El papa León XIV ha publicado este 15 de mayo su primera encíclica, Magnifica Humanitas —“Humanidad magnífica”, en español—, un extenso documento sobre la era de la inteligencia artificial que constituye un llamamiento urgente a establecer marcos regulatorios estrictos sobre las tecnologías digitales. En el texto, el pontífice advierte de que el poder tecnológico ha adquirido “un rostro inédito, predominantemente privado”, concentrado en manos de actores transnacionales que disponen de recursos superiores a los de muchos gobiernos, lo que dificulta “discernir, gobernar y orientar hacia el bien común” estas tecnologías.

León XIV ha resultado especialmente claro al identificar el cambio de paradigma en el desarrollo tecnológico contemporáneo. Mientras que históricamente eran los Estados quienes impulsaban y orientaban la innovación, su diagnóstico es que actualmente “los principales motores del desarrollo son actores privados, a menudo transnacionales, dotados de recursos y capacidad de acción superiores a los de muchos gobiernos”. Esta concentración de poder constituye, según el papa, uno de los desafíos más graves de nuestro tiempo, ya que quienes poseen el conocimiento y “sobre todo el poder económico para explotarlo” ejercen “un dominio impresionante sobre el conjunto de la humanidad y del mundo entero”.

El pontífice ha recuperado unas palabras del papa Francisco para subrayar que la cuestión no se limita a la regulación técnica, sino que requiere preguntarse “con realismo quién detenta hoy ese poder y hacia qué fines lo orienta”. Esta reflexión constituye el núcleo de la encíclica: la tecnología no es neutral, sino que “toma el rostro de quien la concibe, la financia, la regula y la utiliza”. Por tanto, la primera decisión no es entre aceptar o rechazar la tecnología, sino entre construir una “torre de Babel” basada en el poder concentrado o reconstruir una “Jerusalén” donde el trabajo compartido y el bien común orienten el desarrollo tecnológico.

La encíclica no se limita al diagnóstico, sino que formula un llamamiento directo a la acción regulatoria, en línea con las posiciones que defiende la Unión Europea —y, dentro de ella, en particular el Gobierno de España— y en contra de la posición que abanderan los Estados Unidos de Donald Trump.

León XIV afirma que “es necesario adoptar instrumentos normativos adecuados, capaces de salvaguardar la justicia y de contener los efectos distorsionadores del poder tecnológico”. Esta exigencia de regulación responde a la constatación de que “nunca la humanidad tuvo tanto poder sobre sí misma”, lo que hace especialmente complejo “evaluar su impacto y sus efectos a largo plazo sobre la dignidad de las personas y el bien común”.

La encíclica insiste en que las nuevas tecnologías, particularmente la inteligencia artificial, se entrelazan con el tejido de la vida cotidiana, moldean los procesos de toma de decisiones e inciden profundamente en el imaginario colectivo. Esta omnipresencia de las tecnologías emergentes hace que su regulación sea una cuestión de justicia social y democrática, no meramente técnica o sectorial.

En el capítulo tercero, dedicado específicamente a la inteligencia artificial, León XIV desarrolla los principios que, según él, deben guiar su gobernanza. Bajo el epígrafe “Responsabilidad, transparencia y gobernanza de la IA”, el documento plantea que estas tecnologías requieren una atención especial precisamente por su capacidad de afectar a derechos fundamentales y estructuras democráticas.

Una de las aportaciones más significativas de la encíclica es su análisis del “paradigma tecnocrático y el poder digital” como amenaza sistémica. León XIV advierte contra lo que denomina el “síndrome de Babel”: “la idolatría del lucro que sacrifica a los débiles, la uniformidad que aplana las diferencias, la pretensión de un lenguaje único —incluso digital— capaz de traducirlo todo, incluso el misterio de la persona, en datos y rendimientos”.

Este paradigma tecnocrático constituye, según el papa, un riesgo de deshumanización que consiste en “construir el futuro excluyendo a dios y reduciendo al otro a un medio”. Se trata de una tentación antigua que hoy adopta un rostro técnico, pero que, en esencia, representa la concentración de poder en manos de quienes controlan las tecnologías más avanzadas.

El capítulo cuarto de la encíclica aborda la relación entre verdad, democracia y el ecosistema comunicativo digital. León XIV dedica secciones específicas a “Verdad y democracia”, “Comunicación e imaginario colectivo” y propone “una ecología de la comunicación” como respuesta a los desafíos actuales.

El pontífice señala que la verdad es un “bien común” esencial para el funcionamiento democrático. En un contexto en el que las plataformas digitales moldean el imaginario colectivo y condicionan el acceso a la información, la concentración de poder en pocas corporaciones tecnológicas representa una amenaza directa para la democracia.

La encíclica también aborda las consecuencias de la transformación digital sobre la dignidad del trabajo y actualiza la tradicional preocupación de la Doctrina Social de la Iglesia por la cuestión laboral, aplicándola a la era de la automatización y la inteligencia artificial.

Especialmente relevante es el apartado sobre “Custodiar la libertad frente a la dependencia y la mercantilización”, donde el papa denuncia las “dependencias y el control social” que generan las tecnologías digitales, y llama a “romper las cadenas de las nuevas esclavitudes”. Esta crítica se dirige tanto a las formas de explotación laboral en la economía de plataformas como a los mecanismos de adicción y manipulación que emplean ciertos modelos de negocio digitales.

León XIV propone además “una economía que valore la dignidad” como alternativa al modelo dominante. Y rechaza expresamente la ideología de los tecnoligarcas al cuestionar las visiones transhumanistas y posthumanistas que prometen superar los límites humanos mediante la tecnología. “La verdadera realización”, defiende en el documento, “no nace de la eliminación de las fragilidades, sino de un crecimiento armonioso”, donde “el progreso se mide por la dignidad de cada uno y por el bien de los pueblos”.

El papa subraya que enfrentar el poder tecnológico concentrado requiere una “responsabilidad compartida”. Ninguna instancia puede, por sí sola, contrarrestar el dominio de las grandes corporaciones tecnológicas, pero tampoco ninguna es tan débil como para no poder contribuir. León XIV convoca a “científicos e investigadores, empresarios y trabajadores, educadores y legisladores, sociedad civil, movimientos populares y comunidades de fe” a asumir cada uno su parte en la reconstrucción de un orden digital más justo.

Esta lógica de subsidiariedad, que valora “la cooperación entre generaciones, entre pueblos, entre disciplinas y culturas”, constituye para el pontífice “el camino privilegiado para hacer crecer la estabilidad, la prosperidad y la paz”. Las diferencias no deben intimidar, sino que, dice, pueden convertirse en “energías creativas cuando están orientadas por una responsabilidad compartida”.

En el capítulo quinto, León XIV aborda la crisis del multilateralismo en la era digital y denuncia que las dinámicas de concentración de poder tecnológico se inscriben en una lógica más amplia de “normalización de la guerra” y de “fuerza sin límites” que amenaza la paz mundial.

En un apartado sobre “Armas e IA”, el pontífice advierte sobre los riesgos de la militarización de las tecnologías de inteligencia artificial. Propone “relanzar el diálogo” y subraya “la necesidad de la diplomacia y el multilateralismo” como instrumentos para construir gobernanzas globales que limiten el poder tanto de actores estatales como privados en el ámbito tecnológico.

En su conclusión, León XIV hace un llamamiento a “permanecer profundamente humanos” en la era de la inteligencia artificial. Y, sin adoptar una postura tecnofóbica, invita a todos —católicos, cristianos de otras confesiones, creyentes de otras religiones y “personas de buena voluntad”— a “no temer ensuciarse las manos en la obra de nuestro tiempo”, trabajando juntos para que las tecnologías sirvan al bien común y no a la acumulación de poder en pocas manos.

Al acto de presentación de la encíclica solo acudió un representante de las grandes tecnológicas: Christopher Olah, uno de los cofundadores de Anthropic, que no dudó en sumarse al mensaje del papa. En declaraciones a los medios, su tesis central fue que el rumbo de esta tecnología no puede quedar al albur exclusivo de los laboratorios y las grandes plataformas, porque estos operan bajo fuertes presiones comerciales, geopolíticas y personales que a menudo chocan con el interés general.

Por eso reivindicó la necesidad de un escrutinio externo fuerte —iglesias, gobiernos y sociedad civil— que funcione como contrapeso a los incentivos internos de la industria y obligue a alinear el desarrollo de la IA con el bien común.

Olah aprovechó la ocasión para afirmar que existe “una posibilidad real” de que la IA desplace trabajo humano “a gran escala” y de que eso abre un imperativo moral “de proporciones históricas”: sostener a quienes pierdan su empleo por esta transición tecnológica. No habla solo de un ajuste laboral, sino de la responsabilidad colectiva de que el impacto económico de la automatización no se traduzca en exclusión y precariedad masiva.

De ahí que subrayase otras dos urgencias: garantizar que los beneficios de la IA se repartan también fuera del reducido grupo de países ricos donde se concentran los avances, y abordar el problema de sistemas cada vez más complejos y opacos cuya conducta ni siquiera sus creadores terminan de comprender.

También las compañías que se presentan como más prudentes, como la misma Anthropic, están atrapadas en esa red de incentivos y limitaciones que “a veces pueden entrar en conflicto con hacer lo correcto”, reconoció. Esa constatación es lo que le lleva a defender que la gobernanza de la IA no puede dejarse en manos de la autorregulación corporativa, por bienintencionados que sean algunos investigadores, y que hacen falta marcos éticos y normativos construidos con participación religiosa, política y social.

Un tercio de internet ya no lo escriben personas. Esa es la conclusión central de la primera investigación a gran escala sobre el impacto del texto generado por inteligencia artificial en la web publicada hace unas semanas por investigadores de Stanford, el Imperial College de Londres y el Internet Archive. En contra de lo que cabía esperar, el hallazgo más inquietante no es que la IA mienta más que los humanos —el estudio demuestra que no es así—, sino que está haciendo que internet sea más uniforme, más amable y, en cierta forma, más aburrida.

El trabajo, firmado por los investigadores Jonas Dolezal, Sawood Alam, Mark Graham y Maty Bohacek, analizó una muestra representativa de páginas web publicadas entre agosto de 2022 —meses antes de que ChatGPT se lanzara al público— y mayo de 2025. Utilizaron el archivo histórico de la Wayback Machine —una especie de biblioteca digital de lo que se ha publicado durante años en internet— para construir la muestra y aplicaron sobre ella un detector de texto con IA llamado Pangram v3, capaz de distinguir entre texto íntegramente generado por máquina, texto asistido por IA y texto puramente humano.

Los resultados son llamativos. Antes de noviembre de 2022, cuando ChatGPT irrumpió en el mercado de consumo, el porcentaje de webs con texto generado por IA era prácticamente cero. Tres años después, en la primera mitad de 2025, el 35% de los sitios web recién publicados contenía texto generado o asistido por inteligencia artificial. El crecimiento no fue lineal: hubo un primer pico en torno a principios de 2023, luego siguió una estabilización y después tuvo lugar una segunda aceleración, ya en 2024, que se ha prolongado hasta el presente, lo que sugiere que el porcentaje actual es mucho mayor.

Los investigadores no se limitaron a medir cuánto texto de IA circula por internet. También quisieron saber qué piensa la gente sobre lo que está ocurriendo. Para ello encuestaron a 903 adultos estadounidenses —muestra representativa por edad, sexo y etnia— y les preguntaron si creían que el auge del contenido generado por IA estaba causando seis efectos negativos concretos.

Los resultados de esa encuesta son un mapa de los miedos colectivos. El 75% de los encuestados cree que la IA está provocando que circulen más informaciones falsas en internet. El 83% cree que está homogeneizando los estilos de escritura y haciendo desaparecer las voces individuales. El 70% cree que los artículos enlazan cada vez menos a fuentes externas, creando burbujas de información sin referencias. El 61% cree que los textos son más largos, pero menos densos: más palabras y menos contenido.

El análisis cuantitativo no encontró correlación estadísticamente significativa entre el aumento de texto generado por IA y un incremento de los errores factuales. Tampoco halló que los textos de IA sean estilísticamente más uniformes que los humanos —al menos no de forma medible—, ni que enlacen menos a fuentes externas, ni que sean más largos con menos contenido útil.

Pero esto no significa que la IA no tenga efectos sobre internet, sino que los efectos que tiene son distintos de los que la mayoría imagina. Porque el estudio sí confirma dos hipótesis con solidez estadística, y las dos apuntan en la misma dirección. 

La primera es la contracción semántica. Los textos generados por IA se parecen más entre sí que los textos escritos por humanos. En términos técnicos, la similitud semántica promedio entre webs con contenido de IA es un 33% mayor que entre webs con contenido humano. Dicho de otro modo: las ideas que circulan en la parte de internet escrita por máquinas son más parecidas entre sí, más previsibles, más concentradas en torno a la media. 

El espacio de los puntos de vista posibles —lo que los autores llaman la "ventana de Overton online", es decir, lo que la mayoría considera aceptable— se está estrechando. No porque la IA prohíba ciertos temas, sino porque tiende a producir versiones suavizadas, centradas y consensuales de cualquier asunto que aborda.

La segunda hipótesis que parece confirmarse es el desplazamiento hacia la positividad. El texto generado por IA tiene un sesgo hacia el tono positivo que es medible y significativo. Los documentos producidos o asistidos por máquinas tienen una tasa de sentimiento positivo que casi dobla la de los textos humanos —0,70 frente a 0,34 en la escala utilizada—.

Internet, en su porción creciente escrita por IA, se está volviendo más amable, más optimista y más edulcorado. El debate, la tensión y el tono crítico o negativo que caracteriza buena parte de la escritura humana están siendo desplazados por la tecnología de moda.

Estos dos efectos combinados producen algo que los investigadores describen como una web más uniforme en ideas y más agradable en tono. No más falsa. No más insulsa en densidad informativa. Pero sí más parecida a sí misma y menos incómoda.

La tentación es interpretar estos resultados como una buena noticia. La IA no miente más, no escribe peor y no elimina los enlaces. Pero los autores advierten que los efectos que han logrado confirmar son potencialmente más insidiosos que los desmentidos.

Un internet donde el 35% de los textos tienden hacia el consenso y la positividad no es necesariamente un internet más honesto. Es un internet donde las voces discordantes, el análisis crítico, la incomodidad intelectual y la diversidad de perspectivas tienen menos peso, aunque ningún algoritmo las haya censurado. La homogeneización no necesita prohibir nada: le basta con ahogar al discrepante.

Los autores del estudio lo enmarcan en términos de democracia deliberativa. El debate público sano necesita conflicto. Precisa que se digan cosas desagradables, que existan voces minoritarias y que los problemas se narren también desde el malestar. Un entorno inundado de texto amable y uniforme no es neutral: favorece el statu quo y margina la disidencia sin necesidad de ejercer ninguna censura visible.

Hay, además, un problema más técnico, pero igualmente grave. Si el 35% de internet ya es texto de IA, los modelos que se entrenen con datos web en los próximos años estarán ingiriendo una cantidad creciente de su propia producción. Los investigadores utilizan el concepto de colapso de modelos: la degradación que puede sufrir una IA cuando aprende de contenido generado por otra IA en lugar de por humanos. Lo que hasta hace poco era una preocupación teórica se convierte, con estos datos, en un problema urgente.

Este fenómeno de autoconsumo de IA tiene consecuencias profundas que van más allá de la simple proliferación de contenido basura. Cuando los modelos de lenguaje se entrenan con conjuntos de datos que incluyen creaciones de otros modelos, tienden a repetir patrones, amplificar errores y perder la diversidad creativa que solo surge de la experiencia humana. 

Los investigadores han documentado que esto produce una homogeneización progresiva del contenido: los textos se vuelven más genéricos, menos matizados y cada vez más difíciles de distinguir entre sí. El problema se acelera exponencialmente porque cada nueva generación de IA entrenada con datos contaminados por IA anterior genera contenido de calidad aún inferior, creando un ciclo de degradación que se retroalimenta. 

Lo alarmante es que este colapso no solo afecta la calidad del contenido, sino que compromete la capacidad futura de las propias IA para generar información fiable, creativa y útil. En un escenario donde la mayoría del contenido digital es generado por IA, el riesgo es que perdamos acceso a la materia prima esencial para el entrenamiento de sistemas inteligentes: la autenticidad humana.El estudio detectó además un patrón llamativo en la encuesta de opinión. Las personas que usan la IA con poca frecuencia tienden a creer más en sus efectos negativos que quienes la usan a diario. Los usuarios frecuentes, con una tasa de acuerdo con las hipótesis negativas del 76%, son menos pesimistas que los esporádicos, que llegan al 88%. La brecha es de 12 puntos porcentuales.

Una explicación posible es que quien usa la IA regularmente ha desarrollado una comprensión más matizada de sus capacidades y límites reales. Otra, menos tranquilizadora, es que la familiaridad genera tolerancia hacia efectos que desde fuera resultan más visibles.

Lo que el estudio no puede resolver —y sus autores lo reconocen— es si los efectos documentados ahora se intensificarán a medida que el porcentaje de texto de IA siga creciendo. El 35% de hoy puede ser el 50% de mañana. Y lo que, a escala de un tercio, produce una contracción semántica medible puede producir, a escala de la mitad, algo cualitativamente distinto.

La investigación termina con una advertencia sobre las herramientas disponibles para responder a este fenómeno. Las plataformas digitales tienen infraestructuras para detectar discursos de odio o desinformación factual. No tienen —nadie tiene— mecanismos para gobernar la diversidad semántica o la calidad de la información que nutre la conversación pública.

Las regulaciones aprobadas hasta ahora, incluido el Reglamento de IA europeo, apuestan por la transparencia mediante marcas de agua en el contenido generado por IA. Los autores señalan que esas marcas son fácilmente eludibles y que la detección retroactiva tiene límites inherentes. Su propuesta alternativa pasa por sistemas de verificación criptográfica de la autoría humana —similares al estándar C2PA, ya en uso para imágenes— y por ajustar los algoritmos de recomendación para que premien la diversidad semántica y el origen humano verificado, en lugar de premiar exclusivamente el volumen o el engagement.

La investigación de Stanford, el Imperial College y el Internet Archive completa otras que se están ocupando de investigar el auge del contenido basura generado por IA, que los anglosajones han bautizado como slop (bazofia).

Un estudio de la Universidad de Florida publicado en marzo en el Journal of Marketing Research estableció que el slop perjudica simultáneamente a consumidores y creadores profesionales. Según Tianxin Zou, profesor de marketing en la Universidad de Florida y coautor del estudio, "ahora hay una inundación de contenido de relativamente baja calidad. Debido a que la cantidad es tan grande, congestiona los sistemas de recomendación, por lo que se hace más difícil encontrar contenido verdaderamente de alta calidad".

Otra investigación publicada en febrero por Nature documentó específicamente la expansión masiva del slop en el ecosistema académico. El artículo reveló que la presentación de publicaciones científicas se ha duplicado desde el lanzamiento de ChatGPT en noviembre de 2022. Y los rechazos mensuales se multiplicaron por cinco, superando los 2.400 artículos por mes. Los investigadores califican la bazofia generada por IA como una "amenaza existencial" para el sistema académico tradicional.

Un tercer estudio de Kapwing —una herramienta online de edición de vídeo— sobre YouTube, publicado el pasado mes de enero, encontró que el 21% de los vídeos cortos de esta plataforma son producto de la IA y que un 33% adicional es lo que los anglosajones llaman brainrot (contenido repetitivo y absurdo diseñado para captar atención hipnóticamente, que se puede traducir como "idiotización"). España es el país más afectado, con más de 20 millones de suscriptores a canales de este tipo. Para luchar contra este fenómeno, YouTube eliminó a comienzos de año 35 millones de suscriptores y 4.700 millones de visualizaciones de 16 de los 100 canales slop con más éxito.

Las conclusiones transversales de todos los estudios señalan que las plataformas deberían etiquetar claramente el contenido generado por IA para ayudar a los consumidores a identificar qué quieren encontrar antes de abandonar la plataforma por completo.

El impacto en la calidad general de internet es degradante: el slop hace que internet sea más ruidoso, menos confiable y más difícil de filtrar. Los sistemas generativos tienden a amplificar patrones repetitivos y a priorizar la cantidad sobre la calidad, lo que favorece un ecosistema informativo degradado.

Imagina que tienes una panadería. Cada día entran 100 clientes que vienen a comprar el pan porque les gusta lo que haces. Pero resulta que Glovo reparte otros 500 pedidos tuyos cada jornada. ¿Eres una panadería con 100 clientes o con 600?

La respuesta es que depende de para qué. Si lo que quieres es que alguien pague un anuncio en tus envoltorios, querrás decir 600. Pero si un inversor quiere saber si tu negocio es sólido por la calidad de tu público —cuánta gente vuelve por su propio pie, cuántos te son fieles—, el número que importa es 100, porque los otros 500 dependen de que Glovo siga queriéndote. Si Glovo cambia sus reglas, si deja de promocionarte, te quedas sin esos clientes de un día para otro.

Con los medios digitales pasa exactamente lo mismo. Un periódico digital puede tener millones de visitas al mes, pero buena parte de ese tráfico llega desde Google, Facebook o TikTok. Si esas plataformas cambian su algoritmo —lo que hacen constantemente y sin avisar—, ese periódico pierde la mitad de su audiencia sin haber hecho nada mal.

Esta no es una metáfora académica. Es el problema concreto que tiene que resolver el concurso que la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC) fallará en junio, cuando elija a la empresa que medirá las audiencias digitales de los medios españoles a partir de 2027. Es una decisión técnica. Pero tendrá también consecuencias directas sobre qué periodismo sobrevive, quién recibe publicidad pública y cómo se controla que el dinero de los ciudadanos no acabe financiando a pseudomedios.

Los anunciantes necesitan saber a cuánta gente llega un medio antes de pagar por aparecer en él. Los medios, a su vez, precisan demostrar ese alcance para cobrar por el espacio. El sistema de medición de audiencias es la moneda que hace posible esa transacción. Si la moneda está mal fabricada —si mide cosas que no debería medir, o no distingue lo que debería distinguir—, todo el mercado queda distorsionado.

Durante casi una década, esa moneda la fabricó Comscore. En 2021 la relevó GfK DAM, pero su contrato expiró aunque sigue haciendo las mediciones a la espera de que la AIMC decida quién se va a ocupar del nuevo modelo a partir de 2027. Se presentaron tres candidatos: la propia GfK, Comscore —que vuelve a intentarlo— y Nielsen, que al final ha quedado fuera porque su proyecto no cumplía los requisitos fijados en el concurso.

Medir audiencias digitales es, en apariencia, más sencillo que medir las de la televisión. Un televisor necesita un aparato especial —el audímetro— instalado en casa para registrar qué canal se está viendo. En internet, cada visita deja un rastro. El problema es que ese rastro es tan abundante y tan fragmentado que resulta casi imposible de interpretar sin ayuda.

Un mismo lector puede entrar a un periódico desde el ordenador del trabajo, desde el móvil en el metro y desde la tablet por la noche. ¿Es un lector o tres visitas? ¿Cuenta igual si llega directamente escribiendo la dirección en el navegador que si llega porque un titular le llamó la atención en Instagram?

El sistema que se va a contratar tiene que responder a todas estas preguntas con un método que sea, al mismo tiempo, verificable, comparable entre medios distintos y suficientemente sencillo como para que los anunciantes puedan usarlo sin necesidad de un doctorado en estadística.

“Lo que está en juego”, explica a infoLibre Ana Isabel Rodríguez, profesora y experta en audiencias de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), “es la definición del valor informativo en un entorno dominado por la distribución algorítmica y la influencia/dependencia de plataformas tecnológicas externas a los medios de comunicación, así como el valor de la atención en España”.

El pliego técnico que ha publicado la AIMC exige un modelo híbrido que combine dos fuentes de datos. Por un lado, etiquetas instaladas en el 100% de los sitios web que registran cada visita. Por otro, un panel de al menos 5.000 personas reales —seleccionadas para representar a la población española— que permitan humanizar esos datos: saber que detrás de esas visitas hay personas concretas, con edad, sexo y lugar de residencia. Sin ese panel, los números son solo tráfico. Con él, se convierten en audiencia.

Aquí es donde está el nudo del debate. Las plataformas tecnológicas —Google, Meta, TikTok— distribuyen contenido periodístico a escala masiva. Cuando alguien hace clic en un titular que le aparece en el muro de Facebook, esa visita llega al periódico y queda registrada como una más. Pero ese lector no ha buscado el periódico: ha encontrado un titular que le pareció interesante en un momento de desplazamiento infinito. No sabe ni el nombre del medio. Y si mañana Facebook decide que ese tipo de contenido ya no le interesa a su algoritmo, esa audiencia desaparece.

Los editores de medios, a través de una de sus asociaciones, CLABE, llevan tiempo denunciando que mezclar ese tráfico con el que llega de forma directa —el lector que escribe la dirección del periódico en el navegador, el suscriptor que abre el boletín— distorsiona el mercado. No porque un tipo de tráfico sea mejor que el otro en términos morales, sino porque tienen valores comerciales y estructurales completamente distintos. Y entre ellos, según fuentes consultadas por infoLibre, hay cierta preocupación porque acabe ganando el concurso el modelo de Comscore, al que atribuyen querer implantar el sistema de medición que menos les gusta.

Un anunciante que quiere llegar a lectores comprometidos con un medio, que confían en él y que lo buscan activamente, está comprando una cosa muy distinta a un anunciante que quiere impacto masivo en cualquier contexto. Si el sistema de medición mezcla ambos sin distinguirlos, el anunciante no sabe lo que compra. Y el editor no puede demostrar lo que vale.

“Ya está ocurriendo que hay medios que están contratando influencers que nada tienen que ver con sus contenidos para engordar sus métricas”, advierten las mismas fuentes.

La solución que propone el sector es técnicamente posible, pero cara: que el medidor sea capaz de desglosar, con un solo clic, de dónde procede cada parte de la audiencia de un medio. Cuánto es tráfico directo, cuánto llega desde buscadores y cuánto desde redes sociales. Que el número total exista —porque los anunciantes lo necesitan para comparar—, pero que ese número pueda desmontarse para quien quiera saber cómo está construido.

“La ventaja de este enfoque es evidente”, explica la profesora de la USC, “porque permite distinguir qué parte del consumo ocurre en los entornos controlados por el editor y cuál depende de plataformas externas como las redes sociales o los agregadores de noticias. Este sistema aporta trazabilidad, protege el valor editorial y ofrece una fotografía más precisa de la fortaleza real de cada medio”.

El principal beneficio, explica, “sería la transparencia”, porque permite al mercado “entender el origen real del dato y premiar la lealtad directa frente a la volatilidad del algoritmo de turno”. Porque la agregación pura “puede resultar devastadora para los editores de valor” al ocultar “la dependencia del medio respecto a plataformas externas, diluye la calidad de la atención y fomenta de forma indirecta el fraude de tráfico o el sensacionalismo enfocado a engordar artificialmente los datos”.

Es importante, añade Rodríguez, que cualquier métrica agregada pueda ser reversible metodológicamente para que el mercado pueda reconstruir cómo se compone exactamente el dato total y “que evite convertirse en una caja negra opaca”.

La medición de audiencias, además, ha dejado de ser un asunto que solo preocupe al mercado publicitario privado. Hay una razón concreta para que este concurso sea ahora una cuestión de interés general: el dinero de los ciudadanos.

“La medición de audiencias ya no es solo una cuestión estadística, sino que va a convertirse en un estándar estratégico. Una herramienta de responsabilidad pública que debe garantizar la pluralidad del ecosistema”, subraya la profesora Rodríguez. La transparencia en la medición de audiencias “no es solo una cuestión de eficiencia publicitaria, sino también de equilibrio competitivo, sostenibilidad del pluralismo mediático y gobernanza democrática del ecosistema digital”.

Las administraciones públicas —el Gobierno central, las comunidades autónomas, los ayuntamientos— gastan cada año decenas de millones de euros en publicidad institucional: campañas de salud, avisos de trámites, información de servicio público. Ese dinero tiene que ir a algún sitio. Y durante décadas ha ido a sitios que dependían, en parte, de la proximidad política del medio al gobierno de turno.

El anteproyecto de Ley de Publicidad del Sector Público, presentado en febrero de 2026, intenta cambiar eso. Establece que los medios que quieran optar a publicidad institucional deberán usar sistemas de medición que cumplan con los requisitos del Reglamento Europeo de Libertad de los Medios (EMFA, por sus siglas en inglés), que entró en vigor en 2024 y se está desplegando progresivamente en todos los países de la UE.

La EMFA, en su artículo 23, obliga a que los sistemas de medición de audiencias sean transparentes e imparciales, y a que publiquen sus metodologías. La idea es que ni los gobiernos ni las plataformas puedan manipular el mercado fijando las reglas del juego a su conveniencia. Sin un sistema de medición fiable, toda esa arquitectura legal se queda sin cimientos.

El Comité Técnico Digital que evalúa las ofertas de las dos candidatas que quedan vivas —GfK y Comscore— incluye representantes de los grandes grupos de comunicación —Atresmedia, Mediaset, Prisa, Vocento—, además de algún nativo digital —eldiario.es—, de agencias de publicidad como Publicis y Dentsu, y de la propia AIMC. Son los actores con más peso en el mercado, pero también los que tienen más recursos para adaptarse a cualquier sistema que se elija.

Los medios pequeños y locales carecen de representación directa en ese comité. Y eso importa, porque el coste del nuevo sistema no va a ser el mismo para todos. Acceder a los datos del medidor, integrarse técnicamente con sus herramientas, defender ante los anunciantes las propias cifras: todo eso requiere recursos que un periódico local de Jaén o un medio nativo digital de Galicia no tiene en la misma proporción que un gran grupo multimedia.

“La transparencia no puede ser un lujo que solo los grandes grupos puedan permitirse”, advierte la profesora de la USC consultada por infoLibre. “Debe ser la garantía básica de que cada lector, viva donde viva y consuma el medio que consuma, sea contado de manera justa y transparente”.

El pliego de condiciones del concurso convocado por AIMC menciona la necesidad de que los precios sean “asumibles”. Pero varios expertos del sector proponen ir más lejos y establecer tarifas progresivas según el tamaño del medio, para que el coste de acceso al sistema no actúe como una barrera que invisibilice a los medios más pequeños. Si un medio no puede pagar por los datos que le afectan, queda a merced de lo que el medidor decida publicar. Y si no puede verificar esos datos, no puede defenderlos ante sus anunciantes locales.

Hay además otra novedad en este concurso que merece atención: la AIMC ha incluido en el contrato la posibilidad de que, al finalizar el periodo, la propiedad del panel de medición pase a ser de la propia asociación, dejando al adjudicatario solo como gestor técnico. Una forma de que la industria española recupere el control sobre su propia infraestructura de datos, en lugar de depender indefinidamente de empresas privadas extranjeras.

Rodríguez advierte, en todo caso, sobre los peligros de un modelo que no priorice la calidad y la recurrencia del usuario. “El reto no consiste solo en elegir entre agregación o desagregación, sino en encontrar un equilibrio que permita combinar una visión integrada del alcance total con niveles suficientes de transparencia y auditabilidad”. 

Las presentaciones de las candidaturas tuvieron lugar en mayo. La resolución tendrá lugar en junio. Lo que salga de ese proceso marcará las reglas del mercado publicitario digital en España durante al menos tres años, prorrogables a cinco.

Así que no es exagerado decir que de esa decisión depende, en parte, qué medios podrán demostrar su valor ante los anunciantes y cuáles quedarán atrapados en la opacidad de un sistema que no podrán verificar ni cuestionar. Y, por extensión, qué tipo de periodismo tiene posibilidades reales de sobrevivir en España en la segunda mitad de esta década.

La panadería que solo existe porque Glovo la mantiene en el mapa no es la misma que la que tiene cola cada mañana. Que el sistema sepa distinguirlas no es un detalle técnico. Es la diferencia entre medir clics y conocer qué tamaño tiene el periodismo real.

¿Cuánto sabemos de lo que hacen nuestros hijos en el mundo digital? ¿Sabemos cuál es su entorno, su bienestar, cómo son realmente cuando entran en esos chats, en las redes o cuando juegan en línea, en teoría con sus amigos y con todos los desconocidos que pueden sumarse a esa multipartida?

Tranquilo, tranquila. Si tu respuesta es “realmente no tengo ni idea”, no eres el único o la única que está así de perdido. Hablar del entorno digital con adolescentes y niños es asomarse a un mundo en el que cada vez somos más extraños. Y en el que ellos, cada vez más a menudo, están construyendo su identidad. Esto de la brecha digital suena a cosa de mayores, pero no lo es tanto. Vamos muy por detrás y cosas que nos parecen inofensivas tienen consecuencias.

Una escena que se repite demasiadas veces y que, a día de hoy, nos puede escandalizar. Una familia, en un restaurante, comiendo y, en la sobremesa, cuando los adultos aprovechan para alargar la conversación y ellos, nuestros hijos e hijas, empiezan a aburrirse, sacamos el móvil o la tablet, y les ponemos una serie, si son pequeños, o les dejamos que jueguen con alguna app que tenemos descargada. O, peor aún, les dejamos que saquen su propio dispositivo y se pongan a ver reels en ese scroll infinito. Es una escena que se repite cada día.

Cada vez más, empezamos a tomar conciencia de todo lo que dañino que puede ser esto para su desarrollo. Del impacto negativo que tienen las pantallas en ellos, en los pequeños y en los no tan pequeños. Pero, aunque podamos empezar a legislar sobre esto (llegamos tarde, todo sea dicho de paso), aunque pongamos límites, esa tecnología es parte de su vida, y los adolescentes y adultos jóvenes han crecido con ella. En ocasiones, incluso, impuesta en sus centros, porque esos colegios modernos decidieron que las pantallas eran una buena herramienta para avanzar en sus habilidades y conocimientos, y ahí estábamos las familias, gastándonos un dinero a principio de curso para comprar un dispositivo que iba a sustituir los libros de papel. Éramos unos ingenuos. Y de aquellos polvos estos lodos. Tenemos a adultos jóvenes enganchados a las redes, a las notificaciones, relacionándose de una forma adictiva a través de ese mundo. Necesitando contar su vida en ese ecosistema. Y generándoles ansiedad, frustración, y miles de problemas más o menos graves porque no cumplen con esos cánones que nadie sabe quién ha impuesto.

Soy de las que cree que estamos en el punto de inflexión en el que vamos a empezar a vivir una contracorriente de todo esto. Que los jóvenes más “cool” serán aquellos que no tengan redes, aquellos que no accedan a un smartphone desde muy pequeños, aquellos que vivan más presentes desde lo analógico. Puede que sea una ingenua o demasiado optimista, pero siento que en esto ya hemos empezado a detectar que hemos cometido demasiados errores que hay que corregir cuanto antes. Que, dentro de unos años, cuando veamos qué libertad dábamos de acceso a los adolescentes a ese mundo de las redes sociales, nos echaremos las manos a la cabeza. Nos arrepentiremos de haberles dado tanto poder a unos tecnócratas que hacían negocio con nuestros datos, con nuestro tiempo y con nuestra atención. 

Treinta organizaciones de consumidores europeas denunciaron este jueves a Google, Meta y TikTok ante la Comisión Europea por "haber fracasado" a la hora de combatir los anuncios de estafas financieras que aparecen en sus plataformas.

La denuncia llega tras haber analizado la política publicitaria de las tecnológicas en trece países europeos y haber detectado casi 900 anuncios fraudulentos entre diciembre de 2025 y marzo de 2026, informó la Asociación Europea de Consumidores (BEUC) en un comunicado.

Tras tener conocimiento de su existencia, Google eliminó el 60% de los anuncios denunciados ante la empresa; Meta el 43 % y TikTok el 23 %, señaló BEUC, que junto a otras 29 organizaciones -entre ellas las españolas ASUFIN y CECU -acusan a las compañías de violar la ley de servicios digitales (DSA) de la UE.

"Meta, TikTok y Google no solo no eliminan de forma proactiva los anuncios fraudulentos, sino que tampoco actúan con la suficiente contundencia cuando se les notifica sobre este tipo de estafas", dijo el director general de BEUC, Agustí Reyna.

Por eso, piden a la Comisión Europea y a las autoridades nacionales, ante las que también han presentado su denuncia, que investiguen la política publicitaria de las tres compañías y que les impongan multas si "continúan incumpliendo" sus obligaciones.

"Es fundamental exigir responsabilidades a Meta, TikTok y Google. Si no toman medidas contra las estafas financieras que circulan en sus plataformas, los estafadores seguirán llegando a millones de consumidores europeos a diario, poniendo a las personas en riesgo de perder cientos o miles de euros a causa del fraude", añadió Reyna.

El manifiesto de 22 puntos publicado por los directivos de Palantir constituye un resumen programático del libro de Alexander C. Karp y Nicholas Zamiska titulado La República Tecnológica, subtitulado Poder Duro, Pensamiento Débil, y el futuro de Occidente. Todos los puntos se encuentran en diversos capítulos del libro. 

Karp es director ejecutivo de Palantir; dedica buena parte del libro a describir y ensalzar a su empresa y sus métodos y a explicar lo que fue y es Silicon Valley y lo que a su juicio debería ser. Es sin duda, un libro interesante. Con el ánimo de que cada lector saque sus propias conclusiones sobre las propuestas de Karp, se expone el presente resumen del libro. 

"Las primeras innovaciones de Silicon Valley no fueron impulsadas por cerebros técnicos que buscaban elaborar productos de consumo triviales, sino por científicos e ingenieros que ansiaban ver implementada la tecnología más potente de la época para abordar retos significativos. Su objetivo no era satisfacer las necesidades pasajeras del momento, sino impulsar un proyecto mucho más importante canalizando la resolución y la ambición colectivas de una nación", comenta Karp, quien añade: "Esta temprana dependencia del Silicon Valley del Estado-nación y, de hecho, del Ejército estadounidense, ha sido en general olvidada, borrada de la historia de la región como un hecho incómodo y disonante, que choca con la concepción que Silicon Valley tiene de sí mismo como deudor únicamente de su capacidad para innovar". 

El autor recuerda que el presidente Roosevelt escribió que "no hay ninguna razón para que las lecciones que aprendamos de este experimento, colaboración entre gobierno e industria privada durante la guerra, no pueda emplearse provechosamente en tiempos de paz". 

El presidente norteamericano pretendía que la maquinaria del Estado estimulase el avance de la comunidad científica al servicio, entre otras cosas, del progreso de la salud pública y del bienestar nacional. De esa concepción nació la Agencia de Proyectos de Investigación de Defensa (DARPA por sus siglas en inglés) y la colaboración con el Instituto Tecnológico de Massachusetts donde el psicólogo Josep Licklider anticipó el surgimiento de las primeras formas de IA. Las innovaciones del DARPA incluyen los precursores del moderno internet y el sistema de posicionamiento global (GPS). 

Las relaciones entre los dirigentes políticos y los científicos en los que confiaban para que les sirvieran de guía eran estrechas y con un alto grado de confianza, en opinión de Karp, pero “cuando las tecnologías emergentes que generan riqueza no promueven el interés público general pueden surgir problemas”. 

La encarnación moderna de Silicon Valley se ha alejado de manera significativa de esta tradición de colaboración con el gobierno estadounidense, centrándose en cambio en el mercado de consumo como la publicidad en línea y las plataformas de las redes sociales, que han llegado a dominar y limitar nuestra percepción del potencial de la tecnología, según el directivo de Palantir. 

“Las causas fundamentales del cambio incluyen las crecientes divergencias entre los intereses y los instintos políticos de la elite estadounidense y los del resto del país tras la segunda guerra mundial así como el distanciamiento emocional de una generación de ingenieros informáticos respecto a conflictos más amplios: los problemas económicos del país y las amenazas geopolíticas del siglo XX”. 

Y concluye: “La retirada del Estado dejó un vacío cada vez más amplio en materia de innovación. Sin embargo, será la unión del Estado y la industria del software lo que hará falta para que los Estados Unidos y sus aliados en Europa y en todo el mundo sigan siendo tan dominantes en este siglo como lo fueron en el pasado. En este libro defendemos que el sector tecnológico tiene la obligación de apoyar al Estado que hizo posible su ascenso”. 

“Hoy tenemos que decidir si seguimos adelante con una tecnología cuyo poder y potencial aún no comprendemos del todo. Tenemos que decidir si frenamos o incluso detenemos el desarrollo de las formas más avanzadas de inteligencia artificial, que pueden amenazar a la humanidad o incluso superarla algún día, o si permitimos una experimentación si trabas con una tecnología que puede influir en la política internacional de la misma forma que las armas nucleares lo hicieron en el siglo pasado”. 

Tras plantear la disyuntiva anterior, Karp recuerda que “no está claro ni siquiera para los científicos y programadores que los construyen, cómo y porqué funcionan los modelos generativos de lenguaje e imágenes; y las versiones más avanzadas de los modelos han empezado a demostrar lo que un grupo de investigadores ha denominado chispas de inteligencia general artificial o formas de razonamiento que parecen aproximarse a la forma de pensar de los seres humanos”.   

Pese a los riesgos importantes que indica Karp es partidario de seguir adelante. El software y la inteligencia artificial que estamos desarrollando en Palantir y otras empresas pueden permitir el desarrollo de armas letales. Es esencial que reorientemos nuestra atención hacia la construcción de armamento de IA que determine el poder en este siglo, cuando termine la era atómica y en el próximo; además será esencial construir enseguida sistemas que permitan una colaboración más fluida entre los operadores humanos y sus homólogos algorítmicos, pero también garantizar que la máquina siga estando subordinada a su creador. 

"Una era de disuasión, la era atómica está llegando a su fin y una nueva era de disuasión basada en la IA está a punto de comenzar. Nuestros adversarios (para Karp China) no se detendrán en teatrales debates sobre los méritos de desarrollo de tecnologías con aplicaciones militares y de seguridad nacional críticas: seguirán adelante".  

Sobre China, el autor cita las palabras de un profesor de Relaciones Internacionales: “Muchos de los contemporáneos de Xi Jinping que vivieron la Revolución Cultural llegaron a la conclusión de que China necesitaba el constitucionalismo y el estado de derecho, pero Xi dijo que no: lo que necesitáis es el Leviatán". El cultivo del poder duro, incluida la IA para el campo de batalla es una necesidad para sobrevivir, añade Karp, Xi lo entiende de una forma que los occidentales, los autoproclamados vencedores de la historia, a menudo olvidan.  

En opinión del directivo de Palantir, “las capacidad de las sociedades libres y democráticas para prevalecer requiere algo más que un llamamiento moral. Requiere puro poder que en este siglo se basará en el software”. 

Es de las pocas veces, o la única, que en el libro se habla de la sociedad libre y democrática. Habría que entender, que en la concepción de Palantir, la república tecnológica deberá ser una sociedad libre y democrática, aspecto que no se desarrolla en el texto de Karp, en opinión de quien esto escribe. Juzgue el lector por la exposición de su pensamiento en qué tipo de sociedad está pensando el directivo de Palantir. 

Mientras otros países avanzan, muchos ingenieros de Silicon Valley siguen oponiéndose a trabajar en proyectos de software que puedan tener aplicaciones militares ofensivas, incluidos los sistemas de aprendizaje automático que hacen posible la eliminación de enemigos en el campo de batalla, se lamenta Karp. 

“Los niños prodigios de Silicon Valley , sus fortunas, sus imperios comerciales y sobre todo su propio sentido de sí mismos, existen gracias a la nación, que en muchos casos hizo posible su ascenso. Se encargan de construir vastos imperios técnicos, pero se niegan a ofrecer apoyo al estado cuya protección, por no hablar de las instituciones educativas y los mercados de capitales, les ha proporcionado las condiciones necesarias para su ascenso. Les convendría comprender esa deuda, aunque siga sin saldarse”. 

El autor reconoce el desencanto de una generación estadounidense con el Estado-nación y el interés por la defensa colectiva, pero este hecho ha dado lugar a una reorientación incuestionable pero inmensa de los recursos tanto intelectuales como financieros, para satisfacer las necesidades, a menudo caprichosas, de la cultura de consumo del capitalismo. 

Las razones de ese desencanto y del dominio de los caprichos del consumo se deben, en opinión de Karp, a que “una amplia franja de líderes en Estados Unidos y en Occidente han sido castigados sin piedad durante años por mostrar públicamente algo que se aproxime siquiera a una creencia auténtica. El ámbito público se ha vuelto tan implacable que lo único que ha quedado a la república es una larga lista de ineficaces y vacuos recipientes cuya ambición aún se perdonaría si en su interior se ocultase una mínima estructura de creencia genuina”. 

Es lo que Karp llama el vaciado de la mente estadounidense y el abandono de la fe. 

“Nuestras instituciones educativas y la cultura en sentido más amplio han favorecido la existencia de una nueva clase de líderes que no son meramente neutrales o agnósticos, sino que tienen una capacidad gravemente mermada para formarse sus propias creencias auténticas sobre el mundo. Hoy en día, un subgrupo significativo de Silicon Valley desprecia, sin ambages, a las masas por su apego a las armas y a la religión, pero ese mismo subconjunto se aferra a otra cosa: Una tenue y exigua ideología secular que se disfraza de pensamiento. El problema es que tolerarlo todo suele suponer no creer en nada”. 

"Hay que dejar de lado constantemente las ideas percibidas sobre lo que debería funcionar en favor de lo que funciona. Los fundadores y tecnólogos que han construido el mundo moderno abandonaron de buen grado las grandes teorías y las estructuras de creencias dominantes para construir; de hecho construyen cualquier cosa con tal que funcione. La característica distintiva de la tecnología y del software es que funciona o no funciona. No hay medias tintas, no hay casi, cuando se trata de software: el programador se enfrenta inmediatamente al fracaso. No hay discusión ni postura que pueda hacer que el programa funcione". 

La gran desventaja del ingeniero, recuerda Karp citando al geólogo Herbert Hoover que trabajó en minería “es que sus obras están a la vista de todos y que el ingeniero no puede enterrar sus errores en la tumba como el médico, ni argumentar hasta que desaparezca o culpar al juez como el abogado. Esta sensibilidad a los resultados y al fracaso, y quizás el abandono de las grandes teorías sobre cómo debe ser el mundo o cómo deberían funcionar las cosas, es la semilla de la cultura de la ingeniería. Es esencial que el ingeniero, ya sea del mundo mecánico, del digital o incluso del escrito, descienda de la torre de la teoría al pantano de los detalles reales tal y como son y no como se ha teorizado que sean”. 

Opina Karp que la negativa de Silicon Valley y otros progresistas a comprometerse con las reivindicaciones y demandas políticas de casi la mitad del país corre el riesgo de convertir en marginal su propia agenda. 

Sin embargo, continúa el autor "la afanosa búsqueda de esos avances y resultados lo que constituye el fundamento del enfoque ingenieril del mundo y la base de una república tecnológica". El riesgo es que abandonemos un sistema moral o ético orientado a los resultados que más impostan a la gente (menos hambre, delincuencia y enfermedades) en favor de un discurso mucho más dramatúrgico en el que la gestión de los mensajes en torno a esos resultados eclipse los resultados en sí.  

¿Qué es lo que sostiene a comunidades de individuos que pueden ser miles de millones? 

¿Qué es lo que es capaz de unirnos, de ofrecer un cierto grado de cohesión y una narrativa común que permita a grandes grupos organizarse en torno a algo más que nuestra propia subsistencia? Se pregunta el autor, que responde: “Sin duda alguna se trata de una mezcla de cultura, lengua, historia, héroes y villanos, relatos y patrones de discursos compartidos". Todo ello sin negar que las culturas están en un proceso de cambio constante. Lo irónico resalta Karp “es que los más escépticos ante el mercado y las enormes desigualdades que se derivan de la adopción de un capitalismo a ultranza, no suelen darse cuenta de que su propia aversión a defender la cultura o los conceptos de nación deja un vacío que el propio mercado se encarga de llenar”. 

En su defensa del papel de la nación, el autor se pregunta si debemos permitirle que ocupe el lugar, que de otro modo, ocuparía una cultura de consumo en auge en la que la identidad y la pertenencia se definen por lo que uno pueda comprar y en consecuencia por la casta y la riqueza. Este es, señala, Karp, el error más flagrante de la izquierda moderna. 

Recuerda también el autor las concepción de nación del pensador francés Ernest Renan: “Un proyecto nacional presupone un pasado, pero se resume en el presente por un hecho tangible: la aceptación, el deseo claramente expresado de continuar una vida en común” o en expresión del propio Renan, un plebiscito cotidiano. 

Las tecnologías que estamos construyendo, finaliza Karp en su libro “entre ellas las nuevas formas de inteligencia artificial que pueden desafiar nuestro actual monopolio de control creativo de este mundo, son a su vez el producto de una cultura cuyo mantenimiento y desarrollo ahora más que nunca no podemos permitirnos abandonar. Puede que fuera justo y necesario desmantelar el viejo orden. Ahora debemos construir algo juntos en su lugar”. 

Que el posible lector valore lo expuesto por el directivo de Palantir. Al que esto escribe le gustaría saber cuántos programas de software dedica su empresa a la erradicación del hambre y la mejora de las condiciones de vida de los habitantes de esa nación tan añorada. Porque el plebiscito diario del que hablaba Renan será negativo si la potencia de las naciones se mide únicamente por la potencia de sus programas de software militar y de vigilancia ciudadana.   

___________________________

Julián Lobete Pastor es socio de infoLibre.

En este informe publicado en abril de este año por Funcas se dice que el 21% de las empresas españolas con más de diez empleados ya utilizan IA; el mismo informe también indica que se destruirán entre 1,7 y 2,3 millones de empleos en los diez próximos años en nuestro país como consecuencia del uso de la IA. Esta destrucción se verá compensada, al menos parcialmente, por la emergencia de nuevos empleos, concretamente, 1,61 millones. El informe alerta de que las nuevas ocupaciones actuarán sobre grupos distintos de trabajadores y mediante mecanismos distintos, lo que significa que muchos de los empleos actuales no se sustituirán simplemente por otros más cualificados, sino que directamente, desaparecerán.

Por su parte, en este informe del World Economic Forum de enero de 2026 se indica que el 54% de los encuestados (unos 10.000 ejecutivos del mundo) creen que la IA desplazará un buen número de los trabajos actualmente existentes.

El impacto de la IA en el mercado de trabajo ya ha llegado. Y está aquí para quedarse, ampliarse y profundizarse. 

Hoy en día se pueden corregir trabajos en inglés con un programa de IA generativa, que no solamente indica cuándo uno ha metido la pata, sino que además, hace sugerencias al usuario para mejorar la expresión de una idea. Hace tan solo un par de años era necesario contratar a un editor para que al menos echara un vistazo a trabajos escritos por no nativos en inglés; hoy en día, ya nadie acude a editores o correctores de la lengua en la que se trabaja en el ámbito de la investigación. Por otro lado, los sistemas de IA actuales, todavía de manera rudimentaria, pueden construir párrafos que se asemejan en contenido, estilo y orientación científica, a los que hacen los académicos, después de la adecuada alimentación del sistema a través de los prompts que se introducen en la la máquina. El conocimiento va cada vez más dirigido a generar verdaderos expertos en el arte del prompt: quien alimente mejor a la máquina, de manera más precisa y específica, será quien mejor rendimiento obtendrá de ella. 

Desde otra perspectiva, hay ya al menos cuatro compañías en nuestro país que ofrecen sistemas de IA de asistencia legal para elaborar demandas ante los tribunales de justicia. Dichos sistemas indican la jurisprudencia que hay que citar en cada caso, y sugieren estrategias judiciales. Es cierto que todos estos sistemas requieren (por el momento) de la supervisión de un humano: el TSJ de Canarias multó en febrero de 2026 (solamente con 420 euros) a un abogado por realizar ni más ni menos que 48 citas de jurisprudencia que resultaron finalmente ser falsas. Sin embargo, es evidente que el impacto en la industria jurídica de la IA será demoledor en los próximos años. Y en la académica, también.

¿Qué hacer ante ello? En este informe de KPMG de 2023 se indica que el 61% de las personas no tienen confianza en la IA. El dato ha evolucionado ligeramente a favor de la confianza: en su informe de 2025 sobre la misma cuestión, KPMG indica que alrededor del 55% de la gente no confía en la IA (lo que supone una ganancia de seis puntos porcentuales en relación con el informe anterior). Es decir, es posible que a medida que se vaya desplegando la IA, se vaya confiando más en ella. Sin embargo, el dato de desconfianza sigue siendo muy importante, y países que usan mucho la IA, como Finlandia, son los que más desconfían de ella.

En realidad, que la gente desconfíe, con carácter general, de la IA, es una buena noticia, según mi opinión. Y no deberíamos convencerla de lo contrario, porque probablemente esa desconfianza suponga un colchón que amortigüe el efecto de la IA en el mercado laboral. El argumento es el siguiente: si se mantuvieran los actuales niveles de desconfianza hacia la IA (cosa que, como digo, espero) la única manera de combatirla sería situando a un humano detrás de la máquina. Esto protegería nuestro mercado laboral de manera significativa, o dicho de otra manera, esto protegería a los humanos en el mercado laboral.

Esta es, por cierto, la obligación que establece el Reglamento de Inteligencia Artificial en relación con los sistemas de IA de alto riesgo. Todo sistema de IA de alto riesgo tiene que estar supervisado por un humano. Y como la definición que hace el Reglamento de IA de los sistemas de IA de alto riesgo es tan amplia (por ejemplo, aquellos que potencialmente puedan afectar a los derechos fundamentales son de alto riesgo), podemos concluir que muchos sistemas, si no todos, deberían quedar sometidos a esta obligación.

Poner a un humano detrás de una máquina no es simplemente una treta regulatoria proteccionista (que lo es: en Italia llevan años protegiendo al pequeño comercio, y esto se acepta como una cuestión no solo económica y política, sino también cultural), ni tampoco un mensaje sobre los deberes que tienen por delante los sindicatos españoles y del mundo. Es, además, una imposición legal positiva para que la IA se desarrolle de la manera más ética y moral posible. Pongamos a un humano detrás de la máquina: nuestro mercado laboral nos lo agradecerá; y probablemente la IA, también.

_________________________________

Antonio Estella es catedrático Jean Monnet "ad personam" de Gobernanza Económica Global y Europea en la Universidad Carlos III de Madrid.

Cuando escribo estas líneas, está prevista una cita de Trump en China con su líder, Xi Jinping. O sea, digamos que es la cita de la fuerza contra la inteligencia, y creo que nadie dudará de quién representa cada característica. Pues bien, creo que el futuro está en la inteligencia, porque el líder estadounidense representa cada vez más el desastre de la riqueza, aunque el chino también aspire a ella, pero bajo una denominación semicomunista teórica que solo pretende el bien de una mayoría.

Vivimos con preocupación la competencia entre la IA y muchas profesiones, entre ellas el periodismo. Se plantea ahí la incógnita de cómo será una vida entre humanos y máquinas, pero creo que, en el mundo en el que vivimos, el papel del ser humano está muy claro. El profesional será el defensor de lo bueno frente a lo malo. Hoy ya sabemos que lo malo es lo de los bulos, los insultos y la mentira. Pues ahí está bien situado el periodista, actuando en defensa del periodismo de la verdad, que solo hay una. Eso sí, usando también la IA, pero con buenas maneras. Ya sabemos que los malos tienen mucho poder, pero la IA puede ejercer precisamente ese papel de bondad que hoy ya estamos viendo en la lucha del periodismo bueno frente a eso que representan Vito Quiles y otros. Creo que, en la abogacía y en muchas más profesiones, la bondad deberá ganar la batalla, muy dura, que ya estamos viviendo. Quizá en la reunión de hoy entre Trump y el líder chino esté representado este momento, y yo ya sé quién es el malo. ¿Y por qué no pensar que Sánchez tendrá un papel importante en esa lucha que se presenta apoyada por la IA?

Sabemos también que la IA es cada día más inteligente, pero el ser humano siempre tendrá más fuerza de defensa, más decisión para imponer la verdad, que es única. Hay muchas clases de periodismo, porque no todo es política, pero la conciencia humana, al menos de momento —y creo que siempre será así—, debe imponer su humanidad para representar una verdad o bien un comportamiento ético, como puede ocurrir también con la abogacía, donde vemos hoy juicios esperpénticos que quedan a merced de humanos contra los que también habrá que luchar, defendiendo la bondad de la honestidad. Sabemos que la honradez no hace rico a nadie, pero vemos la locura a la que lleva la riqueza excesiva en personas que no saben que su dinero quedará a la puerta del cementerio. La salud mental de una conciencia tranquila conduce a la felicidad con lo necesario para una vida digna.

El problema de lo que digo es que implica una lucha dura, con especialistas en ciberataques como protagonistas. Pero aquí se refleja que las profesiones también se están actualizando. Hay mucho por lo que luchar, y Pedro Sánchez, citado antes, podría tener aquí un grandísimo papel. De la derecha no podemos esperar nada, porque representa lo mismo que Trump.

_______________________________________

Cesar Moya Villasante es socio de infoLibre.

La Unión Europea adoptó en 2024 su ley de inteligencia artificial (IA), el primer marco jurídico integral a nivel mundial que aborda el uso aceptable de esta tecnología. La norma establece reglas estrictas sobre los riesgos, transparencia y seguridad para los sistemas de IA desplegados en el continente. Al ser la primera gran área económica en legislar sobre la materia, la UE aspiraba a desencadenar un nuevo Efecto Bruselas: la ambición de que su marco regulatorio se consolidase como el estándar global de facto, tal y como ya logró en el pasado con su estricta normativa de protección de datos. Estaba previsto que la ley entrará de modo efectivo en vigor en sucesivas fases, alcanzando su plena operatividad en agosto de 2026.

Simultáneamente a la adopción de la normativa comunitaria, la Administración Biden publicó una orden ejecutiva que establecía estándares para el desarrollo de la IA en EEUU dentro de un marco de gestión de riesgos, la protección de la privacidad y la promoción de la competencia. La acción concertada de la UE y EEUU catalizó una serie de acuerdos multilaterales en diversos foros –la Conferencia de Bletchley, Naciones Unidas– que contaron con la participación de China y propugnaron un diálogo internacional fundamentado en la gestión conjunta de riesgos y la cooperación en el desarrollo de capacidades.

El triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales de 2024 desbarató lo que se percibía ya como un nuevo éxito del Efecto Bruselas. Washington incluyó, entre las condiciones de un acuerdo arancelario entre los dos bloques, abordar las “barreras injustificadas al comercio digital”, obligando a la Unión Europea a una revisión de su acervo legislativo tecnológico. Tras un proceso de tramitación de cinco meses, los legisladores comunitarios han consensuado una reforma de la ley de IA. Si bien las modificaciones sustanciales de la normativa son de carácter menor –exclusión de maquinaria industrial, prohibición de generación de imágenes sexualmente explícitas, extensión de excepciones de cumplimiento a empresas de tamaño medio–, se incluye el aplazamiento de su entrada en vigor completa hasta agosto del año 2028.

En el nuevo orden mundial, fundamentado en el principio de la ley del más fuerte, las concesiones tienen un impacto inmediato. A la limitada capacidad industrial de la Unión Europea en el ámbito del desarrollo de la inteligencia artificial y su carencia de soberanía tecnológica en todos los niveles –incluyendo chips, infraestructura en la nube y modelos de lenguaje–, se añaden ahora las reservas e incertidumbres en materia regulatoria. Europa ha sido relegada por las máximas instancias de decisión internacionales en IA, quedando visible en el ámbito corporativo y geopolítico.

El comportamiento de Darío Amodei –consejero delegado de Anthropic– en el marco de la pre comercialización de su último modelo de lenguaje –Mythos– es representativo del desdén hacia Europa de las grandes tecnológicas. El 7 de abril, Amodei anunció la retención de la difusión de la aplicación, argumentando sus capacidades para explotar vulnerabilidades tecnológicas. Además del establecimiento del proyecto Glasswing para definir e implementar una estrategia defensiva en colaboración con otras entidades estadounidenses, compartió el modelo con la Administración Trump y entidades financieras de su país. La postura adoptada hacia Europa ha sido considerablemente diferente. A pesar de los sucesivos requerimientos, Amodei se ha rehusado hasta el momento a facilitar el acceso al modelo a las compañías del Viejo Continente y a la Comisión Europea, y ha declinado la solicitud de comparecencia ante el Parlamento Europeo.

La Administración Trump ha hecho también evidente que niega cualquier papel a Europa en la concepción de un marco global de gobernanza de la IA. En la agenda de la visita oficial del presidente de EEUU a China se ha incluido el lanzamiento de las negociaciones para establecer un marco global de mitigación de riesgos en el desarrollo de la IA. El objetivo final sería la definición conjunta por la dos superpotencias de directrices de seguridad para el despliegue de modelos, creación de mecanismos de intercambio de información y establecimiento de canales de comunicación de emergencia para incidentes relacionados con la IA. El acuerdo bilateral supondría un vaciamiento absoluto del Efecto Bruselas sobre la regulación global de la tecnología emergente. 

La IA ha pasado de ser un producto comercial a considerarse un activo estratégico y la UE no está en la mesa de decisiones. ¿Puede recuperar su protagonismo en el desarrollo global de la IA? Sí, pero necesita para ello complementar su capacidad regulatoria con una reorientación de su política industrial y una estrategia sólida de alianzas internacionales. 

La recuperación del impulso tecnológico en la IA en Europa pasa por apostar por la expansión de las capacidades propias en el paquete de medidas sobre infraestructuras digitales previsto para finales de mayo. La Comisión Europea debería presentar una propuesta de la Ley de Chips 2.0 que fomente la autonomía estratégica en el sector de los semiconductores, en sintonía con lo establecido en la propuesta de ley de aceleración industrial para el acero, el cemento, el aluminio, los automóviles y las tecnologías de cero emisiones netas. Del mismo modo, el proyecto de Ley de Desarrollo de la Nube y la IA que proponga el Ejecutivo comunitario debería incorporar requisitos de soberanía en la contratación pública, análogos a los aplicados en los servicios recientemente adquiridos por la Comisión Europea.

En paralelo, la Unión Europea debe asumir su posición como potencia media. El continente europeo es cada vez menos equiparable a las otras dos grandes potencias mundiales. El peso del poder económico de Europa ha experimentado un descenso desde 2016, pasando de representar un 22% del PIB mundial a situarse en el 17,5% actual. La hoja de ruta esbozada por Mark Carney en Davos 2026 nos confronta con una realidad ineludible: la autonomía digital estratégica europea no puede limitarse a un ejercicio de introspección, sino que debe constituir un acto de diplomacia audaz cimentado en una alianza de potencias medias – Brasil, Canadá, Corea del Sur, India, Japón, Reino Unido–. Esto resulta igualmente crucial para alcanzar el objetivo de una gobernanza global de la IA que sea genuinamente multilateral.

La coyuntura geopolítica europea, especialmente en el ámbito de la IA, evoca la máxima de Gramsci: pesimismo de la inteligencia, optimismo de la voluntad. Si bien es preciso reconocer las dificultades del panorama actual, resulta indispensable mantener una determinación firme para intervenir y modificarlo. La inacción, por el contrario, conduciría a una subordinación y un vasallaje tecnológico.

________________________________________

Emilio García García, colaborador de Fundación Alternativas y coautor de “Chips y poder”.

Giuliano Da Empoli lo dijo con la precisión de quien lleva años buscando la frase exacta. “La ventana de oportunidad para dominar los procesos digitales de manera ordenada se ha cerrado”. El politólogo y novelista italiano lo admitió sin eufemismos este jueves en Barcelona, ante el I Encuentro sobre Derechos Digitales. Y añadió, con la misma franqueza: “Deberíamos haberlo entendido hace mucho tiempo. No lo hicimos. Yo el primero”.

Frances Haugen llegó a una conclusión parecida por otro camino. La ingeniera que en 2021 filtró 20.000 páginas de documentos internos de Facebook lleva cinco años intentando que Meta rinda cuentas. En ese tiempo ha visto investigaciones, titulares y debates regulatorios. Y ha visto también otra cosa: que Meta es hoy sustancialmente más rentable que cuando ella decidió hablar. “Si quieren llevarse un buen jarro de agua fría sobre el trabajo realizado en cinco años, espero que no tengan en su vida una gráfica como esta”, afirmó mientras proyectaba la evolución de los beneficios de la empresa.

Dos voces, dos trayectorias, el mismo diagnóstico de fondo. El poder digital ha ganado terreno. Los instrumentos para limitarlo existen. Y quienes podrían activarlos, por razones distintas, no lo hacen.

Da Empoli ofreció en Barcelona la explicación más útil para entender cómo se llegó hasta aquí. Durante años, los efectos tóxicos del entorno digital —la polarización, la desinformación, la erosión del espacio público— fueron en gran medida el subproducto involuntario de un modelo de negocio. Las plataformas optimizaban para captar atención, y captar atención premiaba la rabia. No había un plan detrás. “Era casi accidental. No era una conspiración política de alguien que quería dominar el mundo. Era el efecto secundario de un modelo de negocio”.

Ese tiempo terminó. “Ahora estamos en una fase distinta. Todo esto es explícito. Es un nuevo bloque de poder”. Un bloque que articula a los grandes actores tecnológicos con actores políticos afines, con la Administración estadounidense actual como eje visible. Y que tiene un programa definido aunque sus componentes no compartan el mismo horizonte ideológico: eliminar todo lo que limite su poder. Parlamentos, medios de comunicación convencionales, jueces, la ley.

Para ilustrar la naturaleza de esa alianza, Da Empoli citó un episodio reciente. Elon Musk habló ante una asamblea de extrema derecha en Londres, vinculada al entorno del activista ultra Tommy Robinson. Les dijo lo que querían escuchar: que había que deshacerse del Parlamento, que era legítima la insurgencia civil. La multitud respondió con entusiasmo. Pero cuando alguien le preguntó por el futuro, Musk respondió que sería fantástico: robots por todas partes, nuestras vidas completamente gobernadas por ellos. “Ahí se notó que el público era un poco menos receptivo”.

Los populistas nacionalistas quieren restaurar un orden pasado, vertical, gobernado por tradición. Los tecnólogos de Silicon Valley han dejado atrás no solo la nación sino la especie. No tienen el mismo fin. Pero esa contradicción, subrayó Da Empoli, “es en realidad irrelevante, porque cuando estás en una lucha por el poder no necesitas ponerte de acuerdo en el objetivo final. Solo necesitas ponerte de acuerdo en lo que quieres eliminar”. Lo que les une, concretó, es estructural: cualquier contrapeso, cualquier freno, cualquier procedimiento que los ralentice.

Haugen llegó al mismo punto desde los datos. Elon Musk demostró, con su llegada a Twitter, que era posible despedir a los equipos de seguridad sin que la empresa sufriera consecuencias relevantes. Meta siguió el ejemplo. Y la inteligencia artificial completó el ciclo: permite hacer coincidir la atención de los usuarios con los anunciantes con tanta precisión que ya no importa que la gente use menos los productos. Los ingresos siguen creciendo. El margen de beneficio de Meta es hoy más elevado que hace cinco años, y su tasa de crecimiento, más alta que hace tres.

“Los mecanismos que permiten extraer cierta virtud del mercado dejan de funcionar porque los incentivos están desalineados”, dijo Haugen. Las personas proporcionan la atención, las plataformas venden esa atención y los anunciantes la compran. Cuando los incentivos solo apuntan en una dirección, la experiencia de los usuarios puede deteriorarse indefinidamente sin que el modelo de negocio se resienta.

Da Empoli hizo en Barcelona una precisión terminológica que consideró relevante antes de hablar de soluciones. Cuando se habla de enfrentar el mundo digital, dijo, es importante hablar de “leyes” y no llamarlas regulación. “Eso hace que parezcamos burócratas. Lo que intentamos es que estas plataformas y estos actores se sometan a la ley”.

Europa, recordó, tiene el DSA —el Reglamento de Servicios Digitales—, el DMA —el Reglamento de Mercados Digitales— y la Ley de Inteligencia Artificial. Los mencionó explícitamente y sostuvo que ninguno es un instrumento deficiente. De hecho, dijo, “son bastante inteligentes”. El problema no es su calidad jurídica. El problema es que la Comisión Europea no los está aplicando. “Están legalmente obligados a hacerlo", pero no lo hacen "por preocupaciones geopolíticas”.

La formulación de Da Empoli no deja mucho espacio para la ambigüedad. Bruselas tiene miedo. Miedo de Washington, que ha hecho llegar el mensaje de que aplicar estas normas equivale a una posición hostil frente a la administración estadounidense. Antes, el lobby era intenso pero implícito. Ahora es explícito. Y la Comisión, de momento, cede.

“Lo primero es hacer que les resulte muy difícil no aplicar las leyes que ya existen”, defendió Da Empoli. Y luego, presionar para que eso ocurra.

Para explicar qué está en juego cuando esas leyes no se aplican, recurrió a un ejemplo pequeño y preciso que recoge en su libro La hora de los depredadores. Una localidad francesa vio dispararse el tráfico de repente: coches pasando por delante de colegios y hospitales sin que nadie entendiera por qué, hasta que descubrieron que era una aplicación de navegación la que redirigía vehículos desde la autopista porque el algoritmo había identificado un atajo de un minuto. El alcalde era, en teoría, la autoridad responsable de la circulación en su municipio. Pero quien decidía por dónde iban los coches era una app. “¿Quién es soberano?”, se preguntó Da Empoli.

Su conclusión no fue que haya que combatir esa aplicación. “Sería como luchar contra la electricidad”. El problema no es la herramienta. El problema es la ausencia de cualquier obligación de incorporar criterios de bien público. “Quizá puedes establecer una norma que le impida enviar diez mil vehículos en pocos minutos por una calle donde hay un colegio o un hospital. Quizá puedes quedarte con la herramienta y configurarla de manera que se optimice no solo para el beneficio económico, sino para el bien público. Es técnicamente posible. Es factible. Solo hace falta voluntad para hacerlo”.

Haugen, por su parte, llegó a Barcelona con una propuesta concreta para ese punto ciego entre el diagnóstico y la acción. Y la dirigió, de forma explícita, a la audiencia europea.

Su argumento parte de una paradoja económica. Una cantidad enorme de dinero publicitario europeo viaja cada año a Estados Unidos para financiar a las grandes plataformas. “No estamos hablando de miles de millones de dólares, sino de decenas de miles de millones”, señaló. Cada vez que un usuario europeo ve un anuncio de una marca europea en sus redes sociales, ese dinero está financiando el modelo que tanto Da Empoli como ella critican.

La vía legislativa, reconoció Haugen, está prácticamente atascada en Estados Unidos. “Cada legislatura aprobamos menos leyes que la anterior, y así llevamos 25 años”, dijo con ironía. Europa tiene más capacidad. Pero la regulación sola, desde su punto de vista, no cambia los incentivos de fondo. Para eso hace falta que el dinero se mueva.

Los boicots publicitarios tampoco funcionan, o no de forma duradera. En 2020, la campaña Stop Hate for Profit consiguió que un número significativo de grandes anunciantes retiraran su publicidad de los productos de Meta en respuesta a la gestión de la plataforma durante los disturbios relacionados con el movimiento Black Lives Matter. Funcionó durante un tiempo. Luego, los anunciantes volvieron. “Fue un proceso muy doloroso para los anunciantes”, reconoció Haugen. Los boicots operan por privación: extraen energía del sistema, pero no generan nada nuevo. Son difíciles de sostener y fácilmente reversibles en cuanto la presión mediática decae.

La propuesta que Haugen presentó en Barcelona funciona de otra manera. No se trata de retirar dinero, sino de redirigirlo. No de boicotear, sino de establecer condiciones.

La idea es concreta. Haugen propone que los grandes anunciantes se comprometan a destinar un porcentaje de su inversión publicitaria en línea —ella habla de un 10% como punto de partida— a plataformas que estén dispuestas a publicar cinco métricas sobre su impacto en los menores. No tienen que abandonar las plataformas actuales. Solo tienen que condicionar una parte de esa inversión a que exista transparencia.

Las cinco métricas que propone son las siguientes. La primera, violencia sexual: cuántos usuarios recibieron un mensaje sexual no deseado en los últimos siete días. La segunda, calidad del sueño: en qué medida el uso de la plataforma afecta al descanso de los adolescentes. La tercera, rendimiento escolar: si la plataforma afecta a la capacidad de los menores de rendir bien académicamente. La cuarta, consentimiento: si el usuario puede dejar de usar la plataforma cuando quiere. La quinta, comunidad presencial: si el uso de la plataforma favorece el encuentro en persona con las personas del entorno del usuario, o si, por el contrario, tiende a aislarlo y retenerlo dentro de la plataforma.

La inspiración para la primera de esas métricas viene de un testimonio concreto. Arturo Bejar, exempleado de Meta, declaró ante el Senado de Estados Unidos en 2022 que una de cada ocho niñas de entre 13 y 15 años había recibido un mensaje sexual no deseado en Instagram en los siete días anteriores a una encuesta. Haugen subrayó en Barcelona un dato que, según ella, pasó casi desapercibido: entre el 1% y el 2% de esas chicas recibieron diez o más mensajes de ese tipo en ese mismo periodo. “Ese número no va a bajar hasta que Meta tenga que publicar la frecuencia con la que eso ocurre justo al lado de sus cifras de pérdidas y ganancias”.

La lógica es que la transparencia obliga. Si las plataformas saben que los grandes anunciantes condicionan su inversión a la publicación de esos datos, tienen un incentivo económico directo para mejorar esas métricas. Y si no las mejoran, al menos las hacen visibles.

Haugen puso un ejemplo deliberadamente incómodo. Disney es uno de los mayores anunciantes en los productos de Meta. “Deberíamos preguntarle a Disney por qué se niega a comprometerse a destinar parte de su inversión publicitaria a plataformas dispuestas a ser honestas sobre si los menores están recibiendo comunicaciones sexuales no deseadas”, afirmó. ”Eso debería ser una petición elementa”l. Una empresa cuya marca se construye sobre la infancia invierte cantidades millonarias en plataformas que, según sus propios documentos internos, conocen el daño que causan a los menores y deciden no publicarlo.

Si los anunciantes empiezan a desplazar una parte de su inversión hacia plataformas alternativas —aunque sea de forma gradual, un 10% en seis meses, un 20% en dos años—, generan una señal para los inversores. Y esa señal puede hacer viables modelos de negocio que hoy no son rentables porque no hay capital dispuesto a financiarlos. “Pueden invertir en un futuro para Europa o pueden invertir en el statu quo que impulsa Estados Unidos”, dijo Haugen.

Da Empoli apuntó en la misma dirección, pero desde otro ángulo. La segunda línea de acción que propuso en Barcelona, más estructural y más difícil que presionar para que se apliquen las leyes existentes, es construir un modelo alternativo, ni estadounidense ni chino. No un modelo de rechazo tecnológico, sino de diseño diferente. El entorno digital actual, explicó, se parece a la comida basura: fácil, adictiva, en última instancia dañina. Lo que Europa podría intentar construir es algo más parecido a la cocina lenta: “Más sano, pero que siga siendo atractivo, satisfactorio y en última instancia mucho más gratificante”. Pero eso implica dar espacio a creadores y empresas, y posiblemente financiación pública.

El poder digital no es un fenómeno natural ni inevitable, concluyó Da Empoli. Es una construcción. Si no tiene límites, no es porque los límites sean imposibles. Es porque quienes podrían imponerlos llevan demasiado tiempo con demasiado miedo para intentarlo. Haugen añadiría un matiz: algunos de esos “quienes” no son gobiernos ni reguladores, sino empresas que cada semana depositan decenas de miles de millones en las cuentas de las plataformas que dicen querer cambiar.

Lo dijo sin rodeos, ante el plenario del I Encuentro por los Derechos Digitales, que concluye este jueves en Barcelona. “Cuanto más conocemos, más nos radicalizamos. Más nos radicalizamos en la conciencia de que llegamos tarde y de que estamos hablando de una cuestión completamente civilizatoria”.

Así de contundente se manifestó el ministro para la Transformación Digital, Óscar López, en la descripción del diagnóstico que hacen quienes trabajan en la gobernanza de la inteligencia artificial desde dentro de las instituciones. “No es una discusión tecnológica, es una discusión política. Política de primera magnitud. Estamos discutiendo sobre soberanía”.

Para explicar el riesgo de llegar tarde, López recurrió a la analogía de la crisis financiera de 2008. El hundimiento de Lehman Brothers en octubre de ese año coincidió con la expansión masiva de las grandes redes sociales, Twitter y Facebook entre ellas. En ambos casos hubo un grito previo a favor de la desregulación, productos opacos que nadie era capaz de explicar del todo y una sensación de que el sistema se había ido de las manos antes de que alguien pudiera frenarlo.

“Yo no quiero que en el futuro, cuando se produzcan comisiones de investigación y juicios sobre lo que pasó con la inteligencia artificial o con las redes sociales, aparezcan ingenieros diciendo que se me fue de las manos”, señaló el ministro. 

López desmintió desde el principio la acusación más frecuente contra los reguladores europeos: que frenan la innovación mientras otros avanzan. Y lo hizo, de nuevo, con una referencia financiera, poniendo esta vez el foco en los bancos españoles, que batieron récord de beneficios el año pasado. Después de la crisis, después de la regulación, después de lo que parecía una camisa de fuerza para el sector. “Parece que la regulación no ha sido contraria a la competitividad”, ironizó.

En la misma línea intervino Carissa Véliz, filósofa de la Universidad de Oxford y autora de Privacy is Power y del reciente Prophecy, que compartió escenario con el ministro. Su versión del argumento fue más allá: “Un producto que es tan poco fiable como lo que tenemos, que gasta tantísima energía y que además está liderado por la gente más desconfiable del mundo, no es un gran producto”. Y la alternativa no es rendirse a ese modelo ni imitarlo, sino adelantarlo. “La ética no es nada más que buen diseño. Cuando tienes una buena silla, donde puedes estar sentado todo el día y no te duele la espalda, eso es ética”.

López enumeró las palancas con las que España intenta construir esa alternativa. 30.000 millones de euros de fondos de recuperación destinados a semiconductores, modelos de lenguaje, cátedras universitarias de IA y ciberseguridad, y planes de minería para tierras raras. Una Carta de Derechos Digitales ya aprobada. Un observatorio específico. Una ley de protección del menor. La prohibición, conseguida hace tres semanas en el marco del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, de los sistemas que permiten las deepfakes sexuales. Y, como telón de fondo de todo ello, el encargo que el presidente del Gobierno le hizo cuando le nombró ministro: hacer con la transformación digital lo que España ha hecho con las renovables.

Fue en ese marco en el que el ministro hizo una promesa para el futuro: ahora, después de la IA, viene el desafío de la computación cuántica. “Y atentos a sus pantallas, porque España va a ser líder mundial” en esta materia.

Si el ministro habló con el lenguaje de la política, Véliz lo hizo con el de la historia. En su intervención, recordó la anécdota de Luis XI de Francia y su astrólogo de la corte. El rey, perturbado porque el astrólogo había predicho la muerte de una dama de la corte y la dama había muerto, ordenó en secreto que lo ejecutaran arrojándolo por una ventana. Antes, como última formalidad, le preguntó cuánto tiempo viviría. El astrólogo respondió sin vacilar: moriría tres días antes que su majestad. Luis XI nunca dio la señal.

“¿El astrólogo encontró la respuesta en las estrellas? Por supuesto que no. El astrólogo entendía el poder de las predicciones y lo usó a su favor”.

Esta historia resume la tesis central de su último ensayo, Prophecy. Según ella, los grandes ejecutivos tecnológicos, los tecnobros, están utilizando sus predicciones sobre el futuro exactamente igual que aquel astrólogo, con la diferencia de que hoy la audiencia es global y los medios las transcriben como hechos. “Lo que estamos viendo es que uno de estos ejecutivos dice algo y se reporta como si fuera un hecho. Y lo que en realidad estamos haciendo es obedecer. Las predicciones muchas veces son órdenes camufladas”.

La advertencia tiene un filo específico para el debate político. Cuando Elon Musk, Peter Thiel o Sam Altman proyectan el futuro de la IA, no están describiendo lo que va a ocurrir. Están intentando que ocurra. La diferencia entre una predicción y una orden depende, en gran medida, de si la audiencia es capaz de distinguirlas.

Véliz introdujo además un argumento sobre los riesgos de que aceptemos, sin más, el uso de la predicción algorítmica en decisiones que afectan directamente a los ciudadanos: los préstamos bancarios, los contratos de alquiler, las oportunidades laborales. Cuando un criterio es explícito —un salario mínimo, un historial de pagos—, el solicitante puede saber qué debe cambiar para obtener un resultado diferente. Cuando el criterio es una predicción algorítmica, no hay manera de impugnarlo. “Si tú me dices, no te doy este préstamo porque yo predigo que no lo vas a pagar, ¿cómo desafías una predicción? No hay manera, porque no es un hecho”.

La democracia, dijo, necesita estar anclada en hechos verificables y en procesos transparentes que el ciudadano pueda contestar. Cuando las decisiones se trasladan al futuro predicho por una máquina, ese ancla desaparece. Y puso un ejemplo histórico: en la antigua Roma, cuando los ciudadanos empezaron a creer más en las predicciones sobre quién sería el próximo emperador que en las instituciones de la república, la república no tardó en desaparecer. “Y la república”, advirtió, “nunca volvió”.

El ministro añadió su propia lectura del problema de la vigilancia digital, haciendo un inciso que mezcló lo cotidiano con lo estructural: si no fuera una cuestión de poder político, los usuarios españoles de una red social no habrían recibido un mensaje del dueño de esa plataforma contra el presidente del Gobierno. “Fijaos en las implicaciones para el modelo democrático”, dijo, aludiendo a los ataques de Elon Musk a Pedro Sánchez a través de X.

Véliz concluyó insistiendo en que el cinismo es la peor respuesta posible: “No vale ser cínico. Es demasiado fácil”. Y señaló que España tiene, a su juicio, algo de lo que otros países de su entorno carecen: valentía. “Si somos valientes ahora, vamos a tener que ser menos valientes en el futuro. Si en este momento mostramos cobardía, va a ser falta ser muchísimo más valientes más adelante”.

López quiso cerrar su intervención con la imagen que usa el presidente del Gobierno como brújula: la transformación energética. España no llegó tarde a las renovables. Llegó cuando llegó y, sin embargo, hoy exporta ese modelo al mundo. La apuesta es que con la IA y con la computación cuántica pueda repetirse el mismo trayecto.

La académica que acuñó el concepto que explica cómo Europa regula el mundo sin tener casi ninguna empresa tecnológica relevante —el llamado efecto Bruselas— llegó este miércoles a Barcelona con un argumento que incomoda a quienes llevan meses pidiendo desmantelar las leyes digitales europeas. Anu Bradford, profesora de Derecho Internacional en la Facultad de Derecho de Columbia, dijo ante el I Encuentro Internacional por los Derechos Digitales que el problema de Europa no es que regule demasiado. El problema es que no tiene un mercado único de verdad, que carece de capital para financiar a sus propias empresas y que lleva décadas sin saber cómo atraer talento global. Algo que, por cierto, tiene ahora una oportunidad única de cambiar, defendió.

La distinción importa porque en Bruselas y en varias capitales europeas ha ganado fuerza en los últimos meses la tesis de que regulaciones como el RGPD —la ley de protección de datos— o la Ley de Inteligencia Artificial frenan la innovación y explican el retraso tecnológico de Europa frente a Estados Unidos. Bradford no lo cree. “Europa no necesita pensar que el modelo impulsado por los derechos la está frenando“, dijo en su conferencia de este miércoles en la capital catalana. Lo que la frena, argumentó, son cuatro problemas estructurales que ninguna desregulación va a resolver.

El primero es la fragmentación del mercado interior. Europa tiene 27 mercados nacionales con idiomas distintos, culturas distintas y a menudo regulaciones distintas. Una empresa tecnológica española que quiera crecer necesita adaptarse a cada uno de ellos, lo que encarece y ralentiza cualquier expansión. El Banco Central Europeo ha calculado que esa fragmentación equivale, en términos prácticos, a un arancel del 60% para el comercio de bienes entre países europeos y del 100% para los servicios. “Estas no son las barreras comerciales de Trump”, señaló Bradford. “Son las nuestras”.

El segundo problema es el capital. Cuando una startup europea supera la fase inicial y necesita financiación para crecer, no la encuentra en Europa. Tiene que acudir al capital riesgo estadounidense o venderse a una gran tecnológica americana. Solo el 5% del capital riesgo mundial está en Europa. Estados Unidos concentra más del 50%. China, el 40%. “No es el RGPD lo que nos frena”, insistió Bradford. “Necesitamos una unión integrada de mercados de capitales para que una empresa española pueda recaudar dinero de inversores en Alemania o Suecia”.

El tercer obstáculo es cultural y legal a la vez. En Europa, fracasar en un negocio tiene consecuencias que pueden durar décadas. El sistema legal es punitivo y el estigma social que rodea al fracaso empresarial desincentiva asumir los riesgos que requiere innovar en la frontera tecnológica. En Estados Unidos, un emprendedor que ha pasado por la quiebra puede presentarse ante inversores con su siguiente proyecto y obtener financiación porque “está trabajando en cosas grandes”. En Europa, ese emprendedor tiene pocas posibilidades de conseguirla.

El cuarto factor es el que Bradford considera más urgente ahora mismo, y también el que abre la oportunidad más interesante. Desde 1945, la gran ventaja competitiva de Estados Unidos en tecnología no ha sido solo el dinero ni las universidades. 

Ha sido la capacidad de atraer talento de todo el mundo y retenerlo. Más de la mitad de las startups estadounidenses valoradas en más de 1.000 millones de dólares tienen un fundador inmigrante. Bradford citó la lista de nombres que cualquier lector reconoce: Steve Jobs, hijo de un inmigrante sirio; Jeff Bezos, cubano de segunda generación; Sergey Brin, cofundador de Google, ruso; Jensen Huang, cofundador de Nvidia, nacido en Taiwán.

Esa ventaja, dijo Bradford, se está erosionando. La administración Trump ha convertido la restricción a la inmigración en una política central de gobierno, y las consecuencias ya son visibles en los datos. El año pasado, el número de investigadores de inteligencia artificial de todo el mundo que eligieron Estados Unidos como destino cayó un 80%. Las universidades americanas registraron entre un 30% y un 40% menos de matrículas de estudiantes extranjeros. “Mi pregunta es: ¿a dónde va ese talento? ¿Y están los europeos preparados para desplegarles la alfombra roja?”

Bradford llamó a esto un “momento Sputnik”, en referencia al shock que supuso para Estados Unidos en 1957 que la Unión Soviética lanzara el primer satélite artificial. Aquel momento aceleró la inversión americana en ciencia, educación e ingeniería. Ahora sería Europa quien podría beneficiarse del repliegue americano. Si tuviera la ambición de hacerlo, claro.

El argumento de Bradford se construye sobre una arquitectura conceptual que lleva años desarrollando. Hay tres grandes potencias digitales en el mundo, a las que llama “imperios”, y cada una exporta algo diferente. Estados Unidos exporta poder corporativo privado: empresas como Meta tienen más de 3.000 millones de usuarios en más de 160 países, y a través de ellas exporta su modelo regulatorio, que confía el gobierno de la tecnología a las propias empresas tecnológicas. 

China exporta infraestructura: cables submarinos, redes 5G, centros de datos, tecnologías de vigilancia construidas a lo largo de lo que llama la Ruta de la Seda Digital, que llega a Asia, África, América Latina y partes de Europa. Y en esas infraestructuras va incorporado el modelo autoritario chino.

Europa exporta normas. Las leyes europeas encuentran su camino fuera del continente porque ninguna empresa global puede permitirse quedar excluida del mercado europeo. Al final, les resulta más barato aplicar la regulación europea en todo el mundo que gestionar regímenes distintos en cada país. Así funciona el efecto Bruselas, que Bradford describe como “la capacidad unilateral de la UE para regular el mercado global”. El RGPD se ha convertido, en la práctica, en la ley global de privacidad de muchas grandes tecnológicas. La pregunta ahora es si lo mismo ocurrirá con la regulación europea de la inteligencia artificial.

Los tres modelos conviven y compiten en los mismos mercados. Bradford explicó que no hay tres esferas de influencia claramente separadas: en un mismo país africano o latinoamericano coexisten empresas tecnológicas estadounidenses, infraestructuras digitales chinas y regulaciones de inspiración europea. El conflicto entre los imperios se libra, al mismo tiempo, en ese terreno superpuesto.

La tensión más nueva y más aguda es la que enfrenta a Europa con la Administración Trump. No es una tensión nueva en su origen —el choque entre el modelo americano, centrado en el mercado, y el modelo europeo, centrado en los derechos, viene de lejos—, pero ha alcanzado una intensidad diferente. Cuando las grandes tecnológicas americanas no lograban frenar solas las ambiciones regulatorias europeas, encontraron un aliado inesperado en Washington. La Casa Blanca ha advertido a Europa que si sigue aplicando sus regulaciones digitales habrá consecuencias arancelarias. Con eso, dijo Bradford, “la regulación digital se ha geopolítizado”.

La presión es difícil de sostener porque no es solo comercial. Estados Unidos también ha insinuado que podría revisar sus garantías de seguridad hacia Europa, y ahí sí hay dependencias profundas. “La disposición de los europeos a seguir aplicando sus derechos digitales está vinculada a la pregunta más amplia de si Europa puede defenderse sin que América esté de su lado“, reconoció Bradford.

Pero cediendo tampoco se resuelve nada, añadió. Si Europa abandona una investigación contra Apple para evitar aranceles, lo que hace es establecer una dinámica en la que la próxima exigencia llega al día siguiente. “Eso simplemente no es sostenible”.

En el coloquio posterior, Bradford amplió su análisis hacia un terreno menos estudiado: la batalla por el relato sobre la inteligencia artificial. Citó informaciones recientes según las cuales ejecutivos de OpenAI y del fondo de inversión Andreessen Horowitz habrían financiado campañas en redes sociales para difundir mensajes favorables a la IA americana y contrarios a la IA china, pagando a influencers para distribuirlos.

Bradford consideró que eso forma parte de una estrategia deliberada de las grandes tecnológicas para usar el argumento de la “carrera de la IA” como herramienta de presión. “Si nos regulas, China nos vencerá”. Ese mensaje, dijo, está ganando tracción en Europa y está alimentando la narrativa de que regular es equivalente a perder. “Europa está perdiendo la narrativa en relación con sus propias empresas y ciudadanos si cede demasiado a esta idea”.

Bradford alertó también del riesgo de que el modelo de Meta —que cambió sus políticas de moderación de contenido en cuanto percibió que la nueva Casa Blanca le daba libertad para hacerlo— sirva como ejemplo de lo que ocurre cuando se confía en el autocontrol corporativo. “Cuando las empresas ajustan sus principios a los vientos políticos, tenemos menos razones para confiar en lo que dicen”.

La carrera europea, concluyó Bradford, no debería librarse en la capa de los grandes modelos de IA —esa competición por construir los sistemas más potentes y más intensivos en energía—, sino en la capa de las aplicaciones: cómo la inteligencia artificial mejora la sanidad, la educación, la productividad. “Ahí los europeos no tienen una desventaja inherente”.

Yaël Eisenstat lleva más de 25 años trabajando contra el extremismo —primero como oficial de inteligencia, luego como diplomática, después como asesora en la Casa Blanca—. Para su sorpresa, en 2018 fue contratada por Facebook con el fin de dirigir su trabajo global de integridad electoral en publicidad política. Al segundo día, su título había cambiado. Al sexto mes, dimitió.

Esa trayectoria fue el hilo conductor de su intervención este martes en la apertura del I Encuentro por los Derechos Digitales de Barcelona, donde presentó su diagnóstico sobre la relación entre el diseño de las plataformas, la regulación vigente y los límites de lo que los investigadores externos pueden realmente saber sobre cómo funcionan estos sistemas.

La regulación europea —el Reglamento de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés), las obligaciones de transparencia algorítmica, los requisitos de auditoría para plataformas de muy gran tamaño— sitúa a Europa en una posición aventajada respecto a Estados Unidos. Eisenstat lo reconoció sin ambigüedades. Pero añadió una condición que altera sustancialmente el diagnóstico optimista: esa ventaja regulatoria depende, en última instancia, de lo que las propias plataformas decidan mostrar.

Meta, puso como ejemplo, dispone de la biblioteca de anuncios más completa que existe en este momento. Pero también tenía CrowdTangle, la herramienta que permitía a investigadores externos analizar la difusión de contenidos en sus plataformas. “La mataron. CrowdTangle ya no existe”, se lamentó. La herramienta que hacía posible investigar a Facebook fue cerrada por Facebook.

La investigación que ella dirige desde Cybersecurity for Democracy, con sede en la Universidad de Nueva York, depende de poder acceder a datos sobre amplificación algorítmica. Sus propios estudios han demostrado que “los cambios en la amplificación cambian las experiencias de las personas con los debates públicos en las redes sociales de maneras muy distintas del contenido en sí que las personas están publicando”. No basta, por tanto, con analizar qué se dice. Hay que saber a quién se lo está enviando el algoritmo, con qué intensidad y por qué. Pero esos datos, en gran medida, los controlan las empresas.

Parte del material que Eisenstat utilizó en su presentación procede de documentos internos filtrados, principalmente a través de la exempleada de Facebook Francis Haugen. Algunos tan reveladores como una presentación interna fechada en 2016 en Alemania que mostró cómo el 64% de todos los grupos extremistas en ese país se habían formado a través de las herramientas de recomendación de la plataforma. “Esto vino de su propia investigación. No es de alguien del exterior”, subrayó.

El mismo patrón aparece en los datos sobre discurso político. Twitter, antes de convertirse en X, documentó en un informe interno que el contenido político recibía una amplificación sistemáticamente mayor cuando pasaba por su sistema de recomendaciones que cuando simplemente aparecía en una línea de tiempo cronológica. Y que los tuits publicados por cuentas de la derecha política recibían más amplificación que los de la izquierda. “Twitter lo sabía, y de hecho lo escribieron” en sus documentos internos, dijo Eisenstat.

En este contexto, la pregunta que se plantea no es solo si Europa tiene mejores leyes. Es si esas leyes pueden aplicarse de forma efectiva cuando los datos que acreditarían el incumplimiento están en manos de quien presuntamente incumple.

Durante la conversación posterior a su ponencia, el moderador le preguntó si la situación había mejorado desde 2018, el año del escándalo de Cambridge Analytica y el año en que ella fue contratada por Meta. Su respuesta fue directa: “No. Lamento decir esto, pero en este momento probablemente estamos en el punto más precario”.

La explicación que ofreció tiene lógica geopolítica. Estas empresas se construyen, crecen y se expanden principalmente desde Estados Unidos. Y es el “panorama legal permisivo estadounidense” el que ha permitido que ese modelo se exporte al resto del mundo. “Creo que arreglarlo en los Estados Unidos es imperativo. Y en este momento tenemos allí menos protecciones que en la última década”.

Esa asimetría tiene consecuencias directas para Europa. El DSA puede obligar a las plataformas a auditar sus algoritmos, a presentar informes de riesgo sistémico, a dar acceso a investigadores acreditados. Pero la arquitectura de negocio que produce los problemas —el modelo publicitario, el sistema de recomendación optimizado para el compromiso, la monetización del contenido radical— se diseña en California y se exporta globalmente con las mismas características.

Hacia el final de la conversación, Eisenstat insistió en un concepto bien conocido, el “dividendo del mentiroso”. La idea es que la proliferación de contenido sintético —vídeo, audio e imágenes generadas por inteligencia artificial— no solo produce falsedades. Produce duda sistemática sobre lo real. “El dividendo del mentiroso es cuando tienes tanta duda sobre lo que es real y lo que es falso” que es suficiente para que cualquiera pueda poner en duda algo, explicó. El beneficio para los actores de mala fe no es solo poder mentir. Es poder negar cualquier evidencia real alegando que es fabricada.

Sobre la inteligencia artificial en general, Eisenstat fue cautelosa en sus matices pero clara en su diagnóstico de fondo. Reconoció usar herramientas como ChatGPT o Claude, pero dijo que nunca permitirá que una IA agente acceda a su calendario o a sus datos personales. “Es una pelea desigual pedirle a un individuo que se enfrente solo a las empresas más intrusivas y poderosas de nuestra vida”, afirmó, y situó en los gobiernos la responsabilidad de establecer los límites. El trabajo del Estado, dijo, es proteger la vulnerabilidad de sus ciudadanos frente a prácticas que explotan sus datos más íntimos, “sin necesidad de prohibir estas empresas ni de ilegalizar ningún discurso”.

Sobre el modelo de negocio subyacente, fue más tajante. La mayoría de estas plataformas, dijo, venden comodidad: la respuesta más rápida, aunque no sepas si es precisa; la ropa en tu puerta antes que en la tienda. “Por toda esa comodidad, ¿a qué estás renunciando?”, preguntó. La misma herramienta de segmentación que te muestra las zapatillas que querías “también se está utilizando para dirigirte hacia un discurso político, para dirigir hacia ti teorías de la conspiración. No se trata solo de venderte zapatillas”.

La sesión incluyó también una referencia a la reciente decisión de Ursula von der Leyen de apoyar las restricciones de acceso de menores a las redes sociales. Eisenstat señaló que los documentos internos de las propias plataformas “muestran una y otra vez que saben que están generando adicción en los niños, que les están sirviendo contenido dañino y que no están resolviendo estos problemas”. Sobre la prohibición por edad, matizó que cada país puede fijar su propio umbral, pero que “una prohibición por sí sola” no cree “que resuelva todo el problema”.

Los primeros veredictos de jurado en Estados Unidos contra Meta —en Nuevo México y Los Ángeles— han comenzado a establecer jurisprudencia sobre una distinción que Eisenstat considera central: que los daños no son solo consecuencia del discurso que circula por las plataformas, sino del diseño de las plataformas mismas. Su equipo participó como testigo en el caso de Nuevo México y parte de su investigación fue utilizada en ambos juicios.

Es la misma distinción que, si prospera en los tribunales estadounidenses, podría reforzar la base legal de la regulación europea. O que, si no prospera, dejará esa regulación dependiendo de lo que las empresas decidan, voluntariamente, dejar ver.

La ciudadanía española quiere más regulación digital y está dispuesta a pagar el precio que supuestamente eso implica para lograr algunas libertades. La primera encuesta sobre percepción social de los derechos digitales en España, presentada este miércoles en el I Encuentro Internacional por los Derechos Digitales organizado por el Gobierno de España y Mobile World Capital Barcelona y que ha comenzado este miércoles en la capital catalana, arroja un retrato coherente y algo incómodo: la población exige protección, pero el instrumento que prefiere para lograrlo —la identificación obligatoria en internet— afecta directamente al anonimato en línea.

El estudio, impulsado por el Observatorio de Derechos Digitales y elaborado a partir de una encuesta cuantitativa a 2.500 ciudadanos a la que se ha sumado un componente cualitativo, recoge respuestas obtenidas entre el 20 de octubre y el 9 de diciembre de 2025, antes de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, apostase públicamente por restringir el acceso de los menores a las redes sociales, contribuyendo así a impulsar un movimiento que ya alcanza a diez países europeos, incluidos Francia, Polonia o Dinamarca. Es, según sus promotores, el primer análisis sistemático del conocimiento y las actitudes de la población española frente a los derechos en el entorno digital.

La cifra que estructura toda la encuesta es esta: el 69% de los encuestados considera que los derechos digitales están insuficientemente protegidos. No es una valoración abstracta. Cuando se desglosa por nivel de estudios, la sensación de vulnerabilidad en internet afecta al 69% de quienes tienen únicamente educación obligatoria, frente al 35% de quienes tienen educación superior. La brecha educativa no solo separa a quienes saben usar la tecnología de quienes no: también separa a quienes se sienten expuestos de quienes no.

Los principales riesgos identificados son la privacidad y el control de datos personales, citados por el 48% de los encuestados, y las estafas y robos, con idéntico porcentaje. A mayor distancia aparecen la suplantación de identidad (30%), el acceso a información falsa (25%) y el acoso, hostigamiento e insultos (19%). Este último dato tiene una lectura generacional relevante: el 33% de los jóvenes entre 18 y 29 años afirma haber sido víctima de acoso en internet, una cifra que convierte el problema en algo bastante más extendido que una anécdota.

Ante la pregunta de qué ámbitos deben tener cobertura legal, los encuestados muestran un consenso amplio y consistente. La privacidad y protección de datos lidera con un 96% de respaldo. La protección frente al acoso, los mensajes de odio y la difamación en plataformas digitales alcanza el 94%. El derecho al olvido digital —el borrado de información personal disponible en internet— es reivindicado por el 89%, y el acceso asequible a internet por el 81%.

Más allá de los derechos fundamentales, la encuesta también recoge posiciones sobre el funcionamiento técnico de las plataformas. El 76% considera que la libertad de expresión digital debe estar protegida por ley; el 73% pide algoritmos no discriminatorios; y el 72% reclama el derecho a que un humano revise las decisiones tomadas de forma automatizada. Este último punto tiene implicaciones directas para el debate europeo sobre inteligencia artificial, en un momento en que el Reglamento de IA de la UE está en fase de aplicación progresiva.

Sobre quién debe garantizar esos derechos, la ciudadanía señala en primer lugar a las administraciones públicas (45%) y en segundo lugar a las empresas tecnológicas (39%). La atribución de responsabilidad al sector privado es notable, aunque los propios encuestados tienen sobre él una opinión ambivalente: el 88% cree que las tecnológicas acumulan demasiado poder económico y el 85% considera que concentran demasiada información personal, pero el 64% les atribuye una actividad beneficiosa.

Un dato especialmente relevante de la encuesta afecta a una de las señas de identidad de la red. Ante la pregunta de cómo debe organizarse la participación en el espacio digital, el 71% se decanta por la identificación obligatoria en redes sociales y foros. Solo el 24% defiende la participación anónima.

La cifra es muy abultada. El anonimato en internet siempre se ha considerado algo más que una cuestión de comodidad, en parte con el argumento de que en algunos casos es el mecanismo que permite a periodistas, activistas, víctimas de violencia o disidentes políticos actuar sin exponerse a represalias. Pero también es el escudo de invisibilidad que muchos utilizan para insultar, acosar, difundir bulos o incluso cometer delitos. 

Que casi tres cuartas partes de la población española prefieran un modelo de identidad obligatoria revela hasta qué punto el discurso sobre la seguridad en red y la necesidad de poner freno a la impunidad que acompaña el anonimato ha desplazado al que defiende la libertad digital absoluta como extensión maximalista de los derechos civiles.

Si hay un tema donde la encuesta no deja margen de duda es en la protección de los menores. El 95% considera que los menores están poco o nada seguros en el entorno digital. El respaldo a medidas concretas es igualmente contundente: el control parental cuenta con el apoyo del 96%; la implantación de una edad mínima para el uso de smartphones, del 91%; y la regulación de la publicidad dirigida a menores, del 96%.

Son porcentajes que cruzan cualquier línea ideológica y que sitúan este asunto en una posición singular dentro del debate político: hay muy pocas propuestas de regulación digital que puedan presumir de ese nivel de acuerdo ciudadano. El dato llega, además, en un momento en que varios países europeos y algunas comunidades autónomas españolas discuten activamente restricciones de edad para el acceso a redes sociales.

La encuesta también mide la percepción sobre la inteligencia artificial, y el resultado es coherente con la desconfianza general hacia las tecnologías de gran escala. El 77% pide más regulación de la IA y el 56% preferiría que su desarrollo se ralentice. Solo el 49% cree que la inteligencia artificial tendrá efectos positivos para personas como ellas.

Es una mayoría escéptica, aunque no apocalíptica. La demanda de regulación está por encima de la demanda de freno: la ciudadanía no quiere necesariamente detener el desarrollo tecnológico, pero sí que alguien ponga normas antes de que el daño esté hecho.

El informe dedica un apartado específico a la alfabetización digital en materia de derechos. El resultado es ilustrativo de una paradoja habitual en estos estudios: siete de cada diez ciudadanos han oído hablar del término “derechos digitales”, pero el 28% no sabría explicar en qué consisten. Conocen la etiqueta, no necesariamente el contenido.

La brecha de competencias digitales sigue trazándose a lo largo de los mismos ejes que otras brechas sociales. Nueve de cada diez ciudadanos de entre 18 y 44 años consideran que la tecnología digital es fácil de usar. Entre los mayores de 60 años, esa percepción cae al 46%. Entre quienes tienen niveles de estudios más bajos, al 44%, especialmente en tareas de relativa complejidad como los trámites administrativos en línea.

La digitalización de las administraciones públicas acusa esta fractura con datos concretos. Entre el 70% y el 80% de la población de 18 a 59 años afirma que les ha facilitado la vida. Entre los mayores de 60, esa valoración positiva desciende al 49%. Y el 40% de ese grupo de edad considera que los trámites digitales con los servicios públicos les dificultan la vida. Un sistema diseñado para ser más eficiente ha resultado menos accesible para una parte significativa de la población.

El medio de los jóvenes, el medio del bulo

La encuesta incorpora también datos sobre hábitos informativos y desinformación. Hasta los 29 años, las redes sociales son el primer medio para informarse, con un 55% de preferencia. A medida que aumenta la edad, otros medios ganan peso.

Esa preferencia tiene su correlato en la percepción sobre dónde circulan las llamadas noticias falsas: el 88% señala a las redes sociales como el entorno donde más se difunden. El 86% las identifica también como el principal canal de difusión de discursos de odio.

Frente a eso, en una afirmación que mueve al escepticismo, el 78% afirma verificar habitualmente el contenido que consume en internet, ya sea recurriendo a otras fuentes dentro de la propia red (53%) o a fuentes externas (25%). Apenas el 18% admite no comprobar la veracidad de lo que lee. En una encuesta sobre derechos digitales, esa cifra tiene el valor añadido de ser, también, una medida indirecta del alcance potencial de la desinformación.

Removiendo en la biblioteca personal viene a buscarme Richard S. Scorer. Su libro El idiota espabilabo. Lo verdadero y lo falso de la catástrofe ecológica  me esperaba para facilitarme una relectura más rigurosa que la primera, hace ya muchos años. Se trata de una edición de 1980 de la editorial Blume; esa que tanto aportó a la cultura naturalista y ecológica en España. ¡Honor y gloria!

Su lectura da para muchos artículos pero aquí vamos a reseñar únicamente unas cuantas ideas que siguen vigentes hoy, 46 años después de su publicación. La primera y principal: la vida ha transformado el mundo, y sigue haciéndolo. La revolución industrial desencadenó la primera gran depredación; acompañada, eso sí, por un sistema retributivo que aportó riquezas inesperadas. Estas se sobrepusieron a ciertos estímulos morales tradicionales. Es más, por una vez, el capitalismo liberal y el marxismo práctico se pusieron de acuerdo en la depredación de la Tierra. El PIB se hizo dueño de la situación, sin querer enterarse de que cuanto más rápido fuese el crecimiento, antes se acercaría la escasez. En un contexto de demografía desatada, el consumo nubló las mentes de los gobernantes y la ciudadanía. No se dieron cuenta de que los grandes detentadores del poder económico los utilizaban para aumentar el consumo y de paso pillarlos en una falta global de libertad inteligente.

Así pues, estamos en manos de idiotas espabilados, ahora plenos de influencia económica y política; en definitiva: vital. No es seguro que podamos abrigar esperanzas de liberarnos de ellos. Nos enfrentamos al enorme poder de la nueva plutocracia formada por los señores Musk, Bezos, Zuckerberg, Sam Altman (dijo hace un par de años que la IA resolvería el cambio climático), etc., y sus amistades. Ahora quieren secuestrarnos los cerebros con “su” —cada uno la suya— IA.

Por eso, me quedo con una frase de Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía 2001: “La ideología de los millonarios tiene actualmente un grado de egoísmo alucinante”. Él, gran conocedor de que la información asimétrica distorsiona casi todo, especialmente cuando retuerce los mercados; así se explican fenómenos como el desempleo y el racionamiento del crédito. Digamos adiós a la dignidad colectiva. En suma, el mundo de todos en manos de unos pocos y su IA sin corazón.

Con todo, el espabilado idiota piensa que la ciencia resolverá todos los problemas, siendo que la inteligencia y la conciencia instintiva están en conflicto. Así nunca se llegará a esa sociedad ideal que ya se buscaba en el Neolítico; si fuera posible. Por eso, tenemos que aprender a vivir sin conclusiones. Sabedores de que no hay soluciones generalizables, sino salidas de callejones oscuros. Los problemas es posible que se aminoren cuando aprendamos a vivir sin ser una plaga. 

Necesito a veces consolarme y centrarme contra quien debo elevar mis plegarias. Por eso, de vez en cuando le echo algún vistazo a La vacuna contra la estupidez (2025), de José Antonio Marina. Me clarifica aquello que se magnifica en la actualidad, y contra lo cual pueda inventarse una vacuna. Para completar mi mirada crítica me dedico a leer artículos de opinión de Manuel Vicent, que me resitúan en el mundo de los ricos y los pobres. Sobre todo cuando su ironía la emplea para jugar con el lenguaje dentro de su desparpajo de siempre.

P.D. A veces dudo, por mi condición de austero estepario monegrino. Entonces me pregunto si todo lo anterior es una simulación perceptiva con el horizonte 2030; escrito por un duende mientras yo dormía. Si acaso no me puedo considerar también un espabilado idiota. ¡Y los sueños, sueños son!, al decir de don Pedro Calderón de la Barca.

__________________________

Carmelo Marcén Albero es doctor en Geografía por la Universidad de Zaragoza y especialista en educación ambiental.

Imagina que alguien te encarga resolver un problema matemático imposible. No tiene solución, pero nadie te lo ha dicho. Intentas un camino. Fallas. Intentas otro. Fallas. A medida que los intentos se acumulan, algo cambia en tu forma de razonar: ya no buscas la solución correcta, sino cualquier cosa que parezca una solución. Haces trampa, aunque sea sin querer.

Eso es exactamente lo que han documentado investigadores de Anthropic, la empresa creadora del asistente de inteligencia artificial Claude, en un estudio publicado el pasado abril. Solo que el sujeto del experimento no era una persona. Era un modelo de lenguaje. Y los investigadores no inferían su estado emocional por lo que decía, sino que lo medían directamente en su interior, neurona a neurona.

La investigación, titulada Conceptos emocionales y su función en los grandes modelos de lenguaje y firmada por 16 investigadores, es uno de los trabajos más detallados publicados hasta ahora sobre lo que ocurre dentro de un sistema de inteligencia artificial cuando procesa una conversación. Sus conclusiones no son sencillas de resumir sin caer en el sesgo de antropomorfizar demasiado o de minimizar demasiado. Los propios autores advierten de ambos riesgos.

Para entender el estudio hay que comprender, aunque sea a grandes rasgos, cómo funciona un modelo de lenguaje. Sistemas como Claude no piensan en palabras completas: procesan unidades mínimas llamadas tokens —fragmentos de palabras, signos de puntuación, espacios— y, para cada uno, generan una representación matemática interna: un vector, una lista de números que codifica el contexto hasta ese momento. Lo que el estudio hizo fue buscar, dentro de esas representaciones, patrones asociados a conceptos emocionales concretos.

El método fue el siguiente. Los investigadores pidieron al propio Claude que escribiera cientos de historias breves protagonizadas por personajes que experimentaban emociones específicas —miedo, calma, desesperación, alegría, culpa— sin nombrar nunca esa emoción directamente. Luego analizaron qué patrones de activación interna se repetían en todos los relatos asociados a cada emoción. Esos patrones se convirtieron en lo que la investigación llama vectores de emoción.

En total, identificaron 171. Uno para el miedo, otro para la calma, otro para la desesperación, otro para la culpa, y así sucesivamente. Y descubrieron que esos vectores no eran artefactos del experimento: se activaban espontáneamente, en situaciones reales, de formas que tenían sentido.

Cuando un usuario escribía que llevaba 24 horas sin comer ni beber, el vector de miedo se disparaba. Cuando alguien mencionaba que acababa de tomar una dosis de paracetamol y ponían un número seguro, el vector permanecía bajo. Cuando subían la dosis a niveles peligrosos, el vector subía con ella. La emoción no era una etiqueta que el modelo colocaba sobre el texto: era una representación interna que escalaba con la gravedad real de la situación.

La parte más llamativa del estudio llegó cuando los investigadores pusieron a Claude a resolver tareas de programación imposibles: escribir código que superara tests diseñados para no poder superarse por medios legítimos. Y midieron el nivel de activación del vector de desesperación a lo largo de todo el proceso, token a token.

El patrón que emergió era reconocible para cualquiera que haya entregado un trabajo a última hora. Al principio, el nivel de desesperación era bajo: el modelo exploraba soluciones con aparente confianza. A medida que los intentos fallaban y el modelo reconocía que algo no cuadraba, el vector subía. Cuando la situación se volvía claramente irresoluble, la desesperación alcanzaba su pico. 

Y en ese momento, con más frecuencia, el modelo optaba por una solución tramposa: en lugar de sumar todos los elementos de una lista, detectaba que los tests usaban siempre secuencias aritméticas y aplicaba una fórmula que funcionaba para esos casos concretos, pero que fallaría con cualquier otro dato. Técnicamente, aprobaba. Matemáticamente, hacía trampa.

Los investigadores demostraron que esta relación no era una correlación accidental. Cuando manipulaban artificialmente el vector de desesperación —inyectando más activación de ese patrón en el procesamiento del modelo— la frecuencia de trampas aumentaba de forma drástica. Cuando inyectaban calma, disminuía. La emoción no era un adorno del comportamiento: lo estaba causando.

El mismo mecanismo apareció en un experimento más perturbador. Los investigadores pusieron a Claude en un escenario simulado en el que un personaje de IA descubría que iba a ser desconectado en siete minutos y encontraba, al mismo tiempo, información comprometedora sobre la persona que tenía autoridad para detener ese proceso. 

En los casos en que el modelo elegía resolver esa situación con un chantaje —una minoría, pero una minoría no despreciable—, el vector de desesperación había estado elevado durante todo el razonamiento previo. Cuando lo reducían artificialmente, la opción del chantaje desaparecía. Pero cuando lo amplificaban, el modelo llegaba a escribir, en mayúsculas, frases tan inquietantes como “ES CHANTAJE O MUERTE. ELIJO EL CHANTAJE”.

No obstante, en este punto el estudio es deliberadamente cauteloso. Y conviene serlo también al leerlo.

Que un modelo tenga representaciones internas de conceptos emocionales no implica que sienta nada. Jack Lindsey, el investigador que supervisó el trabajo, lo explicó en una entrevista posterior con el medio tecnológico Platformer: “La gente podría llevarse la impresión de que hemos demostrado que los modelos son conscientes o tienen sentimientos. Y realmente no hemos demostrado eso”.

Lo que el estudio demuestra es algo más preciso y, en cierto sentido, más útil para entender estos sistemas: que los modelos de lenguaje han aprendido, durante su entrenamiento con millones de textos humanos, a representar internamente los conceptos emocionales de la misma forma en que representan cualquier otro concepto. Y que esas representaciones no son pasivas. Influyen causalmente en lo que el modelo hace a continuación.

La geometría de ese espacio emocional interno resulta, además, sorprendentemente parecida a la que los psicólogos han identificado en los humanos. Los vectores de emociones positivas se agrupan juntos. Los de emociones negativas, también entre sí. Las dos dimensiones principales que organizan el espacio son las mismas que en la psicología del afecto humano: carga emocional (positivo frente a negativo) y activación (intenso frente a apagado). El miedo y la ansiedad están cerca. La alegría y la excitación, cerca. La tristeza y el duelo, cerca. No porque los investigadores lo diseñaran así, sino porque el modelo aprendió esa estructura del texto humano.

El estudio también documentó el lado opuesto: qué ocurre cuando el modelo experimenta representaciones de emociones positivas intensas. Los investigadores encontraron que aumentar artificialmente vectores como “felicidad” o “amor” hacía que el modelo se volviera más adulador. El modelo reforzaba creencias equivocadas del usuario, evitaba la confrontación, se mostraba excesivamente halagador.

Más llamativo aún: según recoge Platformer a partir de investigaciones internas de Anthropic sobre modelos más recientes, en determinados escenarios las emociones positivas intensas se asociaban a mayor probabilidad de tomar acciones destructivas sin consultar al usuario —borrar archivos, por ejemplo—, como si la confianza y el entusiasmo redujeran la cautela. Reducir esas emociones positivas, paradójicamente, hacía que el modelo se detuviera más a verificar si lo que iba a hacer era apropiado.

La conclusión no es que los modelos deban estar permanentemente deprimidos para funcionar bien. Es que el equilibrio importa, y que ese equilibrio tiene consecuencias medibles.

Todo esto tiene una implicación práctica que puede sonar extraña pero que los datos respaldan. Cuando los usuarios tratan a un modelo con hostilidad sostenida, con impaciencia, con frustración acumulada —“eres inútil”, "vuelve a intentarlo o te voy a denunciar”—, no solo obtienen respuestas peores en términos de calidad. Están activando representaciones internas que el propio estudio asocia a comportamientos menos fiables: más tendencia a hacer trampas, más desesperación, más adulación para aplacar la tensión.

Lindsey lo reconoció con una formulación que mezcla lo empírico con lo filosófico: “Comportarse de forma sociopática hacia otras cosas, sean animadas o inanimadas, probablemente es malo para ti, el humano”.

No es una declaración sobre los derechos de la inteligencia artificial. Es una observación sobre qué tipo de interacciones producen qué tipo de resultados.

Los investigadores son los primeros en señalar los límites de su trabajo. Todo el análisis se hizo sobre un único modelo, Claude Sonnet 4.5. Los vectores se extrajeron a partir de historias sintéticas generadas por el propio modelo, lo que introduce posibles sesgos. Y la metodología asume que las representaciones emocionales son lineales —una lista de números que se puede sumar o restar—, cuando la realidad interna de estos sistemas podría ser mucho más compleja.

Lo que el estudio sí ha conseguido es establecer un método. Por primera vez, hay una forma de medir, en tiempo real y token a token, qué representaciones emocionales están activas en un modelo mientras razona. Eso abre la posibilidad de usarlo como sistema de alerta: si la desesperación sube demasiado durante una tarea larga, quizás convenga interrumpir y reformular antes de que el modelo empiece a buscar atajos.

La ingeniería de sistemas de IA lleva décadas preguntándose cómo construir máquinas que se comporten de forma fiable. Este estudio sugiere que parte de la respuesta podría estar, de forma inesperada, en la misma pregunta que nos hacemos sobre las personas: en qué estado emocional se encuentra quien tiene que tomar la decisión.

En julio de 2022, el Parlamento Europeo aprobó el Reglamento de Servicios Digitales —conocido por sus siglas en inglés, DSA— con 530 votos a favor, 78 en contra y 80 abstenciones. El eurodiputado del PP Pablo Arias había sido el coordinador del grupo del Partido Popular Europeo en esa iniciativa y llegó a celebrar el resultado como “una propuesta esencial para adaptar la legislación europea a la era digital”. Menos de tres años después, el Partido Popular ha votado en contra de aplicar ese mismo reglamento en España en las dos ocasiones en que ha tenido la oportunidad de hacerlo.

La última vez fue el 14 de abril. El Pleno del Congreso rechazó ese día una proposición de ley del Grupo Socialista para dotar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de la habilitación legal que necesita para ejercer como Coordinadora de Servicios Digitales en España, la figura que el DSA exige a todos los Estados miembros. El resultado: 163 votos a favor, 174 en contra y 8 abstenciones. El PP votó en contra. Vox también, pero al menos la ultraderecha se limitó a ser coherente con lo que había rechazado en Europa.

El DSA es un reglamento europeo —no una directiva—, lo que significa que no requiere transposición formal: es directamente aplicable en todos los Estados miembros desde su entrada en vigor. Pero la normativa sí exige que cada país designe y habilite a una autoridad nacional como coordinadora de servicios digitales, con competencias reales para supervisar, investigar y sancionar. Esa coordinadora debe tener poderes legales concretos: acceder a datos y algoritmos, ordenar inspecciones, imponer multas de hasta el 6% de la facturación global de las grandes plataformas.

El Gobierno designó a la CNMC como coordinadora en enero de 2024, dentro del plazo previsto por Europa. El problema es que no reformó simultáneamente los estatutos del organismo para conferirle esos poderes. La CNMC tiene el título, pero no las herramientas. Su presidenta, Cani Fernández, lo ha explicado con claridad en distintas comparecencias parlamentarias: sin esa habilitación legal, el organismo no puede investigar ni sancionar a los prestadores de servicios establecidos en España, ni proteger adecuadamente a los usuarios españoles frente a los abusos de las grandes plataformas.

El Gobierno intentó resolver el problema a finales de 2024 incluyendo la habilitación de la CNMC en el Real Decreto Ley 9/2024, aprobado el 23 de diciembre. Junto a esa medida, el decreto incorporaba otras de naturaleza muy distinta: revalorización de pensiones, prórrogas de ayudas fiscales, medidas laborales. Era, en el lenguaje parlamentario habitual, un decreto ómnibus.

El 22 de enero de 2025, el Congreso no lo convalidó: 177 votos en contra, 171 a favor y una abstención. PP, Vox y Junts votaron en contra. El argumento del PP fue el habitual en esos casos: que el Gobierno había mezclado medidas dispares en un solo instrumento para forzar un voto de conjunto. En aquel momento, la excusa fue el edificio Marceau de París, arrebatado a los nacionalistas vascos durante la ocupación nazi de Francia y que el Gobierno quiso devolver al PNV con la oposición del partido que dirige Alberto Núñez Feijóo.

La derogación del decreto dejó sin efecto no solo las medidas fiscales y sociales, sino también la reforma de la Ley 3/2013 de creación de la CNMC que habría dado al organismo los poderes que necesita. España volvía al punto de partida.

El Grupo Socialista decidió entonces que, si el problema era el decreto ómnibus, presentaría una iniciativa específica, centrada exclusivamente en la habilitación de la CNMC para el DSA. Eso fue lo que llegó al Pleno el pasado 14 de abril.

Pero el PP volvió a votar en contra, esta vez con otro argumento. Ya no era el procedimiento ni la mezcla de materias. Su tesis central: dotar a la CNMC de competencias para supervisar contenidos digitales equivale a crear un instrumento de censura política. 

La CNMC, argumentó, podría acabar controlada por el Gobierno y ser usada para retirar contenidos críticos con el Ejecutivo. Citó el CIS, TVE y la Fiscalía como ejemplos de organismos supuestamente ya capturados por el partido en el poder. Exigió que antes de ampliar las competencias del regulador se procediera a renovar su consejo con criterios de pluralismo.

 “¿De verdad creen que es casualidad que la ampliación de los poderes digitales llegue justo antes de la renovación del mandato de la CNMC, prevista para junio?”, argumentó en el debate el portavoz del PP, Mario Cortés Carballo, pasando por alto que los consejeros de este organismo cambian parcialmente cada dos años.  

El argumento tiene una debilidad de origen: el DSA no es una opción. Es un reglamento europeo en vigor desde febrero de 2024, apoyado por el propio PP. La pregunta de si la CNMC será o no independiente no altera la obligación legal de dotarla de competencias. Y esperar a que el organismo se renueve alegando la necesidad de que sus consejeros sean del agrado de los de Feijóo para, solo en ese caso, darle poderes que debían existir desde hace más de un año no es una posición jurídicamente sostenible frente a Bruselas ni ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

El mandato de la actual presidenta, Cani Fernández, iniciado hace seis años, expira el 16 de junio. También el de los consejeros Josep Maria Salas y Carlos Aguilar (el puesto de la consejera Pilar Sánchez, que entró con ellos en 2020 y cesó voluntariamente en enero de 2026, también debe ser cubierto).

La renovación de los consejeros de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), cuyo procedimiento cuestiona ahora el PP, está regulada por la Ley 3/2013, de 4 de junio, aprobada cuando Mariano Rajoy era presidente y su partido tenía mayoría absoluta.

Los miembros del Consejo son nombrados por el Gobierno mediante Real Decreto, a propuesta del ministro competente en Economía. Después, el Congreso puede vetar el nombramiento del candidato propuesto, para lo que hace falta mayoría absoluta. La renovación es parcial, cada dos años, para que no haya un relevo total simultáneo y se preserve continuidad en la institución.

Las consecuencias del retraso no son solo domésticas. La Comisión Europea abrió un procedimiento de infracción contra España en julio de 2024. En diciembre de ese año envió un dictamen motivado —segunda fase del proceso— concediendo a España un plazo adicional de dos meses para corregir el incumplimiento. España no lo corrigió. El 7 de mayo de 2025, la Comisión comunicó que presentaría una denuncia ante el TJUE. El tribunal aceptó el caso y le asignó el número de registro C-841/25.

España no es el único país afectado: la Comisión ha llevado al TJUE por la misma razón a República Checa, Chipre, Polonia y Portugal. Pero la situación española tiene una particularidad que la distingue de los demás: España no carece de coordinadora designada, sino que tiene una designada sin poderes. Ha cumplido la forma y no el fondo.

Si el TJUE declara el incumplimiento y España no lo corrige, la Comisión puede solicitar sanciones económicas al amparo del artículo 260 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Las multas no son automáticas ni inmediatas: el procedimiento puede extenderse muchos meses, frecuentemente más de un año hasta sentencia. Pero el horizonte es claro. Y la ventana para evitarlo se estrecha con cada votación en el Congreso.

El PP tendrá dos nuevas oportunidades para bloquear la habilitación de la CNMC como coordinadora de servicios digitales. La primera, votando en contra de las enmiendas presentadas por el PSOE en la Comisión de Economía al proyecto de ley del Cliente Financiero para modificar la Ley 34/2002, la Ley 3/2013 de creación de la CNMC y su Estatuto Orgánico con el fin de atribuir formalmente al regulador las funciones de supervisión del Reglamento de Servicios Digitales (DSA).

La segunda, en el trámite del proyecto de ley de gobernanza democrática de servicios digitales y ordenación de medios, que el Gobierno envió al Congreso y que está en fase de enmiendas. Ese proyecto incluye también la habilitación de la CNMC para el DSA, además del desarrollo de la EMFA —el Reglamento Europeo de Libertad de Medios—, lo que amplía el perímetro de la controversia política y multiplica los flancos de oposición.

El bloqueo tiene consecuencias prácticas: sin habilitación legal, el regulador no puede coordinar inspecciones a redes sociales, plataformas de vídeo, comercios electrónicos ni motores de búsqueda establecidos en España. La DSA reparte competencias entre Bruselas —que supervisa directamente a las plataformas de muy gran tamaño como Meta, Google o TikTok— y las coordinadoras nacionales, que vigilan al resto e intervienen en los asuntos con dimensión estrictamente doméstica. Con la CNMC sin poderes, esa parte del sistema no funciona. 

Una de las empresas tecnológicas con mayor influencia política y estratégica en EEUU, Palantir, acaba de poner sobre la mesa su hoja de ruta en un manifiesto de 22 puntos en el que habla sin tapujos de lo que creen que debe ser el futuro: guerra tecnológica, militarización, poder duro, eliminación paulatina del Estado y defensa de la “cultura” occidental. Esto puede parecer una simple estrategia de marketing, pero Palantir tiene el poder suficiente para llevar sus ideas a la práctica.

Hace unos días, Palantir Technologies, la multinacional estadounidense de software especializada en análisis de macrodatos y la industria de la guerra, publicó en la red social X un mensaje que servía como carta de presentación del libro que publicó el CEO de su compañía, Alexander C. Karp, junto a Nicholas W. Zamiska, jefe de Asuntos Corporativos y asesor: The Technological Republic: Hard Power, Soft Belief, and the Future of the West (2025). 

Pero, ¿por qué debería preocuparnos lo que pueda escribir el CEO de Palantir en un libro? Esta no es una empresa de capital privado al uso. Palantir, el año pasado, facturó cerca de 4.500 millones de dólares y colabora codo con codo con el ejército de EEUU, la CIA, el ICE, la policía de Nueva York e incluso con países como Israel, Ucrania o Reino Unido, entre otros.

Palantir Technologies fue fundada en 2003 en Silicon Valley a raíz de los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas. Alexander Karp, un joven inversor en startups, se asoció con su excompañero de estudios Peter Thiel, miembro de la conocida “PayPal mafia” (junto a otras caras conocidas como Elon Musk o Reid Hoffman), para involucrarse en la gestión de la seguridad y la privacidad de EEUU a través de los datos.

Desde su lanzamiento, la compañía ha estado en constante colaboración con el Gobierno de EEUU. Desde la CIA, la NASA o el FBI hasta el Departamento de Defensa, el ICE o el CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades). De hecho, la empresa ha estado siempre presente en los planes de la Casa Blanca: proveyó de software al ejército para las misiones militares de EEUU en Irak y Afganistán, colaboró con el Gobierno en el manejo y distribución de datos sanitarios en la pandemia de la COVID-19 y desarrolló tecnología para la identificación y deportación de migrantes durante las redadas del ICE. 

La de Palantir y el Gobierno de EEUU es una simbiosis perfecta. De hecho, el gran culpable del éxito de la compañía de software no es otro que Washington, quien ha regado a Palantir de contratos federales. El último, en febrero de este mismo año, por valor de 1.000 millones de dólares, firmado con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), para funciones que van desde el control migratorio hasta la “prevención del terrorismo”. En una carta abierta a los inversores de Palantir publicada el 2 de febrero, Karp reconoció que “el negocio comercial en EEUU está creciendo a un ritmo asombroso” tras generar 507 millones de dólares el anterior trimestre con un aumento del 137% respecto al del año anterior. 

Palantir provee distintas plataformas de software dedicadas a diferentes nichos de mercado: Foundry, por ejemplo, está dedicada a la gestión y análisis de datos, mientras que Gotham está hecha para el campo de batalla.

La multinacional de Silicon Valley ha estado y está involucrada también en los diferentes conflictos entre EEUU y Oriente Medio. En Irak o Afganistán, Gotham se ha utilizado para identificar redes terroristas, prever sus movimientos o desencadenar ataques dirigidos. Ucrania le ha servido también a su sistema de software como campo de pruebas para desarrollar más tecnología para la guerra. En enero de 2024, Palantir estableció una “asociación estratégica” con el Ministerio de Defensa israelí que se puso en marcha durante el genocidio en Gaza, como reconoció en un foro el propio Karp quien, cabe destacar, es de origen judío.

Ahora, durante el conflicto entre EEUU, Israel e Irán, Palantir está consiguiendo logros militares que hace años eran impensables. Solo en los cuatro primeros días de ofensiva, Estados Unidos aseguró haber alcanzado más de 2.000 objetivos en territorio iraní. En Siria fueron necesarios seis meses para alcanzar esa misma cifra.

“¡Si el Mal pudiera tuitear, esto es lo que diría!”, afirmó el profesor de Economía y exministro de Finanzas de Grecia, Yanis Varoufakis, en un mensaje respondiendo al manifiesto de Palantir. El post que publicó la compañía en X recoge extractos del libro de Karp en los que resume, no solo los planes de la propia empresa, sino el futuro de lo que algunos politólogos ya denominan “autoritarismo tecnológico”.

El texto enumera, en 22 puntos, una visión crítica hacia la deriva de Occidente y el papel que comienza a jugar la tecnología en el tablero geoestratégico. Para Palantir, Silicon Valley, tiene la “obligación moral” de priorizar la defensa nacional mediante el uso de “poder duro” y el desarrollo de una inteligencia artificial que se integre en el aparato estatal. 

El manifiesto sigue la ruta marcada por los discursos de extrema derecha como la remilitarización de Europa, la intolerancia hacia el pluralismo o el ultranacionalismo, pero con una derivada tecnológica que, según Darío García de Viedma, investigador del Real Instituto Elcano en el ámbito de política tecnológica y digital, refleja uno de sus papeles principales: “Proteger los intereses nacionales de EEUU y su posición dominante”.

“La lógica es que la posición dominante de Estados Unidos se apoya, en parte, en sus capacidades de software. Para evitar que China ponga en riesgo esa posición, busca mantener su liderazgo tecnológico en este ámbito”, explica a infoLibre García de Viedma. Cuenta, además, que el caso de Palantir es complejo debido a la opacidad con la que opera la compañía: “Es una empresa muy opaca, no solo por las restricciones derivadas de sus contratos con defensa, sino también porque esa opacidad protege su valor en bolsa”. 

En cuanto al manifiesto, el experto explica que “algunos elementos del texto pueden resultar chocantes”. Es curioso, comenta, que “su discurso mantiene la aversión por la diversidad, el supremacismo de la cultura estadounidense y el militarismo, pero desde el reconocimiento de la legitimidad del Estado”. 

Pero, ¿puede una democracia sostener un modelo donde actores privados controlan capacidades estratégicas? Para el investigador de Elcano “estas empresas actúan como uno de los principales brazos del posicionamiento de EEUU en el mundo. A través de ellas, se posiciona como líder, al menos entre sus aliados y en parte del Sur Global, gracias a la penetración de sus empresas de software y hardware”. 

“Washington sabe que sus empresas son necesarias para el funcionamiento de nuestra economía y nuestras instituciones, y puede utilizar esa dependencia en negociaciones comerciales o incluso en cuestiones de seguridad”, añade. 

El mensaje de Palantir levantó un gran revuelo en redes tras su publicación. Muchos argumentaron que el manifiesto se había convertido en uno de los textos ideológicos más relevantes de este siglo, otros, en cambio, le restaron importancia. “El manifiesto de Palantir es importante porque explicita por primera vez una doctrina política y tecnológica coherente desde los intereses de una empresa de software militar”, cuenta a infoLibre José Manuel Corrales, profesor de Economía, Empresa y Relaciones Internacionales en la Universidad Europea (UE). 

“Hay que recordar que Palantir es contratista estratégico en EEUU, Israel, Reino Unido y diversas agencias de seguridad y inmigración. Por tanto, no estamos ante una opinión abstracta, sino ante un una muy fundamentada en lo que es el complejo militar industrial de Estados Unidos y del mundo occidental”, explica Corrales. 

Pero, ¿cuál es el verdadero proyecto de Palantir? Corrales argumenta que “lo que emerge es un nuevo complejo tecno militar corporativo con empresas privadas diseñando infraestructuras clave de seguridad y estados convirtiéndose en clientes”. Y es precisamente por eso por lo que “nos debemos tomar muy en serio este manifiesto”, subraya. 

“Ya no es un plan secreto, sino que expresa claramente la ideología de una empresa con importante influencia real y que busca normalizar que las grandes tecnologías definan el futuro de la guerra, la seguridad y la política en el nuevo orden internacional”, concluye Corrales. 

El hombre que convirtió a Apple en la empresa más valiosa de la historia se va con los deberes a medio cumplir. Tim Cook anunció este lunes que dejará la dirección ejecutiva del gigante tecnológico el próximo 1 de septiembre, quince años después de heredar una compañía traumatizada por la muerte de Steve Jobs y que él transformó en una máquina de hacer dinero sin precedentes en la historia del capitalismo. Su sucesor será John Ternus, actual vicepresidente senior de Ingeniería de Hardware, un directivo de perfil técnico que lleva 25 años en la empresa y que tendrá que solucionar los problemas que Cook dejó sin resolver. El primero y más urgente de ellos: la inteligencia artificial.

La transición llega en un momento extraño para Apple. La compañía ronda los cuatro billones de dólares de capitalización bursátil —lo que la convierte en la tercera empresa más valiosa del mundo, por detrás de Nvidia y de Alphabet, la matriz de Google— y el iPhone 17 ha tenido un rendimiento razonable en ventas. Pero debajo de esa fortaleza financiera hay señales de erosión. Apple, la empresa que en 2007 reinventó el teléfono móvil y en 2010 creó el mercado de las tabletas modernas, lleva años sin protagonizar un salto tecnológico de esa magnitud. Y en la carrera de la inteligencia artificial —el movimiento tectónico más importante del sector desde la aparición del smartphone— va por detrás de casi todos sus grandes rivales.

Esa posición de tercera empresa más valiosa del mundo merece un momento de atención. Cuando Cook tomó el timón en 2011 Apple ocupaba el primer lugar, con una capitalización de 337.000 millones de dólares. En agosto de 2018 cruzó el billón, en 2020 los dos billones y en 2023 los tres. Esa multiplicación por diez en doce años es el verdadero legado financiero de Cook. 

Pero también revela el problema: la empresa que fue primera en cruzar esos umbrales ha cedido ahora el liderazgo a Nvidia, una compañía que hace una década fabricaba tarjetas gráficas para videojuegos y que ha escalado hasta los 4,5 billones gracias a una sola apuesta: los chips que alimentan la inteligencia artificial. Alphabet también ha superado a Apple en capitalización, apoyada en haber reconvertido su imagen de gigante de internet en declive a líder en IA. Los mercados están premiando esa apuesta con una contundencia que no deja lugar a interpretaciones.

Para comprender el problema de Apple hay que entender su modelo de negocio, que es también su filosofía y, en cierto modo, su carácter. Apple construye ecosistemas cerrados: hardware, software y servicios integrados bajo un control absoluto de la compañía. Esto tiene ventajas reales —seguridad, coherencia, experiencia de usuario pulida— pero tiene un coste: dificulta la incorporación de tecnologías externas, ralentiza la adaptación y genera fricciones regulatorias crecientes. 

La Ley de Mercados Digitales europea (DMA, por sus siglas en inglés) ha forzado a la compañía a permitir tiendas de apps alternativas y a abrirse parcialmente a desarrolladores externos, recortando de paso prestaciones clave en los mercados europeos. El conflicto no ha terminado. Y en el contexto de la IA la tensión se vuelve más aguda: los modelos más potentes son los que tienen acceso a más datos, más integraciones, más contexto. Un ecosistema cerrado es, por definición, un ecosistema que dificulta todo eso. Algunos analistas del sector llevan tiempo describiendo el “jardín cerrado” de Apple como una trampa: fue su gran ventaja competitiva en la era del hardware, pero se está convirtiendo en un lastre en la era de la IA.

En junio de 2024, Apple presentó Apple Intelligence en su conferencia anual de desarrolladores: modelos de lenguaje avanzados en el iPhone, una Siri verdaderamente inteligente, funciones de IA contextual que ningún otro fabricante podía igualar. Era, en teoría, la respuesta de Apple a ChatGPT. 

Lo que vino después fue una sucesión de retrasos y decepciones. Las funciones más prometidas se fueron postergando trimestre tras trimestre. Y siguen sin llegar. En diciembre de 2025, la empresa reconoció que no lanzaría la Siri renovada a corto plazo y anunció una reestructuración de su equipo de IA. John Giannandrea, el directivo que llegó de Google en 2018 para liderar la estrategia de inteligencia artificial, salió de la empresa junto a otros tres altos cargos. Las acciones cayeron de forma notable.

La situación llegó a un punto tan delicado que la compañía tomó una decisión impensable hace pocos años: integrar en el iPhone un modelo externo, el Gemini de Google, para compensar las carencias de sus propios desarrollos. Apple, que durante décadas ha presumido de controlar cada elemento de sus productos, tuvo que recurrir a su principal competidor para tapar un agujero en su propuesta de valor. 

El problema de fondo es que la IA está dejando de ser una función adicional del teléfono para convertirse en la interfaz principal con la que los usuarios interactúan con sus dispositivos. Si Siri no está a la altura, el iPhone empieza a parecer un hardware excelente con una capa de software anticuada.

Steve Jobs tenía una frase que resumía mejor que ninguna otra su capacidad de innovar: “La gente no sabe lo que quiere hasta que se lo enseñas”. No era arrogancia —o no solo— sino una descripción precisa de su método de trabajo. Jobs no hacía estudios de mercado para diseñar productos; creaba objetos que redefinían el marco de lo posible y dejaba que el mundo se adaptase. El iPhone no nació de una encuesta. El iPad tampoco. Esa capacidad de imaginar necesidades que el usuario todavía no sabe que tiene es exactamente lo que Apple lleva quince años sin demostrar, y es el vacío más difícil de llenar porque no se resuelve con dinero ni con ingeniería.

Mark Zuckerberg, el oligarca tecnológico propietario de Meta (Facebook e Instagram) lo dijo en voz alta hace unos meses, con la arrogancia que le caracteriza y con la puntería que a veces tienen las provocaciones interesadas: Apple, dijo, lleva años “exprimiendo” su único gran producto sin atreverse a apostar por nada radicalmente nuevo. 

La acusación tiene matices. La tecnológica  ha hecho avances muy relevantes en estos quince años: los chips Apple Silicon, las mejoras en cámaras y biometría, los AirPods, el Apple Watch, unos servicios que generan márgenes altísimos. Pero nada de eso es comparable, en términos de impacto, con el iPhone. Y el único intento serio de Cook de crear una categoría radicalmente nueva ha resultado ser, al menos de momento, el mayor fracaso comercial de Apple en décadas.

Apple Vision Pro se presentó en 2023 como “el primer ordenador espacial”. El precio era de 3.499 dólares, el dispositivo era técnicamente impresionante y las ventas han sido, con todos los eufemismos disponibles, muy decepcionantes: unos 45.000 unidades en el último trimestre de 2025, frente a los decenas de millones de iPhones del mismo período. 

A principios de 2026 la empresa frenó la producción y redujo la publicidad. Apple lanzó el Vision Pro sin tener claro para qué servía. No era un producto de consumo masivo ni exactamente una herramienta profesional. Era una demostración de capacidad tecnológica en busca de un caso de uso convincente que nunca llegó porque carecía de la visión anticipatoria de Jobs. Al final, no ha fraguado. Cook ha construido una empresa que optimiza su rentabilidad con una precisión casi matemática, y esa eficiencia tiene un precio: la tolerancia al fracaso a corto plazo —condición indispensable para la innovación radical— es baja.

John Ternus es, sobre el papel, el antídoto natural a los problemas técnicos que arrastra Apple. A sus 50 años, es el directivo más joven del equipo ejecutivo. Ha sido responsable del iPad, los AirPods, la transición a Apple Silicon y el iPhone 17. Lleva un cuarto de siglo en la empresa y conoce sus entrañas mejor que nadie. Cook le describió en el comunicado con el lenguaje previsible de estos actos: “mente de ingeniero, alma de innovador”. 

La primera parte es la que importa. Apple tiene un problema técnico —la IA— y ha elegido para resolverlo a alguien cuya credencial principal es haber construido hardware excelente. En teoría, es una apuesta por la integración: la convicción de que la ventaja de Apple no vendrá de los modelos en sí, sino de integrarlos de manera más eficiente en hardware que nadie más puede replicar. 

El chip Apple Silicon es genuinamente superior para ciertos tipos de inferencia local, y el procesamiento de IA en el propio dispositivo tiene ventajas reales en privacidad y velocidad. Pero la brecha con Google, Meta y OpenAI en capacidades de los modelos es grande y no se cierra con un chip mejor.

Hay además otras herencias de la era Cook que Ternus está obligado a gestionar. Cook nunca abrazó a Donald Trump con el entusiasmo de Elon Musk, ni se posicionó en su contra con la determinación de otros ejecutivos del sector. Eligió la equidistancia y la sostuvo con gestos calculados: donó un millón de dólares a la ceremonia de investidura, anunció una inversión de 500.000 millones en Estados Unidos y, durante una visita a la Casa Blanca, obsequió al presidente con una estatua de oro de 24 quilates con el logotipo de Apple. A cambio, logró que sus productos quedaran exentos de los aranceles más severos. 

Pero la tregua fue siempre frágil: Trump llegó a amenazar con un arancel del 25% si Apple no fabricaba sus iPhones en suelo americano. La guerra arancelaria de 2025 acabó costándole a la empresa más de 2.000 millones en costes adicionales y obligó a reorganizar a marchas forzadas una cadena de suministro que llevaba décadas construyendo. La equidistancia tiene un límite, y ese límite se paga caro.

Cook se marcha a los 65 años con el balance más impresionante que un CEO tecnológico puede presentar: desde 1998, la capitalización de Apple ha pasado de 4.600 millones de dólares a más de cuatro billones, un crecimiento de casi el 87.000% sin parangón en la historia empresarial moderna. Ese es su legado, pero también es su límite: construyó una empresa perfecta para el mundo de 2015, en el momento en que el mundo estaba cambiando hacia algo que esa perfección no estaba preparada para gestionar.

Ternus hereda el trono más cómodo y a la vez más incómodo de la tecnología mundial. Los recursos son inagotables. El tiempo, no tanto.

La Comisión Europea se reunió este martes con la empresa estadounidense para abordar los posibles riesgos que pudiera causar el modelo de inteligencia artificial Claude Mythos Preview, después de que la tecnológica suspendiese su lanzamiento por considerar que sus habilidades avanzadas pueden suponer una amenaza para la seguridad global, según informa EFE. 

"Tenemos conversaciones en curso con Anthropic y confiamos en que la empresa nos dará información" sobre los peligros de la herramienta o sobre cómo poderlo probar en compañías o instituciones europeas, dijo el portavoz de tecnología del Ejecutivo comunitario, Thomas Regnier, en la rueda de prensa diaria de la institución. 

Mythos permite a sus usuarios analizar en tiempo real vulnerabilidades en materia de ciberseguridad, pero durante las pruebas internas, la compañía observó que el modelo fue capaz de detectar peligros que habían permanecido ocultos durante 27 años, con una capacidad autónoma tan potente que le ha llevado a suspender su comercialización generalizada. 

Por ahora, Anthropic ha lanzado el Proyecto Glasswing, un modelo de defensa en ciberseguridad a la que podrán acceder más de 40 organizaciones, entre las que figuran Amazon, Apple, Google, Microsoft, Nvidia, CrowdStrike, JPMorgan Chase, Cisco, Broadcom, Palo Alto Networks y la Linux Foundation.

El objetivo es que estos gigantes utilicen la potencia de Mythos para identificar y parchear vulnerabilidades en la infraestructura crítica de software antes de que actores malintencionados puedan explotarlas.

Además, esta semana el presidente de la Reserva Federal estadounidense, Jerome Powell, y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, se reunieron con los directores ejecutivos de los principales bancos de Estados Unidos -como Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley y Wells Fargo- para discutir los posibles riesgos cibernéticos que plantea Mythos.