nos está pidiendo que vayamos a las sedes de Google a quemar servidores con antorchas. Lo que hace la Magnifica Humanitas es avisar de que, si no queremos que la historia se repita en forma de conflicto social, la solución no es el sabotaje, sino la gobernanza de la inteligencia artificial. Hay que preparar el terreno legal antes de que el feudo digital no deje ni las migajas

Nos encaminamos a un conflicto social que puede dejar en rabieta al que se produjo en la Revolución Industrial, pero esta vez tenemos un competidor que no se cansa, no pide vacaciones y no tiene conciencia de clase. Así que la próxima vez que te digan que temer la IA es cosa de flojos que no quieren adaptarse, y que regular la IA va contra el mercado y la libertad, puedes responderle con los datos en la mano que solo estás citando al Papa. Y si encima tu interlocutor se declara cristiano conservador, o gente de bien de misa diaria, el cortocircuito será glorioso.

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Isaac Pozo es director de Proyectos de la Fundación Alternativas

Durante décadas, cuando pensábamos en infraestructuras estratégicas en una guerra, imaginábamos aeropuertos, puertos, centrales eléctricas, refinerías, satélites, redes ferroviarias o cables de telecomunicaciones. Sin embargo, en una sociedad digitalizada hay otra infraestructura que se ha vuelto igual de crítica, aunque sea menos visible: los centros de datos.

Los ataques con drones contra tres centros de datos de Amazon Web Services (AWS) ubicados en los Emiratos Árabes Unidos y Baréin, atribuidos a Irán, mostraron que la nube ha entrado en la lógica de la geopolítica. La nube es física. Tiene edificios, cables, energía y jurisdicción. Y, en tiempos de guerra, todo eso puede convertirse en objetivo.

Los ataques iraníes contra AWS muestran este cambio de época. Según Reuters, fueron una represalia iraní tras ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Los centros de datos en Emiratos Árabes Unidos y Baréin sufrieron daños físicos, problemas de energía y disrupciones de conectividad. Estos afectaron a servicios de computación en la nube (cloud) usados por bancos, empresas financieras y otros clientes de la zona. “Servicios cloud” se refiere a sistemas y datos alojados en servidores remotos, como los de Amazon Web Services.

Como consecuencia, AWS aconsejó a algunos clientes mover sus cargas de trabajo (aplicaciones, procesos o servicios) a otras regiones/centros de datos que no estuvieran afectados. O, en su defecto, hacer copias de seguridad (respaldar datos) en lugares seguros fuera de la zona.

El mensaje estratégico es claro: atacar un centro de datos no equivale solo a dañar un edificio tecnológico. Puede significar presionar a una empresa estadounidense y generar un dominó de daños que afecte a economías aliadas, interrumpa servicios civiles y cuestione la confianza en la infraestructura digital.

Los centros de datos son la columna vertebral de nuestra sociedad digitalizada, de la que dependen innumerables servicios online que necesitamos en nuestro día a día. Son infraestructuras sobre las que descansan bancos, hospitales, administraciones públicas, universidades, logística, comercio electrónico, medios de comunicación y servicios esenciales. Así, por ejemplo, en el gran apagón que vivimos en la península ibérica, la gente echaba más de menos no poder comunicarse o pagar con tarjeta que la luz en sí misma.

En España, las regiones con más centros de datos son Madrid, Aragón y Barcelona. Si Madrid y Aragón representan el músculo del procesamiento, Cataluña es el sistema circulatorio. Sant Adrià de Besòs alberga la Barcelona Cable Landing Station, (Barcelona CLS), un puerto digital neutral que sirve de punto de amarre para cables submarinos de fibra óptica de última generación, como el sistema 2Africa (que circunnavega todo el continente africano conectándolo con Europa), o el cable Medusa, un sistema de cable submarino de fibra óptica que conecta Europa con el norte de África y Oriente Medio, abarcando más de 8 700 kilómetros a lo largo de la región del Mediterráneo.

Estos cables discurren por el fondo del mar y transportan alrededor del 99 % del tráfico intercontinental. La estación de Besòs y las infraestructuras de interconexión asociadas en el área metropolitana de Barcelona no son solo infraestructuras locales: son el cordón umbilical que une a la Unión Europea con el norte de África, Oriente Medio y Asia. Si este nodo se interrumpe, el impacto de conectividad reverbera en todo el continente. Por eso, la sociedad está empezando a plantearse la importancia estratégica de estas infraestructuras y a tomar medidas para protegerlas.

Es importante distinguir claramente entre tolerancia a fallos y seguridad.

La tolerancia a fallos se resuelve principalmente con redundancia de servicios. Un centro de datos certificado de tipo Tier III o Tier IV (infraestructuras de misión crítica altamente confiable) puede tener redundancia eléctrica, refrigeración duplicada, generadores autónomos y varias rutas posibles en las vías de comunicación. Estas prevenciones lo hacen muy robusto frente a fallos técnicos. Pero no lo convierten automáticamente en una instalación preparada para guerra híbrida, sabotaje coordinado, ataques a la red eléctrica, cortes de fibra o crisis prolongadas de suministro.

Por eso, administraciones y empresas deberían conocer mejor sus dependencias digitales. ¿Dónde están sus datos? ¿En qué nube o región cloud? ¿Qué servicios son críticos? ¿Existen copias fuera de línea? ¿Se ha probado la recuperación? ¿Puede operar una administración si fallan durante horas su proveedor cloud o centro de proceso de datos, su sistema de identidad o su red corporativa?

España dispone de un marco legal de protección de infraestructuras críticas. La Ley 8/2011 y el Real Decreto 704/2011 regulan la protección de aquellas infraestructuras cuya interrupción tendría un impacto grave sobre servicios esenciales. El sistema está coordinado por el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas, dependiente del Ministerio del Interior. La lista concreta de operadores e instalaciones críticas no es pública, precisamente por razones de seguridad.

Esto significa que no podemos afirmar alegremente que un determinado centro de datos esté protegido por defensa, policía o medidas especiales. Algunos podrían estar incluidos en planes de protección si soportan servicios esenciales; otros no. Además, proteger una infraestructura crítica no significa necesariamente poner soldados en la puerta. Puede implicar planes de seguridad, coordinación con autoridades, análisis de riesgos, protocolos de respuesta, ciberseguridad, control de accesos, redundancia y controles periódicos.

La defensa civil del siglo XXI no consiste solo en proteger carreteras, hospitales, puertos o centrales eléctricas. También requiere garantizar que los servicios digitales esenciales puedan seguir funcionando ante la amenaza posible a infraestructura que los sostienen. La nube también es un objetivo de guerra.

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Pedro García López es catedrático de Universidad en la Universitat Rovira i Virgili, investigador principal del Grupo CloudLab y experto en Computación en la nube

El futuro tecnológico que dicta Silicon Valley no está escrito en piedra. Cientos, miles, quizá millones de plumillas harán falta para contar una historia distinta sobre el siglo XXI. Créanme, el fin del trabajo no es la utopía socialista anhelada: alguien tendrá que narrar lo que venga después, y a nuestras máquinas de escribir inteligentes no les quedan tantos años de energía. Pero parece que a muchos periodistas se nos ha olvidado, entre el ritmo cacofónico del capitalismo lingüístico del clickbait, que las palabras crean mundos. Fue en algún momento entre la crisis de las puntocom y el crash financiero global que se nos extravió la concepción material de nuestra práctica. En la era en la que las plataformas han roturado el suelo sobre el que se cuentan los sucesos, los periodistas somos formalmente libres de escribir cualquier cosa y de hacerla llegar al planeta entero. Pero solo si esa información genera engagement social, si se vuelve viral, es decir, si en último término produce interacciones que maximizan el beneficio y abaratan el coste de cada artículo. Más impactos, más feedback, más publicidad dirigida vendida. 

No es solo que hayamos perdido el poder sobre las imprentas, es que las imprentas se han convertido en oleoductos tecnológicos, y los periodistas en los operarios que extraen el crudo para que los tech bros lo refinen de la manera en que mejor se adapte a su visión del mundo. Y así seguirá siendo mientras las infraestructuras que organizan la opinión pública –los servidores, los algoritmos, las métricas, los sistemas de reputación e identidad, las redes neuronales– pertenezcan a Google y a Meta. La imprenta digital de estas empresas ha colonizado los últimos reductos del mundo de la vida democrática; esa esfera donde el difunto Habermas situaba la conversación, el diálogo y la deliberación cotidiana. En los últimos años se han privatizado los mecanismos que sostienen la atención pública sobre lo que se cuenta. La racionalidad sistémica del dinero y del poder tecnológico ha dejado de presionar desde fuera a los guardianes de la información para censurar artículos: el periodismo del caso Watergate murió para siempre en 2007 y ahora su herencia se reparte entre patrimonios construidos en la nube. 

Jeff Bezos compró el Washington Post por 250 millones y, una década después, su lema pasó de “la democracia muere en la oscuridad” a una defensa de “las libertades personales y el libre mercado”. Patrick Soon-Shiong adquirió Los Angeles Times, y poco después una inteligencia artificial reetiquetaba los artículos de opinión según el “sesgo” del accionista. Elon Musk pagó 44.000 millones por Twitter para que sus algoritmos ocultaran los enlaces a la prensa progresista. El hijo de Larry Ellison –fundador de Oracle, cuarto hombre más rico del mundo– se sienta sobre el accionariado de CBS News. Marc Benioff, CEO de Salesforce, compró Time y la convirtió en púlpito de su “capitalismo de stakeholders”. Los ejemplos son interminables: Laurene Powell Jobs con The Atlantic, John Henry con el Boston Globe, Joe Mansueto con las revistas Fast Company e Inc. 

Si los medios de comunicación han sucumbido a los magnates tecnológicos es porque fueron los primeros en caer en el fetiche de que la digitalización era sinónimo de innovación. Esa es la conclusión del libro Despertar del sueño tecnológico, que escribí en 2019. La crisis económica no solo se llevó por delante a millones de editores, corresponsales, cronistas, colaboradores de toda índole, sino también el modelo de negocio que los sostenía. La ideología solucionista de Silicon Valley predicó un futuro tecnológico ante el cual las redacciones debían someterse para no quedar fuera del nuevo siglo, mientras les entregaba sus poderosas herramientas de analítica, engagement, optimización y embudos de conversión. Pongamos los ejemplos del Digital News Innovation Fund (DNI) / Google News Initiative y del Facebook Journalism Project. Presentados como ejercicios de filantropía para combatir la desconfianza hacia los medios, funcionaron como un caballo de Troya para “capturar el periodismo”. El gran capital tecnológico –no los directores de las cabeceras, ni mucho menos los sindicatos de periodistas– decidió qué problemas merecían solución y en qué términos. Por eso la única condición para acceder a las becas de Silicon Valley era que las tecnologías fueran monetizables. Y progresivamente se transformó la naturaleza institucional de los periódicos. Las redacciones se convirtieron en laboratorios de I+D y los periodistas en científicos de datos.

El Washington Post desplegó Heliograf, un sistema que en su primer año publicó 850 artículos automatizados. The New York Times delegó parte de la moderación de sus comentarios en Perspective API, un algoritmo de Google que decide si las intervenciones del lector son admisibles en el debate público. El Mundo recibió financiación de Google para implementar Content Intelligence, un modelo de aprendizaje automático diseñado para maximizar los ingresos publicitarios de cada artículo. Público desarrolló el Transparent Journalism Tool, un sistema que cuantificaba el coste exacto de producir cada pieza para luego recibir micropagos. La agencia británica Press Association construyó RADAR, un servicio capaz de generar 30.000 historias locales automatizadas al mes a partir de bases de datos públicas, distribuidas hoy a cientos de medios regionales que en su mayoría han ido prescindiendo de los reporteros en los últimos años. Incluso los periodistas que recibían dinero para proyectos de test A/B en Google Analytics alimentaron durante años los modelos lingüísticos que terminarían sustituyéndolos. Detrás de todo también está el trabajo gratuito del ejército de periodistas precarios que labran su marca online produciendo contenido viral en las redes sociales de Meta, y el trabajo invisible de las redacciones que rellenan el cuadro de indexación para aumentar el tráfico en el motor de Google.

Las cosas no mejorarán con la llegada de la IA. Los estudios confirman que la dependencia de las redacciones respecto a las plataformas no desaparecerá. Se volverá “invisible”. Más que en algoritmos inmateriales, la imprenta digital se sostiene en cables submarinos, puntos de intercambio, CDNs, centros de datos y servicios cloud. Hasta el prestigioso Columbia Journalism Review concluye que la complejidad técnica de la IA está generando nuevos lock-ins donde los medios grandes consiguen acuerdos especiales para acceder al desarrollo de los modelos de frontera mientras los medios locales, pequeños y del Sur Global quedan rezagados, lo que reduce la diversidad de los contenidos y de los modelos futuros. Según el consenso de las revistas académicas especializadas en periodismo, el giro hacia la IA monopolizará para siempre el poder de definir qué es una noticia. Las respuestas a los problemas de los medios no vendrán de Palo Alto, y tampoco las soluciones. Debemos liberarnos del mito originario de la inteligencia artificial.

Al fin y al cabo, como polemizó Evgeny Morozov en The Guardian, “la inteligencia artificial no es ni inteligente ni artificial”. No hay ejemplo que mejor ilustre esto que una redacción periodística. Todo sistema inteligente necesita del trabajo creativo de los plumillas, así como de las instituciones culturales y mediáticas que se han ido construyendo en los últimos siglos de historia. La “inteligencia artificial” es siempre “inteligencia colectiva”: el archivo acumulado de periódicos y revistas, los criterios de edición, las relaciones con autores, los rituales de presentación, el diseño tipográfico reconocible, la disposición física de los periódicos en los quioscos, el hábito de los lectores. Todo ese conjunto material y social incorpora una forma de ver el mundo que no se almacena en ninguna superinteligencia. Vive en la práctica comunicativa de seleccionar, editar y distribuir; exige ciertos gestos y excluye otros, produce sentido donde antes no había más que palabras sueltas. 

Para salir del fetichismo de la IA generativa y de la excepcionalidad algorítmica, el filósofo brasileño Álvaro Vieira Pinto nos invita a pensar que ninguna tecnología es meramente moderna. No existe un salto cualitativo entre el escriba medieval, el linotipista del siglo XIX, el ludita del Washington Post que en los setenta saboteó las rotativas industriales y la red neuronal entrenada con el archivo digitalizado de un periódico que escribe los artículos automáticamente. Los humanos, y también los periodistas, siempre hemos sido tecnológicos: observamos la realidad y reflexionamos sobre las fuerzas naturales, nos abstraemos creando formas de conocimiento y desarrollando métodos para transmitirlos, y lo aplicamos sistemáticamente para transformar el mundo mediante proyectos tan ambiciosos como lo fue la imprenta de Gutenberg.

Las máquinas son siempre extensiones del poder creativo, reflexiona Vieira Pinto. Lo único que las vuelve deshumanizadoras son las relaciones sociales en las que se inscriben, la división del trabajo intelectual y la propiedad privada. Es por eso que debemos recuperar la lección del periodismo ilustrado: la profundidad del lenguaje, el pensamiento conceptual y el uso de la palabra son tecnologías de creación de mundos. Pero solo si renunciamos a que el mercado sea la única institución para codificarlos en la esfera pública. La información no puede ser una mercancía, los regímenes de verdad no pueden estar sometidos a la competencia. Como decía Raymond Williams, “una sociedad libre requiere que los medios de comunicación sean elementos de educación extendidos, infraestructuras democráticas que van más allá de la mera transmisión de mensajes entre emisor y receptor”. La comunicación es siempre un proceso de comunidad: compartir significados, actividades y finalidades comunes; proponer, recibir y comparar nuevos significados, que llevan a los logros del progreso social. 

Pensar la inteligencia artificial requiere hacerlo fuera del modelo hegemónico de las plataformas. Recordemos el debate sobre el Nuevo Orden Mundial de la Información y la Comunicación que ocupó a la UNESCO y al Movimiento de Países No Alineados durante los años setenta y ochenta. Una comisión experta, presidida por el premio Nobel Seán MacBride, elaboró una serie de recomendaciones para democratizar el orden informativo mundial, promover la paz y el desarrollo humano. El informe resultante, Many Voices, One World, defiende que los medios tienen nuevas tareas sociales, que el acceso a la información es un recurso esencial para construir un mundo interdependiente, respetuoso con las identidades culturales y los derechos individuales, y que la comunicación es un derecho democrático fundamental. 

Este proyecto fracasó estrepitosamente por culpa de Margaret Thatcher y Ronald Reagan, pero sentó las bases para muchas otras formas de entender las tecnologías. Indymedia fue el primer ensayo planetario de periodismo ciudadano construido desde los movimientos de alterglobalización, donde la lucha por el software libre se entrelazaba con la batalla por el conocimiento abierto. WikiLeaks demostró que la información puede emplearse para revelar elementos de la realidad que muchas veces la propiedad privada del conocimiento esconde. Wikipedia nació con un gesto similar, pero recordando que las bibliotecas y archivos existen desde hace siglos al margen de las leyes de la propiedad intelectual. 

La tarea utópica en el presente es construir un nuevo stack: mapear los experimentos del pasado y del presente que han creado nuevos mundos, desarrollar las herramientas necesarias para diseñar qué tipo de vida en común queremos y, sobre ese mapa, levantar una pila de instituciones radicalmente distinta a la que la Costa Oeste estadounidense nos ha vendido durante quince años. Aplicado al periodismo y a la inteligencia artificial, ese stack pasa, en primer lugar, por modelos de propiedad alternativos. 

Existen al menos 29 cooperativas periodísticas internacionales donde los lectores tienen voto sobre la línea editorial y existen tecnologías de deliberación democrática como Decidim para debatir sobre los temas que merecen ser narrados y con qué enfoques. Frente a la falsa dicotomía entre rentabilidad y servicio público, caben plataformas digitales en propiedad de los trabajadores, los usuarios o ambos. Imaginemos además que cada ciudadano dispone, junto con su renta básica y cesta de servicios digitales gratuitos, de un crédito anual destinado a financiar los medios cooperativos que él mismo elija.

Pasa, en segundo lugar, por construir infraestructuras públicas e internacionales de innovación tecnológica que socialicen las herramientas de visualización, investigación y creación. Fondos que faciliten el florecimiento de iniciativas individuales, que permitan escalar las más sostenibles con servidores y archivos comunes y sobre los cuales se levanten las imprentas digitales. La creación de consorcios internacionales de investigación para publicar exclusivas mundiales sobre corrupción prueba que el modelo en red multiplica la capacidad del periodismo, siempre y cuando se construya sobre la solidaridad y el reparto de la visibilidad entre medios de comunicación. 

Pueden desarrollarse, también, small language models de código abierto (menos de 10.000 millones de parámetros) alojados en centros de datos de titularidad pública y entrenados con datos verificados. Muchas informaciones importantes en los últimos diez años han salido de redes mixtas de investigación forense ciudadana donde un arquitecto, un programador, un vecino y un periodista reconstruyen bombardeos, masacres, accidentes industriales con imágenes abiertas. Hasta pueden fomentarse materiales pedagógicos y culturales colaborativos, lo que evitaría que cada redacción tenga que pagar cantidades millonarias a Silicon Valley por token usado.

Los medios públicos como “infraestructura crítica democrática” requieren redes federadas interdisciplinares –ya bosquejadas en el Fediverso, Mastodon, Lemmy, Peertube o en decenas de protocolos como ActivityPub– capaces de curar la esfera pública sin necesidad de algoritmos de estandarización ni publicidad dirigida (como hace The Syllabus), lo que además devolvería al lector la posibilidad de descubrir lo genuino y al periodista la libertad creativa. Los servidores interoperables permiten que cada instancia se autogobierne, que el lector deje de ser un espectador y pase a ser productor, transformando así las condiciones técnicas en las que la información se produce y distribuye. Si el algoritmo es, además, modificable, se adaptará a las decisiones que vayan tomando las distintas comunidades. Sobre esa base podrían levantarse escuelas populares de OSINT, de uso de IA, de archivos digitales y de redacción.

Ese stack alternativo pasa por institucionalizar lo invisible de la comunicación cotidiana: que un artículo escrito por el periodista de cualquier medio pueda dialogar con un archivo público de libros, con una base de datos científica abierta, con otra crónica local, con conversaciones grabadas en museos, bibliotecas y espacios autogestionadas, o con el enorme ecosistema de pódcasts. Y todo con un modelo lingüístico entrenado sobre el procomún que permita a cada ciudadano llevar a cabo ese viaje, si quiere como lector, pero también con las capacidades adquiridas para tomar la palabra. Solo entonces podrán convivir las tecnologías y los periodistas, cuando las prácticas que ya están naciendo dejen de ser experimentos aislados y se nombren y se compartan para generalizarse. 

Las prácticas que harán posible la convivencia entre tecnología y periodismo ya existen. Falta nombrarlas, compartirlas y multiplicarlas hasta que dejen de ser algo excepcional. 

*Ekaitz Cancela es escritor, investigador y editor. Autor de ‘Utopías digitales. Imaginar el fin del capitalismo’ (Verso Libros, 2023).

La carrera por el dominio de la inteligencia artificial da un nuevo salto. Anthropic, creadora de Claude, ha presentado el borrador para salir a Bolsa. La empresa dirigida por Dario Amodei presentó esta semana de forma confidencial ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) el borrador de registro para una futura oferta pública inicial (OPI) adelantándose así a OpenAI, que llevaba meses anunciando la posible salida.

La compañía confirmó a través de un comunicado la intención de cotizar en bolsa. La presentación del formulario S-1 abre la puerta a que, una vez revisada la documentación por la SEC, pueda debutar en Wall Street.

Que el anuncio se haya hecho de forma confidencial, y a través de formulario, es ya una práctica habitual de las grandes empresas porque evita revelar de inmediato información sobre ingresos, costes o rentabilidad. 

La relevancia del movimiento de los de Amodei es que la salida a bolsa  supone abandonar las rondas multimillonarias de capital riesgo  a las que se han enfrentado tanto Anthropic como el resto de startups tecnológicas desde finales de 2022, cuando apareció en escena OpenAI con su famoso ChatGPT.

“Con la salida de una de estas compañías, el mercado comenzaría a poner un precio público, diario y verificable a un sector que hasta ahora se ha valorado principalmente con rondas privadas y con mucha expectativa de crecimiento”, explica a  infoLibre Patricia García, directora del Máster en Finanzas de ESIC Business & Marketing School.

El interés de los mercados y de la prensa económica se explica por la magnitud de la compañía. Anthropic cerró recientemente una ronda de financiación que elevó su valoración hasta los 965.000 millones de dólares.

Según García, una gran salida a bolsa obligará a “traducir el relato en múltiplos cotizados: ingresos, márgenes, consumo de capital, capacidad de monetización y visibilidad del beneficio”. En su opinión, la primera gran OPI de IA servirá además como referencia para todo el sector. 

“Si el mercado acepta múltiplos muy elevados, estará validando buena parte de la narrativa de crecimiento de la IA generativa. Pero si exige descuento o se muestra más duro con la ejecución, ese primer precio también puede actuar como señal de prudencia para cualquier otra compañía que quiera salir después”, añade.

La futura llegada a Wall Street plantea nuevas exigencias para estas empresas que, como apunta para infoLibre Carlos Cosials, director del Máster en IA de UIC Barcelona y presidente de Aseitec, cotizar en bolsa “implica estar en el ámbito especulativo, pero con unas reglas que demandarán mayor transparencia” y, por supuesto, estas compañías “deberán mostrar cuáles son los verdaderos motores que garantizan su rentabilidad futura”. 

Cosials plantea una idea importante con respecto al interés de los inversores: si la inteligencia artificial terminará por convertirse en una infraestructura indispensable de la economía digital. “La duda es si el search [Google] pasará a research inteligencia artificial generativa] y quién dominará ese mercado de forma cuasi monopolística”, como ocurrió con  Google, el buscador que se convirtió en la referencia de búsqueda en la web hasta con un verbo “googlear”.

La salida a bolsa de Anthropic va a fijar “el marco psicológico con el que el mercado va a juzgar a los que vienen detrás”, recuerda Cosials. La compañía de Amodei nació en 2021, fundada por empleados descontentos con OpenAI y con la dirección de Altman. Desde entonces, ambas compañías han competido por llegar más lejos con sus desarrollos.

Pero la diferencia estratégica entre ambas compañías será clave, como sostiene Cosials, para determinar qué modelo empresarial —enfocado a usuario o a negocio—será capaz de sostener “un negocio gigante en el tiempo”.

Mientras OpenAI ha construido buena parte de su crecimiento alrededor del mercado de consumo gracias a ChatGPT, Anthropic ha apostado por clientes corporativos. 

“El filón que ha encontrado Anthropic está referido a un ámbito que no está muy regulado, el de la calidad del software. La capacidad de generar y analizar código ha sido excepcional y le permite entrar en modelos B2B (negocio), frente al modelo B2C (usuario) que ChatGPT está eminentemente aplicando. Eso le permite asegurarse un modelo de ingresos más sostenido y menos intervenido”, añade.

El entusiasmo de los mercados convive con un debate cada vez más intenso sobre la sostenibilidad económica del sector.

Las grandes tecnológicas han anunciado inversiones que superan los 750.000 millones de dólares este año. Nunca antes se había destinado tanto capital, en tan poco tiempo, al desarrollo de una tecnología emergente que está creciendo a la par que se está usando.

El modelo de negocio sigue bajo escrutinio porque “genera incertidumbre, sobre todo por el lado de los costes”, señala Garcia. El entrenamiento y funcionamiento de los modelos exige inversiones multimillonarias en chips, centros de datos y energía.

Para García, la compañía llega al mercado en una posición de fortaleza poco habitual. “Se ha comunicado un run-rate —proyección anualizada— de ingresos de 47.000 millones de dólares y cerró una ronda de 65.000 millones para una valoración total de 965.000 millones, lo que le da una posición muy fuerte” frente al resto de competidores, sostiene. La experta recuerda, además, que distintas informaciones apuntan a que la empresa podría acercarse a su primer trimestre rentable.

¿Qué ocurre cuando una tecnología nacida como startup se convierte en infraestructura económica? La salida a bolsa de Anthropic obligará a comprobar si la inteligencia artificial generativa es ya un negocio extraordinariamente rentable o sigue siendo una apuesta sobre beneficios futuros.

Para García, la respuesta se sitúa a medio camino. “Los últimos datos sugieren que la IA generativa ha dejado de ser solo una promesa tecnológica y se ha convertido en una realidad de negocio”, sostiene.

“No todo vale cuando aspiras a ser corporación”, advierte Cosials que apunta a que la salida a bolsa someterá a Anthropic “al escrutinio de los resultados donde, tanto capitalistas (mercado) como instituciones (reguladores), puedan tener evidencias de garantía de que el valor se preserva y la prestación del servicio es conforme”.

En última instancia, la directora del Máster de Finanzas cree que la salida a bolsa de Anthropic no solo pondrá a prueba a la compañía de Dario Amodei, también obligará a Wall Street a decidir si una empresa nacida hace cinco años merece una valoración cercana al billón de dólares.

Ashoka es una organización internacional estadounidense fundada en 1980 por el abogado y exconsultor Bill Drayton, cuya principal ocupación es identificar y financiar a los llamados emprendedores sociales. En España, la organización lleva 20 años operando y dentro de sus redes se desarrollan más de 60 proyectos repartidos entre nuestro país y Portugal, explica Irene Milleiro, directora general de la entidad en la península ibérica. "Intentamos buscar personas que tengan una idea innovadora y que traten de dar soluciones estructurales a los problemas sociales", señala Milleiro. De hecho, Drayton recibió el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional en 2011. 

En el caso de Ashoka, explica Milleiro, buscan proyectos que "no tengan como objetivo solo ganar dinero, sino resolver problemas sociales" y hacerlo de forma estructural. "Por ejemplo, trabajamos con programas que no buscan solo animar a los supermercados a que no tiren comida, sino impedir con planes y regulación el desperdicio alimentario", remarca. Otra de las patas de su proyecto en España es la lucha contra la polarización social en las redes sociales y los medios de comunicación. Por un lado, lo hace colaborando con medios especializados en verificación de datos, como Verificat, una asociación sin ánimo de lucro que se dedica a contrastar información. "Trabajamos con ellos en proyectos destinados, por ejemplo, a formar tanto a niños como a personas mayores o agentes sociales en la lucha contra los bulos y la desinformación".

Otro ejemplo es The Self-Investigation, una organización global que trabaja la salud mental en las redacciones y cuya fundadora, Mar Cabra, fue premiada por Ashoka en 2023. También han reconocido a Clara Jiménez Cruz, cofundadora del medio Maldita.es, que se dedica a contrastar la información que llega a los lectores comprobando datos y fuentes. Jiménez es también presidenta de la Red Europea de Estándares de Verificación (EFCSN) y miembro del Grupo de Alto Nivel de la Comisión Europea sobre desinformación. 

"Primero tratamos de ayudarles a crear una identidad y a comunicar su proyecto", señala la directora general de Ashoka. Pero también aportan financiación: "Les damos durante los tres primeros años un estipendio de alrededor de 25.000 euros al año –aunque el importe puede variar según el caso– para que puedan centrarse en su proyecto, ya que muchas veces esta gente tiene otro trabajo aparte", explica.

Milleiro destaca también el proyecto Polarization Footprint (huella de polarización en castellano), creado por Helena Puig y en el que se ha basado la nueva herramienta lanzada por el Gobierno HODIO, creada para medir y evaluar la presencia de discurso de odio y polarización en redes sociales. "Es como un medidor del nivel de polarización. Igual que somos capaces ahora de medir las emisiones de carbono, las herramientas de este tipo nos permitirán saber quién emite más o menos bulos, plantear multas o saber cuánto se contamina –entre comillas– la democracia", concluye la directora.

El balance de estos 20 años que hace Irene Milleiro es positivo, aunque reconoce que durante este tiempo han visto un cambio "muy importante" en el ecosistema de emprendimiento social en España: "Al principio nadie sabía ni qué quería decir este concepto", apunta, pero ahora es un sector "al que se han incorporado muchos actores", concluye. Eso sí, cuando les contactan a algunas de las personas que seleccionan, bromea, tienen que explicarles a los propios emprendedores que su idea va más allá de un proyecto empresarial y tiene potencial para mejorar la sociedad.

Los temas en los que buscan incidir y en cuyos proyectos pone más interés Ashoka son principalmente cuatro: proyectos educativos, respeto al medio ambiente, nuevas tecnologías y longevidad. "La idea es sentar a todos estos emprendedores a hablar sobre los retos sociales, porque en un mundo tan complejo como el actual, cada vez es más difícil darles respuesta atendiendo únicamente a un aspecto concreto", puntualiza. Su idea: "Generar laboratorios de ideas en torno a diferentes temas".

La elección de estos bloques temáticos y la función de Ashoka responde a la necesidad de poner a conversar "en un mundo tan polarizado" a personas diferentes, insiste Milleiro.

La educación y la tecnología se conciben como elementos clave para entender un espacio social que cambia continuamente, y aquí entran proyectos como plataformas de aprendizaje online, proyectos para orientar el uso de la inteligencia artificial o un libro sobre proyectos educativos adaptados a la realidad social.

En cuanto a la longevidad, uno de los grandes retos de países como España, Ashoka ha lanzado con la colaboración de Danone Nutricia, tienen abierta la convocatoria Radar de Impacto para identificar y apoyar soluciones transformadoras en torno a la longevidad. Este ámbito, concluye Milleiro, se ha abierto para tratar "todo lo que tiene que ver con esta revolución demográfica, en la que va a haber muchas más personas mayores y para aportar ideas sobre cómo garantizamos que esas personas tengan una vida plena y activa".

El uso de herramientas algorítmicas en el ámbito penitenciario español plantea problemas jurídicos relevantes. Una investigación periodística de la Fundación Civio, una organización especializada en la vigilancia de los poderes públicos, reveló que las prisiones españolas continúan utilizando un instrumento diseñado a comienzos de la década de 1990, y que no ha sido actualizado de manera sustancial desde entonces, para decidir cuándo conceder permisos de salida. El dato no es menor: se trata de una herramienta que influye de forma directa en decisiones con impacto inmediato sobre derechos fundamentales de las personas privadas de libertad.

Pero el problema va más allá de la obsolescencia tecnológica. Incluso cuando estos instrumentos han sido revisados o sustituidos por modelos más recientes, persisten déficits estructurales de gran calado jurídico. La opacidad del funcionamiento interno, la falta de explicaciones de los criterios utilizados y la dificultad de someter los resultados a un control jurisdiccional efectivo siguen siendo constantes.

El caso de RisCanvi, utilizado en el sistema penitenciario catalán, es especialmente ilustrativo.

Se trata de una herramienta técnica de apoyo a la decisión penitenciaria: es un algoritmo. Desde su creación, y hasta 2021, se aplicó en más de 89.000 casos y se ha utilizado para decidir cuándo una persona presa en Catalunya podía obtener un permiso de salida o avanzar en su proceso de reinserción. Todo ello a partir de una pregunta aparentemente sencilla: ¿qué riesgo representa que esta persona salga a la calle?

La cuestión que hoy se plantea no es si evaluar el riesgo de reincidencia es legítimo, sino cómo se hace, con qué datos y bajo qué garantías. Porque cuando la respuesta la da un algoritmo, el derecho exige algo más que eficacia: exige legalidad, transparencia y no discriminación.

El funcionamiento interno de RisCanvi es profundamente opaco. Se desconoce cómo se combinan las variables, qué peso tiene cada factor o de qué modo se corrigen posibles sesgos. Esta falta de explicabilidad entra en tensión directa con el principio de transparencia algorítmica que el Tribunal Supremo ha reconocido recientemente para los instrumentos utilizados por la Administración.

No se trata de una carencia meramente técnica. Dado el alcance del sistema, la opacidad dificulta seriamente el control de sus resultados y desarticula, en la práctica, el derecho de defensa de las personas afectadas, que no pueden conocer ni impugnar los criterios que han condicionado la decisión.

De hecho, el único aspecto del sistema al que se ha tenido acceso es el listado de variables que analiza. En su versión “completa”, utilizada cuando el riesgo se considera elevado, RisCanvi se basa en 43 variables, todas ellas tratadas como factores de riesgo. Su mera presencia empeora la valoración final y aumenta la probabilidad de una decisión restrictiva del derecho a la libertad.

RisCanvi evalúa un conjunto amplio de factores que incluyen tanto variables conductuales como información de especial sensibilidad. Entre ellas se encuentran la presencia de trastornos mentales, el consumo de alcohol u otras drogas, los intentos de autolesión, el comportamiento sexual, determinados valores personales, la carencia de recursos económicos, la ausencia de apoyo familiar o la existencia de antecedentes delictivos en la familia de origen.

Junto a estas variables, el propio manual del protocolo reconoce la incidencia de cuatro elementos adicionales –sexo, edad, nacionalidad y situación penal– en el cálculo final del nivel de riesgo. En otras palabras, el algoritmo no se limita a evaluar lo que una persona ha hecho, sino que incorpora quién es, de dónde procede y en qué condiciones vive.

La identificación de estas variables tiene su origen en la investigación psicológica y resulta coherente desde esa óptica. Sin embargo, cuando tales variables se trasladan al ámbito jurídico –y, en particular, condicionan la restricción de derechos fundamentales– dejan de ser una cuestión meramente técnica.

En este contexto, la aplicación de estos instrumentos debe someterse a los principios y garantías establecidos por el ordenamiento jurídico, como la legalidad, la igualdad y la prohibición de discriminación. Es en este punto donde afloran las principales tensiones.

Muchos de estos datos pertenecen a categorías especialmente protegidas por el derecho español y europeo, precisamente porque su uso puede generar estigmatización y trato desigual. La normativa española y la de la Unión Europea sobre protección de datos en el ámbito penal no solo limita su tratamiento, sino que prohíbe expresamente la elaboración de perfiles que produzcan discriminación.

Sin embargo, en RisCanvi estos elementos funcionan como agravantes automáticos: una persona con un trastorno mental, joven, extranjera, con una determinada conducta sexual o una situación económica precaria puede obtener un peor pronóstico que otra en situación comparable que no presenta esas características. Y con ello, se eleva la posibilidad de que se restrinja su derecho a la libertad.

El derecho de la Unión Europea ha sido tajante al respecto: no es lícito establecer un trato desfavorable por estos motivos, ni siquiera cuando se invoquen datos estadísticos. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya rechazó este tipo de razonamientos en ámbitos como el de los seguros, donde se pretendía justificar diferencias por sexo a partir de datos actuariales.

En este sentido, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha insistido en que las decisiones penitenciarias deben basarse en evaluaciones individualizadas, no en atribuciones automáticas derivadas de pertenecer a un grupo.

En una sentencia reciente, el Tribunal puso en duda que diferencias basadas en el sexo –aunque se apoyen en datos empíricos– puedan justificar restricciones en el acceso a permisos penitenciarios. La razón es estructural: el principio de resocialización es universal y no admite modulaciones basadas en características personales protegidas.

El debate sobre RisCanvi no es técnico ni exclusivo de expertos: es una cuestión democrática.

Aceptar que un algoritmo penalice automáticamente ciertas características personales equivale a normalizar una discriminación institucional, revestida de neutralidad científica.

Cuando una herramienta informática condiciona quién puede salir de prisión o avanzar hacia la reinserción, la pregunta decisiva no es si el algoritmo es eficiente, sino si es legítimo.

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Miquel Julià-Pijoan es profesor de Derecho Procesal, UNED - Universidad Nacional de Educación a Distancia.

¿Sabías que la Constitución española establece que, bajo el principio de igualdad, todos sus ciudadanos deben contribuir, de acuerdo con su capacidad económica, al sostenimiento de los gastos públicos? Pues hemos observado que hay algunos que no están cumpliendo esta norma y, además, están abusando de nosotros.

Imaginemos que tenemos un mineral precioso enterrado en nuestro jardín y nadie nos paga nada por extraerlo, venderlo o acumularlo. Algo parecido ocurre hoy con los datos digitales: tienen un valor económico enorme, se extraen masivamente y, sin embargo, las operaciones que los rodean no suelen pagarse ni someterse a tributación.

Cada vez que aceptamos las cookies en una web, usamos una red social o consultamos un mapa en el móvil generamos datos que las empresas aprovechan como materia prima. Nuestra investigación demuestra que este patrimonio digital invisible permanece, en gran medida, fuera del radar de los impuestos.

Pongamos un simple ejemplo: si accedemos a un periódico online aparecerá un mensaje diciéndonos que, si aceptamos el uso de cookies, podremos seguir navegando gratuitamente. Si, por el contrario, preferimos que no se nos monitoree mientras navegamos, podemos pagar una suscripción antiseguimiento.

Ahora miremos dónde está el truco: si no permitimos que la empresa se quede con nuestros datos deja de enriquecerles unos 2,5 euros al mes. Así que nos dicen que contratemos el servicio por esa misma cuantía para poder navegar sin ser muy monitoreados (porque lo seguiremos siendo igual). Eso sí, si pagamos con dinero los 2,50 euros incluyen el IVA. Si pagamos con los datos, no.

La Comisión Europea calculó que la aplicación de su ley de datos podría generar hasta 270.000 millones de euros adicionales de PIB para los países miembros antes de 2028. Una cifra que ilustra por qué hablar de datos es hablar de patrimonio, de riqueza real, y, en última instancia, de una brecha fiscal que los sistemas tributarios aún no han cerrado.

Este artículo explica qué son los datos digitales desde una perspectiva patrimonial y jurídica, cómo se intenta valorarlos y por qué el régimen fiscal actual genera una desconexión preocupante entre la economía digital y el sostenimiento del gasto público.

Durante siglos, el derecho patrimonial giró en torno a cosas tangibles: tierras, edificios, maquinaria. Incluso el concepto jurídico de “bien” se modeló sobre la idea de algo que se puede tocar y transferir físicamente. Los bienes digitales rompen esa lógica por completo.

Los bienes o activos digitales son parte del patrimonio de las personas físicas y de las personas jurídicas, pero a la dificultad de glosarlos se suma la complejidad de calificarlos. Respecto a lo que debe entenderse como bien, ya en 1978 el jurista José Castán Tobeñas defendía la existencia de “entidades” –materiales o inmateriales– capaces de satisfacer una utilidad económica a las personas.

Los datos, bienes digitales de inmaterialidad manifiesta, cumplen con el criterio de Tobeñas ya que se recopilan, se procesan, se intercambian y se monetizan. No perdamos de vista que a efectos tributarios los que no son bienes deben ser calificados como prestaciones de servicios.

No son pocos los investigadores que definen a los datos como el “oro negro” de la economía del siglo XXI. Pero, para poder someter a impuestos este oro, debe poder valorarse de alguna forma.

El Ministerio de Economía francés se refería, ya en 2013, a los datos personales como “la divisa más preciada del milenio”, que resulta ser gratuita para el mercado digital, por lo que las empresas se enriquecen sin pagar impuestos ni contribuir al esfuerzo colectivo del territorio donde residen los usuarios.

También en España, el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública recoge, en su espacio sobre los datos, una reflexión sobre cuál es el valor de los datos. Basándose en el estudio británico “Transforming Highways England’s approach to data”, admite la diversidad de mecanismos para valorar los datos a efectos empresariales, no así a efectos legales.

Aceptado ya que los datos son patrimonio digital y que tienen valor, en la normativa tributaria actual no tienen un encaje concreto pues la falta de definición jurídica impide su calificación clara y cuantificación correcta.

Pese a este vacío legal, los mercados no esperan. Las valoraciones bursátiles de las grandes tecnológicas incorporan, implícitamente, el valor de sus repositorios de datos, ya sean abiertos y gratuito, como el de Common Crowl, o privados (cerrados) y onerosos como los de medios de comunicación.

La inteligencia artificial se alimenta de cantidades ingentes de datos y hay una lucha constante por hacer respetar la titularidad de dichos datos, que son usados gratuitamente al estar publicados en internet. En muchas ocasiones se vulneran los derechos de autor de los usuarios pues, al aceptar las condiciones de uso de las plataformas, aunque mantengan la propiedad de la información que introducen, les otorgan ilimitadamente derechos sobre los datos, que luego usan y copian indefinidamente con la sola contraprestación de haber dado acceso a la plataforma y sus contenidos.

La tenencia de estos datos puede condicionar, por ejemplo, las fusiones y adquisiciones societarias de plataformas y páginas web, ya que, a menudo, estas operaciones se deciden en función del tamaño y calidad de las bases de datos de las empresas. Los inversores lo saben y conocen este valor, que no se verá incluido en su justa medida en el valor de las empresas.

Este desajuste entre la existencia de un valor y su falta de reconocimiento en el tráfico económico conlleva que aquellos que quieran pagar impuestos por su tráfico no puedan hacerlo con la seguridad jurídica exigible. Además, quienes no quieren pagar impuestos se estén enriqueciendo injustamente sin contribuir al sostenimiento de los gastos públicos como el resto de contribuyente.

Sus datos valen millones, sí, pero no tributan.

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Ana Cediel es profesora de Derecho Financiero y Tributario en la Universitat de Lleida

Las empresas de inteligencia artificial (IA) llevan años leyendo la prensa. Leyéndola, copiándola y usándola para entrenar los sistemas que ahora responden preguntas de millones de personas. A cambio, los medios de comunicación reciben visitas. Muy pocas visitas. 

Por cada cien páginas de periodismo que los robots de Anthropic —la empresa detrás del asistente Claude— rastrearon en sitios de noticias, devolvieron en tráfico el equivalente a una décima parte de una visita humana. En OpenAI la proporción no es mucho mejor. 

La consecuencia ha sido que la inteligencia artificial genera hoy el 0,04% del tráfico externo que reciben los editores de noticias. Y ahora, con esa extracción masiva ya consumada, las mismas empresas que la han padecido ofrecen a los medios un acuerdo para cobrar por el uso futuro de sus contenidos.

Estos datos, recogidos en un informe publicado en abril de 2026 por el Open Markets Institute y el Center for Media and Digital Governace (CMDG) describen una estructura de poder que, según ese mismo informe y un segundo estudio del Media and Journalism Research Center publicado en mayo, reproduce fielmente el modelo que ya arruinó la relación entre los medios y las plataformas digitales durante la primera década de este siglo.

Cuando los grandes modelos de lenguaje empezaron a ingerir internet, los editores de noticias no fueron convocados a ninguna negociación. El entrenamiento de esos sistemas se hizo, mayoritariamente, sin consentimiento, sin compensación y sin que los medios tuvieran siquiera acceso a los datos de qué contenido suyo se había usado y en qué proporción. Más de cien demandas por infracción de derechos de autor se acumulan hoy en los tribunales estadounidenses y en media docena de países más.

Lo que se negocia ahora, en su mayor parte, no es ese entrenamiento histórico. Es otra cosa. Las empresas de IA necesitan que sus sistemas de respuesta en tiempo real, los que funcionan cuando un usuario hace una consulta al chatbot, tengan acceso a información actualizada y contrastada. Esa tecnología se llama RAG (retrieval augmented generation) y consiste, simplificando, en que el modelo consulta fuentes externas antes de responder para no limitarse a lo que aprendió durante el entrenamiento. Y como ahora todo el mundo sabe de dónde toman los datos, necesita licencias. Y ahí es donde los medios tienen, por primera vez, algo de poder de negociación. Algunos medios. Pocos.

El resultado es un mercado naciente que el primero de los dos informes citados mapea con detalle. OpenAI ha firmado acuerdos con unos 35 editores. Microsoft lanzó en febrero de 2026 su Publisher Content Marketplace con un grupo inicial de grandes cabeceras estadounidenses. Perplexity tiene un programa de socios que cubre unas 20 publicaciones. Los números que se han filtrado son llamativos: News Corp –propietario de al menos una cincuentena de medios, como The Sun en Reino Unido o The Wall Street Journal en EEUU– habría cerrado un contrato de cinco años valorado en unos 250 millones de dólares. Thomson Reuters (dueño de la agencia Reuters) declaró 33 millones en ingresos por licencias de IA solo en los primeros meses de 2026. Amazon paga a The New York Times unos 20 millones anuales.

Son cifras que suenan bien sobre el papel. Hasta que se examina a quién están beneficiando.

Los acuerdos bilaterales descritos son, casi sin excepción, contratos entre empresas tecnológicas y grupos mediáticos con presencia internacional, departamentos jurídicos propios y suficiente peso de marca como para que las plataformas los quieran sentados en la mesa. Prácticamente todos son anglosajones o del norte global.

La prensa local, regional, en lenguas minoritarias, étnica e indígena no existe en este mercado. No tiene el reconocimiento de marca que atrae el interés de OpenAI. No tiene abogados especializados en propiedad intelectual. No tiene capacidad técnica para detectar cuándo sus contenidos son rastreados, ni con qué frecuencia, ni para qué fin. En muchos casos, ni siquiera sabe si sus artículos forman parte de los datos de entrenamiento de los modelos que ahora responden preguntas sobre sus propias coberturas locales.

El informe Same Gatekeepers, New Tollbooths, elaborado por las investigadoras Courtney Radsch y Karina Montoya para el Center for Media and Digital Governance, sostiene que la distribución de ingresos del mercado de licencias de IA seguirá probablemente una curva de potencia muy pronunciada. Un puñado de grandes grupos captará la mayor parte del valor. Miles de cabeceras locales e independientes no recibirán prácticamente nada. Y eso, señalan las autoras, no refleja cómo está distribuido el valor informativo real del periodismo. Refleja cómo está distribuido el poder de mercado.

Para España, la consecuencia es directa. Los medios independientes, los comarcales, las radios municipales digitales, los nativos digitales locales que cubren lo que nadie más cubre en sus territorios son exactamente el tipo de publicación que este mercado ignora. No por mala voluntad declarada, sino porque el diseño estructural del sistema los excluye antes de que empiece la negociación.

Hay otro problema más profundo que los informes identifican y que tiene consecuencias a largo plazo. La métrica que domina las negociaciones actuales, el criterio con el que las empresas de IA justifican lo que pagan, es el tráfico de referencia. Cuántas visitas genera la presencia de un medio en los resultados del chatbot. Cuántos clics devuelve el sistema al sitio original.

Esa métrica es heredada de la era de las plataformas sociales y tiene el mismo defecto congénito que entonces. Mide solo una fracción de lo que el periodismo aporta a los sistemas de IA. Los modelos de lenguaje no solo usan el periodismo para responder preguntas en tiempo real. Lo utilizaron para aprender a razonar, a construir argumentos, a redactar con coherencia, a distinguir hechos verificados de rumores. Todo eso ocurrió durante el entrenamiento, sin compensación, y el debate público sobre licencias lo da por amortizado o lo trata como un asunto puramente jurídico pendiente de resolución en los tribunales.

Para corregirlo, el informe del CMDG propone un marco de valoración diferente. La contribución del periodismo a la IA tiene, como mínimo, cuatro dimensiones. La primera es la capacidad lingüística y de razonamiento que los modelos extrajeron de décadas de prosa periodística de calidad. La segunda es el anclaje factual, el mecanismo por el que los hechos sobre el mundo se establecen y verifican públicamente. La tercera es la actualidad, la información de tiempo real que los chatbots —Claude, ChatGPT— necesitan para ser útiles. La cuarta es la legitimidad cívica, la credibilidad que los sistemas de IA heredan cuando citan fuentes periodísticas reconocidas.

Pagar solo por el tráfico de referencia que generen las consultas a la IA es, en este análisis, un error categórico que beneficia a las empresas de IA. Es como tasar una casa sin examinar el estado de la cubierta, de la estructura y de los cimientos.

Tal es el potencial del negocio que está en juego que entre los grandes acuerdos bilaterales y el vacío en el que navegan la mayoría de los medios ha surgido un ecosistema de startups intermediarias. TollBit, Sphere.ai, ScalePost, Defined.AI, ProRata, Miso.ai. Más de una docena de empresas que ofrecen distintas versiones del mismo servicio básico: conectar a los editores con las empresas de IA, gestionar los permisos de rastreo, cobrar por cada consulta o por cada acceso y repartir los ingresos.

Los modelos varían. TollBit y Sphere.ai dicen quedarse con cero comisión sobre los ingresos del editor. ScalePost aplica un 15%. Cloudflare, que gestiona aproximadamente el 20% del tráfico mundial de internet y ha convertido el bloqueo de crawlers de IA –los programas automáticos que recorren internet leyendo páginas web de forma masiva y continua– en opción predeterminada para sus clientes, operaría con una comisión de entre el 20% y el 30%. ProRata, que ha desarrollado tecnología de atribución para calcular la contribución de cada fuente a cada respuesta generada y reparte los ingresos en proporción, se queda con el 50%.

El problema estructural de este ecosistema intermediario es que reproduce, en formato acelerado, la misma trayectoria que tuvo el ad tech, el sector de tecnología publicitaria que durante la década pasada fue acumulando startups especializadas hasta que Google y Meta las absorbieron o las hicieron irrelevantes. La mayoría de estas empresas están financiadas por capital riesgo. Son, por tanto, potencialmente adquiribles por las mismas grandes tecnológicas de las que nominalmente protegen a los editores.

El segundo informe, firmado por Marius Dragomir director y fundador del Media and Journalism Research Center (MJRC), amplía el análisis hacia una pregunta más incómoda. No solo quién cobra qué, sino qué ocurre con el pluralismo informativo cuando los sistemas automatizados deciden, a través de criterios de licencia y de recuperación de datos, qué fuentes son visibles y cuáles no.

Dragomir introduce el concepto de Orden de Información Automatizado para describir el sistema que está reemplazando al ecosistema mediático como infraestructura de conocimiento público. Un ciudadano que pregunta a un asistente de IA qué decidió su gobierno ayer recibe una respuesta fluida y confiada que puede no citar al medio local que publicó la información, porque ese medio no está en la red de licencias del sistema. La respuesta puede ser técnicamente correcta y, al mismo tiempo, quedar sistemáticamente empobrecida porque quien la recibe no sabe cuál es su origen.

El pluralismo, argumenta Dragomir, no es lo mismo que la exactitud. Un sistema puede dar respuestas correctas y seguir estrechando el espacio informativo si cita siempre las mismas fuentes dominantes, ignora el periodismo local, excluye las lenguas minoritarias o aplana los debates sobre asuntos controvertidos. Los instrumentos clásicos de medición del pluralismo mediático, construidos sobre datos de propiedad, audiencia y línea editorial, no detectan este tipo de concentración porque opera en capas que esos instrumentos no miden.

El problema es que la oportunidad de resolver este doble problema se está acabando, aseguran tanto Radsch y Montoya como Dragomir. Las estructuras contractuales, las tasas de intermediación y las normas de gobernanza que se fijen ahora serán difíciles de revisar cuando se normalicen. La historia de los medios con las plataformas sociales lo ilustra con bastante claridad. Los editores aceptaron condiciones estructuralmente desfavorables porque el tráfico inmediato parecía compensarlas. Cuando quisieron renegociar, la infraestructura ya era demasiado costosa de abandonar.

Los modelos legislativos que los informes señalan como referencias son el Código de Negociación de Australia, la Ley de Noticias Online de Canadá y el derecho afín de la Directiva de Copyright europea, que en España se transpuso como el llamado canon AEDE, luego reformado. Ninguno es perfecto. Todos tienen en común algo que los informes consideran esencial: establecen que la elegibilidad para la compensación es una decisión de política pública, no una preferencia comercial de la plataforma. Quien decide qué medios reciben dinero no puede ser la misma empresa que decide cuánto paga.

Sin esa separación, el mercado de licencias de IA no es un nuevo modelo de financiación del periodismo. Será el mismo modelo de patrocinio de siempre, con nuevas pantallas.

El papa León XIV ha publicado este 15 de mayo su primera encíclica, Magnifica Humanitas —“Humanidad magnífica”, en español—, un extenso documento sobre la era de la inteligencia artificial que constituye un llamamiento urgente a establecer marcos regulatorios estrictos sobre las tecnologías digitales. En el texto, el pontífice advierte de que el poder tecnológico ha adquirido “un rostro inédito, predominantemente privado”, concentrado en manos de actores transnacionales que disponen de recursos superiores a los de muchos gobiernos, lo que dificulta “discernir, gobernar y orientar hacia el bien común” estas tecnologías.

León XIV ha resultado especialmente claro al identificar el cambio de paradigma en el desarrollo tecnológico contemporáneo. Mientras que históricamente eran los Estados quienes impulsaban y orientaban la innovación, su diagnóstico es que actualmente “los principales motores del desarrollo son actores privados, a menudo transnacionales, dotados de recursos y capacidad de acción superiores a los de muchos gobiernos”. Esta concentración de poder constituye, según el papa, uno de los desafíos más graves de nuestro tiempo, ya que quienes poseen el conocimiento y “sobre todo el poder económico para explotarlo” ejercen “un dominio impresionante sobre el conjunto de la humanidad y del mundo entero”.

El pontífice ha recuperado unas palabras del papa Francisco para subrayar que la cuestión no se limita a la regulación técnica, sino que requiere preguntarse “con realismo quién detenta hoy ese poder y hacia qué fines lo orienta”. Esta reflexión constituye el núcleo de la encíclica: la tecnología no es neutral, sino que “toma el rostro de quien la concibe, la financia, la regula y la utiliza”. Por tanto, la primera decisión no es entre aceptar o rechazar la tecnología, sino entre construir una “torre de Babel” basada en el poder concentrado o reconstruir una “Jerusalén” donde el trabajo compartido y el bien común orienten el desarrollo tecnológico.

La encíclica no se limita al diagnóstico, sino que formula un llamamiento directo a la acción regulatoria, en línea con las posiciones que defiende la Unión Europea —y, dentro de ella, en particular el Gobierno de España— y en contra de la posición que abanderan los Estados Unidos de Donald Trump.

León XIV afirma que “es necesario adoptar instrumentos normativos adecuados, capaces de salvaguardar la justicia y de contener los efectos distorsionadores del poder tecnológico”. Esta exigencia de regulación responde a la constatación de que “nunca la humanidad tuvo tanto poder sobre sí misma”, lo que hace especialmente complejo “evaluar su impacto y sus efectos a largo plazo sobre la dignidad de las personas y el bien común”.

La encíclica insiste en que las nuevas tecnologías, particularmente la inteligencia artificial, se entrelazan con el tejido de la vida cotidiana, moldean los procesos de toma de decisiones e inciden profundamente en el imaginario colectivo. Esta omnipresencia de las tecnologías emergentes hace que su regulación sea una cuestión de justicia social y democrática, no meramente técnica o sectorial.

En el capítulo tercero, dedicado específicamente a la inteligencia artificial, León XIV desarrolla los principios que, según él, deben guiar su gobernanza. Bajo el epígrafe “Responsabilidad, transparencia y gobernanza de la IA”, el documento plantea que estas tecnologías requieren una atención especial precisamente por su capacidad de afectar a derechos fundamentales y estructuras democráticas.

Una de las aportaciones más significativas de la encíclica es su análisis del “paradigma tecnocrático y el poder digital” como amenaza sistémica. León XIV advierte contra lo que denomina el “síndrome de Babel”: “la idolatría del lucro que sacrifica a los débiles, la uniformidad que aplana las diferencias, la pretensión de un lenguaje único —incluso digital— capaz de traducirlo todo, incluso el misterio de la persona, en datos y rendimientos”.

Este paradigma tecnocrático constituye, según el papa, un riesgo de deshumanización que consiste en “construir el futuro excluyendo a dios y reduciendo al otro a un medio”. Se trata de una tentación antigua que hoy adopta un rostro técnico, pero que, en esencia, representa la concentración de poder en manos de quienes controlan las tecnologías más avanzadas.

El capítulo cuarto de la encíclica aborda la relación entre verdad, democracia y el ecosistema comunicativo digital. León XIV dedica secciones específicas a “Verdad y democracia”, “Comunicación e imaginario colectivo” y propone “una ecología de la comunicación” como respuesta a los desafíos actuales.

El pontífice señala que la verdad es un “bien común” esencial para el funcionamiento democrático. En un contexto en el que las plataformas digitales moldean el imaginario colectivo y condicionan el acceso a la información, la concentración de poder en pocas corporaciones tecnológicas representa una amenaza directa para la democracia.

La encíclica también aborda las consecuencias de la transformación digital sobre la dignidad del trabajo y actualiza la tradicional preocupación de la Doctrina Social de la Iglesia por la cuestión laboral, aplicándola a la era de la automatización y la inteligencia artificial.

Especialmente relevante es el apartado sobre “Custodiar la libertad frente a la dependencia y la mercantilización”, donde el papa denuncia las “dependencias y el control social” que generan las tecnologías digitales, y llama a “romper las cadenas de las nuevas esclavitudes”. Esta crítica se dirige tanto a las formas de explotación laboral en la economía de plataformas como a los mecanismos de adicción y manipulación que emplean ciertos modelos de negocio digitales.

León XIV propone además “una economía que valore la dignidad” como alternativa al modelo dominante. Y rechaza expresamente la ideología de los tecnoligarcas al cuestionar las visiones transhumanistas y posthumanistas que prometen superar los límites humanos mediante la tecnología. “La verdadera realización”, defiende en el documento, “no nace de la eliminación de las fragilidades, sino de un crecimiento armonioso”, donde “el progreso se mide por la dignidad de cada uno y por el bien de los pueblos”.

El papa subraya que enfrentar el poder tecnológico concentrado requiere una “responsabilidad compartida”. Ninguna instancia puede, por sí sola, contrarrestar el dominio de las grandes corporaciones tecnológicas, pero tampoco ninguna es tan débil como para no poder contribuir. León XIV convoca a “científicos e investigadores, empresarios y trabajadores, educadores y legisladores, sociedad civil, movimientos populares y comunidades de fe” a asumir cada uno su parte en la reconstrucción de un orden digital más justo.

Esta lógica de subsidiariedad, que valora “la cooperación entre generaciones, entre pueblos, entre disciplinas y culturas”, constituye para el pontífice “el camino privilegiado para hacer crecer la estabilidad, la prosperidad y la paz”. Las diferencias no deben intimidar, sino que, dice, pueden convertirse en “energías creativas cuando están orientadas por una responsabilidad compartida”.

En el capítulo quinto, León XIV aborda la crisis del multilateralismo en la era digital y denuncia que las dinámicas de concentración de poder tecnológico se inscriben en una lógica más amplia de “normalización de la guerra” y de “fuerza sin límites” que amenaza la paz mundial.

En un apartado sobre “Armas e IA”, el pontífice advierte sobre los riesgos de la militarización de las tecnologías de inteligencia artificial. Propone “relanzar el diálogo” y subraya “la necesidad de la diplomacia y el multilateralismo” como instrumentos para construir gobernanzas globales que limiten el poder tanto de actores estatales como privados en el ámbito tecnológico.

En su conclusión, León XIV hace un llamamiento a “permanecer profundamente humanos” en la era de la inteligencia artificial. Y, sin adoptar una postura tecnofóbica, invita a todos —católicos, cristianos de otras confesiones, creyentes de otras religiones y “personas de buena voluntad”— a “no temer ensuciarse las manos en la obra de nuestro tiempo”, trabajando juntos para que las tecnologías sirvan al bien común y no a la acumulación de poder en pocas manos.

Al acto de presentación de la encíclica solo acudió un representante de las grandes tecnológicas: Christopher Olah, uno de los cofundadores de Anthropic, que no dudó en sumarse al mensaje del papa. En declaraciones a los medios, su tesis central fue que el rumbo de esta tecnología no puede quedar al albur exclusivo de los laboratorios y las grandes plataformas, porque estos operan bajo fuertes presiones comerciales, geopolíticas y personales que a menudo chocan con el interés general.

Por eso reivindicó la necesidad de un escrutinio externo fuerte —iglesias, gobiernos y sociedad civil— que funcione como contrapeso a los incentivos internos de la industria y obligue a alinear el desarrollo de la IA con el bien común.

Olah aprovechó la ocasión para afirmar que existe “una posibilidad real” de que la IA desplace trabajo humano “a gran escala” y de que eso abre un imperativo moral “de proporciones históricas”: sostener a quienes pierdan su empleo por esta transición tecnológica. No habla solo de un ajuste laboral, sino de la responsabilidad colectiva de que el impacto económico de la automatización no se traduzca en exclusión y precariedad masiva.

De ahí que subrayase otras dos urgencias: garantizar que los beneficios de la IA se repartan también fuera del reducido grupo de países ricos donde se concentran los avances, y abordar el problema de sistemas cada vez más complejos y opacos cuya conducta ni siquiera sus creadores terminan de comprender.

También las compañías que se presentan como más prudentes, como la misma Anthropic, están atrapadas en esa red de incentivos y limitaciones que “a veces pueden entrar en conflicto con hacer lo correcto”, reconoció. Esa constatación es lo que le lleva a defender que la gobernanza de la IA no puede dejarse en manos de la autorregulación corporativa, por bienintencionados que sean algunos investigadores, y que hacen falta marcos éticos y normativos construidos con participación religiosa, política y social.

Un tercio de internet ya no lo escriben personas. Esa es la conclusión central de la primera investigación a gran escala sobre el impacto del texto generado por inteligencia artificial en la web publicada hace unas semanas por investigadores de Stanford, el Imperial College de Londres y el Internet Archive. En contra de lo que cabía esperar, el hallazgo más inquietante no es que la IA mienta más que los humanos —el estudio demuestra que no es así—, sino que está haciendo que internet sea más uniforme, más amable y, en cierta forma, más aburrida.

El trabajo, firmado por los investigadores Jonas Dolezal, Sawood Alam, Mark Graham y Maty Bohacek, analizó una muestra representativa de páginas web publicadas entre agosto de 2022 —meses antes de que ChatGPT se lanzara al público— y mayo de 2025. Utilizaron el archivo histórico de la Wayback Machine —una especie de biblioteca digital de lo que se ha publicado durante años en internet— para construir la muestra y aplicaron sobre ella un detector de texto con IA llamado Pangram v3, capaz de distinguir entre texto íntegramente generado por máquina, texto asistido por IA y texto puramente humano.

Los resultados son llamativos. Antes de noviembre de 2022, cuando ChatGPT irrumpió en el mercado de consumo, el porcentaje de webs con texto generado por IA era prácticamente cero. Tres años después, en la primera mitad de 2025, el 35% de los sitios web recién publicados contenía texto generado o asistido por inteligencia artificial. El crecimiento no fue lineal: hubo un primer pico en torno a principios de 2023, luego siguió una estabilización y después tuvo lugar una segunda aceleración, ya en 2024, que se ha prolongado hasta el presente, lo que sugiere que el porcentaje actual es mucho mayor.

Los investigadores no se limitaron a medir cuánto texto de IA circula por internet. También quisieron saber qué piensa la gente sobre lo que está ocurriendo. Para ello encuestaron a 903 adultos estadounidenses —muestra representativa por edad, sexo y etnia— y les preguntaron si creían que el auge del contenido generado por IA estaba causando seis efectos negativos concretos.

Los resultados de esa encuesta son un mapa de los miedos colectivos. El 75% de los encuestados cree que la IA está provocando que circulen más informaciones falsas en internet. El 83% cree que está homogeneizando los estilos de escritura y haciendo desaparecer las voces individuales. El 70% cree que los artículos enlazan cada vez menos a fuentes externas, creando burbujas de información sin referencias. El 61% cree que los textos son más largos, pero menos densos: más palabras y menos contenido.

El análisis cuantitativo no encontró correlación estadísticamente significativa entre el aumento de texto generado por IA y un incremento de los errores factuales. Tampoco halló que los textos de IA sean estilísticamente más uniformes que los humanos —al menos no de forma medible—, ni que enlacen menos a fuentes externas, ni que sean más largos con menos contenido útil.

Pero esto no significa que la IA no tenga efectos sobre internet, sino que los efectos que tiene son distintos de los que la mayoría imagina. Porque el estudio sí confirma dos hipótesis con solidez estadística, y las dos apuntan en la misma dirección. 

La primera es la contracción semántica. Los textos generados por IA se parecen más entre sí que los textos escritos por humanos. En términos técnicos, la similitud semántica promedio entre webs con contenido de IA es un 33% mayor que entre webs con contenido humano. Dicho de otro modo: las ideas que circulan en la parte de internet escrita por máquinas son más parecidas entre sí, más previsibles, más concentradas en torno a la media. 

El espacio de los puntos de vista posibles —lo que los autores llaman la "ventana de Overton online", es decir, lo que la mayoría considera aceptable— se está estrechando. No porque la IA prohíba ciertos temas, sino porque tiende a producir versiones suavizadas, centradas y consensuales de cualquier asunto que aborda.

La segunda hipótesis que parece confirmarse es el desplazamiento hacia la positividad. El texto generado por IA tiene un sesgo hacia el tono positivo que es medible y significativo. Los documentos producidos o asistidos por máquinas tienen una tasa de sentimiento positivo que casi dobla la de los textos humanos —0,70 frente a 0,34 en la escala utilizada—.

Internet, en su porción creciente escrita por IA, se está volviendo más amable, más optimista y más edulcorado. El debate, la tensión y el tono crítico o negativo que caracteriza buena parte de la escritura humana están siendo desplazados por la tecnología de moda.

Estos dos efectos combinados producen algo que los investigadores describen como una web más uniforme en ideas y más agradable en tono. No más falsa. No más insulsa en densidad informativa. Pero sí más parecida a sí misma y menos incómoda.

La tentación es interpretar estos resultados como una buena noticia. La IA no miente más, no escribe peor y no elimina los enlaces. Pero los autores advierten que los efectos que han logrado confirmar son potencialmente más insidiosos que los desmentidos.

Un internet donde el 35% de los textos tienden hacia el consenso y la positividad no es necesariamente un internet más honesto. Es un internet donde las voces discordantes, el análisis crítico, la incomodidad intelectual y la diversidad de perspectivas tienen menos peso, aunque ningún algoritmo las haya censurado. La homogeneización no necesita prohibir nada: le basta con ahogar al discrepante.

Los autores del estudio lo enmarcan en términos de democracia deliberativa. El debate público sano necesita conflicto. Precisa que se digan cosas desagradables, que existan voces minoritarias y que los problemas se narren también desde el malestar. Un entorno inundado de texto amable y uniforme no es neutral: favorece el statu quo y margina la disidencia sin necesidad de ejercer ninguna censura visible.

Hay, además, un problema más técnico, pero igualmente grave. Si el 35% de internet ya es texto de IA, los modelos que se entrenen con datos web en los próximos años estarán ingiriendo una cantidad creciente de su propia producción. Los investigadores utilizan el concepto de colapso de modelos: la degradación que puede sufrir una IA cuando aprende de contenido generado por otra IA en lugar de por humanos. Lo que hasta hace poco era una preocupación teórica se convierte, con estos datos, en un problema urgente.

Este fenómeno de autoconsumo de IA tiene consecuencias profundas que van más allá de la simple proliferación de contenido basura. Cuando los modelos de lenguaje se entrenan con conjuntos de datos que incluyen creaciones de otros modelos, tienden a repetir patrones, amplificar errores y perder la diversidad creativa que solo surge de la experiencia humana. 

Los investigadores han documentado que esto produce una homogeneización progresiva del contenido: los textos se vuelven más genéricos, menos matizados y cada vez más difíciles de distinguir entre sí. El problema se acelera exponencialmente porque cada nueva generación de IA entrenada con datos contaminados por IA anterior genera contenido de calidad aún inferior, creando un ciclo de degradación que se retroalimenta. 

Lo alarmante es que este colapso no solo afecta la calidad del contenido, sino que compromete la capacidad futura de las propias IA para generar información fiable, creativa y útil. En un escenario donde la mayoría del contenido digital es generado por IA, el riesgo es que perdamos acceso a la materia prima esencial para el entrenamiento de sistemas inteligentes: la autenticidad humana.El estudio detectó además un patrón llamativo en la encuesta de opinión. Las personas que usan la IA con poca frecuencia tienden a creer más en sus efectos negativos que quienes la usan a diario. Los usuarios frecuentes, con una tasa de acuerdo con las hipótesis negativas del 76%, son menos pesimistas que los esporádicos, que llegan al 88%. La brecha es de 12 puntos porcentuales.

Una explicación posible es que quien usa la IA regularmente ha desarrollado una comprensión más matizada de sus capacidades y límites reales. Otra, menos tranquilizadora, es que la familiaridad genera tolerancia hacia efectos que desde fuera resultan más visibles.

Lo que el estudio no puede resolver —y sus autores lo reconocen— es si los efectos documentados ahora se intensificarán a medida que el porcentaje de texto de IA siga creciendo. El 35% de hoy puede ser el 50% de mañana. Y lo que, a escala de un tercio, produce una contracción semántica medible puede producir, a escala de la mitad, algo cualitativamente distinto.

La investigación termina con una advertencia sobre las herramientas disponibles para responder a este fenómeno. Las plataformas digitales tienen infraestructuras para detectar discursos de odio o desinformación factual. No tienen —nadie tiene— mecanismos para gobernar la diversidad semántica o la calidad de la información que nutre la conversación pública.

Las regulaciones aprobadas hasta ahora, incluido el Reglamento de IA europeo, apuestan por la transparencia mediante marcas de agua en el contenido generado por IA. Los autores señalan que esas marcas son fácilmente eludibles y que la detección retroactiva tiene límites inherentes. Su propuesta alternativa pasa por sistemas de verificación criptográfica de la autoría humana —similares al estándar C2PA, ya en uso para imágenes— y por ajustar los algoritmos de recomendación para que premien la diversidad semántica y el origen humano verificado, en lugar de premiar exclusivamente el volumen o el engagement.

La investigación de Stanford, el Imperial College y el Internet Archive completa otras que se están ocupando de investigar el auge del contenido basura generado por IA, que los anglosajones han bautizado como slop (bazofia).

Un estudio de la Universidad de Florida publicado en marzo en el Journal of Marketing Research estableció que el slop perjudica simultáneamente a consumidores y creadores profesionales. Según Tianxin Zou, profesor de marketing en la Universidad de Florida y coautor del estudio, "ahora hay una inundación de contenido de relativamente baja calidad. Debido a que la cantidad es tan grande, congestiona los sistemas de recomendación, por lo que se hace más difícil encontrar contenido verdaderamente de alta calidad".

Otra investigación publicada en febrero por Nature documentó específicamente la expansión masiva del slop en el ecosistema académico. El artículo reveló que la presentación de publicaciones científicas se ha duplicado desde el lanzamiento de ChatGPT en noviembre de 2022. Y los rechazos mensuales se multiplicaron por cinco, superando los 2.400 artículos por mes. Los investigadores califican la bazofia generada por IA como una "amenaza existencial" para el sistema académico tradicional.

Un tercer estudio de Kapwing —una herramienta online de edición de vídeo— sobre YouTube, publicado el pasado mes de enero, encontró que el 21% de los vídeos cortos de esta plataforma son producto de la IA y que un 33% adicional es lo que los anglosajones llaman brainrot (contenido repetitivo y absurdo diseñado para captar atención hipnóticamente, que se puede traducir como "idiotización"). España es el país más afectado, con más de 20 millones de suscriptores a canales de este tipo. Para luchar contra este fenómeno, YouTube eliminó a comienzos de año 35 millones de suscriptores y 4.700 millones de visualizaciones de 16 de los 100 canales slop con más éxito.

Las conclusiones transversales de todos los estudios señalan que las plataformas deberían etiquetar claramente el contenido generado por IA para ayudar a los consumidores a identificar qué quieren encontrar antes de abandonar la plataforma por completo.

El impacto en la calidad general de internet es degradante: el slop hace que internet sea más ruidoso, menos confiable y más difícil de filtrar. Los sistemas generativos tienden a amplificar patrones repetitivos y a priorizar la cantidad sobre la calidad, lo que favorece un ecosistema informativo degradado.

Imagina que tienes una panadería. Cada día entran 100 clientes que vienen a comprar el pan porque les gusta lo que haces. Pero resulta que Glovo reparte otros 500 pedidos tuyos cada jornada. ¿Eres una panadería con 100 clientes o con 600?

La respuesta es que depende de para qué. Si lo que quieres es que alguien pague un anuncio en tus envoltorios, querrás decir 600. Pero si un inversor quiere saber si tu negocio es sólido por la calidad de tu público —cuánta gente vuelve por su propio pie, cuántos te son fieles—, el número que importa es 100, porque los otros 500 dependen de que Glovo siga queriéndote. Si Glovo cambia sus reglas, si deja de promocionarte, te quedas sin esos clientes de un día para otro.

Con los medios digitales pasa exactamente lo mismo. Un periódico digital puede tener millones de visitas al mes, pero buena parte de ese tráfico llega desde Google, Facebook o TikTok. Si esas plataformas cambian su algoritmo —lo que hacen constantemente y sin avisar—, ese periódico pierde la mitad de su audiencia sin haber hecho nada mal.

Esta no es una metáfora académica. Es el problema concreto que tiene que resolver el concurso que la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC) fallará en junio, cuando elija a la empresa que medirá las audiencias digitales de los medios españoles a partir de 2027. Es una decisión técnica. Pero tendrá también consecuencias directas sobre qué periodismo sobrevive, quién recibe publicidad pública y cómo se controla que el dinero de los ciudadanos no acabe financiando a pseudomedios.

Los anunciantes necesitan saber a cuánta gente llega un medio antes de pagar por aparecer en él. Los medios, a su vez, precisan demostrar ese alcance para cobrar por el espacio. El sistema de medición de audiencias es la moneda que hace posible esa transacción. Si la moneda está mal fabricada —si mide cosas que no debería medir, o no distingue lo que debería distinguir—, todo el mercado queda distorsionado.

Durante casi una década, esa moneda la fabricó Comscore. En 2021 la relevó GfK DAM, pero su contrato expiró aunque sigue haciendo las mediciones a la espera de que la AIMC decida quién se va a ocupar del nuevo modelo a partir de 2027. Se presentaron tres candidatos: la propia GfK, Comscore —que vuelve a intentarlo— y Nielsen, que al final ha quedado fuera porque su proyecto no cumplía los requisitos fijados en el concurso.

Medir audiencias digitales es, en apariencia, más sencillo que medir las de la televisión. Un televisor necesita un aparato especial —el audímetro— instalado en casa para registrar qué canal se está viendo. En internet, cada visita deja un rastro. El problema es que ese rastro es tan abundante y tan fragmentado que resulta casi imposible de interpretar sin ayuda.

Un mismo lector puede entrar a un periódico desde el ordenador del trabajo, desde el móvil en el metro y desde la tablet por la noche. ¿Es un lector o tres visitas? ¿Cuenta igual si llega directamente escribiendo la dirección en el navegador que si llega porque un titular le llamó la atención en Instagram?

El sistema que se va a contratar tiene que responder a todas estas preguntas con un método que sea, al mismo tiempo, verificable, comparable entre medios distintos y suficientemente sencillo como para que los anunciantes puedan usarlo sin necesidad de un doctorado en estadística.

“Lo que está en juego”, explica a infoLibre Ana Isabel Rodríguez, profesora y experta en audiencias de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), “es la definición del valor informativo en un entorno dominado por la distribución algorítmica y la influencia/dependencia de plataformas tecnológicas externas a los medios de comunicación, así como el valor de la atención en España”.

El pliego técnico que ha publicado la AIMC exige un modelo híbrido que combine dos fuentes de datos. Por un lado, etiquetas instaladas en el 100% de los sitios web que registran cada visita. Por otro, un panel de al menos 5.000 personas reales —seleccionadas para representar a la población española— que permitan humanizar esos datos: saber que detrás de esas visitas hay personas concretas, con edad, sexo y lugar de residencia. Sin ese panel, los números son solo tráfico. Con él, se convierten en audiencia.

Aquí es donde está el nudo del debate. Las plataformas tecnológicas —Google, Meta, TikTok— distribuyen contenido periodístico a escala masiva. Cuando alguien hace clic en un titular que le aparece en el muro de Facebook, esa visita llega al periódico y queda registrada como una más. Pero ese lector no ha buscado el periódico: ha encontrado un titular que le pareció interesante en un momento de desplazamiento infinito. No sabe ni el nombre del medio. Y si mañana Facebook decide que ese tipo de contenido ya no le interesa a su algoritmo, esa audiencia desaparece.

Los editores de medios, a través de una de sus asociaciones, CLABE, llevan tiempo denunciando que mezclar ese tráfico con el que llega de forma directa —el lector que escribe la dirección del periódico en el navegador, el suscriptor que abre el boletín— distorsiona el mercado. No porque un tipo de tráfico sea mejor que el otro en términos morales, sino porque tienen valores comerciales y estructurales completamente distintos. Y entre ellos, según fuentes consultadas por infoLibre, hay cierta preocupación porque acabe ganando el concurso el modelo de Comscore, al que atribuyen querer implantar el sistema de medición que menos les gusta.

Un anunciante que quiere llegar a lectores comprometidos con un medio, que confían en él y que lo buscan activamente, está comprando una cosa muy distinta a un anunciante que quiere impacto masivo en cualquier contexto. Si el sistema de medición mezcla ambos sin distinguirlos, el anunciante no sabe lo que compra. Y el editor no puede demostrar lo que vale.

“Ya está ocurriendo que hay medios que están contratando influencers que nada tienen que ver con sus contenidos para engordar sus métricas”, advierten las mismas fuentes.

La solución que propone el sector es técnicamente posible, pero cara: que el medidor sea capaz de desglosar, con un solo clic, de dónde procede cada parte de la audiencia de un medio. Cuánto es tráfico directo, cuánto llega desde buscadores y cuánto desde redes sociales. Que el número total exista —porque los anunciantes lo necesitan para comparar—, pero que ese número pueda desmontarse para quien quiera saber cómo está construido.

“La ventaja de este enfoque es evidente”, explica la profesora de la USC, “porque permite distinguir qué parte del consumo ocurre en los entornos controlados por el editor y cuál depende de plataformas externas como las redes sociales o los agregadores de noticias. Este sistema aporta trazabilidad, protege el valor editorial y ofrece una fotografía más precisa de la fortaleza real de cada medio”.

El principal beneficio, explica, “sería la transparencia”, porque permite al mercado “entender el origen real del dato y premiar la lealtad directa frente a la volatilidad del algoritmo de turno”. Porque la agregación pura “puede resultar devastadora para los editores de valor” al ocultar “la dependencia del medio respecto a plataformas externas, diluye la calidad de la atención y fomenta de forma indirecta el fraude de tráfico o el sensacionalismo enfocado a engordar artificialmente los datos”.

Es importante, añade Rodríguez, que cualquier métrica agregada pueda ser reversible metodológicamente para que el mercado pueda reconstruir cómo se compone exactamente el dato total y “que evite convertirse en una caja negra opaca”.

La medición de audiencias, además, ha dejado de ser un asunto que solo preocupe al mercado publicitario privado. Hay una razón concreta para que este concurso sea ahora una cuestión de interés general: el dinero de los ciudadanos.

“La medición de audiencias ya no es solo una cuestión estadística, sino que va a convertirse en un estándar estratégico. Una herramienta de responsabilidad pública que debe garantizar la pluralidad del ecosistema”, subraya la profesora Rodríguez. La transparencia en la medición de audiencias “no es solo una cuestión de eficiencia publicitaria, sino también de equilibrio competitivo, sostenibilidad del pluralismo mediático y gobernanza democrática del ecosistema digital”.

Las administraciones públicas —el Gobierno central, las comunidades autónomas, los ayuntamientos— gastan cada año decenas de millones de euros en publicidad institucional: campañas de salud, avisos de trámites, información de servicio público. Ese dinero tiene que ir a algún sitio. Y durante décadas ha ido a sitios que dependían, en parte, de la proximidad política del medio al gobierno de turno.

El anteproyecto de Ley de Publicidad del Sector Público, presentado en febrero de 2026, intenta cambiar eso. Establece que los medios que quieran optar a publicidad institucional deberán usar sistemas de medición que cumplan con los requisitos del Reglamento Europeo de Libertad de los Medios (EMFA, por sus siglas en inglés), que entró en vigor en 2024 y se está desplegando progresivamente en todos los países de la UE.

La EMFA, en su artículo 23, obliga a que los sistemas de medición de audiencias sean transparentes e imparciales, y a que publiquen sus metodologías. La idea es que ni los gobiernos ni las plataformas puedan manipular el mercado fijando las reglas del juego a su conveniencia. Sin un sistema de medición fiable, toda esa arquitectura legal se queda sin cimientos.

El Comité Técnico Digital que evalúa las ofertas de las dos candidatas que quedan vivas —GfK y Comscore— incluye representantes de los grandes grupos de comunicación —Atresmedia, Mediaset, Prisa, Vocento—, además de algún nativo digital —eldiario.es—, de agencias de publicidad como Publicis y Dentsu, y de la propia AIMC. Son los actores con más peso en el mercado, pero también los que tienen más recursos para adaptarse a cualquier sistema que se elija.

Los medios pequeños y locales carecen de representación directa en ese comité. Y eso importa, porque el coste del nuevo sistema no va a ser el mismo para todos. Acceder a los datos del medidor, integrarse técnicamente con sus herramientas, defender ante los anunciantes las propias cifras: todo eso requiere recursos que un periódico local de Jaén o un medio nativo digital de Galicia no tiene en la misma proporción que un gran grupo multimedia.

“La transparencia no puede ser un lujo que solo los grandes grupos puedan permitirse”, advierte la profesora de la USC consultada por infoLibre. “Debe ser la garantía básica de que cada lector, viva donde viva y consuma el medio que consuma, sea contado de manera justa y transparente”.

El pliego de condiciones del concurso convocado por AIMC menciona la necesidad de que los precios sean “asumibles”. Pero varios expertos del sector proponen ir más lejos y establecer tarifas progresivas según el tamaño del medio, para que el coste de acceso al sistema no actúe como una barrera que invisibilice a los medios más pequeños. Si un medio no puede pagar por los datos que le afectan, queda a merced de lo que el medidor decida publicar. Y si no puede verificar esos datos, no puede defenderlos ante sus anunciantes locales.

Hay además otra novedad en este concurso que merece atención: la AIMC ha incluido en el contrato la posibilidad de que, al finalizar el periodo, la propiedad del panel de medición pase a ser de la propia asociación, dejando al adjudicatario solo como gestor técnico. Una forma de que la industria española recupere el control sobre su propia infraestructura de datos, en lugar de depender indefinidamente de empresas privadas extranjeras.

Rodríguez advierte, en todo caso, sobre los peligros de un modelo que no priorice la calidad y la recurrencia del usuario. “El reto no consiste solo en elegir entre agregación o desagregación, sino en encontrar un equilibrio que permita combinar una visión integrada del alcance total con niveles suficientes de transparencia y auditabilidad”. 

Las presentaciones de las candidaturas tuvieron lugar en mayo. La resolución tendrá lugar en junio. Lo que salga de ese proceso marcará las reglas del mercado publicitario digital en España durante al menos tres años, prorrogables a cinco.

Así que no es exagerado decir que de esa decisión depende, en parte, qué medios podrán demostrar su valor ante los anunciantes y cuáles quedarán atrapados en la opacidad de un sistema que no podrán verificar ni cuestionar. Y, por extensión, qué tipo de periodismo tiene posibilidades reales de sobrevivir en España en la segunda mitad de esta década.

La panadería que solo existe porque Glovo la mantiene en el mapa no es la misma que la que tiene cola cada mañana. Que el sistema sepa distinguirlas no es un detalle técnico. Es la diferencia entre medir clics y conocer qué tamaño tiene el periodismo real.

¿Cuánto sabemos de lo que hacen nuestros hijos en el mundo digital? ¿Sabemos cuál es su entorno, su bienestar, cómo son realmente cuando entran en esos chats, en las redes o cuando juegan en línea, en teoría con sus amigos y con todos los desconocidos que pueden sumarse a esa multipartida?

Tranquilo, tranquila. Si tu respuesta es “realmente no tengo ni idea”, no eres el único o la única que está así de perdido. Hablar del entorno digital con adolescentes y niños es asomarse a un mundo en el que cada vez somos más extraños. Y en el que ellos, cada vez más a menudo, están construyendo su identidad. Esto de la brecha digital suena a cosa de mayores, pero no lo es tanto. Vamos muy por detrás y cosas que nos parecen inofensivas tienen consecuencias.

Una escena que se repite demasiadas veces y que, a día de hoy, nos puede escandalizar. Una familia, en un restaurante, comiendo y, en la sobremesa, cuando los adultos aprovechan para alargar la conversación y ellos, nuestros hijos e hijas, empiezan a aburrirse, sacamos el móvil o la tablet, y les ponemos una serie, si son pequeños, o les dejamos que jueguen con alguna app que tenemos descargada. O, peor aún, les dejamos que saquen su propio dispositivo y se pongan a ver reels en ese scroll infinito. Es una escena que se repite cada día.

Cada vez más, empezamos a tomar conciencia de todo lo que dañino que puede ser esto para su desarrollo. Del impacto negativo que tienen las pantallas en ellos, en los pequeños y en los no tan pequeños. Pero, aunque podamos empezar a legislar sobre esto (llegamos tarde, todo sea dicho de paso), aunque pongamos límites, esa tecnología es parte de su vida, y los adolescentes y adultos jóvenes han crecido con ella. En ocasiones, incluso, impuesta en sus centros, porque esos colegios modernos decidieron que las pantallas eran una buena herramienta para avanzar en sus habilidades y conocimientos, y ahí estábamos las familias, gastándonos un dinero a principio de curso para comprar un dispositivo que iba a sustituir los libros de papel. Éramos unos ingenuos. Y de aquellos polvos estos lodos. Tenemos a adultos jóvenes enganchados a las redes, a las notificaciones, relacionándose de una forma adictiva a través de ese mundo. Necesitando contar su vida en ese ecosistema. Y generándoles ansiedad, frustración, y miles de problemas más o menos graves porque no cumplen con esos cánones que nadie sabe quién ha impuesto.

Soy de las que cree que estamos en el punto de inflexión en el que vamos a empezar a vivir una contracorriente de todo esto. Que los jóvenes más “cool” serán aquellos que no tengan redes, aquellos que no accedan a un smartphone desde muy pequeños, aquellos que vivan más presentes desde lo analógico. Puede que sea una ingenua o demasiado optimista, pero siento que en esto ya hemos empezado a detectar que hemos cometido demasiados errores que hay que corregir cuanto antes. Que, dentro de unos años, cuando veamos qué libertad dábamos de acceso a los adolescentes a ese mundo de las redes sociales, nos echaremos las manos a la cabeza. Nos arrepentiremos de haberles dado tanto poder a unos tecnócratas que hacían negocio con nuestros datos, con nuestro tiempo y con nuestra atención.