El fascismo mata, pero ha muerto un fascista. Esta realidad, implacable y dramática, no admite ningún “sí, pero...”. No hay ningún motivo para alegrarse por la muerte de un joven de 23 años. Sus convicciones ultraderechistas, su compromiso con movimientos racistas, antisemitas y contrarios a la igualdad no cambian nada. Lo que ocurrió el jueves por la noche en Lyon (Ródano) es una afrenta a nuestra humanidad común.

Las detenciones del martes por la noche refuerzan la hipótesis de la responsabilidad directa de varios militantes del movimiento antifascista La Jeune Garde. La investigación judicial en marcha establecerá los hechos y todas las personas implicadas, entre ellas el asistente parlamentario del diputado de La Francia Insumisa (LFI) Raphaël Arnault, cofundador del grupúsculo, gozan de momento de la presunción de inocencia.

Pero, sin esperar a que se pronuncie la justicia, la muerte de Quentin Deranque —y las imágenes extremadamente brutales de su paliza— debe hacernos reflexionar profundamente. Cuestionar nuestras certezas, sacudir nuestras convicciones. ¿Cómo nos ha llevado colectivamente a esta situación el aumento de la violencia política, en gran parte atribuible a la extrema derecha en los últimos años?

¿Han traspasado alegremente los militantes antifascistas, que históricamente reivindican el recurso a la violencia como “autodefensa” o “contraviolencia”, la línea moral y ética que prometían preservar a toda costa? LFI, al aliarse con la Jeune Garde, ¿se aseguró de que se mantuviera ese dique esencial de la “autodefensa”? Es lícito ponerlo en duda.

Estas preguntas requieren respuestas. Son indispensables para construir una alternativa creíble frente al auge de la extrema derecha. Pero no deben impedirnos ver lo que está sucediendo desde el anuncio oficial de la muerte de Quentin Deranque: la sórdida instrumentalización de una tragedia; un ataque en toda regla contra el antifascismo y contra cualquier alternativa a la política del Gobierno o al auge de la Agrupación Nacional (RN); el cuestionamiento de ciertas libertades fundamentales.

Acostumbrados a las simplificaciones, los macronistas se han apresurado a aprovechar la oportunidad. Según ellos, el razonamiento es muy sencillo: Quentin Deranque fue asesinado por antifascistas. Los antifascistas son la extrema izquierda. LFI es la extrema izquierda. Además, Laurent Nuñez lo ha oficializado desde la Place Beauvau (sede del Ministerio del Interior) para las elecciones municipales. Por lo tanto, LFI ha matado a Quentin Deranque. Pero habrá que demostrarlo.

El ministro de Justicia, Gérald Darmanin, expuso una versión muy similar el domingo. “Durante mucho tiempo, LFI decía que la ‘policía mataba’, ahora vemos claramente que es la extrema izquierda la que, evidentemente, ha matado”, declaró quien ya en 2023 hablaba del “terrorismo intelectual de la extrema izquierda”. Según él, los insumisos y los antifas mantienen todos “discursos políticos que, lamentablemente, conducen a una violencia desenfrenada”.

“No es la policía la que mata en Francia, es la extrema izquierda”, comentó también en X Bruno Retailleau, exministro del Interior de Emmanuel Macron, candidato de Los Republicanos (LR) para las presidenciales. “La milicia de Mélenchon y LFI ha matado”, resumió también la eurodiputada Marion Maréchal, en sintonía con la derecha.

Más sorprendente aún, su colega de Place publique, Raphaël Glucksmann, también estableció en RTL la relación entre LFI y la paliza a un hombre caído al suelo: “No se pueden utilizar constantemente palabras de extrema violencia sin pensar que esas palabras no se traducirán en actos”.

Eso animó a la portavoz del Gobierno a apelar a la “responsabilidad” de los franceses que votan a LFI, pidiendo a continuación que “nunca más haya un diputado de LFI en la Asamblea Nacional”.

Todas estas fórmulas se parecen mucho al estribillo entonado por Donald Trump y sus partidarios tras el asesinato del influyente ultraderechista estadounidense Charlie Kirk: una vertiginosa inversión de valores; el pretexto —dramático— aprovechado para acabar de una vez por todas con la izquierda.

Recuerden lo que pasó el pasado mes de septiembre. “La violencia proviene en gran medida de la izquierda”, se atrevió a proclamar el presidente estadounidense. Al igual que los ministros franceses, estableció entonces un vínculo entre la denuncia de la extrema derecha y el asesinato de Kirk, atacando a “los de la izquierda radical que durante años han comparado a estadounidenses maravillosos como Charlie con los nazis y con los mayores asesinos en masa y criminales del mundo”.

En Estados Unidos, los antifascistas son ahora calificados de terroristas. ONG, asociaciones, periodistas y funcionarios han sido blanco de una caza de brujas digna del macartismo.

Ese hedor nauseabundo llega hasta aquí: el martes, el ministro de Educación Superior, Philippe Baptiste, pidió a los rectores de las universidades que prohibieran cualquier reunión política en las facultades que pudiera alterar el orden público. Se cumple así un viejo sueño de la derecha, desde los llamamientos a "desmarxizar" la universidad francesa en 1970.

Esta inversión de valores conduce inevitablemente a una distorsión de la realidad: en los últimos años, la extrema derecha ha matado y es como si nadie, o casi nadie, se hubiera dado cuenta. Aunque la investigación sobre el asesinato de Quentin Deranque confirme la responsabilidad de los militantes antifascistas, sería “una primicia”, explica la socióloga Isabelle Sommier, coordinadora de la obra Violences politiques en France. De 1986 à nos jours (Violencia política en Francia. Desde 1986 a nuestros días, edit. Presses de Sciences Po, 2021), en nuestro programa "À l’air libre".

Junto con un equipo de investigadores, Isabelle Sommier lleva la cuenta de esos actos violentos: según sus datos, desde 2017, han muerto seis personas a manos de activistas de extrema derecha. Los activistas kurdos Emine Kara, Mehmet Şirin Aydin y Abdurrahman Kizil, asesinados en la rue d'Enghien de París en 2022; el rugbista argentino Federico Martín Aramburú, asesinado en París en 2022; Djamel Bendjaballah, atropellado por un militante de la Brigada Patriótica Francesa, en Dunkerque (Norte), en 2024; y Hichem Miraoui, asesinado por ser árabe en Var, en 2025.

Pero, ¿quién conoce esos nombres? ¿Qué Asamblea guardó un minuto de silencio en su honor? ¿Qué ministro les rindió homenaje (en cualquier caso, Gérald Darmanin no)? ¿Dónde figuran esos fallecidos en la memoria colectiva?

Sigamos con las cifras: según la base de datos recopilada por la socióloga Sommier y sus colegas, entre 2017 y la actualidad, las agresiones se han más que duplicado en comparación con el periodo anterior estudiado (1986-2016). El 70% de esas agresiones son perpetradas por activistas de derechas, que atacan principalmente a personas racializadas o percibidas como tales (70%) y a adversarios políticos (30%).

Las autoridades conocían perfectamente este contexto de aumento de la violencia política. Pero, ¿qué hicieron para evitar la tragedia del jueves por la noche? ¿Han permitido deliberadamente que grupos de extrema derecha agredieran a cientos de personas y que los antifascistas se radicalizaran en los últimos años? ¿Se ha permitido que esto ocurriera mientras no hubiera muertos?

También en este caso harán falta respuestas.

“Hace años que se producen acciones especialmente violentas por parte de grupúsculos de extrema derecha, palizas y saqueos de librerías. Pero las respuestas policiales y judiciales son especialmente laxas, por no decir inexistentes en ocasiones”, explica en Politis el abogado lionés Olivier Forray. “Eso también explica la radicalización del movimiento de izquierdas y antifascista: las autoridades públicas no han desempeñado su papel regulador con el fin de mantener la paz social”.

Eso sería coherente con la política llevada a cabo por Macron, que desde 2017 no ha dejado de ofrecer trampolines a la extrema derecha. La trágica muerte de Quentin Deranque y su tratamiento político y mediático pueden ahora llevarnos a entrar en “una fase de radicalización de la demonización del antifascismo”, según las palabras de Ugo Palheta, sociólogo y autor de Comment le fascisme gagne la France (Cómo el fascismo va conquistando Francia, edit. La Découverte, 2025).

Este movimiento no es nada nuevo, pero se ha acelerado considerablemente en los últimos años, impulsado por un poder macronista que ha optado deliberadamente por enfrentar a la extrema derecha y a la izquierda. Esta estrategia, destinada a deslegitimar primero al melenchonismo, luego a los ecologistas y, a veces, incluso a los socialdemócratas en función de sus alianzas, ha acompañado sobre todo a la empresa de “desdemonización” del partido de Marine Le Pen.

La extrema derecha, fortalecida por sus éxitos electorales y por una deriva sin fin del debate público, marca ahora la pauta de los debates, imponiendo su discurso a una velocidad vertiginosa. “Es Overton++”, resume Simon Duteil, ex portavoz del sindicato Solidaires, en referencia a la ventana de Overton, que designa el espectro de ideas consideradas aceptables en el debate público. “Rara vez he visto tal capacidad de la extrema derecha para que algunos medios reproduzcan íntegramente su discurso y su interpretación de los hechos.”

De hecho, esta ventana de Overton no ha dejado de ampliarse, hasta el punto de banalizar palabras y conceptos que hasta entonces estaban reservados a la extrema derecha. Gérald Darmanin hablando sucesivamente de "ecoterrorismo" o de "asalvajamiento"; Emmanuel Macron llamando en 2023 a contrarrestar un curioso “proceso de descivilización” ; Valérie Pécresse soltando la expresión “gran sustitución” en plena reunión para las elecciones presidenciales de 2022... Hay numerosos ejemplos y dan testimonio por sí solos del cambio político que se está produciendo.

Hace unos años, Nicolas Sarkozy creó polémica al declarar públicamente que “Marine Le Pen era compatible con la República”. En aquella época, la derecha clásica todavía consideraba el extremismo como “un veneno” y se negaba a debatir con sus representantes. Hoy en día, ninguna de sus figuras se atrevería a afirmar lo contrario. Muchos ni siquiera se atreven ya a clasificar a RN como de extrema derecha. Por el contrario, esos mismos consideran que el principal peligro proviene de las filas de la izquierda.

Con el tiempo, esta idea se ha infiltrado en las mentes hasta el punto de hacer saltar por los aires todos los diques y principios. ¿Hasta dónde puede la sociedad acercarse al precipicio antes de caer? Es difícil responder a esta pregunta, dada la confusión que reina en torno a ella.

Esta niebla político-mediática, alimentada a diario por el cinismo de algunos y la pérdida de referencias de otros, no debe hacernos perder de vista lo esencial: la democracia se basa en un edificio que hay que proteger frente a las amenazas que lo erosionan cada día más.

Traducción de Miguel López

Laura (nombre ficticio), que se define bisexual, asexual y persona no binaria, tenía 20 años cuando su tía la expulsó de casa. “Siempre ha sido una persona bastante violenta y hubo una reacción violenta en el momento que se dio cuenta [de mi orientación sexual]”, cuenta a infoLibre. A pesar de que considera que no le obligaron a abandonar la vivienda solamente por su identidad, confiesa que este factor aumentó la tensión.

El caso de Laura es parecido al de Daniel, que se identifica como gay y que con 18 años abandonó su hogar familiar, al que describe como un “territorio hostil bastante complejo”. “Que yo fuese del colectivo nunca fue un problema directo, pero había comentarios y actitudes que me hacían sentir incomprendido y no escuchado”, explica a este medio.

Más de un tercio de las personas del colectivo LGTBIQ+ (el 36%) se ha encontrado en algún momento de su vida en situación de sinhogarismo. Esto no quiere decir que hayan estado viviendo necesariamente en la calle, también engloba a aquellas personas que no han conseguido estabilidad habitacional. Así lo establece el informe de la Federación Estatal LGTBI+ (FELGTBI+), Estado LGTBI+ 2025: Informe Socioeconómico, que subraya que “la orientación sexual se erige como el principal argumento que justifica la expulsión residencial”. 

Es más, según el informe anual de la Mesa Técnica de Atención a personas LGTBIQ+ en riesgo de exclusión social de Madrid (Maper) –un foro de entidades sociales visibiliza la situación de las personas del colectivo LGTBIQ+ que están en riesgo de exclusión social y, especialmente, residencial–, el perfil social de las personas atendidas en 2024 por esta plataforma es joven, con una edad media de 32 años, dos menos que en 2023. “Principalmente se debe al rechazo familiar. Una vez que expresan su orientación sexual o su identidad de género a veces son invitados forzosamente a salir del domicilio, si no expulsados”, afirma a infoLibre el experto y trabajador social José Gabriel Rodríguez Pérez, que añade que el propio núcleo familiar a veces es el primer tipo de discriminación y violencia, seguido por el ámbito escolar.

Según este investigador, el factor edad influye en que muchas de estas personas emigren a otros países. De hecho, la gran mayoría de los solicitantes de las instalaciones de Maper (el 85,5%) procede de un país extracomunitario. Las nacionalidades más frecuentes son de Colombia, Venezuela y Perú. El informe de la plataforma sostiene que más de la mitad de estas personas extranjeras se encuentran en una situación administrativa irregular, lo que les hace, según la integradora social e investigadora Almudena Gómez Jiménez, “estar exentas al acceso de derechos sociales durante largos periplos de tiempo”, y puede implicar una mayor temporalidad de esta circunstancia.

“Hablamos de situaciones muy graves en las que muchas personas se ven obligadas a huir con lo poco que tienen, ante situaciones de alto riesgo donde sus propias vidas corren peligro, donde sus propias familias son los agresores o donde son expulsados de sus propios pueblos”, explica el investigador Juan Daniel Ugalde, secretario del Observatorio para el Análisis y Visibilidad de la Exclusión Social de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). Sin embargo, los expertos coinciden en que la exclusión residencial es multicausal y está relacionada con diversos factores como las adicciones, la salud mental o los problemas familiares, entre otros.

Aunque los hombres cisgénero gays concentran el mayor número de casos, los informes advierten de que las mujeres trans afrontan un riesgo significativamente mayor de exclusión. “El desconocimiento, el miedo a lo desconocido, los prejuicios y estereotipos hacen que, por desgracia, estas personas sufran un mayor índice de discriminación laboral y residencial, que, unido al frecuente rechazo familiar que padecen, dificulta sus posibilidades de inserción social y les hace víctimas fáciles de discriminación y más vulnerables a terminar en estas situaciones”, afirma Gómez Jiménez.

Rodríguez Pérez puntualiza que determinados estereotipos dirigidos hacia ellas dificultan el acceso al alquiler: “Piensan que le van a poner ahí un prostíbulo, que van a tener drogas y les suben incluso los alquileres”. En cuanto al desempleo, Ugalde señala que es uno de los principales motivos por los que el colectivo trans se mantiene en situación de calle: “Esto empuja a muchas mujeres trans a la marginalidad o al ejercicio de la prostitución como vía de subsistencia, si bien, no se puede generalizar y por suerte cada vez podemos ver más mujeres trans ocupando posiciones más visibles de cara a la sociedad que permiten ‘normalizar’ una realidad oculta hasta el momento”.

Precisamente, uno de los rasgos diferenciadores respecto a la población sin hogar en general es la posibilidad de ser objeto de discriminación “directa, indirecta y múltiple”, según Gómez Jiménez. Es decir, se trata de una vulnerabilidad que no es lineal ni única, sino el resultado de capas de discriminación que se superponen y refuerzan entre sí. Sin embargo, Ugalde señala que la cronificación de la situación de calle es mucho menor, en parte debido a la reducida edad media, que facilita mayores oportunidades de inserción laboral. “En algunos casos, hablamos de personas que incluso no han llegado a estar nunca en situación de calle o lo que llamamos tipología ETHOS 1 y 2, si no que han permanecido en una situación de couchsurfing, pernoctando en sofás de casas de amigos”, añade.

No obstante, las personas del colectivo también se ven expuestas a mayores riesgos. Según Ugalde, no solo es mayor el número de violencias con respecto a sus homólogos no LGTBIQ+ –con casi un 25% más de situaciones de riesgo–, sino que estas son más graves. El investigador señala que, además de sufrir agresiones y robos, también existe “un porcentaje llamativo de violaciones y abusos sexuales que apenas fueron reportados por personas sin hogar no LGTBIQ+”.

Ante esta problemática, existen diversas formas de superación: mientras que Laura consiguió en 2025 mudarse con su novio, Daniel vive solo en Madrid con varios trabajos. Este joven emprendió la búsqueda de un lugar mejor donde vivir, hasta que la Fundación Eddy-G se cruzó en su camino, y se convirtió en el primer usuario del hogar de acogida para jóvenes del colectivo que ofrecía esta institución. “Me dio mucha bondad normalizada, el poder ver a una persona independientemente de su identidad, de su orientación, que estaba en las mismas paredes que yo y decir, ‘wow, hermana, te entiendo’”, cuenta Daniel, que actualmente sigue colaborando en Eddy-G como voluntario.

Paula Avilés, trabajadora social de esta fundación, explica a infoLibre la importancia de un lugar exclusivo para personas LGTBIQ+: “Hace que exista un lugar de confianza donde puedan expresarse tal y como son y no sentir miedo de poder sufrir algún tipo de discriminación que sí que puede verse en sitios generalizados como los albergues”.

Otras asociaciones que ofrecen apoyo residencial y otros recursos son la Fundación Manolita Chen o Ahora dónde. Sin embargo, los expertos y las propias organizaciones señalan la escasez de plazas ofertadas como una traba a su labor. Otro de los retos es la financiación. Según cuenta Avilés, Eddy-G tendrá que afrontar 2026 sin dos de las principales subvenciones que sí tenía en el pasado: una de Fundación la Caixa y otra de la Comunidad de Madrid. 

A pesar de que España es considerado un país abierto en materia de derechos LGTBIQ+, la realidad de la exclusión residencial en este colectivo es difícilmente medible. Desde el ámbito académico, los expertos hacen hincapié en el escaso número de investigaciones sobre esta realidad y la dificultad para obtener muestras, sobre todo de mujeres trans. Según Ugalde, “los estudios internacionales nos indican que un alto porcentaje de la población en situación de sinhogarismo que vive en las calles pertenece al colectivo LGTBIQ+, sin embargo, en España apenas conocemos datos aislados en muy pocas ciudades”.

En la Comunidad de Madrid, los últimos datos publicados son de 2019 y pertenecen al Estudio Sociológico de las Personas LGTBIQ+ Sin Hogar, encargado por FACIAM –la Federación de Asociaciones y Centros de Ayuda a Personas Sin Hogar de Madrid– con la colaboración de la URJC. Organizaciones y plataformas como FELGTBI+ o Maper también realizan sus propios informes que sirven para ilustrar las dimensiones del problema. “Lo que no se estudia no se conoce y, por lo tanto, a la hora de desarrollar políticas o programas de intervención, es necesario conocer esta realidad para poder alcanzar los objetivos marcados con éxito”, afirma Ugalde.

Las manifestaciones juveniles en Marruecos cumplieron ayer día miércoles su quinto día consecutivo con nuevos disturbios, agravados por la muerte de tres personas que intentaron asaltar un puesto de la Gendarmería, mientras el colectivo anónimo autodenominado 'GENZ212' lanza una nueva convocatoria de protestas pacíficas para este jueves en demanda de mejoras en los servicios públicos, según informa EFE.

Las protestas que comenzaron el pasado sábado pacíficas en algunas de las grandes ciudades del país como Rabat, Casablanca y Tánger, se extendieron rápidamente a otras zonas urbanas y rurales. Sin embargo, a partir del martes por la noche derivaron en actos de violencia y disturbios, con enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas del orden que dejaron decenas de heridos, daños materiales y cientos de detenciones.

Los disturbios continuaron el miércoles por la noche cuando se registraron las primeras muertes: tres personas fallecieron y otras resultaron heridas al intentar asaltar un puesto de la Gendarmería Real en la localidad de Laqliaa, en el sur de Marruecos, cerca de la ciudad de Agadir. Según informaron las autoridades locales, los gendarmes se vieron obligados a disparar contra los manifestantes tras un intento de asalto masivo del puesto.

Además de Laqliaa, los disturbios se produjeron también en Sidi Bibi, otra pequeña localidad en la región de Agadir, y también en Salé (vecina de Rabat), Tánger (norte), Tarudant (sur) o Kenitra (al sur de Rabat), según testimonios de periodistas en el lugar y vídeos compartidos en las redes -que no se pudieron comprobar- que muestran a manifestantes -a veces con el rostro cubierto- lanzando piedras a las fuerzas del orden, junto a otras imágenes de coches volcados y en llamas y agencias bancarias incendiada.

Según el balance del martes ofrecido ayer miércoles por el Ministerio de Interior marroquí, 409 personas fueron puestas bajo custodia policial por su presunta implicación en actos de violencia. La misma fuente añadió que hasta el martes los disturbios dejaron 263 agentes de las fuerzas del orden y 23 civiles heridos, y causaron la destrucción e incendio de decenas de vehículos de las fuerzas de seguridad y autos particulares.

Por su parte, la Fiscalía marroquí anunció ayer que procesará a un total de 193 personas acusadas de "actos de violencia, destrucción e incitación" ocurridos hasta el martes, al tiempo que advirtió que tratará con la "máxima firmeza" los actos de vandalismo, incendios y violencia con sanciones "ejemplares" con penas que pueden alcanzar 20 años y la pena perpetua.

El colectivo 'GENZ212', formado por miembros que dicen ser jóvenes de la generación Z sin pertenencia política o sindical y que centran sus protestas en demandas sociales basadas en mejoras en los sectores de sanidad y educación, la lucha contra la corrupción y mejores oportunidades laborales para los jóvenes, se desmarcó de la deriva violenta de las protestas.

Los administradores del grupo, organizado mediante la aplicación Discord, anunciaron que este jueves se llevarán a cabo nuevas manifestaciones pacíficas como "una expresión civil y responsable" de sus "legítimas demandas" y aseguraron que definirán medidas para "garantizar el orden" como definir un horario específico del comienzo y fin de las concentraciones.

"Confirmamos a la opinión pública y a las autoridades que nuestras manifestaciones serán totalmente pacíficas y rechazamos cualquier forma de violencia, vandalismo o disturbios", se lee en su nota que se publicó tras un largo debate en la aplicación sobre la continuación de las manifestaciones que concluyó con una votación a favor de mantenerlas.

La coalición de partidos políticos que forman la mayoría gubernamental manifestaron el pasado martes su disposición a dialogar con los jóvenes "dentro de las instituciones y espacios públicos, para encontrar soluciones realistas y viables".

El ministro de Sanidad marroquí, Amine Tahraoui, fue convocado anoche por una comisión parlamentaria de la Cámara de Representantes (baja) a una reunión urgente para tratar la situación del sector de sanidad en el país.

Durante el encuentro, transmitido en directo por el canal del parlamento, el responsable expresó su comprensión hacia las demandas de los jóvenes, al tiempo que defendió el actual plan de reforma impulsado por el Ejecutivo como "el camino para cumplir con estas expectativas". 

El presidente del Gobierno marroquí, Aziz Ajanuch, afirmó este jueves la disposición de su gobierno a responder a las demandas expresadas por los jóvenes durante las protestas desatadas en los pasados cinco días en diferentes localidades del país, y lamentó la "escalada de violencia" que se saldó con la muerte de tres personas. 

"El Gobierno anuncia su disposición a responder a las demandas de la sociedad y también al diálogo y al debate dentro de las instituciones y los espacios públicos", dijo Ajanuch en una declaración leída durante el reunión semanal del Consejo del Gobierno. 

Ajanuch insistió en su llamamiento al diálogo como "la única manera de abordar" los problemas que enfrenta el país y también para "acelerar la implementación de políticas públicas que respondan a las demandas sociales", al tiempo que lamentó los disturbios ocurridos en los pasados dos días.

"Los lamentables acontecimientos de los últimos dos días han dado lugar a una peligrosa escalada que ha socavado la seguridad y el orden públicos, ha causado cientos de heridos, daños a la propiedad pública y privada y, lamentablemente, tres muertos", dijo al tiempo que aplaudió las intervenciones de las fuerzas del orden.

Midgård es el mundo de los hombres creado por el dios Odín y sus hermanos tras combatir con el gigante Ymir, tal y como aparece en la mitología nórdica. Puede traducirse como la Tierra Media, el centro del mundo conocido. También es una tienda de música en internet nacida en Suecia en 1994, la más antigua del país nórdico y la mayor de Escandinavia especializada en vender no sólo CD y vinilos sino también todo tipo de merchandising nazi y del supremacismo blanco. Fue hackeada a finales del año pasado por un grupo antifascista sueco, Antifascistisk Aktion (AFA), que ha publicado en internet su lista de clientes, con los cerca de 18.000 pedidos que les hicieron de países de todo el mundo entre 2017 y 2022.

La lista fue obtenida por la televisión pública suiza RTS, que la ha compartido con infoLibre y el periódico portugués Expresso, miembros de la red European Investigative Collaborations (EIC).

Entre los clientes hay una cincuentena de españoles, según ha podido comprobar este periódico. Hay, entre otros, notorios ultraderechistas, un sargento del Ejército del Aire, un cabo de la Guardia Civil, un funcionario municipal, un profesor de instituto y un ganadero de reses bravas. La cifra está lejos de los 2.500 suecos, el millar de alemanes o los 1.500 de Estados Unidos. Canadienses son casi 80, escoceses sólo 36. En Suiza, 47. Nueve pedidos se realizaron desde Portugal: cinco por ciudadanos portugueses y dos por extranjeros. Los hay hasta de Japón y Australia.

No se trata de un consumo cultural inocente: la extrema derecha mundial se organiza, adoctrina y se financia gracias a sitios como Midgård, o con conciertos en vivo de grupos con nombres con poco margen para la duda como Batallón de Castigo y Estirpe Imperial, entre los españoles más conocidos, o los británicos Brutal Attack, los suecos Svastika y los polacos Konkwista 88. Entre sus 2.700 referencias, se pueden comprar desde CD y camisetas hasta bates de béisbol –con las inscripciones “Aplasta a los rojos”, “Tolerante hoy, muerto mañana”–, libros del exlíder del Ku Klus Klan David Duke y por supuesto el Mein Kampf de Adolf Hitler. Hay incluso botes de gas pimienta.

“Alemania despierta, siéntete orgullosa de tu historia / echad de una vez a los canacos [forma despectiva de referirse a los extranjeros] y destruid a la prole roja / Alemania despierta, hace tiempo que estamos hartos de esta falsa democracia… / Con el índice levantado nos dicen que todo alemán es un criminal, un asesino y un cerdo nazi… / este maldito estado judío nos toma por tontos”. Revisionismo histórico, racismo, antisionismo y odio: el grupo alemán Weisse Wölfe (Lobos Blancos) resume en una sola estrofa el contenido que vende Midgård. Los británicos Skullhead cantan en White Warrior (Guerrero blanco) el orgullo por su pasado: “Lucharemos por ello con cuchillos o pistolas”. Los clientes españoles también compraron los discos de Xenophobe, un grupo neozelandés al que Midgård publicita asegurando que “no es para los amantes de las baladas: fuertes letras prorraciales que no engañan a nadie”. La música ultra no conoce fronteras.

Los polacos Konkwista 88 –el código nazi para referirse a Hitler: la H es la octava letra del abecedario– cantan a las Waffen SS, el cuerpo de combate de la organización paramilitar nazi: “Legión blanca, sangre aria / frente blanco, unión blanca / hoy vivir en este país es recoger el comunismo / otro enemigo viene del oeste, esta vez es el capitalismo / recuerda a todos aquellos soldados / que murieron por liberar a tu pueblo / coge todas sus buenas ideas y haz renacer a tu pueblo / Waffen SS”.

A su lado, los españoles Batallón de Castigo casi parecen nostálgicos inofensivos cuando acuden al Cid Campeador para incitar al odio contra los migrantes musulmanes: “Va el caudillo de Castilla, su Campeador / en la lucha hasta la muerte siempre vencedor / es su vida una lucha contra un invasor… / … ¡Que su sangre riegue el suelo de nuestra Nación! / Sin descanso lucharemos hasta su expulsión”. Tras un concierto en Sabadell, el líder de este grupo, Eduardo Clavero, fue condenado por la Audiencia de Barcelona a un año de cárcel por un delito de odio, en una sentencia que confirmó el Tribunal Supremo en 2021. Las letras de sus canciones, establecieron los jueces, tienen un “claro sesgo discriminatorio” por razones raciales e ideológicas y sus mensajes y “en modo alguno puede quedar amparados por la libertad ideológica o de expresión”.

“Queríamos vender música de bandas y artistas que fueran, como nosotros, patriotas orgullosos”, explican en su propia web los creadores de Midgård, que primero fue un local en la ciudad sueca de Alingsås, después se convirtió en un servicio de pedidos por correo y finalmente dio el salto a internet. “Un orgullo”, añaden, “que contrasta con las grandes tiendas de discos de bandas que promovían las drogas, la decadencia y el odio a todo lo puro y sano”.

Un artículo publicado por la Red Global sobre Extremismo y Tecnología (GNET), una iniciativa dirigida por el Centro Internacional para el Estudio de la Radicalización (ICSR) del King's College de Londres, una de las principales universidades del Reino Unido, explica que, “a diferencia de otras tiendas online banales y bienintencionadas que venden productos paganos y de inspiración nórdica utilizando el nombre Midgård, este vendedor es explícito en su llamamiento a los movimientos nacionalsocialistas, neonazis y otros movimientos de extrema derecha”.

Entre los claros indicios señalados por GNET como prueba del alcance de la ideología de la tienda sueca están los anuncios de la página de inicio de la web, que mencionan la cultura Keep it White y la “hermandad europea” o anuncian marcas como Fasci Nation. “El sitio es más que un depósito de teorías conspirativas infundadas y ciencia racial”, subraya GNET. “Es un lugar donde los autores y artistas que crean estas obras pueden encontrar un espacio para productos que la mayoría de las tiendas no pueden o se niegan a vender”.

En la página creada a propósito para la filtración, el grupo antifascista sueco afirma que Midgård “desempeñó un papel importante en el movimiento nazi en Suecia, para el que sirvió de infraestructura”. A lo largo de los años también ha “apoyado financieramente a diversas organizaciones nazis, además de estar presente en actos internos de estas organizaciones”.

AFA informa además de que, detrás de Midgård, se encuentra una sociedad limitada, Ringhorne AB, cuyos accionistas son Martin Flennfors y Marting Engelin, ambos con conexiones con el Movimiento de Resistencia Nórdico. Según la fundación antirracista sueca Expo, Martin Flennfors fue condenado en 2018 por 10 cargos de incitación al odio contra un grupo étnico por los productos que vendía entonces en Midgård, discos y parches de tela con símbolos nazis. También está detrás de Liberplay, una plataforma de streaming con sede en Estonia que el Movimiento de Resistencia Nórdico promociona como el “Midgård Spotify”.

Ni en España, ni en Portugal, ni en muchos otros países europeos es delito comprar libros o consumir música de contenido racista, aunque estos productos culturales hagan apología del odio y la violencia. Incluso en Alemania, donde el código penal prohíbe la difusión de propaganda nazi y compartir imágenes con cruces gamadas, lo que es delito es la producción, distribución y difusión de propaganda, ya sea en internet, por correo o en tiendas, y no realmente su posesión para el consumo.

Según el Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV), los servicios secretos alemanes, el artículo 86 del código penal alemán establece que “quien produzca, almacene, importe o exporte material propagandístico o lo haga accesible al público a través de soportes de almacenamiento de datos para su difusión en Alemania o en el extranjero, también será perseguido”, pero la posesión por sí sola queda fuera.

infoLibre ha rastreado los 154 pedidos realizados desde España y ha encontrado una cincuentena de clientes, entre los que se encuentra un sargento del Ejército del Aire, un cabo de la Guardia Civil, un funcionario municipal, un profesor de instituto y un ganadero de reses bravas. En la lista sólo figura una mujer. Pero también aparecen como clientes notorios ultraderechistas. Es el caso de Jordy Blanco Felgueroso, que se presentó a las elecciones generales de 2007 como suplente en las listas al Senado por Democracia Nacional, el partido que trajo a Madrid ese año al exlíder del Ku Klux Klan David Duke para que presentara su libro Supremacismo judío. En 2013 algunos de sus miembros participaron en el asalto al Centro Cultural Blanquerna de la Generalitat.

En 2011 Blanco Felgueroso fue el número tres del Frente Nacional-Movimiento Social Republicano (MSR) en las autonómicas del Principado de Asturias. Antes, en 2000, había figurado ya como número siete de la Plataforma España 2000 –que se formó con la unión de Democracia Nacional, MSR, Vértice Español y el Partido Nacional del Trabajo–, de nuevo en las listas al Senado. En 2015, se presentó como número ocho del MSR en las autonómicas asturianas. Este movimiento, disuelto en 2018, era abiertamente neonazi y antisemita. De hecho, llevó en sus listas para las elecciones generales de 2004 a 17 militantes de la organización terrorista neonazi Blood & Honour, ilegalizada en España en 2011 por asociación ilícita y tenencia de armas.

En 2014 fueron miembros del MSR los que ocuparon un edificio en el barrio madrileño de Tetuán y lo rebautizaron como Hogar Social Ramiro Ledesma para ofrecer “cobijo y alimento (exclusivamente) a españoles”. Fue desalojado por la policía un mes más tarde tras un continuado conflicto con los vecinos, pero sirvió de germen de Hogar Social Madrid, el grupo nazi más visible en los últimos años en España, liderado por Melissa Rodríguez.

Adrián Galán Martín, también cliente de Midgård, fue en la candidatura de Vox en las elecciones municipales de 2023 en Villar del Olmo (Madrid). Pero antes fue miembro del Movimiento Falangista de España y dirigente y fundador de Unión Demócrata Carpetana, que defiende el carpetanismo –“una corriente intelectual cuyo objetivo es la defensa y promoción activa de la tierra, cultura e identidad propias y diferenciadas del País Carpetano o región carpetana, anteriores al siglo XX”– y propugna la autonomía de una región central integrada por las provincias de Madrid, Toledo, Guadalajara, Cuenca, Ciudad Real, Ávila y Segovia. En 2017 y 2018, Galán Martín escribía en Tribuna Narciso Perales, Foro de pensamiento y opinión falangista, foro de pensamiento y debate del Movimiento Falangista de España que ha sido borrado de internet recientemente. Narciso Perales, histórico falangista de los llamados “camisas viejas”, fue líder y fundador de la Falange Auténtica en 1976.

“Soy nacionalista a secas, porque rechazo la cuestión racial”, matiza Adrián Galán cuando se le pregunta si es nacionalsocialista. “Nuestra doctrina nacionalsocialista habla del Estado revolucionario y sindical”, explicaba a infoLibre en conversación telefónica sobre sus postulados ideológicos. Galán Martín se define como un “patriota sano”, con un enfoque “social y local” de su actividad política. Por eso se afilió a Vox en 2022, entonces le pareció lo más adecuado para intentar influir en las instituciones municipales, aunque no está de acuerdo “al 100%” con los planteamientos del partido de Santiago Abascal. Por ejemplo, cree en las regiones y en las “lenguas regionales”. Y no es liberal en lo económico. “Defiendo la intervención del Estado en la economía”, revela. Al tiempo, está en contra de la ideología de género, el aborto, la Agenda 2030, las vacunas y las “injerencias imperialistas en la soberanía de los pueblos”.

“No estoy contento con Vox, son lo mismo que el resto de los partidos del Parlamento, no están haciendo una oposición seria porque intentan pactar con el PP”, critica Galán Martín. Con mayor fuerza aún rechaza a los “grupos futboleros”, los violentos que identifica como el problema de la ultraderecha –y la ultraizquierda, aclara–. Los equipara con las maras salvadoreñas: “Son delincuentes”. “Políticamente, son cero”, continúa, porque a él lo que le interesa es que la música sea “una herramienta de propaganda para financiar un movimiento político que pueda presentarse a las elecciones, para hacer una lucha política seria”.

A la luz de su discurso, Adrián Galán es un buen ejemplo de que el mundo ultra es “mucho más complejo y heterogéneo de lo que parece”. O quizá más caótico. Dice que es fan de La Polla Records –pese a que están “en el otro lado” del espectro ideológico– y que escucha reggae. Por lo mismo, reniega de la división ideológica del movimiento skin, al que se adscribe. “Voy a conciertos de los dos lados”, confiesa. “No me importa la ideología, sólo la música, no importan las letras, las referencias musicales son las mismas: Black Sabbath, Motörhead, Judas Priest… Skrewdriver [el grupo más famoso del Rock Anticomunista y del supremacismo blanco] ha versionado a Elvis o a Chuck Berry… cambiando las letras”, explica.

Así, en una curiosa mezcla, Adrián se erige en defensor de la tradición y la cultura de “los pueblos primigenios de Europa”, pero en contra del paganismo del nacionalismo blanco estadounidense y defiende la Hispanidad. Pero también pide el control de la emigración. “Tiene que ser mínima, de menos del 1% o 2% de la población, asimilable, que venga de países afines, con sus contratos, y que luego vuelvan”, detalla. Todo ello, no obstante, por un motivo “económico y social, no cultural y racial”: los emigrantes “hunden los salarios y sólo benefician al capitalismo y las grandes empresas”, sostiene. Su prioridad, repite, es la clase trabajadora.

Ángel Utrero Moreno se presentó como número tres en Bizkaia por el Movimiento Social Republicano en las elecciones al Congreso de 2011. Un año más tarde lo intentó en las autonómicas andaluzas como suplente en las listas de Almería. De hecho, Ángel Utrero fue uno de los 17 miembros del grupo nazi Blood & Honour, detenidos en 2005 en la Operación Espada, que se habían presentado a las elecciones generales de 2004 en las listas del MSR. Cinco años después, la Audiencia Provincial de Madrid condenó a 14 de ellos a penas de entre uno y tres años de cárcel por asociación ilícita, tenencia de armas prohibidas, fomentar la xenofobia, la violencia y el odio.

Uno de los condenados, a un año de prisión, fue Utrero Moreno, entonces vicepresidente de Blood & Honour, la división española, creada en 1999, de la organización fundada en Reino Unido por skinheads en los años 80. Según publicó entonces Diagonal, durante el juicio se mostraron unas fotos, tomadas en una manifestación en honor a Rudolph Hess, el lugarteniente de Hitler, celebrada en Wunsiedel (Alemania) en 2004, donde aparece, tras la pancarta de unos neonazis españoles, Ángel Utrero.

Finalmente, entre los clientes de Midgård se encuentra Fernando San Mamés, alias Fredy, un líder histórico de las Brigadas Blanquiazules, los ultras del RCD Espanyol. San Mamés fue uno de los 15 condenados de la Operación Puñal, que desmanteló la rama española de los Hammerskins, en 2004. Esta organización de skinheads nació en Texas en 1988 y es enemiga de los Blood & Honour.

En España sus miembros nutrían a los Ultras Sur, del Real Madrid, y a los ultras del Espanyol. Los 15 de Hammerskins recibieron sentencias de entre un año y medio y dos años y medio de cárcel por asociación ilícita y tenencia ilícita de armas, al igual que después sus rivales de Blood & Honour, en la que fue la primera condena a un grupo neonazi en España. Para entonces, sin embargo, los 15 sumaban ya medio centenar de detenciones por diversos delitos. Su actividad habitual eran las palizas y agresiones a otros ultras de grupos rivales, como los Boixos Nois, del FC Barcelona.

De hecho, lo siguen haciendo. En abril de 2020, en plena pandemia, El Español difundió el vídeo de una pelea entre blanquiazules y boixos a las puertas del Vall d’Hebron, en Barcelona. Ambos grupos –en el de los blanquiazules los testigos identificaron a Fredy– se enzarzaron cuando coincidieron donando comida y material sanitario en el centro hospitalario.

infoLibre ha solicitado sus comentarios tanto a Jordy Felgueroso como a Ángel Utrero y a Fernando San Mamés, pero no ha recibido respuesta.

Entre los clientes de Midgård en Portugal está José Nunes, un cerrajero de Queluz, cerca de Lisboa, que aparece en su página de Facebook con una camiseta de Hijos de los Templarios y como simpatizante del partido ultra Chega y seguidor de una página dedicada a la Unión Nacional, el partido liderado por el dictador Salazar. Pese a que sus gustos musicales van de Weissglut a Blietzkrieg y Svastika o No Remorse, grupos supremacistas blancos, niega que simpatice con la cultura neonazi.

“Siempre he sido respetuoso con las libertades de las personas y las diferencias personales y colectivas”, responde. “Soy un amante de la música de todos los estilos, pero especialmente del rock y del metal. Después de investigar en internet sobre grupos del norte de Europa, encontré algunos títulos que me interesaron en la tienda de Midgård, me registré y los compré”.

El caso de Tiago Pinto es muy diferente. Estudiante de doctorado en el Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa-Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE), prepara una tesis sobre La Legión Portuguesa y su acción preventiva y de vigilancia durante el Estado Novo (1936-1974), bajo la dirección del profesor Riccardo Marchi, historiador especializado en la extrema derecha en Portugal y autor de varios libros, entre ellos La nueva derecha antisistema. El caso Chega, publicado en 2020.

“La historia no se hace sin documentos”, asegura Pinto a Expresso. El doctorando compró en Midgård un libro con las cartas de Richard Scutari, un líder supremacista blanco de EEUU, además de varios discos de música nazi. Pero lo hizo, explica, para elaborar “un estudio similar al elaborado por los profesores Riccardo Marchi y José Pedro Zuquete”, The other side of protest music: the extreme right and skinhead culture in democratic Portugal (1974-2015), publicado en 2016 por una revista científica de la Universidad de Cardiff.

“Por supuesto, no simpatizo con la cultura neonazi”, asegura Tiago Pinto, “sólo elegí la derecha radical como área de estudio científico porque es un tema en auge y en el que la historiografía portuguesa no se ha centrado”.

El sinhogarismo es un problema estructural y una forma de exclusión social extrema que vulnera los derechos fundamentales. En la última década, el número de personas sin hogar ha aumentado un 24,5%, según los datos del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, hasta alcanzar los 28.500 casos en 2022 (el último año del que se tienen registros). Pero estos números podrían ser todavía más elevados si se tiene en cuenta a aquellas personas que las estadísticas no recogen porque están al margen del sistema.

Laura y Silvia (nombres ficticios para proteger su identidad), Luz y Pepe son cuatro personas que saben lo que es no tener casa aunque, gracias a la ayuda de varios organismos, pudieron salir de la calle. Las asociaciones Hogar Sí y Provivienda han organizado un encuentro con ellos, al que acude infoLibre, para que expongan cómo llegaron a esa situación y si recibieron alguna ayuda. Actualmente están acogidos al programa piloto Derechos a la vivienda, impulsado por sendas entidades, algo que les ha permitido acceder a una vivienda segura y recibir acompañamiento para tener autonomía.

Tres de cada cuatro personas que viven en la calle son hombres: el 77%, según revela el INE. De hecho, existe un perfil tipo: son varones de mediana edad, de aproximadamente 43 años. Existe la creencia de que muchos de ellos son alcohólicos o tienen problemas de adicción a las drogas. Los datos lo desmienten: solo son el 12%. Otro falso mito: que son extranjeros. De nuevo, los datos echan por tierra esta falsa creencia: el 50,1% de las personas que no tiene hogar son españolas.

Pepe nunca imaginó que con 64 años y 44 cotizados sería uno de ellos. Pasó cerca de un año en la calle hasta que el Samur Social, el servicio de atención municipal a las emergencias sociales, se hizo cargo de su situación. Todo comenzó en la pandemia. Pepe era repartidor, pero al cesar la actividad económica por el covid, se quedó sin empleo. Y, como consecuencia, sin ingresos para pagar el piso en el que vivía de alquiler.

Era autónomo, y pesar de sus más de cuatro décadas trabajadas, no pudo ni jubilarse ni cobrar el paro porque arrastraba una deuda con Hacienda. Solicitó entonces una vivienda, que no le concedieron al ser ya copropietario de una, aunque quien vive en ella y paga la hipoteca es su exmujer.

No le quedó otra opción que vivir en la calle, a merced del frío y de las agresiones. Lo peor era lo segundo, asegura. Durante unos meses residió cerca de una discoteca de la calle Bravo Murillo (Madrid). A las cuatro de la mañana, cuando la cerraban, "me tiraban los vasos del cubata encima y hacían pis en los cartones". También sufría humillaciones e insultos. El 50% de las personas sin hogar ha sufrido violencia física, como amenazas o robos, aunque sólo el 13% denuncia. "Tienes miedo de hacerlo, ¿a quién vas a denunciar? ¿Quién te va a hacer caso?", se plantea. Para asearse tenía que ir a una casa de duchas y podía cortarse el pelo de vez en cuando en una peluquería en la que solo le cobraran dos euros.

"En la calle te pegan, te roban. Te hacen de todo. Incluso hay mujeres a las que han violado", detalla Pepe en este vídeo grabado por infoLibre.

El Ministerio de Derechos Sociales apunta que el 40% de la gente en situación de sinhogarismo lo está por problemas asociados a la vivienda y un 27% por perder el empleo. A Silvia, de 60 años y origen nigeriano, se le juntaron ambas cosas. Trabajó como interna en una casa durante dos años y al despedirla se quedó sin hogar ni dinero, por lo que estuvo más de tres meses en la calle.

"Pasé el peor momento de mi vida, pero ya no tengo miedo. He recobrado la esperanza que había perdido", relata. Gracias a la ayuda de las organizaciones, esta señora, que lleva 27 años en nuestro país, se ha sacado el certificado de manipulación de alimentos y un curso de arte de resina.

El sinhogarismo, término que se incorporó a la RAE a finales del mes de noviembre, afecta ya a uno de cada cinco hogares en España. Y, según las organizaciones, la problemática se está agravando. Más del 40% lleva en esa situación tres años (11.471 personas). El motivo principal es el precio inasumible de la vivienda. Alquilar un piso puede llegar a costar lo mismo que el salario mínimo interprofesional (1.134 euros al mes), así que hay quien no puede pagarlo.

"En 1982 ganaba 20.000 pesetas y pagaba 1.000 de alquiler", cuenta Pepe. Alquilar una habitación tampoco es barato, y cuesta reunir los requisitos que se piden (varias nóminas, contrato fijo...). Además, muchos caseros no ven con buenos ojos que el inquilino o inquilina pase muchas horas en casa, tal y como relata Laura: "Al principio te preguntan cuánto tiempo vas a estar o con cuánta frecuencia vas a cocinar".

El caso de Laura, una colombiana de 45 años, es complejo. Diagnosticada de cáncer, apenas salía del piso porque necesitaba reposo. Sin embargo, "a la dueña le molestaba que pasara todo el tiempo allí y me echó". "Sin pelo, débil, y con vómitos por la quimioterapia", tanto ella como sus dos hijas veinteañeras estuvieron dos meses sin residencia. Al igual que a Pepe, el Samur Social la recogió y la llevó a un albergue de Madrid.

Mientras deambulaba de un sitio a otro tuvo experiencias agridulces. "Un chico de 21 años estuvo muy pendiente de mí, dándome comida e interesándose por mi salud", explica. Pero otros quisieron aprovecharse: "A una de mis hijas le ofrecieron 10 euros en el bar donde trabajaba por tocarle las tetas". Asimismo, asevera que en servicios sociales la trataron con desdén. Hoy Laura afirma estar muy recuperada.

A Luz, otra víctima de sinhogarismo por culpa de la vivienda, sus amigos no le pudieron tender la mano: "Viven en habitaciones individuales. No les permitían meter a otras personas". Esta peruana estuvo sin techo una semana hasta que llegó al mismo albergue que Laura. En esos centros, manifiesta, "las mujeres no siempre nos sentimos seguras, ya que las habitaciones se suelen compartir con hombres y no hay intimidad". Por eso propone que los albergues se conviertan en pisos independientes.

Para salir del sinhogarismo un 82% considera que necesita un domicilio, y un 78%, un trabajo, recoge el ministerio. En opinión de Pepe, Luz, Silvia y Laura, las soluciones pasan por agilizar los trámites de extranjería desde que la persona viene a España; así como aumentar el parque de viviendas sociales, que en nuestro país es sólo del 2,5%, frente al 9,1% que hay de media en Europa. A juicio de los cuatro "esa es la única vía para que la población vulnerable tenga una casa digna". Porque, de momento, las respuestas que se están dando no logran revertir una tendencia que sigue creciendo.

Las sobrecogedoras imágenes procedentes de Ecuador en la segunda semana del año han hecho que el mundo entero tome conciencia del deterioro de la situación de seguridad en este país sudamericano. El asesinato el pasado mes de agosto del candidato presidencial Fernando Villavicencio por miembros de bandas locales ya había causado conmoción. Pero esta vez, la situación parece haberse descontrolado, con un estado de "guerra interior" decretado por el presidente elegido el año pasado, Daniel Noboa. 

Lo más sorprendente es que, hasta hace poco, este país tenía fama de ser relativamente pacífico. En 2016, el país tenía una tasa de homicidios de 5,6 por cada 100.000 habitantes, la segunda más baja del subcontinente, solo por detrás de Chile. La tasa había bajado drásticamente bajo la presidencia de Rafael Correa (2007-2017). En 2011, era cuatro veces superior. 

Pero en pocos años, todo cambió. En 2022, la tasa de homicidios subió a 26 por 100.000, un nivel cercano al de Colombia y México, y sólo superado realmente en Sudamérica por Venezuela. Y 2023 ha sido un año de mayor deterioro. 

¿Qué ha ocurrido para que este país de 18 millones de habitantes se encuentre en esta situación infernal? Las causas son múltiples. Algunas son externas al país, otras, más numerosas, tienen que ver con la nefasta gestión de las dos últimas administraciones, la de Lenín Moreno, de 2017 a 2021, y la de Guillermo Lasso, de 2021 a 2023. 

Ecuador ha sido durante mucho tiempo un centro de exportación de cocaína procedente de plantaciones de Colombia y Perú. El país tiene puertos activos en el Pacífico, sobre todo Guayaquil, desde donde siempre ha sido fácil exportar droga a Norteamérica o Europa, sin ser detectado por las autoridades de los países de origen de la hoja de coca. 

Sin embargo, este tráfico se realizaba a menor escala y no suscitaba el mismo nivel de violencia que en la actualidad. Es decir, el reciente deterioro de la situación de seguridad no puede explicarse únicamente por la situación geográfica de Ecuador y su implicación en el tráfico internacional de drogas. 

Esta situación parte de dos puntos de inflexión. El primero es el acuerdo alcanzado en 2016 entre el Gobierno colombiano y las FARC, la guerrilla que controlaba la mayor parte del narcotráfico entre Colombia y Ecuador. Su desmantelamiento ha provocado una especie de "vacío de poder" en la ruta ecuatoriana, en un momento en el que la demanda de cocaína en Occidente no ha dejado de crecer. 

Esta situación ha llevado a tres grandes grupos a hacerse con el control de este mercado: los dos grandes cárteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, y la mafia albanesa, que ya organizaba la distribución hacia Europa en la época de las FARC. Estos grupos se han establecido apoyándose en bandas locales, que hasta ahora se habían especializado en formas más tradicionales de delincuencia, pero que ahora se han convertido en agentes locales de los cárteles. Entre ellas se encuentra la de los ya famosos "Choneros", cuya fuga de prisión del líder José Adolfo Macías, conocido como "El Fito", desencadenó el reciente recrudecimiento de la violencia. 

Para todos estos grupos, Ecuador es un país muy práctico. Las infraestructuras son de buena calidad y la moneda oficial es el dólar, lo que resulta perfecto para facilitar el blanqueo del dinero del tráfico y minimizar las pérdidas por el cambio en el proceso de distribución. En consecuencia, el país se ha convertido gradualmente en productor de cocaína. En julio de 2023, en un cargamento de plátanos procedentes de Ecuador, una de las exportaciones emblemáticas tradicionales del país, los funcionarios de aduanas holandeses descubrieron nueve toneladas de cocaína con un valor total de 660 millones de dólares. Una cantidad récord. 

Pero esta evolución no habría sido posible sin otro factor clave, el deterioro de la situación económica y social del país. La prosperidad de los años de Correa se debió sobre todo a las ganancias inesperadas de los altos precios del petróleo, que el país dispone en abundancia. A diferencia de sus predecesores conservadores, el presidente de izquierdas organizó la redistribución de estas ganancias inesperadas entre los más pobres, el sistema sanitario y el sistema educativo. Esas políticas contribuyeron en gran medida a reducir la desigualdad y la delincuencia en el país. 

Pero el modelo económico ecuatoriano no ha cambiado en lo esencial. Y una vez que los precios de las materias primas comenzaron a bajar, la situación se volvió muy difícil para el Estado ecuatoriano. Sobre todo porque, como economía dependiente del dólar, el país debe asegurar constantemente la entrada masiva de dólares en su territorio o reducir la demanda interna en la misma cantidad. 

A partir de 2017, la situación se volvió muy preocupante. El anterior sucesor de Correa, Lenín Moreno, abandonó de golpe la política de redistribución y, presionado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), adoptó una brutal política de austeridad. Esta política se centró en los programas sociales y de seguridad. Considerando que la situación era buena en este ámbito, el gobierno hizo recortes masivos en los presupuestos de justicia y de la policía. Incluso se suprimió el Ministerio de Justicia, en el mismo momento en que los cárteles se afianzaban en el país. 

Estas decisiones fueron desastrosas. La situación económica se ha deteriorado aún más, provocando disturbios en 2019 y empobreciendo a las clases más vulnerables. Parte de la población se ha visto obligada a colaborar con las bandas y a sumergirse en el narcotráfico.

Este deterioro también ha fomentado la corrupción generalizada, especialmente en las prisiones. La situación carcelaria del país ha sido una de las fuentes de la crisis actual. Desde este punto de vista fue un error la decisión de Rafael Correa en 2015 de generalizar la prisión preventiva para los pequeños traficantes. El número de presos pasó de 11.000 a 40.000 entre 2009 y 2021. Miles de jóvenes indigentes han acabado en prisión, dispuestos a ser reclutados por las bandas. 

Con la caída de los presupuestos, el aumento de la población reclusa y la corrupción generalizada, las cárceles se han convertido en verdaderas bases de operaciones para las bandas. La mayoría de los líderes de estos grupos siguen organizando sus actividades desde sus celdas. Según las asociaciones, casi una cuarta parte de las prisiones ecuatorianas están controladas de facto por bandas. 

La situación se ha vuelto rápidamente explosiva. Sobre todo porque la diversidad de los actores y su constante competencia por controlar la producción, el abastecimiento y la distribución han desembocado en una sangrienta guerra de bandas. En 2020, el asesinato del entonces jefe de los Choneros, José Luis Zambrano, conocido como "Rasquiña", desencadenó una violenta batalla sucesoria. 

La fragmentación del panorama criminal agravará la situación, animando a las bandas a diversificar sus ingresos en un intento de hacerse con el control, por lo que los secuestros y los intentos de extorsión se convirtieron en moneda corriente. Nadie está realmente a salvo, desde las empresas y escuelas locales hasta los basureros y agricultores. El día a día de los ecuatorianos, sobre todo en la región costera de Guayaquil, se está convirtiendo en una pesadilla. 

Al mismo tiempo, la situación económica se deterioró aún más con la pandemia de Covid-19 y el repunte inflacionista que le siguió. En junio de 2022 estallaron nuevos disturbios cerca de Quito tras la decisión del presidente Guillermo Lasso de poner fin a los subsidios que reducían el precio de los combustibles, resultando muertas seis personas. Según el Banco Mundial, la tasa nacional de pobreza (ingresos inferiores al 60% de los ingresos medios) se disparó con la pandemia, llegando al 33% de la población en 2020. En 2022 consiguió descender al 25,2%, pero sigue muy por encima del nivel de 2017 (21,5%).  

El nuevo presidente se ve en gran medida impotente. En primer lugar, porque, al igual que su predecesor, está presionado por la austeridad impuesta por el FMI y la dolarización. En segundo lugar, porque está en guerra constante con el Parlamento, donde dominan los correístas. Por ello, el Ejecutivo está utilizando el tema de la seguridad para intentar reforzar el poder presidencial. En febrero de 2023, Guillermo Lasso propuso una serie de ocho reformas constitucionales que combinaban la posibilidad de extraditar delincuentes ecuatorianos al extranjero con otras medidas. Todas fueron rechazadas. 

Mientras se desarrolla la crisis económica y política, y a pesar del ocasional recurso al ejército, las bandas ganan cada vez más terreno. Frente a una policía y una administración penitenciaria sin presupuesto suficiente, los narcotraficantes gozan de recursos financieros, militares y tecnológicos superiores. En un reportaje del New York Times publicado en julio de 2023, un policía admitió que tenía que utilizar teléfonos privados para comunicarse con sus colegas porque no disponía de radio. Para él, "el combate es desigual". 

Ecuador corre, pues, el riesgo de convertirse poco a poco en un Estado fallido. Este es también el mensaje que las bandas han querido enviar esta semana del 8 de enero, con la fuga de El Fito, su intromisión en un programa de televisión y las peleas callejeras que siguieron a la declaración de "guerra interna" de Daniel Noboa. 

A partir de ahora, la referencia de Noboa, o más bien su última esperanza, es el "método Bukele", llamado así por el presidente salvadoreño Nayib Bukele, quien redujo drásticamente la tasa de criminalidad en su país, entonces una de las más altas del mundo, y metió en cintura a las bandas locales en 2022. Para lograrlo, recurrió a la vía dura, suspendiendo en gran medida las libertades públicas y practicando una feroz represión. Las organizaciones de derechos humanos han denunciado casos de detención arbitraria, de justicia sumaria e incluso de tortura. 

Pero este método se ha convertido en una referencia en América Latina. Varios candidatos a la presidencia de Ecuador, entre ellos Daniel Noboa, lo han tomado como modelo, al igual que otros en Chile y Argentina. 

El problema es que no es seguro que el caso ecuatoriano sea comparable al salvadoreño. Las bandas locales están vinculadas a grupos internacionales que, como los cárteles mexicanos, pueden hacer frente a ejércitos nacionales, están muy bien organizados y son muy ricos. 

Pero sobre todo está la droga, cada vez más demandada en los países occidentales, lo que dificulta la erradicación de las organizaciones criminales. Desde este punto de vista, el caso ecuatoriano se parece más al de México o Colombia que al de El Salvador. En México y en Colombia, la "guerra contra el narcotráfico" ha provocado un deterioro permanente de la seguridad. Ecuador, ya sumido en una grave crisis económica, se encuentra ahora al borde del abismo.

Traducción de Miguel López

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha aludido en la sesión de control al Gobierno a una intervención previa del portavoz de Vox en el Congreso, Ivan Espinosa de los Monteros, sobre la Ley Trans. "¿Saben la diferencia entre Paca la Piraña y (Santiago) Abascal? Que Paca la Piraña hizo la mili"Paca la Piraña, ha espetado a la formación liderada por Santiago Abascal, en referencia a la actriz trans Francisca Aracil Cáceres, íntima de La Veneno, tras su reciente aparición en la serie homónima. 

Previamente, el líder de Podemos ha advertido al PP que piensan que pareciéndose a Vox les permitirá "ganar la batalla cultural" en la derecha, pero ha augurado que al final quedarán "fagozitados" por el partido de ultraderecha. Prueba de ello es que hayan votado con Vox en el Ayuntamiento de Madrid a favor de borrar un mural feminista y de alimentar su discurso al "destrozar" un memorial a las víctimas del franquismo que estaba planificado en el cementerio de La Almudena (Madrid).

Todo esto ha sucedido durante el turno de preguntas del secretario general del PP, Teodoro García Egea, que ha acusado al vicepresidente segundo de ser "la violencia callejera personificada" y de ser el principal instigador de los últimos disturbios acaecidos en diversas manifestaciones. Durante la sesión de control, el número dos del PP ha censurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantenga silencio ante la actitud del vicepresidente y ha añadido que no va a permitir, aunque mantengan diversas diferencias con Vox, que Iglesias "señale a nadie" cuando, a su juicio, es el político que "más ha alentado la violencia en el Parlamento".

Por su parte, Iglesias ha replicado que la única fuerza política que alienta el "terrorismo de estado" y la violencia callejera de "ultraderecha" es Vox, precisamente sus socios en varias comunidades y ayuntamientos.

Al inicio de su intervención, el diputado conservador ha hecho mención a la vicepresidenta primera Carmen Calvo, que mientras se lanzaba "con guantes" a la manifestación del 8M del año pasado, el PP advertía del coronavirus. Prueba de ello es que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, cerraba en esas fechas colegios mientras que el portavoz de Unidas Podemos y el regidor socialista de Valladolid, Óscar Puente, hablaban de "una gripe".

A reglón seguido, García Egea ha parafraseado una intervención atribuida a Iglesias antes de entrar en política: "(la) Constitución no instaura reglas del juego democrático y el primero que se dio cuenta de ello fue ETA". Con ello, le ha recordado que ha prometido hacer guardar la Carta Magna con lealtad al rey y que precisamente por sus disposiciones democráticas ha podido acceder al cargo de vicepresidente.

Por tanto, el número dos del PP ha cuestionado sobre cuándo piensa Iglesias "condenar los actos de terrorismo callejero" para, a continuación, reflexionar sobre "cómo puede ser posible que lo haga" cuando el secretario de Organización de Podemos, el también diputado Alberto Rodríguez, está acusado de "patear a un policía" en una manifestación. En su turno de réplica, el vicepresidente ha reclamado a García Egea que "no banalice" con el "terrorismo", pues el perpetrado por ETA, la ultraderecha, el terrorismo de Estado y el yihadista "han hecho mucho daño".

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha pedido este jueves ser "cautos" y no comparar los hechos "gravísimos acontecidos en Cataluña" en las protestas por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél con el terrorismo callejero y la kale borroka vivida "anteriormente en Euskadi".

Marlaska se ha expresado así en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, tras ser preguntado si considera terrorismo callejero los incidentes acontecidos en las últimas semanas en Barcelona. "Hay que ser muy cautos en las calificaciones de los hechos", ha espetado.

En esta línea, el titular de Interior ha asegurado que todos los que han "vivido hechos dramáticos" como el terrorismo de ETA deben ser "cautos". "Una cosa son los hechos graves, gravísimos, acontencidos en Cataluña a los que no hay que restarle gravedad y relevancia y otra cuestión concluir calificaciones que pueden ser excesivamente anticipadas", ha sostenido.

A su juicio, en la Ciudad Condal se ha vivido "vandalismo, desordenes públicos" y atentados contra la autoridad. "Hechos de una entidad y una gravedad manifiesta a los que han hecho frente la profesionalidad de los Mossos y la coordinación efectiva y real con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado", ha añadido.

Por último, preguntado sobre el vicepresidente en funciones de la Generalitat, Pere Aragonés, y el hecho de que tardase en condenar los incidentes varias semanas, Marlaska ha destacado que "lo importante es la condena de los atentados y los hechos violentos".

El vicepresidente de la Generalitat en funciones y candidato a gobernarla, Pere Aragonès, ha condenado este miércoles "todo tipo de violencia" que se haya podido producir en las últimas semanas durante las protestas por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasel y también que una joven perdiera un ojo durante las movilizaciones, según informa Europa Press.

"Condenamos sin paliativos todos los actos violentos que no tienen nada que ver con los derechos democráticos como la libertad de expresión y de manifestación", ha dicho en una comparecencia sobre los disturbios en la Diputación Permanente del Parlament, y ha expresado su apoyo a los Mossos d'Esquadra y todos los cuerpos policiales.

Aragonès ha asegurado que se está investigando si ha habido una actuación negligente de los Mossos en la pérdida del ojoen la pérdida del ojo y ha defendido abrir con "serenidad" el debate sobre una reforma del modelo de orden público cuando la nueva legislatura se haya constituido y haya nuevo Govern.

El PSC avisa a Aragonès de que no puede defender a Mossos y a la vez pactar con la CUP

La número dos del PSC, Eva Granados, ha advertido este miércoles a Aragonès de que no se pueden defender a los Mossos y a la vez pactar con la CUP: "ERC, Junts y la CUP son la combinación de los que animan a apretar, los que dicen que mejor esperar, y los que creen que cualquier excusa es buena para apretar. O respeto, o apretar. O Mossos, o CUP".

En la Diputación Permanente del Parlament, Granados ha exigido a Aragonès responder si el Govern se presentará como acusación particular contra los autores de los altercados, si prestará defensa jurídica a los agentes que "puedan ser denunciados por el trabajo hecho", y de qué herramientas disponen los Mossos para disolver protestas violentas. "¿Cómo hemos podido llegar hasta aquí? Hace demasiado tiempo que el Govern está tolerando actuaciones vandálicas en las calles", ha aseverado Granados, que ha dicho que todos recuerdan que el expresidente del Govern Quim Torra animó a apretar a representantes de los CDR en el primer aniversario del 1-O.

Granados ha acusado a Aragonès de haber sido ambiguo ante las protestas, algo que cree que da más oxígeno a los violentos, y ha añadido que la pasada legislatura fue la de los ejercicios de equilibrismo, pero que ahora "pasan del equilibrismo a los malabarismos". Ha criticado que Aragonès haya apostado en su comparecencia por abordar la raíz del problema y el malestar de los jóvenes, cuando llevan años gobernando y no lo han hecho, según ella, y ha dicho a Aragonès que el descontento de los jóvenes "puede explicar pero no justificar en ningún caso la violencia, porque es la negación de la libertad y la democracia".

Junts apoya a los Mossos y aboga por revisar el modelo de seguridad en el Parlament

El presidente de Junts en el Parlament, Albert Batet, ha mostrado su apoyo a los Mossos d'Esquadra tras las protestas por el encarcelamiento del rapero Hasél, y ha apostado por una revisión del modelo de seguridad catalán en el Parlament, que ha puntualizado que ya está recogida en su programa electoral. En su intervención, Batet ha condenado "de manera rotunda los actos de violencia" como la quema de un furgón de la Guardia Urbana de Barcelona, los saqueos a comercios y los ataques a la comisaría de Mossos de Vic (Barcelona).

Ha asegurado que tanto los Mossos como las policías locales son cuerpos "democráticos y ejemplares", y se ha mostrado convencido de que los Mossos analizan sus actuaciones y toman medidas por las acciones desproporcionadas. Batet ha lamentado la pérdida de un ojo de una joven en el marco de estas protestas y ha insistido en que la Conselleria de Interior de la Generalitat ha tomado las medidas necesarias para investigar lo ocurrido.

La CUP avisa a ERC: "Si vienen a gestionar autonomía y recetas neoliberales, barricada"

El diputado de la CUP en el Parlament Vidal Aragonés ha emplazado este miércoles a ERC a trabajar por la independencia y la república catalana desde una perspectiva de izquierdas, y ha avisado: "Si vienen a gestionar autonomía y a aplicar recetas neoliberales, barricada". En su intervención, considera que los votantes republicanos son gente de izquierda y progresista, y por ello ha pedido una ERC "que sea realmente de izquierdas" para poder solucionar los problemas de las clases populares. "Vicepresidente y conseller Aragonès, ¿ERC qué tiene de izquierdas", ha preguntado el diputado de la CUP, que ha interpelado a todos los diputados de tradición de izquierda a abandonar el marco político de la derecha en cuestiones como la seguridad, la educación y la sanidad.

Tras pedir no criminalizar a la juventud, ha considerado que los altercados ocurridos durante las manifestaciones para protestar contra el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél no son violencia, y que violencia sí es la que sufren las mujeres maltratadas o asesinadas, las familias desahuciadas, los inmigrantes, los accidentes laborales y el paro juvenil, entre otras.

También ha reclamado al vicepresidente del Govern que se pronuncie con "claridad" sobre la actuación de los Mossos d'Esquadra y la pérdida del ojo de una joven por una bala de foam, y le ha preguntado cómo garantizarán el derecho a manifestación y la libertad de expresión en la huelga general feminista convocada para el 8 de marzo.

Los comuns piden a Aragonès un cambio de Govern

La líder de los comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha criticado que ERC defienda ahora una revisión del modelo policial catalán cuando votó contra prohibir el uso de proyectiles de foam y ha reclamado un cambio en el Govern "de izquierdas y progresista". En su intervención en la Diputación Permanente del Parlament, ha criticado el incremento de la intensidad de los disturbios de las últimas semanas en las protestas tras el encarcelamiento de Pablo Hasél: "Nada tiene que ver el derecho a la protesta con quemar un coche con alguien dentro", ha dicho sobre la quema de un furgón de la Guardia Urbana de Barcelona con un agente dentro.

Ha pedido que estos episodios no desvíen el foco de la protesta y que no se criminalice ni infantilice a los jóvenes, y ha reprochado que el Govern no haya hecho públicas las instrucciones de uso de proyectiles de foam pese a que el Parlament votó a favor de hacerlo: "Solo hemos visto impunidad", ha criticado. La dirigente morada ha apostado por poner en marcha en la próxima legislatura una comisión para la reforma del orden público en Cataluña, y ha subrayado que debe ser un debate "en profundidad, no en caliente ni en medio de la negociación de investidura", en referencia a las conversaciones entre ERC y la CUP sobre esta cuestión.

Albiach también se ha referido al líder de Cs en el Parlament, Carlos Carrizosa, a quien ha recriminado que "partes de su discurso" fueran similares a las del candidato de Vox, Ignacio Garriga, y le ha pedido que no se asemeje a este partido porque solo consigue hacerles grandes, en sus palabras.

Carrizosa exige a Aragonès sacar a los Mossos de los pactos

El líder de Cs en Cataluña, Carlos Carrizosa, ha considerado que los catalanes tienen "un problema que se llama CUP, un partido antisistema que lleva cinco años llevando la batuta política", y ha exigido a Aragonès que en las negociaciones de gobierno no se ponga sobre la mesa la cabeza de los Mossos, en sus palabras.

En su intervención, ha sostenido que en Cataluña se está viviendo "una estrategia perversa de unos partidos independentistas", a quienes acusa de haber comenzado en 2017 a cargar contra la Policía Nacional y la Guardia Civil y continuar ahora con los Mossos tras los disturbios por Hasel. "Lo que pasa en las calles es producto de su nueva estrategia. Como saben ustedes que cualquier desafío a la ley les lleva a inhabilitarlos como pasó con Torra y ahora podría pasar con Torrent, ustedes se ocultan tras las masas y no condenan la violencia, no mandan detener y persiguen a la policía que les hagan frente", ha añadido.

Para Carrizosa, los partidos independentistas han utilizado los actos violentos de los últimos días en Cataluña para "desestabilizar la economía" y les acusa de mentir porque están negociando el futuro gobierno de Cataluña con la CUP. Ha replicado a Aragonès: "Usted sabe que Hasel no está en la cárcel por cantar canciones, está por agredir a un periodista y amenazar a un testigo. Una de dos, o ustedes se creen sus propias mentiras o mienten a propósito para contentar a sus socios con quienes están negociando el futuro Govern".

El PP catalán acusa a Aragonès de "condicionar la convivencia a una negociación"

El presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, ha acusado a Aragonès de "condicionar el orden y la convivencia en Cataluña a una negociación de investidura", y lo tacha de inmoral y antidemocrático, en referencia a las conversaciones con la CUP para formar gobierno, en las que se han colado los disturbios de los últimos días y el debate sobre el modelo de orden público. En su intervención, ha considerado que los disturbios en diferentes ciudades catalanas "solo puede calificarse de terrorismo urbano, es inadmisible, se compromete la imagen de Cataluña en el mundo, provoca angustia en la ciudadanía, sensación de inseguridad y destruye comercios".

Fernández ha acusado a la CUP no haber condenado la violencia en las protestas por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél, y aunque reconoce que ERC sí que lo ha hecho, les critica por hacerlo "con el pero". "De ahí viene la inmoralidad, porque además de mantener la negociación con quien no condena la violencia, comienzan a hablar de unas causas profundas que nos hacen recordar que a ustedes en campaña electoral no se les ocurrió otra cosa que traer a hacer mítines a Otegi, de quien dijeron que es un ejemplo. Luego pasa lo que pasa", ha añadido.

Ha dado su apoyo a las fuerzas de seguridad, que considera que están "abandonados, deslegitimados y despreciados por el Govern", y ha hecho un llamamiento a dotar de más instrumentos y recursos, así como de apoyo político, a los Mossos y otros cuerpos.

El rechazo de Unidas Podemos ha impedido que el Congreso diera lectura este jueves a una declaración institucional promovida por el PP para condenar los actos de violencia que han tenido lugar en los últimos días tras las protestas de apoyo al rapero Pablo Hasél por su entrada en prisión.

El pasado martes, el PP distribuyó entre todos los grupos de la Cámara el contenido de su texto para que fuese leído en la sesión plenaria de este jueves, lo cual requiere la unanimidad de todos los grupos de la Cámara. Su portavoz, Cuca Gamarra, apuntaba entonces la necesidad de enviar "un mensaje claro y rotundo de apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad" y de "condenar sin paliativos cualquier acto violento".

Sin embargo, Unidas Podemos confirmó al partido de Pablo Casado que no apoyaría su propuesta y el PSOE, viendo que ya no habría la unanimidad que requiere este tipo de declaraciones, declinó secundarla, según confirmaron a Europa Press fuentes conservadoras.

En rueda de prensa en el Congreso, el portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha justificado su negativa en que la declaración impulsada por el PP iba "contra el Gobierno" y no contra los disturbios. "Es evidente que (esa declaración) tenía una voluntad política, y no una voluntad de condenar la quema de contenedores, que es algo que todo el mundo está en contra", ha dicho.

Así, los únicos partidos que han suscrito el texto del PP han sido Vox y Ciudadanos, aunque Unión del Pueblo Navarro (UPN) y Foro Asturias, socios electorales del PP y miembros del Grupo Mixto, hicieron llegar también su respaldo a la misma.

En concreto, en su texto, recogido por Europa Press, el PP proponía que el Congreso condenase "firmemente" los ataques violentos contra las Fuerzas de Seguridad del Estado y las policías autonómicas, los actos de "pillaje" y "vandalismo", así como los "ataques de odio" sufridos en redes sociales por los portavoces de distintos partidos, representantes de ciudadanos y, en general, ciudadanos anónimos por condenar hechos "tan reprobables".

Contra la violencia y los discursos del odio

Además, el PP planteaba la necesidad de reafirmar el compromiso de las instituciones públicas con la erradicación de la violencia, el pillaje a los comercios, la destrucción del mobiliario urbano y los discursos del odio, "rechazados por la inmensa mayoría de la ciudadanía".

"La incitación a la violencia y los discursos del odio no tienen cabida en la legalidad constitucional e internacional, ni en una sociedad respetuosa con los valores democráticos, por lo que no deben quedar fuera de las instituciones, así como quienes los alienten y no los rechacen con contundencia", rezaba el texto.

La Embajada y Consulado de EE.UU. en España y Andorra han alertado de un aumento de los "crímenes violentos" este verano en Barcelona, especialmente en áreas turísticas populares, según el documento difundido por la institución.

El texto, consultado por Europa Press, afirma que las autoridades locales han detectado un "aumento significativo" del número de robos que incluyen actos de violencia, e incluso agresiones para robar joyas, relojes y bolsos.

En algunos casos, estos incidentes han causado heridas a las víctimas y "las autoridades indican que están tratando de abordar estos problemas", subraya el documento.

Ante esta situación, la Embajada pide a los ciudadanos estadounidenses "permanecer especialmente vigilantes sobre su seguridad personal".

En concreto, les recomienda estar pendiente de sus pertenencias, estar en alerta en zonas frecuentadas por turistas, no resistirse en casos de intentos de robos, no exhibir joyas o relojes caros, llamar al 112 en caso de necesitar ayuda urgente y revisar la información sobre seguridad en España en las páginas oficiales.

La revista alemana Der Spiegel también avisa en un artículo de que "Barcelona se está convirtiendo en la ciudad del crimen". Aunque la capital catalana fue durante años una de las ciudades más seguras de Europa, señalan en la pieza, ahora la situación es distinta. Los aumentos de robos en la calle, junto a la violencia que eso implica, hacen saltar las alarmas para la prensa alemana. 

"Lo que ocurre en las calles de nuestras ciudades (...) son actos constantes de acoso sexual y abuso". Son las conclusiones de un reciente estudio elaborado por la organización Plan Internacional sobre acoso callejero. Los resultados del análisis revelan un escenario que ya ha sido detectado en diversas ocasiones y que ahora más que nunca comienza a ser entendido como un problema global: las mujeres sufren violencia cotidiana en los lugares públicos que transitan. El crimen contra Laura Luelmo, la joven maestra que desapareció en la localidad onubense de El Campillo, ha reabierto el debate sobre el acoso en las calles y el miedo que pesa sobre las mujeres a cada paso que dan.

Los estudios elaborados al respecto consolidan la percepción. Plan Internacional observó que, de las mujeres encuestadas, en Madrid tres de cada cuatro jóvenes sufren acoso callejero verbal en lugares públicos muy concurridos y de hecho la mayoría de ellas reconoce evitar cerca de 800 lugares de la ciudad donde han sufrido este tipo de episodios, de un total de 951 ubicaciones analizadas. Otra encuesta, elaborada en Estados Unidos y en cinco países europeos (Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y España), revela que un 92% de las españolas encuestadas dice haber sufrido agresiones verbales o físicas de carácter sexual en algún momento de su vida. El 86% habla de silbidos sexistas, el 76% de miradas insistentes y el 50% de gestos groseros con connotación sexual. Aunque las cifras pueden variar en función de quien observe, las dimensiones del problema son abrumadoras.

La calle no es lugar seguro para las mujeres y, en muchas ocasiones, el acoso callejero es la antesala para un tipo de violencia extrema que atenta contra la integridad de las mujeres. Según el Balance de Criminalidad hecho público por el Ministerio del Interior, en los tres primeros trimestres del año se produjeron un total de 1.305 denuncias por agresiones sexuales con penetración: una violación es denunciada cada cinco horas. La cifra refleja un aumento del 23% respecto al mismo periodo del año anterior. Y la evolución no deja de escalar. En 2017, el aumento fue del 10% con relación a 2016. Por otro lado, el resto de delitos contra la libertad e indemnidad sexual han pasado de registrar 7.911 denuncias durante los tres primeros trimestres de 2017 a un total de 9.140 en el mismo periodo del año actual, un 15,5% más.

Una forma de violencia

Emilia Sánchez, directora de incidencia política de Plan Internacional, recuerda que el acoso callejero es un asunto que forma parte de los problemas que más recurrentemente mencionan las mujeres. "Una de las primeras conclusiones es que está muy normalizado y las chicas lo viven con resignación", dice en conversación con este diario. El acoso en la vía pública, añade, "afecta directamente a sus derechos, a su libertad y supone una discriminación", pero es “tan diario, está tan normalizado, que asusta”.

Bárbara Tardón es doctora en estudios interdisciplinares de género y coautora del estudio Ya es hora de que me creas, de Amnistía Internacional. El acoso callejero, coincide, se encuentra plenamente normalizado en el imaginario colectivo. "Hemos aprendido a convivir de forma normalizada con él y no sabemos identificarlo", sostiene. En ese sentido, las violencia sexuales y otras "menos visibles" forman parte de la convivencia "porque están invisibilizadas y no se ha trabajado por nombrarlas".

Tardón habla del acoso callejero como violencia porque así lo entiende: "El acoso machista callejero es una forma de violencia machista, de violencia sexual, porque lo que se busca es el control del cuerpo de las mujeres y de su libertad". Por tanto, añade, dentro de lo que conceptualmente se entiende por violencia, el acoso "es una forma directa, no como otras, pero lo que hace es consolidar una cultura de impunidad donde todo vale". Además precede, en ocasiones, a otras formas más graves de violencia. "El hombre alimenta que se produzcan otras formas de violencia más duras", señala la experta, porque "todas las violencias están relacionadas". Cuando una mujer sufre violencia extrema, como aquella de índole sexual, física o laboral, "hay otras violencias que antes permiten y alimentan que esa violencia se produzca".

Emilia Sánchez así lo corrobora con un ejemplo claro: "El piropo, el acoso verbal, no es inocuo y a ellas les da miedo porque no saben cómo va a acabar la situación. Primero viene el piropo pero de ahí escala al insulto y eso puede llevar a que las persigan y tengan que huir". Las chicas, añade, "están muy concienciadas, saben muy bien cuáles son sus derechos y quieren defenderlos".

Pero para hacerlo son necesarias políticas públicas. "Todas las chicas han tenido que cambiar sus hábitos, o bien para autoprotegerse o bien para ayudar a otras chicas", relata Sánchez. Son ellas, dice, "las responsables de protegerse, cambiar de acera, modificar su ruta, hacer como que hablan por el móvil… hay miles de ejemplos". Estrategias individuales que, lejos de aumentar la seguridad en las calles, refuerzan la idea de que son las potenciales víctimas quienes deben velar por su seguridad.

Pacto de Estado y norma estatal

En España el acoso callejero no se encuentra tipificado. En el año 2011, la entonces ministra de Igualdad, Bibiana Aído, amagó con crear un protocolo sancionador para evitar los comentarios sexistas hechos de manera puntual y en la calle, que sin embargo cayó en saco roto tras el abandono de su cargo. En julio del presente año, Unidos Podemos presentó una propuesta de Ley de Violencias Sexuales que abordaba el acoso callejero.

La norma registrada por el grupo confederal propone calificar como delito leve el acoso en la vía pública, que al contrario de lo propuesto por Francia el pasado mes de mayo, no se tratará de una sanción administrativa, sino de "castigar el acoso intimidatorio", con los medios de prueba habituales, tales como la declaración de la víctima o de testigos.

El Pacto de Estado contra la Violencia de Género, por su parte, aboga por la inclusión de indicadores en la Macroencuesta de la Delegación de Gobierno para la Violencia de Género sobre todos los tipos de violencia, especialmente el acoso callejero, pero no incluye ninguna sanción contra los acosadores.

Fuera de las fronteras estatales, países como Francia, Bélgica, Argentina o Perú, entre otros, cuentan con legislación al respecto. En Holanda, de hecho, el pasado jueves un hombre de 36 años recibió la primera multa por acoso sexual verbal en la calle.

Para Bárbara Tardón, "las sanciones penales no siempre son la vía para resolver los problemas y combatir la violencia machista". Aunque sí reconoce que pueden existir sanciones administrativas, cree que lo necesario es "inversión real para prevenir la violencia y un compromiso también real por parte de la sociedad y las administraciones públicas para que no se normalice". ¿Sobre quién recae la responsabilidad? Tardón responde que, desde el marco de los derechos humanos, la responsabilidad última es estatal, "lo que no implica que los municipios, por cercanía, realicen sus propias medidas, acciones y campañas específicas".

Políticas municipales

A juicio de Emilia Sánchez, una de las primeras medidas "tiene que pasar por implicar a los chicos y superar las relaciones desiguales de poder". Lo afirma rotunda: "O superamos estos roles o esto se va a seguir dando". En ese sentido, comenta, "hay una parte de sensibilización que se puede hacer desde todos los ámbitos", pero a nivel municipal existe la posibilidad de "desarrollar muchas iniciativas".

Y así se empieza a hacer en distintos territorios. Ciudades como Vigo, Bilbao, Terrassa o Vitoria comenzaron este verano a implantar las conocidas como paradas de autobús nocturno bajo demanda. Se trata de fijar paradas intermedias o a demanda, dentro de la ruta oficial, que permitan a las mujeres aproximarse lo máximo posible a su punto de destino.

En la Comunitat Valenciana, los ayuntamientos alicantinos de Algorfa, Jacarilla, Redován y San Miguel de Salinas conforman la Mancomunidad de la Vega para la prestación conjunta de servicios sociales desde el año 2005. El pasado año, la mancomunidad acordó abanderar la iniciativa No Tienes Permiso, una plataforma para pedir legislación contra el acoso callejero.

"Se lanzó la iniciativa para recoger firmas y elaborar un documento para poder llevarlo a los altos mandos", y aunque la campaña "empieza así, luego evoluciona", cuenta una de las agentes de igualdad de la mancomunidad a través del teléfono. La actividad continúa a través del espacio virtual, gracias a las redes sociales, pero también sobre el terreno, especialmente en fiestas. "En los cuatro municipios se ofrece formación, se impulsa un punto seguro integrado por personas voluntarias y se dan consejos para acabar con el acoso callejero, desde una perspectiva alejada de eso que se dice normalmente a las mujeres", añade. La mancomunidad busca, de hecho, situar al hombre como receptor del mensaje y trabajar en nuevas masculinidades.

Infografía contra el acoso.

Desde la mancomunidad creen firmemente en que la erradicación de la violencia "tiene que empezar desde abajo". Aunque reconocen que se trata de algo "muy complejo", el camino debe ser recorrido "poco a poco, empezar por las aulas, desde la educación infantil, poner el foco sobre ellos y visibilizar el problema". Y combatir, dicen, el estigma contra quienes luchan por cambiar de paradigma. "Hay tanto estigma con el feminismo, que parece que en cuanto decimos algo somos súper radicales. Pero esas radicales estamos luchando por que las mujeres puedan ir seguras por la calle", concluyen.

La autopsia practicada al cuerpo de Laura Luelmo, la joven maestra de 26 años natural de Zamora, apunta a que la causa de la muerte fue un traumatismo craneoencefálico provocado por un fuerte golpe en la frente. Según fuentes de la investigación, el fallecimiento se produjo entre el 14 y el 15 de diciembre. Informa Europa Press.

El informe preliminar de la autopsia se ha practicado en el Instituto de Medicina Legal (IML) de Huelva, a donde se habían trasladado este martes los familiares de la joven. Los investigadores de la Guardia Civil rastrean la zona cercana a El Campillo donde apareció el cuerpo para buscar indicios sobre esta muerte, ya que se baraja la posibilidad de que Laura hubiera sido golpeada con algún objeto contundente.

Este martes por la mañana, 24 horas después del hallazgo del cuerpo y del levantamiento del cadáver ordenado ayer a las 18.40 horas, fuentes de la investigación habían señalado que la primera inspección ocular apuntaba a que la muerte se había producido por un fuerte golpe en la cabeza. El cuerpo presentaba otros signos de violencia pendientes de análisis forense.

La Policía Nacional ha informado este jueves de la detención en Sevilla del hombre de 44 años de edad y origen iraní sobre el que pesaba una orden europea de detención y entrega decretada por la justicia alemana, que le considera presunto autor del asesinato de una mujer hace ocho días.

Se trata, según confirman a Europa Press fuentes policiales, de Ali Akbar Shahghaleh, el autor de un asesinato que ha contribuido a la ola de protestas y de violencia xenófoba que ha requerido la condena por parte de la canciller alemana, Angela Merkel. La muerte de un ciudadano alemán el pasado lunes completó la sucesión de episodios violentos que en los últimos días ha sido utilizada por partidos ultraderechistas y de tintes xenófobos para lanzar consignas contra los extranjeros.

Los hechos

La detención se produjo en los Jardines de Murillo de la capital hispalense, donde los agentes localizaron al individuo. Al percatarse de la presencia policial, intentó huir del lugar, aunque fue interceptado por los policías. En el transcurso de la identificación y una vez confirmada su identidad, su actitud se volvió agresiva e hizo ademán de sacar algún objeto de su vestimenta, momento en el que fue reducido, según ha informado la Policía Nacional.

El arrestado tenía en vigor una orden europea de detención y entrega decretada por las autoridades de Alemania, en vigor desde el 22 de agosto por un presunto delito de asesinato, por lo que se trataba de un individuo calificado de "extremadamente peligroso".

Según ha detallado la Policía, hace diez días que el arrestado presuntamente acabó con la vida de su mujer tras asestarle más de 25 puñaladas, hecho que causó una gran repercusión mediática en Alemania. El suceso ocurrió en Düsseldorf, a más de 2.000 kilómetros de Sevilla, la ciudad a la que huyó de la justicia germana. 

Una vez cumplimentado los trámites oportunos, el detenido fue puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción de Guardia de la Audiencia Nacional.

Al menos cinco personas han muerto debido a la represión de la Policía contra manifestantes en la ciudad de Masaya, en Nicaragua, mientras que dos personas más han fallecido, una en Estelí y otra, un ciudadano estadounidense, en Managua.

Policía y paramilitares afines al Gobierno atacaron a manifestantes en varios barrios de Masaya, según ha informado un responsable de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (Anpdh) en Masaya, Álvaro Leiva, en declaraciones al diario nicaragüense La Prensa.

Leiva ha confirmado con nombres y apellidos los cinco fallecidos, un número indeterminado de heridos y más de 30 detenidos. Entre los fallecidos hay un menor de edad de 15 años y denuncia que uno de los fallecidos era un detenido por la Policía al que "una mujer se le acercó y le pegó un disparo en el corazón", según ha relatado una testigo en declaraciones a Leiva.

Otros 11 fueron trasladados a El Chipote. Pero después de esto la Policía recrudeció la agresión contra los manifestantes, según Leiva, que calificó anoche la situación como "grave" y de "crisis profunda de violación a los derechos humanos".

La versión de la Policía apunta a actos terroristas ejecutados por grupos de delincuentes encapuchados, con armas de fuego y morteros en contra de la delegación de la Policía Nacional de Masaya, donde causaron daños en la parte exterior de sus instalaciones.

Por otra parte, la portavoz de la Policía Vilma González ha informado de dos fallecidos, uno en Estelí, Darwin Alexander Salcedo Vílchez de 19 años, y otro en Managua, el ciudadano estadounidense Sixto Henry Vera, de 48 años, hallado muerto en una avenida en Managua.

Además ha confirmado disturbios entre el 1 y el 2 de junio en Managua, Chontales, Masaya, León, Estelí y Granada, además de barricadas y cortes de carreteras en varios departamentos del país en los que cobran peaje a quienes quieran circular.

"Nuestra institución policial condena estos actos cobardes de violencia, hace un llamado a respetar la vida, la propiedad pública y privada, el derecho de las personas a circular libremente en todo el territorio nacional y reitera su compromiso de continuar trabajando por la paz, la seguridad y la tranquilidad de las personas, familias y comunidades", ha apostillado González.

La Embajada de Estados Unidos en Managua, capital de Nicaragua, ha confirmado la muerte de un ciudadano estadounidense. "El Gobierno de Estados Unidos expresa sus condolencias a la familia del ciudadano estadounidense fallecido y a todas las familias que recientemente visitaron medicina legal. La muerte de un ciudadano de Estados Unidos es de gran preocupación para la Embajada", ha señalado la embajadora Laura Doug a través de su cuenta en la red social Twitter.

La violencia que sufren las mujeres trasciende de lo meramente físico y se extiende al centro de la esfera pública. Una de las principales consignas del 8M, de hecho, recordaba el derecho de las mujeres a ocupar las calles sin correr el riesgo de convertirse en víctimas de acoso. Son las calles, precisamente, los lugares que el Gobierno de Francia quiere convertir en espacios seguros para las mujeres. Siguiendo el ejemplo de otros territorios, el país galo ha optado por actuar a través de la imposición de un régimen sancionador. La medida es, según las expertas consultadas, positiva a la hora de generar posibles efectos disuasorios, pero no va al fondo del problema: la arraigada concepción social del acoso callejero como un asunto banal y no como una forma de violencia que amenaza a la mitad de la población. 

Francia prevé, a través de un proyecto de ley, multar a los acosadores con sanciones de entre 90 y 750 euros, mientras que los reincidentes podrán tener que asumir multas de hasta 3.000 euros. La idea del Gobierno galo consiste en trabajar con policía especializada que actúe contra los acosadores en las calles y el transporte público. Se prevé que el contenido de la ley se apruebe antes de verano. El Ejecutivo de Emmanuel Macron propone un nuevo concepto legal denominado "ultraje sexista y sexual" que define "toda proposición, comportamiento o presión de carácter sexista o sexual que atente contra la dignidad de la persona por su carácter degradante o humillante", o que cree una "situación intimidatoria, hostil u ofensiva".

El país vecino no es el primero en abrir camino hacia este tipo de políticas sancionadoras. Bélgica fue pionera en el año 2014, con multas que oscilan entre los 50 y 1.000 euros y penas de hasta un año de prisión. También Portugal se sumó a la tendencia en el año 2016, tipificando el acoso callejero con multas de 120 euros como mínimo y penas de hasta un año de prisión. En América Latina, países como Perú o México son ejemplos de la misma política.

En España el acoso callejero no se encuentra tipificado. En el año 2011, la entonces ministra de Igualdad, Bibiana Aído, amagó con crear un protocolo sancionador para evitar los comentarios sexistas hechos de manera puntual y en la calle, que sin embargó cayó en saco roto tras el abandono de su cargo. En enero del presente año, Unidos Podemos anunció una Ley de Violencias Sexuales en la que proponía regular el acoso callejero. La iniciativa continúa actualmente en elaboración y este viernes la formación prevé celebrar una segunda reunión para continuar trabajando sobre ella. El Pacto de Estado contra la Violencia de Género, por su parte, también aboga por la inclusión de indicadores en la Macroencuesta de la Delegación de Gobierno para la Violencia de Género sobre todos los tipos de violencia, especialmente el acoso callejero, pero no incluye ninguna sanción contra los acosadores.

¿Es efectiva la política sancionadora?

Pero ¿es efectiva la imposición de sanciones contra el acoso callejero? Virginia Gil, directora de la Fundación Aspacia, contesta que la medida "es interesante en tanto en cuanto pueda desincentivar este tipo de comportamientos ante el miedo a recibir algún tipo de sanción" y recalca, además, la importancia de que sea asumida como "afirmación clara de que no son comportamientos socialmente aceptables".

Si bien la medida puede resultar positiva, matiza, "ciertamente no es suficiente". No basta, a su juicio, con "penalizar una conducta para erradicarla". En esta tarea es preciso "complementar con otro tipo de medidas que aborden la violencia sexual de manera integral y coordinada". Se refiere, la experta, a herramientas de "prevención y sensibilización, atención a las víctimas y reparación además de persecución del delito", tal y como por otra parte estipula el Convenio de Estambul, en vigor desde el año 2014.

Justa Montero, cofundadora de la Asamblea Feminista de Madrid, entiende que el hecho de imponer multas o algún tipo de medida sancionadora "podría tener cierto efecto disuasorio, pero siguen siendo medidas que no van a la raíz del problema". El aumento de fuerzas policiales en la calle, dice, no es más que una "salida en falso".

Montero apuesta por incidir en el ámbito educativo, entendido no únicamente como pedagogía en las aulas, sino contemplado también desde una perspectiva comunitaria. "No puede ser que haya parte de la población que se sienta agredida al caminar por las calles" y eso requiere un "cambio comunitario" que haga replantear a la ciudadanía "qué tipo de ciudad y convivencia quiere". Es ahí, estima la experta, donde hay que apuntar cuando se trata de igualdad en las ciudades y de habitabilidad, "no poner medidas de control coercitivo". La ciudad segura, añade, "no es sólo la que cuenta con más policía, sino aquella que parte de un tipo de relaciones y uso en la que todo el mundo se sienta a gusto". Es, por tanto, el entorno, el que debe "no tolerar ese tipo de actitudes" y cambiar la idea "de lo que es la calle y el espacio público". Un cambio, agrega, que requiere de trabajo a "largo plazo" y que sin embargo "nunca termina de ponerse en marcha".

La presidenta de la Fundación Mujeres, Marisa Soleto, entiende la medida como una forma positiva de alimentar el debate sobre el acoso callejero. "Me parece importante que este tipo de iniciativas den el paso para identificar determinadas situaciones como acoso y limitación de los derechos de las mujeres", sostiene. Cree que "frente a una conducta que es ilícita", resulta importante tomar medidas y esta es una forma de hacerlo. De hecho, señala, los países en los que existe regulación de este corte, hay también un debate mucho más maduro producto de "una toma de conciencia social".

Aunque Soleto cree que "siempre" es positivo "tomar medidas en educación", también cabe preguntarse "quién imparte esa educación". "Si vivimos en una sociedad que no identifica el acoso como un problema, difícilmente se podrá inculcar a los jóvenes que eso no está bien", argumenta. Un "cambio de hábitos transmitido a través de la educación" es necesario, pero para que las nuevas generaciones "no repitan nuestros errores primero hay que reconocerlos como tal". Ahora mismo, añade, uno se para a "observar el acoso en la calle" y se percibe como "un divertimento". Estamos, por tanto, "muy lejos" de una conciencia global que entienda el acoso como un problema que afecta a más de la mitad de la población.

El acoso callejero como forma de violencia

La encuesta elaborada por la Agencia Europea de Derechos Humanos en el año 2014 revela que una de cada cinco mujeres, el 21%, ha sentido preocupación en los doce meses previos a la entrevista por la posibilidad de ser agredida física o sexualmente. Además, más de la mitad de todas las mujeres de la UE, el 53%, procura evitar ciertos lugares o situaciones, al menos en ocasiones, por temor a ser víctima de agresiones físicas o sexuales.

Marisa Soleto considera importante identificar qué es el acoso callejero e insiste en ir más allá de lo que socialmente se entiende como piropo. Con la ley francesa, subraya, "no se regula el piropo, sino el acoso que tiene que ver con actitudes sexuales explícitas". Estamos, dice, ante "un problema real que se está desarrollando con total impunidad" y que supone "un problema de seguridad ciudadana y una limitación de las mujeres en los espacios públicos".

Justa Montero coincide en relacionar el acoso callejero con la forma en que las mujeres habitan el mundo. "Hablamos de una situación que hace que muchas veces a las mujeres les de miedo ir por determinadas calles, zonas u horas", sostiene. Las mujeres, en demasiadas ocasiones, "no pueden andar por la calle porque se sienten agredidas, cosa que no les sucede a los hombres". Se trata de un problema que, a pesar de haber sido planteado por el movimiento feminista desde hace años, ha quedado orillado frente a otras formas de violencia más explícitas. "Hace tiempo que se ha venido planteando como uno de los problemas de estar y ocupar el espacio público", apunta Montero, quien admite que "afortunadamente ahora se ha puesto sobre la mesa como problema".

También Virginia Gil entiende el acoso callejero como "un tipo de violencia sexual que forma parte del continuo de violencias contra las mujeres" y que de hecho "está presente en la vida de todas las mujeres". Supone, estima la experta, una expresión sobre el modo en que "los hombres se sienten con poder para hablar de los cuerpos de las mujeres, perseguirlas por la calle e intimidarlas".

La Policía Local de Murcia detuvo el pasado sábado a un hombre de 35 años de edad por agredir a su pareja sentimental, a la que llegó a arrastrar del pelo por la calle por estar con un amigo, informa Europa Press.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 9.03 horas cuando la Sala 092 comisiona a unidades de este Cuerpo a la Plaza Oliver de Murcia donde se encontraba un individuo que había agredido a una mujer, hallándose la víctima en una calle próxima.

La mujer informa a los agentes y así lo ratifican varios testigos, que había discutido con su pareja sentimental al verla al lado de un amigo, se ha puesto agresivo y le ha dado varios golpes, la ha agarrado del pelo y la ha arrastrado varios metros por la calle.

Por todo ello, según informan fuentes policiales, se procede a la detención del agresor de 35 años, siendo trasladado a Comisaría de Distrito del Carmen donde se instruyen diligencias por delito de violencia de género.

Cientos de personas se han concentrado este mediodía en la explanada del campo de fútbol de San Mamés, en Bilbao, en repulsa de los incidentes que protagonizaron este pasado jueves aficionados radicales del Athletic Club y del Spartak de Moscú, y han recordado a Inocencio Alonso, el ertzaina que sufrió un infarto que le provocó la muerte mientras trabajaba en el operativo policial que intentaba evitar los altercados en las inmediaciones del estadio. Informa Europa Press.

Al acto, convocado por el sindicato ESAN de la Ertzaintza, al que estaba afiliado el agente fallecido, ha contado con la presencia de cientos de personas, entre ellas representantes de todos los sindicatos de la Policía autonómica, compañeros del homenajeado, así como representantes políticos, entre los que se encontraban el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Bilbao, Luis Eguíluz, y la parlamentaria del PP vasco Nerea Llanos.

La concentración se ha celebrado en el mismo punto en el que cayó desplomado el ertzaina, donde se ha colocado una fotografía de Inocencio Alonso, flanqueada por el emblema de la Ertzaintza y una bandera del Athletic.

Tras diez minutos de silencio de todos los presentes, se ha procedido a realizar una ofrenda floral y numerosas personas han colocado velas junto a la fotografía del fallecido, para volver de nuevo a guardar otros diez minutos de silencio y concluir el acto con una salva de aplausos.

El juzgado de Guardia de Bilbao ha dejado en libertad a los nueve detenidos este pasado jueves por participar en los altercados que se dieron en las inmediaciones del campo de San Mamés, donde se celebraba un partido de la Europa League entre el Athletic Club y el Spartak de Moscú.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad a Europa Press, de los arrestados, tres son rusos, uno polaco y los otros cinco vascos.

Víctor Láinez, de 53 años, falleció este martes en la UCI del Hospital Clínico Universitario de Zaragoza, donde permanecía ingresado en estado de coma tras recibir una paliza en la madrugada del viernes al salir de un bar en el que fue increpado por llevar unos tirantes con los colores de la bandera de España.

La agresión se produjo en la zaragozana calle Antonio Agustí, en la zona de Heroísmo, por parte de un joven que supuestamente le agredió en la cabeza con una barra de hierro. La agresión se produjo por la espalda y las lesiones cerebrales que le provocó fueron irreversibles por lo que el desenlace era inminente, según informa Heraldo de Aragón.

El Cuerpo Nacional de Policía detuvo el lunes a Rodrigo Lanza como supuesto autor del homicidio. Lanza estuvo en prisión entre 2006 y 2012 tras ser condenado por dejar tetrapléjico a un guardia urbano de Barcelona en los incidentes ocurridos en una casa okupa donde se celebraba una fiesta el 4 de febrero del 2006.

El documental Ciutat Morta, dirigido por Xavier Artigas y Xapo Ortega y en el que aparecía Lanza, puso en tela de juicio el proceso que lo llevó a prisión y acusaba a la policía de fabricar pruebas. El documental narra las presuntas torturas de cuerpos policiales a detenidos tras el desalojo de una fiesta en un teatro okupado en el que un agente acabó herido de gravedad.

Láinez, miembro del grupo de moteros Templarios, coincidió en un bar con Lanza, que iba con tres amigos (dos mujeres y un hombre, que ha prestado declaración como investigado). La Policía busca ahora a estas dos mujeres, que huyeron del lugar del crimen. Tras insultarlo al grito de "facha", Lanza, supuestamente, lo golpeó con una barra de hierro en la cabeza.

"No era legionario, como están diciendo por ahí, aunque eso no quiere decir que no le gustara la Legión y que no tuviera simpatía por ella", manifestó uno de sus amigos al diario aragonés. Sin embargo, a través de su cuenta de Facebook, Falange Española de las Jons (FEJONS) publicó que "Víctor era falangista y legionario, y ya militaba en FEJONS en los años 80". En el mismo mensaje, añaden que FEJONS "estudiará personarse como acusación popular en el proceso contra los asesinos".

La Jefatura Superior de Policía Nacional en Aragón abrió una investigación que se saldó con la detención dos hombres. El segundo de ellos, no obstante, quedó en libertad. Durante la fase de instrucción determinarán si pudo ser cómplice o autor de un delito de omisión de socorro. La detención se pudo practicar porque uno de los supuestos agresores pagó las consumiciones en una bar con tarjeta de crédito, según detalló el periódico regional.

Condena unánime de los grupos del Ayuntamiento 

Los grupos municipales del Ayuntamiento de Zaragoza han condenado "unánimemente" el crimen de Víctor Láinez y han querido expresar su "sentimiento" y "cariño" a la familia y amigos de la víctima. A través de una declaración institucional, el Consistorio denuncia estos hechos y todo el significado que encierran como "acto generador de odio, de miedo y de intransigencia".

"Repudiamos cualquier manera de proceder que se sustente en la violencia radical y en el odio, porque éstas son justamente las expresiones que socavan nuestros valores, las que nos agreden a todos en nuestra dimensión ciudadana, en nuestra manera de hacer ciudad y de entender las relaciones entre las personas", han expresado.

Así, han sostenido que "nunca" van a permitir que "en virtud de ideas o modas ningún espacio de la ciudad se convierta en un terreno hostil y que la razón se vea arrinconada, que la violencia encuentre terreno para campar por sus anchas, porque quien así lo pretenda se va a encontrar la oposición frontal del Ayuntamiento de Zaragoza y, a la par, de todos los ciudadanos".

La Fiscalía de Vaència ha solicitado que Vicente Javier Estruch, considerado como líder del grupo de ideología de ultraderecha Yomus, comparezca cada 15 días en el juzgado mientras se instruyen las presuntas agresiones registradas en la manifestación vespertina del 9 d'Octubre, Día de la Comunitat Valenciana. El acusado, por su parte, se ha acogido a su derecho a no declarar ante el magistrado.

Estruch ha tenido que acudir este viernes a los juzgados de València para declarar, como investigado, por los incidentes registrados el 9 d'Octubre contra participantes en la marcha -bajo el lema "Sí al valenciano"- y periodistas. Inicialmente se le citó el miércoles, pero se pospuso su testimonio por cambio de su letrado, con el objeto de darle 48 horas para que se pudiera estudiar la causa.

Este viernes, el investigado, conocido como El Alfarrasí, se ha acogido a su derecho a no declarar ante el juez, en una comparecencia en la que el ministerio público ha reclamado que comparezca cada 15 días en el juzgado. A esta solicitud se han adherido el resto de acusaciones, según ha podido saber Europa Press. Ahora será el juez el que adopte las medidas pertinentes.

En total, en este procedimiento judicial hay 17 investigados, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). Se les investiga por presuntos desórdenes públicos y lesiones, entre otros.

El juez abrió una investigación tras las diligencias de oficio que acordó la Fiscalía Provincial de València en relación con los incidentes registrados en la manifestación vespertina del 9 d'Octubre por parte de un grupo de violentos de extrema derecha.

Otras entidades, como la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado, presentaron denuncias ante el ministerio público por estas presuntas agresiones.