El cambio climático obliga a cada vez más agricultores y ganaderos en España a asegurar sus fincas frente a la sequía, las inundaciones o el pedrisco, de manera que las subvenciones autonómicas y estatales para contratar estas pólizas cobran cada vez más importancia. Sin embargo, algunas autonomías apenas dedican presupuesto a esta partida, de manera que los profesionales tienen que poner más de su bolsillo.

En los últimos cinco años, tanto el Ministerio de Agricultura como las comunidades autónomas han incrementado alrededor del 50% su ayuda al sector primario en esta partida, aunque con enormes diferencias. País Vasco, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Asturias son de lejos las que menos apoyo dan, según los datos de 2025 de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (Enesa), a los que ha accedido infoLibre.

Como explica Javier Alejandre, responsable de Seguros de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), no depende tanto del color político como de la tradición de cada región. De ese top cuatro, una está gobernada por el PNV, una por el PP y dos por el PSOE, mientras que Vox estuvo al mando en Castilla y León de la Consejería de Agricultura entre 2022 y 2024. Alejandre también advierte de que este maltrato por territorios crea desequilibrios. "Un ejemplo muy visual son dos fincas contiguas, una en Alicante y otra en Murcia. La primera recibe una subvención enorme y la segunda, minúscula", afirma.

Murcia ha dado históricamente ayudas raquíticas para la contratación de pólizas agrarias, pese a que la región es conocida como la huerta de Europa y es además una de las zonas más afectadas por las lluvias torrenciales y el granizo. En todo caso, en 2025 hubo varias comunidades con un desempeño todavía peor, empezando por el País Vasco. La Consejería de Agricultura de esta región es, año tras año, la que menos subvenciona la protección del sector primario en términos absolutos y relativos. El año pasado destinó menos de 400.000 euros a subvencionar los seguros agrarios. Y del 100% de la ayuda que finalmente se dio, el Gobierno vasco solo puso el 12,8%, mientras que el Ministerio de Agricultura soportó el 87,2%.

De media, el Gobierno central, a través del ministerio de Luis Planas, cubre cada año el 36% de lo que cuesta contratar una línea de seguro agrario, y se espera que las comunidades aporten el porcentaje restante para alcanzar juntos el 50%, de manera que el profesional solo tenga que pagar la otra mitad. Sin embargo, las consejerías de muchas comunidades aprovechan que no hay pactada ninguna aportación fija para ahorrar en esta partida.

Entre las peores de 2025, a País Vasco la siguió Castilla-La Mancha, que dejó que el ministerio cubriese el 82% de la subvención y la Comunidad solo aportó 18%. A continuación se situaron Castilla y León (19,6%) y Asturias (21,8%). Estas cuatro autonomías, junto con Murcia, llevan desde la década pasada siendo las que menos aportan.

"No todas las comunidades contribuyen igual, y eso es una de las medidas que acordamos con el ministerio en 2024", se queja Javier Alejandre. "El Gobierno ha tenido un compromiso fuerte para incrementar su aportación, pero queremos que las comunidades se pongan de acuerdo para que no haya diferencias entre unas y otras", afirma este agricultor de cereal. Su objetivo final, añade, es que entre unos y otros subvencionen el 70% de las pólizas, el máximo legal en la Unión Europea.

Hay que destacar que esta clasificación es relativa. Castilla-La Mancha, por ejemplo, es una de las que más gastan de toda España en subvencionar el aseguramiento, pero como tiene tantas hectáreas protegidas, las ayudas se reparten entre muchas manos y tocan a menos por agricultor. Lo contrario ocurre con Madrid que, siendo una de las que menos ayudas da en términos absolutos, es relativamente la segunda mejor situada del país: costea casi la mitad de la subvención que reciben los profesionales por asegurar sus tierras y animales.

Andalucía y Aragón, dos comunidades agrarias importantes, se sitúan en el rango medio de apoyo, pero ponen dos impedimentos relevantes a su sector primario. Son las únicas que el año pasado entregaron las ayudas a posteriori y el agricultor tuvo que adelantar el dinero, desincentivando la contratación de las pólizas. En el resto de autonomías, la partida del ministerio y de las comunidades autónomas se entrega directamente a Agroseguro –la sociedad que comercializa todas las pólizas agrícolas–, de manera que al profesional se le descuenta la subvención en el momento de contratarla.

El apoyo a la contratación de seguros es cada vez más importante para las cuentas del sector primario, según los datos de Enesa, debido al impacto del cambio climático y al encarecimiento de las pólizas. Entre 2020 y 2024, la superficie agrícola protegida no varió (6,15 millones de hectáreas), pero el valor total asegurado anualmente subió con fuerza de 15.260 millones de euros a 18.174, y en consecuencia crecieron un 28% las primas pagadas por agricultores y ganaderos, hasta los 1.020 millones anuales. En la ganadería, la contratación es cada vez más relevante y ya hay más de 440 millones de cabezas aseguradas, frente a 328 millones en 2020.

El sistema de seguros agrarios español ha sido tradicionalmente un referente internacional, pero en los últimos años el cambio climático ha puesto patas arriba el sector. La sequía y el pedrisco de 2023 dejaron daños nunca vistos y las subvenciones ascendieron a 1.241 millones de euros, obligando al Ministerio de Agricultura, a las comunidades autónomas, a Agroseguro y al Consorcio de Compensación de Seguros a aportar cientos de millones extra para evitar la quiebra. "Dos o tres años más como 2023 y el sistema de seguros se habría venido abajo", confiesa Javier Alejandre. Los dos siguientes años fueron más tranquilos, pero 2025 registró las segundas indemnizaciones agrícolas más grandes del histórico.

Las organizaciones agrarias, ante esta situación, llevan tres años reclamando sacar los daños del cambio climático de sus contratos, y que los cubra directamente el Consorcio de Compensación de Seguros, dependiente del Ministerio de Economía, para que las inclemencias no repercutan en el coste de sus pólizas.

Para el año 2026, no se conocen aún las partidas autonómicas para subvencionar los seguros, pero sí la del Ministerio de Agricultura, que será de 315 millones de euros, la misma que había originalmente en 2025. Sin embargo, como ocurre en cada temporada, el año pasado se terminó incrementando la aportación en los meses siguientes –en este caso, hasta los 331,13 millones de euros– a medida que los daños superaron el cálculo original.

2026 ha comenzado con episodios muy fuertes de lluvias que ya dejan, según Agroseguro, unos daños de unos 35 millones de euros, principalmente en Andalucía, donde se estima que habrá que compensar unos 20 millones en pérdidas. "Es una cifra muy elevada. En poco más de un mes, la región ya alcanza un tercio del total abonado en todo el pasado año", valoran desde la agrupación de aseguradoras. La buena noticia es que el estado de los embalses aleja la posibilidad de sufrir sequías en los próximos meses.

Desde hace años están pagando por consulta generalista entre 7 y 9 € en vez de entre 25 a 30 € según baremo médico. Del mismo modo abonan entre 15 a 20 € a los especialistas que deberían cobrar entre 35 y 45 €. Con una particularidad muy curiosa: cuando el paciente acude a consulta por segunda vez (dentro del mismo mes) la aseguradora paga un 26% menos y si repite una tercera vez: 0€ (cero euros). Muchos de estos facultativos y clínicas pequeñas se han visto abocados a abandonar a sus pacientes por la dificultad económica que este abuso provoca. Así eliminamos competencia y centralizamos y concentramos a los pacientes en grandes corporaciones que compraron la mayoría de hospitales privados. Se me ocurre: Quirón y Vithas.

Pero también podríamos definir este abuso por posición de dominio como:

Una situación de poder que permite a una aseguradora barra entidad bancaria, como Segur-Caixa Adeslas, influir en las decisiones de todo un gobierno, jugando con la salud (de sus pacientes –de paciencia–) de sus clientes, con el único fin de prevalecer su estrategia empresarial y mantener la dinámica de beneficios. Bajar en beneficios se considera "pérdidas", recuerden.

La prueba la tenemos en el resultado de la "negociación" entre ellas y el ministerio de Óscar López para prestar servicio a los más de 1 millón de mutualistas y beneficiarios. La reivindicación de las aseguradoras (capitaneada por Adeslas) arrancó con un incremento de un 40% y terminaron firmando, 6 meses después, un 41,2% y 4.808,5 millones de euros para los tres años de vigencia de un acuerdo que ya de antemano sabemos que la aseguradoras no va a cumplir, para eso tienen esa posición de dominio, para ejercerla so pena de echarle encima al gobierno a todo un colectivo de mutualistas, con su sindicato corporativista afín mayoritario incluido, amenazando con paros por no ceder.

Pero no nos olvidemos de los mutualistas y beneficiarios enfermos, muchos jubilados con enfermedades crónicas que además de seguir pagando parte de los medicamentos se encuentran en una tesitura que pone en riesgo su salud: tener que cambiar de médico o especialista que controla su patología, algunas veces, graves y que firman sus recetas en papel aún. Es necesario recordar que en este sistema de salud no existe el historial clínico informatizado y centralizado que pueda ser estudiado por otro especialista. Por tanto me arrogo la capacidad de interpretar otra definición de este abuso al que estamos sometidos nosotros también. Diría que este abuso de posición de dominio es: una situación de poder que permite a una aseguradora barra entidad bancaria secuestrar a unos pacientes, con el único fin de prevalecer su estrategia empresarial y mantener la dinámica de beneficios. Una situación de poder que les permite:

1) Incumplir con total impunidad los conciertos firmados o 

2) Saltarse a la torera las Leyes nacionales e internacionales sobre protección de datos, incluso. 

Me explico:

1) Esa política de pagar muy por debajo de lo establecido provoca, como dije, la falta de médicos, y esto, a su vez, hace que las aseguradoras no puedan cumplir con el número de facultativos exigibles en el concierto con MUFACE por razón de habitantes donde resida el mutualista. Pero eso les importa un comino y juegan como los trileros, escondiendo la bolita o escondiendo, en este caso, al facultativo. Si para una ciudad como Málaga tienen que ofrecer equis especialistas, te ofrecen en el cuadro médico ese número de especialistas repetidos, ejemplo: el reumatólogo Felipe aparece en: su despacho, en una clínica, en un hospital y ya son tres. Cuando preguntas por el nombre del facultativo en esa clínica u hospital la respuesta es: Felipe. Finalmente el enfermo que intenta acudir a una consulta se encuentra que de 10 facultativos sólo son 5 o 6 reales. Todo un privilegio (después de cómo está el sistema nacional de salud) si no fuera porque en ese intento de pillar cita nos encontramos o que la agenda del médico está cerrada y no admite más pacientes o no se ha publicado esa agenda. Puede que de los 10 consigas que 1 te dé cita para 4 meses vista o que la cita sea por consulta telefónica.

2) La relación del mutualista con la aseguradora es a través de MUFACE. No tenemos una relación contractual directa con ellos. No es obligatorio por Adeslas, por tanto, avisar de que la póliza no será renovada como hicieron a finales de 2024. Todos los años se producen cambios y nunca se recibe un correo avisando del fin de la presentación por la aseguradora. Para ello utilizaron, en plenas negociaciones con el gobierno, un dato de carácter personal como es el correo electrónico para un fin distinto por el que fue recabado: para ejercer presión al Gobierno y provocar un estado de inseguridad en los enfermos crónicos y aumentar, de paso, aún más esa posición de dominio. Prueba de que el objetivo del correo electrónico era presionar es que la póliza sí fue renovada sin ceder un ápice, como demuestra la firma final.

Así, con total impunidad, como hacen con los métodos bancarios a los que están acostumbrados aprovechándose de que el Banco de España los protegen y, en este caso del uso de los datos, aprovechándose del nivel de deterioro que tiene la Agencia Española de Protección de Datos.

¡El fin económico justifica los medios, amigo Sancho!

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Joaquín Navas Cabezas es socio de infoLibre.

"Menos mal que está el sector privado". El discurso siempre ha sido ese. "Menos mal que está" para ofrecer asistencia sanitaria a todas aquellas personas que tienen que esperar meses para conseguir una cita con un especialista. Y "menos mal que está", a la vez, para aliviar a un sistema público cada vez más colapsado. Este jueves fue el presidente de HM Hospitales y de la Fundación IDIS, Juan Abarca, el que lo escribió en sus redes sociales. Hacía tan sólo unas horas que el Ministerio de Sanidad había hecho públicos los últimos datos de listas de espera y faltaban escasos minutos para que el lobby de la sanidad privada presentase su último Observatorio anual. Sin embargo, más allá de este discurso subyace otra realidad: si el sistema público empeora, el privado se beneficia, pero también se resiente. "Los dos sistemas son, al final, vasos comunicantes", explica el presidente de la Unión Médica Profesional (Unipromel), Ignacio Guerrero.

Empecemos por el primero. Las últimas cifras del Ministerio de Sanidad sobre listas de espera –publicadas este miércoles– no sólo son malas, sino que son peores que las que había hace un año. Según el departamento de Mónica García, a 31 de diciembre de 2024 había 83 de cada 1.000 personas haciendo cola para conseguir una visita con un médico especialista, una tasa 1,7 puntos superior a la de un año antes. Pero es que además, de media, todos ellos esperan 105 días, es decir, más de tres meses. Y cuatro días más que a finales de 2023.

Ahora bien, la fotografía que queda si la situación se compara con la que había antes de la crisis del coronavirus es muchísimo peor. En 2019 la tasa de pacientes en espera era de 63,7 por cada 1.000 habitantes y los días que esperaban no llegaban ni a los 90. En aquellos años, además, el porcentaje de personas que esperaban más de 60 días para conseguir cita con el especialista era del 49%. Hoy, del 63,3%. "Año a año vemos estos datos. La sanidad pública empeora y las listas de espera son el mejor ejemplo de ello", denuncia el portavoz de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública, Sergio Fernández Ruiz.

¿Cuál es el resultado de esto? Que la opinión de los ciudadanos sobre la sanidad pública es cada vez peor. Para comprobarlo no hace falta más que leer los barómetros sanitarios publicados por el CIS. Y compararlos entre sí. Por ejemplo, el relativo a 2019 reveló que un 23,2% de los encuestados pensaba que el sistema funcionaba "bastante bien", una opinión que ahora sólo suscribe el 12,2%. Si miramos la otra cara de la moneda, antes de la pandemia el porcentaje de ciudadanos que pensaban que la sanidad pública funcionaba mal era del 27,4%; hoy, del 44,3%.

Los expertos y hasta estudios científicos han demostrado que esto, a su vez, tiene otra consecuencia clara y evidente. Y es que muchas de estas personas —las que pueden permitírselo, claro— se lanzan al salvavidas de la sanidad privada. Los datos en este sentido tampoco dejan lugar a dudas. Los más recientes son los que precisamente publicó este jueves la Fundación Idis, que mostró que el número de asegurados ha pasado de 10.586.000 en 2019 a 12.621.000 en 2024. Si observamos únicamente los datos correspondientes a los asegurados no mutualistas, la cifra ha pasado de ocho a diez millones. Son, se mire por donde se mire, dos millones de pacientes más para atender en tan sólo cinco años. Un 19,2% más. Y con los mismos recursos, critica Guerrero.

"Hace 25 años, en los 2000, había alrededor de seis o siete millones de asegurados. Hoy se han duplicado, pero sin más especialistas", lamenta el líder de Unipromel desde el otro lado del teléfono. Como presidente de la Unión Médica Profesional constata las quejas del sector y como oftalmólogo en la asistencia privada lo comprueba en sus propias agendas. "Es abril, pero estoy dando citas para el mes de junio", dice, en conversación con infoLibre. A sus compañeros les pasa igual. Sobre todo a los que se dedican a su especialidad o a otras con una alta demanda como traumatología o dermatología. "La espera llega incluso a los tres meses", denuncia. Igual que en la pública.

La solución que han tomado algunos de los facultativos ha pasado por cerrar agendas. "Muchos ya no aceptan pacientes nuevos para poder atender dignamente a los que ya tienen", destaca. Y lamenta que esta realidad no se refleje en los pocos datos que hay. Y que proceden, y ahí está el problema, del propio sector privado. "Los datos están maquillados. La realidad es peor de lo que muestran", señala Guerrero.

La Fundación Idis publica cada año su Estudio Resa, un informe en el que plasma los resultados sanitarios, entre los cuales también se encuentran los tiempos de espera que se manejan en sus clínicas y hospitales. El último, correspondiente a 2023, es contundente: "A pesar del aumento del número de asegurados en la sanidad privada, los tiempos de espera hasta la primera consulta han disminuido en todas las especialidades analizadas". Sin embargo, si se amplía la mirada y se observa qué ha pasado desde 2018, de todas las especialidades que detalla el lobby tan sólo una, precisamente oftalmología, ha disminuido sus tiempos de espera. En concreto, ha pasado de 10,9 días en 2018 a 9,8 en 2023. Dermatología ha pasado en cambio de 14,6 a 22,1 y traumatología, por su parte, de 11,2 a 12.

"El deterioro del sistema público es lo que explica esto", sentencia el presidente de Unipromel. Es lo que definía como "vasos comunicantes". En resumen: la espera en la pública aumenta los pacientes de la privada y eso, a su vez, incrementa también los tiempos. Ahora bien, eso lo sufren sólo los pacientes. Las empresas aseguradoras, en cambio, incrementan su pastel. Y así lo muestra también Idis, que detalla que las primas del sector ascendieron en 2024 hasta los 11.941 millones de euros, un 39,3% más que antes de la pandemia.

La patronal de los seguros, Unespa, publicó por su parte este miércoles los datos de la facturación relativos al primer trimestre del año. Y la conclusión es parecida: las empresas siguen ganando. En concreto, de enero a marzo un 12% más que en el mismo periodo de 2024. Se embolsaron, en términos absolutos, 3.586 millones de euros en sólo tres meses. "Está claro que las aseguradoras son las grandes ganadoras del deterioro de la sanidad pública", lamenta Fernández Ruiz. Y son tres, en concreto, las que salen mejor paradas: sólo entre SegurCaixa Adeslas, Sanitas y Asisa aglutinan el 58,7% de la cuota de mercado.

Dentro de una semana, a partir del 1 de mayo, los funcionarios tendrán que escoger precisamente entre dos de ellas —Adeslas o Asisa— y la sanidad pública. DKV, la cuarta compañía con más ingresos, decidió este año no presentarse al concierto de Muface como hasta ahora estaba haciendo. Según argumentó, por "insuficiencia económica".

Adeslas, la primera aseguradora que renunció a concurrir al concurso para la prestación sanitaria del convenio de Muface para el periodo 2025-2027, ha anunciado este jueves que se presentará a la licitación tras modificar el Gobierno las condiciones, según informa EFE.

Según ha informado la aseguradora en un comunicado, con los cambios introducidos se puede confiar en un "modelo viable" que le permitirá dar continuidad al servicio sanitario de los funcionarios durante los próximos tres años. Junto a Asisa y a DKV, Adeslas ha sido una de las aseguradoras que ha prestado asistencia a los funcionarios y a sus familias a través de Muface durante el periodo 2022-2024. Así será hasta el próximo 31 de marzo, en virtud de una orden de continuidad que dictó el Gobierno al quedar desierto el primer concurso para la entrada en vigor del nuevo concierto 2025-2027.

En enero, el Gobierno lanzó una segunda y Adeslas y DKV anunciaron que no concurrirían. El Ejecutivo suspendió el plazo de presentación de ofertas, que se había retrasado varias veces, y mejoró las condiciones. Es entonces cuando Adeslas, tras la reconsideración por el Gobierno de su oferta, ya se mostró abierta a la posibilidad de seguir en Muface y este jueves ha confirmado finalmente que presentará oferta al "Concierto para el aseguramiento del acceso a la prestación de Asistencia Sanitaria en territorio nacional a los beneficiarios de Muface" durante los años 2025, 2026 y 2027.

Según Adeslas, que también ofrece sus servicios sanitarios, a las mutualidades de las Fuerzas Armadas (Isfas) y de jueces (Mugeju), el modelo sanitario del mutualismo administrativo tiene un coste inferior al del Sistema Nacional de Salud. No obstante, ha indicado que para su mantenimiento es necesario que no se rompa el equilibrio económico de las empresas que prestan la asistencia sanitaria y, por eso, ha venido demandando que el nuevo modelo garantice "un equilibrio económico que evite hacer frente a nuevas pérdidas como consecuencia de la infrafinanciación del modelo". En opinión de Adeslas, el convenio que ha salido ahora a licitación "ofrece unas condiciones económicas justas y equilibradas".

Adeslas, que da cobertura al 47 % del total de mutualistas de Muface y sus familiares, alrededor de 1,5 millones de personas en total, alegó en su momento para no presentarse al concurso que le provocaría unas pérdidas de 250 millones de euros, similares a las que tuvo con el concierto cuya vigencia acabó en diciembre. El presupuesto del concierto es ahora de 4.429 millones de euros, lo que mejora en 330 millones al que se lanzó antes sin éxito y en 1.276,5 millones al concierto vigente.

El pliego de condiciones del concurso también mejora las primas a cobrar por las compañías por paciente, sustancialmente más altas por beneficiarios de más de 74 años; y contempla la posibilidad de pagar compensaciones a las empresas adjudicatarias si hay cambios extraodinarios.

Ahora está por ver si las otras dos aseguradoras que han prestado asistencia en el trienio 2022-2024, Asisa, que nunca comunicó su renuncia a presentarse cuando salió la segunda licitación, y DKV, que sí lo hizo, también acuden al concurso. Además, las nuevas condiciones han despertado el interés de otras aseguradoras, como Mapfre, Axa o Sanitas, que iban a estudiar también el pliego de condiciones para la licitación del nuevo concierto, para el que se pueden presentar ofertas hasta el 4 de marzo incluido. 

Más de medio millón de funcionarios, entre personal docente, de Correos y de la Administración General del Estado, están convocados por el sindicato CSIF el próximo jueves 13 de febrero a una jornada de huelga ante la falta de un nuevo convenio que garantice la asistencia sanitaria privada de Muface hasta 2027, según informa EFE.

Tras dos licitaciones (la primera quedó desierta) y dos mejoras de las condiciones económicas del concurso, el próximo 4 de marzo acaba el plazo para que las aseguradoras privadas presenten sus ofertas para hacerse cargo de la asistencia sanitaria de más de 1,5 millones de mutualistas, entre funcionarios y familiares.

El convenio actual caducó el 31 de enero, pero se ha prorrogado durante tres meses, lo que obliga a las actuales prestadoras del servicio (Adeslas, Asisa y DKV) a seguir atendiendo a los mutualistas, aunque CSIF denuncia que se están produciendo irregularidades.

Junto con la jornada de huelga, CSIF ha convocado concentraciones el jueves en todas las capitales del país, frente a las subdelegaciones del Gobierno, y ante el Ministerio de Hacienda en el caso de Madrid.

Al paro está convocado el personal público docente (tanto universitario como no universitario), el personal de los centros de la Administración General del Estado (ministerios, organismos y dependencias adscritas, organismos oficiales y delegaciones de Gobierno, entre otros) y el personal funcionario de Correos.

Los funcionarios de policía también se ven afectados, pero no tienen reconocido el derecho a la huelga, aunque CSIF asegura que el sindicato mayoritario de la Policía Nacional (Jupol) apoya la convocatoria.

Este lunes CSIF tiene además previsto presentar ante la Fiscalía General del Estado los casos recopilados de mutualistas que han sufrido la cancelación de citas o pruebas médicas.

El pasado 28 de enero, el Consejo de Ministros aprobó modificar las condiciones de la licitación del concierto sanitario con una financiación adicional de 330 millones de euros, hasta un total de 4.808,5 millones de euros, lo que eleva la prima por asegurado un 41,2 %.

Tras este incremento, Asisa y Adeslas ven viable la posibilidad de concurrir de nuevo al concurso del convenio sanitario de Muface.

CSIF ha valorado este acercamiento para alcanzar un nuevo convenio, pero ha dicho que mantendrá las movilizaciones hasta que se conozca "un acuerdo concluyente que termine con la incertidumbre de nuestros mutualistas".

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, insiste en que "en una situación difícil el Gobierno se ha remangado y ha traído soluciones".

No obstante, la mejora del presupuesto ha generado discrepancias en el seno del Gobierno de coalición, entre ellas, las manifestadas públicamente por la ministra de Sanidad, Mónica García, que ha afeado que se hayan primado las cuentas de resultados de las aseguradoras "por encima de las cuentas de resultados en salud de los ciudadanos".

Entre tanto, la licitación del concierto para la asistencia sanitaria de los funcionarios destinados en el exterior sigue su curso, con una única aseguradora candidata, Nueva Mutua Sanitaria, a la que se han pedido información adicional sobre la viabilidad de su oferta.

La mesa de contratación volverá a reunirse este lunes día 10 para analizar las subsanaciones y, en caso de estimarse correctas, se procederá a la apertura del sobre de oferta económica.

El presupuesto de este convenio, que ampara a más de 8.000 funcionarios en el extranjero, asciende a 77,7 millones de euros.

Miles de taxistas se han concentrado este miércoles en distintos puntos de España para protestar por las subidas de precio de las pólizas que cubren su actividad, que consideran abusivas e injustificadas, y para exigir al Gobierno que tome medidas para proteger a un sector que presta un servicio público que está, advierten, "en peligro", según recoge EFE.

En Madrid, unos 3.000 taxistas procedentes de toda España han acudido a la convocatoria de la asociación Antaxi y se han concentrado ante la sede del Ministerio de Transportes, en el Paseo de la Castellana, en una marcha lenta pacífica y festiva, que se ha desplazado unos cientos de metros más al norte, hasta el Ministerio de Economía.

En declaraciones a los medios antes de iniciar el recorrido, el presidente de Antaxi, Julio Sanz, ha explicado el "desamparo" que sufren algunos profesionales, a los que las aseguradoras ofrecen pólizas o renovaciones de "más de 7.000 euros al año". "El taxi está en peligro, las pólizas anuales son inasumibles y no permiten la continuidad del sector", ha dicho Sanz, mientras que otros profesionales elevaban dichos precios, en declaraciones a EFE, hasta los 14.000 euros, lo que obliga a los profesionales afectados a "dejar el coche en el garaje" y abandonar la profesión.

Asimismo, los taxistas presentes en la concentración de Madrid han exigido a las administraciones públicas que establezcan límites claros para las subidas de las pólizas, que no deberían ser superiores al IPC anual, y han pedido también que se excluya al taxi del cálculos general de riesgos de los servicios de transporte urbano, ya que su siniestralidad es muy inferior a los VTC.

También exigen a las administraciones que las aseguradoras operen con más transparencia e informen a los taxistas cuyas pólizas se encarezcan de las razones de esas subidas, y que les faciliten el acceso al Consorcio de Compensación de Seguros (CCS), que se encarga, con un precio inferior, de las pólizas de los taxis denegadas por las aseguradoras.

La condición que pone el CCS es que el taxista haya recibido por escrito la negativa de al menos dos compañías para cubrirles, algo que tampoco gusta a estos profesionales, que no se pueden permitir esperar a que "las aseguradoras nieguen la cobertura" porque sin seguro no pueden trabajar.

La marcha también ha contado una importante representación de taxistas que operan en entornos rurales y muchos otros que trabajan con vehículos adaptados para personas con discapacidad o Eurotaxis, que además de sufrir el aumento de los precios, dicen, en algunos casos se enfrentan a la negativa de las compañías de asegurar los vehículos adaptados.

Según explicó Sanz, "la falta de control de los incrementos" en ambas modalidades, el taxi rural y el Eurotaxi, hace que el desarrollo de la actividad no sea rentable. "Están al límite de no poder prestar servicio", añade.

Una de las manifestaciones más numerosas ha tenido lugar en Barcelona, donde miles de taxis han protestado por la subida de las pólizas con una marcha lenta que ha salido del Aeropuerto de Barcelona-El Prat con destino a las rondas de Dalt y Litoral, con el objetivo de colapsar el tráfico de la ciudad.

También ha habido concentraciones en Jaén, Valladolid y Oviedo, entre otras ciudades, con menos afluencia, pero con las mismas reivindicaciones.

La Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (Uatae) ha expresado su "total respaldo" a las movilizaciones organizadas por los taxistas y han considerado "imprescindible" que el Gobierno legisle para que las aseguradoras evalúen el riesgo de cada profesional de manera "individual y justa".

Asimismo, la directora general en España de la aplicación móvil Freenow, Isabel García, ha garantizado el compromiso de la empresa europea de movilidad con el taxi y ha pedido reglas del juego claras para todos los actores de la movilidad urbana. "Unos seguros a precios justos y sostenibles son necesarios para sustentar un servicio público como el del taxi", ha dicho.

La patronal del sector asegurador, Unespa, ha insistido en las explicaciones ofrecidas recientemente a EFE y ha negado que los taxis se enfrenten a una "falta de cobertura generalizada". Ha recordado que constituyen una categoría de riesgo "claramente diferenciada" de los vehículos de uso privado, por lo que las primas también han de ser diferentes.

Esto se debe al uso intensivo que se hace de estos vehículos como servicio público, a las horas que están en circulación (pueden llegar a 24 horas ininterrumpidas), a los kilómetros recorridos o al uso de distintos conductores para un mismo vehículo, dicen.

Según Unespa, hasta el pasado septiembre, el CCS aseguraba a 725 taxis, de los 60.392 que hay en España, lo que, a su juicio, demuestra que estos profesionales sí encuentran cobertura para sus vehículos en el mercado privado.

Hoy, y desde que se aprobó el concierto vigente 2022-2024, la crisis de Muface ocupa muchas páginas y espacios de los medios de comunicación, sobre todo de los de ideología conservadora, culpando al actual gobierno de la situación. 

La crisis consiste en que a partir del concierto actual, las aseguradoras han comenzado a perder dinero. Según un informe del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (fundación IDIS) de septiembre de 2024, las pérdidas de las tres aseguradoras que han concertado con Muface (Adeslas, Asisa y DKW) se acerca a las 200 millones de euros. Adeslas, por su parte, afirma haber perdido 250 millones de euros en el presente concierto, afirmación avalada, según la aseguradora, por una auditoría de la consultora Deloitte, que no se ha hecho pública. 

El Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, de quien depende Muface, ha manifestado que en la consulta preliminar al mercado para formular sus propuestas a las aseguradoras, éstas no han detallado el origen y las causas de las pérdidas alegadas. 

Los jubilados de Muface en 2010 eran un total de 203.016 y en 2023 son 405.558, con el consiguiente aumento de costes que conlleva la atención a personas de mayor edad progresiva. 

De acuerdo a los Datos de la Memoria de Muface de 2023, los mutualistas y beneficiarios mayores de 65 años son 424.664, lo que equivale al 28% del total de mutualistas y beneficiarios que son 1.537.701 personas (hombres y mujeres, incluidos los 488.000 atendidos por el Servicio Nacional de Salud (SNS).

La esperanza de vida en España en 2024 es de 84,12 años, lo que quiere decir que muchas de las personas del colectivo indicado permanecerán en Muface durante un número considerable de años.  

Si tenemos en cuenta los datos aportados por el informe del Ministerio de Sanidad “Muface, del seguro privado al SNS”, el número de personas mutualistas y beneficiarios atendidas por las aseguradoras es de 1.007.322, en octubre de 2024.De ese total, 321.335 personas son mayores de 65 años, es decir el 31,9%. Si a ese colectivo de edad añadimos los mayores de 55 años, el porcentaje sube al 49,76% del total del colectivo.  

La crisis de Muface es una crisis de financiación cada vez más costosa, a costa del erario público, sin que ningún gobierno desde 1986, fecha de la publicación de la Ley General de Sanidad, haya tomado medida alguna para paliarla. Hay que recordar que el artículo 3.2 de dicha ley indica que “la asistencia sanitaria pública se extenderá a todos los españoles. La asistencia sanitaria pública se realizará en condiciones de igualdad efectiva”. 

La desigualdad entre los funcionarios de Muface, acogidos a los conciertos privados, y los ciudadanos en general se hace más evidente con la subida de las primas que se va a producir en el concierto 2025-2027 y que inexorablemente se tendrá que seguir produciendo en conciertos posteriores, si no se toman medidas para el traspaso progresivo y ordenado de los mutualistas de Muface al SNS.

La última propuesta del Gobierno a las aseguradoras se puede consultar en la Plataforma de Contratación del Sector Público, número de expediente 1GF/2025, publicado el 23 de diciembre de 2024, propuesta a la que las aseguradoras tienen de plazo hasta el 15 de enero para contestar (plazo que ha sido prorrogado).

El dato más revelador e innovador de la oferta gubernamental consiste en un aumento significativo de las cuantías, de las primas a pagar a las aseguradoras en función de los grupos de edad. De esta forma, por los mutualistas y beneficiarios de  más de 74 años, Muface pagará a las aseguradoras una prima mensual de 260,93 euros mensuales, (3131 euros anuales) en 2025; 267,65 euros mensuales (3212 euros anuales) en 2026, y 272,11 euros mensuales (3265 euros anuales en 2027).  

Para los mayores de 65 años y hasta los 74, las primas anuales son de 2.034 euros anuales en 2025; 2.086 en 2026 y 2.120 en 2027. 

En cambio, para los mutualistas y beneficiarios situados en el grupo de edad entre 15 y 44 años, las primas serán de 514 euros anuales en 2025; de 527 euros anuales en 2026 y de 536 euros anuales en 2027 . 

Para atender a la financiación de este coste, la oferta gubernamental se concreta en 4327 millones de euros (1280 millones en 2025;1489 en 2026 y 1558 en 2027), lo que al parecer deja insatisfechas a las aseguradoras, que solicitan un incremento del 40% en relación con el periodo 2022-2024, lo que significaría un coste total de 4929 millones de euros. (Adeslas solicita un 47%) 

Es oportuno preguntarse, ante esta situación, si está justificado que el Estado asuma tal incremento continuado de costes, que será —hay que recordarlo— a costa del erario público, es decir teniendo que disminuir otras partidas necesarias. ¿En Sanidad Pública, en Educación, en Servicios Sociales? 

¿Está justificado que el mantenimiento del privilegio de un colectivo funcionarial produzca recortes en otras partidas necesarias del presupuesto del Estado? En mi opinión, no. Si no se han hecho las cosas bien hasta ahora, es el momento de hacerlo; hacerlas bien significa el traspaso ordenado y progresivo del colectivo de Muface y de todo el mutualismo administrativo a la sanidad pública. 

Hay que recordar que, además del artículo 3.2 de la ley general de sanidad antes citada, el artículo 17 de la Ley General de Seguridad Social de los Funcionarios, ley 4/200, señala que los conciertos para la asistencia sanitaria de los funcionarios se establecerán preferentemente con instituciones de la Seguridad Social. Se ha hecho todo lo contrario, se han hecho preferentemente con instituciones privadas. Un derecho no puede fundamentarse en el incumplimiento de las leyes. En este caso se ha incumplido la ley general de sanidad y la ley general de seguridad social de los funcionarios. 

El informe del Ministerio de Sanidad, antes citado, califica la demanda de las aseguradoras de insostenible a corto y medio plazo por la dinámica de envejecimiento del colectivo mutualista y de inequitativa porque conlleva incrementos porcentuales que serían impensables en el ámbito de la provisión pública directa. 

La Fundación IDIS ha calculado que el traspaso de los mutualistas al sistema público obligará a éste a realizar inversiones anuales de 1.214 millones de euros; el coste de la asistencia sanitaria de Muface por aseguradoras es ya en 2025 superior a esa cifra. 

El Ministerio de Sanidad ha previsto un plan de transición, en el caso de que las aseguradoras no acepten la propuesta gubernamental, cuidando la situación de los mutualistas inmersos en procesos terapéuticos que precisen continuidad y atendiendo al número de traspasados en cada Comunidad Autónoma. 

El informe citado, denostado por la prensa conservadora, ofrece soluciones razonables a un traspaso que puede adoptar diversas formas y calendarios negociados con todas las partes, además de las propuestas que se citan en el mismo. 

Otra modalidad de traspaso, no prevista en el informe del Ministerio de Sanidad, puede ser un trasvase gradual por edades, comenzando con los mayores de 65 años, al que seguiría el de la franja de edad entre 60 y 64 años, que son los dos colectivos de mayor coste y más necesitados de atención. Hay que tener en cuenta que, en ocasiones, las aseguradoras practican con este colectivo una selección de riesgos, lo que significa que en no pocos casos son transferidos a un tratamiento u operación en el sector público. 

Muface no ha tenido justificación a partir de la ley general de sanidad de 1986, y en un contexto en el que el Estado ha dedicado ingentes recursos a una sanidad pública universal. Resulta paradójico que algunos de sus funcionarios puedan estar fuera de esa sanidad pública. 

Una parte de la sanidad privada se sustenta en la existencia del mutualismo administrativo, es decir en los presupuestos públicos. No es función de la sanidad pública sostener a la sanidad privada, sin perjuicio de los convenios que se puedan mantener en condiciones de equidad.

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Julián Lobete Pastor es socio de infoLibre.

Asisa se ha quedado como la única posible candidata para dar cobertura sanitaria a los 1,5 millones de funcionarios y familiares acogidos a Muface, después de que DKV haya anunciado este jueves su decisión de no presentarse al concurso convocado por el Gobierno. "Por primera vez desde la creación de las mutualidades, DKV no estará entre las aseguradoras que prestan servicio a los mutualistas nacionales, tras acumular en el último concierto pérdidas, antes de impuestos, de más de 70 millones de euros", ha dicho la aseguradora en un comunicado que ha recogido EFE.

DKV se suma así a SegurCaixa Adeslas, que ya adelantó recientemente que -pese al incremento del 33,5 % de la prima ofrecida por el Gobierno para cada asegurado- había decidido no presentarse a la segunda convocatoria lanzada por el Ejecutivo para renovar el concierto, después de que la primera quedara desierta.

Ahora DKV dice que renuncia a participar en el nuevo concierto por la insuficiencia de las condiciones económicas ofrecidas por Muface. Explica que calcula que, de continuar prestando el servicio, por efecto de la normativa contable IFRS 17 en el año 2024 tendría que imputar las pérdidas del nuevo contrato y estima que éstas serían superiores a las del anterior concierto, de entre 70 y 100 millones de euros.

Según DKV, el modelo de Muface está "infrafinanciado" y dice que en el último concierto el gasto de prestaciones médicas ha sido sustancialmente superior a la prima que ha recibido. Además, ha recordado que el gasto sanitario per cápita de las comunidades autónomas y de las mutuas colaboradoras ha aumentado un 60,6%, mientras que la prima ponderada de Muface ha crecido sólo un 31,6%, es decir apenas la mitad del incremento del gasto.

DKV ha manifestado que la propuesta de nuevo concierto no sólo no recoge los requisitos que reclamó, como que el convenio tuviera una duración de un año, que la prima se incrementara un 40% y que el modelo se vinculara con el aumento que experimente el gasto sanitario público, sino que sigue siendo insuficiente para equilibrar ingresos y gastos.

El consejero delegado de DKV, Fernando Campos, ha señalado que "una empresa responsable y con una buena reputación en el mercado como la nuestra no puede permitirse continuar con estas condiciones, ya que repercutirían en un empeoramiento de la atención a los mutualistas y en que persista la retribución insuficiente de los profesionales sanitarios".

La aseguradora ha recordado los plazos de cambio comunicados por Muface a los mutualistas, si bien advierte que pueden ir actualizándose. Entre el 1 y el 31 de enero, los mutualistas pueden solicitar el cambio al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) -servicios públicos de salud de comunidades autónómas e Ingesa en Ceuta y Melilla- en cumplimiento del convenio suscrito con ese organismo.

Si finalmente se logra un nuevo concierto, desde el momento en que esté vigente y hasta la fecha que se disponga se abrirá un segundo plazo para cambiar del servicio de salud autonómico a una entidad o entidades concertadas que sean adjudicatarias del servicio. DKV seguirá dando cobertura a los mutualistas en los mismos términos y condiciones de forma transitoria obligada por la orden de continuidad dictada por Muface.

Ninguna aseguradora se presentó a la primera licitación del convenio de Muface, que quedó desierto el pasado 5 de noviembre por primera vez en la historia por considerar insuficiente la subida de las primas del 17% propuesta por el Gobierno, que posteriormente la elevó al 33,5% en una segunda convocatoria. Los nuevos pliegos se publicaron el pasado 23 de diciembre y dan de plazo hasta el 15 de enero de 2025 para presentar las ofertas a un concierto que suma un presupuesto de 4.135 millones de euros.

A la espera de que se resuelva la licitación, el Gobierno ha dictado una orden de continuidad para garantizar el servicio a los 1,5 millones de mutualistas en las condiciones actuales durante los próximos tres meses, con una partida prevista de 343 millones de euros. Esta es la cantidad que se prevé abonar a las tres compañías que actualmente prestan el servicio: DKV, Asisa y Adeslas. Durante el periodo de continuidad del servicio, según la orden, los mutualistas continuarán adscritos a la entidad que lo estuvieran a 31 de diciembre de 2024 o podrán cambiar de compañía.

Adeslas, que gestiona la cobertura de prácticamente la mitad de los mutualistas de Muface, anunció en diciembre que no estaba dispuesta a concurrir a la convocatoria para el periodo 2025-2027, y ahora DKV también ha renunciado, con lo que sólo queda por conocer la decisión de Asisa, que sigue analizando los pliegos de condiciones, según han indicado fuentes de esta aseguradora a EFE.

Han añadido que el que puedan quedarse solos prestando el servicio es un escenario que ya habían completado, al igual que seguir haciéndolo junto a otras compañías.

Por otro lado, DKV, en el comunicado en que ha hecho público su decisión de no presentarse al concurso, ha dicho que sigue abierta a seguir en Muface Internacional un año más, pues la situación es distinta, pues DKV fue la única aseguradora que participó en la licitación del concierto anterior.

La compañía ha dicho que, aunque la nueva licitación no recoge sus demandas (un aumento de la prima del 30,35 % y una duración de un año), confía en llegar a un acuerdo con Muface para seguir prestando los servicios en 2025, siempre y cuando haya una adecuada cobertura de costes.

La dana que atraviesa España en las últimas horas ya ha dejado todo un reguero de consecuencias devastadoras tanto materiales como humanas: ya van más de 60 fallecidos y decenas de heridos, desaparecidos y desplazados. El temporal ha afectado a múltiples comunidades, las provincias más golpeadas han sido Valencia y Albacete.

Si bien a priori las consecuencias materiales pueden no ser lo más relevante en este momento, sí es un motivo de preocupación para las personas que ven sus casas, negocios y demás bienes destruidos. En este sentido, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha llamado a la tranquilidad y a mantener “la precaución”.

En una publicación en X Cuerpo ha informado de que el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) indemnizará los daños causados por la dana, una vez que los peritos puedan desplazarse a las zonas afectadas y valorar los daños. El CCS "está preparado para empezar a trabajar sobre el terreno tan pronto como sea posible", ha indicado.

Esto quiere decir que, tal y como indica la Asociación para la Defensa de Consumidores y Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (ADICAE), si los seguros de los afectados no tienen la capacidad de reparar todos los daños provocados por la tormenta, el CCS se encargará. Para ello existe un requisito: se debe tener una póliza de daños contratada con cualquier entidad aseguradora.

“Lo primero que tenemos que tenemos que tener en cuenta es que, para reclamar cualquier cantidad por los desperfectos es tener un póliza contratada que cubra los riesgos extraordinarios”, explica José María López, coordinador de ADICAE de Madrid, que cita “inundaciones, una dana como la que estamos sufriendo o el volcán de la Palma”. Las propias compañías serán las que se encarguen de financiar al CCS a través de una cantidad o recargo.

“Muchas veces las aseguradoras no se pueden hacer cargo, ahí entra el CCS”, explica López, que añade que “si el municipio es declarado zona catastrófica, el Consorcio se hace cargo de la totalidad”. 

Dicha declaración ya se está planteando para varias zonas de la Comunidad Valenciana y que está establecida el artículo 23 de la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civi. "Se efectuará por acuerdo de Consejo de Ministros, a propuesta de los ministros de Hacienda y Administraciones Públicas y del Interior y, en su caso, de los titulares de los demás ministerios concernidos, e incluirá, en todo caso, la delimitación del área afectada. Dicha declaración podrá ser solicitada por las administraciones públicas interesadas", recoge el texto legal.

El propio CCS señala en su web que “indemniza los daños producidos por fenómenos naturales o derivados de hechos de incidencia política o social”, pero añade que “a condición de tener suscrito un seguro para las personas o bienes afectados”. 

Cualquier persona que cumpla con los requisitos podrá pedir la cobertura de daños a través de su aseguradora, llamando al teléfono del propio Consorcio (900 222 665) o en su página web, con el Certificado Digital o DNI electrónico, en la pestaña de “seguros de riesgos extraordinarios”. Sin embargo, el coordinador de ADICAE recomienda dirigirse primero a las aseguradoras.

Para realizar esta solicitud hay un plazo de siete días. Aún así, el Consorcio indica en su web que “la solicitud se efectuará lo antes posible: cuanto menos tiempo transcurra entre la ocurrencia de los daños y la solicitud de indemnización, antes se realizará la tramitación correspondiente”. 

Esta indemnización, que en cualquier caso será económica, se hará “revisando detalladamente cada póliza de seguro y cuáles son las coberturas contratadas”, según aclara López. Además, el afectado deberá guardar todas las facturas de reparaciones y los enseres que hayan sido destrozados por la dana, hasta que llegue un perito.

Además, no hay ninguna cuantía mínima o máxima establecida para pedir el ingreso por daños materiales, sino que se hará conforme a la magnitud del deterioro de los bienes.

En el caso de que un afectado no tenga ningún seguro contratado, estará sujeto a “ayudas públicas que se puedan aprobar en el Gobierno”, aclara el coordinador de ADICAE.

Por otro lado, las ayudas propuestas desde el Consorcio sólo cubren daños de hogares, vehículos y empresas, por lo que los propietarios de otro tipo de bienes, como terrenos agrícolas, tampoco podrán acogerse a las coberturas que ofrece el consorcio. 

En caso de necesitar asesoramiento sobre alguna cuestión relacionada con la cobertura de los daños producidos por la dana, ADICAE ha ofrecido su colaboración "a todos los municipios afectados, como canal de información abierto al público para todas aquellas dudas y consultas a solventar sobre sus seguros de daños".

Asimismo, algunas aseguradoras como la Mutua Madrileña ya han habilitado un número de teléfono específico (91 503 64 15) de asistencia urgente al que pueden llamar sus asegurados de hogar, autos y motos para informarse de los trámites que deben realizar para presentar los datos necesarios para solicitar las indemnizaciones.

Ha sido una coincidencia temporal, pero lo cierto es que sí existe una relación de causa-efecto detrás. Hace exactamente una semana, el Ministerio de Sanidad publicaba su última estadística sobre las listas de espera quirúrgicas en España. El dato que ofrecía, a priori, era positivo: el número de personas que tenían pendiente una operación había descendido con respecto a diciembre de 2023. Además, la media de días que estas tardaban en conseguir su cita también había disminuido. Sin embargo, si los datos se leen desde más lejos la perspectiva cambia. La cola de pacientes ha crecido un 3,4% en un año. La espera que tienen, siete días. Y si se compara con antes de la pandemia la situación es todavía peor: la lista ha aumentado un 26,3%. En este mismo tiempo, los seguros de salud han incrementado un 36,4% sus ganancias.

La patronal del sector, Unespa, lo viene confirmando desde hace numerosos informes. El último se ha publicado este martes y revela que en los primeros nueve meses del año las aseguradoras se han embolsado 9.108 millones de euros, lo que supone un incremento del 7,7% con respecto al mismo periodo del año pasado, cuando sus ganancias, ya récord, se situaron en 8.456 millones.

¿Y qué ocurre si ampliamos el foco también en este caso? Pues que también se observa la tendencia con mayor claridad. De enero a septiembre de 2019, justo antes de la llegada del covid, el sector obtuvo un beneficio de 6.677 millones. Es decir, las aseguradoras se han ido enriqueciendo año a año, sin pausa. Ni siquiera en 2020.

"No va a cambiar. Este es el camino que va a seguir el sector", diagnostica el médico y analista Juan Simó, autor del blog Salud, dinero y Atención Primaria. El techo todavía queda lejos y, para explicarlo, se remite al número de asegurados, que es la cuestión "verdaderamente importante" para él.

Los datos se extraen en este caso del último Observatorio del sector sanitario privado publicado hace unos meses por la Fundación IDIS con datos referentes al año 2023. La media de la penetración de los seguros privados se sitúa en el 25,9% a nivel nacional, pero ese porcentaje asciende hasta el 38,7% en el caso de la Comunidad de Madrid. Dicho de otro modo: casi cuatro de cada diez madrileños tiene contratada una póliza. Así que Simó no tiene dudas: "El recorrido es largo", lamenta.

Si hablamos en números brutos, también se observa que el número de asegurados ha crecido año a año. Este, no obstante, sí tuvo una pausa. "Fue corta, de dos o tres años", relata el médico. Coincidió con la crisis económica desatada en 2008 y con el aumento estratosférico del número de parados. "Las pólizas asociadas a las empresas cayeron con el aumento del paro, pero la situación duró poco", recuerda Simó desde el otro lado del teléfono. Los datos de IDIS reflejan que en 2023 había 12,4 millones de personas con una póliza asegurada, un número que antes de la pandemia, en 2019, era de 10,5 millones.

Pero es que no sólo son más, sino que también pagan más. La página web de Asisa, por ejemplo, recoge que, "con carácter general, el precio del seguro sube cada año", algo que ocurre, defiende la aseguradora, por el "incremento del coste de los servicios sanitarios". "Esta subida se explica en parte por el mayor uso que se hace de los recursos médicos, por las nuevas prestaciones y también por la morbilidad, lo que nos obliga a reajustar anualmente las primas", sostienen desde la compañía. En resumen: cada vez les contratan más personas y con más patologías. Según la Encuesta Global de Tendencias Médicas 2024 hecha pública el pasado mes de febrero, el precio de las pólizas creció un 7,6% en 2023, un incremento que se repetiría, dijeron, este mismo año.

¿Tiene sentido que cada vez cuesten más y los contraten más personas? Aunque parezca paradójico la respuesta es que sí. Y para entenderlo, basta con mirar esas listas de espera de la sanidad pública que desde la pandemia tampoco han dejado de subir. Lo dicen los propios asegurados: hasta un 75,7% de ellos confiesa que "la rapidez con la que le atienden" es el principal motivo para contratar una póliza. "Es evidente. El problema de fondo en el crecimiento del aseguramiento sanitario privado está relacionado con las altas demoras", valora Marciano Sánchez Bayle, de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública. "Los datos que estamos viendo no son más que un indicador de la confianza que tiene la gente en el sistema público, por eso en Madrid hay un 40% de asegurados", coincide Simó.

Analizando sus propios datos oficiales, las listas de espera de la región se han duplicado desde la pandemia. En concreto, las cifras relativas al pasado mes de septiembre reflejan que ya hay 154,28 pacientes por cada 1.000 habitantes con una cita pendiente en los especialistas de los hospitales, un número que hace cinco años era de 68,58, un 125% menos. "La sanidad madrileña está especialmente deteriorada", lamenta Simó.

Pero los defensores del sistema público siempre puntualizan que es importante no perder de vista que todo lo positivo que a priori presentan las aseguradoras privadas es, en muchas ocasiones, "humo", dice Sánchez Bayle. Lo son por ejemplo las pólizas low cost que tanto se popularizaron tras la pandemia. Se dirigen, sobre todo, a los más jóvenes y a las personas con menos recursos económicos y constituyen, según los estudios de mercado, el mayor nicho donde conseguir ampliar el negocio. Sin embargo, su letra pequeña revela que, en realidad, su cobertura es muy escasa. Según una encuesta de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) realizada en 2020, el principal problema de los asegurados con sus compañías fue que "un determinado tratamiento no estaba cubierto". Lo respondió el 18% de los 7.500 encuestados.

Pero hay más. Porque no son pocas las pólizas que incluyen periodos de carencia, un tiempo mínimo impuesto por las compañías para poder someterse a un tratamiento. Por ejemplo, en Asisa, según explican en su página web, el paciente debe esperar seis meses desde el momento de contratación de su póliza hasta poder someterse a ciertas pruebas diagnósticas o a una cirugía ambulatoria. Otras, por su parte, tienen las llamadas preexistencias, que no es más que aquella especie de derecho de admisión que las empresas estipulan en función de patologías previas o, incluso, de la edad. Por norma general, explica el comparador Rastreator, "ninguna aseguradora cubre enfermedades que tuvieras antes de contratar tu seguro ni las dolencias derivadas de estas". "Esto no es más que una forma de chupar la sangre del Sistema Nacional de Salud. Al final, los problemas graves siempre terminan siendo tratados en la sanidad pública", critica Carmen Esbrí, presidenta y portavoz de la Asociación Mareas Blancas. "Es muy peligroso que se anuncie en televisión un seguro tan barato porque en realidad ni siquiera incluye atención primario. Se está liquidando el sistema y se está siguiendo el modelo de Estados Unidos", lamenta.

¿Y cuáles son las empresas que están haciendo su agosto con el negocio de la salud? Las tres de siempre: SegurCaixa Adeslas, Sanitas y Asisa, que según la Fundación IDIS aglutinaron el 57,7% del total de la cuota de mercado. La primera obtuvo 3.244 millones en 2023; la segunda, 1.831; la tercera, 1.459. Sin embargo, parece que no les ha sido suficiente.

Dos de ellas —SegurCaixa y Asisa— son precisamente las que prestan servicio al millón y medio de mutualistas de Muface y las mismas que hace apenas unos días presionaron al Gobierno para que éste incrementase en un 40% lo que reciben por cada funcionario asegurado. Según defendieron entonces, si el porcentaje era menor se corría el riesgo de que el cuadro médico sea "insuficiente", de que la calidad asistencial se vea "perjudicada" y de que el servicio, en general, fuera "deficitario". No consiguieron su propósito, pero el Gobierno les ha puesto encima de la mesa un incremento del 17% de las primas al que ahora ellas deben responder.

Tras años escuchando cada día a las empresas de seguridad invitando a instalar alarmas contra los okupas, ahora aparecen las de seguros ofreciendo pólizas para lo mismo ¿Acaso no funcionan las alarmas?

Una de las aseguradoras ha caído en la trampa de anunciar el precio de su póliza en dinero, ese idioma que nos permite calcular los beneficios que buscan con sus proyectos.

Tan osada que hasta parece al borde de la quiebra, o multimillonaria, escucho a la que no nombraré prometer, por “sólo 2 € al mes”, la solución de los problemas que nos van a crear esos okupas que llevan acechando nuestros hogares desde que alguien decidió escribir esa palabra con “k” por primera vez.

Sin perder ni un instante, aparco a la derecha y me dispongo a contratar una de esas pólizas por si se agotaran las existencias, pero primero apago la radio para que nada me confunda y es entonces cuando me viene a la memoria la obsesión por los números y los porcentajes. Por eso, antes de buscar la web de la aseguradora, decido enviar dos preguntas al buscador.

La primera es sobre el porcentaje de okupación, que resulta ser del 0,06% en relación a los 26.000.000 de viviendas que, según el INE, había registradas en España en 2022.

Después pregunto lo que cuesta sacar a un okupa, y el buscador responde que entre 3.000 y 6.000 €.

Con estos dos datos y lo de los “2 € al mes”, cualquiera puede hacer la cuenta de la vieja, pero como sigo en el coche y despierto, la haré yo mismo, junto a esta cuneta quizás sin muertos, ni viejos ni nuevos.

Partiendo de la base de que toda empresa intenta conquistar la mayor cuota de mercado posible, supongo que si todas las aseguradoras ofrecieran pólizas por “2 € al mes” y consiguieran asegurar los 26 millones de viviendas, su volumen de negocio alcanzaría los 624.000.000 € al año.

Por prudencia, siempre muy necesaria a la hora de montar un negocio, exagero los costes y considero que, debido al problema social de la vivienda que sigue pendiente, los okupas incrementarán su activismo casi un 70%, es decir, hasta el 0,1%. Por último, también supondré que el coste medio para sacar a cada okupa se habrá encarecido más del doble y alcanzará los 10.000 €. Y, para más inri, estimaré también que cada año se repetirá ese mismo número de okupaciones y desokupaciones.

Por tanto, y salvo error material, el coste anual para las aseguradoras sería de 260.000.000 €, lo que les dejaría un margen bruto de 364.000.000 €, algo que parece más que suficiente para absorber cualquier otro gasto imputable y, de propina, percibir cuantiosos beneficios después de pagar los impuestos.

Evidentemente, los importes citados corresponden a la protección del 100% del mercado de la vivienda okupable, es decir, toda.

El otro detalle a destacar de los efectos de una publicidad que nunca se sabrá si anima o desanima a los okupas para continuar con una actividad que convierten en negocio quienes pagan los anuncios es su paralelismo en el tiempo con las campañas sobre lo mismo de los políticos de derechas, que ya llevan seis años en la oposición, qué suplicio. Para ellos también es un negocio basado en verdades tergiversadas y, por tanto, tampoco informan sobre los números reales de las viviendas okupadas.

No me cabe la menor duda de que la publicidad masiva de las empresas de alarmas y de seguros, asustando a la sociedad muy por encima del riesgo real, ha contribuido al aumento de los votos del PP y de Vox en las urnas.

Puestos a consolarnos en medio de tanto escándalo, aunque la mayor parte de los beneficios empresariales se la lleve un número mínimo de privilegiados, lo cierto es que Hacienda no le hace ascos a los impuestos generados por unos negocios de alarmas y pólizas que se basan en mentiras.

Pero lo que no tiene arreglo, y eso sí que es tan peligroso como imposible de calcular, es el número de escaños indignos que, gracias a la coincidencia de sus mensajes políticos engañosos con una publicidad empresarial también engañosa, consiguen unos partidos de derechas en la oposición que transmiten miedo al electorado recurriendo a una versión oportunista de aquel cuento de “Pedro y el lobo”, a sabiendas de que, a ellos, su mentira ni les costará jamás la pérdida del verdadero poder que disfrutan, ni mucho menos la vida.

Porque ni Hacienda, ni la Junta Electoral, ni ninguna otra autoridad puede negar un solo euro de sus retribuciones, que proceden de los impuestos, a esos cargos públicos que han conseguido okupar las instituciones gracias a una mentira masiva que sigue siendo “bombardeada” por tierra, mar y aire, pues la publicidad llega a todas partes.

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Domingo Sanz es socio de infoLibre.

La promotora Fbex ofrecía a sus clientes potenciales "la máxima calidad en materiales de construcción", unas "modernas instalaciones, acabados y equipamientos” y la aplicación de "rigurosos controles de calidad durante todo el proceso de edificación". Es lo que se afirma en el vídeo con el que presentaba el complejo situado en el barrio de Campanar de València que ha acabado devorado por las llamas. Una promoción de 138 “privilegiadas viviendas”.

La empresa, que comenzó en 2005 a levantar el edificio de dos bloques separados por la escalera de servicios de ascensores, uno de ellos ahora completamente calcinado, se fundó en Barcelona y creció al calor de la burbuja inmobiliaria. Operaba, a través de su sociedad comercializadora JPSica, además de en Cataluña, en zonas como Baleares, Murcia, la propia Comunitat Valenciana, Aragón y Asturias y llegó a tener 70 puntos de ventas. Pero acumuló una deuda de 1.500 millones de euros y quebró, presentando concurso de acreedores un lustro después, en 2010, con 640 millones de débito y activos inmobiliarios en poder de los bancos acreedores por valor de 165. A la deuda con la banca, Fbex unió 27,7 millones que dejó a deber a las administraciones públicas y parte de sus activos y créditos fueron traspasados a la Sareb, el denominado banco malo español. La sociedad se extinguió finalmente en 2022. En su última etapa estuvo liderada por Juan Parada, empresario quien consta ahora como administrador único de Nunda Project SL y Juanpar II SL y como consejero delegado de Catalana Internacional de Valoraciones SA, según información registral.

El empresario saltó a la esfera judicial por haber declarado como testigo en el juicio por blanqueo de capitales contra Jordi Pujol Ferrusola, hijo del ex presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, aunque negó ante el juez conocer a algún miembro de la familia. También durante el juicio al "Madoff" español, Germán Cardona, condenado por defraudar 390 millones de dólares a 186.000 personas, la Fiscalía apuntó que éste habría llevado a cabo operaciones de compraventa de inmuebles con la promotora inmobiliaria.

La promoción de viviendas en el punto de mira fue financiada por Banesto, en cuyas manos acabó, y fuentes del ámbito inmobiliario anotan que “intentaron vender los pisos por encima del promedio de los algo más de 3.500 euros” asociado a inmuebles similares, aunque ni siquiera se pudo completar la enajenación de los 138 pisos que componen el edificio antes de entregarlo al banco. Muchos, según las fuentes consultadas, volvieron años después al mercado "con precios en algunos casos un 50% por debajo del inicial de venta" y, aunque se muestran "prudentes" a la hora de valorar lo sucedido, reconocen que no les resulta "extraño" que "se hable de ahorro de costes en los materiales de construcción" porque "fue algo característico del final del boom inmobiliario, cuando se cerró el grifo del crédito".

Muchos de los propietarios de los pisos arrasados por las llamas escaparon de ellas con lo puesto y hay quienes se han quedado incluso sin documentación, si bien podrán solicitar en el registro de la propiedad de València número 5 las certificaciones de dominio y cargas con las que acreditar sus derechos y hacerlo sin coste económico. Mientras, las aseguradoras, a las que deberán recurrir los afectados, han empezado ya a moverse. El tiempo corre, pese al shock de quienes se han quedado sin casa.

La Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro establece que tanto la comunidad de propietarios del edificio como cada uno de los dueños de las viviendas deben notificar a sus compañías el siniestro en un plazo de siete días “salvo que se haya fijado en la póliza un plazo más amplio“. Una vez realizada esa comunicación, las aseguradoras contarán con 40 días para ofrecer las indemnizaciones, aunque es previsible que en esta ocasión pueda demorarse, teniendo en cuenta que será necesario aportar los informes que realicen los bomberos para acreditar los daños. La normativa permite, asimismo, sustituir el pago por la “reparación o reposición del objeto siniestrado“, si lo acepta el asegurado.

¿Qué seguros intervienen en este tipo de circunstancias? Desde la patronal de las entidades de seguros Unespa explican que en el fuego de València lo harán tres de multi riesgos -éstos han sustituido al antes común seguro puro y exclusivo contra incendios-: el de la comunidad de propietarios, que cubrirá daños en la construcción y en las zonas comunes como el portal, las escaleras, los ascensores, los jardines...; el del hogar, ligado a las estructuras y los enseres de los pisos de cada propietario, y que incluye la posibilidad de que quienes tenían viviendas en alquiler puedan recibir dinero por la pérdida de las rentas en las condiciones estipuladas en el contrato; y, por último, el seguro de comercio, que da cobertura a los locales. Adicionalmente, si la póliza sumaba la cobertura de pérdida de beneficios, el negocio podrá recibir una cuantía por la paralización de su actividad comercial en las condiciones estipuladas en el contrato por tratarse de un daño material. Por su parte, los propietarios del local alquilado podrían recibir fondos por la pérdida de las rentas en las condiciones estipuladas en el contrato, si hubieran contratado esa opción.

Junto a lo expuesto, la Policía judicial determinará a través de su investigación si existe algún tipo de responsabilidad relacionada con el inicio y propagación del incendio que pueda dar lugar a que intervenga algún seguro de responsabilidad civil adicional. Por otra parte, si alguna de las personas fallecidas tenía un seguro de vida o accidentes, su compañía indemnizará a los beneficiarios que hubiera designado en el contrato, de acuerdo a lo informado desde la patronal.

¿Cuánto pagarán? De acuerdo a lo indicado desde el sector, "habrá que determinarlo caso a caso". Pero los importes desembolsados no podrán superar nunca el valor del bien destruido o del límite estipulado en el contrato, el llamado “capital asegurado” o “suma asegurada”, esto es, la cuantía máxima que abonará la aseguradora por los daños producidos. Con todo, si los afectados no están de acuerdo con la compensación que les proponga la aseguradora, tienen derecho a presentar una reclamación ante ella. Ésta tendrá un mes para responder y si la contestación es negativa, aún se podrá recurrir a la Dirección General de Seguros, según marca la normativa vigente.

Una de las compañías implicadas en el siniestro, Mapfre, aseguradora de la comunidad de propietarios y al menos una treintena de propietarios individuales, ha anunciado que pagará de forma inmediata tanto lo correspondiente al “contenido”, es decir, el valor asegurado de los bienes de las viviendas, conforme a las cuantías determinadas en cada póliza; como los gastos de alquiler de una vivienda provisional, otros 12.000 euros por casa, que es la cantidad máxima establecida en la cobertura de inhabitabilidad. Y no es la única. Desde el sector aseguran que otras compañías han puesto en marcha la maquinaria para adelantar los pagos, sobre todo la parte del contenido para que sus clientes puedan "tener liquidez". El Santander, por su parte, se hará cargo de gastos de alojamiento y ha realizado un abono inicial de 3.000 euros.

El presidente de la Asociación de Peritos de Seguros y Comisarios de Averías (APCAS) de la Comunitat Valenciana, Juan Antonio de Diego, señala a infoLibre que "se tardarán como mínimo tres meses", en "conocer exactamente cuál ha sido la causa del incendio" porque habrá que "enviar material a laboratorios", entre otras cuestiones. Pero defiende que "esto no afectará a las indemnizaciones". "Las compañías de seguros tendrán que cumplir con el contrato, porque tiene la garantía básica de incendio tanto la póliza comunitaria como las de las viviendas", agrega, para matizar que los hipotecados sí tendrán que comprobar si "tienen una cláusula en la que se diga que la indemnización primero se utilizará para liquidar pendiente de hipoteca de los bancos". "Pero -insiste- , la causa del fuego no tiene por qué afectar a la indemnización porque ha habido un incendio, está claro. En lo que sí puede influir es en la responsabilidad del siniestro, bien sea de quien mantiene el edificio, del constructor...". En relación al último, apostilla que sería "difícil pedir una responsabilidad tan antigua", ya que "hace 14 años que se hizo el edificio y la constructora está liquidada, además de que los materiales de construcción estaban permitidos en la normativa de aquella época", finaliza. 

De su lado, el abogado Ferrad Brugalada avisa de que enfrentarse a los trámites que tienen por delante las personas que han perdido sus hogares "emocionalmente va a ser difícil" y les aconseja que "busquen asesoramiento externo, igual que cuando vas a comprar un coche hablas con tu mecánico o una casa con un arquitecto". "En esas circunstancias recomendaría que consultaran con un abogado en los pasos que se van a producir porque las prisas siempre son malas consejeras", resume. Cree que "el punto clave va a ser el informe de los Bomberos y el de la Administración, si se decreta o no la ruina total del edificio" y advierte de que "aparte de lo que han perdido ya, lo que pueden llegar a perder, en función de cómo se deriven las responsabilidades, puede ser muy grande porque los seguros van a cubrir hasta el límite contratado, el exceso lo van a tener que poner de sus bolsillos los comuneros -propietarios- y el principal activo que tienen las familias en este país es su vivienda y ellos la han perdido", concluye. 

Otras fuentes jurídicas complementan que "el drama será para quienes no estén asegurados, que tendrán que depender de las ayudas públicas que se puedan habilitar, y ya sabemos cómo funcionan...", ironizan. De momento, la Generalitat y el Ayuntamiento valenciano han anunciado un paquete de medidas urgentes que incluyen de 6.000 a 10.000 euros para hacer frente a las primeras necesidades de estos días. Y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha proclamado desde Valencia que el Ejecutivo proveerá "ayudas de todo tipo" a las dos anteriores administraciones mencionadas para atender a los damnificados. 

Las entidades aseguradoras sufragan a los beneficiarios de pólizas unos 600 millones de euros al año en concepto de cobertura de daños por incendios, según se desprende de un informe de 2022 elaborado por Unespa, junto con Cepreven y Tecnifuego, con datos de 25 entidades que suponían una cuota de mercado de alrededor del 78%.

Más de 11.000 millones de euros. En concreto, 11.238 en todo 2023. Es el nuevo récord que el año pasado marcó la facturación de los seguros privados de salud, que continúan así su ascenso imparable. En tan sólo un año, es un incremento del 6,6%. En menos de una década, desde 2015, del 52,7%. Dicho de otro modo, el año pasado fue el mejor de la historia del sector. Una afirmación que tiene otra cara de la moneda con una gran perdedora: la sanidad pública. Y, en particular, la atención primaria. La ecuación es simple: "El lento deterioro del sistema público engorda el negocio sanitario privado. Tacita a tacita". Es la advertencia que lanza el médico y analista Juan Simó, autor del blog Salud, dinero y Atención Primaria.

Los datos que cada cierre de ejercicio publica la patronal Unespa parecen darle la razón. Si buceamos en las publicaciones de cada mes de enero, encontramos el mismo dato: los ingresos de los seguros de salud vuelven a crecer. Y no poco. En 2015 las empresas sanitarias facturaron 7.361 millones. En 2016, 7.734. En 2017, 8.058. Y así llegamos hasta 2023, primer año en romper la barrera de los 11.000 millones. No sólo eso. Los ingresos se han incrementado de nuevo más de un 5% con respecto al año anterior, el porcentaje medio de subida desde el año 2016 que se mantuvo, incluso, en los años de pandemia. En paralelo, el porcentaje de ciudadanos que dicen estar "muy insatisfechos" con el sistema sanitario público ha crecido, en tan sólo un año, más de un punto y medio.

Todavía se desconoce cuántos millones de asegurados había en nuestro país en 2023, pero los últimos datos publicados por el lobby de la sanidad privada Fundación IDIS hablaban de que en 2022 ya superaban, y lo hacían por primera vez, los 12 millones de personas, acumulando una tasa de crecimiento desde 2017 que ya roza el 4%.

También IDIS dibuja el panorama de las empresas que son las claras vencedoras del auge del seguro privado. A falta también de los datos de 2023, en 2022 el panorama no había cambiado con respecto a 2021. Pero sí lo hizo la facturación. SegurCaixa Adeslas volvió a ser la empresa que más facturó (3.054 millones de euros frente a los 2.840 de 2021), acumulando el 28,9% de la cuota de mercado. Le siguieron Sanitas (1.633 millones frente a los 1.527 de 2022 y 15,4% de cuota de mercado) y Asisa (1.403 millones frente a los 1.307 de 2022 y 13,3% de la cuota de mercado).

Según los cálculos de la organización (que no es imparcial), sus 12 millones de asegurados suponen un ahorro al sistema público de más de 6.000 millones de euros. Como defienden, ese es su objetivo: la sanidad privada "libera recursos de la sanidad pública", "mejora la accesibilidad de la población a la asistencia sanitaria" y "complementa al sector público". Esa es la teoría. Sobre la práctica, en cambio, hay una realidad que, también analizando los datos, se hace cada vez más indiscutible: el sector del negocio sanitario bebe de lo público.

Lo hace con varios métodos. El primero, mediante "la persistencia de la incentivación fiscal mantenida y ampliada desde hace muchas décadas", como critica Simó, que cifra en hasta 1.000 millones la merma en las arcas públicas de estas desgravaciones. Por otro, mediante conciertos —la última Estadística de Gasto Sanitario Público del Ministerio de Sanidad refleja que el gasto en ellos en 2021 fue de 9.227 millones, lo que supone un 10,2% del gasto sanitario público total— y, por otro, aprovechándose de la absorción de una demanda que la sanidad pública cada día tiene más complicado atender, tanto en atención primaria como hospitalaria.

Hay un estudio que así lo acreditó hace apenas unos meses. Bajo el título ¿Qué determina la elección público-privada en la sanidad española?, José Rama, profesor de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Madrid, y los investigadores en el ámbito sanitario Javier Rama y Olalla Iglesias, concluyeron que "la preferencia por alternativas privadas sanitarias frente a públicas está fuertemente relacionada con la satisfacción del paciente con el SNS" y mediada, además, por otros factores como el ideológico.

La correlación para los investigadores está clara: a menor satisfacción, más inclinación por los seguros privados. Y cada vez hay más insatisfacción. Así lo reveló por ejemplo la tercera y última oleada del barómetro sanitario publicado en diciembre por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), en la que el 4,9% de los encuestados respondió estar "muy insatisfecho" con el funcionamiento del sistema sanitario público en España. En la segunda oleada, publicada en verano, esa cifra era del 4%, casi un punto menos. En marzo de 2022, del 3,3%. En ese momento, además, un 7,5% aseguraba estar en la otra cara de la moneda: "muy satisfecho". Hoy esa cifra ha caído hasta el 5,8%.

Pero en la encuesta hay más datos reveladores. En 2022, un 62,5% de encuestados respondió que la afirmación que mejor expresa su opinión sobre la sanidad pública es o "en general, funciona bastante bien" o "funciona bien, aunque son necesarios algunos cambios". En 2023, ese porcentaje cayó hasta el 57,5%. Por su parte, en 2022 había un 36,3% de personas que se identificaban con las afirmaciones "necesita cambios fundamentales, aunque algunas cosas funcionan" y "funciona mal y necesita cambios profundos". Ahora hay un 42,1%.

El origen de esa insatisfacción está clara: fundamentalmente, procede de las largas listas de espera. Según la última estadística publicada por el Ministerio de Sanidad en junio del año pasado, hay 819.964 personas en lista de espera estructural para las distintas especialidades médicas. Suponen 77.446 más que un año antes. Esperando su turno para una operación hay, por su parte, 299.470 pacientes, también más que un año antes. En concreto, 29.803. De media, los primeros tardan 112 días en conseguir su cita. Los segundos, 88.

En atención primaria lo situación no es mucho mejor. Lo reveló también el CIS, que detalló que un 70% de las personas entrevistadas tardaron más de un día en conseguir cita con su médico de familia. De ellas, la mayoría (el 27,2%) tardó más de 11 días en obtenerla.

De ahí que, también según el mismo barómetro, el 76,5% de quienes tienen contratado un seguro privado lo hiciera por "la rapidez" con la que le atienden. Con eso "juegan" las aseguradoras, critica el presidente de Unipromel, Ignacio Guerrero. "La gente los contrata porque tiene miedo a tener cualquier problema de salud y tener que esperar seis meses en ser atendido", lamenta.

Y aquí entran en juego también las pólizas low cost que tanto se popularizaron tras la pandemia. "Extenso cuadro médico desde 8 euros al mes", llegan a promocionar algunas compañías. Se dirigen, sobre todo, a los más jóvenes y a las personas con menos recursos económicos. Constituyen, según los estudios de mercado, el mayor nicho de mercado donde conseguir ampliar el negocio. Pero los expertos siempre han alertado de la trampa que suponen. "A los médicos nos pagan poco y además ofrecen muy poca cobertura", explica Guerrero. Según una encuesta de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) realizada en 2020, el principal problema de los asegurados con sus compañías fue que "un determinado tratamiento no estaba cubierto". Lo respondió el 18% de los 7.500 encuestados.

Por esto precisamente se contradice una de las afirmaciones que la Fundación IDIS publicita en su página web: la sanidad privada "libera recursos de la sanidad pública". Otra vez lo vuelve a demostrar el CIS. Más allá de por la "rapidez" en conseguir cita, los pacientes no escogen a la privada por nada más. En este sentido, el Barómetro Sanitario de 2019 —los tres últimos no lo hicieron— reveló que los ciudadanos prefieren la sanidad privada excepto para "Un tratamiento para una enfermedad grave o compleja (por ejemplo, un cáncer, una operación de corazón, etc.)". En concreto, el 58,2% de los encuestados prefieren la pública en estos casos, frente a un 30,2% que escogería la privada. Para cuestiones como "Un síntoma que le preocupa pero no es urgente ni grave (por ejemplo, un dolor en la rodilla)", el 56,3% echaría mano de la sanidad privada, mientras que un 35,3% acudiría a la pública.

"Lo que hace 15 ó 20 años era impensable ya ocurre. El seguro privado gana en preferencia en todas las opciones. Desde el parto, urgencias, síntomas normales como el dolor de rodilla hasta cirugías de hernia o vesícula. Si el deterioro de otros 15 años se mantiene otros 15 —y nada hace suponer o esperar lo contrario— ya no habrá vuelta atrás", lamenta Simó, que critica que, "en cualquier caso, al negocio privado le viene como anillo al dedo la posibilidad de centrifugar los peores riesgos al sistema público". "Es lo que se llama la 'selección de riesgos", sentencia.

Según augura, dentro de exactamente a un año volveremos a tener la misma noticia. El negocio privado de la salud volverá a marcar otro récord. "Vienen malos años para la sanidad pública entendida como un sistema de todos y para todos, un sistema de solidaridad y cohesión social. La pública irá quedando cada vez más para quienes no tienen opción privada", advierte. Y el problema mayor lo tendremos, augura, "cuando tengamos más de 20 millones de personas con seguro médico privado". "La atención primaria ya es pura beneficencia y la vuelta atrás es prácticamente imposible", lamenta.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) acaba de hacer públicas las 619 aportaciones que empresas, hospitales, colegios médicos, consumidores/pacientes, académicos y expertos le han enviado como respuesta a la consulta pública sobre seguros de salud que abrió el pasado marzo. La mayoría de quienes enviaron comentarios no han permitido a la CNMC publicar su identidad, aunque sí se han dado a conocer las patronales del seguro (Unespa) y de los grupos hospitalarios privados (ASPE), aseguradoras como Sanitas y Adeslas, la organización de consumidores Facua, los colegios médicos de Madrid y Barcelona y algunas asociaciones profesionales de ginecólogos, anestesistas, fisioterapeutas…

A tenor de la información suministrada por todas las partes implicadas y del funcionamiento del sistema que describen, la CNMC tiene mucho trabajo por delante. Según explican a infoLibre fuentes del organismo, el informe que saldrá del estudio de todas las aportaciones no estará listo hasta el año próximo, en una fecha aún por determinar. No es para menos, y no sólo por el volumen de comentarios, sino también por el conflictivo paisaje que dibujan: las compañías de seguros se quejan del elevado grado de concentración de los grupos hospitalarios, mientras que éstos señalan que las cinco principales aseguradoras copan el 74% del mercado. Se acusan mutuamente de imponer precios y condiciones fuera de mercado. Los médicos, por su parte, ya sea a través de sus colegios profesionales o de la asociación Unipromel, disparan a ambos lados y denuncian que no existe competencia ni entre las aseguradoras ni entre los grandes grupos hospitalarios. Y que ambos abusan de su poder de negociación.

“Es un cártel puro y duro, en el que los pagafantas son los médicos y los pacientes”, resume Juan Carlos Lluch Cerdá, corredor de seguros y uno de los participantes en la consulta pública de la CNMC. Lluch empezó en 2006 a asistir a personas y empresas “víctimas de malas prácticas” en el mundo del seguro, y hasta hoy han pasado por sus manos más de 15.000 casos, apunta. Por su experiencia, no duda en tachar de “oligopolio de aseguradoras y hospitales” el mercado de la sanidad privada en España. Un triángulo, el formado por compañías de seguros, grupos hospitalarios y médicos, además, muy mal avenido. “Son fuentes en tensión, y quienes sufren las consecuencias son el paciente, al que se araña la calidad de la cobertura, y los médicos, a los que los grupos hospitalarios quitan entre el 20% y el 50% de unos honorarios ya de entrada tercermundistas”, denuncia.

El objetivo de la CNMC al abrir la consulta pública es analizar “la concentración en la oferta de seguros sanitarios y en los servicios de asistencia sanitaria”, así como los efectos de “la integración y relación vertical” entre aseguradoras y hospitales. También quiere comprobar si hay “diferencias de poder negociador entre los diferentes agentes que intervienen en el sector, incluyendo a los facultativos y a los ciudadanos”. Y si se producen “asimetrías de información” para estos últimos.

Pues bien, según la mayoría de las aportaciones identificadas, existen evidentes problemas de competencia en la oferta de seguros y en los servicios sanitarios, agravados por la integración vertical entre unos y otros. Además, tanto aseguradoras como hospitales abusan de su posición de dominio a la hora de negociar precios y condiciones. Finalmente, la información facilitada a los ciudadanos a la hora de contratar una póliza de salud deja mucho que desear.

Por supuesto, tanto la patronal Unespa como Sanitas y Adeslas, las dos principales compañías por volumen de primas, sostienen que el mercado de los seguros de asistencia sanitaria en España disfruta de una “intensa competencia”. Para Adeslas –que pertenece a la Caixa y a Mutua Madrileña–, el hecho de que 10 aseguradoras se repartan casi el 80% de las primas no es síntoma de excesiva concentración, sino de concurrencia sin trabas. El número total de empresas en este sector es de 82, a cierre de 2022, según los datos de ICEA, el centro de estudios de las aseguradoras. Sanitas, por su parte, destaca como otra muestra de elevada competencia en el sector la gran movilidad de asegurados entre entidades –un extremo que niegan los médicos, Facua y los hospitales–. Unespa presume también de que, en los “múltiples” tipos de seguro de enfermedad existentes, se ofertan diferentes coberturas, con distintos cuadros médicos e infraestructuras, así como técnicas de tratamiento.

Por el contrario, a juicio de las compañías de seguros, es en los grupos hospitalarios donde se sufre un serio problema de concentración empresarial. Tan grave que, en algunas provincias de Castilla-La Mancha y Castilla y León, para algunos servicios sanitarios sólo hay un proveedor hospitalario privado, que cuenta, por tanto, con “un elevado poder de negociación”. Las compañías de seguros se quejan de que, en esos territorios, están “obligadas a llegar a acuerdos con dichos grupos sanitarios para prestar servicios a sus clientes”. Adeslas no duda en calificar de “monopolio” lo que ocurre en algunas provincias de las dos comunidades autónomas citadas. “Toda la oferta de servicios asistenciales hospitalarios privados, tanto de internamiento como de pacientes ambulantes, así como de medios de diagnóstico” se encuentra “en un único hospital o unidad de decisión”, describe la aseguradora de la Caixa.

Así, en Toledo y Ciudad Real es Quirónsalud el propietario del único hospital privado de la provincia. Burgos, Palencia, Salamanca, Segovia, Zamora y Cuenca sólo tienen también un hospital privado, pertenecientes todos ellos al Grupo Recoletas. En Valladolid hay dos, igualmente de este grupo. En León el único centro privado es del grupo HM. El Colegio de Médicos de Madrid cifra en un 50% la cuota del mercado español en manos de Quirónsalud. El de Barcelona destaca que, en esa provincia, el 74,36% de la oferta de camas la agrupan los cinco primeros grupos hospitalarios, y de esa cifra el 42,36% corresponde a Quirónsalud.

Según su página web, este grupo, propiedad del gigante alemán Fresenius, tiene 58 hospitales, además de 131 centros de salud. Un total de 8.267 camas. Es la empresa que más factura, 4.441 millones de euros en 2022, a considerable distancia de la segunda, Vithas, que con 18 hospitales y 2.155 camas tiene una cifra de negocio de 699 millones, de acuerdo con los datos publicados por la Fundación IDIS, que agrupa tanto a hospitales como a aseguradoras de salud. Vithas es propiedad de la familia Gallardo, dueños a su vez del laboratorio Almirall. El grupo HM cuenta con 21 hospitales y 22 policlínicos, gracias a los cuales ingresó 575 millones de euros en 2022. Riberasalud forma parte de Vivalto-Santé, el tercer grupo sanitario privado francés, y posee en España ocho hospitales y 1.056 camas. Es el tercero en facturación, con 585 millones de euros. Recoletas, que se presenta como una empresa familiar cuya presidencia ostenta Amando Rodríguez, ingresó 113 millones el año pasado gracias a sus ocho hospitales, según consta en su página web.

Esa concentración se agrava, desde la perspectiva de los médicos y de ASPE (Alianza de la Sanidad Privada Española), por la integración vertical de aseguradoras y hospitales, una tendencia que se ha acrecentado en los últimos años. Así, HLA, que pertenece a la aseguradora Asisa, es el mayor grupo hospitalario español propiedad de una aseguradora y el cuarto por facturación: cuenta con 18 hospitales e ingresó 576 millones en 2022. Sanitas también se ha lanzado a la caza de hospitales. Tiene cuatro, que suman 398 camas. La aseguradora Caser posee cinco, pero con menos camas, 185.

Según los grupos hospitalarios asociados en ASPE, la creciente integración vertical produce una “distorsión del mercado”, ya que, como sintetiza el Colegio de Médicos, “es una relación imposible porque tienen intereses contrarios”. “La compañía [de seguros] gana dinero cuando el paciente no gasta en el hospital y el hospital gana dinero cuando el paciente gasta en el hospital… Naturalmente, manda la compañía”, pero “pierde el paciente y el médico por cuanto se elimina la competencia”. Unipromel, la asociación que está liderando la guerra de los médicos privados, advierte de que, con la fusión de hospitales y aseguradoras, se impone al facultativo “la decisión que más conviene a la compañía [de seguros], no al paciente, con el fin de reducir costes”. Además, supone la desaparición de los médicos de ejercicio libre, lo que a su vez se traduce no sólo en una menor competencia sino también en una merma de la calidad asistencial. Porque, resalta, se sustituye la decisión del médico por la de la aseguradora o del grupo hospitalario.

Por el contrario, los grupos hospitalarios dicen que la concentración del mercado se da en el lado de las aseguradoras de salud. ASPE, utilizando otro informe de ICEA, eleva hasta el 84,26% la cuota de mercado de las 10 principales compañías de seguros de salud y cifra en 7.071,9 millones de euros la facturación de las cinco primeras, que copan el 74,47% del negocio. El poder de negociación que les otorga ese acaparamiento del mercado obliga a los hospitales a aceptar las condiciones que las aseguradoras les imponen, protesta ASPE. De hecho, abunda, las aseguradoras representan el 64% de la facturación de los hospitales privados.

En el punto de mira sitúan éstos, por ejemplo, el reciente acuerdo entre Sanitas y Generali, mediante el cual la primera ha pasado a gestionar las pólizas de salud de la compañía italiana, tras rescindir los contratos que había suscrito con diferentes hospitales para atender a sus 150.000 clientes. Desde el pasado 1 de enero, esos centros sanitarios tratan a los asegurados de Generali con las condiciones de Sanitas, con unas tarifas un 20% más baratas. ASPE ha denunciado el acuerdo ante la CNMC. Sanitas también acaba de comprar el negocio de seguros de salud de Asefa, especializada en el sector de la construcción, incluyendo sus dos centros médicos. La aseguradora, una histórica de la sanidad privada española, es propiedad desde 1989 de la British United Provident Association (BUPA). “Era la que mejor pagaba, pero desde que entró capital británico es tan agresiva como Adeslas o Asisa”, asegura Ignacio Guerrero, presidente de Unipromel.

Guerrero, oftalmólogo con consulta en Sevilla, niega sin embargo que el conflicto entre aseguradoras y grupos hospitalarios sea real. “Es mentira, se llevan mal sólo de puertas afuera”, replica, “¡si están todos juntos en la Fundación IDIS!”. Creada en 2010, reúne tanto a las principales compañías de seguros de salud como a los grandes grupos de hospitales, con una misión: “Poner en valor la aportación de la sanidad privada” en España.

De hecho, Unipromel ha denunciado ante la CNMC tanto a Quirónsalud como a Sanitas y Asisa, en unos procedimientos que aún están pendientes de resolución. Juan Carlos Lluch advierte de que el mercado de la sanidad privada es un “castillo de naipes” que amenaza con desmoronarse. En su aportación a la consulta de la CNMC, Unipromel habla de una “burbuja” a punto de estallar. Guerrero avisa de que, si aseguradoras y hospitales se siguen negando a negociar, a partir de enero de 2024 se va a producir un “plante espontáneo” de los médicos privados. “Daremos al paciente su factura, con un precio muy razonable, y le diremos que se la reclame a su seguro”, explica el oftalmólogo. O se darán de baja si las aseguradoras pagan menos de una determinada tarifa.

Pero no es probable que acepten sentarse. Adeslas deja claro a la CNMC que las reivindicaciones colectivas de los médicos, “cada vez más agresivas y beligerantes”, incitan a transgredir la libre competencia. Los otorrinos de Badajoz, otras ocho especialidades en Sevilla, incluidos reumatólogos y pediatras, ya han decidido parar en enero, dice Guerrero. “Cuando lo hagan los ginecólogos, se va a liar; los traumatólogos sevillanos ya le han dicho a Sanitas que, o suben los baremos, o no operan”, avanza.

El oftalmólogo asegura que Asisa –“la que peor paga”– acaba de subir de 17,03 a 17,27 euros la consulta, 25 céntimos “después de 20 años”. Guerrero acusa a las aseguradoras de “meterse en las consultas” para decirles a los médicos lo que tienen que facturar. Con precios que no se han actualizado desde hace 30 años, cuando no a la baja desde que se instaló el low-cost también en el seguro de salud.

En España se pueden encontrar seguros de salud de 12 a 600 euros al mes, detalla Juan Carlos Lluch en sus respuestas a la consulta de la CNMV. Es decir, se venden pólizas “con bajo contenido asegurador, límites muy pequeños y escasas especialidades, tratamientos y tecnologías que, además, recurren a profesionales muy mal pagados”. Pero también otras que admiten libre elección de médico y hospital, tienen elevados niveles de calidad y tecnologías y tratamientos actualizados. Lo que está claro, comenta a infoLibre Lluch, es que si una compañía ofrece “el mejor seguro médico por 24 euros”, está engañando al consumidor. “Con una revisión ginecológica de calidad ya has rebasado esa cantidad”, recalca, “y desde luego no puedes tener un neurocirujano primera espada por 16 euros la consulta”.

Más aún cuando en España, con una sanidad pública universal de calidad pese a todo, la sanidad privada siempre ha sido un “producto suntuario”, precisa el corredor de seguros balear. “Quien recurre a ella busca una habitación privada, evitar las listas de espera, más calidad asistencial o acceso a ciertas tecnologías”, explica, “y eso no es low-cost”. Las aseguradoras, sin embargo, han emprendido “campañas de captación muy agresivas”, con pólizas muy baratas. Pero resulta que, si un paciente consume más del 65% de la prima anual, la compañía entra en pérdidas, señala Lluch, por lo que el negocio para ellas consiste en “quedarse con los clientes que no generan gasto, con los sanos, y echar al resto”. Y el problema es que el consumidor “no es consciente de a cambio de qué está pagando menos, no se lo dicen, y se entera en el peor momento de que el seguro no le cubre”.

Así, ASPE se queja ante la CNMC del lenguaje “muy técnico y complejo” utilizado en las pólizas, lo que impide que los ciudadanos entiendan cómo funciona el copago o qué tratamientos tiene cubiertos. Por el contrario, Adeslas defiende que la información de las ofertas de seguros es “clara y comparable”. “No es un producto especialmente complejo ni en su estructura ni en su redacción”, sostiene.

A juicio de Ignacio Guerrero, el sistema empezó a estropearse con la aprobación de la Ley Ómnibus de 2009, que prohibió a los colegios médicos fijar los precios de las consultas. Entonces, y pese a la gravísima crisis económica, “se dispararon las inversiones en la sanidad privada, tanto de los hospitales como de las aseguradoras, y el mercado no ha dejado de crecer un 10% anual”, recuerda. A día de hoy, 12 millones de españoles tienen un seguro de salud, el 25% de la población. Guerrero dice que el encarecimiento de la “mano de obra médica” por el que lucha Unipromel puede suponerle al sector un gasto extra de más de 1.200 millones de euros. “Los bajos baremos de la privada son lo mismo que los recortes en la sanidad pública, sólo que esos tienen mala prensa, mientras que, en la privada, el paciente no se entera”, lamenta.

No es de lo único de lo que no se entera el cliente. Juan Carlos Lluch resalta que, en las condiciones generales de las pólizas ofertadas por las seis principales aseguradoras se incluyen como exclusión en la cobertura las epidemias y pandemias. Pues bien, desde el covid, la contratación de seguros de salud se ha disparado un 20%. Lluch duda mucho de que quienes las han comprado sean conscientes de la existencia de ese vacío de cobertura.

Los daños del cambio climático sobre el campo español alcanzan un nuevo récord cada año y el sistema de pólizas que protege a los agricultores y ganaderos es cada vez más caro y tiene menores coberturas. Solo en los ocho primeros meses del año se han indemnizado en España 973,9 millones de euros de cosechas perdidas, el máximo desde que este sistema fue creado en 1978, y eso sin contar con las pérdidas de la dana, de las granizadas de los últimos días y de los próximos siniestros de otoño. Además, cada año hay más agricultores que suscriben estos seguros por miedo a los temporales y se registran más parcelas dañadas. A 31 de agosto, el 50% de todos los cultivos asegurados en el país sufrieron daños, frente al 33% de todo el año pasado. 

Con este pretexto, el sistema de seguros que cubre las pérdidas del campo es cada año más caro de mantener y los agricultores y el Gobierno tienen que aportar la diferencia. Pedro García, responsable de Seguros en el sindicato agrario COAG, afirma que el funcionamiento de las pólizas ha empeorado mucho por el cambio climático y necesita una reforma. "Cada año son más caras y tienen menos coberturas. El sistema funcionaba bien, pero cuando sufrimos tres años seguidos de sequía se distorsiona. Estamos obligados a hacer cambios si queremos que la gente no se dé de baja, por eso planteamos [a Agroseguro] hacer una reflexión". 

En las pólizas que se contratan ahora para la temporada del año que viene, las subidas son importantes, aunque dependen mucho del tipo de cultivo y de la zona. Por ejemplo, proteger de la sequía los herbáceos de secano —el cultivo más extendido en España— se ha encarecido de media un 41% respecto a 2022, de 24 a 34 euros por hectárea de media. También se han endurecido las franquicias, por lo que se quedan más daños sin cubrir. Otro problema que tienen los agricultores es que los kilos de cosecha cubiertos por el seguro son la media de los recogidos en los últimos cinco años, y si la sequía reduce poco a poco la cosecha de una finca, cada temporada tendrá una protección menor. 

El Ministerio de Agricultura también asigna grandes subvenciones a los profesionales para costear sus seguros. Este año ha dado por ahora 358 millones en ayudas —más del 40% del gasto total en pólizas—, mientras que entre 2015 y 2020 subvencionó de media unos 200 millones al año. Esto evidencia que el cambio climático y sus daños en el campo también tienen un coste para la Administración. Además de estas subvenciones, el Gobierno ha aportado además este año 637 millones de euros a agricultores y ganaderos para cubrir los daños climáticos y compensar la subida de precios del combustible, los fertilizantes o los forrajes. 

La Unión de Pequeños Agricultores (UPA), otra de las principales organizaciones agrarias, también reclama una reforma del sistema de pólizas en el campo. "El problema es que cada siniestro que tenemos es una penalización en el seguro del año que viene por una catástrofe que es ajena a nosotros", afirma Montse Cortiñas, vicesecretaria de UPA. 

Los sindicatos agrarios no tienen por ahora una propuesta clara para reformar el sistema de seguros, pero proponen al menos dos vías. En UPA plantean que los grandes daños en el campo se consideren como un desastre natural y los cubra íntegramente el Consorcio de Compensación de Seguros, que depende del Ministerio de Economía, de manera que las aseguradoras no penalicen cada año a los profesionales afectados.  

En COAG proponen cambiar el sistema de seguros modulares por uno de capas. "La idea es que haya un seguro potente básico para desastres grandes, y el que quiera tener un todo riesgo que pague más, pero partiendo de que todo el mundo pueda estar cubierto", concreta Pedro García.

En España, los seguros agrarios los gestiona Agroseguro, una agrupación de 17 compañías de pólizas que se dividen a partes iguales la responsabilidad de compensar las pérdidas agrícolas y ganaderas. Este sistema funciona con un principio de solidaridad, donde el agricultor y el ganadero que quiere una póliza debe asegurar todos sus terrenos del mismo tipo que tenga en España. La condición para las aseguradoras es que no pueden rechazar a ningún cliente que cumpla con los requisitos mínimos.  

De esta manera, el mecanismo se compensa porque unas tierras menos afectadas por los temporales cubren las pérdidas de allí donde hay daños frecuentemente, pero el cambio climático está rompiendo ese esquema. En los últimos cuatro años ha entrado menos dinero del que se ha pagado en daños en Agroseguro, de ahí que las pólizas suban continuamente. Para compensar este desajuste en las cuentas se toma dinero del Consorcio de Compensación de Seguros, una hucha que se rellenó con el excedente de los años de superávit, los 90 y los 2000.  

Isabel Bardají, profesora de Economía y Política Agraria en la Universidad Politécnica de Madrid, cree que aquí está el problema. "Llevamos varios años de pérdidas y vamos de camino de agotar las reservas [la hucha del Consorcio de Seguros]. El sistema de pólizas debe adaptarse al cambio climático", afirma la experta. Se espera que a final de este año queden en esa hucha unos 450 millones de euros. Aun así, Barjadí destaca que España tiene "uno de los mejores sistemas de aseguramiento agrario del mundo". 

Las propias empresas de pólizas reconocen que la situación es complicada debido a la sequía y que habría que retocar el mecanismo. Sergio de Andrés, director general de Agroseguro, afirma que "el sistema tal y como se ha concebido estructuralmente no debería modificarse, pero habría que hacer alguna reconsideración". Propone que el sistema se corrija por el lado del agricultor, y que el Gobierno "estudie de nuevo" las zonas que se pueden asegurar en cada cultivo. "Hay que ver si todos son asegurables allí donde lo eran hace 20 años; el agricultor también tiene que corresponsabilizarse", señala. 

Sobre la subida del coste de las pólizas que critican las organizaciones agrarias, De Andrés pide que se ponga en contexto. Defiende que en los últimos años la cantidad total de cultivos asegurados ha crecido mucho por el miedo a los daños —este año hay cubiertos 16.700 millones de euros de cosecha— y que ellos están expuestos a mucho más riesgo que en el pasado, por lo que en el cómputo general solo han compensado la balanza. 

El pasado miércoles 10 de mayo se firmó por parte de las organizaciones empresariales y los sindicatos CCOO y UGT el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) para los años 2023 a 2025. Este acuerdo es de gran importancia porque sirve de compromiso para las partes firmantes a la hora de elaborar los convenios colectivos, 1.300 pendientes de renovar el próximo año, que habían quedado pendientes debido al bloqueo empresarial de la mesa estos últimos meses, a medias, como comentamos por aquí, entre las presiones electoralistas de la oposición y el deseo de que la ciudadanía no saque conclusiones sobre el nuevo impulso político de este ciclo.

Los empresarios saben que en esta última legislatura han firmado varios importantes documentos que han sido netamente beneficiosos para la clase trabajadora, como la reforma laboral, pero que cuando no han querido estar, como en el caso del SMI o las pensiones, Gobierno y sindicatos han seguido adelante con éxito. Es decir, la CEOE es consciente de que la marea ha cambiado respecto a la pasada década, por lo que no le queda más remedio que recular en sus posiciones, llegando a acuerdos que en otro contexto no hubieran contando con su presencia.

Esto sucede, en primer lugar, por la conformación de un cierto momento laborista, donde sindicatos y Gobierno comparten una visión similar a la hora de ordenar la sociedad. Esto no significa que no haya habido diferencias entre actores y dentro del propio Gobierno, pero sí que, al menos, no se parte de posiciones hostiles por parte del Ejecutivo, como en el caso de los gabinetes de Rajoy, donde el paradigma para salir de la Gran Recesión fue de recorte a lo público y precarización laboral. Tiempos en los que la palabra “reforma” no era más que un eufemismo para el hachazo a la clase trabajadora. Conviene no olvidarlo.

En segundo lugar, la CEOE es consciente de que el momento histórico, fuera y dentro de España, ha cambiado. El neoliberalismo tiene importantes grietas y la propia UE, que una vez fue martillo austeritario de herejes, se muestra hoy mucho más comprensiva con las políticas igualitaristas. El momento es clave para la izquierda. O se sabe dónde hay que estar, moviendo piezas con audacia para que esas grietas se profundicen, o cabe la posibilidad de recomposición, una que llevará además el apellido del autoritarismo ultra. De ahí que las derechas, de las cuales la CEOE es una pieza clave, aun retrocediendo, deban presentar los acuerdos a los que llegan siempre de manera favorable a sus intereses. Este de la AENC no es una excepción.

¿Cuál es la palanca narrativa que se ha usado esta vez? Deslizar el análisis sesgado, en la prensa económica de derechas, dos días antes de la firma del acuerdo, de que los sindicatos daban su brazo a torcer para que las mutuas controlaran el absentismo. El problema es que ese análisis ha sido magnificado en mentira por algunos sectores progresistas, incapaces en la práctica pero ruidosos en lo digital, que entre la torpeza, la ignorancia y el mero afán de notoriedad, han acabado por concluir que los sindicatos han firmado un supuesto plan de privatización sanitaria. Por lo explicado en los párrafos anteriores, el momento clave, pero también por un mero ejercicio de aprecio a la verdad, este bulo merece ser contestado.

Primero y más importante. El acuerdo de la AENC no es una ley, ni siquiera un pacto exigible jurídicamente como un convenio, por lo que nunca podría alterar quiénes son los actores encargados de dar bajas, altas y de realizar su seguimiento, algo que establece la ley general de la Seguridad Social. Ni el Gobierno ni el Congreso han modificado ningún artículo de esta ley, por lo tanto no puede haber ningún cambio. Las cosas siguen como hasta ahora.

Segundo. La ley vigente establece que las altas, las bajas y el seguimiento de la incapacidad temporal deberán ser realizadas por el Instituto Nacional de la Seguridad Social y el Servicio Público de Salud. Tanto la propia ley, como el Real Decreto 625/2015, también establece que existen entidades colaboradoras en este proceso, habitualmente mutuas empresariales, que pueden emitir partes de baja, confirmación y alta por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Para contingencias comunes sólo pueden realizar propuestas de alta.

Tercero. El acuerdo de la AENC consta de treinta páginas y el concepto mutua tan sólo aparece tres veces. ¿Diciendo qué? Que se realizará “un mejor aprovechamiento de los recursos de las Mutuas colaboradoras de la Seguridad Social sin modificar las actuales competencias de los servicios públicos de salud y con plena libertad de [elección de] la persona trabajadora”. “Al objeto de cumplir esta finalidad, las Organizaciones signatarias instamos a las administraciones con competencias en la materia a desarrollar convenios con dichas Mutuas, encaminados a realizar pruebas diagnósticas y tratamientos terapéuticos y rehabilitadores en procesos de IT por contingencias comunes de origen traumatológico”.

El acuerdo de la AENC propone que el trabajador que lo desee, con la previa aceptación de su médico de atención primaria, pueda utilizar los servicios de rehabilitación de las mutuas para tratar enfermedades osteomusculares que no se consideran laborales, pero que habitualmente están causadas por el trabajo, por procesos de repetición, malas posturas o manipulación de cargas. Es decir, tan sólo se abre la posibilidad de que un trabajador pueda utilizar una mutua en caso, por ejemplo, de sufrir una lumbalgia, frente a una situación real que es de largas listas de espera en la sanidad pública. Tanto que cuando llega el momento del tratamiento ya no hay incapacidad temporal porque la dolencia se ha malcurado por sí misma.

Cuarto. ¿Qué dice CCOO, uno de los firmantes de la AENC, cuando se les pregunta por el bulo de que han firmado un acuerdo que privatiza la sanidad? “En ningún caso el sindicato va a permitir que la gestión de las bajas en estos procesos de contingencias comunes sea realizada por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, tal y como lleva pretendiendo la patronal desde hace años. Tampoco compartimos, ni se incluye en el AENC, que se derive el control y seguimiento de las bajas por incapacidad temporal, desde los servicios públicos de salud e inspección, hacia las mutuas”.

Quinto. Tenemos un problema, como es sabido, con nuestra sanidad pública. La propia CCOO ha estimado que se debería realizar una inversión que supere el 7,2% del PIB para que el servicio se preste en condiciones adecuadas. Nuestra sanidad no se ha recuperado de los recortes a la que se la sometió la pasada década, viéndose aún más sobrecargada por la pandemia y las enfermedades, físicas y mentales, que han derivado de ella, algo que se ha notado en los procesos de incapacidad temporal. En el acuerdo de la AENC se recoge este hecho, comprometiéndose los firmantes a analizarlo y establecer “líneas de actuación que mejoren la salud de las personas trabajadoras”.

En resumen, los procesos de alta, baja y seguimiento de incapacidad temporal siguen como hasta ahora. Las mutuas no ven ampliada su capacidad en este sentido de ninguna manera. La única novedad es que, las partes firmantes, se comprometen a aprovechar sus recursos para la rehabilitación en algunas incapacidades temporales por contingencias comunes, siempre bajo deseo del trabajador y bajo el permiso del médico de atención primaria. Analizando, y aquí se abre una importante posibilidad, de identificar las patologías que se tratan como comunes pero que vienen derivadas de las condiciones de trabajo y por tanto deberían ser reconocidas como enfermedad profesional. 

Que esta novedad se haya utilizado desde la derecha para intentar enturbiar el acuerdo de la AENC no debería ser sorprendente. Que agitadores digitales, supuestamente progresistas, difundan estas mentiras debería ser preocupante. La campaña para atacar el prestigio de los sindicatos, que arreció la pasada década, cuando muchos de sus afiliados se enfrentaron a penas de cárcel por oponerse a los recortes, vuelve a ser primera plana, esta vez con la ayuda de una bobería de red social que juega a la radicalidad para ganar unos cuantos seguidores. Vivimos tiempos donde hasta el último de los imbéciles tiene poderosas herramientas a su disposición para hacer daño.

Lo peor de extender mentiras es que se resta espacio para tratar lo que realmente sucede. Los sueldos subirán, según el acuerdo de la AENC, entre el 10´3% el 13’6%, pero, sobre todo, se continuará con las pautas de contratación estable y sustitución del despido por herramientas como el ERTE que han dado más de millón y medio de contratos indefinidos más desde que entró en vigor la reforma laboral. El empleo se ha convertido en el motor de nuestra economía, rozando ya casi los 21 millones de afiliados a la seguridad social. Los convenios colectivos, la negociación de los sindicalistas, es lo que siempre ha cosido buena parte de la legislación que sale del Congreso a la realidad más inmediata. Ahora, además, valdrá para desmentir el insoportable e interesado ruido digital. 

La diferencia entre correlación y causalidad puede parecer sutil, pero es decisiva. En el caso que nos ocupa, pasar de la primera a la segunda implica aceptar que el boyante negocio de la sanidad privada no sólo coincide, sino que se ceba con el deterioro de la pública. Así es: la pérdida de prestigio del Sistema Nacional de Salud (SNS) es una causa del boom del seguro médico.

El paso de convertir lo que era una sospecha en una certeza lo han dado José Rama, profesor de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Madrid, y los investigadores en el ámbito sanitario Javier Rama y Olalla Iglesias en el estudio ¿Qué determina la elección público-privada en la sanidad española?

El objetivo del trabajo, elaborado a partir de datos y respuestas de más de 4.500 adultos, es determinar qué características de tipo individual condicionaron en 2022 la elección sanitaria para médico de familia, especialista, ingreso hospitalario y urgencias. El contexto hace especialmente pertinente este empeño, porque España vive un auge del seguro médico privado, que ya tiene más de 11,5 millones de clientes.

Durante la pandemia, el negocio –que ya crecía con fuerza, aunque no tanta, antes del covid– ha subido un 18%. La facturación de las aseguradoras subió por primera vez en 2022 de los 10.000 millones de euros. Concretamente, alcanzó los 10.543 millones, un 7% más que el año anterior. Hay un puñado de compañías que es posible señalar como triunfadoras. Las nueve principales suman 7.906 millones de facturación en 2021, un 83,84% del total del sector. Las cinco primeras –Segurcaixa Adeslas, Sanitas, Asisa, DKV y Mapfre– totalizan 7.036 millones en volumen de primas en 2021, un 74,17% del negocio. La primera es Segurcaixa, con casi un 30% de la cuota de mercado.

En paralelo a este auge, ha caído el prestigio del sistema público. Hay una creciente preocupación, un deterioro de la percepción social que –como demuestran los autores– allana el camino al seguro privado.

Cada año los encuestadores del Barómetro sanitario del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) preguntan a los entrevistados cuál de estas cuatro respuestas representa mejor su opinión sobre el sistema sanitario: 1) En general, funciona bastante bien. 2) Funciona bien, aunque son necesarios algunos cambios. 3) Necesita cambios fundamentales, aunque algunas cosas funcionan. 4) Funciona mal y necesita cambios profundos. Las respuestas 1 y 2 son favorables y las 2 y 3 desfavorables. Esta es la gráfica resultante.

La opinión favorable (50,5%) es la más baja de la década. Ha caído con fuerza desde 2019, cuando era del 72,1%. En el mismo periodo, la opinión desfavorable crecía del 27,4% al 48,5%. Otro dato, este salido de la serie de encuestas Opinión pública y política fiscal del CIS: el 73,1% de los españoles creen que se dedican "muy pocos" recursos a la sanidad, porcentaje que era del 58,8 en 2019.

La pérdida de prestigio de la red pública abarca su puerta de entrada: la atención primaria. En 2019 la nota que los encuestados por el CIS daba a la atención primaria estaba entre 7,29 (consultas) y 6,66 (urgencias). Ahora, entre 6,11 y 6,09. La media ha pasado de 6,97 a 6,1, una caída de un 12,48%.

Las sospechas de la vinculación entre el auge del seguro privado y la crisis del sistema público estaban servidas. El artículo ¿Qué determina la elección público-privada en la sanidad española? las corrobora.

Los autores miden la relación entre la elección sanitaria y diversas variables: sexo, estudios, tamaño del municipio, situación laboral, religión, edad, ideología y satisfacción con el SNS. Queda acreditada una relación significativa para los tres últimos factores. De menor a mayor influencia: edad, ideología y satisfacción.

"La preferencia por alternativas privadas sanitarias frente a públicas está fuertemente relacionada con la satisfacción del paciente con el SNS y mediada por su ideología. Además, la edad parece tener un papel fundamental, siendo los pacientes más mayores los menos proclives a soluciones privadas", concluyen los investigadores, que establecen una vinculación con el covid-19: "La interacción entre satisfacción e ideología podría haber aumentado debido a la pandemia. La alta presión asistencial, unida a la situación de miedo y al clima político y social de descontento, generaron una baja satisfacción".

"En estas percepciones –añaden– la ideología jugó un papel muy relevante. Los efectos de ambas variables, satisfacción e ideología, son más intensos en los parámetros de médico de familia y especialistas, ambos servicios muy afectados durante el periodo covid y en los que las listas de espera y la telemedicina se instauraron como tónica habitual".

El factor más influyente es el grado de satisfacción con el SNS. La conclusión es firme: a mayor satisfacción, menor inclinación al seguro privado.

La segunda es la ideología. "Los pacientes con ideología conservadora son más proclives a opciones privadas", señalan los investigadores. El 19% de las personas que se ubican en la izquierda prefieren un médico de familia privado, frente a un 33% en la derecha, según los datos aportados a infoLibre por los investigadores. Los porcentajes para consulta de especialista son: 32%-47%. Para ingreso hospitalario: 14%-25%. Para urgencias: 18%-28%. Siempre, con las personas autoubicadas a la derecha más inclinadas la elección privada.

El tercer factor con mayor influencia es la edad. Los mayores de 50 años son menos proclives a decantarse por una alternativa privada. A más edad, más interés en quedarse en el sistema público. Hay una lógica detrás. Por un lado, el coste de una póliza sube con la edad, porque el cliente-paciente se va haciendo menos rentable para la compañía. En segundo lugar, los pacientes saben que a medida que la complejidad del tratamiento crece, es más probable que la solución se encuentre en el sistema público. Es un fenómeno ya detectado por los investigadores de Oxford Aaron Reeves y Benjamin Goodair en un trabajo publicado en The Lancet en julio de 2022 para el caso de Reino Unido.

Uno de los autores, Javier Rama, reflexiona con los datos en la mano: "La pandemia podría haber significado una mayor adhesión al sistema público, que demostró que era fundamental para la respuesta en una situación crítica. En cambio, ha supuesto un desgaste del sistema, insuficientemente financiado. Su deterioro está sirviendo como caldo de cultivo para el descontento, que en el caso de la población de ideología de derechas, sea conservadora o liberal, inclina hacia salidas privadas".

Rama también señala que no es ajeno al fenómeno el "bombardeo" de informaciones sobre los problemas de la sanidad pública, que genera una impresión de disfunción. El coautor del artículo considera importante la aportación realizada porque, "si España quiere hacer de la opción pública sanitaria una referencia", es prioritario conocer las circunstancias que empujan hacia la privada. "Es imprescindible potenciar el sistema público e invertir decididamente para mejorar la accesibilidad, reducir tiempos de espera y paliar los problemas de falta de personal", concluye el investigador.

Hay factores sobre los que la literatura previa indicaba que tenían una incidencia en la elección sanitaria que no queda acreditada, o no en grado relevante, por este estudio. Es el caso del tamaño del municipio, del estado civil y del género, si bien en este último apartado hay una excepción: los hombres se muestran más tendentes que las mujeres a ingresar en un hospital privado. En cuanto a la religión, los católicos no practicantes son significativamente más propensos a ir al médico especialista por la sanidad privada, al igual que los individuos con mayor nivel de estudios.

"Especialmente llamativos son los resultados sobre la situación laboral", anotan los autores. ¿Por qué? "Esperábamos que los parados tendrían un comportamiento diferencial al resto de categorías, sobre todo al compararlos con los trabajadores. Sin embargo, son los jubilados los que presentan un comportamiento más diferencial: son menos proclives que los trabajadores a acudir a un especialista o ir por urgencias de un centro sanitario privado". Esto está muy relacionado con la edad, lógicamente.

Menos valoración social para la sanidad pública, más negocio para la privada. Es la ecuación de oro, simple e inapelable, del seguro médico en España. Mientras la crónica del sistema público está envuelta en palabras como "malestar" o "deterioro", sobre todo en la atención primaria, el seguro privado disfrutó de un año de récord en 2022. El mejor año de su historia.

Durante la pandemia, el negocio del seguro –que ya crecía con fuerza, aunque no tanta, antes del covid– ha subido un 18%. En paralelo, ha caído el prestigio del sistema público. He aquí dos gráficas que enseñan el haz y el envés de la sanidad en España. La primera muestra el boom de del seguro privado. La segunda, el deterioro de la opinión sobre el sistema sanitario.

El contraste está servido. Los colectivos profesionales coinciden en un diagnóstico preocupante sobre el sistema público: faltan recursos y faltarán más. España está incluida en la alerta lanzada por la OMS sobre la falta de médicos a nivel europeo: "Es una bomba de relojería". El sistema, lastrado por los recortes tras la Gran Recesión y llevado al límite por la pandemia, necesita 6.000 médicos de familia, según el Foro de Atención Primaria. Y preocupan las perspectivas. En diez años se jubilarán 80.000 profesionales, calcula el Centro de Estudios del Sindicato Médico de Granada. También faltan enfermeras: 95.000 para llegar a la media europea, calcula el consejo general de la profesión.

Pero hay otro lado de la moneda. La facturación de las aseguradoras de salud superó por primera vez el pasado año los 10.000 millones, según los datos de cierre del ejercicio de la patronal Unespa. Concretamente, alcanzó los 10.543 millones, un 7% más que el año anterior. Sube más que en los dos primeros años de pandemia, en la fase más dura de la crisis sanitaria, cuando lo hizo en torno a un 5%, porcentaje promedio de los incrementos desde 2016.

Así que la dinámica ascendente no sólo sigue, sino que se acentúa, al marcar un 7% en 2022. La facturación fue 689 millones de euros superior a la de 2021. La subida con respecto a antes de la pandemia es de 1.607 millones, un 18%. Si miramos cinco años atrás, el alza es del 30,66% con respecto a los 8.069 millones de 2017.

No hay datos aún del número de asegurados en España al cierre de 2022. Lo que sí se sabe es que al terminar 2021 superaban los 11,5 millones. Los números ofrecidos este lunes por Unespa apuntan a una nueva subida en el último año.

¿Quién gana con este boom? Hay un puñado de compañías que es posible señalar como grandes triunfadoras. Las nueve principales suman 7.906 millones de facturación en 2021, un 83,84% del total del sector. Las cinco primeras –Segurcaixa Adeslas, Sanitas, Asisa, DKV y Mapfre– totalizan 7.036 millones en volumen de primas en 2021, lo que supone un 74,17% del negocio. La primera es Segurcaixa, con casi un 30% de la cuota de mercado.

A falta de los datos por compañías al cierre de 2022, el escalafón de las cinco primeras no ha variado desde 2019. Sí ha aumentado su facturación. El último año antes de la pandemia el volumen de negocio fue de 6.359 millones, con lo que ha subido un 10,64% durante los dos primeros años de crisis sanitaria. Las cifras globales de 2022, ofrecidas este miércoles por Unespa, indican que la facturación de las grandes dominadoras con toda seguridad también ha subido.

Además de las aseguras, también gana la banca, con la que el sector tiene una alianza estratégica para la comercialización de sus productos. Los cuatro principales bancos españoles –Santander, BBVA, Caixabank y Sabadell– tienen acuerdos con alguna de las cinco entidades dominadoras. Un caso concreto: Segurcaixa –que además de seguros de salud también comercializa multirriesgos, autos, decesos, accidentes y responsabilidad civil– utiliza la la red de oficinas de Caixabank como otro canal de venta, que se suma a las vías tradicionales del sector asegurador, como los corredores y los brokers...

El informe Unión bancaria, un clima de cambio, firmado en 2022 por la consultora PriceWaterhouseCoopers (PwC), señala que en 2020 la aportación de los seguros al margen de contribución de los bancos fue del 9%, mientras que en 2019 había sido del 7%. Este porcentaje llega a alcanzar el 22% en el Grupo Caja Rural y es del 15% en Caixabank, del 8% en el BBVA y del 7% en el Santander. Los bancos son, cada vez más, vendedores de seguros, incluyendo una creciente oferta low cost.

El contraste aparece al observar la evolución que muestra el Barómetro sanitario del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Hay una creciente preocupación, un deterioro de la percepción social que allana el camino al seguro privado. Veamos. Cada año los encuestadores preguntan a los entrevistados cuál de estas cuatro respuestas representa mejor su opinión sobre el sistema sanitario: 1) En general, funciona bastante bien. 2) Funciona bien, aunque son necesarios algunos cambios. 3) Necesita cambios fundamentales, aunque algunas cosas funcionan. 4) Funciona mal y necesita cambios profundos. Las respuestas 1 y 2 podrían considerarse favorables y las 2 y 3 desfavorables. Pues bien, esta es la gráfica resultante.

La opinión favorable (50,5%) es la más baja de la década. Ha caído con fuerza desde 2019, cuando era del 72,1%. En el mismo periodo, la opinión desfavorable crecía del 27,4% al 48,5%. Otro dato, este salido de la serie de encuestas Opinión pública y política fiscal del CIS: el 73,1% de los españoles cree que se dedican "muy pocos" recursos a la sanidad, porcentaje que era del 58,8 en 2019.

Es decir, la facturación del seguro privado subía casi un 18% justo mientras se derrumbaba la opinión sobre el sistema sanitario y crecía la percepción de que está desatendida por los presupuestos. La pérdida de prestigio de la red pública abarca su puerta de entrada: la atención primaria. En 2019 la nota que los encuestados por el CIS daba a la atención primaria estaba entre 7,29 (consultas) y 6,66 (urgencias). Ahora, entre 6,11 y 6,09. La media ha pasado de 6,97 a 6,1, una caída de un 12,48%.

Son múltiples las voces que conectan uno y otro fenómeno. Lo hace con frecuencia la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (Fadsp). "Nos hemos tenido que hacer de una mutua", ha oído decir con frecuencia Meritxell Sánchez Amat, médica de familia de Barcelona, como contaba a infoLibre en octubre de 2021. "Ya sabemos qué hay que hacer si se quiere que los seguros privados sigan viviendo sus mejores años: reducir la inversión pública, sobre todo en atención primaria", escribe en su blog el médico y analista del sistema Juan Simó, que relaciona directamente la percepción negativa sobre el sistema público con el auge de las salidas individuales.

Algunas veces la vinculación entre los problemas de la pública y los buenos resultados de la privada es expresada desde el propio ámbito empresarial. Un directivo directivo de Minsait –consultoría de Indra– dijo en octubre en un foro sectorial que el principal vector del crecimiento de la colaboración público-privada es la "ineficiencia” del sistema público, como recogió Planta Doce en un artículo titulado Vientos a favor para la sanidad privada ante la falta de reforma del modelo público. “Todo esto [el crecimiento del sector médico privado] es mérito de la privada, pero también demérito de lo público”, señaló en el mismo foro un responsable de salud de Ernst & Young. "El crecimiento del aseguramiento, que es el motor más relevante de toda la infraestructura de la sanidad privada, demuestra que el de la salud es un mercado que todavía está en crecimiento”, añadió un directivo de Sanitas.

A la espera de la Encuesta de Presupuestos Familiares del INE de 2022, el auge del seguro de salud ya ha mostrado su impacto en la economía de los hogares. En 2021 el gasto medio por hogar en seguros relacionados con la salud alcanzó los 1.282,52 euros, máximo de la serie estadística, que arranca en 2016. Lo hizo tras una subida del 4,02% con respecto a 2020, también la máxima de la serie.

La subida desde 2019, antes de la pandemia, era de un 5,17%, un total 63,16 euros por hogar. En los últimos cinco años el incremento del gasto medio por hogar dedicado a seguros sanitarios fue del 11,14%: de 1.153,88 a 1.282,52 euros. El porcentaje de hogares con gasto en seguros sanitarios de salud ha pasado del 21,28% en 2019 al 22,35% en 2021. En 2016 era del 19,59%. Es previsible que esta tendencia se vea acentuada con los datos de 2022.

Las tres comunidades con mayor penetración del seguro privado al cierre de 2021 son Madrid (39%), Cataluña (35%) y Baleares (33%), en contraste con Navarra (13%), Murcia (15%), Castilla La Mancha, Galicia y La Rioja (19%).

El asegurador no es el único negocio sanitario que está recibiendo buenas noticias. El hospitalario, aún más boyante, también marca cifras récord, a la espera de los datos de 2022. La facturación ha remontado ya el bache de 2021 y desde 2019 sube un 2,44%, hasta superar los 11.500 millones. Las mayores beneficiarias son diez compañías que suman 7.563 millones, el 65,62% del mercado, con los datos de la Fundación IDIS. En 2011 las que eran entonces diez principales compañías facturaban 2.597. El registro se ha multiplicado casi por tres en una década.

Hay que subrayar que el negocio hospitalario está conectado con el asegurador. En realidad, el mercado "privado puro", utilizando la terminología del sector hospitalario, es sólo del 9,98% del total. La mayoría de los más de 11.500 millones se deriva de los convenios con aseguradoras (6.340 millones) y de los conciertos (4.035). Este reparto vincula las cuentas del sector hospitalario con la red pública. En el caso de los conciertos, directamente. En el de los seguros, de forma indirecta: el efecto de la pandemia sobre el sistema ha dado un fuerte impulso al aseguramiento, que se beneficia además de deducciones fiscales.

Cinco compañías, lideradas por Segurcaixa Adeslas, dominan casi tres cuartas partes del boyante negocio asegurador en España, que ha subido en facturación un 10,66% durante la pandemia hasta acercarse en 2021 a los 10.000 millones euros. Así lo detalla el informe Aportando valor, de la Fundación IDIS, el lobby de la medicina privada en España. El número de asegurados ha subido más de un 9% y ha superado los 11,55 millones durante la pandemia, que ha supuesto un empujón para este negocio. Casi el 40% de la población en Madrid ya tiene seguro privado, según IDIS. El gasto público en conciertos también toca techo durante la pandemia, amortiguando la bajada de un negocio hospitalario liderado holgadamente por Quirón [ver aquí el informe completo].

El gasto sanitario privado per cápita –es decir, el gasto que realizan los propios ciudadanos, no el público– alcanzó en 2021 en España los 592 euros, de los que 166 fueron en seguros y 426 en el conocido como "gasto de bolsillo": servicios sanitarios y hospitalarios, farmacia, productos médicos, aparatos y equipos, entre otros conceptos.

La comunidad en la que el gasto familiar en sanidad es mayor es Madrid, con 789 euros per cápita, según datos estimados para 2021. En el otro extremo se sitúan Extremadura y Cantabria, con 444 y 462 euros, respectivamente.

El seguro, un de las dos patas del gasto sanitario privado, continúa batiendo marcas. Bancos y aseguradoras han redoblado su oferta durante la pandemia y se ha desatado además una carrera de seguros médicos low cost, atizada por el desgaste del sistema público. Si en 2020 ya batió todos sus récords, en 2021 lo ha vuelto a hacer, como pone de relieve el informe de la Fundación IDIS.

En el último lustro se ha producido una fuerte subida del número de asegurados, que suman casi 2 millones más al pasar de 9,56 en 2016 a 11,55 millones (+20,81%). En los años de pandemia, 2020 y 2021, la subida ha sido del 9,16%.

La penetración con respecto al total de la población del seguro privado, que se beneficia de deducciones fiscales, varía según la comunidad autónoma. Las tres con mayor porcentaje son Madrid (39%), Cataluña (35%) y Baleares (33%). Al otro lado están Navarra (13%) y Murcia (15%), Castilla La Mancha, Galicia y La Rioja (las tres con el 19%).

La Fundación IDIS presenta estos datos junto a los de la inversión sanitaria pública per cápita. Según la interpretación del lobby de la sanidad privada, el hecho de que Madrid sea la comunidad con mayor porcentaje de asegurados tiene le permite invertir menos por habitante que la mayoría. Con 1.627 euros, Madrid sólo dedica más a gasto público sanitario que Andalucía (1.525 euros per cápita), con datos de 2021. Una interpretación crítica podría verlo de forma distinta y observar el incremento del aseguramiento privado como una consecuencia del bajo gasto público.

La flecha de la facturación también apunta hacia arriba. El sector ha pasado de 7.740 millones de euros en volumen de primas en 2016 a 9.486 en 2021, lo que supone una subida del 22,5%. Durante la pandemia, el negocio ha crecido un 10,66%, desde los 8.572 millones de 2019, datos similares a los que ofrece la patronal del negocio asegurador, Unespa, que eleva la facturación hasta los 9.849 millones.

¿Quién se beneficia de este boom? El siguiente cuadro, con datos de 2021, muestra a las nueve principales compañías aseguradoras que operan en España.

Las nueve compañías, lideradas por Segurcaixa Adeslas con casi un 30% de la cuota de mercado, suman 7.906 millones de euros de facturación en 2021, un 83,84% del total. Las cinco primeras –Segurcaixa Adeslas, Sanitas, Asisa, DKV y Mapfre– totalizan 7.036 millones de euros en volumen de primas en 2021, lo que supone un 74,17% del negocio.

El escalafón de estas cinco primeras empresas no ha variado desde 2019. Sí ha aumentado su facturación. El último año antes de la pandemia el volumen de negocio fue de 6.359 millones, de modo que ha subido un 10,64% durante los dos años de crisis sanitaria.

El informe de la Fundación IDIS también se detiene en los conciertos, que consumen entre el 24,2% del gasto sanitario público en Cataluña y el 3,1% en Cantabria.

Los conciertos consumieron en 2020 un total de 1.755 millones de euros, lo que supone un 11,21% más que en 2016 (1.578) y un 2,33% más que en 2019 (1.715%). Es una cifra que crece pese a que, en conjunto, el negocio hospitalario, lastrado por la pandemia a diferencia del asegurador, menguó en 2020 con respecto a 2019: de 6.950 a 6.775 millones.

Los principales grupos hospitalarios por número de centros y camas son Quirón y San Juan de Dios, con datos de 2019. Ambos grupos también sobresalen en facturación, esta vez con cifras de 2020, ya en pandemia. El negocio de Quirón se elevó a 3.475 millones de euros, claramente por delante de Vithas, HLA, HM Hospitales, Ribera, Hospiten y Sanitas.

El Tribunal Supremo ha condenado a Mapfre a pagar 3,8 millones de euros a 40 familiares de víctimas del accidente de Spanair ocurrido el 20 de agosto de 2008 en el aeropuerto de Madrid-Barajas.

En el accidente fallecieron 154 personas y 18 resultaron heridas. Varios supervivientes del accidente y familiares de las víctimas interpusieron una demanda contra la compañía, que cubría la responsabilidad civil del avión siniestrado.

En 2018 la Audiencia Provincial de Madrid estableció una serie de indemnizaciones que los familiares estimaron que no eran acordes con la ley, por lo que acudieron al Supremo que, después de tres años, les ha dado la razón en este punto.

El fallo del Supremo declara a la aseguradora responsable civil de los daños y perjuicios causados por el accidente. Asimismo, el texto de la sentencia recoge que "sin perjuicio de otras posibles concausas, el accidente se produjo como consecuencia de la inadecuada configuración de la aeronave para realizar esa maniobra, imputable al piloto y copiloto de la misma".

La responsabilidad civil del transportista aéreo por daños que pudieran sufrir los pasajeros de la aeronave siniestrada estaba asegurada por Mapfre en una póliza que cubría también los daños sufridos por el avión y la responsabilidad frente a terceros.

El Supremo considera que no puede hacerse una diferenciación entre daño moral y daños corporales como la que pretenden en este motivo del recurso, de modo que constituyan dos conceptos indemnizables diferentes. Así, explica que los daños corporales "son la manifestación externa del sufrimiento psíquico padecido por las demandantes y, por tal razón, no hay conceptos indemnizables diferentes, sino una sola realidad lesiva en la que aprecia una causa (el sufrimiento psíquico) y unas consecuencias o manifestaciones externas (unos daños corporales que provocan incapacidad temporal y secuelas), que debe ser indemnizada conjuntamente", según el texto de la sentencia al que tuvo acceso Europa Press.

Así lo hizo la Audiencia Provincial, que declaró expresamente que la indemnización fijada en favor de cada una de estas recurrentes por sus lesiones "comprende el daño moral padecido por la perjudicada".

De este modo, el alto tribunal desestima el recurso de casación interpuesto por Mapfre Global Risks, contra la sentencia dictada el 8 de enero de 2018 por la Sección Vigesimoctava de la Audiencia Provincial de Madrid y le condena al pago de las costas del recurso de casación que ha resultado desestimado.

Asimismo, acuerda la pérdida de los depósitos constituidos para la interposición del recurso extraordinario por infracción procesal y de los recursos de casación.