La desinformación habitual que no causa alarma

Hay un tipo de desinformación cotidiana que no provoca alarma social ni sesudos artículos de politólogos. Supone un caudal informativo enorme en periódicos, televisiones y radios que ofrecen, en ocasiones, una información de baja calidad. Se trata de una desinformación de grado ligero que resulta más o menos sutil, en parte engañosa o desenfocada, incompleta al reflejar los datos, interesada o sesgada, claramente partidista y, por tanto, carente de la exigible veracidad e independencia al dar o analizar la noticia. 

Hay una encuesta reciente que me lleva a la reflexión. El porcentaje de audiencia de diarios digitales y en papel, controlados en España por la derecha o grupos ultras, se dispara por encima del 80%. Es también muy significativa en el caso de la audiencia de las televisiones en manos de las derechas y algo más equilibrada en la elección y seguimiento de las radios. Desde luego esos repartos no se corresponden con la sociología electoral. 

Son muchos años en España, como en otros países, bebiendo de las fuentes de una abrumadora mayoría mediática en manos de la derecha. Y, lo que es grave, de la caverna. En realidad, todos actúan en coherencia con los intereses de la propiedad del medio, un dato importante pero todavía desconocido por parte de la ciudadanía y de sus propios clientes. 

Esto aún sucede aunque el Reglamento de la UE sobre la libertad e independencia de los medios de comunicación (2024) obliga a dar transparencia a los nombres de los titulares de la propiedad, los accionistas y los importes anuales de fondos públicos que reciben de las diferentes autoridades para campañas de publicidad.

No estoy hablando de contenidos y comportamientos informativos que puedan compararse con aquella otra desinformación que utiliza noticias falsas y bulos de gravedad, que engaña y manipula con premeditación, que provoca un riesgo sistémico, que incita al odio, que busca desestabilizar o atacar la soberanía de un Estado o romper la libre convivencia. Pero en ocasiones sí llegan a bordear esos comportamientos límite que podemos atribuir a una práctica de desinformación gruesa o de gravedad, cuyos contenidos abundan en las redes sociales y plataformas de las grandes corporaciones tecnológicas, en los periódicos digitales ultras y en los singulares boletines de influencers. 

La información partidista que obedece a una línea editorial o al interés de un gobierno, que cae en la tentación de manipular la información para crear un estado de opinión, la seguiremos sufriendo porque es desinformación legal

Porque sí hay otra desinformación que necesita ser objeto de una tipificación de los casos y de una regulación y sanción precisas. Hablo de la desinformación ilegal que conlleva un delito y que podría regularse, según la UE, por medio de una ley nacional, una tarea legislativa compleja y delicada. Una regulación que debiera abordarse desde la búsqueda del consenso entre los partidos, en línea con el artículo 20 de la Constitución y el respeto a la libertad editorial y de expresión. 

Sin embargo, la habitual información partidista que obedece a una línea editorial o al interés de un gobierno, que cae en la tentación de manipular la información para influir o crear un estado de opinión, la seguiremos sufriendo porque es una clase de desinformación legal. Aquí se impone promover la autorregulación de la mano del código ético de conducta de los periodistas y de los consejos deontológicos de la profesión. 

No será fácil para una parte de la audiencia, acostumbrada a un medio concreto y desconocedora de que sus contenidos no son muy rigurosos, alejarse de aquellos medios del ecosistema que trabajan para los intereses de sus dueños y que no dudarían, en ocasiones y coyunturas determinadas, en funcionar al margen de los principios y valores de una Democracia en crisis.

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Odón Elorza es ex diputado del PSOE por Gipuzkoa.