Nuevo cambio de rumbo de la Administración Trump. Esta vez, el giro afecta al envío de tropas a Polonia: si hace una semana el presidente aseguró que retiraría efectivos del país, este viernes ha anunciado el envío de 5.000 militares adicionales al territorio centroeuropeo.

El presidente estadounidense lo ha comunicado, como viene siendo habitual, a través de su red social Truth Social, y lo ha justificado por la “buena relación” que le une al recién elegido presidente polaco, Karol Nawrocki, “a quien tuve el orgullo de respaldar”, ha señalado en el comunicado.

La decisión, que se produce durante la reunión de ministros de Exteriores de la OTAN en Helsingborg (Suecia), ha despertado, una vez más, el recelo de la Alianza, pero también la satisfacción en Polonia, uno de los países que más contribuyó a los aliados el pasado año.

Nawrocki ha celebrado el anuncio de Trump y ha agradecido al presidente “su amistad hacia Polonia y las decisiones cuya importancia práctica vemos hoy con toda claridad. ¡La seguridad de Polonia y del pueblo polaco es mi máxima prioridad!”, ha escrito en X.

El presidente polaco ha subrayado, además, que la alianza con Estados Unidos constituye un elemento central de la seguridad europea. “Las buenas alianzas son aquellas que se basan en la cooperación, el respeto mutuo y el compromiso con nuestra seguridad común”, ha añadido y ha calificado la relación bilateral como un “pilar fundamental de la seguridad” de Polonia y del continente.

Semanas de tensión

El refuerzo militar estadounidense en territorio europeo se produce después de una semana de tiras y aflojas. El Pentágono ya había anunciado la retirada de 5.000 soldados de Alemania y la suspensión del despliegue en Polonia como parte de una redistribución global de fuerzas, según explicó el vicepresidente estadounidense, JD Vance.

Durante estas semanas, Trump también comunicó a la Alianza la cancelación del despliegue de misiles Tomahawk en Alemania —una medida acordada durante el Gobierno de Biden como elemento de disuasión frente a Rusia— para hacer frente a la guerra en Irán.

Esta decisión, sumada a la retirada de las tropas en Alemania, parece responder a una nueva represalia trumpista, esta vez contra el canciller Friedrich Merz, que había criticado el papel de Estados Unidos en la guerra de Irán y llegó a afirmar que la República Islámica estaba “humillando” al país americano.

Si hasta hace unos meses la mayor medida de presión de Trump eran los aranceles, ahora todo apunta a que utilizará la OTAN, el armamento y el envío o retirada de tropas como instrumento de presión. Para muchos aliados, este movimiento confirma que la relación transatlántica es más impredecible que nunca y que está cada vez más sujeta a los designios del presidente estadounidense.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, presente también en Helsingborg, ha negado, sin embargo, que las medidas que está tomando su país en suelo europeo respondan a represalias contra los aliados.

"Estados Unidos sigue teniendo compromisos globales que debe cumplir en lo que respecta al despliegue de nuestras fuerzas, lo que nos obliga constantemente a replantearnos dónde destinamos las tropas; no se trata de una medida punitiva, sino simplemente de un proceso continuo que ya existía anteriormente", ha afirmado Rubio.

El secretario de Estado no ha dejado pasar la oportunidad, ante los medios, de volver a insistir en el malestar de la Casa Blanca con algunos aliados por “su respuesta a nuestras operaciones en Oriente Medio”. Para Rubio, “están bien documentados y es algo que habrá que abordar, pero que no se resolverá ni se tratará hoy. Es algo que se debe discutir a nivel de los líderes”, ha señalado. 

Ese asunto previsiblemente estará sobre la mesa en la próxima reunión de la OTAN, que tendrá lugar en Ankara los días 7 y 8 de julio de 2026, y en la que volverán a abordarse el compromiso y el gasto militar de los aliados.

Dependencia y compromiso

Por su parte, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha insistido desde Helsingborg en la necesidad de que Europa asuma “más responsabilidades en su propia defensa”, capeando así la crítica a Trump por las últimas decisiones.

El ex primer ministro neerlandés ha defendido que “con el tiempo, paso a paso”, Europa debe depender menos “de un aliado único, como hemos hecho durante tanto tiempo, que es Estados Unidos”. Ese cambio, ha añadido, permitiría a Washington "tener la posibilidad y la opción de orientarse más hacia otras prioridades, que también redundan en nuestro interés".

Rutte, que navega por aguas turbulentas entre Trump y el resto de aliados, ve razonable que Estados Unidos reequilibre su presencia global, pero ha lanzado un reproche velado a algunos aliados al asegurar que, tras su visita a Washington a principios de abril, percibió “la decepción” de Estados Unidos con la OTAN por no poner a su disposición las bases en suelo europeo para su campaña militar en Irán.

El secretario general también ha pedido una mayor implicación en la próxima fase de la operación en Oriente Medio, especialmente en tareas relacionadas con la libertad de navegación en el Estrecho de Ormuz.

A estas críticas veladas ha respondido el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, al expresar su deseo de que “todos los aliados de la OTAN tuvieran el mismo compromiso con la seguridad atlántica que España”.

El ministro ha recordado que España cuenta con 2.000 soldados desplegados en el flanco este, participa en misiones de defensa aérea en Eslovaquia y Rumanía, lidera la misión de la OTAN en Irak y mantiene sistemas antimisiles Patriot en Turquía.

Albares ha defendido, además, la diferencia “entre decir que vas a hacer algo y no hacerlo, como hacen algunos, y decir que vas a hacerlo y cumplirlo, como hace España. Tenemos una palabra y cuando decimos que vamos a cumplir, cumplimos”, ha subrayado el ministro.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, subrayó este lunes que su país tiene "el derecho absoluto y legítimo a defenderse" después de informaciones que apuntan a que La Habana adquirió 300 drones militares de Rusia e Irán. "Cuba, que ya sufre una agresión multidimensional de EEUU, sí tiene el derecho absoluto y legítimo a defenderse de una arremetida bélica, lo que no puede esgrimirse lógica ni honestamente como excusa para imponer una guerra contra el noble pueblo cubano", argumentó.

Díaz-Canel reiteró que Cuba "no representa una amenaza ni tiene planes o intenciones agresivas contra ningún país". "No los tiene contra EEUU, ni los ha tenido nunca, lo que conoce bien el Gobierno de esa nación, en especial sus agencias de defensa y seguridad nacional", agregó.

El presidente cubano señaló que quien está verdaderamente amenazando con una "agresión militar" a otro país es Washington y que esto, en sí, constituye ya "un crimen internacional". Sin embargo, Díaz-Canel advirtió que un ataque militar estadounidense a su país tendría devastadoras consecuencias para ambas partes y la región: "De materializarse, provocará un baño de sangre de consecuencias incalculables, más el impacto destructivo para la paz y la estabilidad regional".

Díaz-Canel se suma así a las voces del Gobierno cubano que este lunes han reaccionado a la información del domingo del portal estadounidense Axios, y que no niegan ni confirman que La Habana haya adquirido los citados drones de uso militar a Irán y Rusia.

El canciller, Bruno Rodríguez, aseguró que Cuba "defiende la paz y se dispone y prepara para enfrentar la agresión externa en ejercicio del derecho a la legítima defensa que reconoce la Carta de la ONU". "Sin excusa legítima alguna, el Gobierno de EEUU construye, día tras día, un expediente fraudulento para justificar la guerra económica despiadada contra el pueblo cubano y la eventual agresión militar", subrayó en redes sociales.

Axios cita en su información declaraciones de un alto funcionario de inteligencia, según las cuales EEUU analiza la amenaza de drones procedentes de Cuba que podrían ser enviados contra su Base Naval en Guantánamo (este de la isla), buques militares estadounidenses o Key West, en Florida, y la presencia de asesores militares iraníes en La Habana. Esta información se suma a los potenciales argumentos de Washington para justificar una hipotética actuación militar en la isla.

Las relaciones bilaterales se encuentran en uno de los momentos de mayor tensión en décadas, con las amenazas de agresión militar de EEUU a la isla. Washington lleva desde enero presionando a La Habana para que acometa reformas políticas y económicas.

“No buscamos adhesiones pasivas, sino la movilización consciente contra los pilares del régimen de guerra permanente: el rearme, la militarización de la vida pública y la normalización cultural de la violencia”. Así lo recoge el manifiesto Otra paz es posible, firmado por más de 200 personas con el propósito de impulsar que la ciudadanía salga a las calles para exigir que cese la guerra. El texto se presentará el viernes 15 de mayo, coincidiendo con la conmemoración de la Objeción de Conciencia.

En los últimos años, el rearme se ha instalado de forma recurrente en el debate público. Desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, sus exigencias a los aliados europeos han vuelto a situar el gasto militar en el centro de la agenda internacional. El ejemplo más evidente es la presión para elevar el gasto en defensa hasta el 5% del PIB en los países de la OTAN, una meta de la que España se ha desmarcado al defender el límite del 2,1%. 

Pero, más allá de las exigencias del presidente de Estados Unidos, el proceso de rearme ya estaba en marcha. Según el informe del Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz (SIPRI) de 2025, el gasto militar aumentó el año pasado en todas las regiones del mundo excepto en el continente americano. Estados Unidos mantuvo el primer puesto, mientras Europa registró un incremento del 14%. Además, solo cinco países concentraron el 58% del gasto militar mundial: Estados Unidos, China, Rusia, Alemania e India. 

Para los firmantes del manifiesto, este escenario encierra una contradicción de fondo: se invoca la paz mientras se prepara la guerra. “La acumulación de armamento y tecnologías de muerte, incluida la inteligencia artificial aplicada a la guerra, no nos hace más libres ni seguros: agrava la fragilidad de la vida, acelera la destrucción de los ecosistemas y alimenta conflictos en todo el mundo”, denuncian. 

Esta forma de “prevenir la paz” haciendo uso de la fuerza, a golpe de amenaza, sostienen, no es más que una forma de control. “La paz militarista sirve para dominar: es cuando uno habla y el otro calla. Eso no es paz. Eso es no dar problemas y mantener una injusticia, que nos come los recursos, en vez de invertir en una seguridad humana basada en lo público”, cuenta a infoLibre Ovidio Bustillo, uno de los firmantes. 

Bustillo fue uno de los primeros objetores de conciencia al servicio militar durante el franquismo y la Transición. También formó parte del grupo de objeción y servicio civil de Can Serra, en Barcelona, y fue editor de la revista pacifista Oveja Negra. Para el activista, la sociedad civil tiene que exigir un cambio de rumbo. A su juicio, tiene que ser la ciudadanía quien empuje esa transformación, porque la política —también la izquierda— no está siendo lo suficientemente firme para frenar lo que considera un “peligro para la supervivencia”. 

En ese sentido, Bustillo sostiene que tampoco la acción del Gobierno de España está siendo suficiente. Es más, considera que su defensa de la paz es “puramente testimonial”. “El PSOE es el partido que más ha impulsado el uso de la fuerza, porque ha invertido en defensa sin pasar por el Congreso. Lo cierto es que tiene una política militarizadora”, denuncia. 

“Es una contradicción”, prosigue. “Tiene mérito enfrentarse a los más poderosos y ser la voz progresista en Europa, pero todo se queda en las palabras y lo que necesitamos son hechos y políticas más audaces”, reclama. 

Por eso, los firmantes del manifiesto defienden que la verdadera presión tiene que venir de la calle. Un buen ejemplo son las protestas que inundaron las calles de todo el mundo para exigir el fin del genocidio en Gaza. También la respuesta ciudadana en Minneapolis frente a las agresiones y detenciones del ICE contra la población latina en Estados Unidos. “Tanto en las protestas por Gaza como en Estados Unidos se puede ver cómo distintos colectivos, por ejemplo feministas o ecologistas, incorporan estas luchas en sus propios espacios. Tenemos que aprender de ellas y tomarlas como modelos de movilización”, sostiene Bustillo. 

Las bases militares de Estados Unidos en Alemania son la "punta de lanza" del Ejército estadounidense en Europa para operaciones en el continente, África y Oriente Medio, con una decena de bases de peso y más de 36.000 soldados desplegados en el país centroeuropeo, que se beneficia de esa presencia no solo militarmente y por su efecto disuasorio, sino también económicamente, según informa EFE.

Estados Unidos tenía aproximadamente 68.000 militares asignados de forma permanente a sus bases en Europa en diciembre de 2025, según el Defense Manpower Data Center (DMDC), cifra que no incluye a las fuerzas rotatorias enviadas a misiones o ejercicios. Eso significa que casi la mitad se encuentra en Alemania, país con más militares del país norteamericano fuera de EE.UU. solo por detrás de Japón, que cuenta con unos 54.000.

En Alemania se calcula que hay unas 40 instalaciones militares estadounidenses de diferente tamaño, si bien las grandes son aproximadamente una decena y se encuentran sobre todo en el sur y suroeste del país.

Por ejemplo, la base aérea de Ramstein, la mayor fuera de Estados Unidos se encuentra en el estado federado de Renania-Palatinado. La base es, además de la logística, importante para el despliegue de drones, incluido en Oriente Medio. 

En esta base también se encuentra desde 1974 el cuartel general del Mando Aéreo Aliado, que es responsable de planificar, realizar ejercicios y ejecutar operaciones integradas de defensa aérea y antimisiles dentro del área de responsabilidad europea de la OTAN.

A su vez, la sede del Mando Europeo de Estados Unidos (EUCOM) y del Mando para África (AFRICOM) se encuentra en Stuttgart, en la región de Baden-Württemberg; el mayor hospital militar fuera de Estados Unidos está en Landstuhl; también en Renania-Palatinado; y el mayor campo de entrenamiento militar fuera del país norteamericano está situado cerca de Grafenwöhr, en Baviera.

Además, se estima que hay unas 20 armas nucleares tácticas en la base aérea de Büchel, en Renania-Palatinado, un dato que recoge la cadena de televisión pública ARD, pero que no es público.

De ahí que no sea de extrañar que el anuncio de la retirada de unos 5.000 soldados que hizo el Pentágono el viernes y la advertencia en la víspera del presidente Donald Trump de que al final serán "muchos más" hayan generado inquietud en las regiones que acogen las diferentes bases estadounidenses.

Miles de puestos de trabajo dependen de la presencia militar estadounidense en Alemania.

Todavía se desconoce qué regiones se verán afectadas. Por ahora ha trascendido que Estados Unidos quiere retirar en los próximos seis a doce meses una brigada completa ya desplegada y a un batallón de fuego de largo alcance que debía llegar al país más adelante este año, según medios como CBS News y The Washington Post.

Sin embargo, la inquietud ya se percibe al menos en Renania-Palatinado, donde muchos empleos dependen de la presencia estadounidense. 

"La fuerza económica de la presencia militar estadounidense puede estimarse en más de 2.000 millones de dólares por año fiscal", afirmó la víspera el alcalde de Ramstein, Ralf Hechler. 

El propietario del restaurante Big Emma en Ramstein, Andreas Hausmann, dijo a la cadena de televisión NTV que cada puesto de trabajo en el municipio de unos 18.000 habitantes depende directa o indirectamente de la base aérea. El primer ministro saliente de Renania-Palatinado, Alexander Schweitzer, también se mostró preocupado por el anuncio. 

El primero recalcó que "no se trata solo de la cooperación en cuestiones de política de seguridad". "También es una cuestión de política económica que las fuerzas estacionadas estén aquí", dijo.

Al mismo tiempo pidió cautela, porque, según dijo, "hay indicios" de que la retirada parcial de soldados podría tener lugar en Grafenwöhr, en Baviera.

España aumentó un 50% su gasto militar el año pasado hasta 40.200 millones de dólares (34.265 millones de euros), señaló este lunes en un informe el Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz (SIPRI).

El SIPRI resaltó que es la primera vez desde 1994 que la partida destinada a armamento supera el 2% del producto interior bruto (PIB) español (el 2,1% en este caso). En la última década, el gasto militar español aumentó un 122%, de acuerdo con los datos suministrados por SIPRI.

España ocupa el puesto número 15 en la lista a nivel global, dos más arriba que en 2024, con un 1,4 % del gasto militar mundial.

La subida del gasto militar español se enmarca en un alza generalizada en todos los países europeos miembros de la OTAN, presionados por Estados Unidos y en el contexto de la guerra en Ucrania, lo que provocó que la inversión en el continente alcanzase los 864.000 millones de dólares (736.000 millones de euros), un 14% más.

Se trata del mayor crecimiento anual del gasto militar en Europa Central y Occidental desde el fin de la Guerra Fría. La suma combinada de la inversión de los 29 países europeos que forman parte de la Alianza alcanzó los 559.000 millones (476.000 millones de euros), liderada por Alemania, que por primera vez desde 1990 dedicó más del 2% de su PIB a este área.

Con 114.000 millones de dólares (97.000 millones de euros) destinados, la inversión de Alemania -el cuarto país a nivel mundial con el 3,9% del total- aumentó un 24 % respecto a 2024.

Rusia, tercera en la lista mundial, invirtió 190.000 millones (162.000 millones de euros), un 5,9 % más y el 7,5 % de su PIB, mientras que Ucrania gastó 84.100 millones (71.683 millones de euros), un 20 % más y el equivalente al 40 % de su PIB.

El informe refleja una subida del gasto militar mundial de un 2,9% en términos reales el año pasado, debido a la mayor inversión en Europa y en Asia-Oceanía, a pesar de la caída en Estados Unidos.

La cifra total ascendió a 2,89 billones de dólares (2,45 billones de euros), el nivel más alto desde 2009 y el equivalente al 2,5% del producto interior bruto (PIB) mundial.

La inversión militar en Asia-Oceanía, un 8,1%, lo que ayudó a compensar la caída del 7,5% en Estados Unidos, que sigue encabezando no obstante la lista por países y acapara un tercio del gasto total, casi el triple que China, el segundo.

"Dado el rango de las crisis actuales, así como los objetivos de gasto militar a largo plazo de muchos países, este crecimiento continuará probablemente durante 2026 y más allá", señaló el informe.

El gasto militar estadounidense ascendió a 954.000 millones de dólares (813.000 millones de euros), un 7,5% menos, debido a que no se aprobó ninguna ayuda militar a Ucrania, algo que sí había ocurrido durante los tres años anteriores de guerra.

Estados Unidos aumentó no obstante su inversión tanto en capacidades militares convencionales como nucleares "para mantener su dominio en el hemisferio occidental y disuadir a China en el Indo-Pacífico".

El informe considera probable que la caída en la inversión estadounidense sea transitoria.

"El gasto aprobado por el Congreso para 2026 ha aumentado a más de un billón de dólares, una subida substancial respecto a 2025, y podría crecer a 1,5 billones en 2027 si la última moción presentada por el presidente Trump es aceptada", afirma el SIPRI.

La inversión militar en Asia-Oceanía ascendió a 681.000 millones (580.000 millones de euros), un 8,1% más y la mayor subida desde 2009, con China como principal potencia con un gasto de 336.000 millones (286.000 millones de euros), un 7,4% más.

El gasto japonés subió un 9,7% hasta 62.200 millones (53.017 millones de euros), el 1,4% de su PIB, una proporción que no alcanzaba desde 1958.

Taiwán gastó 18.200 millones (15.513 millones de euros), un 14% más, la mayor subida en al menos cuatro décadas.

"Aliados de Estados Unidos en Asia y Oceanía como Australia, Japón y Filipinas están gastando más en sus ejércitos por tensiones regionales duraderas y la creciente incertidumbre sobre el apoyo de EEUU Como en Europa, también están bajo presión de la administración Trump para que gasten más", señala el informe.

En Oriente Medio, la inversión militar fue de 218.000 millones de dólares (186.000 millones de euros), un 0,1% más.

Israel redujo su gasto militar casi un 5% debido a una menor intensidad en la guerra en Gaza y al acuerdo de alto el fuego con Hamás, señala el SIPRI, que destaca que el resto de países de la zona aumentaron sin embargo su inversión.

El aumento de las tensiones derivadas del nuevo orden geopolítico mundial ha sumido de lleno a Europa en una espiral belicista sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial. La amenaza rusa por el este y el unilateralismo del impredecible Donald Trump por el oeste han terminado disparando el gasto militar en el Viejo Continente. Tanto, que se ha convertido en la mayor región importadora de armas. Por delante, incluso, de Oriente Medio. Una apuesta decidida por el rearme del que se está beneficiando, fundamentalmente, Estados Unidos, cuya industria militar, con una cotización disparada en el último año, se ha quedado con más de la mitad del mercado comunitario.

La Comisión Europea y la Alta Representante presentaron, hace justo un año, el llamado Plan Preparación 2030 para impulsar la seguridad y la defensa del Viejo Continente. El mismo permitía la movilización de un presupuesto de 800.000 millones de euros para rearmar el Viejo Continente. "Si Europa quiere evitar la guerra, debe prepararse para ella", aseveró la líder del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen. Un cambio de paradigma que se produjo en medio de la eterna ofensiva rusa en el patio trasero de la Unión Europea y de una incansable presión estadounidense para que los aliados de la OTAN incrementaran hasta el 5% su gasto en defensa.

Desde que estalló la guerra en Ucrania, el volumen de armamento llegado a los países europeos miembros de la Alianza Atlántica se ha incrementado un 181,83%, según los últimos datos del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (Sipri, por sus siglas en inglés). Es decir, importaron casi el triple. Un aumento que se ha experimentado de forma generalizada en toda la zona, convertida en la mayor compradora de material bélico del mundo, por delante de Asia e, incluso, Oriente Medio. Solo en 2025, el 42% de las importaciones se han producido en Europa, categoría que engloba desde Rusia y Ucrania hasta España o Francia.

Cuando puso sobre la mesa su plan de rearme, el Ejecutivo europeo resaltó la importancia de potenciar el tejido militar comunitario. "Debemos comprar más producción europea, porque eso significa reforzar la base industrial y tecnológica de la defensa europea, y también estimular la innovación, así como crear un mercado de equipos de defensa a escala de la UE", destacó Von der Leyen. Sin embargo, los datos del instituto de investigación ponen de relieve que el dinero desembolsado por los Estados miembro para reforzar sus capacidades armamentísticas en el último año ha salido, en su mayor parte, fuera del Viejo Continente.

"La industria europea no está preparada para producir y suministrar ese volumen de armamento tan rápido", explica en conversación con infoLibre Pere Ortega, presidente honorario del Centro Delàs de Estudios por la Paz. Quien sí lo está es, precisamente, quien ha presionado para ese aumento del gasto en el Viejo Continente: Estados Unidos. El 48% de las importaciones de armamento que los países europeos de la OTAN han hecho en el último año han venido del país norteamericano, seguido de Israel, que representa un 14%, y Corea del Sur, con un 11%. "Las guerras o las exigencias para invertir el 5% en defensa benefician, fundamentalmente, a la industria estadounidense", sentencia Ortega.

Los datos de las grandes empresas del sector en los últimos doce meses dan buena cuenta de ello. La cotización de Lockheed Martin, líder de la defensa y la seguridad aeroespacial –fabrica desde cazas de combate hasta sistemas de misiles–, ha crecido un 42%, situándose por encima de los 670 dólares por acción. Un 55% se ha revalorizado, por su parte, Northrop Grumman, principal proveedor de sistemas de lanzamientos de misiles para submarinos y buques. Más de un 30% ha escalado General Dynamics, uno de los contratistas de defensa más importantes a nivel mundial. Y más de un 60% se ha revalorizado la cotización de RTX.

Una industria que ahora se frota las manos con la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán y el incremento de las hostilidades en Oriente Medio. Trump anunció el viernes que algunos de los principales contratistas para las Fuerzas Armadas estadounidenses han prometido cuadruplicar la producción de armamento de alta gama. "La expansión (de la producción) comenzó tres meses antes de la reunión, y las plantas y la producción de muchas de estas armas ya están en marcha. Contamos con un suministro prácticamente ilimitado de municiones de grado medio y medio superior, que utilizamos, por ejemplo, en Irán y recientemente en Venezuela", señaló el presidente estadounidense.

Las empresas de la industria de defensa española valoran con "optimismo" un contexto "único" que permitió al sector vender en 2024 un 17% más que el año anterior, con una facturación cercana a los 10.000 millones de euros, y representar el 29% de la inversión industrial en innovación a nivel nacional, según informa EFE.

Este lunes se ha presentado en Madrid el Anuario Spain Defence and Security Industry correspondiente a 2024 con la presencia de la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, quien ha abogado por potenciar la producción militar nacional, que a día de hoy supone un 2% del PIB (34.000 millones de euros) y crea alrededor de 89.000 empleos en nuestro país. "La seguridad no se delega", ha subrayado.

El anuario revela que en 2024 el volumen de facturación de la industria alcanzó los 9.997 millones, 1.459 más que el ejercicio precedente. De esas ventas, 3.031 millones fueron directas al Ministerio de Defensa, un 35,2% más que el año anterior. También experimentaron un aumento notable las ventas al exterior, hasta los 6.966 millones, un 10,6%.

El grupo Airbus acapara el 45,3% del volumen de ventas en el sector con sus dos filiales Airbus Defence and Space (31,4%) y Airbus Military (13,9%) que facturaron en 2024 un total de 5.712 millones de euros.

Al sector aeronáutico le siguen el de armamento, con 1.096 millones de euros en ventas; el naval, con 1.075 millones de los que Navantia representa el 75%; el de materiales auxiliares, con 656 millones y en el que más pymes trabajan; y el electrónico, con 612 millones y liderado por Indra.

El teniente general Miguel Ivorra, jefe de la Dirección General de Estrategia e Innovación de la Industria de Defensa (Digeid), ha subrayado que la capacidad industrial militar "es clave para la seguridad nacional y para el posicionamiento internacional de las empresas españolas".

"España es una referencia en la industria de defensa europea", ha declarado para concluir: "Nos mantenemos firmes en nuestra vocación de servicio al país". En su turno, la secretaria general de Innovación del Ministerio de Ciencia e Innovación, Teresa Riesgo Alcaide, ha sostenido que el Gobierno "responde cuando se le pone delante un reto" con un importante apoyo al sector, que atesora el 29% de la inversión industrial en innovación a nivel nacional.

El anuario revela que la gran mayoría del sector ve el futuro con optimismo, en un momento en el que el gasto en defensa se ha disparado en todo el mundo y en el que existe incertidumbre por la posible fusión entre Indra y Escribano y una batalla judicial emprendida por Santa Bárbara Systems por los créditos concedidos por el Gobierno a esas empresas para inversión en desarrollar armamento. 

El presidente ejecutivo de Indra Group, Ángel Escribano, ha llamado a las empresas del sector a trabajar "juntas y sin ambiciones", puesto que hay trabajo para todas y el objetivo es conseguir que los recursos se queden en España y volver al 6º puesto como exportador mundial.

"Estamos ante una oportunidad única para nuestro sector", ha señalado con respecto un contexto geopolítico en el que España debe fortalecer su "soberanía industrial" tanto para las grandes empresas como para las pymes.

La reciente cumbre bilateral entre Italia y Alemania, protagonizada por Giorgia Meloni y Friedrich Merz en Roma, no puede leerse como un mero gesto diplomático de rutina. Se trata, más bien, de un movimiento estratégico de alto calado que apunta a la construcción de un nuevo eje de poder en el corazón de la Unión Europea, el eje Roma—Berlín. Un eje que aspira a redefinir el liderazgo europeo en un contexto marcado por la guerra en Ucrania, la erosión del multilateralismo, la crisis del orden liberal y la progresiva militarización del proyecto europeo.

El encuentro se produce en un momento particularmente sensible para la UE. Francia, tradicional pilar del liderazgo comunitario junto a Alemania, atraviesa una fase de debilidad política interna, con un presidente desgastado, un sistema partidista fragmentado y una creciente contestación social. Este vacío relativo de París abre una ventana de oportunidad para que Roma y Berlín traten de ocupar el centro del tablero europeo, reconfigurando los equilibrios tradicionales del eje franco-alemán que ha estructurado la integración desde los años cincuenta.

En este contexto, Meloni y Merz comparten una visión sorprendentemente convergente, una Europa más dura, más securitaria, más militarizada y, sobre todo, más orientada a la lógica del poder. Ambos dirigentes defienden una UE capaz de desempeñar su propio papel en el mundo, una fórmula aparentemente neutral que, en realidad, remite a una concepción geopolítica clásica, la Unión como actor estratégico autónomo, dotado de capacidades militares, industriales y energéticas suficientes para competir en un entorno internacional crecientemente hostil.

La noción de autonomía estratégica, que durante años fue patrimonio casi exclusivo del discurso francés, ha sido plenamente asumida tanto por Alemania como por Italia. Sin embargo, su reinterpretación actual dista mucho de la versión original. Ya no se trata de reforzar la soberanía europea para proteger el modelo social, la democracia o el Estado de bienestar, sino de construir una autonomía basada en la industria de defensa, la seguridad energética y la integración de los complejos industriales estratégicos.

Uno de los ejes centrales del acercamiento entre Roma y Berlín es precisamente la integración de sus sectores armamentísticos, energéticos e industriales. Alemania es ya el primer productor de armas de la UE y uno de los principales exportadores a nivel mundial. Italia, por su parte, cuenta con un poderoso complejo militar—industrial encabezado por empresas como Leonardo, con fuerte presencia en aeronáutica, ciberseguridad y sistemas de defensa. La convergencia entre ambos países abre la puerta a la consolidación de un auténtico polo militar europeo, capaz de competir con los gigantes estadounidenses y de abastecer tanto al mercado interno como a terceros países.

Este proceso no es neutral. Supone una transformación profunda de la lógica del proyecto europeo, que pasa de ser un espacio de integración económica y cooperación política a convertirse progresivamente en una plataforma de poder duro. La guerra en Ucrania y, especialmente, la llegada de Trump al poder, ha actuado como catalizador de esta mutación, aumento masivo del gasto militar, normalización del lenguaje bélico y subordinación de las políticas económicas, energéticas y tecnológicas a imperativos de seguridad.

En paralelo, la cooperación entre los aparatos de seguridad, inteligencia, policía y control fronterizo, se ha convertido en otro pilar del eje Roma—Berlín. Bajo el paraguas de la lucha contra el terrorismo, el crimen organizado o las amenazas híbridas, se está produciendo una creciente armonización de sistemas de vigilancia, intercambio de datos y coordinación operativa. La securitización de la política europea avanza de forma silenciosa pero constante, desplazando el eje del poder hacia estructuras opacas, tecnocráticas y difícilmente controlables por los parlamentos nacionales.

La política migratoria constituye, en este sentido, uno de los terrenos donde esta convergencia resulta más evidente. Italia, tradicional puerta de entrada al Mediterráneo, ha hecho de la externalización del control migratorio uno de los ejes centrales de su agenda. Alemania, tras el giro restrictivo de los últimos años, ha abandonado definitivamente la retórica de la acogida y se alinea cada vez más con una visión punitiva, basada en la disuasión, la deportación y la cooperación con regímenes autoritarios.

El eje Roma—Berlín impulsa una política migratoria que refuerza la Europa fortaleza, acuerdos con terceros países para contener flujos, criminalización de las ONG de rescate, expansión de Frontex y normalización de prácticas contrarias al derecho internacional. La migración deja de ser una cuestión humanitaria o social para convertirse en un problema de seguridad, gestionado por ministerios del Interior, fuerzas policiales y agencias de inteligencia.

Todo ello se inscribe en una lógica más amplia, la transformación de la UE en un actor geopolítico clásico, organizado en torno al liderazgo, la jerarquía y la capacidad coercitiva. Frente al ideal originario de una Europa post—nacional, basada en el derecho, el consenso y la interdependencia, emerge una Europa del poder, del interés estratégico y de la competencia entre bloques.

En este escenario, el papel de España adquiere una relevancia específica como posible actor de contrapeso. Madrid, tradicionalmente alineada con una visión más multilateral, menos militarizada y más orientada a la cooperación euromediterránea, podría desempeñar una función moderadora frente al endurecimiento securitario impulsado por el eje Roma—Berlín. Su apuesta por el fortalecimiento de la política exterior común, el énfasis en la dimensión social de la integración y su defensa, al menos discursiva, de una política migratoria basada en la corresponsabilidad y los derechos humanos, con la reciente puesta en marcha de una regularización extraordinaria de inmigrantes, la sitúan en una posición potencialmente diferenciada.

España cuenta, además, con una ventaja estructural, su centralidad en el eje sur de la UE y su capacidad para articular alianzas con países como Portugal, Grecia o incluso con sectores de la propia Francia, en torno a una agenda menos centrada en el poder duro y más en la gobernanza, la cohesión territorial y la estabilidad regional. En un contexto de reconfiguración de liderazgos, Madrid podría intentar impulsar una tercera vía, ni subordinación al nuevo núcleo militarizado ni repliegue nacional, sino una Europa más equilibrada entre seguridad, democracia y cooperación, y más autónoma de EEUU.

No obstante, la capacidad real de España para ejercer ese papel dependerá de su voluntad política y de su margen de autonomía frente a las dinámicas dominantes. El aumento del gasto militar, la integración en los proyectos industriales de defensa y la presión para alinearse con las estrategias de contención migratoria muestran que también Madrid se mueve en un terreno de ambigüedad, oscilando entre la retórica del contrapeso y la lógica de la adaptación.

La alianza entre Meloni y Merz no es simplemente una cooperación bilateral más. Es el síntoma de una mutación profunda de la Unión Europea, de espacio de paz a actor militar, de proyecto normativo a potencia geopolítica, de integración solidaria a liderazgo jerárquico. El eje Roma—Berlín aspira a dirigir esta transición, aprovechando el vacío francés y la fragmentación del resto de socios.

La pregunta clave es si esta Europa del poder será capaz de sostenerse sin sacrificar aquello que, precisamente, la hacía distinta, su apuesta por el derecho, la democracia, los derechos humanos y la resolución pacífica de los conflictos. Porque en su carrera por desempeñar su propio papel en el mundo, la UE corre el riesgo de convertirse en una potencia más, indistinguible de aquellas a las que dice querer contrarrestar.

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Ruth Ferrero-Turrión es doctora internacional por la UCM y MPhil en Estudios de Europa del Este (UNED). Profesora de Ciencia Política en la UCM.

Al mismo tiempo que parte de su Gobierno participaba este martes en la misa de la Traslación en la catedral de Santiago, en la que el arzobispo Francisco Prieto volvió a pedir la paz en el mundo y la protección de las personas más frágiles, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, elogiaba la “enorme ventaja” de que “en el actual contexto global” haya en Galicia empresas militares. Así lo afirmó durante una visita en Nigrán a las instalaciones de Delta Vigo, donde reiteró el apoyo de la Xunta a las industrias de seguridad, defensa y aeroespaciales con 183 millones de euros públicos hasta 2030.

Según Rueda, empresas gallegas como Delta Vigo “contribuyen a situar a Galicia como un referente en el sector aeroespacial y de la defensa”. El presidente destacó la importancia de “estar preparados” en sectores punteros como “la tecnología de navegación aérea, el ferrocarril del futuro o la defensa” por la “enorme ventaja” que supone para los territorios “en el actual contexto global”. Un contexto que no explicitó, pero que la Xunta viene vinculando a las oportunidades que supone la militarización de la economía y sus “crecientes oportunidades”.

En esa línea, el presidente subrayó “entre otras medidas, la primera iniciativa estratégica de seguridad, defensa y aeroespacio de Galicia que se aprobó este verano”. “Contará con una inversión pública de 183 millones de euros hasta 2030, lo que permitirá movilizar 900 millones de euros”, recordó la Xunta.

La apuesta de la Xunta por la militarización de la economía llega al mismo tiempo que el Gobierno gallego intenta aprovechar otros desastres globales —como el cambio climático, con la presentación de Galicia como “refugio climático” para el turismo— o locales —como el envejecimiento de la población, “nicho de mercado” para nuevas empresas—.

La apuesta de Alemania por el rearme prosigue tras la reinstauración del servicio militar. El país germano ha batido un nuevo récord de gasto en defensa en 2025 con una inversión total de 83.000 millones de euros, después de que este miércoles la Comisión Presupuestaria del Bundestag o Cámara Baja diese luz verde a adquisiciones por valor de más de 50.000 millones de euros, según ha informado EFE.

"Es un nuevo récord. Esto no es un fin en sí mismo, pero señaliza el giro político (que se ha dado)", declaró el ministro de Defensa, Boris Pistorius, en una comparecencia en Berlín.

Según explicó, la Comisión Presupuestaria ha aprobado este año un total de 103 proyectos de adquisición con un valor total de 83.000 millones de euros. "Son inversiones enormes, somos conscientes de ello, pero son necesarias", argumentó.

Pistorius reiteró la necesidad de equipar y armar mejor a las Fuerzas Armadas o Bundeswehr, con el objetivo de garantizar la seguridad de Alemania a través del fortalecimiento de las capacidades de defensa y disuasión.

En un comunicado, el Ministerio de Defensa resaltó que se trata del tercer año consecutivo en el que se baten récords y que la suma de los tres últimos años, 188.400 millones de euros, es más alta que la de todo el periodo de 2015 a 2022, cuando se gastaron 109.000 millones de euros.

En concreto, el paquete por valor de 50.000 millones de euros aprobado este miércoles incluye una treintena de adquisiciones, entre ellas de proyectiles y otros componentes para diferentes tipos de sistemas antiaéreos como los Patriot, Arrow e IRIS-T, de vehículos blindados Puma, y de un sistema de radar satelital SPOCK.

También se adquirirán sistemas de armamento y otros componentes para los cazas Eurofighter, obuses, torpedos para submarinos, así como prendas y equipos personales para el total de 460.000 efectivos a los que está previsto ampliar la Bundeswehr en los próximos años y para 80.000 empleados civiles.

A principios de diciembre, el Bundestag aprobó la vuelta del servicio militar en el país. Esta medida establece que el servicio es de carácter voluntario, pero obliga al alistamiento a todos los varones de 18 años. En caso de que el número de voluntarios no fuera suficiente para cubrir las necesidades de defensa, será imperativo el prestar servicio.

De esta manera, se pretende incrementar las cifras de soldados en activo: de 183.000 a 255.000. En el año 2035, se espera llegar a los 270.000. También está previsto que se añadan hasta 200.000 reservistas.

Todos los jóvenes varones deberán cumplimentar un formulario sobre motivación y aptitud. Sin embargo, la obligatoriedad no se extiende a las mujeres, ya que el deber defensa de la Constitución alemana fue redactado en género masculino, por lo que sería necesaria una reforma constitucional para incluirlas.

El regreso del servicio militar en Alemania lleva fraguándose un tiempo. Ya en verano de 2024, el ministro de Defensa Boris Pistorius anunciaba un plan para establecer el servicio de forma "selectiva". El pasado agosto, el Consejo de Ministros alemán sentó las bases para esta medida a través de un proyecto que tuvo que ser debatido en el Bundestag. Finalmente, este mes de diciembre se aprobó el servicio en las Fuerzas Armadas de Alemania.

El servicio militar vuelve a ser una realidad en el continente europeo. El Ministerio de Defensa belga ha enviado este lunes una carta a casi 150.000 jóvenes de 17 años para reclutarlos de forma voluntaria y realizar la mili durante un año. Como incentivo, quienes acepten la formación recibirán una remuneración de unos 2.000 euros al mes. Una propuesta similar ya fue adoptada por el Gobierno alemán en agosto con el objetivo de conseguir "el Ejército más grande de Europa".

Además de Alemania y Bélgica, varios países europeos han reimplantado el servicio militar en un contexto marcado por la invasión rusa de Ucrania y el rearme. Lituania fue la primera en hacerlo, en 2015, restableciendo un servicio de nueve meses para hombres de entre 19 y 26 años tras haberlo abolido en 2008. Le siguió Suecia, que en 2017 recuperó una mili mixta, selectiva y limitada a unos 5.500 reclutas al año —hombres y mujeres— después de haberla suprimido siete años antes. En 2024 se sumó Letonia, que exige doce meses de servicio a los hombres de entre 18 y 27 años, elegidos por sorteo.

Por otra parte, la mili se ha mantenido en varios países europeos desde antes del siglo XXI. En Finlandia, el servicio militar obligatorio existe desde 1951 y Estonia lo mantiene desde 1991. Esta tendencia no se limita al norte: Grecia y Chipre también lo han conservado.

España, sin embargo, dio por concluido el servicio militar obligatorio en 2001, durante el segundo mandato de José María Aznar, y el tema no forma parte del debate público. El actual Ejecutivo, formado por PSOE y Sumar, rechaza cualquier posibilidad de recuperar la mili. Una posición que también comparte el Partido Popular. Solo Vox ha planteado en varias ocasiones su reimplantación, aunque sus propuestas en el Congreso se han centrado más en reforzar el sistema de reservistas voluntarios y en respaldar al ejército profesional. El líder de Vox, Santiago Abascal, defendió en 2019 la idea de una mili obligatoria, pero no ha precisado ni su duración ni sus condiciones desde entonces.

Ese consenso político se refleja también en la opinión pública, muy distinta a la del resto de Europa. Según datos de la encuestadora británica YouGov, el 69% de los franceses y el 59% de los alemanes apoyan la recuperación del servicio militar, frente al 23% y 34% que la rechazan, respectivamente. En el Reino Unido el respaldo alcanza el 43%, y en Italia el 49%, con porcentajes de oposición más equilibrados. En España, en cambio, solo un 42% la apoya y un 52% se opone, lo que refleja una clara distancia respecto a sus vecinos europeos.

"La reactivación del servicio militar opcional en países como Bélgica o Alemania responde a un contexto geopolítico más tenso y a la necesidad de reforzar el reclutamiento", explica Cecilia Serrano, investigadora del Instituto Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra. A su juicio, el envejecimiento demográfico y la baja natalidad han podido influir en la decisión, pero el principal motor es la sensación de amenaza que perciben los países del centro de Europa en un entorno cada vez más inseguro. En las últimas semanas, Rumanía y Polonia han registrado incursiones de drones rusos y los avistamientos de aparatos no tripulados han provocado cierres en aeropuertos de Copenhague, Múnich, Berlín y Bruselas.

En España, en cambio, el rechazo a este tipo de medidas sigue siendo mayoritario. Ana Sofía Cardenal, profesora de Estudios de Derecho y Ciencia Política de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), explica que "la sociedad española muestra un menor interés por la política internacional" debido a su contexto histórico y la distancia física que les separa de los conflictos. Cardenal subraya, por ejemplo, que el consumo de noticias sobre la guerra de Ucrania fue significativamente más bajo en España que en el resto de Europa tras el inicio de la invasión rusa.

El apoyo al servicio militar en España también varía notablemente según la edad. Apenas un 32% de los jóvenes de entre 18 y 24 años lo respalda, frente a un 44% entre los mayores de 55. Serrano señala que la Generación Z busca "un desarrollo profesional más flexible" y "valora la independencia", por lo que tiende a rechazar estructuras jerárquicas como la militar. Según la investigadora de la Universidad de Navarra, los jóvenes "consideran improbable que un conflicto afecte directamente a España" y se "muestran más preocupados" por problemas internos como la vivienda o el empleo.

Sin embargo, advierte que los gobiernos podrían aprovechar la precariedad económica juvenil para presentar el servicio como una alternativa atractiva. "Incentivos como los sueldos mensuales de 2.000 euros pueden atraer a parte de una juventud atrapada en una precariedad estructural marcada por salarios bajos y alquileres inasumible que dificultan cualquier proyecto de vida estable", matiza.

Los últimos Eurobarómetros confirman que la brecha española no se limita al rechazo a la mili, sino al ámbito de la defensa en general. En la edición de marzo de 2025, solo un 20% de los españoles consideraba que la seguridad y la defensa debían ser una prioridad de la Unión Europea —la cifra más baja del continente junto con Malta—. En la encuesta anterior, de otoño de 2024, el porcentaje apenas alcanzaba el 23%, muy lejos de países como Polonia (49%), Alemania (38%) o Francia (36%). En España, la mayoría sigue situando la educación y la sanidad muy por encima del gasto militar, una jerarquía de prioridades que se mantiene estable desde hace años.

Para Frédéric Mertens, director del grado en Relaciones Internacionales de la Universidad Europea de Valencia, esa distancia no es casual ni reciente. "En España existe una falta de percepción de la amenaza global, lo cual se explica por el hecho de que el país no participó en las guerras mundiales", señala.

Además, Mertens recuerda que España arrastra un profundo antimilitarismo, heredado de la oposición a la dictadura franquista. "Debido a una opinión pública reacia a los temas militares, los gobiernos de la España democrática no han llevado a cabo una labor educativa para explicar los peligros del mundo en que vivimos ni el papel del ejército como elemento disuasorio y de último recurso", concluye.

De momento no son más que palabras, pero teniendo en cuenta al personaje que las profiere no hay más remedio que tomarlas en serio y prepararse para lo que pueda venir. Una vez que ha aprendido que España no es un miembro de los BRICS y ya la ha identificado como miembro de la OTAN, Donald Trump lleva semanas reiterando que, en referencia explícita al porcentaje del PIB que los 32 aliados se comprometieron a dedicar a la defensa (5%) en la Cumbre celebrada el pasado mes de junio, el gobierno español “no juega en equipo” y, por tanto, debe ser castigado.

En esa línea ya ha apuntado que España debe ser expulsada de la Alianza, mientras amenaza con aplicarle nuevos aranceles. Lo primero es sencillamente imposible porque el Tratado de la OTAN no establece ningún procedimiento por el que alguno de sus miembros pueda ser expulsado. Solo hay un artículo, el 13, que plantea la posibilidad de que un país decida unilateral y soberanamente abandonar la organización (algo a lo que nadie ha recurrido desde su creación en 1949). Para ello basta con que lo comunique por escrito a Washington (por ser el depositario del Tratado) para que éste lo transmita al resto de miembros y así, un año después, la salida se hace efectiva. Nada indica que el Gobierno español, por mucho que quepa incluirlo más en el grupo de los llamados europeístas (los que apuestan por una Europa de la Defensa con autonomía estratégica) que en el de los atlantistas (para los que la garantía de seguridad que proporciona la OTAN es suficiente), vaya a dar un paso de ese calibre.

En cuanto a los aranceles, España, como el resto de los países de la Unión Europea, ya está sufriendo la guerra comercial decretada por Trump desde el inicio de su segundo mandato. En este terreno solo cabe esperar que, llegado el caso, la Comisión Europea, que es la encargada de negociar con Washington el marco de las relaciones comerciales entre ambos lados del Atlántico, responda adecuadamente en defensa de uno de sus miembros, tal como ha manifestado en estos últimos días ante cada nueva bravuconada del inquilino de la Casa Blanca. En todo caso, si se atiende a la sumisión mostrada hasta ahora por Ursula von der Leyen en nombre de los Veintisiete, son inevitables las dudas sobre el grado de solidaridad real que los demás miembros de la Unión estarían dispuestos a asumir ante un ataque comercial dirigido específicamente contra España.

Por desgracia, no se agotan ahí las opciones que puede activar Trump si quiere llevar a cabo un castigo ejemplar contra un aliado que considera díscolo, al tiempo que lo utilice de ejemplo para disuadir a otros de contravenir sus directrices. Pero incluso en ese supuesto, España no estaría indefensa. En primer lugar, desde una perspectiva geopolítica, es un hecho que ya desde la Guerra Fría quedó claro que la posición de España, con su doble fachada mediterránea y atlántica, más el añadido de las islas Baleares y Canarias, todo ello con Gibraltar como pivote, es un activo de suficiente entidad como para que Trump se lo tenga que pensar dos veces antes de arriesgarse a perder a un aliado que lleva décadas contribuyendo a que Washington pueda desarrollar sus planes hegemónicos en la región. Rota y Morón, especialmente, le ofrecen unas facilidades tanto para proyectar poder hacia Oriente Próximo y Oriente Medio, como para asegurar su presencia en la región, que no tienen fácil sustitución, por mucho que en ocasiones Washington juegue con la idea de bascular hacia Marruecos, como si nuestro vecino estuviera en condiciones de asumir de un día para otro lo que tantos años ha costado poner en marcha.

Nada de eso, en cualquier caso, despeja las dudas que genera la posición del gobierno español, cuando insiste en que con el 2,1% del PIB puede cumplir con un compromiso que a los demás aliados les va a suponer un 5% (3,5% en lo que actualmente la OTAN contabiliza como gasto en defensa y 1,5% en infraestructuras ligadas a la defensa). Porque, aun siendo cierto que son muchos los que van a incumplir dicho objetivo y que lo fundamental es cumplir con el objetivo de capacidades a alcanzar para 2035 –un documento clasificado que impide saber cuáles son las que se le asignan a España–, es difícilmente creíble que seamos infinitamente más capaces que el resto de los aliados en términos económicos e industriales como para hacer tanto con tan poco.

Lo que cabe suponer es que, tratando de salir del paso, el gobierno español ha optado por adoptar una postura que, por un lado, le permita sacar réditos inmediatos ante su propia opinión pública y, por otro, dejar la puerta abierta a un posible cambio de posición para más adelante. A corto plazo, y a diferencia de la práctica totalidad de los demás miembros de la OTAN, vergonzosamente sumisos ante sus dictados, ha decidido no reírle las gracias a Trump y mostrarse crítico con el plan de rearme decidido por la Unión Europea, insistiendo de paso en que no va a sacrificar los gastos sociales por un aumento en el capítulo de defensa. A largo plazo, el año 2035 está muy lejos… y nadie sabe qué ocurrirá hasta entonces.

El presidente ruso, Vladímir Putin, anunció este miércoles un ensayo exitoso del sumergible atómico no tripulado Poseidón, poco más de una semana después de una prueba con un misil de crucero de propulsión nuclear, Burevéstnik, según informa EFE.

"Ayer realizamos una nueva prueba de otro sistema prometedor, el submarino no tripulado Poseidón, también de propulsión nuclear", dijo el jefe del Estado en una reunión con militares heridos en la guerra de Ucrania transmitida por la televisión estatal.

Putin destacó que "por primera vez fue posible no solo lanzarlo desde un submarino portador utilizando un motor auxiliar, sino también poner en marcha su sistema de propulsión nuclear, con el que el aparato navegó durante un cierto período de tiempo".

Destacó que la potencia del Poseidón "supera significativamente" las del misil intercontinental Sarmat, capaz de portar 10-15 ojivas nucleares de guiado individual, y que entrará pronto en servicio en las fuerzas nucleares. "Además, por velocidad, por la profundidad en que navega este aparato no tiene análogos en el mundo y difícilmente los tendrá próximamente", aseguró Putin.

El presidente ruso insistió en que el ensayo de este arma es un "enorme éxito" y destacó como su gran ventaja que el propulsor atómico del Poseidón es "cien veces más pequeño" que el reactor nuclear de un submarino.

El ensayo del submarino atómico no tripulado siguió al efectuado el pasado día 21 del misil de crucero Burevéstnik, también del propulsión nuclear, que según Putin tiene un "alcance ilimitado". El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó recientemente a Putin a dejar de ensayar misiles y detener de una vez por todas la guerra en Ucrania.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que España debería recibir "una reprimenda" por no cumplir con el objetivo de gasto en defensa del 5% como miembro de la OTAN, pero reconoció que es un asunto que corresponde a la Alianza y a Madrid resolver, informa EFE.

"Creo que España debería recibir una reprimenda por eso", aseguró Trump a los periodistas durante su encuentro con el líder ucraniano, Volodímir Zelenski, en la Casa Blanca.

El mandatario se volvió a referir al acuerdo alcanzado entre la OTAN y España el pasado verano, tras la cumbre del bloque, para dedicar un máximo del 2,1% de su PIB al presupuesto militar y tener flexibilidad a la hora de cumplir con el compromiso del 5%, impulsado por Trump.

"Creo que es muy malo que lo hayan hecho, pero eso depende de ellos. Depende de la OTAN y de España", declaró. "España no ha sido leal a la OTAN", agregó el presidente estadounidense.

Esta misma semana, el presidente amenazó a España con represalias comerciales por no cumplir con el 5% y apuntó que podría imponerle aranceles.

Después de que un reportero le comentara que España "siente que está protegida por el paraguas de la Unión Europea (UE) en cuanto al comercio", Trump dijo: "Muchos otros países (de la OTAN) están también en la Unión Europea y no se están quejando".

Días antes, el presidente había sugerido que España debería ser expulsada de la Alianza por su bajo gasto en defensa, pero en esta ocasión no se pronunció al respecto.

El proyecto de ley para modernizar el servicio en las Fuerzas Armadas de Alemania, que incluye la reintroducción de elementos obligatorios con la posibilidad de un reclutamiento forzoso si faltan voluntarios, comenzó a debatirse este jueves en la Cámara Baja del Parlamento (Bundestag) en medio de una gran controversia política, indica EFE.

"Necesitamos un servicio militar atractivo, un servicio militar con sentido" y "necesitamos modernizar y revitalizar el registro militar", dijo el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, al presentar el proyecto de ley ante el pleno. "Solo así se encontrarán suficientes jóvenes motivados, tanto hombres como mujeres, dispuestos a prestar servicio en las Fuerzas Armadas o a alistarse en la reserva", abundó Pistorius, que se mostró abierto a que las deliberaciones parlamentarias enmienden su propuesta.

Rüdiger Lucassen, diputado de la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), el principal partido de la oposición, reprochó a Pistorius en su intervención querer traer de vuelta el servicio militar en el país sin saber qué es lo que hay que defender, una acusación a la que respondió Norbert Röttgen, de la conservadora Unión Cristianodemócrata (CDU).

"Están siendo atacadas nuestra libertad y modo de vivir en Europa", señaló Röttgen en alusión a la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, tras haber apuntado que el objetivo de la reforma es que Alemania "sea capaz de defenderse".

La coalición de democristianos y socialdemócratas, liderada por el canciller Friedrich Merz, aspira a que la reforma esté aprobada antes de final de año, pero por el momento no han logrado ponerse de acuerdo sobre la forma concreta en la que se procederá si faltan voluntarios para alcanzar la meta de 260.000 soldados activos y 200.000 reservistas en 2035.

El martes, los negociadores de ambos bloques parlamentarios parecían haber llegado a un compromiso: que se eligiese por sorteo a los jóvenes varones que hayan de someterse a un reconocimiento médico y, de entre ellos, por el mismo procedimiento a los reclutas.

Pero horas más tarde llegó el veto del ministro de Defensa, que, a pesar de que gran parte de su partido desearía un servicio exclusivamente voluntario, insiste en que por razones prácticas todos los varones y no solo una parte deben ser reconocidos obligatoriamente, aunque solo algunos sean seleccionados después.

Según una encuesta reciente de Forsa, el 54% de los ciudadanos alemanes está a favor de la reintroducción del servicio militar obligatorio, suspendido en 2011, mientras que el 40% lo rechaza.

La polarización es mayor si se observan los grupos de edad: el 61% de los mayores de 60 años favorece el servicio obligatorio, pero el 63% de los afectados -el grupo de entre 18 y 29 años- lo rechaza.

Entre tanto, la cifra de objetores de conciencia que se registran de forma preventiva no ha aumentado en lo que va de año, pues hasta finales de septiembre constan 2.529 solicitudes la Oficina Federal para la Familia y las Tareas de la Sociedad Civil (BAFzA), frente a las 2.998 del año pasado.

Si se aprueba el proyecto de ley de Pistorius, el año próximo los 650.000 jóvenes nacidos en 2008 recibirán formularios que los varones deberán rellenar de forma obligatoria, sobre sus aptitudes y su disposición a servir en el Ejército.

Idealmente, se seleccionará a cierto número de voluntarios para ser reconocidos y, de estos, se elegirá para un servicio de entre seis y 23 meses a aproximadamente 15.000, en base a las capacidades actuales de adiestramiento de las Fuerzas Armadas.

A partir de 2031 esta cifra deberá duplicarse hasta los 31.000 jóvenes, un contingente que los expertos dudan de que pueda ser reclutado de forma voluntaria con buenos sueldos, ofertas de formación y otros atractivos.

"Está claro que el crecimiento de las Fuerzas Armadas federales no será posible sin un cierto grado de obligación", dijo Christian Rieck, profesor de Estudios de Guerra de la Universidad de Potsdam, para quien la ley terminará siendo aprobada.

Rieck explicó que, a su juicio, Alemania no puede compararse con países como Suecia, con modelos mixtos voluntario-obligatorios similares, pues en ellos existe una larga tradición en la que el servicio militar es considerado un orgullo nacional.

"Resultará difícil generar suficientes voluntarios para el servicio militar reactivado", vaticinó, ya que impera la mentalidad de delegar la defensa a actores profesionales y la 'Zeitenwende', el giro proclamado por el Gobierno a raíz de la invasión rusa de Ucrania, no ha calado en parte de la sociedad.

No obstante, el verdadero reto para Pistorius será la creación de la infraestructura necesaria para albergar y entrenar a un número alto de reclutas, concluyó Rieck.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha respondido a las amenazas arancelarias de EE.UU por no invertir el 5% del PIB en gasto militar, que el compromiso de España con la Alianza Atlántica y todo lo que aporta a la seguridad euroatlántica, "está fuera de toda duda", según recoge EFE.

Albares, en declaraciones a los medios en Hangzhou (este de China), tras mantener una reunión con su homólogo chino, Wang Ji, ha insistido en que España "es un aliado fiable", que cuenta con un despliegue máximo en el flanco este europeo, "fundamental" para la seguridad de la zona.

Albares se ha referido a las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de adoptar represalias comerciales contra España por ser el único miembro de la OTAN que no se ha comprometido a gastar el 5% de su PIB en defensa, amenazas que planteó ayer después de que en Sharm el Sheij (Egipto), en la cumbre de paz para Gaza, bromeara sobre estas discrepancias y señalara además que nuestro país estaba haciendo "un trabajo fantástico".

Por otra parte, el ministro ha anunciado que a partir del año que viene comenzarán los trabajos para inaugurar una nueva cancillería en China, que reagrupará la embajada, la residencia y otras dependencias, en un proyecto que supondrá una inversión de más de diez millones de euros.

Las agencias de calificación de riesgo Moody's y Fitch han elevado la nota a España a notable bajo (A3) y notable medio (A), respectivamente, basándose en un desempeño económico mejor de lo esperado que ha aumentado la fortaleza de una economía que ahora es menos vulnerable a las perturbaciones externas.

Ambas agencias se suman a la tercera gran agencia calificadora, S&P, que hace dos semanas subió la nota a notable alto (A+), la más alta de las tres.

Tanto Moody's como Fitch señalan la positiva evolución del mercado laboral, con tasas de actividad y ocupación históricas, como el elemento diferencial en el que se apoya el crecimiento económico, aunque añaden otros factores como la baja deuda del sector privado, un sector bancario saneado y el superávit por cuenta corriente.

Fitch explica que el crecimiento económico se ve respaldado por un gran flujo migratorio y unas exportaciones de servicios sólidas y cada vez más diversificadas.

Moody's dice que la migración neta seguirá compensando en los próximos años con creces el declive natural de la población española, a lo que suma una reforma de las pensiones que ha conseguido elevar la edad media efectiva de jubilación.

Fitch ha elevado su previsión de crecimiento para 2025 al 2,7 %, en línea con el pronóstico del Gobierno, gracias a la limitada exposición a los aranceles estadounidenses y al continuo desendeudamiento externo neto.

Para Moody's, el crecimiento potencial de España se sitúa en torno al 1,5 y el 1,6 %, lastrado por el envejecimiento de la población que frena el crecimiento de la fuerza laboral.

Junto con la inmigración, Moody's considera que otra ventaja competitiva de España es la producción de energía renovable, que ayuda a reducir la factura energética exterior e impulsa el crecimiento y la estabilidad macroeconómica.

El crecimiento económico permitirá "una modesta mejora" del déficit y la deuda, con la previsión de que el endeudamiento publico mantenga una senda a la baja, hasta situarse en torno al 100 % del PIB o ligeramente por debajo de él en 2027.

Sin embargo, advierte de que a medio plazo el aumento del coste de las pensiones y del gasto en defensa presionará el gasto público al alza.

Fitch apunta como elemento de riesgo al bloqueo político que dificulta cada vez más la actividad legislativa de un Gobierno de coalición en minoría.

Además, señala que el presidente, Pedro Sánchez, "se enfrenta a una creciente presión por las acusaciones de corrupción que involucran al PSOE y a miembros de su familia", mientras que la fragmentación política y regional impide el avance en reformas cruciales para lograr una mayor oferta de vivienda y "el desarrollo de una estrategia coherente de consolidación fiscal".

El ministerio de Economía valora muy positivamente la decisión de Moody's y Fitch y celebran que las agencias se hayan sumado a la estela de Standard&Poors de hace unas semanas para mejorar la calificación de deuda de España.

Además, señala que todas las agencias de rating ubican su calificación en A, situación que se perdió durante la crisis financiera y que no se había recuperado hasta estos momentos. "Esto es una muestra más de la confianza internacional en la economía española", recalcan desde el ministerio.

En efecto, al Presidente del Gobierno le ha faltado tiempo para enviar tropas españolas a la operación “Centinela oriental”, que Mark Rutte, secretario general de la OTAN, ha organizado en respuesta a la entrada de drones ¿rusos? en Polonia. Y en su mensaje en X se pone chulo ante Putin, cosa que no hace con Trump.

El Presidente Sánchez se ha especializado en dar titulares de prensa falsos, cuando anuncia medidas en solidaridad con Palestina. Ante la UE saca pecho proclamando medidas, cuya letra pequeña demuestra su falsedad. Basta con leer a la gran periodista Olga Rodríguez, una reportera muy comprometida con el pueblo palestino. Prohibir, por ejemplo, el traslado de armas al ejército sionista es inútil siempre que no se prohíba ese tráfico de armamento en bases americanas de Morón y Rota, ambas situadas en suelo español, y por donde pasan la gran mayoría de alijos armamentísticos, sin que nuestro Gobierno pueda “meter las narices”.

El Sr. Sánchez pretende engañar a los españolitos, eligiendo el Real Decreto-ley, en vez de emplear el Real Decreto, para suprimir la compra-venta de armamento con Israel, a sabiendas de que, al tener necesidad del Vº Bº del Congreso, el Decreto-ley sería rechazado por las derechas, obteniendo así un pretexto para responsabilizar a éstas de su incumplimiento.

Estamos convencidos, pues, de que tanto la UE como el Gobierno “progresista” español tienen mucho temor a los EE.UU y a lo que, especialmente, pueda pensar y decidir Donald Trump.

Si nuestro Gobierno tuviese intención de abandonar la espiral belicista, en la que la UE y su brazo armado –pudiéramos decir–, la OTAN, nos han metido, el enorme presupuesto dedicado a ello tendría mejor empleo en gastos sociales. Y no es que esté, tal como está la cosa, en contra de que Europa tenga su propia defensa y su propia industria militar; pero de lo que sí soy contrario es de los ochocientos mil millones, y de que gran parte de esa ingente cantidad de euros vaya a ampliar aún más el potencial bélico de los norteamericanos. Porque, si algún día Europa entra en guerra, será con EE.UU y no con Rusia, con la que nos quieren asustar. Estoy absolutamente seguro de que, si la Unión Europea fuera incapaz de constituirse en una federación o confederación de Naciones, y tuviese necesidad de aliarse con un bloque, mejor le iría con Rusia. Pues, al fin y al cabo, Rusia es Europa.

Mucho mejor le iría a este Gobierno “socialprogresista” si, como dice Ione Belarra, secretaria general de Podemos, para no verse suplantado por Feijóo-Abascal –PP y Vox–, se preocupara más del día a día de los españoles. 

Uno de los grandes problemas que sufre este país es el de la vivienda. Jóvenes y no tan jóvenes, incluso con trabajo, no pueden acceder a una vivienda en alquiler, y, mucho menos, comprarla. Estoy de acuerdo con lo que Podemos propone –no voy a reflejarlo aquí–.

Mientras la vivienda siga considerándose una mercancía, seguirá siendo un refugio de capitales. Por tanto, mucha lucha contra los especuladores particulares, y, sobre todo, con los fondos de inversión, especialmente, con los llamados “fondos buitres”. El sistema capitalista en el que vivimos prefiere rentabilizar el dinero, aunque sea a costa de derechos humanos fundamentales.

Hay otro problema, al que hoy se le da poca importancia, pero la tendrá más temprano que tarde: el cuidado de los mayores. Este problema es tan importante como el seguro de paro. La población va envejeciendo cada día más. E igual que ocurre con la vivienda, los trabajos y sus bajos salarios no dan para ahorrar y poder pagar una residencia privada, también en manos de fondos buitres. Hoy por hoy, los que somos mayores nos vamos aviando con las mujeres (hijas o nueras) cuyas circunstancias y su forma de pensar se lo permiten. La inmigración y los/as “sin papeles” están aliviando el problema. Pero, como ya viene ocurriendo en los países nórdicos avanzados, el Estado, cualquiera sea el color de su gobierno, tendrá que tomárselo mucho más en serio, y “normal” crear muchas más residencias públicas con profesionales bien remunerados, y prestar este servicio con la misma regularidad con la que lo viene prestando la Seguridad Social. 

Aquí lo dejo...

P.D.- Cuando termino este artículo leo que, a pesar del gran despliegue de fuerzas de seguridad, los manifestantes pro Palestina obligan a cancelar La Vuelta. Me alegro mucho.

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Manuel Vega Marin es socio de infoLibre.

El aumento del presupuesto de defensa en Europa, que en España ya supone el 2% del PIB pero que la OTAN quiere incrementar hasta un 5%, no es el único síntoma de los vientos de guerra que soplan en el continente. El empeño de Rusia en someter por la fuerza a Ucrania, privándola de una parte sustancial de su territorio y condicionando su política exterior, unido a la decisión de Estados Unidos de abandonar el papel de líder de la defensa europea, ha obligado a Bruselas a reordenar sus prioridades. Ahora, contar con armas y con soldados suficientes es una de ellas.

Es en ese contexto en el que el paso que acaba de dar el Gobierno alemán de Friedrich Merz para poner en marcha un modelo de servicio militar basado inicialmente en voluntarios a partir de 2026 impulsa un debate que en España se consideraba resuelto y en el que, al menos hasta ahora, el único discrepante es Vox.

El modelo alemán —a partir del año que viene, los jóvenes germanos de 18 años que respondan “sí” a la pregunta de si desean prestar servicio militar lo harán durante al menos seis meses— es una fórmula más de las muchas que los países de la UE están poniendo en marcha para suministrar efectivos a sus ejércitos: nueve de los 27 cuentan con algún tipo de servicio militar. Finlandia y Estonia, con frontera rusa, lo han impuesto de manera obligatoria para todos los hombres adultos. Dinamarca, Letonia y Lituania seleccionan a los reclutas mediante un sorteo. En Suecia se recluta a una pequeña proporción de los jóvenes que alcanzan la mayoría de edad.

En España, sin embargo, ese debate ni se ha planteado. Todavía. A día de hoy, PSOE y Sumar, que son los partidos que forman el Gobierno, descartan categóricamente esta posibilidad. El Partido Popular nunca ha mostrado interés en un retorno a la obligatoriedad, que ellos mismos abolieron en 2001 durante el segundo mandato de José María Aznar.

Únicamente la extrema derecha, liderada por Santiago Abascal, ha propuesto explícitamente la vuelta a la mili, aunque sus iniciativas parlamentarias se orientan de forma más pragmática hacia la mejora del sistema de reservistas voluntarios y el apoyo al ejército profesional. El líder de Vox defiende en última instancia un servicio militar obligatorio, aunque nunca ha concretado si la duración sería de uno, tres o seis meses.

La discusión en los círculos de defensa no se centra en la conscripción masiva del pasado, sino en la posibilidad de un modelo de reserva selectiva, similar al utilizado en los países nórdicos, que los militares consideran que se ajusta mejor a las necesidades de un ejército moderno y tecnológicamente avanzado.

La Constitución Española de 1978 establece en su artículo 30 que “los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España”, aunque deja en manos de la ley determinar “las obligaciones militares de los españoles” y, en su caso, “el servicio militar obligatorio”.

La transición hacia un ejército profesional fue un proceso gradual y, en gran medida, impulsado por un movimiento social de desobediencia civil que puso en jaque el sistema de reclutamiento. A partir de los años 70, grupos antimilitaristas y de objeción de conciencia, como el Movimiento de Objeción de Conciencia (MOC), cobraron fuerza, defendiendo la no violencia y la insumisión. El PSOE de Felipe González intentó solucionar ese dilema aprobando en 1985 una Ley de Objeción de Conciencia que ofrecía un servicio social alternativo. Sin embargo, la movilización continuó, con miles de jóvenes declarándose insumisos e ingresando en prisión.

La crisis del sistema se acentuó a finales de los años 90. Cerca de la mitad de los jóvenes llamados a filas (todos varones, porque las mujeres estaban excluidas) eludían el servicio, ya fuera por objeción, motivos de salud, económicos o simplemente no presentándose, lo que los convertía en prófugos.

Quienes se negaban a prestar el servicio militar iban a la cárcel, pero acabaron siendo tantos que a finales de los 80 solo se detenía al 8,5% y la estancia media en prisión no pasaba de 18 días. El Gobierno del PSOE se vio desbordado. Las cifras de objetores llegaron al 37% del contingente militar en 1994. En 1995, la bolsa de objetores en espera de la prestación social sustitutoria llegó a 200.000.

La decisión final de abolir el servicio militar obligatorio puso fin a más de dos siglos de reclutamiento militar forzoso en España. El propio Aznar defendió la medida como un logro de su partido, argumentando la necesidad de contar con unas Fuerzas Armadas profesionales y modernizadas.

Lo que alimenta el debate sobre el servicio militar no es solamente la creciente inestabilidad geopolítica, sino también los desafíos a los que se enfrenta el ejército profesional y su necesidad de contar con efectivos de reserva suficientes en un contexto de bajo crecimiento demográfico y un acusado envejecimiento de la población.

La percepción social sobre el tema es compleja y contradictoria. Las encuestas de opinión reflejan una sociedad dividida. Mientras un estudio de YouGov indica que el 42% de los españoles apoyaría el servicio militar obligatorio, otra encuesta del mismo organismo reporta que el 53% está en contra. Un estudio de 40dB publicado en abril rebajaba el porcentaje de los que están “muy o bastante de acuerdo” con la reimplantación del servicio militar obligatorio a un 35%. Esta aparente discrepancia puede explicarse por la manera en que se formula la pregunta y el contexto ideológico de los encuestados. El apoyo es significativamente mayor entre las personas de más edad y los votantes de Vox.

La postura del Gobierno español, liderado por el PSOE, es de rotunda negativa a la reinstauración del servicio militar. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha afirmado explícitamente que su departamento no se plantea esta posibilidad “en absoluto”. Según la ministra, la profesionalización del ejército es la dirección estratégica correcta para España, y la decisión de otros países de recuperar la conscripción responde a sus propias particularidades geográficas y geopolíticas. Robles insiste en mantener el modelo militar español, basado en unas Fuerzas Armadas “profesionales”. “Cada país tiene su modelo. Tenemos fuerzas armadas profesionales, comprometidas. Nosotros apoyamos el sistema que tenemos en este momento”, ha zanjado la ministra ante las preguntas de los periodistas en Berlín.

El Partido Popular se encuentra en una posición singular en este debate, porque defender la vuelta a la mili obligatoria —una posición en línea con sus socios europeos— entraría en contradicción con una decisión de Aznar de la que el partido siempre ha hecho bandera.

Actualmente, las propuestas del PP en materia de defensa se centran en consolidar el modelo de ejército profesional y en fortalecer la posición de España como socio de la OTAN. Las propuestas de Alberto Núñez Feijóo se orientan, al menos de momento, a la mejora de la eficiencia, la planificación y las condiciones laborales dentro del marco del ejército profesional, no a una reforma fundamental de su modelo de reclutamiento.

Eso deja solo a Vox. Abascal ha defendido esta medida en múltiples ocasiones, ligándola a la formación de los jóvenes en “una entrega a la patria” y a valores como la disciplina y la lealtad. Sin embargo, existe una notable discrepancia entre esta retórica y la actividad legislativa del partido. Un análisis de sus proposiciones no de ley revela que sus prioridades en materia de defensa se alinean con un enfoque más pragmático y orientado al modelo profesional actual. Las propuestas de la extrema derecha se han centrado en la creación de un nuevo modelo de reserva voluntaria, en la mejora de la transición profesional para los militares de tropa y marinería que dejan el servicio al cumplir 45 años y en la dignificación de su acceso al mercado laboral civil.

Su propuesta de una mili obligatoria parece operar más como un elemento simbólico y de identidad política para movilizar a su base de votantes que como una política pública concreta. El propio Abascal evitó el servicio militar en su juventud al solicitar tres prórrogas, lo que demoró su cumplimiento hasta que entró en vigor la abolición de 2001.

El debate en España, más allá de la obligatoriedad, se ha centrado en la profesionalización de las Fuerzas Armadas y en el desarrollo de modelos de apoyo que no impliquen el reclutamiento forzoso. La discusión, en los círculos especializados, se orienta hacia la forma de fortalecer la reserva militar, una necesidad estratégica reconocida por expertos.

En España, la reserva militar es un cuerpo complementario de las Fuerzas Armadas, vigente desde 2007, formado por ciudadanos que, de manera voluntaria, firman un compromiso para incorporarse temporalmente en caso de necesidad. Su función es reforzar a los Ejércitos de Tierra, Aire y Espacio, la Armada y los Cuerpos Comunes en situaciones de crisis, misiones internacionales o refuerzos puntuales. Además de los reservistas voluntarios, existe la figura de los reservistas de especial disponibilidad (RED), que son antiguos militares de tropa y marinería que, al finalizar su compromiso activo, pasan a una situación de reserva hasta los 65 años con posibilidad de ser movilizados.

Actualmente, España cuenta con una cifra reducida de reservistas si se compara con el tamaño de sus Fuerzas Armadas. Los datos más recientes sitúan en torno a 3.000–4.000 los reservistas voluntarios y unos 9.500 los de especial disponibilidad, lo que supone un total de aproximadamente 12.500 reservistas operativos. Aunque cumplen un papel de refuerzo, el número es considerado bajo por muchos analistas de defensa, que señalan que esta fuerza tendría que multiplicarse varias veces para responder adecuadamente a un escenario de crisis de gran envergadura. Algunos se atreven a hablar de cifras y sostienen que para España sería adecuado contar con 80.000 españoles preparados para una movilización.

La comparación con otros países europeos es reveladora. Francia dispone de unos 44.500 reservistas y Alemania alrededor de 34.600, mientras que incluso países más pequeños como Finlandia cuentan con decenas de miles de ciudadanos integrados en sistemas de defensa territorial. Frente a estas cifras, España aparece en la parte baja de la tabla, con una reserva que es cuatro veces menor que la media europea en proporción a su población.

Para ser reservista se exigen diversos requisitos, como la nacionalidad española, una edad específica (entre 18 y 58 años, según el empleo), aptitud psicofísica y la ausencia de antecedentes penales. Las retribuciones durante los periodos de activación son idénticas a las de los militares profesionales del mismo empleo.

Es aquí donde el PP pone más el énfasis. Ha impulsado la creación de un grupo de trabajo en el Ministerio de Defensa para desarrollar un nuevo modelo de reserva voluntaria y modernizar el Reglamento de Reservistas Voluntarios. En su programa electoral propone desarrollar un nuevo modelo de reserva voluntaria que mejore las capacidades operativas y refleje el compromiso ciudadano con la defensa. En el Congreso, ha presentado proposiciones no de ley para reformar el reglamento de los reservistas, flexibilizar sus períodos de activación y ofrecer incentivos como becas, ventajas laborales o facilidades en el acceso a la administración pública.

Más allá del servicio militar obligatorio y el modelo voluntario, el modelo nórdico parece ser el preferido por la cúpula militar española. Este sistema, utilizado por países como Suecia y Noruega, no implica un reclutamiento masivo, sino una selección de un pequeño porcentaje (alrededor del 4-7%) de la población para un servicio militar intensivo, en teoría obligatorio pero en la práctica voluntario. El objetivo no es formar a una gran cantidad de soldados no especializados, sino reclutar a jóvenes con las habilidades y capacidades más adecuadas para integrarse en un ejército moderno que demanda un alto grado de especialización y conocimientos tecnológicos.

Quienes lo defienden presentan este modelo como una alternativa viable a la antigua mili, ya que evita la mayoría de los desafíos logísticos y económicos de la obligatoriedad universal, al tiempo que permite al ejército mantener una base de reserva estratégica altamente cualificada.

La principal barrera para un retorno a la obligatoriedad es el coste económico. La formación de un gran contingente de jóvenes requeriría una inversión masiva en infraestructura (cuarteles, equipamiento), personal (instructores) y manutención. Además, los expertos señalan que el corto periodo de servicio que se podría imponer (de pocos meses) sería insuficiente para capacitar a los reclutas en el manejo de sistemas de armas cada vez más complejos y sofisticados.

La previsible resistencia social, además, supone un problema. El movimiento de insumisión de las décadas de 1980 y 1990 puso de manifiesto la profunda impopularidad del sistema, que interfería en la vida académica y laboral de los jóvenes. En el contexto actual, la interrupción de la formación universitaria o profesional de una generación completa para una capacitación militar que podría ser estratégicamente ineficaz se percibe como un coste social inaceptable.

El analista, militar retirado y colaborador de infoLibre Jesús Núñez argumenta el sinsentido de volver a la mili obligatoria. “Desde el punto de vista estrictamente militar, esa medida sería un contrasentido. Hace ya mucho que el poder de un ejército no se mide por el número de efectivos que acumula”.

El análisis de los conflictos bélicos registrados desde el final de la II Guerra Mundial, explica en un artículo reciente, “muestra que raramente la victoria o la derrota se decide por el número de soldados en línea”. Y “nada indica que en el futuro se vayan a necesitar masas de hombres (y de mujeres) en armas; más bien al contrario, el desarrollo tecnológico aplicado a la maquinaria militar apunta a contingentes más reducidos. Más recursos humanos en armas no equivale a más poder militar”, sentencia.

España está destinando al gasto militar el 2% de su producto interior bruto durante 2025, según una estimación publicada por la OTAN, que recoge EFE, lo que mantiene al país entre los aliados que menos proporción de su PIB destina a este área pero supone que España cumple por primera vez con el objetivo de gasto que los miembros de la Organización acordaron en 2014 para la década posterior. En la comparación interanual, según cifras de la Alianza, España ha aumentado su gasto en defensa en un 43,11%, de 22.693 millones de euros en 2024 a 33.123 millones en este curso.

En un comunicado, la OTAN señaló que se trata de cifras recopiladas hasta el 3 de junio de este año y estimó que todos sus países miembros cumplen ya con el objetivo de gasto del 2% acordado en la cumbre de Gales en 2014 de cara a la década posterior, hasta 2024. El año pasado, sólo 19 de los 31 llegaban a este hito, según datos de la Alianza. Junto a España en el 2% se sitúan Bélgica, República Checa, Luxemburgo y Portugal, mientras que otra decena de países registran porcentajes de gasto en defensa entre el 2 y el 2,1% de su PIB.

Entre los países que destinaron un mayor porcentaje figuran Polonia (4,48%), Lituania (4%), Letonia (3,73%), Estonia (3,38%), Noruega (3,35%) y Estados Unidos y Dinamarca (3,22% en cada caso). Respecto a la proporción del gasto de defensa invertido en equipos militares, España cumple el objetivo marcado de al menos el 20% al alcanzar ya el 32,3%. En total, la Alianza calcula que su inversión en Defensa en 2025 fue de 1.404 billones de dólares, de los que solo 559.305 correspondieron a los aliados europeos y Canadá.

Bajo la presión combinada del presidente estadounidense, Donald Trump, y el esfuerzo ruso de guerra en Ucrania, los países de la OTAN acordaron en junio de este año un incremento radical de su gasto militar hasta el 5% de sus PIB de aquí a 2035. La cifra del 5% es la suma de dos tipos de gasto: el grueso (3,5%) corresponde a gasto militar estricto, como compras de armas, el pago de los salarios y pensiones de las Fuerzas Armadas, misiones y maniobras o investigación.

Además, los países deberán gastar un 1,5% adicional de su PIB en seguridad en un sentido amplio. España, no obstante, afirma que cumplirá con las capacidades que le pide la OTAN invirtiendo un 2,1%.