Las sanciones a constructoras por fraudes en las licitaciones

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) dictó el pasado 5 de julio la resolución en el expediente incoado contra grandes empresas constructoras por prácticas colusorias, restrictivas de la competencia y contrarias a los artículos 38 de la Constitución, 1 de la Ley de Defensa de la Competencia y 101 del Tratado de Funcionamiento de la UE. Son prácticas colusorias aquellos acuerdos entre empresas, decisiones o recomendaciones colectivas y prácticas concertadas que tengan por objeto impedir, restringir o falsear la competencia en todo o en parte del mercado nacional.

Los poderes del Estado deben garantizar el valor constitucional de la libre competencia en el marco de una economía de mercado, con la defensa de la concurrencia y la competencia entre empresas en las licitaciones públicas y mediante la aplicación vigilante de la normativa. Son inadmisibles las prácticas fraudulentas realizadas por empresas en los procesos de licitación y contratación pública.

Pues bien, la CNMC, como culminación de un largo expediente, ha impuesto multas por un total de 203,6 millones de euros a seis de las principales constructoras españolas: Acciona (29,4), Dragados (57,1), FCC (40,4), Ferrovial (38,5), Obrascón Huarte Lain (21,5) y Sacyr (16,7). La razón es haber alterado, en el periodo de 1992 a 2017, miles de licitaciones públicas destinadas a la edificación y obra civil de infraestructuras.

Las conductas y modus operandi de las grandes constructoras se resumen en que se reunían semanalmente para analizar las licitaciones de obra pública que se habían publicado en diferentes plataformas de contratación del Estado. Las empresas intercambiaban información comercial sensible; por ejemplo, su intención de concurrir o no a licitaciones, la intención de formar UTE (Unión Temporal de Empresas) y los miembros que las integrarían o quienes compartirían una parte o la totalidad de los trabajos que compondrían las ofertas técnicas para las licitaciones. Los trabajos se encargaban conjuntamente a empresas o consultoras externas.

A lo largo de los 25 años la CNMC ha constatado que nos enfrentamos a malas prácticas continuadas por parte de empresas que operan en obras de fomento, como la construcción y edificación de infraestructuras como hospitales, puertos, aeropuertos y carreteras. Estas constructoras actuaron poniéndose de acuerdo para no respetar las normas y procedimientos que defienden la libre competencia y burlar la ley. Su objetivo es obtener el máximo de adjudicaciones de obras en las licitaciones de las Administraciones Públicas. Sus efectos han sido especialmente dañinos para el funcionamiento de una sociedad democrática, ya que afectaron y contaminaron miles de concursos públicos convocados por las Administraciones Públicas.

Además, se han producido otras resoluciones similares de la CNMC. Por ejemplo, el 20 de agosto de 2021 comunicó que había desmantelado un cártel de 12 empresas (Acciona, Aceinsa, Alvac, ACS, Elecnor, Copasa, Elsamex, Elsan, Ferrovial, Copcisa, FCC y Sacyr) que alteraba el resultado de licitaciones de los servicios de conservación y explotación de carreteras de la Red de Carreteras del Estado. El cártel consiguió 71 de las 101 licitaciones del Ministerio de Fomento entre 2014 y 2018 con adjudicaciones por importe de 530 Millones. El total de las multas ascendió a 61,28 millones de euros y se activó la prohibición de contratar con la Administración.

La CNMC impuso, el 1 de octubre de 2021, una multa de 127,8 millones a las principales empresas de sistemas de seguridad, señalización y comunicaciones para la red ferroviaria convencional y de alta velocidad. Durante 15 años formaron un cártel que repartió de forma fraudulenta 82 licitaciones convocadas por Adif con un valor de más de 4.142 millones de euros. Este fraude impactó de lleno en el erario público ya que las empresas encarecieron el precio a pagar por Adif en este tipo de contratos. Según la CNMC, las prácticas de este cártel (Alstom, Bombardier, Cafs, Cobra, Nokia, Siemens Rail, Siemens S.A. y Thales) han sido especialmente dañinas ya que, en algunos casos, los efectos del fraude se prolongan hasta 2040 por el periodo de vigencia de algunas de las licitaciones adjudicadas.

Por otra parte, se da el caso de las 15 empresas del denominado cartel del AVE que en marzo de 2019 fueron sancionadas por la CNMC con 118 millones de euros. Se repartieron, durante 14 años, los concursos públicos para obras de electrificación y electromecánica, tanto de la red del AVE como de las líneas convencionales. Este otro grupo de empresas (Cobra, Elecnor, Siemens, Semi, Inabensa, Alstom, Cymi, Isolux, Electren, Comsa, Indra, Neopul, Telice, Eym y Citracc) actuó de común acuerdo para obtener de forma fraudulenta 200 proyectos ferroviarios por valor de 1.000 millones de euros en obras cofinanciadas con fondos europeos.

El Congreso tiene que apoyar a la CNMC en su trabajo como organismo regulador que desarrolla una acción compleja contra las prácticas colusorias de empresas

Los acuerdos colusorios sancionados han supuesto una menor variedad y calidad de las ofertas técnicas al producir efectos negativos sobre las empresas competidoras que concurrieron a las licitaciones en desventaja frente a las empresas del grupo, ya que tuvieron que acometer un mayor coste para la preparación de las proposiciones técnicas y no disponer de la misma información estratégica que las empresas agrupadas.

El Gobierno ha de rechazar el comportamiento de todas las empresas cuyas prácticas fraudulentas han sido sancionadas por la CNMC. Actitudes que representan una grave infracción a la libre competencia empresarial, al erario público por los sobrecostes que genera y a la necesaria integridad empresarial. De ahí que el Gobierno disponga de la capacidad de aplicar la sanción de la prohibición de contratar, una vez que haya sentencia firme y de acuerdo con la Ley de Contratos del Sector Público.

La presidenta de la CNMC, Cani Fernandez, en su comparecencia ante el Congreso, en marzo de 2022, advirtió que “la detección de cárteles para evitar la manipulación de licitaciones en la contratación pública es una prioridad para la CNMC. Si en condiciones normales la contratación pública supera el 10% del PIB, con la gestión de los fondos europeos para la recuperación económica (Next Generation), este porcentaje se verá fuertemente incrementado. Conscientes de los retos que afrontamos, la CNMC ha intensificado la persecución de las prácticas restrictivas de la competencia”.

El Congreso tiene que apoyar a la CNMC en su trabajo como organismo regulador que desarrolla una acción compleja contra las prácticas colusorias de empresas. Una tarea dirigida no solo a mejorar las condiciones de libre competencia del mercado sino también a aligerar el coste de dichas contrataciones para los presupuestos de las administraciones. Por ello, la CNMC ha de contar con los recursos necesarios para que su función inspectora y sus procedimientos sancionadores sean efectivos y garantistas.

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Odón Elorza es Diputado del PSE-PSOE por Gipuzkoa.