Facua-Consumidores en Acción ha lanzado una web para ayudar a los consumidores a encontrar las gasolineras más baratas, comparar precios y conocer su evolución y ha revelado diferencias de hasta el 107% entre la más económica y la más cara. Esta herramienta, ha informado este jueves esta asociación, muestra cada día el precio medio, mínimo y máximo de los combustibles en cualquier municipio de España, según informa EFE.

La página publica el precio medio, mínimo y máximo de la gasolina, el diésel y el GLP (Gas Licuado del Petróleo), según Facua, que ha detallado que el precio medio de la gasolina en toda España es actualmente de 1,481 euros por litro. Varía además hasta un 107,2%, con un mínimo de 0,965 en la gasolinera más barata y 1,999 en la más cara.

Desde la web, el consumidor puede ver cuáles son las gasolineras más cercanas a la dirección que desee o a su propia ubicación si elige la opción de geolocalización. Pueden ordenarse por distancia o por precio todas las estaciones de servicio que haya en un radio de 20 kilómetros.

La web tiene una sección para comparar precios en la que el usuario puede conocer las gasolineras más caras y más baratas en cualquier fecha de los últimos meses a nivel nacional, en la Península y en una comunidad autónoma, provincia o municipio en concreto. Además, puede guardar los resultados entre los favoritos de su navegador para consultarlos de forma recurrente.

Los resultados de la comparación de precios muestran tanto las cinco gasolineras más caras y más baratas como los precios medios, mínimos y máximos de cada una de las marcas que cuenten con estaciones de servicio en el territorio elegido. Además, la página cuenta con un apartado para conocer la evolución de los precios de la gasolina, el diésel y el GLP.

Para ello, el usuario solo tiene que introducir entre qué periodos quiere conocer los datos, seleccionar el tipo de combustible e indicar si los desea a nivel nacional, en la Península o en una comunidad autónoma, provincia o municipio en concreto. En los resultados de la búsqueda histórica se muestra tanto la oscilación de precios en el periodo elegido con el precio inicial, final y medio durante el mismo como el porcentaje de incremento o bajada.

Además, incluyen una tabla con el precio medio que ha tenido cada día el combustible y si subió, bajó o se mantuvo igual que el día anterior. Los datos utilizados en gasolineras.facua.org son los que las gasolineras envían cada día al Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Facua ha denunciado a Iberia ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) por "engañar" a los pasajeros afectados por la práctica del overbooking -venta de más billetes que asientos tiene el avión- por ofrecerles la mitad de la compensación económica que marca la legislación europea, según informa EFE.

La asociación de consumidores ha tenido acceso a un documento entregado por Iberia a las víctimas de overbooking en el que les indica que tienen derecho a la mitad del dinero que marca la legislación comunitaria, ha denunciado la organización de consumidores en un comunicado.

Así, en un vuelo Madrid-Tenerife, en el que al superarse los 1.500 kilómetros hay que abonar 400 euros por cancelación, retrasos de más de tres horas en llegar al destino o denegación de embarque por overbooking, la aerolínea indica que abonará 200 euros en efectivo o 240 euros en bonos canjeables por billetes en sus oficinas.

Según Iberia, el caso concreto al que se refiere la organización de consumidores se dio con un pasajero en un vuelo de Iberia Express de Madrid a Tenerife Sur, del 26 de julio de 2024, en el que al viajero se le denegó el embarque por overbooking en la línea que salía a las 07.00, pero le dio asiento en otro vuelo dos horas más tarde. Dado que, en línea con la regulación europea, si el retraso es inferior a tres horas la indemnización debe ser del 50 % del coste del billete, se le compensó con 200 euros en vez de los 400 que costaba, dice Iberia.

Facua ha pedido a la AESA, que depende del Ministerio de Transportes, que abra expediente sancionador a Iberia por infracción aeronáutica, al no tratarse de un caso aislado sino de un sistema de atención a los casos de overbooking que vulnera las obligaciones establecidas en el Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos.

El hecho de que la compañía entregue un documento tipo a los pasajeros indicando una compensación de cuantía inferior a la que marca la normativa pone de manifiesto que la irregularidad es una conducta habitual, ha alegado Facua.

No obstante, a uno de los pasajeros afectados por overbooking la aerolínea le ha ingresado los 400 euros que le correspondían por la denegación de embarque -en lugar de los 200 que le ofreció inicialmente-. Iberia precisa que, finalmente, el vuelo llegó con más de cuatro horas de retraso por lo que al viajero le correspondieron 400 euros, tal como reconoce Facua en su nota.

Las zanahorias, patatas y lechugas iceberg son los tres alimentos que estuvieron afectados por la rebaja del IVA que más han subido de precio en los grandes supermercados en junio, según un análisis de Facua sobe la evolución de los precios entre principios de abril y mediados de mayo en ocho cadenas de supermercados, que recoge EFE.

Entre los alimentos que cuestan de media este mes menos que en mayo están el kilo de arroz redondo (-3,1%) el brick de leche entera (-0,8%), las manzanas golden (-1,8%), el aceite de girasol (-2,6%), las lentejas pardinas (-2,2%), la malla de cuatro kilos de naranjas (-4%), el kilo de cebollas (-5%) y el litro de aceite de oliva (-9,5%). Los limones son el alimento que más ha aumentado de precio en el último año (un 30% de media), según Facua.

Desde el 1 de enero de 2025, los alimentos básicos que tenían el IVA al 2% pasaron al 4%, entre ellos los aceites de oliva, la leche, el pan, los huevos, el queso, las frutas, las verduras, las legumbres, los tubérculos, los cereales y las harinas, mientras que el IVA de las pastas alimenticias y los aceites de semillas subió del 7,5 al 10%.

En febrero de 2024 el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 envió un requerimiento a las principales cadenas de supermercados e hipermercados para solicitarles que acreditasen que las subidas que habían aplicado desde enero de 2023 a los precios de numerosos alimentos básicos no han implicado aumentos en sus márgenes de beneficio, una práctica prohibida mientras los productos estuvieron afectados por la rebaja del IVA.

Sin embargo, casi un año y medio después Consumo no ha anunciado la apertura de ningún expediente sancionador, pese a las "subidas de márgenes en el aceite de oliva" denunciadas por la asociación.

Facua-Consumidores en Acción denuncia que Endesa está enviando recibos atrasados con consumos de 2023 pese a que la ley determina la prescripción de aquellos que tengan más de un año de antigüedad. La organización de consumidores aconseja a los usuarios que presenten una reclamación por escrito cada mes que no reciban la factura, ya que la ley les da derecho a recibir una compensación de 30 euros si la eléctrica no les contesta o tarda más de 5 días hábiles en hacerlo.

Según explica Facua, el último caso que han recibido sobre este tema es el de un usuario de la localidad sevillana de Coria del Río al que la Energía XXI —la comercializadora con la tarifa semirregulada del grupo Endesa— tardó 20 meses en contestarle a una reclamación que presentó porque dejaron de enviarle y cobrarle numerosas facturas. En su respuesta, la compañía le insta ahora a pagar dieciséis recibos, de los que seis de ellos, que suman 383,16 euros, corresponden a periodos de facturación que llevan hasta un año prescritos.

Facua considera muy grave que Endesa no cuente con un protocolo para automatizar la anulación de la emisión de cualquier factura atrasada cuyo periodo de consumo exceda del año de antigüedad. Según recuerda, está prohibido emitir recibos donde se pretenda rectificar la falta de cobro de periodos de facturación que sobrepasen los doce meses y así lo recoge el artículo 96 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.

Además, Facua aconseja reclamar el incremento del importe de los recibos atrasados como consecuencia de la subida del IVA y del impuesto especial sobre la electricidad. La organización de consumidores recuerda que el IVA estuvo al 10% entre junio de 2021 y julio de 2022, cuando bajó al 5% y se volvió a subir al 10% en enero de 2024 y al 21% en enero de 2025. En cuanto al impuesto sobre la electricidad, en enero de 2023 bajó al 0,5%, el primer trimestre de 2024 se situó en el 2,5%, en el segundo trimestre de ese año en el 3,8%, y en julio volvió al 5,11%.

La asociación recuerda que cuando una eléctrica emite recibos atrasados el consumidor tiene derecho a pagar los que no están prescritos de forma prorrateada en tantos meses como haya tardado en enviárselos.

A los bulos hay que combatirlos de frente. Es lo que sostiene Rubén Sánchez (Sevilla, 1947) secretario general de Facua-Consumidores en Acción desde hace más de treinta años. Es en su libro Bulos: manual de Combate, donde enseña algunos mecanismos de defensa contra la desinformación y el señalamiento político de la extrema derecha. De Trump a Alvise. Sánchez, abogado de formación, acumula una decena de causas judiciales contra Vito Quiles o Cristina Seguí, que han tratado de desacreditarle a través de la difusión de bulos en las redes sociales. infoLibre charla con él sobre cómo combatir los discursos manipulados que tratan de colarnos como reales.

Vivimos en la época de la desinformación. Las fake news se difunden mucho más rápido que las noticias reales y este libro es ese manual para intentar combatir este fenómeno. ¿Dónde cree que es más efectiva luchar contra los bulos: en las redes o en los juzgados?

Creo hay que combatirlas en todos los frentes posibles. Por un lado, están las redes sociales. Por otro, los medios de comunicación tradicionales y también los juzgados. No se trata solo de instar a que se rectifique, desmontar el bulo, contar la verdad... Sino que quien te ha hecho daño, sobre todo si lo ha hecho de forma intencionada, tenga un castigo judicial. Y luego está el delito de calumnias, con el que puede haber pena de prisión, que sería la máxima condena por haber lanzado un bulo contra ti.

¿Y, según su experiencia, cuál es la más efectiva?

Ir al castigo máximo posible, que es el judicial. Si la sentencia impone una condena alta, en cuanto a indemnización o condena, el difamador acaba parando. Pero si el bulo se difunde y ve que le funciona, es prácticamente imposible que pare. Tú puedes desmontarlos. Puedes conseguir que la difusión de tu declaración tenga más repercusión. Hay que tratar de poner de manifiesto que quien habla sobre ti está mintiendo.

Sólo hay que darse una vuelta por las redes para comprobar cómo se organizan los creadores de bulos y fake news. ¿Cree que están más organizados que la gente que, como usted, intenta combatirlos?

A veces están muy bien organizados.  Si hay un ataque a una persona que les cae mal, y en mi caso puede ser por motivos políticos, habrá gente que incluso sin ser seguidor de Javier Negre, Vito Quiles o Alvise, va a darle difusión. Para eso no hace falta estar organizado, es sencillamente saber que cuentas con gente que te va a comprar tu mentira porque estás lanzándola contra personajes que has conseguido que sean odiados por una parte de la población. Y en el ámbito internacional ocurre igual. Hay conexiones que te hacen ver que están organizados y coordinados.

¿Considera que se estarían forrando a base de crear bulos? 

El bulo tiene diferentes objetivos. El político, económico y el de búsqueda de popularidad. Un ejemplo de bulo político es cuando se han lanzado informaciones falsas para ayudar a gobiernos del PP y Vox para derrotar a quienes consideran enemigos. El económico es fácilmente reconocible cuando, por ejemplo, un medio lanza informaciones falsas para beneficiar a un partido y así asegurarse que luego le va a dar dinero a través de contratos públicos.

¿Cree que hay que legislar sobre este tipo de desinformación o con la normativa que ya existe es suficiente?

La reforma legislativa puede sumar algo. Es cierto que estaría bien una mejor regulación de las concesiones a medios de comunicación. Es decir, que hubiera una limitación de qué contratos públicos de publicidad institucional se distribuye a los medios, y que hubiera que tener criterios objetivos en función de las audiencias. Podría ser una legislación para acabar con los pseudomedios que lanzan bulos, aunque se me antoja un tanto complicada. A veces el troceo en pequeñas cantidades de contratos públicos puede hacer que te saltes protocolos de concesión de ayudas. Lo que está claro es que hoy se está concediendo dinero público a espuertas a medios como premio por atacar al contrario a nivel político o como incentivo para que lo ataquen.

Usted ha recibido mucho odio en X ¿Cómo no caer en esas dinámicas? 

Hay que intentar no caer en los discursos de odio, no contaminarnos. Y hoy en día está claro que X es la red social más tóxica que existe, un auténtico estercolero. Está trucada por su algoritmo, que favorece la difusión de bulos y mensajes xenófobos, racistas, machistas. X está censurando y minimizando el impacto de determinados perfiles que pueden difundir mensajes que desmonten bulos.

¿Hay que abandonar X o seguir en él?

La red social ya está llena de millones de personas de distintas ideologías, abandonar X es ceder ese campo de batalla a la extrema derecha. Cuantas más personas con influencia en X se vayan, más estamos cediendo a que el discurso imperante sea el de la extrema derecha. Y por tanto, a mí se me antoja como algo negativo abandonarlo. Hay que intentar evitar contaminarse de esa manera y huir de ese tipo de mensajes. Porque al final nos estamos contaminando a nosotros mismos. Y no debemos ser como ellos.

¿A quién le recomendaría su manual contra los bulos y el señalamiento político?

Creo que mi libro es una vía para que cualquier persona a la que le interesa el mundo de la comunicación pueda aprender a reaccionar cuando montan contra ti, o una institución en la que trabajas, una campaña de difamación.

¿Una última recomendación para luchar contra los bulos que no incluyeras en el libro?

Igual que tenemos que saber qué comemos para conseguir una buena dieta y tener salud, con la información pasa lo mismo. Saber distinguir entre el estiércol y los medios de comunicación, dónde se hace periodismo y donde se dedican a la desinformación. Partir de la idea de que hay determinados medios que desinforman porque están haciendo campañas en favor de determinados intereses políticos con juego sucio. Creo que deberíamos castigar a los medios que, de forma sistemática, nos venden mentiras como forma de hacer negocio. Y ese castigo debe traducirse en no leerlos, ni verlos ni escucharlos.

Facua ha presentado una nueva denuncia ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) contra la red social X por permitir la publicación de anuncios que suplantan al exfutbolista y entrenador Xavi Hernández y al presentador David Broncano para vender criptomonedas.

La asociación ha detectado numerosos tuits promocionados en X desde cuentas que simulan pertenecer a particulares y recogen una falsa información publicada supuestamente en la web del periódico El País, ha informado este jueves en un comunicado.

En marzo de 2024 ya denunció ante el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 la existencia de fraudes para vender criptomonedas que usaban las imágenes de Broncano, Carlos Sobera y Andreu Buenafuente.

En los últimos meses también ha denunciado otras estafas similares que utilizan como reclamo a Daniel Sancho, la cantante Ana Belén o el chef Dabiz Muñoz.

La red social de Elon Musk ya había sido expedientada por el organismo supervisor por no tomar las medidas adecuadas para impedir a chiringuitos financieros anunciarse libremente utilizando la imagen de personas relevantes sin su consentimiento, ha informado Facua en un comunicado.

El juzgado de Primera Instancia Número 83 de Madrid ha dejado sin efecto la sentencia dictada por esta misma sede judicial en 2020 que condenó al secretario general de Facua-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, y al que fuera 'community manager' de la Policía Nacional Carlos Fernández a indemnizar con 6.000 euros a la empresaria María Rosa Díez por negar en redes sociales que fuera profesora del cuerpo de seguridad.

Los hechos se remontan a 2013, cuando FACUA denunció públicamente que Díez ofertaba cursos de redes sociales asegurando ser asesora y profesora de la Policía y la Guardia Civil, algo que ambos cuerpos habían desmentido. Su respuesta fue poner una demanda judicial contra el secretario general de la asociación. En ella incluyó a FACUA y a cuatro personas.

La sentencia, que se dio a conocer en octubre de 2020, desestimaba la demanda presentada por Díez contra FACUA y su responsable de redes sociales, Keka Sánchez, pero condenaba al secretario general de la asociación y al periodista Carlos Fernández Guerra —que cuando tuvieron lugar los hechos gestionaba las redes de la Policía— a indemnizar a la demandante con 6.000 euros.

Finalmente, el Juzgado de Primera Instancia número 83 de Madrid ha dictado un decreto por el que anula la condena contra el periodista y Sánchez por intromisión ilegítima en el derecho al honor de la empresaria María Rosa Díez.

La sentencia anulada estaba, según Facua, plagada de errores. En ella, el juez decidió condenar a Rubén Sánchez por calificar a Díez de "estafadora" en un tuit que en realidad había publicado otra codemandada, una experta en marketing venezolana que había tenido varios desencuentros con la demandante y que fue absuelta por el magistrado.

La sentencia también condenaba a Sánchez por otro tuit que ni siquiera formaba parte de los hechos objeto de la demanda y que había sido objeto anteriormente de otro procedimiento judicial. Para simular que el mensaje contenía un insulto machista ("perra"), la demandante aportó el tuit del secretario general de FACUA con parte de su contenido eliminado. Era un pantallazo de otro mensaje lanzado desde una cuenta de Twitter que ella le había creado a su mascota y en el que podía apreciarse que "la perra de María Rosa Díez" a la que se refería Rubén Sánchez no era la demandante. El juez también decidió condenar a Sánchez por llamar "timadora" a Díez, pero sorprendentemente decidió que la organización a la que pertenece no había atentado contra su honor.

Por su parte, Fernández Guerra fue condenado por un tuit que nunca publicó. Por ello, denunció que se trataba de un montaje aportado por Díez a la demanda sin aportar ninguna prueba que acreditase su autenticidad. Con él, hizo creer al juez que la había llamado "tarada", "golfa" y "mascota".

Ahora, la sentencia del juez ha quedado anulada. El motivo ha sido la actitud de Díez, quien desatendió los requerimientos del Juzgado de que designase un abogado y un procurador para que la continuasen defendiendo y representando en la causa, ya que tanto ella como el secretario general de FACUA y Fernández Guerra le habían comunicado su pretensión de presentar recursos de apelación. Dado que además el procedimiento ha estado pausado por más de dos años, la sentencia ha quedado sin efecto. A Díez solo le quedaría presentar otra demanda, aunque ya han pasado los cuatro años que marca la ley para ejercer acciones legales por intromisión ilegítima en el derecho al honor. "Esa sentencia de primera instancia ha quedado sin efecto por el abandono de la acción de la demandante debido a su inacción durante más de dos años", señala un decreto del juzgado fechado el 30 de enero.

El juzgado ha destacado la mala actitud de la demandante, quien no sólo hizo caso omiso a los llamados para designar un abogado y un procurador, si no que durante más de cuatro años , la demandante se ha vanagloriado en cientos de tuits de que Sánchez había sido condenado e incluso llegó a inventar que le había abonado la indemnización de 6.000 euros establecida en la sentencia que ha sido finalmente anulada.

El juzgado advierte de que "resulta evidente que esa actuación obstativa no puede tener el efecto de que la sentencia de instancia adquiera firmeza". Así, ha quedado anulada por "caducidad de la instancia", tal y como dictaminó el juzgado el pasado 25 de noviembre y ahora ha aclarado mediante el nuevo decreto emitido a finales de enero.

María Rosa Díez también fue colaboradora de Javier Negre en el medio que lanzó hace años y que se erigió como la "guardia pretoriana" del jefe de la desaparecida Ausbanc, Luis Pineda. En julio de 2023, el programa Cuatro al Día desveló que Díez alquiló un piso con DNI falso y que años después se fue de él dejando kilos de basura y con una enorme deuda con el propietario. Además, varios medios de comunicación han publicado que tiene en su historial numerosas detenciones policiales y que estuvo tres años en prisión.

Aviso de rectificación.

La asociación Facua-Consumidores en Acción ha presentado una denuncia ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) contra la red social X por permitir la publicación de anuncios que "suplantan" a la cantante Ana Belén y al presentador David Broncano para vender criptomonedas. La asociación ha detectado numerosas publicaciones promocionadas en la red social desde cuentas que simulan pertenecer a particulares y recogen una falsa información publicada supuestamente en la web del periódico El Mundo, según informa EFE.

Esas publicaciones, ha informado este lunes en un comunicado, muestran una imagen manipulada de la cantante siendo detenida por la Policía, junto con distintos textos y un enlace. Esto se repite en multitud de publicaciones en X que Facua considera igualmente "fraudulentas", con imágenes manipuladas de personajes de relevancia pública como Melendi, Carlos Sobera o David Broncano.

No es la primera vez que la asociación denuncia estas estafas, puesto que ya en marzo de 2024 trasladó al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 la existencia de fraudes para vender criptomonedas que usaban las imágenes de Broncano, Sobera y Andreu Buenafuente.

En el caso de la publicación con Ana Belén, aunque ocurre algo similar con el resto, al pulsar en el enlace que acompaña la imagen, se accede a una página web falsa que simula ser de El Mundo, que recoge una supuesta entrevista hecha por el presentador de La Revuelta a la cantante. En ella, la cantante habla de cómo ha ganado mucho dinero gracias a una plataforma de inversiones. Para darle más apariencia de veracidad, el falso reportaje se acompaña de imágenes de una visita real que la cantante sí hizo al programa que presenta Broncano en TVE.

Facua ha recordado que la red social X ya ha sido expedientada por la CNMV por permitir este tipo de anuncios "fraudulentos".

Facua ha denunciado a Eroski ante el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 por añadir durante el proceso de compra telemática a través de su web un 10% adicional al precio total por la "posible variabilidad del importe" de los artículos añadidos a la cesta.

Según ha informado en un comunicado la asociación de consumidores y ha recogido EFE, han comprobado que, cuando se realiza la compra a través de internet en este supermercado, en el apartado de final de resumen aparece un mensaje donde se informa al cliente de que debe autorizar esta subida.

Facua considera que esta práctica es abusiva, pues se le cobra un importe adicional del que no es informado hasta el momento de realizar el pago. Según la asociación, el supermercado se reserva el derecho a aumentar el precio de la compra de "manera arbitraria" por un posible encarecimiento de los productos adquiridos.

La asociación ha alegado que la Ley para la Defensa de los Consumidores establece que antes de que el consumidor quede vinculado por cualquier contrato a distancia, el empresario le facilitará de forma clara "el precio total de los bienes o servicios, incluidos los impuestos y tasas, o, si el precio no puede calcularse de antemano por la naturaleza de los bienes o de los servicios, la forma en que se determina el precio, así como, cuando proceda, todos los gastos adicionales de transporte, entrega o postales y cualquier otro gasto".

Asimismo, el Código Civil recoge que "la validez y el cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al arbitrio de uno de los contratantes".

La Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) ha sancionado este jueves a Atresmedia por publicidad encubierta de bebidas alcohólicas durante la emisión del programa El Hormiguero el 26 de junio de 2023, y le ha impuesto dos multas por importe global de 579.374 euros. En un comunicado en su página web y recoge EFE, la CNMC constata que en ese programa se mostraron imágenes y se mencionó una bebida alcohólica de 36 grados, "fuera del horario permitido para su promoción y sin advertir que se trataba de publicidad".

La acusación ha partido de FACUA-Consumidores en Acción. Según esta organización, los hechos ocurrieron durante la emisión del programa en el que estaba invitado el cantante colombiano, Maluma.

Al inicio de la entrevista, el artista invitó al presentador de El Hormiguero, Pablo Motos, a probar su nueva bebida: un mezcal llamado Contraluz, de cuya empresa es socio y que apareció durante varios minutos en primer plano en pantalla sobre la mesa del programa mientras hablaban de ella. Según Facua, ambos aparecieron ingiriendo esta bebida alcohólica, con un 36 % de graduación, en un programa de entretenimiento que Antena 3 emite en horario de prime time.

En la entrevista, según la organización de consumidores, se llegaron a hacer alusiones positivas hacia la bebida: "Te has puesto más fuerte con tu mezcal", dijo Motos al entrevistado.

Facua ha denunciado que el entrevistado era consciente de que estaba quebrando la normativa ya que en un momento de la entrevista dijo: "le voy a dar la vuelta a la botella (para que no se vea la etiqueta), que si no nos van a reñir".

En su comunicado, la CNMC insiste en que esta presentación, disfrazada como parte del contenido del programa de entretenimiento, puede inducir a los espectadores a "confusión o error".

Esta emisión vulnera el artículo 122.3 de la ley general de Comunicación Audiovisual (LGCA) que prohíbe la publicidad encubierta y el artículo 123.4 de la misma ley que regula la publicidad que fomenta comportamientos nocivos para la salud y prohíbe "la comunicación comercial audiovisual de bebidas alcohólicas con un nivel superior a 20 grados, excepto cuando se emite entre la una y las cinco horas de la madrugada".

Las dos multas (con un importe global de 579.374 euros) se han reducido un 40 %: un 20 % por reconocimiento expreso de la responsabilidad y otro 20 % por pago anticipado de la sanción.

La Unesco ha declarado al barrio granadino del Albaicín, junto con la Alhambra, Patrimonio de la Humanidad. Sus laberínticas calles y sus miradores son un reclamo dentro del esqueleto de la ciudad que ningún turista quiere perderse, lo que se ha convertido, de otro lado, en un auténtico quebradero de cabeza para los vecinos. Es más el pasado abril se creó la plataforma ciudadana Albayzín Habitable para luchar “contra el crecimiento ilimitado y corrosivo de la industria turística”. Una de sus miembros, Olalla Luque, aporta a infoLibre un significativo dato: “Hay 7.000 personas censadas, empadronas en el barrio, y las plazas turísticas, contando las hoteleras y las de apartamentos y pisos turísticos, son más de 7.000”, lamenta.

“Tenemos una compañera que vive en una calle donde hay 55 viviendas y sólo 11 son de vecinos, todas las demás son apartamentos turísticos, legales e ilegales, y hostales u hoteles. Cada vez hay menos vecinos y tiendas”, ejemplifica, para añadir: “En otra de las calles más importantes de la zona, había dos locales, uno era un bar y el otro una tienda, y los han convertido en apartamentos turísticos también”. Asegura que han realizado el trabajo de  “comprobar las casas que aparecen como turísticas en páginas de la Junta de Andalucía, con la realidad, y son muy diferentes”, critica. Han armado, de hecho, “un grupo de mapeos de apartamentos turísticos” con el que buscan lograr un dibujo “de las que son legales y las que no”, conscientes de que no es una tarea fácil. “En páginas webs como la de Mil anuncios se pueden alquilar apartamentos que ni siquiera se dan de alta como turísticos, aunque lo son, porque se ven los casilleros de las llaves puestos en las ventanas”, añade.

 “En otras ciudades como Barcelona o Valencia”, asevera Luque, “sí que hay algunos mapas sobre esto, pero en Granada no”, por lo que lo están “haciendo de forma manual”. Además, han presentado alegaciones “al borrador del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)” de la ciudad para intentar ponerle coto a ese fenómeno, como antes elaboraron propuestas ligadas a “una consulta que se hizo sobre el futuro de la vivienda turística en Granada”. Y han solicitado un encuentro con la alcaldesa, la popular Marifrán Carazo, que esperan desde mayo.

De momento no ha habido respuesta a su petición de reunión, pero ya tienen clara sus demandas que pasan por cuestiones como que “se refuercen los equipos de inspección municipal, se revoquen licencias en zonas saturadas y donde el porcentaje de vivienda turística supere el 10% del total, se prohíba la transformación de bajos comerciales en pisos del alquiler temporal, o se reduzca a 15 personas como máximo el tamaño de los grupos de turistas, que bloquean el transporte público”. “Quién va a mantener el barrio patrimonio de la Humanidad si no hay vecinos”, se pregunta Luque, quien cierra apuntando que “en otros países” del entorno europeo “ya se han puesto medidas” contra la presión turística. Y esta no decrece en el conjunto del Estado.

El país recibió 64,3 millones de visitantes internacionales entre enero y agosto de este año, lo que es un 11,2% más que en el mismo periodo de 2023 y un nuevo récord. Histórico es, asimismo, el gasto que realizaron los turistas durante su estancia, que sumó 86.471 millones de euros y creció un 17,6%, según los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Únicamente en agosto viajaron a España 10,9 millones de personas, un 7,3% más que un año antes, que desembolsaron cantidades por valor de 15.363 millones de euros, un 13% más.

En ese contexto, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto una investigación centrada en la publicidad de pisos turísticos ilegales, en el marco de sus competencias. “No podemos consentir que miles de viviendas que no disponen de licencia para esa actividad, sigan ejerciendo como tal”, ha defendido su máximo responsable, Pablo Bustinduy. A través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) propusieron a las ciudades que se adhirieran a la iniciativa. “La premisa es muy clara: si una vivienda no dispone de licencia para su uso turístico, la publicidad de ésta es ilegal y deber ser perseguida”, en palabras del ministro, para quien es “una manera de intervenir en una realidad que está afectando muy negativamente a la vida de millones de personas”, al tener “un impacto enorme sobre la oferta disponible de viviendas en alquiler, los precios y sobre el tejido social porque se están vaciando barrios”, según expuso en RTVE.

Si bien, por ahora, de acuerdo a lo trasladado por el ministerio a este periódico, sólo han “recibido información por parte de 36 municipios, correspondientes a diez comunidades autónomas” distintas. Cuando en España, a la luz de datos del INE de nuevo, hay un total de 8.132, es decir, que se han implicado el 0,4% del global, aunque no todos padecen los efectos de la llamada turistificación. Con todo, desde el área del Gobierno que comanda Bustinduy quieren dejar claro que la Dirección General de Consumo continuará adelante con unas “actuaciones tendentes a perseguir la publicidad de pisos turísticos que no cuentan con la habilitación preceptiva”. Al tratarse de acciones que “están abiertas”, han rehusado aportar más detalles sobre el asunto, para remitirse a lo comentado por Bustinduy, quien sí ha afirmado que “en ciudades como Madrid, hasta el 90% de las viviendas que se destina al alquiler turístico de corta duración, no dispone de licencia para ello”.

¿En qué puede acabar el proceso arrancado por el ministerio? El secretario general de Facua-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, cree que con multas. Mantiene que “es necesaria la colaboración entre el ministerio, las comunidades autónomas y los ayuntamientos para que cada uno actúe en el marco de sus competencias” de cara a “sancionar a las empresas que incurren en alquileres ilegales de pisos turísticos”. A su juicio, mientras el departamento ministerial de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, “puede sancionar a las plataformas que hagan publicidad ilícita a nivel nacional”, las autonomías y los municipios “pueden multar en sus respectivos ámbitos” territoriales y competenciales.

“¿Es normal que alguien sin licencia para esa actividad abra un bar, lo publicite y haga negocio, mientras los establecimientos legales a su alrededor intentan hacer las cosas bien y pagan impuestos?”, lanzan otras fuentes de la órbita de Sumar, para responderse: “No". "Pues con los alquileres turísticos debe ser igual. Si quienes especulan con esas viviendas sienten que se les vigila y se les multa, tendrán menos incentivos para hacer lo que hacen”, concluyen. Toca esperar todavía para conocer el resultado de la conjura del Ministerio de Consumo, de la mano de aún pocos municipios, contra los pisos ilegales.

Facua-Consumidores en Acción ha reclamado a RTVE que abone los gastos de transportes, comida y alojamiento a los afectados por la suspensión —por la sospecha de una filtración de preguntas del examen— de las oposiciones a personal fijo del ente público en la categoría de informador previstas para este domingo, según informa EFE.

El secretario general de Facua, Rubén Sánchez, ha dicho este lunes en rueda de prensa que espera además que la empresa pública ponga en marcha "de inmediato" un protocolo ágil y rápido para facilitar a los afectados la presentación de sus reclamaciones.

El objetivo es que puedan ver abonados en los próximos días todos los gastos vinculados a su desplazamiento a Madrid para presentarse a las oposiciones. La asociación de consumidores espera igualmente que se depuren responsabilidades una vez se averigüe el origen de la supuesta filtración del contenido del examen.

Los hechos, ha indicado, han supuesto un "grave perjuicio" para miles de profesionales y un "desgaste en la credibilidad" de la Corporación de Radio y Televisión Española que obliga al desarrollo de una investigación "al máximo nivel" para conocer lo ocurrido y evitar que se repita en el futuro.

Asimismo, la asociación considera inaceptable la "falta de transparencia" por parte de RTVE durante el domingo y que los alumnos fueran informados de la suspensión "casi una hora después de la prevista para el inicio de la prueba".

Facua-Consumidores en Acción y otras entidades como el despacho de abogados Legálitas han animado a los afectados por las cancelaciones de conciertos hasta marzo en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid a que reclamen daños y perjuicios por los gastos en que hubiesen incurrido y no vayan a recuperar.

En un comunicado emitido este lunes, Facua cita en concreto "el pago de los billetes de transporte y alojamientos hoteleros cuyo dinero no vayan a recuperar o de los que sólo puedan recuperar una parte", a lo que Legálitas añade que se podrá hacer "siempre que estos daños sean demostrables y cuantificables desde un punto de vista objetivo".

Ambas coinciden en que los afectados tienen derecho al reembolso íntegro de las entradas, aunque Facua va más allá al subrayar que están "incluidos los gastos de gestión" y que los afectados "no tienen por qué esperar a conocer las nuevas fechas de los conciertos".

Legálitas ha especificado que las reclamaciones deben realizarse a la empresa organizadora del evento, esto es, a la promotora, y no al estadio Santiago Bernabéu, "ya que no existe relación contractual alguna con el mismo" de manera directa. Para cursarlas, ha recomendado dirigir una reclamación por escrito "dejando constancia de que la reciben" con todos los justificantes de los gastos que se puedan reclamar.

Facua ha solicitado asimismo al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que aclare si desde el consistorio se le ha abierto un expediente sancionador al Real Madrid, propietario del estadio, por vulnerar las ordenanzas en materia de ruido.

El club deportivo anunció el viernes la suspensión provisional de los conciertos en su recinto en el Paseo de la Castellana de Madrid hasta que se verifique que se cumple de forma estricta la normativa municipal vigente, especialmente en materia de ruido por el que se quejan los vecinos.

Con eventos pendientes de celebración como los promovidos por Aitana, Dellafuente o Lola Índigo, algunos de ellos con todas las entradas ya vendidas, Facua estima que se habrán visto afectados por la medida unas 250.000 personas. En el caso de Aitana, la artista catalana anunció de manera casi inmediata la reprogramación de sus "shows" de los días 28 y 29 de diciembre al 27 y 28 de junio de 2025.

Facua-Consumidores en Acción ha vuelto a denunciar un "pacto de no agresión" entre las cadenas de supermercados por el precio del aceite de oliva tras comprobar que las enseñas han fijado el mismo precio en la última semana, según informa Europa Press. En concreto, la organización de consumidores ha detectado que tras el anuncio de Mercadona de la semana pasada de bajar los precios en los aceites de oliva, le siguieron Alcampo, Carrefour y Dia un día después, mientras que ya han bajado también Hipercor, Aldi y Lidl.

"Entendemos que hay un pacto de no agresión, hay que investigar si esto es un acuerdo, un pacto colusorio que pudiera vulnerar la Ley de defensa de la competencia, pero aunque no la vulnerara, lo que está claro es que esas cadenas de supermercados, que continuamente repiten que tienen un alto nivel de competencia en nuestro país, están comportando en un régimen de oligopolio, donde incluso deciden, pactan tácitamente en cualquier caso, no agredirse y no competir en productos que son claves para los consumidores", ha denunciado el secretario general de Facua, Rubén Sánchez.

Sánchez ha recordado que tras la reciente bajada de Mercadona, inicialmente las otras tres cadenas de supemercados la imitaron "sencillamente para no agredirse, para no competir, para no forzar a que ninguna cadena tenga un precio mucho más bajo que la otra", para que en la actualidad las seis cadenas de supermercados ya "cobran exactamente lo mismo por la botella de un litro de aceite de oliva suave o intenso".

De esta forma, Mercadona aplicó el miércoles 21 de agosto una bajada en los diferentes formatos de sus aceites de oliva intenso y suave. En el caso de las botellas de un litro, pasaron de 7,62 a 6,95 euros (0,67 euros menos). Apenas unas horas después, la plataforma de Facua detectó que Dia, Alcampo y Carrefour también bajaron sus precios a 6,95 euros. El pasado viernes fue Hipercor quien bajó de 8 a 6,95 euros el precio del litro de aceite de oliva intenso y suave de su marca blanca, mientras que Aldi bajó el precio del el aceite de oliva suave e intenso de su marca Olearia del Olivar de 7,55 a 6,95 euros.

La organización de consumidores ha alertado de que los supermercados ya se comportaron de igual manera hace unas semanas con el aceite de oliva virgen de marca blanca, pasando a fijarse un precio de 7,90 euros la botella de litro. En cuanto a los aceites de oliva virgen extra, los precios no han variado durante las últimas semanas después de la bajada que todas las grandes cadenas de supermercados aplicaron, también de forma paralela, a mediados del pasado mes de julio.

Facua ha recordado que presentó en julio una nueva denuncia ante la Dirección General de Consumo en la que ponía de manifiesto subidas y bajadas de precios paralelas en las marcas blancas de aceite de oliva de ocho grandes cadenas de supermercados y cree que el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que ha realizado un requerimiento de información a las enseñas, con la información aportada, podría "perfectamente" abrir un expediente sancionador.

Mientras que lamenta que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sigue sin contestar a la denuncia presentada en noviembre de 2023 en la que ya advertía de este mecanismo de fijación de precios en las marcas blancas de aceite de oliva y le pedía la apertura de una investigación al respecto para determinar si las cadenas están vulnerando la Ley de Defensa de la Competencia. "Queremos que haya una investigación, una resolución y haya una valoración jurídica y técnica por parte de competencia al respecto", ha señalado el portavoz de Facua.

Sánchez también ha criticado la falta de actuación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y cree que "ha decidido mirar hacia otro lado y proteger los intereses de la gran industria alimentaria y de las cadenas de supermercados que han venido inflando sus márgenes de beneficio". Además, ha lamentado que ninguna de las comunidades autónomas, que tienen potestad en este ámbito, ha anunciado ningún tipo de medidas al respecto, con lo cual las 17 autonomías "están eludiendo sus competencias ante subidas de precios que están erosionando gravemente la economía de los consumidores".

De esta forma, Facua reitera que con los datos recabados en sus análisis se puede concluir que existen indicios suficientes para sospechar de la existencia de irregularidades en los mecanismos de fijación de precios de las ocho cadenas de supermercados denunciadas, por los que habrían venido aplicando ilegalmente subidas de márgenes de beneficios en distintos meses de 2023 y 2024.

Facua-Consumidores en Acción ha lanzado una web para vigilar a diario la evolución del precio del aceite de oliva y otros productos básicos en seis grandes cadenas de supermercados, según informa en un comunicado.

En concreto, la organización de consumidores ha puesto en marcha super.FACUA.org, donde los consumidores podrán conocer las oscilaciones en los precios de cada producto, compararlos entre supermercados y descubrir cuáles son los que más han subido.

De esta forma, la plataforma rastreará los precios de cientos de alimentos que están en los lineales de Alcampo, Carrefour, Dia, Eroski, Hipercor y Mercadona.

"Se trata de una herramienta con la que pretendemos empoderar a los consumidores. El objetivo es que todos podamos convertirnos en vigilantes del mercado y sepamos quién, cuánto y cuándo aplica subidas de precios en los alimentos", ha señalado el secretario general de Facua, Rubén Sánchez.

De esta forma, los primeros productos que están siendo monitorizados desde el pasado mes de julio son aceites de oliva, aceites de girasol y la leche, pero ha avanzado que está previsto incorporar nuevas categorías en los próximos meses.

Multa histórica a compañías aéreas de bajo coste por prácticas consideradas abusivas como cobrar a los pasajeros por llevar equipaje de mano, la selección de asiento cuando se acompaña a una persona dependiente, con alguna discapacidad o a menores, e imprimir las tarjetas de embarque. El Ministerio de Consumo, además de Derechos Sociales y Agenda 2030, ha impuesto más de 150 millones de euros de sanción en concreto a cuatro aerolíneas: Ryanair, Volotea, Vueling y EasyJet, como ha adelantado la cadena SER. La primera, que fue la que empezó a cobrar por el equipaje de cabina, en noviembre de 2028, ha recibido la mayor multa. Tras ella se ha situado Vueling, a la que le siguen a mayor distancia, EasyJet y Volotea, según han explicado desde la organización Facua-Consumidores en Acción, que interpuso la primera denuncia ligada al pago por el equipaje en cabina ante el ministerio en octubre de 2021.

Ha concluido así el expediente que abrió Consumo en junio de 2023 para investigar si estas prácticas de las compañías eran abusivas o desleales y si contravenían, de manera generalizada, la normativa vigente. No obstante, las afectadas ya han hecho público que recurrirán ante el departamento de Consumo que capitanea Pablo Bustinduy, al defender que cumplen la normativa europea. Aunque el Tribunal de Justicia de la UE fijó, en un proceso vinculado a Vueling, que, en particular los bultos de mano, no pueden "ser objeto de un suplemento de precio", cuando respondan a unas "exigencias razonables de peso y dimensiones".

Si al final el ministerio sigue adelante con las sanciones y las convierte en firmes, a las compañías señaladas aún les quedará la vía judicial. Es decir, seguirán cobrando un cargo extra por estos servicios hasta que un juzgado diga lo contrario. Por el momento, el presidente de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), a la que pertenecen las cuatro compañías sancionadas, Javier Gándara, ha aseverado que “no habrá ningún cambio en la política comercial" de éstas.

Pero lo sucedido tiene relevancia. “Hoy es un día para poner en valor la existencia de un Ministerio de Consumo” que “tenga potestad sancionadora”, ha defendido en su perfil de la red social X -antes Twitter- Rubén Sánchez, secretario general de Facua. Y es que se trata de las primeras multas con las que la autoridad de Consumo del Gobierno de España ha gravado a empresas de envergadura desde que asumió esa potestad en mayo de 2022. Para poder llegar ahí hubo que modificar la ley general para la defensa de los consumidores, lo que se hizo en la etapa del anterior titular del ministerio, Alberto Garzón, dado que era una competencia exclusiva de las administraciones del ramo de autonomías y municipios.

"Ryanair y Vueling sobre todo han ingresado muchísimos millones con el cobro del equipaje de mano. Seguro que la multa es inferior al beneficio ilícito, pero los 150 millones de hoy no es a lo que estamos acostumbrados", mantiene Sánchez. De ahí que crea que la actuación del Gobierno "marca un punto de inflexión a nivel político" en el país, "en cuanto a la protección de los consumidores frente a fraudes masivos". Y lo piensa porque, "lamentablemente, desde que en el año 84 la ley otorgara a las comunidades autónomas potestad para poner sanciones, nunca han sido realmente contundentes con las grandes empresas". "A las pequeñas -matiza- sí les han podido imponer cantidades que proporcionalmente a su volumen de negocio o a sus beneficios fueran significativas. Pero a una macroempresa, la más alta hasta hoy era de 3,5 millones y fue de la Junta de Andalucía a Unicaja, tras una actuación de Facua. Pero sólo estimaron el beneficio ilícito por unos cuantos consumidores que también denunciaron, no hicieron un cálculo global de todas las hipotecas vendidas en Andalucía con cláusulas suelo y salió esa cifra de vergüenza", critica.

La segunda cuantía más alta se la impuso "la Comunidad de Madrid a Movistar, una de las tres compañías a las que multó por el redondeado al alza, cuando cobraban el primer minuto de cada conversación telefónica completo, aunque durase menos. Fue de algo más de 2 millones. Dinero que Movistar recaudaba en unas horas con el redondeo", recuerda. Y añade: "Han sido sanciones de broma y se estaba trasladando desde las comunidades casi la idea de que se podía robar lo que quisieran, ya que iban a pagar un pequeño peaje". Desde esa convicción insiste en que "los 150 millones" constituyen "un cambio radical".

Es previsible, asimismo, que no sean las únicas sanciones que se comuniquen por la vía de Consumo. Facua ha denunciado más incumplimientos de normativa y su secretario general anota a Infolibre que "ya hay otros expedientes sancionadores abiertos" asociados a entidades de crédito, o a la organizadora del Reggaeton Beach Festival, un macroevento de reguetón que se celebra en once ciudades españolas en el que, entre otras cuestiones, se impide el acceso a los recintos con comida y bebida del exterior o pagar en efectivo dentro. A ellos se suman otros ligados a aerolíneas por temas como "no facilitar de forma clara un teléfono gratuito de atención al consumidor". Punto en el que se ha podido actuar, de nuevo gracias a que en la época de Garzón a los mandos de la cartera "se reformó la ley general de defensa de consumidores para obligar a las empresas de servicios básicos de interés general a dar esos números gratuitos", resume Sánchez. "Hay sectores donde se incumple, uno de ellos el aéreo", avisa, para apuntar que Facua "ha denunciado a cientos de empresas" por no proporcionarlos de forma transparente. 

Junto a lo expuesto, une que el ministerio "está haciendo un seguimiento bastante potente de prácticas ilícitas llevadas a cabo por los denominados influencers" relacionadas con asuntos como el que "hagan ver que su mensaje es una valoración real y espontánea de un producto, cuando en realidad es publicidad pagada, encubierta", afea.

A juicio de la organización que ha impulsado muchas de esas reclamaciones, el departamento de Bustinduy "se puede enfrentar a miles de casos a nivel sancionador por los abusos que sufren los consumidores". Si bien, consideran que se deberían priorizar tres sectores: los “reyes del fraude”. Aluden a "la banca, las telecomunicaciones y la energía", además del aéreo, "al que ya están atacando". "Se hacen ofertas de publicidad engañosa, que algunas podrían ser denunciables, y hay elementos de cláusulas o prácticas abusivas como determinados tipos de contratos de permanencia, penalizaciones, cobros de servicios no solicitados y que te cuelan en el contrato… en el ámbito de las telecos o la energía", indica. Y respecto al bancario señala que "también hay cláusulas abusivas que pueden ser sancionables por falta de transparencia en los contratos, por ejemplo, en relación a los tipos de interés usureros que se aplican y a lo que se vende a los consumidores de forma opaca, no tanto la gran banca, como las entidades de crédito que se anuncian por internet", advierte.

Por lo expuesto, Sánchez no duda de que la hilera de sanciones continuará, si bien augura que no serán cuantías tan elevadas como los 150 millones ni serán muy rápidas. ¿El motivo? "Si el ministerio tuviera medios, tendría abiertos cientos de expedientes sancionadores más. El gran problema es que cuenta con una plantilla muy reducida y necesita inspectores", afirma. Y lanza para cerrar otra idea: "Consumo sirve para recaudar ante grandes robos a los consumidores, al igual que el Hacienda cuando detecta a los infractores".

No es la primera vez que Manos Limpias denuncia a un político o a su entorno. Además de la querella a Begoña Gómez que ha sido admitida a trámite, la organización ultra también intentó imputar a Rubén Sánchez, actual secretario general y portavoz de FACUA. Se enteró de su denuncia en 2013 a través de un teletipo de Europa Press en el que se le acusaba por la emisión de facturas falsas vinculadas a UGT Andalucía.

Rubén Sánchez explica a infoLibre que “en ese momento sufrió una crisis personal muy fuerte". Dos días después de que trascendiera la denuncia, el dirigente de FACUA empezó a notar el acoso mediático en una rueda de prensa. Un periodista de ultraderecha le preguntó si iba a dimitir. “En ese momento no entendía por qué estaba en el punto de mira de Manos Limpias”, asegura el activista.

Una vez se abrió la instrucción, Sánchez confiesa que se dio cuenta “de quién estaba detrás de toda la cacería mediática y judicial”. Descubrió, afirma, que quien había encargado la denuncia era Luis Pineda. El presidente de una supuesta asociación de usuarios de banca, Ausbanc, utilizó a Manos Limpias para intentar llevarlo ante la Justicia. Una acusación a la que se sumó el Partido Popular de Andalucía.

A pesar de que no había pruebas en contra de Sánchez y contaba con el apoyo de su entorno señala que “estuve dos años sin saber que iba a pasar”. En 2015, un juez de Sevilla decidió no imputarle al considerar que no había ningún indicio ni sospecha. El activista confiesa que, por encima del riesgo de la imputación, lo que más daño le hizo a él y a su familia fue la artillería mediática que realizó Pineda. 

A través de su revista económica, Mercado de Dinero, su cuenta de Twitter y filtraciones a otros medios de comunicación, Pineda llegó a acusar a Sánchez de ser “el hombre más corrupto de España" y le presionó constantemente para que presentara su dimisión. Las difamaciones e insultos también los trasladó a la calle.

Sánchez explica que “la cacería llegó hasta tal punto que había marquesinas con una caricatura mía en Sevilla acusándome de corrupto”. Además, según cuenta el dirigente de FACUA, utilizó esta estrategia también en la ciudad de su mujer, Málaga, para “atacar a la otra parte de su familia".

Viendo lo que ha ocurrido con la esposa de Pedro Sánchez, el activista explica que Pineda también atacó a su mujer. “Intentó atacar a mi mujer para destruirme a mí”, señala el dirigente de FACUA. Se publicaron fotografías de su esposa en los medios afines al líder de Ausbanc e incluso llegó a difamarla acusándola de estar relacionada con los supuestos delitos de su marido. Sánchez confiesa que su mujer no lo llevó nada bien y provocó que "viviéramos tiempos muy difíciles en casa".

Ante la falta de pruebas, indicios y sospechas que expresó el juez, Sánchez denunció a Pineda por difamación. Sánchez exigió una indemnización de alrededor de 100.000 euros que la Justicia aceptó y que Pineda recurrió. El activista explica que finalmente "acabó el año pasado de ingresarme toda la cuantía exigida".

Antes de la denuncia de Manos Limpias, Rubén Sánchez ya había denunciado a Pineda. Consiguió que le indemnizara con 4000 euros, pero más allá de lo económico, Sánchez destaca que "esa sentencia fue pionera al obligar a que Pineda tuviera que publicar el dictamen durante 30 días consecutivos en su cuenta de Twitter". Su entrada en prisión provisional por el caso Ausbanc le obligó a que continuara haciéndolo desde prisión. Sánchez cuenta que "a Pineda le reservaban una sala y un móvil para que cumpliera con las publicaciones de la sentencia".

Los alimentos se han encarecido hasta un 875% del campo a los lineales de los supermercados, según ha destacado este martes la organización de consumidores Facua-Consumidores en Acción y ha recogido Europa Press.

La organización ha explicado que en este análisis se han tenido en cuenta trece productos entre los que hay frutas, verduras, legumbres, huevos y aceites de girasol.

Facua ha recordado que lleva años pidiendo al Gobierno que impongan un doble etiquetado, de manera que los consumidores puedan conocer cuanto han cobrado los agricultores por los productos que se venden en los supermercados.

En este contexto, el doble etiquetado ofrecería la posibilidad de conocer "qué empresas inflan más sus márgenes de beneficio y cuáles castigan más al sector primario obligándoles a ajustar excesivamente sus precios".

Por ejemplo, el aceite de girasol se paga al agricultor a 0,96 euros el litro, mientras que su precio medio en los puntos de venta es de 2,00 euros el litro, un 108% más.

Asimismo, el kilo de limones en origen se pagaba a principios de enero a 0,20 euros, mientras que el precio por kilo en los puntos de venta esta, de media, a 1,79 euros, un 695% más caro.

El Ministerio de Consumo solo ha durado una legislatura como una cartera independiente. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, creó ese ministerio en enero de 2020, separándolo del departamento de Sanidad, aunque inicialmente no estaba en sus planes. En la primera conversación que el socialista mantuvo con el líder de Podemos, Pablo Iglesias, solo veinticuatro horas después de las elecciones de noviembre del 2019, esa cartera no estaba en el reparto y tampoco el nombre de quien la ha dirigido estos últimos cuatro años: Alberto Garzón. Semanas después, y tras el malestar expreso mostrado por Garzón, Iglesias acabó convenciendo a Sánchez de la conveniencia de no dejar fuera al líder de Izquierda Unida, uno de los espacios políticos que conformaban Unidas Podemos.

Sin embargo, a lo largo de la pasada legislatura el presidente del Gobierno llegó a arrepentirse de haber cedido ante Iglesias después de que Garzón protagonizara algunas polémicas en torno a sectores clave de la economía española como el turismo o la ganadería. "No sé si yo buscaba la polémica o la polémica me buscaba a mí", llegó a decir, entre risas, el exministro del ramo durante el traspaso de carteras. Para Sánchez la presencia de Garzón en su gabinete resultaba a todas luces incómoda y el nombre del líder de Izquierda Unida estuvo en más de una en la rampa de salida del Ejecutivo, aunque, como en cualquier coalición de gobierno, no podía hacerlo sin el beneplácito de Iglesias y, más tarde, de la vicepresidenta Yolanda Díaz.

Así, se entiende mejor la decisión de Sánchez de que Consumo forme parte del ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, dirigido por Pablo Bustinduy, uno de los cinco ministros de la 'cuota' Sumar. Aunque Consumo recae, de nuevo, en el socio minoritario de la coalición y Bustinduy prevé seguir el trabajo de su antecesor —ha mantenido al equipo directivo de Garzón—, asociaciones de consumidores como FACUA o la OCU lamentan la pérdida de protagonismo y visibilidad de las políticas de protección a los consumidores y recuerdan que se han quedado muchas normas en el tintero como la ley de servicios de atención a la clientela (SAC).

"Somos críticos, como no podía ser de otra manera, con el hecho de que se baje el rango de las políticas de consumo", asegura el secretario general y portavoz de Facua, Rubén Sánchez, en conversación con infoLibre. "Por primera vez en democracia teníamos un ministerio de Consumo que no estaba dentro de otro con más competencias", prosigue. Sánchez cree ese reconocimiento era esencial para proteger a los consumidores y luchar contra los fraudes empresariales, aunque admite que Garzón centró más su mandato en las políticas contra el juego y la promoción de hábitos saludables. "Ese ha sido un gran fallo, pero en cualquier caso desarrolló avances legislativos superiores a los de los tres anteriores ministerios con competencias en consumo juntos", señala.

El portavoz de Facua lamenta, a su vez, que Consumo no tenga una secretaría de Estado dentro del organigrama ministerial y que "ni tan siquiera" se le haya dado rango de secretaría general "en exclusiva" al Consumo, sino que en esa categoría también se incluye Juego. La persona que estará al frente de ese cargo será la misma que en la pasada legislatura, Bibiana Medialdea. A modo de ver del portavoz no es la mejor manera de comenzar, aunque da un voto de confianza a Bustinduy. "Es importante que al menos la palabra consumo esté dentro de ese nuevo ministerio", argumenta.

Por su parte, la responsable de comunicación de la Asociación de usuarios financieros (Asufin), Verónica Rodríguez, también lamenta la pérdida de la cartera ministerial. "Nosotros en su momento celebramos mucho que por primera vez los temas de consumo tuvieran un departamento ministerial propio", señala, al tiempo que reconoce que eso les resta "visibilidad" en la agenda pública. Sin embargo, cree que "es positivo" que Bustinduy mantenga al anterior equipo y considera que lo que no se debe "perder de vista" son las políticas que pongan sobre la mesa esta legislatura.

El portavoz de Facua considera que el nuevo ministerio debe asumir la necesidad de desarrollar políticas de protección de los consumidores y lucha contra el fraude. "No solamente a nivel de desarrollo legislativo, sino también de acción de gobierno en cuanto al control del mercado y la actuación contra las empresas que cometan abusos", señala. Sin embargo, señala que para eso un ministerio "necesita medios" y que el anterior "era muy pequeño": "No creemos que ahora tenga un gran cuerpo de inspectores para desarrollar esa labor. Sospechamos que tienen exactamente los mismos", lanza, y adelanta que esa será una de las reclamaciones que realizarán a Bustinduy.

En ese sentido, critica que Garzón no se ha caracterizado por ser un ministro que señalaba los fraudes o que advertía a las empresas de que estaban incurriendo en prácticas fraudulentas. "Ni siquiera dio a conocer algunos de los expedientes sancionadores que se hicieron públicos al final de la legislatura, la mayoría de ellos también fruto de denuncias de Facua. A nosotros eso nos preocupaba y nos hubiera gustado que el ministro hubiera tenido un perfil distinto a nivel discursivo", señala Sánchez.

Rodríguez también señala que tiene que haber un sistema sancionador para las empresas que comentan fraudes. "Si no lo hay o lo hay pero no se aplica, las empresas no tienen ningún elemento disuasivo para seguir llevando a cabo malas prácticas", afirma. La responsable de Asufin traslada, en ese sentido, que muchas veces los consumidores acaban disuadiendo porque el proceso de litigar suele ser muy costoso.

Para Facua es imprescindible que el ministerio que ahora arranca tenga "una mayor labor de control del mercado" y que sea "más transparente" en cuanto a la apertura de expedientes sancionadores, es decir, que comunique públicamente a qué empresas se les detecta posibles infracciones. Para ello considera que los Presupuestos Generales del Estado tienen que dotar "de muchos más inspectores" al Ministerio en el ámbito de la protección de los consumidores. "Por mucha voluntad política y técnica que le pongan los políticos, si no hay medios suficientes no se puede llegar hasta donde hace falta".

Para Asufin lo primero que tiene que hacer el ministerio es aprobar los proyectos que quedaron pendientes la pasada legislatura como la Autoridad del Cliente Financiero, que consistía en la creación de una nueva agencia de supervisión para unificar los criterios para gestionar las reclamaciones entre clientes y entidades bancarias. "Se le tiene que dar impulso", afirma Rodríguez, que también señala que hay que avanzar para hacer frente a problemas como el ciberfraude y dar más paso para que los mayores o las personas con discapacidad no estén excluidos.

La organización de consumidores Facua-Consumidores en Acción ha asegurado este martes que el Ministerio de Consumo está investigando decenas de acuerdos suscritos por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) con empresas tras una denuncia interpuesta por ella misma el pasado mes noviembre, según informa Europa Press.

En su denuncia, Facua considera que la OCU vulnera la prohibición de "realizar comunicaciones comerciales de bienes y servicios" y su deber de independencia, señala en un comunicado de prensa.

Facua añade que Consumo, cuya investigación ha sido adelantada por El País, espera desde hace meses que la OCU le conteste a un requerimiento de información sobre el acuerdo que anunció en 2021 con Facebook.

Se trata de un convenio por el que la organización retiró una demanda contra la multinacional por irregularidades en materia de protección de datos en la que reclamaba indemnizaciones para decenas de miles de consumidores, que finalmente no recibieron, según relata Facua en el comunicado.

Igualmente, según la denuncia de Facua, numerosas compañías pagan una comisión a una sociedad instrumental de la OCU por cada cliente que les capta a través de publicidad de sus ofertas.

Facua señala que en la última década lo han hecho al menos ocho energéticas, un grupo de telecomunicaciones, un intermediario financiero y una aseguradora.

En su denuncia, Facua también expone una serie de ejemplos de mensajes publicitarios lanzados por la OCU en su página web y en sus revistas para promover la contratación de servicios de distintas empresas.

Señala que en algunos casos no solo los publicita, sino que llega a avalar la calidad de los servicios ofertados sin que realmente verifique cómo se prestan y de asegurar que han sido valorados por "expertos de la OCU cuando es la empresa en cuestión la que los valora".

En los casos que Facua ha podido documentar, las comisiones oscilan entre 18,15 y 80 euros por cliente captado, aunque en uno de ellos la cantidad es variable, al tratarse del 0,2% del importe de los préstamos hipotecarios que los usuarios suscriban a través de un intermediario (unos 300 euros en el caso de una hipoteca media).

Según Facua, la empresa que recibe los pagos es OCU Ediciones. La OCU solo es propietaria del 10% de dicha empresa, mientras que el 90% está en manos de la asociación belga Test Achats/Test Aankoop.

Ambas organizaciones forman parte del grupo internacional Euroconsumers, que integra a asociaciones de consumidores y sociedades mercantiles instrumentales en España, Bélgica, Italia, Brasil y Portugal, país en el que también posee una inmobiliaria y una consultora de inversiones financieras.

Además, Facua asegura que el entramado cuenta con otra mercantil en Luxemburgo (Euroconsumers), una fundación en Países Bajos (Stichting International Consumer Interests) y, hasta hace poco, una empresa en Hong Kong (Worldcado Limited), que cerró poco después de trascender que su director estaba al frente de una sociedad en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha desmentido que el Ministerio de Consumo esté investigando decenas de acuerdos suscritos por la propia asociación con empresas tras una denuncia interpuesta por Facua-Consumidores en Acción el pasado mes noviembre y ha asegurado que desde el comienzo de su actividad ha cumplido "de forma escrupulosa" con todas las obligaciones impuestas que garantizan la independencia de sus actuaciones.

En un comunicado, la organización ha tachado de informaciones "tendenciosas" las vertidas por Facua y ha subrayado que "todas las actividades llevadas a cabo de forma legítima tienen como objetivo mejorar la posición en el mercado de sus socios y de los consumidores en general, facilitándoles el acceso a diferentes bienes y servicios en mejores condiciones de información y de mercado, garantizando la independencia de la organización".