Reina Isabel Tejada toma el expediente y lee: "Diagnóstico de síndrome de hombro doloroso derecho secundario a ruptura parcial del supraespinoso e infraespinoso y tendinitis glenohumeral".

Levanta la mirada y traduce: “Esta obrera tiene una discapacidad parcial permanente del 32%”. 

Éste es tan solo uno de los 900 expedientes médicos con 900 historias de trabajadoras de empresas internacionales en Honduras que fabrican ropa para exportar. Lo que en ese país llaman maquilas. Reina está en una pequeña oficina en un barrio de Choloma, una ciudad de unos 300.000 habitantes, donde la industria textil es la principal actividad económica: todos tienen algún familiar trabajando ahí. 

Es la oficina de la Colectiva de Mujeres Hondureñas, la CODEMUH, liderada por María Luisa Regalado desde 1989, una mujer que aprendió a leer y escribir a los 22 años, y unas décadas después recibió el premio Lideresa de Derechos Humanos otorgado por la embajada de Canadá en Costa Rica, Nicaragua y Honduras. La CODEMUH no es la primera organización que lidera María Luisa. Incluso siendo analfabeta, creó una de mujeres campesinas. Con los años, ayudó a que obreras con discapacidad adquirida por el trabajo ganaran juicios laborales y percibieran una idemnización o incluso una pensión. 

Pero el mayor de los logros de la organización y de María Luisa es que las mujeres sepan cuáles son sus derechos, que reclamarlos no es de “haragana” (vaga), ni de loca, que las pueden reubicar en otros puestos para que las enfermedades que les genera ese tipo de trabajo no empeoren. “Fue muy duro escuchar a mujeres que trabajaban en maquilas. Cómo podían trabajar 12 o hasta 24 horas. Eran mujeres del campo, eso me conectaba mucho a mí”, dice hoy la dirigente, que a pesar de no haber trabajado nunca en la maquila, sintió que ahí estaba su lucha.

La ropa que se produce en Honduras se exporta al mundo, sobre todo a Estados Unidos, y las empresas que contratan a estas mujeres son gigantes de la industria de otros países, como Canadá y también Estados Unidos. Se instalan en Choloma, en San Pedro Sula, en Villanueva, con beneficios por parte del Estado, no pagan impuestos, y emplean a jóvenes durante años hasta que dejan de ser productivas.

Según el informe del Instituto Nacional de Estadística de Honduras sobre comercio exterior, casi la mitad de lo que Honduras exporta va a Estados Unidos. Europa, por su parte, representa en promedio el 15,5% (449,1 millones de dólares) del total de las exportaciones hondureñas. Los principales productos son el café, el banano y los textiles. 

En el caso particular de España, según datos del Observatorio de Complejidad Económica (OEC), entre 2018 y 2024 cerca del 6% de lo que exportó Honduras a este país fue ropa.

Esta industria tiene un impacto masivo en la economía nacional: representa el 25% del PIB si se suma el consumo intermedio de bienes y servicios locales.

Choloma concentra casi el 80% de la actividad maquiladora del país. La empresa más nombrada por trabajadoras y especialistas en esa ciudad, y que tiene gran parte de la producción textil, es Gildan Activewear, de Canadá, que produce 18 marcas como Gildan, American Apparel, Comfort Colors, GOLDTOE y Peds, y emplea a unas 50.000 personas en 12 países. 

Las marcas que se producen van desde American Apparel, Fruit of the Loom o Calvin Klein a Nike y Adidas, que incluso lo comunican en sus propias páginas web de transparencia. 

Nike, por ejemplo, publica un mapa interactivo donde se puede ver por país cuáles son las empresas proveedoras. En Honduras son cuatro, de las cuales dos están en Choloma: Gildan Hosiery Rio Nance S. de R. L, y Gildan Textiles de Sula S de R L.

Adidas tiene una lista de sus proveedores principales y subcontratistas, donde aparecen muchos países, entre ellos Honduras, con la maquila Pinehurst Manufacturing GMBH. 

En el mismo documento figuran los proveedores de procesos húmedos que, según explican, son aquellos que requieren un uso intensivo de agua, como el teñido y el acabado de materiales. En ese listado aparece, de nuevo, Gildan Textiles de Sula, S. de R.L., ubicada en Choloma.

La organización Maquila Solidarity Network publica listados de las marcas y sus proveedores, donde se puede buscar por marca qué empresas son las que producen sus prendas. 

“Nosotras siempre dejamos claro, no estamos en contra de la fuente de empleo, no estamos en contra de la maquila, sino de la forma en que se implantan estas transnacionales en nuestro país. Pensando más en fortalecer sus capitales, sus ganancias a costa de la destrucción del cuerpo y la vida de las mujeres y también de los hombres que trabajan en esta industria maquiladora”, dice Reina Tejada, que luego de conocer a la CODEMUH estudió abogacía para defender los derechos de sus compañeras. 

¿Cuál es esa forma que menciona la abogada? En la maquila se trabaja en "celdas de producción", un término que remite más a lo carcelario que a una empresa textil. Así, unas deben presionar a las otras, hay rivalidad. “A esta haragana quítemela, no quiere producir”; “Haragana, muévase como se movía anoche”; “No ves que por vos vamos a perder la meta”. 

La producción se organiza en módulos: grupos de trabajadoras y trabajadores que comparten una meta colectiva y donde cada una realiza una operación muy específica dentro de la cadena de ensamblaje de una prenda. “La meta que nosotras teníamos que hacer era 479 docenas de prendas por día. En total son más de 1900 docenas a la semana. Trabajamos de lunes a jueves”, dice Fanny Mejía.

En la entrevista en la oficina de la CODEMUH, Fanny, de tan sólo 33 años, se para y muestra las secuelas, los daños de este modo de trabajo, y cuando habla siente que es como una terapia, que se desahoga. Lleva 15 trabajando, y ya cuenta con un largo historial de enfermedades laborales: “Padezco de tendinitis crónica con inflamación en el acromio en el hombro derecho y tengo una leve tendinitis en el hombro izquierdo. Y también tengo una rectificación cervical y una lumbalgia crónica”. Dice, ahora, que si Dios le diera la oportunidad de volver a nacer, la maquila sería lo último que buscaría. Pero también piensa que, con su padre que sólo hizo primer grado, y su madre cuarto grado, con bajos recursos económicos, quizá no le quedaría otra opción.

Fanny explica que en los últimos meses, su módulo –su grupo de trabajo– pasó de ser de 19 a 16 personas, pero la meta de producción sigue siendo la misma. Para compensar, le asignaron a las trabajadoras que quedaron dos operaciones en lugar de una. Por ejemplo, dice, una compañera que antes solo cerraba manga ahora también cierra cuellito: en 40 minutos tiene que completar 48 docenas de una operación y en 20 minutos, 10 docenas de la otra. Esto ocurre incluso con trabajadoras que ya tienen problemas musculoesqueléticos. 

Para el doctor mexicano Luis Manuel Pérez H. Pantoja, especialista en salud laboral de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, México, la explicación es estructural. El modelo maquilador, dice, surge a nivel mundial como una forma de aumentar la tasa de ganancia, y lo logra con bajos salarios y jornadas prolongadas. La jornada 4x4 –cuatro días de trabajo, cuatro de descanso– que se presentó como un beneficio, en la práctica significó mantener la misma meta de producción en menos días. “Ahora los equipos tienen que producir lo mismo con un día menos de trabajo”, explica. Y lo que enferma no es el movimiento en sí: “Es la cantidad de movimiento y la intensidad con la que se hace”. 

Según el informe Negociando colectivamente por el trabajo decente y digno de mayo de 2022, realizado por el Dr. Mark Anner, publicado por el Centro de los Derechos Laborales Globales de Penn State y el Center for Global Workers’ Rights (CGWR), el 56% de los trabajadores de la maquila hondureña están empleados en una jornada de trabajo 4x4 o 4x3. Bajo tal horario, trabajan de 11 a 12 horas por día. “Durante los días que no están trabajando, otro turno de trabajadores ingresa a la fábrica. Esto permite a los propietarios de las fábricas mantenerlas funcionando las 24 horas del día sin tener que pagar horas extras”, explica el informe.

Ese documento a su vez menciona las enfermedades: “La intensidad del trabajo impulsada por este sistema de metas de producción, junto con los turnos largos, son las principales causas de los problemas relacionados con la salud ocupacional”. 

Pero no siempre existió el reconocimiento de lo que generaba esta forma de trabajo en el cuerpo de las mujeres. El primer hito fue en 2012, cuando la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, de México, llevó adelante un estudio sobre la salud de las trabajadoras de la maquila hondureña. El informe final vino a validar desde el ámbito científico lo que las obreras y la CODEMUH venían diciendo hace tiempo: que más del 60% tienen trastornos musculoesqueléticos ocupacionales. Estos se definían como “enfermedades o lesiones que afectan al aparato locomotor: músculos, tendones, esqueleto, bursas, cartílago, sistema vascular, ligamentos y nervios que son causadas o agravadas por la exposición laboral a factores de riesgo”.

También recogía el informe que casi el 50% tiene ansiedad, depresión, y distrés –un estado de estrés prolongado tanto en su duración diaria como a través del tiempo–. Y que a más años en la maquila, más daño: quienes llevan más de 13 años tienen una tasa de trastornos musculoesqueléticos de 70%.

Además, el informe habla de que el 87% realiza movimientos repetitivos de manos o abre excesivamente los dedos, y la espalda y los hombros son las zonas más afectadas, y que el 76% está encorvada o con el cuello flexionado. Que más de 8 de cada 10 repiten el mismo movimiento cada 30 segundos o menos, lo que se considera alta repetitividad. Y que solo el 8% trabaja jornadas de 8 horas.

El estudio se hizo en conjunto con la CODEMUH, se capacitó a las trabajadoras para hacer las encuestas a sus compañeras afuera de los parques industriales de Choloma, San Pedro Sula, Villanueva y La Lima. Lo llevaron a cabo mediante un estándar utilizado a nivel internacional para salud laboral: el cuestionario nórdico escandinavo de molestias musculoesqueléticas Kuorinka. ¿Ha tenido molestias en el cuello, en los hombros, en la dorsal o lumbar, en el codo? ¿Cuánto tiempo estas molestias le han impedido hacer su trabajo en los últimos 12 meses? ¿A qué atribuye estas molestias? Con estas y otras preguntas, las propias trabajadoras relevaron a más de 520 compañeras de 49 empresas en cinco parques industriales, indagando sobre calidad de vida y trabajo doméstico, condiciones de trabajo, riesgos y exigencias laborales y niveles de depresión ansiedad y estrés.

Las respuestas confirmaron que el 78% no se levanta de su lugar de trabajo durante toda la jornada, que el 72% llega antes del horario para adelantar producción, que el 58% no habla con sus compañeras, que el 45% acorta el tiempo del almuerzo, y que el 40% no toma agua para no ir al baño. “Las condiciones de trabajo no han mejorado. Al contrario, han empeorado”, dice hoy el doctor Luis Manuel Pérez H. Pantoja, uno de los autores del estudio de la universidad mexicana.

Antes de 2012, sin el documento en sus manos como respaldo, María Luisa Regalado debía convencer personalmente a los médicos de que estos problemas no eran mentales, y que las trabajadoras estaban sufriendo. "Las máquinas viejas se dañan y se enferman" –le dijo un médico de un hospital de Choloma, hablando de los padecimientos de las trabajadoras. "No estamos hablando ni de máquinas ni de viejas. Estamos hablando de mujeres y jóvenes" –respondió ella.

Fanny Mejía lo sabe: es joven y ya tiene el cuerpo dañado: “Ellos ahora lo mandan a uno con el psicólogo y lo mandan con el psiquiatra, ya que ellos dicen de que nuestros padecimientos son mentales, que es algo que nosotras como que nos imaginamos porque nos estresamos demasiado, nos preguntan que si tenemos problemas personales”.

Pero no, no son problemas personales. En 2024, en su informe de sostenibilidad, Gildan Activewear reconoce que hubo un aumento en las lesiones laborales en Honduras. La compañía reporta un aumento de “lesiones de manos en nuestras instalaciones textiles en Rio Nance, Honduras, relacionadas con el manejo de equipos y herramientas”.

Sobre los problemas de salud de las trabajadoras, Guillermo Matamoros, gerente de la Asociación Hondureña de la Maquila, en una llamada desde Ginebra, Suiza, en la OIT (Organización Internacional del Trabajo), participando de una reunión técnica sobre inteligencia artificial en la manufactura, dice: "Bueno, es un trabajo que sí tiene algunos factores de repetitivo, pero no es algo que sea crucial, no, no creo que ése sea el tema, algunas organizaciones dicen que sí hay, pero la industria aborda eso de manera muy seria y responsable".

Las maquilas emplean a trabajadoras cuando tienen de 18 a 25 años, máximo: “Y estas personas le dieron toda una vida, 20, 25 años de laborar, a empresas que después los dejan con discapacidades –dice Reina Tejada–, porque no nacieron con esas discapacidades, sino que las adquirieron producto del trabajo que realizan en la maquila por la forma en que se organiza el trabajo”.

Tener 30 años para una obrera de la maquila es ser vieja. “Por tener ya arriba de 30 años, arriba de 25 años hoy en día ya uno no lo contratan. O sea, si yo me salgo de la maquila, yo ya no puedo trabajar”, dice Fanny, y es el único momento de la entrevista en que llora.

La plataforma de moda ultrarrápida Shein ha inaugurado este miércoles 5 de noviembre, en Francia, concretamente en pleno centro de París, en los históricos grandes almacenes de la capital el Bazar de l'Hôtel de Ville (BHV), su primera tienda física en el mundo.

La implantación del gigante chino, que, hay que decirlo, cumple todos los requisitos para ser considerado el gran villano del capitalismo mundial, ha suscitado gran revuelo. “Escandaloso”, “muy chocante”, “la negación de todos nuestros valores”... son las expresiones que han usado varios vecinos mientras políticos parisinos de izquierdas —en particular Emmanuel Grégoire (Partido Socialista, PS), David Belliard (Les Écologistes) e Ian Brossat (Partido Comunista Francés, PCF)— se manifestaron ante el BHV de la calle Rivoli en el momento de la inauguración de la tienda Shein.

La plataforma china, que en 2024 alcanzó una facturación de 2.300 millones de euros en Francia gracias al comercio electrónico, se ha visto envuelta en una serie de escándalos. El 30 de octubre de 2025, la revista 60 millions de consommateurs descubrió que la marca de moda ultraefímera comercializaba muñecas sexuales tipo porno infantil. La Dirección General de Competencia, Consumo y Represión del Fraude (DGCCRF), una vez alertada, anunció que remitiría el caso al fiscal y ordenó retirar las muñecas de la plataforma.

Más recientemente, el miércoles 5 de noviembre, se supo que Shein vendía en su plataforma armas de categoría A, a la que pertenecen las armas de fuego. En Le Parisien, el diputado de Los Republicanos (LR) Antoine Vermorel-Marques también afirma haber presentado una denuncia ante la fiscalía.

Esto ha sido demasiado para el Gobierno de Sébastien Lecornu, que anunció este 5 de noviembre por la tarde “iniciar un procedimiento de suspensión” de la web de Shein en Francia, “el tiempo necesario para que la plataforma demuestre a las autoridades públicas que todos sus contenidos cumplen finalmente con nuestras leyes y reglamentos”.

Además, no es la primera vez que Shein se ve envuelta en escándalos: se le acusa de vender únicamente ropa desechable a precios muy bajos bajos, con una huella medioambiental deplorable, como explicamos aquí, y que contiene materiales potencialmente peligrosos para la salud de los consumidores. Todo ello producido por personas empleadas en condiciones laborales penosas, como se detalla en esta investigación.

La plataforma Shein ya ha sido condenada en Francia, en julio de 2025, a una multa récord de 40 millones de euros por prácticas comerciales engañosas. Por su parte, la Comisión Europea también emprendió, el 27 de mayo de 2025, una acción contra la plataforma por prácticas competitivas desleales.

Además, como cualquier multinacional que se precie, Shein ha puesto en marcha mecanismos para eludir los impuestos que prácticamente no paga en Francia. En resumen, permitir que la plataforma de comercio electrónico instale tiendas es una muy mala señal para los comercios físicos en Francia, que ya se encuentran en una situación muy delicada.

Pero a Frédéric Merlin, el polémico empresario propietario del comercio de BHV y al que Mediapart ha dedicado varias investigaciones, le importan un comino todas esas polémicas. El 3 de noviembre, en Instagram, se mantuvo firme, a pesar del escándalo de las muñecas sexuales con características pornoinfantiles: “He decidido no dar marcha atrás en mi decisión [de asociarme con Shein, ndr] porque estoy convencido de que es el sentido de la historia. […] Me niego a ceder ante el conformismo que cree poseer la verdad”, escribió.

Fingiendo no respaldar las prácticas más nocivas de Shein, Frédéric Merlin se limita a repetir en los platós de televisión que todos los artículos presentes en las estanterías de BHV cumplirán “estrictos requisitos en materia de calidad, trazabilidad, procedencia y conformidad con las normas francesas y europeas”.

Pero, en realidad, el anuncio de la llegada de Shein a las estanterías del BHV es más una huida hacia adelante de un empresario acorralado que un interés económico real para esos almacenes. “El Sr. Merlin sigue con su estrategia de generar expectación a toda costa”, lamenta el senador del PCF de París, Ian Brossat. Una expectación que permite ocultar a la mayoría la sombría realidad del estado financiero de BHV.

En las estanterías de esa tienda hace meses que faltan artículos porque las marcas están hartas de los impagos acumulados de Frédéric Merlin. Cabe recordar que BHV recauda el importe de las ventas —y, por tanto, de la facturación— de las marcas presentes en estantería antes de devolvérselo, descontando una comisión. Merlin lo hace a cuentagotas: los retrasos en los pagos ascendían a casi 30 millones de euros en la primavera de 2025.

Todas esas salidas provocan que el volumen de negocios del BHV se desplome estructuralmente: un − 30 % en julio-agosto de 2025 con respecto al mismo periodo de 2024, que ya fue muy malo debido a los Juegos Olímpicos, que ahuyentaron a los clientes habituales de ese gran almacén.

Además, la situación de los impagos no mejora: según nuestra información, varias marcas ya han recurrido a los agentes judiciales para iniciar procedimientos de embargo de las cuentas bancarias de SGM, el holding de Frédéric Merlin. Algunos incluso están pensando en solicitar el concurso de acreedores.

En BFMTV, Merlin minimizó el tema de los impagos: “Debemos entre diez y quince días de facturación a nuestros proveedores”, dijo, cultivando una realidad paralela que puede llevar al fracaso al BHV, a sus empleados y a sus proveedores.

El anuncio de la llegada de Shein a BHV no ha hecho más que empeorar las cosas desde ese punto de vista: ha provocado la salida definitiva de numerosas marcas, lo que ha vaciado aún más las estanterías de la tienda.

Peor aún, el anuncio de la asociación con Shein incluso le costó a Merlin perder a su principal socio financiero para la compra de los locales de BHV a Galeries Lafayette: el Banco de Territorios, filial de la Caja de Depósitos y Consignaciones (CDC). “La SGM iba a ser el caballo de Troya de Shein en Francia, y eso no se correspondía con nuestros valores. Frédéric Merlin se equivoca por completo con Shein”, criticó el director general del grupo CDC, Olivier Sichel.

En resumen, las cosas van mal para el autoproclamado autodidacta del comercio en el centro de la ciudad, que ahora pone su salvación en manos de una de las empresas más problemáticas del capitalismo mundial.

“La moda es un derecho, no un privilegio”. Ese es el argumento estrella de Shein en sus campañas publicitarias, repetido en los platós de televisión y en las redes sociales por la influencer y lobista de la plataforma Magali Berdah. Ella elogia el hecho de que Shein conceda un “derecho a la moda” a aquellas personas que no pueden permitirse comprar ropa en las tiendas que hasta ahora han tenido un gran prestigio. Ese es también uno de los argumentos esgrimidos por el director del BHV, Frédéric Merlin, para acoger una tienda Shein en los locales de esos grandes almacenes. “No encasillamos a los clientes”, afirmó.

Lo que quieren dar a entender es que Shein sería una respuesta a los excesos del capitalismo actual, demasiado centrado en sus márgenes y, por lo tanto, incapaz de ofrecer ropa a precios asequibles para la mayoría. Pero el argumento es bastante burdo, porque Shein no ofrece una alternativa al capitalismo globalizado. Al contrario, la plataforma reproduce el mismo modelo de extracción de valor que practican sus competidores y fomenta el consumo excesivo e innecesario. Es más, lo empeora, ya que Shein generaliza al extremo "la explotación a gran escala” de los trabajadores en China y de las energías fósiles. El argumento de que Shein es el benefactor de las clases populares al concederles el “derecho a la moda” es, por lo tanto, un camelo. A menos que se sea excesivamente cínico.

Traducción de Miguel López

Temporada 3, episodio 1, la escena dura apenas diez segundos. Diez segundos durante los cuales aparece claramente en pantalla un paquete de Shein en medio de una tensa discusión sobre el impacto de la moda rápida entre dos personajes de la serie And Just Like That…, continuación de Sex and the City. La aparición del producto no pasó desapercibida para los fans de la serie, ya que las actrices, que interpretan a unas neoyorquinas adineradas, suelen vestir marcas de lujo inaccesibles para el común de los mortales.

No es la primera vez que Shein aparece en una serie de televisión. En 2021, la marca fue visible en la temporada 7 de la serie para adolescentes SKAM France, emitida en la plataforma France.tv slash. Contactada por Mediapart, el departamento de publicidad de France Télévisions asegura que ya no trabaja con ese anunciante, debido a los requisitos impuestos por la carta de FranceTV Publicité.

Para conquistar el mercado de la moda low cost, el gigante del comercio electrónico no solo apunta al mundo de las series. Su objetivo favorito para seducir a los adolescentes: los y las influencers.

En un vídeo dedicado a sus más de tres millones de seguidores, Milla Jasmine luce una serie de conjuntos veraniegos con música de los Gipsy Kings de fondo. "Rebajas de verano al rojo vivo en Shein", advierte esta influencer afincada en Dubái, que promete hasta un 70% de descuento en su propia selección de ropa.

No es la única que tiene una relación comercial con la marca de moda rápida. Manon Tanti, que también cuenta con casi tres millones de seguidores en las redes sociales, ofrece un enlace a su propia “tienda Shein”, donde los consumidores pueden comprar con un solo clic un top por 4,99 euros.

“Hemos decidido colaborar con creadores de contenido para difundir nuestra campaña digital, respetando la normativa vigente (en particular, la transparencia de las colaboraciones comerciales) y prestando especial atención a la autenticidad de los mensajes”, confirma Shein (en los anexos a este artículo se pueden leer todas sus respuestas).

Estas influencers no son solo escaparates comerciales para la multinacional. También se les solicita que mejoren la imagen de la marca, conocida por su catastrófico impacto social y medioambiental. En junio de 2023, Shein invitó a varias de ellas a visitar la que se presenta como una de las fábricas del grupo en Guangzhou, China.

En vídeos surrealistas, las estrellas de las redes sociales se maravillan una tras otra de las condiciones de trabajo supuestamente idílicas de los empleados. Una de ellas, Dani DMC, ha lamentado después su participación en esta burda puesta en escena y ha cesado toda colaboración comercial con la marca.

En Francia, una influencer ha llegado incluso a ponerse el traje de lobista de Shein. Magali Berdah está en guerra contra la ley conocida como fast-fashion. El texto, cuya aprobación definitiva está prevista para otoño, prevé penalizaciones económicas para los productos de los gigantes del comercio electrónico Shein y Temu: 5 euros por producto en 2025 y 10 euros por producto en 2030, así como la prohibición total de la publicidad.

Magali Berdah, vinculada a Shein por una asociación comercial, ha grabado nada menos que cinco vídeos denunciando una ley “que ataca el poder adquisitivo de los franceses”. La influencer, seguida por 1,9 millones de personas en Instagram, ha “salido a la calle a hablar con los franceses” en un ejercicio de reportera muy orientado contra un texto acusado de penalizar a los consumidores menos favorecidos.

“¿Sabéis que seis de cada diez franceses solo disponen de 200 euros al año para comprar ropa nueva? ¿Es que ellos no pueden tener acceso a este derecho a la moda?”, pregunta Magali Berdah. Es casi palabra por palabra el eslogan de una amplia campaña publicitaria lanzada en abril por la multinacional: “La moda es un derecho, no un privilegio”.

Contactada por Mediapart, Magali Berdah asegura haber tenido “total libertad sobre las preguntas y la forma de grabar”. ¿Por qué no dijo ni una palabra sobre el impacto ecológico y social de la multinacional? “Simplemente no era el tema de mis vídeos”, se defiende, asegurando no estar en contra del fondo de la ley contra la moda rápida.

“Yo misma digo en mi último vídeo que estoy a favor de esta ley, pero que no entiendo que no sea aplicable a más marcas, a más cadenas comerciales, y que hay que ampliarla”, afirma. “Es ese lado políticamente hipócrita lo que lamento, no vamos a cambiar las cosas golpeando a Shein”. El Senado ha decidido endurecer las sanciones únicamente para Shein y Temu, eximiendo así a las grandes marcas francesas de prêt-à-porter.

Para intentar impedir la aprobación de esta ley, Shein también se ha dirigido a los parlamentarios en una operación de lobbying de una magnitud poco habitual entre los representantes políticos. Tras su aprobación en primera lectura por la Asamblea Nacional en marzo de 2024, la multinacional envió a todos los parlamentarios un informe presentado como un estudio “independiente”. Revelado por Radio France, el documento de 37 páginas intenta demostrar que la ley contra la moda rápida penalizaría en realidad a los más modestos, atreviéndose incluso a establecer un paralelismo con el impuesto sobre el combustible de 2018, “que provocó el movimiento de los chalecos amarillos”.

La empresa se ha centrado especialmente en algunos parlamentarios. Didier Mandelli, vicepresidente de la Comisión de Ordenación del Territorio y Desarrollo Sostenible, confirma haber sido contactado por Shein casi un año antes del examen del texto en el Senado. “Los recibí una primera vez, como al 80 % de las estructuras que me lo piden”, cuenta. Durante ese encuentro, el senador de Los Republicanos afirma haber planteado preguntas sobre el impacto medioambiental de los productos y las condiciones de trabajo en las fábricas, sin obtener una respuesta precisa.

Shein volvió a la carga. “Me volvieron a contactar tres o cuatro veces. Incluso me invitaron a un desfile, pero lo rechacé. Es bastante raro, llevo diez años en el Senado y nunca había visto tanta insistencia”, se sorprende el representante de La Vendée. Pero lo que más le impactó fue el fichaje por Shein de Christophe Castaner.

En diciembre de 2024, La Lettre reveló la contratación de varios exresponsables políticos franceses en un “comité regional” encargado de asesorar al grupo sobre su estrategia en materia de responsabilidad social y medioambiental. Entre ellos se encuentran el exportavoz del Gobierno y exministro del Interior, Christophe Castaner, pero también la ex secretaria de Estado Nicole Guedj y el exdirigente de la patronal Medef, Bernard Spitz. El 27 de enero, Christophe Castaner critica en BFMTV la ley fast-fashion. “Estamos inventando un IVA sobre los productos de los más pobres, lo que me parece bastante repugnante”, decía indignado el exministro macronista.

Oficialmente, las actividades de lobby declaradas por Shein ante la Alta Autoridad para la Transparencia de la Vida Pública (HATVP) se sitúan entre 100.000 y 200.000 euros en 2025. Una cifra que varias ONG ven con escepticismo. El 23 de mayo, Amis de la Terre y el Observatorio de las Multinacionales enviaron una denuncia a la HATVP.

Ambas ONG afirman haber detectado posibles irregularidades en las declaraciones de actividades de representación de intereses del grupo Shein, consideradas demasiado “vagas y poco informativas”. “Sus representantes han mantenido varias reuniones de alto nivel, entre ellas en el Elíseo, y es urgente desvelar esta influencia que se ejerce hasta en las más altas esferas del Estado”, dice preocupado Pierre Condamine, responsable de la campaña contra la sobreproducción de Amis de la Terre.

Shein se defiende de cualquier ocultación de sus actividades de lobby ante la HATVP. La empresa asegura a Mediapart “que declara las acciones de representación de intereses que lleva a cabo, precisando en cada caso la fecha, el objeto de las acciones y las personas implicadas”. “Seguimos comprometidos en actuar con transparencia en nuestras interacciones con los representantes públicos, como hacen las empresas en el marco de sus actividades en Francia”, indica la marca.

Las dos ONG también denuncian a Villanelle Conseil, la empresa de Christophe Castaner, que, en sus actividades de lobby, no incluyó a Shein entre sus clientes. “Christophe Castaner se ha pronunciado públicamente en varias ocasiones sobre la propuesta de ley fast-fashion, lo que equivale, como mínimo, a una forma de lobbying indirecto”, escriben las ONG en su denuncia ante la HATVP. La investigación sigue en curso.

Contactado por Mediapart, Christophe Castaner niega cualquier tipo de lobbying para Shein y asegura que su papel se limita a un simple asesoramiento sobre la estrategia de responsabilidad social (RSE) del grupo. “La empresa Villanelle Conseil no ha prestado a Shein ningún servicio de representación de intereses en el sentido de la ley [...] relativa a la transparencia de la vida pública”, declara el exministro.

Una versión que también defiende Shein. “Los miembros de estos comités tienen una función estrictamente consultiva y no participan en ningún caso en actividades de lobby para nuestra empresa; cualquier afirmación en contrario es totalmente falsa y difamatoria”, aseguran molestos desde la multinacional.

El senador Didier Mandelli no parece compartir esa opinión. Tras la aprobación de la ley sobre la moda rápida por la Asamblea Nacional en marzo, el texto parecía estancarse. “Hubo un momento de sensación de que el expediente no avanzaba. El Gobierno no quería incluirlo en el orden del día [del Senado], fui yo quien tuvo que solicitarlo. Hubo un pequeño periodo de incertidumbre, no teníamos respuesta, no había réplicas, lo que creó cierta confusión. El papel de Christophe Castaner pudo influir en el Gobierno”, quiere creer.

Traducción de Miguel López

La Ley de Residuos obliga desde el pasado 1 de enero a que las prendas y textiles que tiran los hogares a la basura se recojan por separado para facilitar su reciclaje, como se hace con los envases. Los responsables de hacerlo son los fabricantes, como Inditex, El Corte Inglés o Ikea, pero la normativa todavía no se cumple y los vertederos continúan llenándose de ropa. El porqué de este retraso se explica por razones administrativas, según fuentes del sector.

Las compañías están a la espera de que el Ministerio de Transición Ecológica publique el reglamento que regula la recogida separada de textil, y este organismo está a su vez pendiente de que Europa publique una modificación en la directiva de residuos. Mientras tanto, son los ayuntamientos los que asumen los costes de la basura textil, con sus reducidos presupuestos municipales.

Recoger por separado la ropa que se tira es imprescindible para que el residuo sea de calidad, y hasta ahora solo el 10% del textil recuperado en España lo es de forma individual, gracias a las campañas de caridad, y menos del 1% se recicla, según datos de Cáritas. De hecho, el textil es el segundo residuo más importante en el día a día: representa entre el 12% y el 15% del peso de la basura de un hogar, solo por detrás de los restos orgánicos, y está incluso por delante del plástico. En total, cada año llegan 990.000 toneladas de ropa a vertederos en España.

Como la Ley de Residuos concluye que la responsabilidad sobre la recogida de la basura recae sobre quien la genera, el Gobierno dio tres años a los fabricantes para poner en marcha lo que se conoce como un sistema de responsabilidad ampliada del productor (Scrap), y tenía que estar plenamente operativo como tarde el 10 de abril de 2025.

Un Scrap es un sistema que garantiza que las prendas y tejidos no acaban en el cubo genérico, y la fórmula más habitual es mediante la instalación de un cubo específico, como ocurre con el plástico, el vidrio y el papel. En estos casos, la responsabilidad es compartida entre Ecoembes y Ecovidrio, y el textil ya ha creado su organización, Re-Viste, donde están agrupadas firmas como Decathlon, El Corte Inglés, H&M, IKEA, Inditex, KIABI, Mango o Primark. Como ocurre con el cubo amarillo o azul de las calles, los ayuntamientos serían los que coordinarían esta recogida, y luego Re-Viste —con dinero aportado por las marcas— devolvería a los alcaldes el coste del sistema.

Pero la recogida separada no funciona todavía, y parece que tardará más de un año en empezar a hacerlo.

Juan Ramón Meléndez, director de Re-Viste, insiste en que ellos están preparados para empezar a operar, pero que el Ministerio de Transición Ecológica no ha publicado el reglamento que necesitan para poder empezar. "La ley daba hasta el 8 de abril de 2025 para hacernos cargo del flujo de residuo textil, pero no se va a cumplir porque nos falta un reglamento del decreto que defina los objetivos y los plazos para trabajar", defiende Meléndez. 

Según añade, el Gobierno está a su vez esperando a que la Unión Europea saque adelante su revisión de la Directiva de Residuos, donde se esperan cambios importantes en las obligaciones del sector textil. "Lo poco que sabemos de Transición Ecológica es de conversaciones que tuvimos hace meses. Parece ser que no quieren adelantarse con un reglamento por si la directiva da unas indicaciones distintas para el tratamiento de la ropa", añade Meléndez.

El problema es que, mientras todos los actores esperan, son los ayuntamientos quienes costean con sus presupuestos la recogida de prendas de ropa, porque toda la basura que acaba en el cubo gris, el cubo marrón y las papeleras es responsabilidad de la administración local. Además, desde el 1 de enero de 2025 los alcaldes están obligados a recoger por separado los residuos textiles con cubos y camiones específicos, pero falta que se ponga en marcha el segundo eslabón de la cadena: que las marcas paguen a los ayuntamientos ese coste a través de un Scrap.

Igor González, fundador de Ecotextil, la primera organización de recogida de residuo textil del país —la predecesora de Re-Viste—, opina que el Gobierno y las empresas han hecho bien su trabajo, y que tiene sentido esperar a que Bruselas dé el siguiente paso antes de poner en marcha el Scrap. "No tiene sentido que el ministerio saque un reglamento cuando Europa te ha dicho que prepara una modificación sustancial de la directiva que afectará al reciclado textil. Sería poner en marcha un sistema que probablemente luego habrá que cambiar", afirma el experto. González cree que "el Scrap textil no estará plenamente operativo hasta la segunda mitad de 2026".

En todo caso, aunque la culpa sea de las administraciones, los fabricantes también avanzan muy lentos en el diseño de su sistema de recogida del textil desechado. Re-Viste está pendiente de iniciar un proyecto piloto en seis municipios de España —Zaragoza es el más grande— para perfeccionar el sistema, y durará "como mínimo un año".

La idea de los fabricantes es que cuando el Scrap se ponga en marcha en toda España, funcione con contenedores de ropa que estarán en la vía pública, en puntos limpios y en zonas comerciales. Una vez recogida, la ropa se clasificará entre la que puede volver a circular en el mercado de segunda mano, y la que tiene que reciclarse para fabricar nuevos productos.

Raúl González, director de Ecodicta, una empresa de reutilización de prendas, es muy crítico con el sistema de Scrap que prepara la gran industria textil. Afirma que la recogida selectiva de ropa en la calle no resuelve el problema de consumo abusivo de ropa, y que allí donde se ha probado no ha funcionado. En Francia llevan más de diez años utilizando un formato similar, a través de una organización textil llamada Re_Fashion, y los fabricantes no logran recoger en los contenedores ni un cuarto de la ropa que les corresponde tratar. 

"Re-Viste es copiar el fallido modelo Ecoembes en el textil. Solo provoca que los consumidores se relajen todavía más pensando que hay gente ocupándose de las prendas que tiran, pero la realidad es que el mercado está inundado de ropa de segunda mano, y no van a poder hacer nada con ella", explica González. "Separar la ropa y reciclarla es muy caro, la única solución es que la industria se comprometa a reducir la producción con un cambio del sistema", añade.

Desde el pasado 1 de enero, todos los municipios de España están obligados a recoger de forma separada los residuos textiles de sus vecinos. Al igual que ocurre con los envases de plástico, el vidrio, el papel y el orgánico, la ropa y otros artículos elaborados con tejidos tendrán que tener sus propios cubos de depósito para garantizar que no acaban mezclados con la basura en los contenedores genéricos, como ocurre ahora. El sistema tiene que ser organizado y financiado por las empresas textiles, y en teoría no costará dinero a los ayuntamientos, aunque los expertos dudan que vaya a ser así, porque la experiencia similar de la recogida de envases —que en teoría deben pagar las empresas del plástico— ha terminado costando cientos de millones cada año a los alcaldes. 

La normativa de recogida separada de textiles introdujo con la Ley de residuos de 2022, que a su vez es proviene de la directiva europea de residuos, pero se dio un periodo de adaptación a los ayuntamientos hasta el 31 de diciembre de 2024. Sin embargo, es evidente que el sector no ha cumplido con el calendario porque la recogida separada todavía no se está llevando a cabo en la inmensa mayoría del territorio. La ley también recoge que el 1 de enero de 2025 se tienen que recoger por separado aceites de cocina usados, residuos domésticos peligrosos y voluminosos (muebles y enseres).

La política europea de residuos se basa en el principio de que cada empresa debe hacerse responsable de la basura que generan sus productos, por eso debe ser la industria textil la que financie el coste de recoger la ropa. Igual que en el sector de los plásticos es Ecoembes quien debe pagar a los ayuntamientos a cambio de la recogida de los envases, las empresas de ropa, calzado y tejidos tendrán a partir de ahora que pagar a los alcaldes el coste de instalar cubos específicos para textiles, así como su recogida.

Hace solo tres meses, en octubre, la patronal de los fabricantes de ropa presentó la organización que se encargará de esta gestión, Re-viste, donde participan empresas como Inditex, H&M, Mango o Primark. La industria se encuentra todavía muy lejos de cumplir con la normativa porque Re-viste todavía no está operativo. En abril comenzará una prueba piloto de un año en seis municipios de España donde recogerán ropa y tejidos en contenedores urbanos y en puntos clave como centros comerciales, tiendas, colegios y parroquias. Los textiles que se recuperen en buen estado se destinarán a reventa, mientras que los desgastados se clasificarán por composición para ser después reciclados. 

Raúl González, director de Ecodicta, una empresa de ropa de segunda mano, se muestra muy escéptico con el sistema Re-viste. Este experto en moda circular explica que en Francia llevan más de diez años utilizando un formato similar y los fabricantes no logran recoger en los contenedores ni un tercio de la ropa que les corresponde tratar. En concreto, la principal sociedad creada para este cometido en Francia, Re_Fashion, apenas recuperó en 2023 el 23% del textil que pusieron sus empresas en circulación. "El ejemplo francés nos dice que la recogida separada de textil es muy difícil. En realidad lo que van a montar es un sistema que sirve para maquillar a los fabricantes porque les permite seguir con su negocio de venta de fast fashion intacto. Lo que tenemos que exigir es que se vendan menos prendas", afirma.

Alberto Vizcaíno, experto en residuos y autor del libro Contenedor Amarillo S.A., advierte también de que la industria textil está siguiendo peligrosamente los pasos de Ecoembes, la sociedad creada por los fabricantes de plásticos para hacerse cargo de los envases. Ecoembes lleva más de dos décadas funcionando y sus resultados son nefastos, puesto que todavía hoy solo se hace cargo realmente de cuatro de cada diez botellas que pone en circulación. "Una de las propuestas originales era formar una organización textil a partir de Ecoembes, pero las grandes marcas se han desligado. En todo caso, quien dirige Re-viste es una persona de la compañía", explica Vizcaíno. Se refiere a Juan Ramón Méndez, director general de Re-viste, que trabajó seis años en Ecovidrio y entre 2013 y 2018 fue alto cargo de Ecoembes.

La industria del plástico ideó en los años 90 un sistema que todavía funciona basado en la recogida de envases en las calles mediante contenedores amarillos, que después recogen los ayuntamientos con sus equipos de limpieza. Una vez separados y almacenados los envases, Ecoembes paga a los ayuntamientos por haberse hecho cargo del proceso. El sistema es similar al que se plantea ahora para el textil, por eso los expertos temen que Re-viste tenga un desempeño tan nefasto como el de los plásticos. 

El sector textil es una de las industrias más contaminantes del mundo y las prendas cada vez se desechan con menos usos, generando una cantidad ingente de basura que acaba en los vertederos. Según la Agencia Europea de Medioambiente, cada europeo tiró a la basura 16 kilos de ropa en 2020, el dato más reciente disponible, y solo el 12% de esa cantidad se recogió por separado en contenedores específicos. Los productos de tejidos naturales y sintéticos son especialmente difíciles de reciclar, según los expertos, por lo que prácticamente todos los textiles que acaban en la basura mezclados con comida, metales o plásticos, nunca se recuperan. De media en Europa, el 87% de la ropa usada acaba en vertederos o en incineradoras.

"El reciclaje de ropa es muchísimo más complicado que el de otros residuos, como las botellas", explica Raúl González. "Las prendas combinan fibras de muchos materiales e incluso de plásticos de diferentes tipos, y tienen también cremalleras de metal. En general, es más barato fabricar prendas nuevas en países en vías de desarrollo que reciclar la ropa, por eso hasta ahora no había voluntad de invertir en estos sistemas", añade.

Lisa* empezó a trabajar a los 17 años en la fábrica textil Selezione, en la región rumana de Brasov (180 km al norte de Bucarest). Ahora tiene 38 años. Ha pasado media vida cosiendo botines y zapatillas, ocho horas al día, para grandes marcas europeas de lujo. “Siempre acababa la semana muy cansada, pero al menos era un trabajo fijo y el sueldo se pagaba por horas”, dice. “Había buen ambiente entre las trabajadoras, éramos como una familia”.

La despidieron casi de la noche a la mañana, en diciembre de 2023. Apenas veinte días antes de que pararan las máquinas de coser, le hicieron firmar el despido y se quedó sin nada. Y así, Selezione, la fábrica donde las trabajadoras se habían hecho amigas y tendinitis, cerró, dejando a 152 de ellas en la calle.

En 2023, el salario mínimo rumano aumentó dos veces, en enero y octubre, hasta alcanzar los 3.300 lei, unos 670 euros brutos al mes. En Selezione, todas cobraban el salario mínimo, o un poco más para las trabajadoras más especializadas y con más antigüedad. Algunas trabajaban a tiempo parcial, mientras que otras tenían que mantener un segundo empleo para salir adelante.

Con esos aumentos cundió el pánico en los despachos de los dos gerentes de la fábrica, Violeta Radu y Enrico*. Los márgenes obtenidos no bastaban para absorber estos aumentos. En enero de 2023 la fábrica despidió a sus primeros 74 trabajadoras.

En octubre del mismo año, a pesar de haber recortado ya sus nóminas, la empresa se vio obligada a aumentar los precios a sus clientes: Dior (marca del grupo francés LVMH), Gucci (propiedad de Kering, el otro grupo francés del lujo) y Tod's (propiedad de un grupo italiano del mismo nombre).

Ninguna de estas tres marcas aceptó la subida de precios. Todas retiraron sus pedidos. La fábrica despidió a las 78 trabajadoras restantes y cerró sus puertas. Dior, Gucci y Tod's no respondieron a ninguna de nuestras preguntas.

Las súplicas de la patronal no sirvieron de nada. Violetta Radu, co gerente de la fábrica, ha conservado el intercambio de mensajes de texto con Luca Della Vale, responsable de proveedores del grupo Tod's . “Necesito saber si puede ofrecernos un precio justo, de lo contrario mi fábrica cerrará”. El ejecutivo respondió: “Desgraciadamente, sus costes están muy por encima de nuestros estándares... Lo siento mucho, pero no puedo ayudarles”.

En declaraciones a Mediapart, Enrico, el otro co gerente de la fábrica, resumió el cierre en términos sencillos: “El salario mínimo subió, tuvimos que subir los precios, nuestros clientes los rechazaron, eso es todo. Tenían derecho a negarse y lo hicieron. No culpo a las marcas, culpo al sistema capitalista”.

Insinúa que prefiere que no se critique demasiado a sus ex clientes y pide que no se le cite con su verdadero nombre. “Quizá algún día vuelva a trabajar con Gucci”.

Su ex compañera no lo ve así. Con sollozos en la voz, Violeta Radu repite: “Dígales a los jefes de LVMH, Kering y Tod's que me encantaría conocerles en persona. Que vean mi cara. Que vean las caras de las trabajadoras. Dimos la vida por esta fábrica y nos liquidaron en cuestión de minutos, sin ningún reconocimiento por el trabajo que hicimos”.

María*, que trabajó en la planta de 2008 a 2023, también está enfadada. Aunque, como la mayoría de sus compañeras, ha encontrado trabajo desde el cierre en diciembre de 2023, la brutalidad con la que se cerró la planta sigue siendo inaceptable. “Ni siquiera nos han pagado el finiquito”, dice indignada.

Cuando la fábrica aún estaba abierta, María buscaba en Internet el precio de los zapatos que fabricaba. Los precios oscilaban entre varios cientos y más de mil euros el par. “Incluso con varios meses de trabajo, no habría podido permitírmelo”, dice con ironía, dado que la mayor parte de la fabricación de ese calzado se hacía en su fábrica. Sólo algunos pequeños añadidos se hacían en Italia, lo que permitía a las marcas exhibir con orgullo la etiqueta “Made in Italy”.

Para compensar su bajo salario, María encontró un segundo trabajo en una cadena de comida rápida. “Así son la vida y los sueldos en Rumanía”, dice hastiada. Si no puede olvidar sus años en Selezione, es también porque un fuerte dolor de columna se lo recuerda cada poco. “Tuve problemas tan agudos que acabaron repercutiendo en mi mano derecha”, dice, recordando los movimientos repetitivos y la incómoda posición en su pequeño asiento. “Y así todo, me encantaba esa fábrica”, asegura.

Alertadas por la situación, las ONG de la red Clean Clothes Campaign (Campaña Ropa Limpia) tomaron cartas en el asunto a principios de 2024. El objetivo de este grupo de sindicatos y asociaciones es conseguir que se respeten los derechos humanos y la legislación laboral en la industria textil de todo el mundo.

Los miembros de la red se han dirigido a los responsables de las tres marcas que se han retirado de la fábrica, exigiendo explicaciones así como compensaciones económicas. Para ello, se basaron en la directiva sobre diligencia debida de las empresas.

Cuando las ONG actuaron, esta directiva, que ya había sido aprobada, aún no había entrado en vigor. Eso permitió a las marcas mantener contra las cuerdas a las organizaciones (a excepción de Tod's, que no respondió). No se concedió ninguna ayuda a los trabajadores.

En una primera carta de febrero de 2024, Patrice Guillemin, director industrial de Dior y Louis Vuitton, había compartido, no obstante, cierta vergüenza: ”No podemos negar nuestra estupefacción [...] al descubrir toda esta situación, que contradice fuertemente los principios y valores éticos de Christian Dior”. Había prometido llevar a cabo una “investigación” sobre el asunto.

Los resultados de sus investigaciones fueron decepcionantes, al menos para las ONG. El departamento de conformidad de Dior respondió en junio de 2024 que no se había hecho nada fuera de lugar. Para justificarse, la marca empezó por señalar que “esta fábrica rumana sólo había trabajado para Dior durante un periodo limitado (menos de dos años)”.

La marca emblemática del grupo LVMH aseguró que los distintos aumentos del salario mínimo habían sido “tomados en consideración y aceptados”, y prometió que la interrupción de los pedidos estaba vinculada únicamente a una disminución de las necesidades de producción.

Como compensación, las trabajadoras recibieron unas palabras: “Sentimos mucho esta situación. Dior se compromete a respetar la legislación laboral y las directrices de LVMH”.

Antonella Centra, una de las vicepresidentas de Gucci, también respondió a las organizaciones en una carta de febrero de 2024. En cuanto a la petición de ayuda financiera para las trabajadoras, recordó a las ONG que la directiva sobre "diligencia debida” aún no había entrado en vigor en el momento de estos intercambios.

“Aunque desde hace tiempo hemos estado y seguimos estando plenamente alineados y comprometidos con los principios fundamentales y el marco esbozado en este proyecto de directiva, es esencial reconocer que, desde un punto de vista puramente legal, no es actualmente una norma obligatoria”, escribió.

“Ese argumento es correcto. La directiva tiene un calendario de aplicación lento y complejo”, explica Adrien Le Louarn, parlamentario de La France insoumise (LFI) que participó en la negociación de la directiva europea. “La obligación de los Estados miembros de transponer la directiva a su legislación nacional no concluirá hasta el verano de 2026. Por tanto, habrá que esperar un año más para que las empresas más grandes estén sujetas a esa norma. Las pequeñas y medianas empresas se verán afectadas en los dos años siguientes”.

En su carta, la vicepresidenta de Gucci también quiso señalar que “la cadena de suministro de las marcas de lujo es intrínsecamente flexible... Los proveedores pueden variar en función de la dirección estratégica de la empresa”. Ni una palabra para las trabajadoras rumanas despedidas.

De momento, ni Enrico ni Violeta pueden decir adónde ha ido a parar la producción que se hacía en Selezione. “Tras las subidas del salario mínimo, en Rumanía cerraron varias fábricas, no somos los únicos”, asegura Enrico. “Al principio, las marcas europeas hacían sus productos en fábricas de Polonia, pero luego abandonaron el país porque pensaban que se había vuelto demasiado caro. Vinieron a Rumanía. Ahora se van de nuevo, a Serbia, Marruecos o Egipto. Es la misma historia desde hace veinte años”.

La observación de Enrico es compartida por Laura Stefanut, periodista y presidenta de la asociación rumana Haine Curate, miembro de la Clean Clothes Campaign. Para ella, el caso de la fábrica Selezione debe verse en el contexto de un sistema más global: “Las marcas presionan a las fábricas para que bajen los precios. Las fábricas compiten entre sí para conseguir esos contratos. El resultado son horas extraordinarias no remuneradas, cheques restaurante peor pagados y cargas de trabajo excesivas. Selezione no quería entrar en ello, así que acabó cerrando”.

Según la periodista, autora de varias investigaciones sobre los entresijos de la industria textil en Rumanía, este patrón se aplica de forma muy parecida a las grandes marcas de lujo y a la fast fashion: “En Rumanía, hay fábricas que trabajan para marcas de fast fashion que tratan decentemente a sus empleados, y otras que trabajan para marcas de lujo que tratan mal a sus empleados. Una cosa nunca cambia: todas intentan reducir sus costes al máximo para ser competitivas. Todas las marcas, tanto las que venden a bajo precio como las que venden sus productos con sobreprecio, exigen precios muy bajos a las fábricas rumanas. Al final, los que sufren las consecuencias son los trabajadores”.

* Los nombres de pila han sido modificados.

Las cifras exactas del número de trabajadores despedidos por Selezione proceden de un documento oficial de la Inspección de Trabajo rumana.

Traducción de Miguel López

Repsol es la compañía española que más dióxido de carbono (CO2) emite a la atmósfera. En 2023, 11,82 millones de toneladas de CO2 equivalente, según el Observatorio de Sostenibilidad, que mide los derechos del mercado de emisiones de la UE. En realidad, la cantidad es muy superior, porque el mercado de emisiones europeo sólo incluye las de alcance 1, el CO2 que produce directamente la propia actividad de una empresa, pero deja fuera las de alcance 2 –que proceden de la energía consumida por la compañía– y las de alcance 3 –las indirectas que se producen en su cadena de valor–. En 2023 las emisiones de alcance 3 de Repsol ascendieron a 60,8 millones de toneladas de CO2 equivalente, de acuerdo con las cifras que publica en su página web, por sólo 14,8 millones de alcance 1 y 2. Es decir, el 81% del dióxido de carbono que expulsó a la atmósfera la petrolera queda fuera de ese cálculo inicial.

Repsol lleva desde 2021 liderando el ranking de empresas más contaminantes de España, de acuerdo con las métricas del Observatorio de Sostenibilidad. También fue la tercera compañía que menos redujo sus emisiones de CO2 el año pasado, un 4,85%. Es más, emite ahora un 186% más de dióxido de carbono procedente de la quema combustibles fósiles que hace 15 años.

Otro gigante español, Inditex, además del primer grupo de moda del mundo por facturación, es la multinacional del sector textil que más dióxido de carbono expulsa a la atmósfera.

Según recoge la propia compañía en su último informe anual, el grupo de Amancio Ortega emitió un total de 16,85 millones de toneladas de CO2 equivalente, de las cuales 16,41 millones eran de alcance 3, el 97,4%. Cierto que ha reducido de forma apreciable las que menos produce –un 34,3% las de alcance 2 y un 40% las de alcance 1–, pero sigue aumentado la parte del león, las de alcance 3, un 2%.

Pese a que la contaminación de la industria petrolera es más evidente, la moda es responsable del 10% de las emisiones mundiales de carbono, más que los vuelos internacionales y el transporte marítimo combinados. Así lo destaca el Parlamento Europeo: las compras de textiles en la UE generaron 270 kilos de CO2 por persona en 2020. Los 26 kilos de ropa que compran los europeos de media y los 11 kilos que tiran cada año explican esas 16,41 millones de toneladas de emisiones reconocidas por Inditex y los 1.000 millones de toneladas que expulsan las empresas del sector de la moda en todo el mundo.

Estos sucios récords, sin embargo, no son obstáculo para que las dos grandes compañías españolas reciban miles de millones de euros procedentes de fondos de inversión que lucen la etiqueta de sostenibles. En concreto, Inditex y Repsol han obtenido un total de 10.823 millones de dólares –10.110 millones de euros– de fondos de inversión verdes europeos, según la investigación llevada a cabo por Mediapart, el medio europeo Voxeurop y la red de investigación European Investigative Collaborations (EIC), a la que pertenece infoLibre, basada en datos financieros de la Bolsa de Londres (LSEG). El análisis comprende las inversiones realizadas en el último trimestre de 2023 por 4.324 fondos verdes comercializados en Europa en las 25 empresas cotizadas con mayores emisiones de CO2 de ocho sectores especialmente problemáticos: petróleo y gas, automoción, aeroespacial, carbón, acero y minerales, transporte marítimo, moda y agricultura. Un total de 200 compañías.

Para hacerse una idea del volumen de financiación que reciben ambas empresas españolas, basta recordar que es prácticamente la misma cantidad –10.200 millones de euros– que España gastó en 2023 de los fondos de recuperación de la EU, según publicó El País este sábado, y equivale al 0,7% del PIB nacional.

A Inditex le han llegado 5.266 millones de dólares de fondos de inversión europeos, mientras que la cantidad invertida en Repsol es un poco mayor, 5.557 millones. Sólo de fondos españoles, el grupo textil ha obtenido 230 millones de dólares, más de la mitad de los 446,32 millones que éstos han colocado en empresas de moda de todo el mundo. En Repsol, los fondos españoles han invertido 291 millones. Es decir, se lleva el 62% de los 460,5 millones que los fondos españoles supuestamente verdes colocan en compañías del sector del petróleo y el gas de todo el planeta.

Lógicamente, Inditex hace valer su liderazgo mundial en el sector de la moda cuando bancos y gestores de fondos construyen sus carteras de inversión. Es la empresa que más dinero consigue gracias a estos productos verdes, un tercio de los 15.704 millones que los fondos sostenibles europeos invierten en el sector textil. El grupo de Zara y Massimo Dutti recibe más del doble que su rival sueco, H&M. Pese a que, según los datos de emisiones de LSEG que ha utilizado EIC para su investigación, Inditex duplica las de su rival.

También es Inditex la inversión favorita de las carteras verdes de los fondos españoles. Curiosamente, el segundo grupo que más dinero español recibe es una petrolera, la francesa TotalEnergies, con 181,5 millones de dólares. La tercera es otra textil, la americana TJX, una cadena de tiendas de ropa barata estadounidense, que consigue 102,8 millones de los ahorradores españoles. La cuarta es otra petrolera, la angloholandesa Shell –74,6 millones–, y la siguiente un fabricante de automóviles, la alemana Mercedes Benz –69 millones–.

¿Quiénes son los que más dinero consiguen para el grupo de Arteixo? Los fondos gestionados por Caixabank le reportan 67,3 millones de dólares, más que los del Banco Santander, que rozan los 60 millones, y el BBVA, que apenas supera los 12,2 millones.

Para Repsol, Santander consigue 42 millones, BBVA llega a los 40 y Caixabank se queda en 27.

En el análisis merece la pena poner la lupa sobre los dos tipos de fondos sostenibles según el Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles (SFDR) de la Unión Europea. Inicialmente destinado a mejorar la transparencia para los inversores, el SFDR ha creado de facto dos etiquetas ASG. En los fondos del Artículo 8 o verde claro, sólo algunos de sus activos se seleccionan en función de criterios sociales o medioambientales. Y basta con que “promuevan” esos criterios. Los fondos del Artículo 9 o verde oscuro se componen casi exclusivamente de inversiones sostenibles; es decir, de empresas que deben tener “objetivos explícitos de sostenibilidad”.

Pues bien, el 98% de los fondos que se comercializan en Europa son del primer tipo, los que son verdes, pero no demasiado. Lo mismo ocurre en España. De los 5.266 millones colocados en Inditex por fondos europeos, sólo 253,6 corresponden a fondos del artículo 9, los verde oscuro. Apenas el 4,8% de las inversiones canalizadas por estos fondos sostenibles.

En el caso de Repsol, sólo el 0,1% de la financiación que consigue, 5,8 millones de dólares, procede de fondos verde oscuro. Son sólo ocho fondos franceses y británicos –uno de ellos de Blackrock–, así como dos de Caixabank los que se atreven a incluir en sus portfolios más sostenibles a la petrolera española.

Si de esa escasa presencia de Repsol e Inditex en los fondos del artículo 9 se puede inferir que los objetivos de ambas no son lo bastante verdes, pueden aclararlo análisis como el del último Monitor de Responsabilidad Climática Corporativa del New Climate Institute, una organización alemana sin ánimo de lucro creada por científicos. El estudio pone en duda la “suficiencia” de las medidas prometidas por Inditex para reducir sus emisiones hasta llegar al cero neto en 2040.

Por ejemplo, pone bajo sospecha sus “ambiciosas” promesas de reducción de emisiones porque no detalla cómo las va a cumplir. También considera “potencialmente engañoso” que prometa para 2030 un 50% de energías renovables en el suministro eléctrico de sus procesos de fabricación sin definir cómo las adquirirá. Y critica que priorice la biomasa para suplir al carbón en lugar de preferir la electrificación. El monitor considera “razonable” la transparencia de Inditex, pero rebaja su “integridad”, medida como la “calidad y credibilidad” de sus planes, a “moderada”.

“Las cadenas de valor de la industria textil están tan globalizadas que empiezan en China o Bangladesh, donde se fabrican las camisetas, y terminan en el desierto de Atacama o en Ghana, donde se tiran”, explica Miguel Ángel Soto, responsable de Biodiversidad e Incidencia Política y Empresarial de Greenpeace. La huella de la llamada “moda rápida”, que llena los armarios según se suceden, no ya las temporadas, sino las colecciones, con ropa barata que se compra y se tira enseguida, es “brutal”, recalca. Tanto que los esfuerzos por implantar el reciclaje, controlar el origen de las fibras o respetar los derechos humanos de los trabajadores en las fábricas “no van al corazón del problema”. “Es más un relato, cuando el meollo está en la existencia de una cultura de consumo”, critica.

Así que Soto desconfía de las proclamas ecologistas de las empresas, de las textiles y de las petroleras. “Aunque seas más eficiente y reduzcas tus emisiones por tienda, si produces más y abres cada vez más tiendas, emitirás más CO2”, resume. Lo mismo ocurre con Repsol: “Si sigues invirtiendo en investigación y extracción de petróleo, y tu porcentaje de renovables es mínimo, no puedes presentarte como una industria verde”.

Greenpeace, Ecologistas en Acción y la Federación de Consumidores y Usuarios CECU denunciaron el pasado abril a Repsol ante la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) y la Dirección General de Consumo por hacer “declaraciones ambientales engañosas” sobre sus biocombustibles. Según alegan estas organizaciones, la petrolera confunde a los consumidores e inversores cuando vende su biodiésel, elaborado a base de aceite de palma, como “sostenible”, “neutro en carbono” o incluso como “renovable”. Pero oculta que para producir ese aceite se está deforestando Indonesia: España es el principal exportador de aceite de palma del país asiático y el primer productor de biocombustible de la UE.

Sólo un mes antes Iberdrola también había denunciado a su competidor, en un juzgado de lo Mercantil, por publicidad engañosa, greenwashing y competencia desleal. El año pasado, Reino Unido obligó a Repsol a retirar anuncios en las webs de periódicos donde omitía información “de forma engañosa” sobre su objetivo de emisiones cero y sobre su negocio de renovables. La primera sanción la compartió con otras dos petroleras: Shell y Petronas.

El ecopostureo a alcanzado tales cotas que hasta la CNMV ha incluido la “prevención del greenwashing en toda la cadena de valor” en su plan de acción de 2023. “Estamos esperando a que actúe”, urge el responsable de Greenpeace. Porque “ahora todos son verdes”, ironiza. “Desde Mapfre hasta El Pozo”. Justo cuando el dinero está en lo sostenible, apunta Miguel Ángel Soto. Basta con recordar que el primer fin de los 750.000 millones de euros de los fondos Next Generation de la UE es precisamente “impulsar la transición ecológica mediante la promoción de las energías renovables y la movilidad sostenible”.

infoLibre ha preguntado a Inditex por la financiación que obtiene de los fondos verdes, así como por las medidas para cumplir con sus promesas de sostenibilidad. El grupo de Amancio Ortega repite sus últimos objetivos publicados –reducir un 90% las emisiones de alcance 1 y 2 en 2030 y un 50% las de alcance 3– con la intención de alcanzar las cero emisiones netas en 2040. “Hay un 10% de emisiones difíciles de reducir”, asegura, que serán “neutralizadas” con acciones para absorber los gases de efecto invernadero, sin más concreción. Sobre las emisiones de alcance 3, dice que son las más complicadas de recortar y que no existen aún “soluciones concretas que se puedan aplicar”. Pero cifra en unos 2.000 millones de euros el dinero que se va a gastar hasta 2030 en su “hoja de ruta” hacia la sostenibilidad: transformación de la cadena de suministro, plan de fibras, programas de circularidad, protección de ecosistemas…

También contesta al New Climate Institute que sólo sugiere el uso de biomasa “como alternativa a los combustibles fósiles en caso de baja disponibilidad de otras energías renovables”. Y niega que puedan compararse sus emisiones con las de H&M, porque cada empresa selecciona la metodología y los epígrafes que utiliza para calcular su producción de CO2.

Por el contrario, Repsol no ha respondido a ninguna de las preguntas que este periódico le ha formulado sobre los indicadores que utiliza para medir sus emisiones de dióxido de carbono y sobre las denuncias de ecopostureo que ha recibido. Se ha limitado a remitir a infoLibre a los “informes periódicos, públicos y registrados en CNMV” donde revela sus cifras sobre finanzas sostenibles y emisiones contaminantes. 

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Este reportaje forma parte de una investigación coordinada por Voxeurop, con el apoyo del programa de becas Bertha Challenge, y European Investigative Collaborations (EIC)

El análisis se basa en datos del London Stock Exchange Group (LSEG)

El éxito de las huelgas en las tiendas de Zara y H&M ha contagiado a un sector, el del comercio textil, poco habituado a la protesta sindical. Lo está notando Mango, la segunda cadena española tras Inditex, que el pasado 21 de junio celebró sus primeras elecciones sindicales desde que Isak Andik la creara hace 40 años. Fue en su centro logístico de Lliçà d’Amunt (Barcelona), donde UGT y Fetico han constituido el primer comité de empresa de la historia de Mango. Poco después, votaron también a sus primeros representantes sindicales las dependientas de las tiendas de A Coruña. Y el próximo día 28 lo harán las trabajadoras de las tiendas de Madrid. El preaviso lo presentó CCOO, pero ya han elaborado candidaturas UGT, Fetico y Valorian –antes Fasga–.

En poco más de tres meses se ha puesto fin a años de lo que CCOO y UGT no dudan en calificar de “prácticas antisindicales”, incluidos despidos y represalias contra los trabajadores que intentaban sacar las urnas en los centros de trabajo de Mango. En el caso del almacén de Lliçà d’Amunt, la Inspección de Trabajo sancionó a la empresa con una multa de 30.000 euros por atentar contra la libertad sindical, una infracción muy grave: los mandos intermedios entrevistaron a sus 365 empleados y confeccionaron una lista negra señalando a quién pensaba votar cada uno de ellos. Los cuadros pretendían coaccionar a los trabajadores y orientar su voto hacia Fetico, según denunció UGT. Mango ha asegurado que desconocía lo que estaban haciendo sus directivos. Pero los servicios jurídicos del sindicato, que ganó las elecciones con 13 de los 21 delegados en juego, están preparando una demanda en el juzgado de lo Penal.

“Es increíble que una multinacional como Mango no tenga siquiera calendario laboral”, resaltan fuentes sindicales. En él se establecen desde los turnos de trabajo hasta el máximo de horas, los festivos o las vacaciones. Pero no es la única sorpresa con que se han encontrado los sindicatos al llegar a la empresa de Isak Andik. “En Mango no hay turnos fijos, y si un trabajador quiere cambiar el suyo tiene que ser él quien se busque a un compañero para que le sustituya”, detallan. Tampoco se conocen los criterios que la empresa utiliza para pagar los incentivos, añaden, lo que da amplio margen para la arbitrariedad en su reparto.

La primera reunión de los ejecutivos de Mango con el comité se celebró el pasado día 13 y fue tumultuosa. “Un fiasco”, resumen fuentes de UGT, que acusan a la empresa de “torpedear” a los representantes de los trabajadores. “Quieren un comité a la carta”, aseguran para explicar el comportamiento de Mango. Sólo pudieron debatir el primer punto del orden del día, la constitución del propio comité –“es obligatorio”, resaltan–, porque la empresa se negó a tratar los otros diez asuntos de la agenda, “que conocían desde hacía mes y medio”. Tampoco querían que el comité tuviera un presidente y un secretario, sino que cualquier delegado pudiera negociar o pactar actuando con la misma potestad que el presidente, explican las mismas fuentes.

“Es la primera vez que me encuentro con algo así, es completamente irregular”, lamentan. Además, rechazaban la creación de comisiones de trabajo; por el contrario, pretendían que bastaran varios delegados “a dedo” para negociar. Y se negaron a reconocer los correos corporativos de UGT. Según las mismas fuentes, la intención de la empresa era “anular al comité” y dar a Fetico –“que está alineado con la empresa”, denuncian– más poder del que le otorgan sus ocho delegados.

Así que UGT se mostraba dispuesta a denunciar a Mango de nuevo ante la Inspección de Trabajo, en esta ocasión por “mala fe”, dependiendo de cuál fuera su actitud en la segunda reunión con el comité, que mantuvieron el pasado martes. Entonces la empresa ya se avino a discutir el resto de los puntos de la agenda que habían quedado en el tintero el primer día y ambas partes se han citado para una tercera cita el 9 de noviembre.

Queda pendiente, no obstante, una posible denuncia ante la Inspección de Trabajo por la falta de seguridad en un área del centro logístico donde se maneja maquinaria pesada, también de noche, pese a que carece de luz. “De momento, la empresa se ha limitado a tomar nota, pero no ha hecho nada”, se quejan las fuentes sindicales. “En realidad, no podemos decir que hayamos avanzado”, concluyen.

Preguntada por sus primeras experiencias con un comité de empresa, Mango niega a infoLibre cualquier tipo de bloqueo y responde que las reuniones “se han celebrado con normalidad y de acuerdo con las dinámicas habituales de este tipo de encuentros”. “La compañía ha mantenido en todo momento una actitud positiva y colaboradora de escuchar y atender las peticiones de los sindicatos, proponiendo proactivamente iniciativas como la constitución de grupos de trabajo para una gestión más eficiente de las reuniones”, asegura.

Tampoco Fetico, el sindicato supuestamente favorecido por la empresa, cree que se haya producido ninguna situación irregular en el comienzo de las relaciones entre el comité y Mango. Un portavoz del sindicato reduce a una “pequeña tirantez” lo ocurrido en la primera reunión, donde no vio nada “chocante” en la actitud de la empresa. “Estamos plenamente implicados para mejorar las condiciones de trabajo desde la unidad de acción sindical”, resumen.

Que un comité de empresa fiscalice su gestión de los recursos humanos va a suponer un cambio sustancial para Mango después de cuatro décadas. El caso es que, mientras lidia con esa novedad a la que se ha mostrado tan renuente, la cadena textil se ha sentado a negociar con CCOO y UGT un convenio colectivo estatal. Como parte de la nueva patronal Arte, impulsada este año por Inditex, se ha unido al resto de las mayores empresas del sector para acabar con la atomización provincial de convenios con que han convivido hasta ahora. Por ese motivo, UGT acusa a la empresa de “beneficiarse de la negociación colectiva” al mismo tiempo que hace todo lo posible para que los sindicatos “no entren en su casa”.

La primera reunión de Arte con los sindicatos está programada para el próximo 27, sólo un día antes de las elecciones sindicales en las tiendas de Mango en Madrid. El objetivo de la negociación es homogeneizar las condiciones laborales de las 110.000 trabajadoras de 66 grandes empresas. Además de Inditex, Mango, Tendam –Cortefiel, Women’secret, Springfield–, H&M, Primark o Parfois, la nueva patronal acaba de anunciar tres nuevas incorporaciones: Hugo Boss, Mayoral y Encuentro Modas. Esta mesa fue impugnada por Fetico, que fue excluido por carecer de suficiente representación en el sector.

Mango, que cuenta con una red de 2.566 tiendas y 14.000 empleados empleados en todo el mundo, facturó 2.688 millones de euros en 2022. Tanto Ángeles Rodríguez Bonillo como Lola Luna, responsables de Comercio Textil en CCOO y UGT, respectivamente, denuncian las “presiones” que han recibido los trabajadores cada vez que han intentado organizar candidaturas en la empresa. En esta convocatoria, las amenazas han partido de los mandos intermedios, que se presentan por Fetico, revelan fuentes sindicales. Las listas definitivas de candidatos se cerraron el pasado jueves, pero en la semana que queda hasta las votaciones aún pueden producirse bajas, advierten. El comité deberán integrarlo 17 personas: 15 corresponden a los trabajadores no cualificados y dos a técnicos administrativos. UGT, por ejemplo, ha presentado una lista con 15 personas; Fetico, 82. Para mantener la candidatura, deben permanecer en ella el día de las elecciones al menos el 60% de los presentados en la lista.

La de Mango es una plantilla joven, muy feminizada, con un alto porcentaje de empleo a tiempo parcial, al igual que las del resto del sector. “Con mucha frecuencia entran en las tiendas pensando que es un trabajo de paso, por lo que no sienten la necesidad de sindicarse”, apunta Ángeles Rodríguez. “Cuando se quedan”, añade, “es la presión de la empresa la que juega en contra”. “Había mucho miedo”, tercia Lola Luna, pero las mejoras salariales conseguidas por las dependientas de Inditex y H&M y el éxito en A Coruña y Barcelona han envalentonado a las demás. El comercio textil es el quinto sector con las remuneraciones más bajas –22.215 euros anuales–, un 14,2% inferiores a la media nacional. Además, padece una brecha de género escandalosa, puesto que las mujeres cobran 19.026 euros anuales de media mientras los hombres suben hasta 25.298 euros.

Del ruido en las tiendas al ruido en la mesa de negociación. El año comenzó para Inditex con sus dependientas en huelga en casi toda España y continuó con nuevas movilizaciones en H&M que no acabaron hasta hace dos semanas con un acuerdo en Navarra. Las protestas se cerraron, además, con subidas salariales y mejores condiciones laborales para las trabajadoras –la mayoría son mujeres– en un sector hasta entonces difícil de movilizar y alejado del protagonismo sindical.

Al mismo tiempo, el gigante Inditex presentaba en sociedad una nueva patronal, la Asociación Retail Textil España (ARTE), a la que ha ido atrayendo a las grandes cadenas y con la que pretende negociar el primer convenio colectivo de ámbito estatal del sector. Se trata de homogeneizar las condiciones laborales de las 110.000 trabajadoras de 66 grandes empresas, ahora reguladas por más de una cincuentena de convenios provinciales: una dependienta de Mango o Cortefiel no cobra lo mismo si trabaja en Madrid, en Badajoz o en San Sebastián, pese a estar contratada por la misma empresa.

Así pues, patronal y sindicatos han acordado abrir las conversaciones el 27 de septiembre. Pero los preliminares de una negociación que se adivina muy complicada están lejos de ser pacíficos. Fetico, un sindicato sectorial, ha impugnado esta semana en la Audiencia Nacional la constitución de la mesa, el pasado 17 de julio, porque fue excluido. Y Acotex, la que hasta ahora figuraba como la patronal más importante del sector, con cerca de 800 empresas asociadas, reclama igualmente sentarse a la mesa de negociación, puesto que, según alega, lo que se acuerde en ella afectará a sus miembros, algunos de los cuales también se han unido a ARTE. Además de Inditex, la nueva patronal incluye a la sueca H&M, Iberian Sports Retail Group –propietaria de las marcas JD, Sport Zone y Sprinter–, la francesa Kiabi, Mango, la polaca Pepco, la irlandesa Primark, la japonesa Uniqlo, Bimba y Lola, All We Wear Group (AWWG) –Pepe Jeans London, Hackett y Façonnable, además de distribuidor de Tommy Hilfiger y Calvin Klein–, Punt Roma, Tendam –Cortefiel, Springfield, Women’s Secrets– y la portuguesa Parfois.

El pasado 12 de junio ARTE convocó a CCOO, UGT, Fetico, los vascos ELA y LAB, y la gallega CIG para constituir la mesa que debe negociar el convenio estatal del comercio textil. Pero tanto Fetico como LAB quedaron excluidos. Para participar en la negociación un sindicato debe contar con al menos el 10% de los delegados. Fetico dice que los tiene, hasta “casi un 15% en las empresas afectadas” por el futuro convenio, precisa a infoLibre su responsable de Comercio, Alejandro Blanco. “Acudimos a la convocatoria con las pruebas de esa representatividad, pero nadie quiso verlas”, protesta. UGT y CCOO, por el contrario, aseguran que Fetico no llega al 9% y que en esa cifra se incluyen sus delegados en grandes superficies, no sólo los de las cadenas de comercio textil. “No es verdad”, responde Blanco, que denuncia la existencia de “intereses creados” para impedir su presencia en la negociación. Así que acaban de presentar una demanda en la Audiencia Nacional para impugnar la mesa, integrada por ocho miembros de CCOO, cinco de UGT, uno de ELA y otro de la CIG.

Acotex, en cambio, dice que no van a entrar en ninguna discusión sobre su representatividad, pero defiende que debería participar en las negociaciones del convenio estatal porque lo que se decida en esa mesa también va a implicar cambios importantes para cadenas más pequeñas. Entre sus socios figuran Neck & Neck, Apodemia o Extreme. En principio, según estableció ARTE, el convenio irá dirigido a grandes grupos del textil, calzado, accesorios y productos para el hogar que cuenten con una superficie de venta física total superior a 3.500 metros cuadrados, o bien tengan tiendas físicas en al menos tres comunidades autónomas, o bien empleen más a de 400 trabajadores.

“Estuvimos en contacto con ARTE desde el principio, pero siempre fueron muy parcos en lo que a información se refiere”, explica el presidente de Acotex, Eduardo Zamácola. Después incluso celebraron una reunión con la nueva patronal. “Pero finalmente nos contestaron que no contaban con nosotros en esa mesa”, añade. Aun así, Zamácola asegura que mantienen con ARTE “conversaciones informales”. “Veremos por dónde van los tiros [en la negociación del convenio] y a quién puede afectar”, adelanta el presidente de Acotex, quien teme que si, como parece, la homogeneización de las condiciones laborales es al alza, “muchas empresas de menor tamaño no se las van a poder permitir”. También advierte de las dificultades de gestionar la apertura de las tiendas en domingos y festivos, donde hay grandes diferencias dependiendo de las comunidades autónomas. “Inditex se puede permitir el lujo de aplicar condiciones laborales muy ventajosas, pero el resto de las empresas no pueden decir lo mismo”, lamenta. “Si el convenio va a afectar a nuestros asociados, queremos estar ahí”, zanja. De hecho, apunta a que los asociados de Acotex que finalmente han entrado en ARTE –como es el caso de Tendam– lo han hecho para tener voz en un acuerdo que tendrán que terminar aplicando. infoLibre ha preguntado a ARTE por el estado actual de sus relaciones con Acotex, pero no ha obtenido una respuesta.

Entre los miembros de ARTE se encuentra Mango, la cadena española creada por Isak Andic que, con 2.566 tiendas y 14.000 empleados empleados en todo el mundo, es la segunda empresa española del comercio textil tras Inditex. En 2022 facturó 2.688 millones de euros. Como otra señal más de los cambios que está experimentando el sector, Mango celebró el pasado 21 de junio sus primeras elecciones sindicales. Creada en 1984, nunca hasta ahora sus trabajadores habían tenido un comité de empresa. Aun así, el proceso ha sido turbulento. Tanto que la Inspección de Trabajo ha sancionado a la cadena por una infracción muy grave, atentar contra la libertad sindical, con una multa de 30.000 euros.

En el centro logístico de Lliçà d’Amunt (Barcelona), los mandos intermedios entrevistaron a sus 365 empleados y confeccionaron una lista negra señalando a quién pensaba votar cada uno de ellos. Los cuadros pretendían coaccionar a los trabajadores y orientar su voto hacia Fetico, según denunció UGT. Mango ha asegurado que desconocía lo que estaban haciendo sus directivos y ha acatado la sanción. Pero UGT, que ganó las elecciones con 13 de los 21 delegados en juego, estudia presentar una demanda en el juzgado de lo Penal. El recién elegido comité de empresa acaba de sentarse con la empresa y las conversaciones están siendo problemáticas, admite Óscar López Chamosa, secretario general de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT en Cataluña. “No están acostumbrados a tratar con representantes de los trabajadores”, protesta.

López Chamosa duda que Mango desconociera lo que sus mandos intermedios estaban haciendo en Lliçà d’Amunt y recuerda que Fetico es “un sindicato de cuadros” al que los sindicatos de clase suelen referirse como un “sindicato amarillo”. Alejandro Blanco lo niega con rotundidad. “Representamos a los trabajadores de más de 360 empresas con un sindicalismo independiente de concertación y diálogo, alejado de las opciones políticas de otros sindicatos”, describe. “Y participamos en todos los procesos de forma limpia”, añade cuando se le pregunta por lo ocurrido en las elecciones de Mango.

Pese a la falta de costumbre, la empresa de Isak Andic tendrá también que negociar en la mesa del convenio estatal las condiciones laborales de sus trabajadores. Según plantea ARTE, el objetivo es pactar un “marco común estable y homogéneo” para todo el país, pero respetando los convenios de empresa existentes. Es el caso de Primark y Kiabi. Pero no va a ser fácil. Los sindicatos ya han dejado claro que la homogeneización debe ser al alza. “Queremos un convenio que marque suelos para todo el personal”, defiende Lucía Trenor, secretaria general de la Federación de Servicios de CCOO en Galicia y miembro de la mesa de negociación. Aunque también reconoce que no sería viable reclamar máximos para todas las condiciones laborales, sí que pide establecer unos “mecanismos garantistas”. “No hay tanta distancia entre el coste de la vida en una provincia y otra, las diferencias salariales actuales de vender una camiseta en Málaga o en Segovia no están justificadas”, continúa. Más aún, resalta, cuando se trata de grandes cadenas de tiendas con millones de euros de beneficios.

De forma que, avanza Trenor, CCOO va a pedir “más que el salario mínimo” y que los domingos y festivos se retribuyan, independientemente del problema que van a suponer las diferencias de regulación según los territorios: libertad total de apertura en Madrid, apertura en 10 domingos al año en la mayor parte de las comunidades autónomas, pero sólo ocho o nueve en País Vasco, Cataluña y Extremadura.

“Lo que no es de recibo es que haya tantos trabajadores con contratos de sólo 20 horas, en fines de semana, sin preavisos y con salarios que no permiten vivir”, resume la representante de CCOO, en empresas con márgenes de beneficios milmillonarios. El del comercio textil es, además, un sector altamente feminizado, por lo que también resulta ser el campeón del trabajo a tiempo parcial no deseado. Según las cifras recopiladas por CCOO y referidas al conjunto del comercio en España, la tasa de parcialidad alcanza el 26%, nueve puntos porcentuales por encima de la tasa general. En el caso de las mujeres es incluso superior, llega al 32%. Y casi no se ha reducido en la última década, apenas un punto desde 2014.

El sector también es el quinto con las remuneraciones más bajas –22.215 euros anuales–, un 14,2% inferiores a la media nacional. Y con una brecha de género escandalosa, puesto que las mujeres cobran 19.026 euros anuales de media y los hombres 25.298 euros.

El convenio estatal que comienza a negociarse en septiembre deberá ahora no sólo mejorar esas pobres condiciones laborales, sino también limar las enormes diferencias establecidas en los convenios provinciales. En cuanto a salarios, los mejores se pagan en Guipúzcoa y los peores, en Las Palmas, Lugo, Melilla o Extremadura. En Melilla, por ejemplo, el convenio lleva sin negociarse desde 1996, destaca Lucía Trenor. Y más allá de las retribuciones, hay diferencias de hasta 100 horas en la jornada anual entre algunos convenios.

“Nadie debe ir con miedo a este convenio que aún no existe”, recalca la dirigente de CCOO, “nosotros no vamos a poner en riesgo la viabilidad de las empresas e Inditex ya ha negociado antes en las mesas de los convenios provinciales y ha sido siempre muy responsable; el acuerdo depende de las dos partes”.

Lunes, 12 de septiembre de 2022. Miles de obreros afrontan una semana más en Ngwe Pin Lal, la zona industrial de Hlaing Thar Yar (Myanmar). Parte de ellos, lo hacen en las instalaciones de Saung Oo Shwe Nay, una enorme fábrica textil que suministra, entre otras, a la multinacional sueca de ropa H&M. Todo apunta a otra jornada extenuante. Sobre todo, cuando uno de los supervisores decide apretar las tuercas a sus empleados exigiendo unos trecientos artículos a la hora. Es decir, cinco por minuto. Algunos consiguen alcanzar el objetivo marcado. Otros, sin embargo, se quedan a medio camino. Y son castigados. En concreto, se les obliga a caminar con las rodillas.

Aquel abuso fue denunciado por la Federación General de Trabajadores de Myanmar. Y ejemplifica a la perfección las terribles condiciones en las que desarrollan su actividad miles de obreros de las fábricas textiles de este país del sudeste asiático. Unas instalaciones que, para más inri, han formado parte de la cadena de producción de algunos gigantes del sector textil de occidente: desde Inditex hasta Primark, pasando por Kiabi, C&A, Adidas, Guess o Mango. Y a las que no quita el ojo de encima el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (Bhrrc, por sus siglas en inglés), una organización sin ánimo de lucro que trabaja desde hace años para erradicar los abusos laborales.

Este Estado bañado por el Índico comenzó a impulsar el sector textil allá por los noventa, como parte de una estrategia de transformación que buscaba desplazar el foco económico de la agricultura a la industria. Pero el verdadero despegue se produjo a lo largo de la última década. La liberalización política y económica del país, unido a la mano de obra barata, provocó la llegada de inversión extranjera. Y las exportaciones de productos textiles, dirigidas sobre todo a la Unión Europea, Estados Unidos o Japón, se dispararon. Si en 2012 se situaban alrededor de los 1.000 millones de dólares, siete años después, en 2019, alcanzaban ya la cifra de 5.700 millones.

Pero con el golpe de Estado de 2021, la expansión se detuvo. Y los abusos laborales en este sector feminizado se empezaron a incrementar. "Los datos muestran un aumento constante de las acusaciones por violación de derechos humanos o laborales en la industria textil desde la toma del control por los militares", señala el Bhrrc en Falling out of fashion. Garment worker abuse under military rule in Myanmar, un informe publicado este miércoles. El estudio recoge 212 denuncias en los dos últimos años. Y, de ellas, 151 guardan relación con al menos 46 marcas "que se abastecen o se han abastecido" de los proveedores donde se produjeron los supuestos abusos.

Más de la mitad de las quejas –en concreto, el 55%– tienen que ver con los bajos sueldos en un país en el que el salario mínimo lleva anclado desde 2018 en algo más de dos euros diarios. Un problema que suele ir asociado, además, a niveles de trabajo inhumanos y a la obligación de hacer unas horas extra que, en muchos casos, ni siquiera se pagan. El pasado mes de noviembre, unos 5.000 trabajadores de KAIXI Myanmar Fashion, que según la organización sin ánimo de lucro suministra a marcas como Inditex o la cadena irlandesa Primark, denunciaron justamente eso: tasas de producción excesivas e imposición de tiempos extra de trabajo que no son remunerados.

No es, sin embargo, el único abuso que se produce en suelo birmano. También están los despidos injustificados. O el acoso e intimidación a los trabajadores. En mayo del año pasado, más de un millar de empleados de la fábrica Myanmar Efforts Garment, que suministra a la marca de lencería holandesa Hunkemöller, denunciaron que sus supervisores empleaban con ellos un lenguaje violento cuando no alcanzaban los niveles de producción que les eran exigidos. Además, todos aquellos que rechazaban hacer horas extra, completa el informe del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, eran "insultados y despedidos".

Una violencia que sufren, especialmente, las mujeres, que predominan en este sector. Regularmente, reciben gritos, amenazas o palizas. Malos tratos que, por ejemplo, denunciaron el pasado mes de septiembre las obreras de la fábrica ESLITE Garment, vinculada a Carhartt. El estudio, además, recuerda la especial vulnerabilidad de las mujeres embarazadas. Hace justo un año, por ejemplo, las trabajadoras de Myanmar Jiale Fashion Garment, que suministra a firmas como Inditex o H&M, denunciaron discriminación por esta condición. Criticaban, entre otras cosas, la "ausencia de prestaciones" por embarazo. Y el despido de compañeras después de dar a luz.

Frecuentes son también los ataques a la libertad de asociación en un país donde, pocos días después del golpe de Estado, se declararon ilegales 16 organizaciones de trabajadores y se detuvo y asesinó a decenas de líderes sindicales. El informe, del mismo modo, pone el acento en la relación entre el Ejército y los empresarios: "Los empleadores llaman a los militares a las fábricas para intimidar a los trabajadores". Llamadas que, según la organización, han sido habituales en el caso de una fábrica vinculada a la multinacional alemana de ropa deportiva Jako. "Los sindicatos no son capaces de proteger a los trabajadores porque los amenazan. Tengo miedo todos los días", señaló un empleado entrevistado por el colectivo.

La elaboración del estudio contó con la colaboración, y ese es un aspecto a destacar, de casi la mitad de las marcas vinculadas a las factorías donde se denunciaron los abusos. En total, 21 de las 46 respondieron a las cuestiones que les fueron formuladas por la organización, entre ellas Inditex, Primark, H&M, Kiabi, Adidas o C&A. La mayoría de las que dieron respuesta contaban con políticas específicas en materia de derechos humanos. O con mecanismos de due diligence. En el caso de Inditex, la compañía informó de que contaba con un representante en el país encargado de "realizar visitas e inspecciones a las fábricas todas las semanas".

La publicación del informe tuvo una respuesta inmediata por parte de H&M. "Todos los casos planteados están siendo objeto de seguimiento y, en caso necesario, remediados a través de nuestro equipo local sobre el terreno y en estrecha cooperación con las partes interesadas pertinentes", resaltó la compañía en un comunicado emitido el miércoles. Sin embargo, pocas horas después dio un paso más anunciando su intención de abandonar el país. "Hemos tomado la decisión de eliminar gradualmente nuestras operaciones en Myanmar", señaló este jueves por correo electrónico a la agencia de noticias Reuters.

No es la única marca importante que ha decidido salir del Estado sudasiático. Primark también dejará de suministrarse a través de este país. Un plan en el que también se encuentra la compañía fundada por Amancio Ortega. "Inditex se encuentra en un proceso de salida responsable y por fases de Myanmar. Como resultado, continuamos reduciendo el número de fabricantes activos en el país", señalan fuentes de la empresa.

Primero fue Inditex, más tarde Primark y hace apenas unas semanas, H&M. Las trabajadoras de tres de las principales tiendas de moda de nuestro país han ido a huelga en los últimos meses. En la multinacional sueca, tras casi medio año de negociaciones y dos jornadas de paros con seguimiento masivo, patronal y sindicatos han llegado a un principio de acuerdo, en el que, además de una subida salarial acorde a la inflación, la empresa se compromete a aumentar los efectivos en tienda, la principal reivindicación de la plantilla. 

Ainara Cortés, trabajadora de H&M y delegada de CCOO, explica a infoLibre que las negociaciones no han sido fáciles: “estamos bajo presión, las trabajadoras exigían cambios acordes a los de Zara”. Ellas fueron las primeras en parar en pleno Black Friday. Volvieron a hacerlo en navidades y amenazaron con volver el 7 de enero. Finalmente las protestas se extendieron a todo el país y la multinacional acabó firmando un convenio estatal histórico. Kevin tiene 23 años, lleva desde 2019 trabajando en diferentes tiendas de la empresa y estuvo en aquellas protestas: “creo que conseguimos mucho y que tenemos mejores condiciones que en otros sitios”. infoLibre ha hablado con Inditex que hace una valoración positiva y señala que el acuerdo “supone una mejora generalizada del salario y más oportunidades de desarrollo y crecimiento”. 

Primark también ha afrontado protestas en los últimos meses al igual que el grupo Tendam (Cortefiel, Springfield, Fifty). Los paros llaman especialmente la atención porque no son algo habitual en el sector, a pesar de que cada vez tiene más peso en la economía española. El comercio minorista crea el 15% del total de puestos de trabajo en nuestro país y es la rama de actividad que más aporta al PIB en términos de valor bruto añadido.  

Las tiendas y grandes almacenes siguen recuperándose de los efectos de la pandemia, de hecho, aún no se han alcanzado los niveles de contratación previos a 2019. A esta situación se suma el encarecimiento de los precios, que ha puesto en evidencia la congelación de los sueldos y el empeoramiento de las condiciones laborales. 

Sobrecarga de trabajo y contratos parciales

Entre las pancartas que levantaban las trabajadoras de H&M el pasado 26 de junio frente a su tienda emblema de Gran Vía 32, se podía leer “Rebajas en personal 2x1: el trabajo de 2 lo hace 1” o “queremos vivir, no sobrevivir”. Son lemas que describen muy bien una de las principales quejas del sector: la sobrecarga de trabajo. 

Cortés denuncia que hace años que no se cubren ni las bajas, ni las excedencias. “En una tienda donde hay 12 trabajadores, puede haber hasta cinco de baja y los que quedan tienen que asumir todo ese trabajo de más. Es insostenible, la ilusión de la gente es que haya otro ERE para irse”. Esta situación está relacionada con el alto absentismo en H&M (un 30% superior a la media) y que  ella achaca en parte a un círculo vicioso “porque la falta de personal genera un estrés que se traduce en bajas psicológicas y físicas”. 

La patronal había propuesto reducir el porcentaje de sueldo a percibir durante las bajas a cambio de aumentar el número de efectivos en las tiendas, una línea roja que, dice Ainara, “no estaban dispuestos a aceptar” y que finalmente fue retirada. Desde H&M creen que el preacuerdo firmado con los sindicatos es positivo y no han querido hacer valoraciones sobre el aumento de bajas laborales. 

A la falta de personal se suma que las dependientas cada vez asumen más tareas cercanas a las de un mozo de almacén. Atienden de cara al público y cobran, pero también colocan, suben mercancía, preparan envíos o gestionan las ventas online. Kevin llama a esto último “25” y explica que en su tienda hay una persona que se encarga exclusivamente de poner a punto los paquetes para las recogidas . “Da horas y días de trabajo y, además, no es solo que esas ventas no nos cuenten, sino que podemos empezar el día en pérdidas de cientos de euros por las devoluciones online”, añade Ainara. 

Otra de las principales reivindicaciones en H&M era aumentar los contratos a tiempo completo. Desde que la empresa firmó un ERE en 2021, que afectó a 300 empleados, prácticamente todos los contratos son parciales. Ainara explica que “lo normal es que sean de 20 horas o de 30 como mucho y con cambios de turnos semanales que no te dejan ni pluriemplearte”.  No es algo exclusivo de esta marca de ropa, la parcialidad en el comercio se sitúa casi 10 puntos por encima de la media nacional y apenas se ha corregido en la última década. Según datos del INE de abril de 2023, el 26% de los contratos en este sector son parciales, una cifra que sube al 32% en el caso de las mujeres que, de hecho, ocupan la mayoría de empleos. 

En el comercio y, principalmente en la moda, también destaca la alta estacionalidad de los contratos. Kevin está ahora cubriendo una baja de maternidad en Lefties y le han prometido que después pasará a ser indefinido, pero este no es ni su primer, ni segundo contrato. Antes trabajaba para otra marca de la empresa y allí estuvo durante un año y medio enlazando contratos temporales hasta que la tienda echó el cierre. Además, añade que él trabaja 24 horas, aunque en rebajas siempre hace alguna más y que, en estas fechas, es normal que la empresa contrate a gente “para un mes o una semana, y casi siempre son estudiantes que buscan ganar algo”. 

Los contratos temporales han ido a la baja desde que entró en vigor la reforma laboral. En el primer trimestre de 2023 suponían un 11% del total del sector, cuatro puntos menos que en la misma fecha de 2022. Los datos son dispares por comunidades autónomas, siendo más altos en los territorios influenciados por el turismo estival, como Cataluña, Madrid o Cantabria. Además, como señalaba Kevin, los datos recogidos por el SEPE sobre paro y contratos en 2022, evidencian una clara discriminación por edad. De entre los demandantes de empleo en tiendas y almacenes, el 46% tenían más de 45 años y solo el 20% menos de 30. Sin embargo, más de la mitad de los contratos se firmaron con personas pertenecientes a esta última franja de edad y solo un 13% corresponden a trabajadores de más de 45 años. 

Sueldos más bajos y peor calidad de vida

Nieves es una de las personas que mejor conoce el sector de la moda porque lleva desde los 15 años trabajando en El Corte Inglés. Ahora tiene 65 y, después de 47 años, en octubre se jubila. Para ella el sector ha ido claramente a peor: “cuando yo empecé a trabajar era una buena opción, con mejores sueldos que en otros sitios, pero la vida se ha encarecido y ese sueldo no lo ha acompañado”. 

Lo  cierto es que, según la última estadística de estructura salarial, el comercio está en el quinto puesto dentro de la lista de sectores con remuneraciones más bajas. Los sueldos rondan  los 22.215 euros, un 15% por debajo de la media anual. Algunos de los convenios que hemos conocido este año incluyen subidas retributivas para hacer frente a los efectos de la inflación, sin embargo, nos encontramos ante a un sector con convenios completamente atomizados. “La negociación colectiva está excesivamente fraccionada en el conjunto del Estado, lo que dificulta el diálogo social”, apunta Chema Martínez, secretario general de Servicios en CCOO durante la presentación del informe interno anual sobre el comercio. Hay 45 convenios provinciales y otros 16 de grupo o empresa, además, de ellos, solo 11 estaban actualizados al finalizar 2022. 

Nieves también pone el foco en las comisiones, “sin ellas con el suelo apenas te llega y cuando pedí una reducción de jornada, después de ser madre, las perdí  porque la única manera de tener un turno de mañana era irme al supermercado”. La conciliación es más complicada para las trabajadoras de tienda desde 2014, cuando se flexibilizaron los horarios de apertura. “Cuando entré no se abría ni a medio día… En la última década se me modificó el contrato que tenía para que también pudiera ir domingos, de apertura a cierre y , por supuesto, sin pagármelos a parte”. 

“No es que no queramos trabajar en días festivos, lo que queremos es cobrarlos y que sean opcionales”, apunta Ainara. ANGED, la patronal a la que pertenece El Corte Inglés y otras empresas, como Carrefour o Ikea, destaca que en el último convenio de abril para grandes almacenes “se reduce el número de domingos y se incluye una subida salarial del 17%”. Fuentes internas de la empresa, así como el sindicato FETICO, añaden que se aumentan las libranzas en fin de semana y se incluyen nuevas ayudas a la conciliación. 

También en Inditex y Primark, entre otras empresas, han conseguido incrementar su sueldo de manera proporcional para los próximos años y un plus complementario por trabajar fuera de los días laborales. En el caso de la multinacional a la pertenece Zara, fue un logro de las trabajadoras que se equiparan sus complementos a los de la sección de logística. Denunciaban una discriminación salarial que ya no tenía sentido porque realizaban trabajos similares y de igual nivel formativo, pero ellas no percibían las mismas cantidades por hijo o familiar dependiente, pluses de material escolar o por descendiente con celiaquía. 

Menos tiendas y más céntricas

Los cambios en el mercado y el auge de las ventas online han impulsado una reorganización de mercado, que pasa por tener menos tiendas abiertas, pero más grandes y céntricas. 

Esta es la estrategia que lleva varios años siguiendo Inditex. Desde 2018, ha pasado de tener 7.490 locales en todo el mundo a 5.815 en 2022 (teniendo en cuenta su salida de Rusia) y, a pesar de los cierres, ha logrado obtener beneficios récord. En el caso de H&M, la empresa sueca ha pasado de 150 tiendas en nuestro país a 125, recortando en 1.800 empleados su plantilla durante los últimos seis años. 

El Corte Inglés ya ha clausurado varios centros, como el de Méndez Álvaro, en Madrid, que lleva abierto desde 1992 y será demolido próximamente. Uno de los cierres más polémicos fue el de Linares (Jaén),  que pone de relieve el problema de estos procesos de reestructuración de las tiendas fuera de las grandes ciudades. C & A también ha anunciado que prescindirá de cinco tiendas en nuestro país y que despedirá a 90 personas.

Muchos de estos cierres vienen acompañados de un compromiso por parte de la empresa a reubicar a los empleados en otras tiendas, el problema es que no siempre hay una cerca. Este fue el caso de las trabajadoras de Kiddy 's Class, la marca de ropa infantil, que fue absorbida por Zara, y que tenía especial presencia fuera de las grandes ciudades. Hay que tener en cuenta que, más de la mitad de las PYMES y grandes empresas se encuentran en cuatro comunidades autónomas: Madrid, Andalucía, Valencia y Cataluña, las que mayor afluencia turística tienen en nuestro país. 

Desde CCOO denuncian la existencia de un “dumping entre regiones”, que favorece a los grandes centros urbanos, donde la flexibilización de horarios y Zonas declaradas de Gran Afluencia Turística (ZGAT) es mayor. “Lo que se trataba era de liberalizar y se ha convertido en una fórmula de absoluta desregulación, que está detrás de la precariedad y la parcialidad en el sector”, señala Chema Martínez. 

Desde 2012, los comerciantes tienen total libertad para determinar el horario de apertura y cierre de sus tiendas, a no ser que sus comunidades establezcan máximos. Esta legislación ha dado lugar a dos modelos: por un lado, el madrileño, en el que se puede abrir prácticamente los 365 días del año y donde el 100% de los municipios, incluso los más pequeños y alejados, son considerados turísticos. En el lado opuesto está el País Vasco, donde se abren los diez domingos y festivos obligatorios por ley y sólo dos ciudades son consideradas ZGAT.

Los sindicatos reclaman un acuerdo estatal que ponga fin a la heterogeneidad de salarios y condiciones laborales entre las trabajadoras de un territorio de España y otro, así como de una u otra empresa. ARTE, la nueva patronal, impulsada por Inditex, a raíz de las protestas del sector, y a la que ya pertenecen Mango, Primark o H&M está tratando de crear un convenio nacional del comercio textil, que cuenta con el visto bueno de CCOO y UGT.

"Nosotros compartimos el proyecto de generar un marco estatal en el comercio textil con la nueva patronal ARTE, que se ha conformado en torno a las grandes empresas del comercio textil. Entendemos que es una apuesta por organizar mejor el sector y por mejorar las condiciones de sus trabajadores", concluye Martínez.

Inditex anunció este miércoles un nuevo máximo histórico de ventas y beneficios en su tercer trimestre, además de un aumento del 24% en las ganancias netas entre febrero y octubre –los nueve primeros meses de su ejercicio fiscal–: 3.095 millones de euros. Sólo entre el 1 de noviembre y el pasado puente de la Constitución, las marcas del grupo gallego aumentaron sus ventas un 12% respecto a 2021. Poco se han resentido, por tanto, por la huelga de las dependientas de sus tiendas en A Coruña el 24 y 25 de noviembre, en pleno Black Friday. Reclaman una subida salarial acorde con los milmillonarios beneficios del mayor grupo textil español. “Somos la cara visible de la empresa”, se quejan, “pero cobramos menos que los trabajadores de almacenes y logística”. Como Inditex no atiende sus peticiones, volverán a parar el día 23 de este mes, en plena campaña navideña, y el 7 de enero, el inicio de las rebajas. No se recordaba otra protesta igual desde que en 2017 se plantaron durante nueve días las dependientas de Bershka en Pontevedra, que por entonces pedían cobrar lo mismo que sus compañeras de A Coruña, y lo consiguieron: un plus de 130 euros al mes.

Pero no son las de Zara, Bershka o Stradivarius las únicas tiendas con conflicto sindical. También en el Black Friday dejaron de vender las dependientas de Tendam –Springfield, Women’secret, Cortefiel– en el País Vasco. Tras siete años sin subidas salariales, las trabajadoras exigían un aumento acorde con la inflación, mientras la empresa quiere quitarles la libranza de la tarde de los sábados en verano.

Hasta ahora silenciosas, las empleadas del comercio minorista, abonadas al tiempo parcial y a los bajos salarios, se revuelven contra las grandes cadenas de tiendas que presumen de expansión internacional y resultados que mejoran de año en año. En el comercio textil trabajan unas 159.294 personas, según las cifras de un informe publicado por CCOO con ocasión de la campaña del Black Friday. De ellas, el 77% son mujeres. Casi el 17% de las trabajadoras tiene contratos a tiempo parcial, el doble que los hombres. Además, sólo en la construcción hay más fraude laboral que en el comercio: el 13% de los 115.358 contratos temporales transformados en indefinidos por la Inspección de Trabajo en lo que va de año corresponde a este sector de actividad.

A esta precariedad no le ayuda el hecho de que las condiciones laborales de estos trabajadores se rijan por un total de 50 convenios colectivos provinciales y autonómicos. Únicamente hay tres grandes empresas con convenio propio: Primark, JD Sprinter y Kiabi. CCOO cifra en 147.367 los trabajadores a los que se aplican convenios provinciales, de los cuales 27.877 pertenecen a las múltiples marcas de Inditex. Otros 25.648 están empleados en ocho empresas medianas: Tendam –Cortefiel, Springfield, Women’secret–, Mango, H&M, Calzedonia, Décimas, Dismoda –Parfois–, Inside y Scalpers. Entre Primark, Kiabi y JD Sprinter suman 11.927 trabajadores. El resto corresponde a empresas de menos de 1.000 trabajadores. De ahí que las condiciones laborales de una dependienta de un Zara de A Coruña difieran de la de otra de la misma marca en Burgos. Es un sector heterogéneo y atomizado, resume CCOO.

A ese mapa tan diverso hay que añadir otro problema mayor: el 52% de esas plantillas, 82.498 trabajadores, tienen sus convenios sin renovar. De ellos, 15.843 pertenecen al grupo Inditex. Es decir, más de la mitad de las dependientas de la primera empresa española del sector. Otras 14.215 corresponden a las ocho firmas medianas. También son más de la mitad de sus empleadas. En resumen, de los 50 convenios provinciales del sector 19 están bloqueados o incluso decaídos. Otros 11 llevan negociándose desde principios de este año. Los 20 restantes están en vigor o preacordados, enumera el informe de CCOO. Y ese bloqueo significa que casi 83.000 trabajadores tienen sus sueldos congelados. En plena crisis inflacionista.

El sindicato atribuye a la pandemia parte de la culpa del estancamiento de la negociación colectiva en el sector. Pero también lo achaca a la falta de legitimación y a las “disputas” de las patronales. Ni Inditex ni Cortefiel o Mango y H&M se sientan a la mesa con los sindicatos para negociar los convenios. Lo hacen las respectivas patronales provinciales en nombre también de las tiendas pequeñas. Algunos de estos acuerdos, además, regulan las condiciones laborales de todo el comercio, no sólo del textil. Un cajón de sastre laboral.

Sólo unos días antes de que las dependientas de Zara en A Coruña y de Cortefiel en Bilbao salieran a la calle, Inditex, la irlandesa Primark, la sueca H&M, la japonesa Uniqlo y la británica JDSports inscribían en el registro del Ministerio de Trabajo los estatutos de una nueva patronal, Asociación Retail Textil España (ARTE). La noticia fue acogida con sorpresa por parte de la patronal existente, Acotex, e incluso de los sindicatos del sector. Fuentes del grupo gallego, que parece ser el principal impulsor de la iniciativa, explican a infoLibre que el objetivo de la nueva patronal es “atender a una serie de realidades que a veces se quedan cojas” en el marco de relaciones laborales donde se mueven las grandes cadenas textiles.

Unas realidades también muy distintas. Inditex es miembro de Acotex –“con quien vamos a seguir”, aseguran las fuentes—, supera los 40.280 trabajadores en España y tiene beneficios milmillonarios. Primark, con una plantilla de 5.773 empleados –según consta en su memoria de 2019– tiene convenio de empresa propio y facturó en España 1.127 millones de euros en 2021. H&M emplea a 4.000 personas e ingresó 527 millones de euros en 2021, tras ejecutar un ERE para 349 empleados. Acaba de anunciar otro para más de 1.000 trabajadores en todo el mundo cuyo impacto en España aún se desconoce.

Fuera de ARTE, en principio, se han quedado Tendam y Mango, por ejemplo. La primera, con una cifra de negocio de 1.134 millones de euros el año pasado y una plantilla de 6.798 trabajadores, es miembro de Acotex y uno de los de mayor tamaño. Preguntada por este periódico, la empresa de Cortefiel y Women’secret dice que seguirá en esa patronal. También que continuará “regulando sus relaciones laborales vía convenios provinciales”. Pero se ha negado a comentar la creación de ARTE. Tampoco ha querido dar su opinión la cadena de tiendas Mango, que no pertenece a Acotex. Es de las medianas, con 6.034 trabajadores en España y una facturación de 2.234 millones en 2021.

“No supone ningún problema que exista otra patronal, es bueno que el sector y las empresas se unan para defender sus intereses”, responde por su parte Eduardo Zamácola, presidente de Acotex, quien se ofrece a colaborar con ARTE “en aras del bien común”.

Precisamente uno de los motivos que se adivinan tras el paso que han dado las multinacionales textiles para crear una nueva patronal es el de ordenar el confuso mapa de la negociación colectiva provincial. No obstante, las fuentes de Inditex consultadas niegan que quieran abrir la mesa para elaborar un convenio estatal del comercio textil. “Vamos a seguir negociando los convenios provinciales”, aseguran, aunque también subrayan que sus intereses “no siempre confluyen” con los del resto del comercio no textil pese a compartir regulación laboral. También dejan claro que no están “en el mismo barco” que las tiendas pequeñas.

La nueva patronal no se ha puesto aún en contacto ni con Acotex ni con los sindicatos, según indican todos ellos. Pero la CIG, que ha liderado las protestas de las trabajadoras de Inditex en A Coruña y Pontevedra, rechaza cualquier intento de negociar un convenio estatal, más aún si incluye mínimos por debajo de los provinciales. La secretaria nacional de CIG Servizos, Transi Fernández, muestra su “asombro” por la creación de ARTE, cuando “las grandes no participan en la negociación de los convenios provinciales”. ELA-STV, el sindicato que abandera las protestas de la plantilla de Tendam en el País Vasco, reclama también un convenio de empresa, por lo que uno estatal no puede estar más alejado de su concepto de la negociación colectiva.

UGT se encuentra a la espera de saber cuáles son las intenciones de la nueva patronal. La responsable de Comercio del sindicato, Dolores Luna, conjetura que ARTE pretenda negociar un acuerdo marco, pero no cree posible un convenio colectivo estatal, que regula al detalle todas las condiciones de trabajo en el comercio textil. O que la patronal tenga interés en establecer una regulación común para los contratos fijos discontinuos a tiempo parcial, que desde la reforma laboral de diciembre de 2021 sólo se pueden firmar si así lo dispone un convenio sectorial.

Las fuentes de CCOO, en cambio, sostienen que hay circunstancias, legales y organizativas, que impulsan una “solución estatal”. Lo mismo que ha ocurrido ya con las cadenas de comida rápida. Unos 50.000 trabajadores de McDonald’s, Burger King, KFC, Rodilla, La Tagliatella, Tacobell y Goiko tienen desde el pasado octubre su primer convenio colectivo estatal, que les garantiza una salario mínimo de 16.000 euros al año y una reducción de jornada a 1.792 horas al año.

Sin embargo, en el caso del comercio textil, el sindicato piensa más en un acuerdo marco que en un convenio con una regulación exhaustiva. Por regla general, el primero suele ordenar las clasificaciones profesionales, la salud laboral, la contratación, pero excluye la jornada y los salarios. “El tema salarial es complicado: nosotros pediremos sueldos en la banda alta, pero las empresas no van a querer homologar los salarios de Badajoz a los de Barcelona, por ejemplo”, precisan. En cambio, sí que podría estar en la mira de la nueva patronal regular la contratación de forma homogénea para todo el país. Por ejemplo, para que puedan contratar fijos discontinuos a tiempo parcial en las mismas condiciones en todas las provincias.

Finalmente, Acotex se limita a recordar que su labor es impulsar la negociación colectiva de los convenios bloqueados o colaborar con la patronales en la negociación de los provinciales “defendiendo los intereses” de sus asociados “grandes, pequeños y medianos”. Lo que no ha sido obstáculo para que la patronal haya impugnado algunos convenios provinciales porque incluían “cláusulas abusivas en función del tamaño de las empresas”, detallan fuentes de Acotex. Tendam también ha impugnado los convenios del comercio de Almería y Sevilla, que establecían condiciones salariales y de jornada por encima de lo que estaba dispuesta a pagar y habían sido negociadas por patronales ajenas a ella y cuya legitimación puso en duda. El resultado de las demandas judiciales es que los convenios terminaron decayendo, añaden por su parte las fuentes de CCOO. La legitimación tanto de las grandes patronales –Acotex es una organización nacida en Madrid– como de las pequeñas va a ser precisamente uno de los caballos de batalla de la próxima negociación colectiva del comercio textil.

Sobre la mesa en 2023 se pondrán las condiciones de trabajo de casi 160.000 trabajadores, la inmensa mayoría mujeres, que en algunas provincias cobran menos de 800 euros como salario base. Una dependienta mayor, que es como se denomina a las de mayor antigüedad, tiene un salario bruto de 1.159 euros en Pontevedra. Las trabajadoras de Inditex en A Coruña reclaman una subida de 440 euros para equipararse con los sueldos de otras empresas del grupo gallego. Éste ha firmado un acuerdo con CCOO y UGT por el que les concede un aumento de 183 euros. Las dependientas coruñesas lo han rechazado: un mozo de almacén cobra 1.000 euros más al mes que ellas, protestan. 

La CIG mantiene convocada la huelga para el próximo 25 de noviembre, el Black Friday, en las tiendas de Inditex de la provincia de A Coruña. "Menos postureo y más salarios", ha resumido la portavoz de servicios de la central, Carmiña Naveiro, según informa Europa Press. Este jueves volvió a celebrarse una reunión con la empresa pero no hubo "ningún movimiento" y esta representante de los trabajadores considera que hasta les "tomaron el pelo".

Así, indica que la propuesta se mantiene en un incremento de 120 euros para 2022, otros 20 para 2023 y 40 para 2024, un total de 180 euros, cuando esta organización reclama entre 440 y 500 euros para todos los trabajadores, de una plantilla compuesta por entre 1.300 y 1.400 personas, sobre todo mujeres.

En busca de un salario "decente", Naveiro critica que "muchas" de estas dependientas tienen "dificultades para llegar a fin de mes", y resalta que esto ocurre en la misma provincia en la que Inditex tiene la central, de ahí que "se movilicen más".

Aunque piensa que hay margen para desconvocar si la empresa quiere, esta portavoz augura un seguimiento "histórico" de la huelga de ir adelante, después de la manifestación del pasado día 6. Están llamados a secundarla trabajadores de Zara, Zara Home, Stradivarius, Bershka, Pull & Bear, Oysho, Tempe, Lefties, Massimo Dutti y Kiddy's Class.

A mayores, puntualiza que CIG es el sindicato "más representativo" en estas marcas, "luego" se sitúa UGT y "CCOO representa a muy pocos trabajadores solo de Zara", por lo que ve "sangrante" que se siente a negociar condiciones para empleados del resto de los establecimientos de Inditex.

Por último, Carmiña Naveiro denuncia un "endurecimiento" en las condiciones con respecto a cuestiones como la conciliación desde que cambió la dirección y Marta Ortega se puso al frente. Por eso, subraya: "Menos postureo y más salarios".

La decisión de convocar el paro fue aprobada en las asambleas y consultas en las tiendas realizadas por la CIG esta semana y la pasada en A Coruña, Ferrol y Santiago de Compostela.

El confinamiento obró un primer cambio en los hábitos de consumo de la ciudadanía: aumentó los pedidos por internet y el servicio de todo tipo de mercancías a domicilio. Menos tiendas y más aplicaciones en el móvil. Menos estrenar y más vender en la Red lo comprado de más o sencillamente olvidado en el armario. Pero, una vez levantadas las restricciones y recuperadas las calles, la tendencia no sólo se ha consolidado, sino que, además, está en pleno apogeo. Los motivos hay que buscarlos en la nueva crisis que sacude 2022. La inflación erosiona los sueldos y amenaza con seguir haciéndolo muchos meses más de los inicialmente temidos. La guerra en Ucrania ha disparado los precios de la electricidad, el gas y los carburantes. Los cuellos de botella en las cadenas de suministro siguen bloqueando la oferta de muchos productos cuyos precios también suben. La incertidumbre de la que no cesan de hablar economistas y políticos retuerce los bolsillos de los ciudadanos, que postergan o suspenden sus decisiones de compra al mismo tiempo que se esfuerzan para recortar la factura del supermercado.

Según La red del cambio, un estudio elaborado por la plataforma Wallapop y la consultora Kantar, el 43% de los encuestados asegura que compra o vende artículos usados para obtener ingresos extra. El mismo porcentaje explica que la segunda mano figura ya entre sus primeras opciones de compra y el 60% dice que se plantea comprar más productos ya utilizados en los próximos tres años. El porcentaje aumenta cuando se trata de consumidores en la veintena, el 71%, y son los treintañeros quienes más venden artículos de segunda mano, el 70% en los últimos tres años.

El mercado de los artículos usados ha dejado, pues, de ser marginal a disfrutar de una buena imagen, ecológica y responsable, a la que ahora se añade el impulso que recibe de los apuros económicos del consumidor. El resultado es que la segunda mano está alcanzando máximos nunca vistos tanto en número de operaciones como en precios. Se venden más viviendas usadas que nuevas, y más coches, que consiguen precios casi de vehículos de estreno; la ropa y los móviles son productos estrella tanto en tiendas físicas como virtuales; las compras de libros de texto, uniformes y ordenadores o tabletas reutilizados prometen récords este mes de septiembre.

El portal Milanuncios cifra en 5.600 millones de euros el mercado de segunda mano que gestionó en su plataforma en 2021. Unos 6,3 millones de anuncios. Su producto estrella son los coches, 4.700 millones de euros, cuyos anuncios crecieron ese año un 22% respecto al anterior. Thredup, la mayor tienda online de ropa usada, calcula que este año las ventas mundiales de textiles de segunda mano sumarán 119.000 millones de dólares, un 24% más que el anterior, pero la mitad de las que se harán en 2026. Es más, prevé que en 2030 el mercado de ropa reutilizada duplique el tamaño de la moda rápida, la fast fashion de Primark, H&M o Zara. La cadena insignia de Inditex tiene en España unos 10 millones de clientes; la plataforma la plataforma lituana Vinted cuenta con más de 12,5 millones de usuarios en Francia. Thredup destaca que los estadounidenses ahorran 390.000 millones de dólares al año comprando ropa de segunda mano.

Así que los prejuicios sobre los artículos usados dieron paso en un primer momento a la búsqueda de la sostenibilidad reduciendo el consumo y, ahora, con la crisis a las puertas, se le suma la indudable ventaja de su menor precio, aunque también ayuda a su auge la escasa oferta de determinados artículos nuevos.

Es el caso de la vivienda. En los meses de mayo y junio se han vendido más inmuebles de segunda mano que en ningún otro mes desde enero de 2007, antes de que estallara la burbuja inmobiliaria. Entonces se cerraron 50.233 operaciones, según recoge la Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE). En mayo las operaciones ascendieron a 49.791 y en junio a 48.188. En el primer semestre de este año se han vendido 269.696 viviendas usadas en España, un 26,23% más que en el mismo periodo de 2021. De hecho, casi todo el mercado es de segunda mano. Porque las operaciones con inmuebles nuevos fueron sólo 61.301 y su número creció un 11%, menos de la mitad de lo que lo han hecho las de pisos de segunda mano. ¿Por qué se compra tanta vivienda usada? No hay casi promociones nuevas, así que el ahorro acumulado tras la pandemia y las ganas de cambiar de residencia tras los muchos meses de confinamiento, además de la premura por aprovechar el euríbor antes de que suban los tipos de interés, empujan al comprador a la segunda mano.

De ahí también el consiguiente aumento de los precios. El Índice de Precios de Vivienda (IPV) que calcula el INE, creció un 8,2% para la vivienda usada en el primer trimestre del año respecto del de 2021, el mayor aumento desde el segundo trimestre de 2007. Para el primer semestre, un informe de Tecnocasa basado en las operaciones en las que participa la inmobiliaria y elaborado junto con la Universidad Pompeu Fabra, cifra en un 4,4% la subida del precio de los inmuebles de segunda mano. Y en 2.475 euros el metro cuadrado, aún un 29 % por debajo de los casi 3.500 euros del récord histórico que se registró entre finales de 2006 y principios del 2007.

El portal Idealista ofrece los datos más recientes, del mes de julio: los pisos usados se han encarecido un 3,4% respecto al mes anterior, hasta alcanzar un precio medio de 1.888 euros el metro cuadrado. Pero en Madrid capital se eleva a 3.900 euros y en San Sebastián, a 5.111 euros el metro cuadrado, tras subir un 3,7% y un 3,5% anual, respectivamente.

También hierve el mercado de coches de segunda mano. En este caso, la culpa debe atribuirse a los problemas en el suministro de chips y otros componentes, que viene lastrando la fabricación de vehículos nuevos desde la pandemia. A falta de oferta de estreno, quien quiere cambiar de automóvil acude al usado. También las dudas a la hora de elegir entre eléctricos, diésel y gasolina abonan mientras tanto a los conductores a la opción más barata, explica en su último Barómetro Coches.com y la patronal de la distribución de vehículos Ganvam.

Así que los precios de los coches usados han subido un 17,2% en lo que va de año. Y, de forma sorprendente, los que más se han revalorizado son los más antiguos, con más de 15 años, un 36%. Un 31% los de entre 10 y 15 años. Por tanto, se han encarecido más de lo que lo han hecho los nuevos, que según la Agencia Tributaria han aumentado su precio medio un 7,7% en este primer semestre. De hecho, un vehículo usado con menos de tres años de antigüedad cuesta de media 21.900 euros, muy poco menos de lo que se paga por uno de estreno, 21.862 euros. Cuando tiene más de 15 años, el precio baja a 3.950 euros, una diferencia considerable.

Pero si los conductores prefieren coches tan antiguos no es por amor al vintage, sino, de nuevo, por falta de oferta de vehículos con menos de tres años de rodaje. Como la fabricación se redujo ya durante la pandemia, la oferta de seminuevos aún es pequeña. Sus ventas han caído un 38,3% en el primer semestre respecto a idéntico periodo de 2021. Por el contrario, las de automóviles de más de 15 años han crecido un 10,4%. En total, entre enero y junio se han vendido 916.438 coches de ocasión, más del doble que nuevos, 407.757. Y esta cifra es, además, inferior en un 10,7% a la de 2021. También se han vendido menos coches usados, pero el descenso es mucho menor, un 4,1%. De los de segunda mano, el 38% tienen más de 15 años, tras aumentar en siete puntos la cuota de hace un año. Cada vez se venden más vehículos usados y más antiguos.

Otro factor que está cambiando las pautas de compra de vehículos es, además de la mayor conciencia medioambiental, la escalada de precios de los carburantes y la creación de zonas de bajas emisiones en los municipios de más de 50.000 habitantes. Las ventas de coches eléctricos o híbridos de segunda mano se están beneficiando de esos tres factores. Según las cifras que maneja Coches.net, entre enero y junio sus ventas han crecido un 44,6% y su precio ha subido un 31,5%, lo que duplica los aumentos de los diésel y gasolina. En Canarias, la comunidad autónoma más cara para este segmento, un eléctrico usado cuesta de media 41.699 euros. Aún son pocos los eléctricos usados vendidos, 6.328, pero la intención de compra de estos coches ha crecido un 18%, mientras que la de diésel cae un 5% y un 6% la de los propulsados con gasolina.

Si hay un periodo del año donde se nota la carestía de la vida es septiembre, cuando muchos hogares tienen que hacer frente a los gastos extra del inicio del curso escolar. Milanuncios asegura que la demanda de libros de texto de segunda mano se ha disparado un 67% entre junio y agosto. El precio medio de cada libro, de acuerdo con los anuncios publicados en esa plataforma, ha subido un 8% respecto a 2021, hasta alcanzar los 24 euros de media. Milanuncios cifra en 2,9 millones de euros el valor de este tipo de operaciones en los últimos 12 meses.

La demanda de uniformes de segunda mano es mucho mayor y ha crecido nada menos que un 223% en un año. La de tabletas ha aumentado un 16%, la de portátiles un 10% y la de ordenadores de mesa, un 9%. En 2021 la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) calculaba en 1.980 euros el gasto medio de una familia en el inicio del curso. De esa cantidad, 500 euros se dedican a la compra de material escolar, uniformes y libros de texto.

Finalmente, la segunda mano también triunfa entre los artículos que no son de primera necesidad. O al menos no tanto. En 2021, la oferta de teléfonos móviles en Milanuncios creció un 10,4%. Si se les añaden los relojes inteligentes y los accesorios, las compraventas movieron ese año 60 millones de euros. El precio medio de un móvil usado era entonces de 151 euros, pero si se trata de un iPhone sube hasta 414 euros; nuevo cuesta 909 euros. Un Samsung vale 324 euros si se reutiliza, 700 euros si no se ha estrenado. El 36,4% de los anuncios de móviles en la citada plataforma con de iPhones y el 25,3% para teléfonos de Samsung.

Pero el año pasado la estrella de la tecnología con segundas oportunidades fueron los relojes inteligentes, cuya oferta explotó hasta crecer un 254,5% respecto a 2020. Mucho menos de lo que aumentaron los anuncios de bicicletas, otro artículo reinventado tras la pandemia, cuya oferta sólo subió un 9,6%.

Es prácticamente imposible que si te gusta el mundo de la moda o usas a menudo las redes sociales no hayas oído hablar de Shein. Esta empresa de venta al por menor global de moda -según indican en su página web- tiene clientes en más de 150 países. El éxito de esta marca es evidente entre los jóvenes (y no tan jóvenes) de todo el mundo. En redes sociales el hashtag #shein tiene más de 29,8 billones de visitas en TikTok y más de 5,7 millones de publicaciones en Instagram.

Recientemente España, y en concreto Madrid, ha vivido la apertura efímera de una tienda física. Algo inusual, porque si algo caracteriza a Shein es ser una empresa basada en la venta online. Los videos que se colgaron en redes sociales dieron cuenta de las miles de personas que estaban dispuestas a esperar la kilométrica cola de esta pop-up (tienda temporal).

Son muchos los factores que explican su éxito. En primer lugar, destaca la entrega directa de sus productos, lo que les ahorra el mantenimiento de tiendas físicas. En segundo lugar, el poder de las redes sociales, que usan para identificar tendencias y captar influencers que les consigan nuevos clientes. Jon Kareaga, activista medioambiental, expone que Shein es capaz de generar necesidades en las nuevas generaciones para luego satisfacerlas con sus productos. En cuanto a la logística, poseen una gran red de proveedores y distribuidores que les permite entregar los pedidos en un tiempo récord. 

Respecto a los productos en sí, destaca su amplia variedad (de artículos, pero también de estilos y de tallas). Lo que les diferencia de otras marcas de fast fashion o "moda rápida" es su capacidad de producir productos nuevos continuamente, que hacen que el consumidor "se enganche" a sus novedades, según explica Kareaga. Pero sobre todo destaca su precio económico. En Shein es posible comprar en rebajas permanentes, pues poseen ofertas para todo tipo de clientes durante todo el año. 

La empresa no es transparente en cuanto al lugar desde el que distribuye sus prendas, las condiciones de sus trabajadores, sus proveedores o sus ingresos. Además, la estructura corporativa de Shein es casi opaca. Varios medios y ONGs han indagado acerca de ella, y sus investigaciones aseguran que casi lo único que se sabe es que esta empresa aparece registrada como parte de un conglomerado llamado Zoetop Business, con sede en Hong Kong.

En un informe publicado a finales de 2021 por la organización suiza de derechos humanos Public Eye, se desvelan algunas de las prácticas ilegales que lleva a cabo la compañía. Trabajando duro para Shein. Mirando detrás de la brillante fachada del gigante chino de la "moda ultrarrápida" nace de una investigación exhaustiva llevada a cabo por la ONG durante más de un año. En ese tiempo tuvieron la oportunidad de hablar con diez trabajadores de siete empresas proveedoras de Zoetop en varias ciudades chinas, en su mayoría en Nancun Village, en el distrito de Panyu. A través de estas entrevistas, la ONG pudo constatar las pésimas condiciones en las que se encontraban sus empleados. 

Observaron que estas fábricas no tenían salidas de emergencia o que varias de sus ventanas estaban cerradas con rejas. Además, la situación de los empleados era deplorable. Todos ellos coincidían en que trabajaban más de 75 horas por semana, con un día libre al mes. Según se afirma en el estudio, las costureras trabajaban "un promedio de 11,5 horas al día”. Esto incumple en gran medida la ley china, que estipula que la semana laboral puede comprender un máximo de 40 horas -sin poder superarse las 36 horas extra mensuales- y establece el derecho de los trabajadores a tener un día libre a la semana. 

Esta situación, a pesar de parecer intolerable, es aceptada por muchos de los empleados, quienes reconocen que tampoco han firmado contratos, porque creen que “fábricas como estas no tienen que dar contratos”. David Hachfeld, miembro de Public Eye, ha explicado en una entrevista con infoLibre que algunas de estas personas están sometidas a una presión indirecta para continuar trabajando y hacer muchas horas extra, ya que emigran de las provincias chinas -donde los salarios son aun más bajos- a las ciudades para mejorar su situación económica y poder mantener a sus familias. Es por ello por lo que no denuncian las situaciones ilegales en las que se encuentran.

Estas empresas proveedoras pagan a sus empleados por prenda de vestir, lo que obliga a que la producción se optimice al máximo. Este en el caso de Shein es una ventaja porque, a pesar de que los trabajadores reconocen que el salario no es excesivamente alto, las expectativas de calidad son mucho más bajas que en otras marcas. 

Algunos de los principales competidores de esta compañia, como H&M o Inditex, dan a conocer listas de fábricas o códigos de conducta. Sin embargo, este no es el caso de Shein, puesto que no proporciona ninguna información sobre su cadena de suministro. Se desconoce cuáles o cuántos son sus proveedores, aunque según Public Eye podría poseer una red de 300 o 400 “proveedores principales” y unas 1.000 empresas subcontratadas para realizar sus pedidos. Esto hace muy difícil investigar las condiciones de los trabajadores de las fábricas, y aún más difícil responsabilizar a Shein de las malas prácticas que se realizan en ellas. 

Jon Kareaga asegura que la falta de trazabilidad y transparencia en la cadena de producción favorece que se lleven a cabo prácticas ilegales. Explica que "las empresas de fast fashion suelen contratar empresas, que a su vez subcontratan a otras empresas para abaratar costes", lo que hace que al final, las prendas de ropa se hagan en “lugares que no respetan los derechos laborales”. 

Según una investigación realizada por Reuters, Shein ha llegado a asegurar “falsamente” en su página web que las condiciones de sus fábricas estaban certificadas por organismos internacionales de estándares laborales. Actualmente únicamente aseguran en su página de “responsabilidad social” que “nunca, JAMÁS” participan en “trabajo infantil o trabajo forzoso”. 

La propia marca afirmó en su primer Informe CSR que en el 83% de sus empresas proveedoras se quieren “acciones correctivas”, pero desde Public Eye han asegurado a infoLibre que Shein no ha tomado las medidas adecuadas para mejorar la situación. 

Tampoco ofrecen cifras sobre sus ingresos. De hecho, negaron a Reuters esta información, afirmando que no divulgaban sus ingresos públicamente. Los analistas de esta agencia estiman que Shein ingresa 5.000 millones de dólares al año y que está valorada en 15.000 millones. Por otro lado, un informe recogido en medios de comunicación chinos asegura que en 2020 la empresa ganó casi 10.000 millones de dólares. 

Shein también ha sido acusada en varias ocasiones de robar diseños, siendo varios los diseñadores, grupos de música o marcas de ropa las que han denunciado la venta de ellos sin su permiso. Sin embargo, esto tampoco ha tenido ninguna consecuencia para la empresa. 

El último escándalo en el que se ha visto involucrada Shein ha estado relacionado con sus etiquetas. Se han colgado en las últimas semanas varios videos y fotografías en redes sociales donde algunos clientes mostraban cómo las etiquetas de diferentes prendas tenían mensajes como “Help” (“Ayuda”) o “Need your help” (“Necesito tu ayuda”).

Han sido muchas las personas que han mostrado en TikTok o en Twitter estos mensajes. Sin embargo, Shein se ha pronunciado a través de su cuenta de TikTok oficial y mexicana, asegurando que se trata de un error semántico. Las frases de estas etiquetas estarían haciendo referencia a las instrucciones de lavado, puesto que la traducción completa podría ser “necesito su ayuda en el primer lavado con detergente suave para que la prenda quede suave” (Need your help washing with the soft detergent at the first time to make the goods softer). 

Todo este revuelo comenzó después de que se hiciera viral un video de una joven que mostraba cómo en el embalaje de su pedido de Shein estaba escrita a mano la palabra “Help”. En el vídeo aseguraba que “los niños de Shein están pidiendo ayuda”. 

A este primer video viral, la compañía contestó con un breve comentario: “Nos hemos dado cuenta de que este vídeo contiene información errónea sobre Shein, y queremos abordar las afirmaciones incorrectas. Por favor, envíenos un mensaje directo".

Marta Ortega tomará esta semana las riendas de Inditex con casi 6.500 tiendas repartidas por el mundo, unos beneficios récord y su apuesta por mantener el modelo de negocio, cerrando así la etapa de Pablo Isla, que dejará la presidencia el próximo viernes, 1 de abril, tras 17 años en la compañía, según informa Europa Press.

Así, la hija de Amancio Ortega emprenderá una nueva etapa como presidenta no ejecutiva de Inditex, en la que estará acompañada por el consejero delegado, Óscar García Maceiras, quien lleva ya en el cargo desde el pasado mes de noviembre, fecha en la que se anunciaron los cambios en la dirección de la firma.

Marta Ortega ha desarrollado su actividad en distintas áreas del grupo durante los últimos quince años y, en particular, ha dirigido el reforzamiento de la imagen de marca y propuesta de moda de Zara, área que seguirá supervisando. Bajo su liderazgo se han materializado campañas con los más reputados creativos del sector como Steven Meisel, Fabien Baron, Karl Templer o Luca Guadagnino, así como el lanzamiento de nuevas colecciones premium, incluyendo Zara SRPLS y Charlotte Gainsbourg by Zara.

"Estamos enormemente agradecidos a Pablo Isla por su extraordinario trabajo y dedicación durante todos estos años. Me gustaría destacar su inmensa contribución, no solo a nuestro grupo, sino también a la industria de la moda en general", subrayó Marta Ortega tras ser nombrada presidenta.

"He vivido esta empresa desde mi infancia y he aprendido de todos los grandes profesionales con los que he trabajado durante los últimos quince años. Siempre he dicho que dedicaría mi vida a desarrollar el legado de mis padres, mirando al futuro pero aprendiendo del pasado y al servicio de la compañía, nuestros accionistas y nuestros clientes, en el lugar donde se considere que soy más necesaria", afirmó.

"Me siento profundamente honrada y comprometida por la confianza que se ha depositado en mí y enormemente ilusionada por el futuro que entre todos vamos a acometer", añadió.

Marta Ortega, que cobrará un millón de euros anual por sus funciones al frente de la compañía, concretamente, 900.000 euros como presidenta del consejo de administración, y otros 100.000 en calidad de consejera, tendrá bajo su responsabilidad directa las áreas de auditoría interna, secretaría general y del consejo y comunicación.

La compañía ha destacado el valor intrínseco de la nueva presidenta "por su conocimiento del negocio retail en el sector de la moda y del grupo Inditex, donde ha desarrollado distintos roles y funciones y su importancia desde una perspectiva institucional".

En general, de cara al futuro, al margen del impacto de la guerra de Ucrania en sus cuentas y su apuesta por Estados Unidos, Inditex espera un crecimiento selectivo del espacio comercial bruto en los próximos años, con tiendas muy diferenciadas, totalmente integradas, digitales y sostenibles. El aumento de superficie bruta se llevará a cabo mediante nuevas aperturas, ampliaciones y reubicaciones. Tras la práctica culminación del plan de optimización de tiendas 2020-2021, espera una contribución neta del espacio comercial a la venta neutral en 2022.

Inditex espera además que la venta online supere el 30% de la venta total en 2024 y, por otro lado, espera un margen bruto estable en 2022, con una inversión que rondará los 1.100 millones de euros. El objetivo de Inditex es reforzar el carácter único de su modelo de negocio a través de inversiones en diferenciación, digitalización y sostenibilidad.

"Inditex es al día de hoy global, digital, integrada y sostenible", afirmó en la presentación de resultados el consejero delegado, quien ha subrayado que la estrategia de la compañía seguirá centrándose en su modelo de negocio, la innovación y la sostenibilidad, con inversiones en localizaciones únicas y comprometidos con los clientes y con los accionistas, con una política de dividendos "atractiva, predecible y creciente".

"Inditex es un modelo de negocio a pleno rendimiento con un enorme potencial de crecimiento de cara al futuro", afirmó García Maceiras. "Nuestro ADN implica humildad, pero también una enorme ambición", añadió el consejero delegado, quien ha apostado por el crecimiento orgánico de la compañía.

Cada vez son más las personas que se suman a la compra de ropa de segunda mano. Esto se refleja en el crecimiento de las aplicaciones, plataformas o tiendas físicas que se dedican a la compraventa de prendas de segunda mano, pero también a la gran repercusión que está teniendo en las redes sociales. La venta de ropa de segunda mano ha aumentado en España un 38% desde 2015, según un informe de Humana, fundación que se dedica a la recogida y venta de prendas de segunda mano. 

Son varias las cuestiones que pueden explicar este aumento. Alberto Veira, investigador en demografía del mercado laboral y en sociología económica, considera que recientemente ha sido clave la influencia de la crisis del coronavirus. La pandemia, asegura, ha frenado “en seco” la lenta recuperación económica desde la crisis de 2008: “Solo por estas razones, ya no debería resultar sorprendente un aumento de la facturación del mercado de productos de segunda mano”. Las diferentes aplicaciones, plataformas y empresas de mensajería han hecho que el mercado de ropa de segunda mano deje de ser local, poniendo al alcance de cualquier persona prendas mucho más baratas que las que ofrecen la mayoría de empresas textiles. 

Mercedes Pardo-Buendía, catedrática de Sociología de la Universidad Carlos III de Madrid, coincide en que el factor económico es clave, pues los precios son “más bajos y más adecuados al escaso poder adquisitivo de los jóvenes”, a quienes considera los principales consumidores de moda de segunda mano. 

María Montero, una joven de 23 años, afirma que el precio económico de las prendas fue una de las razones por las que comenzó a comprar, aunque no fue la única. Añade que la ropa de segunda mano en muchas ocasiones le gusta más que “las que se venden actualmente en tiendas”. Eugenia Tenenbaum, influencer con más de 70 mil seguidores en Instagram, lleva más de una década comprando de segunda mano. “En un primer momento me llamó la atención lo únicas que pueden ser estas prendas”, aunque reconoce que continuó porque “era más barato que comprar en tiendas”. 

Ambas jóvenes consideran que la moda ha favorecido la venta de prendas usadas. María asegura que “ahora está de moda vestir con ropa que se estilaba antes, ropa vintage, chaquetas retro, tejanos rectos, etc.”, y esto lo facilitan las plataformas o tiendas de segunda mano. Pardo-Buendía asegura que los bajos precios de estas prendas posibilitan a los jóvenes hacer cambios frecuentes en el vestuario que exige actualmente la moda, pero también acceder a tendencias que las tiendas ya no ofrecen. 

Laura Santiago, licenciada en Economía y activista ambiental, destaca que son muchas las personas conscientes del impacto ecológico de la industria textil, la segunda más contaminante del mundo. Asegura que muchos consumidores se decantan por comprar productos que tengan un menor impacto en el medio ambiente. Sin embargo, considera que este auge “sigue ligado a que se ha puesto de moda”. Veira coincide en que está creciendo el número de personas que se preocupan por el origen y el impacto ecológico de los productos que compran. 

Aunque cada vez parece que esta práctica se hace más común, no todos los sectores de la población se han sumado a ella. Si se buscan en internet sinónimos de “segunda mano”, aparecen palabras como “gastado, usado, desgastado, raído, ajado, deteriorado, empleado, utilizado, viejo, manoseado…” Muchos de estos adjetivos con connotaciones negativas se asocian a las prendas de segunda mano. Creer que se encuentra en mal estado, asociarlo a la pobreza o las razones higiénicas son algunos de los factores que pueden frenar la compra. 

María Montero reconoce que algunos miembros de su familia, “sobre todo los más mayores”, tienen muchos prejuicios acerca de la compra de este tipo de ropa. “No ven la necesidad de comprar algo usado, lo ven como algo sucio, algo que no quiere una persona por alguna razón y con lo que tú te estás conformando”, explica. Considera que las personas mayores pueden imaginarse la ropa de segunda mano “manchada y rota” porque antiguamente no se tiraba ninguna prenda hasta que no era inservible. Sin embargo, heredar ropa de familiares también es una práctica común -que implica reutilizar prendas-, y sobre esta parece no haber prejuicios.

Laura Santiago destaca también la relación con la clase. Antiguamente la ropa de segunda mano se ligaba a las personas que no tenían recursos, pues las personas con dinero podían permitirse comprar prendas nuevas. 

Los prejuicios sobre la compraventa de ropa de segunda mano han ido disminuyendo con los años, y según Pardo-Buendía, para los jóvenes “ya casi no existen”. Las nuevas generaciones parecen haber normalizado el consumo de este tipo de prendas. 

Las redes sociales han contribuido a este auge, y no solo en el ámbito textil. Eugenia Tenenbaum anima a sus seguidores a adentrarse en la “cultura de la segunda mano”, y al igual que ella lo hacen muchos otros influencers. “Desde las redes sociales somos capaces de crear tendencias, y creo que algunas de nosotras hemos contribuido a que más personas se inicien en este mundo”, explica. 

Santiago considera que la normalización de la ropa de segunda mano puede perjudicar a las personas con menos recursos económicos. “El hecho de que se haya puesto de moda han hecho que las tiendas suban los precios”, y que las prendas sean menos accesibles para estos sectores. 

Un informe publicado por la compañía ThredUp prevé que el mercado de segunda mano se duplique en los próximos cinco años. Esta compañía también revela que el mercado de la reventa crece a un ritmo once veces superior al del comercio al por menor. 

A pesar de los datos que aporta este informe, Veira considera que la economía circular crecerá, pero afirma que no supondrá una amenaza a la economía lineal. Sostiene que la costumbre de comprar “ropa de temporada” está tan arraigada que es difícil suponer que el auge del mercado de ropa de segunda mano pueda llegar a representar una seria amenaza a las cadenas textiles. Afirma que puede que “resulten formas de consumo complementarias”, pues el ahorro que puede suponer comprar varias prendas de segunda mano puede favorecer adquirir una prenda nueva. 

La firma ha explicado que la industria del retail está experimentando "un gran cambio", como consecuencia de la digitalización, la modificación en el comportamiento de los consumidores y el "constante" crecimiento del canal online.  En este contexto, la empresa ha indicado que se encuentra en un proceso de transformación y reorganización mundial, que conlleva la adaptación de sus operaciones y estructura a "una organización más eficiente", al tiempo que busca integrar "aún más" las tiendas físicas y las online y llevar a cabo los cambios necesarios en el porfolio de tiendas para impulsar la experiencia multicanal de los consumidores.

Por ello, la compañía prevé abrir 100 nuevas tiendas y cerrar 350 instalaciones en todo el mundo en 2021, mientras que en España reorganizará sus equipos de tiendas y cerrará 30 puntos, de los que 27 serán de H&M y tres de COS. La previsión es que estos cierres se lleven a cabo "de forma escalonada" en 2021, aunque podrían prolongarse hasta 2022.

H&M ha indicado que su objetivo es "mantener el mayor número de puestos de trabajo posibles", por lo que priorizará "siempre que sea posible" la opción de adscripción voluntaria a la extinción del contrato, con el fin de minimizar el impacto del ERE. Así, la firma destacó que ofrecerá "ciertas" posibilidades de recolocación y traslado y se implementará un plan de outplacement para los trabajadores que finalmente tengan que abandonar la compañía.

"Necesitamos adaptarnos al cambio del comportamiento de los clientes y sus necesidades para ser capaces de seguir siendo competitivos. Es necesario realizar todos estos cambios como un paso crucial para asegurar la sostenibilidad de nuestro negocio a largo plazo", han explicado desde la empresa.

Finalmente, explicaron que la finalidad de estas medidas es continuar con las inversiones en las tiendas "estratégicas" para la compañía y el canal online y en la apertura de nuevas tiendas donde identifique "un gran potencial".

Inditex registró un beneficio neto de 1.106 millones de euros en su año fiscal 2020-2021 (del 1 de febrero de 2020 al 31 de enero de 2021), lo que supone un 70% menos respecto al ejercicio anterior por el impacto del coronavirus, según ha informado este miércoles la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y recogido Europa Press.

Las ventas del grupo se situaron en 20.402 millones de euros, limitando su caída al 28% -24,5% sin el impacto divisa-, pese a que el 100% de las tiendas estuvieron cerradas o con horarios y aforos restringidos durante el ejercicio por la pandemia.

Asimismo, las ventas en tiendas y online en España representaron el 14,6% del total del grupo, frente al 15,7% del pasado ejercicio, mientras que Europa sin España supone el 48,7%, Asia y Resto del Mundo, el 23,2%, y América, el 13,5%. Por su parte, el resultado bruto de explotación (Ebitda) del grupo presidido por Pablo Isla se situó en 4.552 millones de euros, lo que supone un 40% menos.

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El presidente de Inditex, Pablo Isla, ha subrayado que tras estos resultados el gigante textil "sale más fuerte de este año tan difícil gracias al enorme compromiso de las personas que integran la compañía". Isla ha recalcado la importancia que en este entorno ha tenido "la estrategia de transformación digital puesta en marcha en 2012 a través de la plataforma integrada de tiendas y 'online'".

La ventas de la compañía a través de su plataforma online global se dispararon un 77% a tipo de cambio constante, alcanzando los 6.600 millones de euros, con picos de crecimiento por encima del 100% durante el año. Las visitas 'online' en el ejercicio 2020 crecieron un 50%, hasta los 5,3 miles de millones.

Durante el ejercicio, Inditex ha incorporado 25 mercados online y ha abierto nuevas tiendas en 29 mercados. En la actualidad, las ocho marcas están ya disponibles por Internet en 216 mercados de todo el mundo, 91 de los cuales tiene plataforma integrada de tienda y online. El grupo ha destacado la apertura de la plataforma local integrada de Zara.com en Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile, Panamá, Costa Rica o Puerto Rico, así como en Islandia, Georgia, Túnez, Kazajistán, Chipre o Argelia, entre otros. Además, en el ejercicio se lanzó la nueva plataforma de venta 'online' de Lefties, que se encuentra disponible en España y Portugal. "Inditex es hoy una compañía aún más sólida que hace dos años, con un modelo de negocio único y una plataforma comercial global, flexible, integrada digitalmente y sostenible, que nos coloca en una excelente posición de cara al futuro", ha indicado el presidente del grupo.

Inditex ha resaltado que en un "año tan difícil por la pandemia", la compañía ha continuado generando caja hasta alcanzar una posición financiera neta de 7.560 millones de euros al cierre del ejercicio, gracias a la continua mejora en la eficiencia de gestión del inventario, que se reduce un 9% tras descontar la provisión realizada en 2019 para prevenir los efectos de la pandemia.

La firma de moda cerró el ejercicio con un total de 6.829 tiendas, lo que supone 640 menos, respecto a los 7.469 establecimientos de 2019. En 2020, la compañía abrió un total de 111 tiendas en 29 mercados, mientras que siguió con su plan de transformación digital con la absorción de 751 establecimientos más pequeños y antiguos.

Duplica su dividendo

En lo que se refiere a la retribución al accionista, el consejo de administración ha propuesto a la junta de accionistas un dividendo de 0,7 euros por acción, 0,22 euros en concepto de dividendo ordinario y 0,48 euros en concepto de dividendo extraordinario, con lo que recupera su política de dividendo, con un 60% de payout ordinario y dividendos extraordinariospayout , lo que supone duplicar el pago realizado en noviembre del pasado año.

De esta forma, el abono de este dividendo se realizará en dos pagos iguales, distribuyéndose 0,35 euros por acción el 3 de mayo, y otros 0,35 euros el 2 de noviembre.

Por otro lado, la contribución fiscal del dueño de Zara alcanzó un total de 4.689 millones de euros, mientras que la tasa efectiva del impuesto de sociedades global fue del 21,2%, en línea con la de ejercicios anteriores.

Isla recibirá un 5,2% menos

Pablo Isla percibió una retribución total de 5,885 millones de euros en el ejercicio 2020, cifra un 5,2% inferior a la de 2019, cuando su remuneración fue de 6,209 millones de euros, según el informe anual de retribuciones que la firma gallega ha remitido este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). En concreto, Isla recibió 3,25 millones en concepto de sueldo, 100.000 euros como remuneración fija y 2,5 millones de euros por retribución variable a corto plazo.

Por su parte, el consejero delegado de la firma, Carlos Crespo, percibió un retribución total de 2,7 millones de euros por su primer ejercicio completo al frente del grupo, frente a los 1,3 millones de euros recibidos el año anterior.

El fundador de Inditex, Amancio Ortega, recibió un total de 100.000 euros por su pertenencia al consejo de administración de la compañía, la misma cantidad que en el ejercicio anterior.

El consejo de administración del grupo gallego percibió un total de 10,93 millones de euros en 2020, lo que supone un incremento del 15,6% respecto al ejercicio anterior, cuando se embolsó 9,45 millones de euros.

El Corte Inglés ha adelantado a los sindicatos que el proceso de reorganización de la empresa con un plan voluntario de bajas que afectará a 3.000 trabajadores, más de un 4% de la plantilla, se realizará "con el máximo diálogo y buscando medidas "positivas" como las "buenas condiciones económicas".

La compañía ha indicado que "su plan de reorganización futuro debe buscar la viabilidad de la compañía, su posicionamiento en un mercado cambiante, la reordenación del mundo del retail y su nueva dimensión tras el impacto de la venta online", según ha informado la comisión sindical en un comunicado tras reunirse con la empresa y recoge Europa Press.

La próxima semana se constituirá en acto formal la comisión negociadora y posteriormente esta comisión iniciará las negociaciones con la empresa para acompasar las medidas, haciéndolas "lo más atractivas posibles a la plantilla". Este momento de reorganización y ajuste de la plantilla viene tras el cierre de Linares y la reorganización de Guadalajara, así como de las noticias de más centros afectados por cierre, que ha provocado una "avalancha de inquietud" en la plantilla, según han asegurado los sindicatos.

Ante esto, CCOO, Fasga, Fetico y UGT han asegurado que su posición frente a la empresa va a ser "clara y contundente" buscando unas condiciones de salida de plantilla por encima de limites legales y con posibilidades de adscripción voluntaria desde cualquier punto de España, de tal forma que ese ajuste de plantilla no se realice "de forma traumática sino armonizada con los intereses de las personas".

El plan voluntario de bajas diseñado por El Corte Inglés afectará a un máximo de 3.000 empleados, de los cuales 2.500 serán trabajadores de los centros comerciales y 500 pertenecientes a los servicios corporativos, lo que supone más de un 4% de la plantilla, integrada por unos 63.000 trabajadores.

La compañía ya se acogió en marzo de 2020 a un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por causa de fuerza mayor para un total de 25.900 empleados, tras decretar el Gobierno el estado de alarma para frenar la expansión del coronavirus.

Este ERTE afectó por tanto a casi el 29% de la plantilla total del grupo, que asciende algo más de 90.000 empleados. Así, se vieron afectados 22.000 trabajadores de los grandes almacenes de El Corte Inglés, 2.000 empleados de la cadena de moda Sfera y 1.900 empleados de Viajes El Corte Inglés.

Tras decretarse el estado de alarma en España para frenar la expansión del coronavirus, el grupo El Corte Inglés se ha vió obligado a cerrar todos sus centros en España, dejando únicamente operativas sus áreas de alimentación y productos de primera necesidad.

El Corte Inglés regresó al resultado bruto de explotación (Ebitda) positivo en el segundo trimestre de su ejercicio fiscal (entre el 1 de junio y el 31 de agosto), hasta situarse en 64 millones de euros gracias a la reapertura de tiendas y a la venta online, que registró un alza del 124% en este trimestre. La cifra de negocio consolidada durante este periodo se situó en 2.817 millones, con un beneficio bruto de 811 millones de euros.