El presidente francés, Emmanuel Macron, defendió el uso de un nuevo préstamo conjunto de los 27 Estados miembros de la Unión Europea, que financiaría inversiones estratégicas y permitiría a la UE "desafiar la hegemonía del dólar", según informa EFE.

"Ha llegado el momento de que la Unión Europea lance una capacidad de endeudamiento común, a través de los eurobonos", afirmó Macron en una entrevista publicada el martes por el diario Le Monde, El País y otros cinco diarios europeos, dos días antes de una reunión informal de jefes de Estado y de Gobierno de la UE centrada en cómo impulsar la competitividad europea. 

El fin de esa emisión de deuda conjunta sería invertir conjuntamente en la transición ecológica, la inteligencia artificial y la tecnología cuántica, para que la UE no se quede atrás. 

En la entrevista, que tuvo lugar la víspera en el Palacio del Elíseo en París, Macron apostó por crear una capacidad de endeudamiento común para estos gastos futuros, en forma de "eurobonos con visión de futuro", subrayó.

"Esta es una oportunidad única, que también nos permitiría desafiar la hegemonía del dólar. De hecho, el mercado global teme cada vez más al dólar estadounidense. Busca alternativas. Ofrezcámosle deuda europea", propuso Macron, para quien sería "un grave error no aprovechar esta capacidad de endeudamiento". Macron también instó a no sucumbir a una "cobarde sensación de alivio" en la crisis de Groenlandia, que el presidente estadounidense quiere hacerse con ella, porque la bajada de la tensión, en su opinión, durará poco.

En este contexto, para el presidente francés ha llegado el momento del "despertar" europeo en los ámbitos económico, financiero, de defensa y seguridad, y democrático. Según el presidente, hay que empezar por la simplificación y profundización del mercado interior, y continuar con el régimen 28 (que pretende crear un código europeo de derecho mercantil), la unión de los mercados de capitales y la integración de nuestras redes eléctrica porque, indicó, "el mercado nativo para nuestras empresas no puede ser veintisiete mercados diferentes, sino 450 millones de personas".

El segundo pilar, continuó, es la diversificación, la firma de nuevas alianzas comerciales, como la UE acaba de hacer con India, ya que esta estrategia ofrece una nueva fuente de crecimiento y también permite reducir las dependencias, expreso. Preguntado en este punto por el acuerdo comercial con Mercosur, al que Francia se opone en su estado actual, Macron afirmó que es "un mal negocio", que está "antiguo" y fue "mal negociado". También añadió que "en cualquier caso, el Mercosur no tendrá el impacto drástico en nuestra agricultura que algunos temen, ni el impacto positivo en nuestro crecimiento que otros imaginan".

Abogó por proteger a la industria de la UE y por no imponer a los productores normas que no exigen a los importadores no europeos.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha archivado la investigación abierta por el apagón eléctrico ocurrido en la península el pasado 28 de abril, al considerar que no existe "un mínimo indicio" de que se tratase de un "sabotaje terrorista", según recoge EFE.

Tras recibir los informes técnicos solicitados a lo largo de estos meses, el juez ha descartado "de forma absoluta la existencia de indicios que permitan inferir que el origen de los hechos investigados se encuentre en una acción de terrorismo informático".

El Tribunal Supremo ha acordado que es la Audiencia Nacional quien debe revisar la cobertura jurídica del comité creado por el Gobierno tras el apagón del 28 de abril, rechazando así la solicitud de Iberdrola, según informa EFE.

En un auto fechado el pasado 4 de diciembre al que ha tenido acceso EFE, la sala de lo contencioso se ha pronunciado sobre cuál es el órgano jurisdiccional competente para examinar la cobertura jurídica del comité, y concluye que es la Audiencia Nacional.

El pasado mes de mayo, Iberdrola presentó ante el Supremo un escrito para solicitar información sobre la cobertura jurídica del comité de análisis creado por el Gobierno para investigar el cero energético del 28 de abril, que dejó a la Península Ibérica sin luz durante horas.

La empresa buscaba conocer si existía cobertura jurídica para dicho comité, cuyo objetivo era analizar las causas del apagón, para lo cual solicitó información a las empresas y envió técnicos a sus instalaciones, y sobre el cual Iberdrola dudaba de su cobertura legal. 

El Supremo no comparte la tesis de Iberdrola, que considera que la creación del citado Comité se produjo por el Consejo de Seguridad Nacional que tiene la consideración de Comisión Delegada del Gobierno. 

El Consejo de Seguridad Nacional se limitó, en su reunión de 30 de abril de 2025, a adoptar unas directrices para la creación del comité efectuadas al amparo de lo dispuesto en la ley de Seguridad Nacional, señala el auto.

El citado comité fue creado mediante una orden comunicada de la Vicepresidenta tercera del Gobierno y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que, "en ejecución de las directrices acordadas por el Consejo de Seguridad Nacional, determinó su régimen jurídico, composición y la fecha de comienzo de su actividad".

En definitiva, la actuación material constitutiva de vía de hecho que afecta a la creación y funcionamiento del citado comité debe atribuirse a la Vicepresidenta tercera y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Por ello no corresponde al Supremo revisar su actuación, sino a la sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional, ya que se trata de una actuación administrativa desarrollada por un ministro previa directriz del Consejo de Seguridad Nacional, que no afecta a la determinación de la competencia del órgano jurisdiccional competente para su revisión, concluye el alto tribunal.

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se han presentado este viernes en las sedes de Correos y de organismos dependientes de los Ministerios de Hacienda y Transición Ecológica, fundamentalmente direcciones generales, para requerir documentación sobre contratos y subvenciones investigados en relación a la trama vinculada a la exmilitante socialista Leire Díez, según recoge EFE.

Según ha adelantado El País y han confirmado a EFE fuentes de la investigación, estos requerimientos de documentación forman parte de la operación puesta en marcha por el orden del Juzgado Central número 6 de la Audiencia Nacional en la que han sido detenidos Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández, y Antxon Alonso, considerado socio en la empresa Sevinabar del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico confirman que los agentes se han personado esta mañana en su sede para solicitar "dos expedientes administrativos" en el marco de la investigación. "No se ha tratado de un registro, sino exclusivamente de una solicitud formal de información", puntualiza. El ministerio "ha facilitado rápidamente y con total colaboración la documentación requerida. Los expedientes aportados fueron tramitados con todas las garantías y siguiendo los procedimientos habituales establecidos", zanjan.

El Juzgado ordenó la practica de 19 registros y requerimientos de información el jueves y se conocieron algunos de ellos, como los que tuvieron lugar en las sedes de la SEPI o de Enusa, empresa pública en la que Leire Díez trabajó una temporada al igual que en Correos.

Las fuentes han precisado que los agentes se han desplazado a organismos dependientes de esos ministerios, como la Dirección General de patrimonio del Estado o el Tribunal de Recursos contractuales, entre otras.

Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica han indicado a EFE que la Guardia Civil ha solicitado documentación "y el ministerio la ha entregado a los agentes con total colaboración y transparencia".

Mientras, fuentes de Correos han señalado que el organismo está atendiendo los requerimientos recibidos, pero no han querido aportar más información a EFE por respeto al secreto de sumario.

El jueves la UCO requirió documentación a las empresas públicas SEPI, Sepides, Enusa y Mercasa y realizó algunos registros, también en domicilios, de Madrid, Zaragoza, Sevilla y Navarra.

Además de a esas empresas públicas, los agentes acudieron a las instalaciones de Forestalia en Zaragoza y Madrid; a la asesoría fiscal Conaudire, en la capital aragonesa, o a la empresa Cemsal.

También registraron un bar de Sevilla supuestamente vinculado al expresidente de la SEPI Vicente Fernández.

El juez investiga en esta operación posibles delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal, según han informado fuentes jurídicas.

Los tres detenidos por la UCO serán puestos este sábado a disposición judicial y se encuentran desde el miércoles en dependencias de la Comandancia de la Guardia Civil en Tres Cantos (Madrid).

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha garantizado este viernes la "absoluta colaboración" de los ministerios con la UCO para trasladarles la información que requieran dentro de la investigación que están llevando a cabo "para llegar al esclarecimiento de la verdad".

En declaraciones a los periodistas en Sevilla, Montero se ha referido a la operación puesta en marcha por orden del Juzgado Central 6 de la Audiencia Nacional en la que han sido detenidos Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández, y Antxon Alonso

La Unión Europea se presenta al mundo como la campeona de la transición ecológica, una región que avanza con paso firme hacia un futuro neutro en carbono. El Pacto Verde Europeo es su estandarte, una ambiciosa hoja de ruta que promete modernizar la economía, impulsar la competitividad y, crucialmente, "no dejar a nadie atrás". Los datos macroeconómicos parecen respaldar esta narrativa: “La economía verde crece a un ritmo vertiginoso”, duplica la creación de empleo de los sectores tradicionales y atrae inversiones millonarias. Sin embargo, bajo esta superficie de éxito se esconde una realidad mucho más compleja y preocupante. Un análisis detallado de los indicadores revela una profunda paradoja: mientras Europa se vuelve más eficiente en su producción, su modelo de consumo sigue siendo radicalmente insostenible y los costes sociales y ambientales de la transición se distribuyen de forma alarmantemente desigual.

A primera vista, las cifras son para ser optimistas. Los datos de Eurostat muestran una divergencia espectacular y sostenida entre el crecimiento de la economía ambiental y la del conjunto de la UE. Desde el año 2000, mientras el PIB total de los 27 crecía de forma modesta, el Valor Añadido Bruto (VAB) de la economía ambiental se ha disparado casi un 190%. En paralelo, el empleo en este sector se ha más que duplicado, pasando de tres millones de puestos de trabajo en el año 2000 a 6,7 millones en 2022.

Este dinamismo se concentra, sobre todo, en el ámbito de las energías renovables y la eficiencia energética. Es el motor que impulsa las curvas ascendentes, una consecuencia directa de los objetivos del Pacto Verde y del paquete legislativo "Fit for 55". La inversión acompaña esta tendencia: tras un bache en 2016, la inversión en protección ambiental en la UE ha crecido de forma constante, acelerándose notablemente desde 2020 para alcanzar casi los 76.000 millones de euros en 2024, impulsada en gran medida por los fondos de recuperación NextGenerationEU.

Las proyecciones indican que la transición podría crear hasta un millón de empleos adicionales para 2030. La fabricación de baterías, por ejemplo, podría generar más de 100.000 nuevos puestos de trabajo, y la infraestructura de carga para vehículos eléctricos, otros 120.000. La economía verde no es una utopía, es un negocio floreciente que genera riqueza y empleo. Pero, ¿a qué precio real?

Aquí es donde la narrativa oficial empieza a mostrar sus fisuras. El concepto clave para entender la paradoja europea es el "desacoplamiento". Por un lado, la UE ha tenido un éxito notable en el desacoplamiento relativo: hoy genera más PIB por cada tonelada de CO2 que emite o por cada tonelada de materiales que consume. Según datos de Eurostat, si en 2012 la economía europea generaba 1.907 euros de PIB por cada tonelada de materiales consumida, en 2022 esa cifra ascendió a 2.504 euros. Somos, sin duda, más eco-eficientes.

Sin embargo, este logro técnico oculta un fracaso estructural en el desacoplamiento absoluto, el único que garantiza la sostenibilidad a largo plazo. Este implicaría reducir el impacto ambiental total, independientemente del crecimiento del PIB. Y aquí, los datos son contundentes. La huella material media de la UE, que mide el consumo total de recursos, se ha mantenido obstinadamente estancada en torno a las 14-15 toneladas por persona durante la última década. No hay una reducción real. El aumento de la eficiencia ha sido neutralizado por un aumento del consumo total, un fenómeno conocido como la "paradoja de Jevons".

Más preocupante aún es la huella de consumo, un indicador que calcula cuántos planetas Tierra se necesitarían si toda la humanidad viviera como un ciudadano medio de una determinada región. Los resultados, basados en datos de Eurostat, son alarmantes: si todo el mundo consumiera como un europeo medio, necesitaríamos casi 3 planetas para sostenernos.

Esta insostenibilidad, además, es profundamente injusta. La brecha entre los Estados miembros es abismal. Mientras que la huella de consumo de España se acerca a los 2,5 planetas, la de países como Alemania o Francia supera los cuatro. La prosperidad de las naciones más ricas y competitivas de la UE descansa sobre un consumo desproporcionado de recursos, cuyos costes ambientales —deforestación, extracción minera, degradación del suelo— se externalizan sistemáticamente a otras regiones del mundo, especialmente al Sur Global.

La injusticia no es solo global, sino también interna. Un análisis geográfico de la contaminación revela la existencia de "puntos calientes", o "zonas de sacrificio", dentro de la propia Unión. Los mapas de la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) sobre la intensidad de las emisiones industriales son desoladores. Muestran una clara concentración de la contaminación por partículas (PM2.5 y PM10) en los países del este y, en menor medida, del sur de Europa. Regiones de Polonia, República Checa, Bulgaria o Grecia presentan una intensidad de emisiones significativamente mayor que las de Alemania, Francia o los países nórdicos.

Se dibuja un panorama de especialización productiva injusto, donde las industrias más contaminantes o menos tecnificadas se concentran en las regiones con menor poder económico y político. Un informe de la AEMA de 2023, titulado La desigualdad social y la exposición a la contaminación atmosférica en Europa, confirma esta realidad: la concentración de partículas finas es consistentemente más de un 30% más alta en las regiones más pobres de la UE.

Esta situación se agrava cuando se introduce el factor étnico, dando lugar a lo que el sociólogo Robert Bullard denominó "racismo ambiental". En octubre de 2020, la UE reconoció por primera vez en un documento político la conexión entre la discriminación racial y los desafíos ambientales que enfrentan las comunidades gitanas, a menudo segregadas en áreas ambientalmente degradadas y con acceso inadecuado a servicios básicos como el agua potable. Que este reconocimiento llegara tan tarde evidencia que la justicia ambiental ha sido, durante mucho tiempo, una asignatura pendiente en las políticas europeas.

Si la dimensión ambiental revela una profunda injusticia distributiva, la social es aún más alarmante. El principio de "no dejar a nadie atrás" choca frontalmente con la cruda realidad de la pobreza energética. El mapa de Eurostat sobre la incapacidad de los hogares para mantener una temperatura adecuada en la vivienda muestra una Europa rota en dos: un norte y centro relativamente protegidos frente a un sur y este profundamente vulnerables. En países como Finlandia o Austria, el porcentaje de hogares en esta situación es inferior al 4%; en Bulgaria, Grecia o España, la cifra se dispara por encima del 15%.

La crisis de precios de la energía, agravada por la guerra en Ucrania, no hizo más que acelerar un problema estructural. En la Zona Euro, el porcentaje de hogares incapaces de calentarse adecuadamente saltó del 6,9% en 2019 a un dramático 11,3% en 2023. Este dato demuestra que las redes de seguridad social y los mecanismos de apoyo, como el Fondo de Transición Justa, no han sido suficientes para proteger a millones de ciudadanos.

Paradójicamente, mientras la presión sobre los hogares aumenta, la voluntad política para aplicar el principio de "quien contamina, paga" parece debilitarse. Según Eurostat, el peso de los impuestos ambientales como porcentaje de los ingresos fiscales totales en la UE ha disminuido de forma constante, pasando del 6,82% en 2014 al 5,19% en 2023. Esta tendencia sugiere una reticencia a aplicar una fiscalidad ambiental ambiciosa que podría ser una herramienta clave para financiar una transición verdaderamente justa.

La Unión Europea se encuentra en una encrucijada. El modelo actual de competitividad, incluso con su indispensable y ambicioso barniz verde, genera profundas e insostenibles tensiones con la justicia ambiental. La narrativa de una transición beneficiosa para todos se desvanece ante la evidencia de un consumo de recursos que excede los límites del planeta, una fractura territorial que concentra la contaminación en las regiones más pobres y un coste social que recae desproporcionadamente sobre los más vulnerables.

El éxito a largo plazo del proyecto europeo dependerá de su capacidad para resolver esta paradoja. No bastan los ajustes técnicos ni las ganancias en eficiencia. Se requiere un reenfoque valiente y estructural que ponga la justicia social y ambiental en el centro de todas las políticas. Esto implica reformar la fiscalidad para que sea progresiva, invertir masivamente en la rehabilitación de viviendas y el transporte público asequible, y democratizar la transición, dando una voz real a las comunidades afectadas.

La alternativa es seguir avanzando hacia una Europa a dos velocidades: una que cosecha los beneficios económicos de una "economía verde" de alta tecnología, y otra que soporta la carga de la contaminación, la precariedad y la pobreza energética. Un futuro así no solo sería injusto, sino que socavaría la propia legitimidad y cohesión del proyecto europeo. La verdadera competitividad del siglo XXI no se medirá solo en puntos de PIB, sino en bienestar, equidad y resiliencia. Y en esa carrera, Europa todavía tiene un largo camino por recorrer.

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José Luis de la Cruz es director de Sostenibilidad de la Fundación Alternativas.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha defendido este miércoles que su política energética es un "referente internacional" y ha lamentado que el PP quiera "volver atrás" con una propuesta energética "basada en negar el cambio climático y en el antieuropeísmo". Aagesen ha desvelado en el Congreso una carta que ha recibido su ministerio del Govern valenciano en la que "garantizar que la política energética nacional quede exenta de toda imposición climática" de Bruselas, fechada a 30 de octubre de 2025, un día después de cumplirse un año de la dana que acabó con la vida de 229 habitantes de esa Comunidad.

La resolución, firmada por María Ángela Cano, consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, también fue convalidada cuatro días antes de la dimisión del president Carlos Mazón, cuyo sucesor –Juan Francisco Pérez Llorca– necesitará el apoyo de Vox para ser investido este jueves.

"Me preocupa mucho que quieran volver atrás y me preocupa todavía más que quieran ir aún más lejos ¿votarán con la ultraderecha en contra de la ley del clima en Europa? ¿Pactar con ellos? ¿Pactar en Valencia contra la Agenda Verde? ¿En serio eso es lo que me están pidiendo?", le ha dicho Aagesen al diputado del PP Guillermo Mariscal en la sesión de control del Congreso.

La carta se dirige directamente a la ministra para pedirle "promover" en Europa la cancelación del programa que graba las emisiones de CO₂ en la industria y otros sectores, una medida destinada a que las compañías que contaminen, sufraguen el coste de reparar ese daño. Ese dinero también se destina a inversiones para descarbonizar la industria. Por otra parte, el Govern reclama en la misiva prorrogar el cierre de la central nuclear valenciana de Cofrentes, una solicitud que deben hacer primero los dueños de la planta.

La ministra ha asegurado que esta semana ha recibido una carta de la Generalitat valenciana en la que pide al Ejecutivo "un plan energético libre de las imposiciones climáticas de Bruselas".

Por su parte, Mariscal ha dicho que Aagesen es la que está "desconectada de la realidad" y le ha reprochado que "siga sin reconocer las causas del gran apagón" del pasado 28 de abril, que según el PP fueron la "falta de programación de control de tensión y la falta de tecnologías síncronas como la nuclear, que llevó al colapso por sobretensión".

"Por su planificación vamos a pagar 1.500 millones de euros extras y además están marginando la integración de renovables. Han convertido un sistema robusto en frágil", ha espetado el representante del PP a Aagesen.

Mariscal también ha afirmado que la "estrategia antinuclear" del Gobierno de Pedro Sánchez es "proapagón" y ha sostenido que, si el 28 abril Almaraz I no hubiera funcionado al 65 % y Almaraz II no hubiera estado desconectado y ambos equipos hubieran funcionado al cien por cien, hubiera sido "más fácil evitar el apagón".

La ministra ha hecho hincapié en que el PP mira a "políticas del pasado" y a "ocurrencias regulatorias que paralizaron en España el despliegue de las renovables, mermaron la competitividad, perpetuaron la dependencia energética del exterior y dañaron nuestra credibilidad con arbitrajes".

A ese respecto ha incidido en que la "factura en diferido" de la política energética del PP son los más de 10.000 millones de euros en arbitrajes internacionales que se encontraron los socialistas cuando accedieron al gobierno.

La COP de Belém ha comenzado este noviembre de 2025 en un clima de escepticismo generalizado y con un tono mucho más bajo que en el pasado. La sensación dominante es que la emergencia climática, pese a su creciente gravedad, ha sido relegada a un segundo plano por la coyuntura geopolítica. Las tensiones internacionales, el retorno de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y el auge del nacionalismo económico están reconfigurando las prioridades globales. El planeta se calienta, pero la política climática se enfría.

La cita de Belém, celebrada en pleno corazón de la Amazonia, pretendía ser simbólicamente potente, una COP que tiene lugar en el mayor pulmón verde del planeta, en un momento en que la deforestación, las sequías y los incendios avanzan a un ritmo sin precedentes. Sin embargo, no parece que el simbolismo esté siendo suficiente para reavivar el compromiso político. Apenas la mitad de los jefes de Estado han acudido. Ni China, ni India, ni Estados Unidos, los tres países responsables de más del 50% de las emisiones globales, están representados por sus líderes. La ausencia de las grandes potencias marca un precedente preocupante puesto que, poco a poco, se consolida una dinámica en la que el liderazgo climático internacional se diluye.

El regreso de Trump a la Casa Blanca ha tenido un efecto dominó. Su decisión de revisar los compromisos de descarbonización y de recortar la financiación a los fondos climáticos internacionales ha generado un vacío de poder que ni la Unión Europea ni las economías emergentes han sabido llenar. La diplomacia climática, antaño un espacio de cooperación global, hoy se percibe como un escenario de desconfianza. Las alianzas se han fragmentado, las prioridades se han replegado y los acuerdos se perciben más como gestos simbólicos que como compromisos reales.

El resultado de esta desarticulación se refleja con crudeza en los datos. De los cien países que han presentado sus nuevos planes de reducción de emisiones, solo dos, Reino Unido y Noruega, cumplen con la trayectoria compatible con el objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5 °C. El resto, incluida la mayoría de las economías desarrolladas, se mantiene muy por debajo de los compromisos necesarios. La sensación de estancamiento es generalizada. El “punto de partida” que representó el Acuerdo de París en 2015 parece hoy un recuerdo lejano, y no una meta en la que avanzar.

En los últimos tres años, la agenda climática global ha sufrido un proceso de ralentización evidente. La guerra de Ucrania, el conflicto en Oriente Próximo y la competencia estratégica entre China y Estados Unidos han ocupado el centro del tablero internacional, desplazando el debate climático. El auge de la economía fósil, impulsado por la búsqueda de seguridad energética, y la expansión del carbón en Asia son síntomas de una regresión silenciosa.

Mientras tanto, el planeta sigue acumulando récords negativos. 2024 fue el año más cálido desde que existen registros, y 2025 apunta a superarlo. En el Mediterráneo, las olas de calor han vuelto a ser devastadoras; América Latina sufre sequías prolongadas; y en África, las crisis alimentarias se agravan por la escasez de agua. Todo ello sin que la arquitectura global de gobernanza climática logre articular respuestas eficaces.

En este contexto, la COP de Belém corre el riesgo de ser recordada como una cumbre de bajo perfil. Durante las próximas dos semanas, el éxito se medirá no por acuerdos ambiciosos, sino por la mera posibilidad de alcanzar una posición común. Si logra aprobar un plan de mitigación y retomar los mecanismos de financiación para la adaptación y la pérdida y el daño, se considerará un avance. Pero, en comparación con las expectativas que generaron las primeras cumbres de la década, el listón ha bajado de forma dramática.

La Unión Europea, que en otro momento lideró la acción climática global, llega a Belém en un estado de repliegue. La aprobación del Pacto Verde Europeo (Green Deal) y del paquete Fit for 55 marcaron un hito histórico al integrar la sostenibilidad en la política económica comunitaria. Sin embargo, la ambición inicial se ha visto erosionada por el miedo a perder competitividad frente a Estados Unidos y China, el malestar social ante los costes de la transición y el ascenso de las derechas reaccionarias en varios países miembros.

Las elecciones europeas de 2024 confirmaron esta deriva. El aumento de la presencia de las fuerzas negacionistas en el Parlamento y en el Consejo europeos ha provocado un cambio en la agencia verde. El resultado es una pérdida de impulso en la política climática europea justo cuando más liderazgo se necesita. Bruselas llega a Belém sin una narrativa fuerte ni una propuesta de acción común. En lugar de reforzar el carácter estratégico del Green Deal, que no solo es una agenda ambiental, sino también económica, tecnológica y geopolítica, el debate se ha reducido a cálculos cortoplacistas y ajustes nacionales.

Y, sin embargo, la transición verde sigue siendo la gran oportunidad europea. Invertir en energías limpias, reindustrializar el continente sobre bases sostenibles y reducir la dependencia energética externa son pasos clave para fortalecer la autonomía estratégica de la UE. Renunciar a esa visión sería no solo un error ecológico, sino también geopolítico. La UE necesita recordar que su liderazgo climático es también una herramienta de poder blando, de influencia y de cohesión interna.

En Belém, la distancia entre la retórica y la realidad vuelve a hacerse evidente. Los discursos apelan al sentido de urgencia, pero los compromisos concretos brillan por su ausencia. Las negociaciones avanzan lentamente, atrapadas entre la falta de voluntad política y los intereses económicos contrapuestos. La diplomacia climática no ha desaparecido, pero se ha vuelto defensiva, su objetivo ya no es avanzar, sino evitar retrocesos.

La paradoja es que, mientras los gobiernos titubean, las sociedades y las economías están transformándose por sí mismas. Las empresas invierten en renovables, las ciudades implementan estrategias de adaptación, y los movimientos sociales siguen empujando desde abajo. Pero sin un marco político global coherente, estos esfuerzos dispersos resultan insuficientes para frenar el calentamiento.

Belém debía ser un punto de inflexión, el momento de reactivar el espíritu del Acuerdo de París. Sin embargo, todo indica que será recordada más bien como un ejercicio de contención: evitar el colapso total del proceso multilateral. Las tensiones entre Norte y Sur global, el desacuerdo sobre la financiación y la falta de confianza entre bloques amenazan con bloquear cualquier avance significativo.

La emergencia climática no entiende de calendarios electorales ni de ciclos económicos. El calentamiento avanza con una inercia implacable. La Amazonia, el epicentro simbólico y físico de esta cumbre, sigue perdiendo superficie forestal a pesar de los esfuerzos de Brasil por revertir la tendencia. El planeta se acerca peligrosamente a puntos de no retorno que harán cada vez más difícil contener los impactos del cambio climático.

Frente a ello, la falta de ambición política es una forma de irresponsabilidad histórica. No se trata solo de proteger ecosistemas o cumplir metas de emisiones, lo que está en juego es mucho más y esto incluye la estabilidad económica, la seguridad alimentaria, la salud y la cohesión social. El clima no es un asunto sectorial; es la base sobre la que se asientan todas las demás políticas.

Belém 2025 nos deja, por ahora, un mensaje incómodo, aquel que muestra un mundo que parece estar resignado a vivir en crisis permanente. Pero la crisis climática no admite treguas. La humanidad comparte un destino común, y cada retraso en la acción hace que la transición sea más costosa y más injusta. Si algo debería recordarnos esta cumbre es que el tiempo político y el tiempo climático ya no coinciden. Y que, si seguimos esperando el momento “adecuado” para actuar, pronto descubriremos que ese momento ha pasado.

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Ruth Ferrero-Turrión es doctora internacional por la UCM y MPhil en Estudios de Europa del Este (UNED). Profesora de Ciencia Política en la UCM.

Iberdrola, Endesa y Naturgy, las empresas propietarias de la central nuclear de Almaraz (Cáceres), han acordado solicitar formalmente al Ministerio para la Transición Ecológica una 'miniprórroga' para los dos grupos de la instalación extremeña hasta junio de 2030.

En un comunicado remitido este jueves tras su asamblea extraordinaria, la sociedad Centrales Nucleares Almaraz-Trillo (CNAT) reitera su compromiso para seguir operando Almaraz de forma "segura, fiable y eficiente, manteniendo los altos estándares que la sitúan entre las mejores centrales del mundo".

De obtener el visto bueno, la prórroga supondría ampliar en tres años la vida útil del primer reactor de Almaraz, cuyo cese de actividad está previsto para el 1 de noviembre de 2027, y en dos años la de la segunda unidad, que, de acuerdo con el calendario actual, tendría que echar el cierre el 31 de octubre de 2028.

En una breve nota, CNAT se refiere a esta central como una "infraestructura esencial que suministra más del 7% de la electricidad consumida en España, cifra equivalente a 4 millones de hogares".

Al mismo tiempo, señala, la instalación es el "principal motor socioeconómico de su entorno y una de las mayores industrias de Extremadura, generando puestos de trabajo de alta cualificación y larga duración, además de tener un efecto tractor sobre otras industrias".

CNAT, que agrupa a las compañías titulares de Almaraz, sostiene además que la planta cacereña "cumple con todos los requisitos" de la revisión periódica de seguridad aprobada por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en 2020 y que está vigente, precisamente, hasta 2030.

Las empresas propietarias de la central nuclear de Almaraz --Iberdrola, Endesa y Naturgy-- han remitido al Ministerio para la Transición Ecológica una carta abogando por ampliar la vida útil de la instalación extremeña más allá de 2027, según ha avanzado El País y han confirmado este viernes a EFE fuentes del sector.

Fuentes de Transición Ecológica aseguran hoy que ya han recibido la misiva, si bien aclaran que en ella las tres compañías "exclusivamente trasladan su 'disposición' para ampliar el calendario de cierre" de Almaraz, pero que "no se notifica nada ni se avanza ningún tipo de actuación".

Las mismas fuentes insisten en que el departamento que dirige la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, "no ha cambiado su posición" de que para estudiar cualquier posible prórroga, ésta debe garantizar la seguridad desde una perspectiva radiológica, no suponer un mayor coste para los ciudadanos y ser conveniente para la seguridad del suministro.

Este martes, en el marco de la Junta de Administradores de Centrales Nucleares Almaraz-Trillo (CNAT), ya se conoció que las titulares trabajaban en la "gobernanza" para elevar al Gobierno una petición conjunta de prórroga para esta planta.

Con motivo de esta cita, Iberdrola reiteró su compromiso con la extensión de la vida útil de esta central, en la misma línea de las posiciones manifestadas públicamente por Endesa y Naturgy. Esta última compañía insistió a comienzos de esta semana en plantear una 'miniprórroga' hasta 2030.

Desde el sector se valoró positivamente que Iberdrola diera un paso adelante y se posicionara a favor de una prórroga para Almaraz, de la que es el primer accionista con una participación cercana al 53%, por delante de Endesa (36%) y Naturgy (11, %).

Desde hace meses, especialmente después del inédito apagón peninsular del pasado 28 de abril, el debate sobre la vida útil de las nucleares se ha intensificado.

Fuentes de Iberdrola consultadas tras la reunión de la Junta de CNAT defendieron que la energía nuclear "es clave para la seguridad de suministro, la estabilidad de precios y la descarbonización".

La central de Almaraz cubre el 7% de la demanda eléctrica anual de España y genera, cada año, el equivalente al consumo de cuatro millones de hogares nacionales.

A tenor del documento de la sociedad Centrales Nucleares Almaraz-Trillo (CNAT), hasta el 31 de diciembre de 2024 la planta extremeña tenía una producción de energía eléctrica bruta acumulada desde origen de cerca de 630.000 gigavatios hora (GWh), siendo la instalación de "mayor aportación al sistema eléctrico nacional".

El cierre de su primer reactor está previsto para el 1 de noviembre de 2027, mientras que el del segundo, para el 31 de octubre de 2028.

En 2019, las compañías propietarias y la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) acordaron un calendario de cierre en el que se prevé el cese de explotación ordenado de las centrales nucleares en España en el horizonte temporal 2027-2035.

Si no se modifica, la primera en cerrar será Almaraz. Ya en 2030 se desmantelarán Ascó I y Cofrentes; en 2032, Ascó II, y en 2035, Vandellós II y Trillo. 

En un conocido poema de Federico García Lorca, Romance sonámbulo del Romancero gitano, el verde encarna a la vez la vida y la muerte. Esa dualidad se repite hoy en muchos paisajes agrícolas que llamamos verdes, pero donde no se escucha un insecto ni crece una sola mala hierba. Detrás de ese mar uniforme de clorofila se esconde la misma paradoja que intuía Machado en sus versos: un campo que parece vivo, pero está exhausto.

Este 24 de octubre, día mundial contra el cambio climático, vuelve a recordarnos que el verdadero enemigo de la vida no son las renovables, sino el cambio climático que intentan frenar. En plena moda de la “Rural-Guerrilla Fashion”, donde se confunde rebeldía con rechazo a la transición energética, hace falta recuperar una defensa valiente y racional de las renovables. Hoy se habla más de los impactos de una planta mal gestionada que de los estragos diarios de los combustibles fósiles. Que el árbol no nos impida ver el bosque: las renovables son una oportunidad para la biodiversidad y sin renovables no hay futuro posible.

En los últimos cinco años, los estudios por la consultora EMAT en más de una docena de parques solares han documentado una recuperación real de la biodiversidad dentro de los recintos. Allí donde antes había fertilizantes, herbicidas y maquinaria agrícola, hoy proliferan herbazales naturales, insectos, aves (incluso esteparias) y pequeños mamíferos. La tranquilidad —sin cazadores ni tractores— y la ausencia de productos químicos crean un entorno inesperadamente fértil.

Para ponerlo negro sobre blanco, nada mejor que dar ejemplos y números concretos: en la planta de Talayuela Solar, por ejemplo, se detectaron un 35% más de especies de aves que en los terrenos agrícolas colindantes. En Magascona-Trujillo III reaparecieron ánades y garzas tras recuperar pequeñas charcas. En El Quintillo, las cámaras registraron zorros, ginetas y conejos donde antes solo había monocultivo de cereal.

Pero estas plantas no son las únicas: en las plantas fotovoltaicas de Minglanilla I y II (Cuenca), el seguimiento ambiental realizado tras su puesta en marcha ha documentado un cambio radical. El estudio —basado en censos de fauna, flora e insectos dentro del perímetro de la planta— contabilizó 417 especies distintas, de las cuales un 42% son plantas, 38% insectos y 14% aves. No se trata de un entorno virgen: antes de la construcción, el terreno era agrícola intensivo, sin vegetación natural ni refugios para fauna. Hoy, gracias a un manejo sin pesticidas, la recuperación de suelos y la creación de refugios específicos, los paneles solares comparten espacio con lavanderas, cernícalos, abejas, reptiles y pequeños mamíferos. En menos de dos años, un área monótona y empobrecida se transformó en un ecosistema funcional con vegetación autóctona y presencia de especies polinizadoras y depredadoras naturales.

Esto no es una metáfora: son datos objetivos. Entre 2021 y 2025, los estudios de EMAT en plantas solares de toda España mostraron un patrón inequívoco: cuanta más antigüedad y mejor gestión ambiental, más biodiversidad. En los proyectos con varios años de funcionamiento, la variedad de aves ya alcanza niveles considerados altos según los índices científicos. El manejo adecuado —pastoreo controlado, nidales, refugios, charcas, apicultura— multiplica las especies y convierte terrenos antes degradados en corredores vivos donde energía y naturaleza coexisten. No es una promesa teórica, sino una constatación de campo: una planta solar bien diseñada puede albergar más vida que el terreno previo.

Pero el efecto positivo de las plantas no se limita solo al interior de las platas: existe un desborde del impulso positivo de la biodiversidad más allá del vallado, guiados por los programas de compensación ambiental bien diseñados.

Un ejemplo que vale más que mil campañas comunicativas: en el Nudo Zarzón (Extremadura), los promotores destinaron unas 1.000 hectáreas de superficie a restaurar hábitats esteparios, conectados con zonas ZEPA cercanas. En menos de dos años, las mediciones de campo muestran una recuperación de la cubierta vegetal de hasta el 60%, el retorno de aves esteparias como el sisón, la ganga y la avutarda, y el asentamiento de polinizadores y pequeños mamíferos en zonas donde antes no existían. Además, el programa ha permitido generar una red de hábitats conectados con las ZEPAs vecinas de La Serena y Campiña Sur, creando un corredor ecológico funcional en una de las regiones con mayor densidad fotovoltaica del país.

Los resultados sobre la AVUTARDA común (Otis tarda) han sido contundentes: se ha demostrado una presencia estable en las reservas de pasto y márgenes agrícolas restaurados; las zonas de exhibición y reproducción (leks) identificados pasaron de 1 a 3 en dos campañas (frente a uno antes de las obras), con incremento del número de machos territoriales y un uso regular del área por avutardas durante los meses cálidos, con 2 ejemplares adultos censados en 2024. La especie usa la sombra de apoyos eléctricos y transformadores como refugio térmico, lo que confirma adaptación funcional del hábitat restaurado.

En cuanto al SISÓN común (Tetrax tetrax), el seguimiento post-obra confirmó una recolonización efectiva de las áreas restauradas del Nudo Zarzón. Entre 2023 y 2024 se registraron seis machos territoriales —uno de ellos radiomarcado— y tres hembras en vuelo y alimentación en zonas donde no existían registros desde 2014. Estos individuos utilizan la planta de Puerta Palmas como espacio reproductor (lek), evidenciando la recuperación del hábitat. A escala regional, el programa de seguimiento contabiliza 30 sisones marcados entre 2021 y 2024, con densidades estables y aumento del número de cantaderos activos respecto a los censos de 2016, lo que confirma la eficacia de las medidas compensatorias.

También se han conseguido resultados positivos sobre la GANGA ortega (Pterocles orientalis) donde también se ha registrado una recolonización (más lenta que la del sisón, pero sostenida). Se han confirmado entre 3 y 5 ejemplares reproductores, frente a la ausencia total de registros entre 2014-2021. La Ganga ortega se ha detectado dando uso regular de las parcelas compensatorias y charcas ganaderas del Nudo Zarzón; observada en vuelo, posada y en alimentación, indicador de hábitat funcional.

En paralelo, la campaña de conservación de la carraca europea, impulsada por la Junta de Extremadura con fondos de compensación de proyectos renovables, ha obtenido excelentes resultados. Después haber experimentado una drástica reducción del 80% en su área de distribución en las últimas décadas, y un descenso poblacional de 700 parejas reproductoras a principio de los noventa a 173 parejas en 2019, las medidas tomadas en la Planta Solar Fotovoltaica Arenales (Cáceres) han conseguido un aumento de la población reproductora del 25% en dos años. Hoy el 75% de las parejas reproductoras de Carraca en Extremadura se reproducen en cajas nido instaladas como medidas compensatorias.  

Al final, todo se reduce a una evidencia que cuesta decir en voz alta: las renovables no matan la vida, la devuelven. Donde antes el verde era solo fachada —un campo de monocultivo sin insectos ni canto—, hoy crece un verde nuevo, más silencioso, más honesto. El de la hierba que vuelve a brotar bajo los paneles, el de las aves que regresan, el de los suelos que respiran otra vez. Es hora de entenderlo sin prejuicios: la energía limpia no es una moda, es una forma de reconciliar al ser humano con la tierra. Y defenderla no es un gesto ideológico, es un acto de sentido común. Porque si algo ha demostrado este país es que cuando se deja espacio a la luz, la vida siempre encuentra la manera de volver.

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Martín Behar es Director de Estudios y Medio Ambiente de UNEF.

A falta de acuerdo entre los Veintisiete para presentar un plan actualizado sobre el recorte de CO2 de la Unión Europea en 2035, el bloque comunitario se limitará a presentar la próxima semana en la Asamblea General de la ONU en Nueva York una "declaración de intenciones" sobre sus ambiciones climáticas.

Así lo acordaron este jueves los ministros de Medioambiente de los Veintisiete en un consejo celebrado en Bruselas, donde sólo se aspiraba a consensuar el contenido de esa carta informal, dado que Francia y Alemania pidieron que los jefes de Estado y de Gobierno debatan el asunto antes de que los ministros cierren las negociaciones.

"Estoy verdaderamente convencido de que esto se verá como un gran paso adelante", resumió en rueda de prensa el comisario de Acción Climática, Wopke Hoekstra, quien subrayó que "la dirección está clara".

La UE se ha comprometido por ley a recortar sus emisiones en un 55% para 2030, en relación con 1990, y a alcanzar la neutralidad climática a mitad de siglo.

Como paso intermedio, el club comunitario busca dotarse de un objetivo para 2040 y, en paralelo, debe actualizar sus planes climáticos para 2035 para cumplir con sus compromisos internacionales.

Ese hito, denominado Contribución Determinada a Nivel Nacional en jerga climática, debería haberse presentado ante Naciones Unidas el pasado febrero y, en todo caso, antes de la Asamblea General de la ONU de la próxima semana.

El objetivo es que todas las partes den continuidad al Acuerdo de París de 2015 en la cumbre del clima COP30 que se celebrará en Belém (Brasil) a finales de noviembre, que marca el décimo aniversario del pacto global para frenar el avance del cambio climático. Pero la UE no entregará un plan formal.

La Comisión Europea presentó el pasado julio una propuesta, con flexibilidades, para que la reducción en 2040 sea del 90%, lo que supondría una trayectoria lineal respecto al 55% de 2030. Y ahí se atascó la negociación.

Mientras que a los países con mayor ambición climática les sobraban incluso esas flexibilidades, como recordó hoy la vicepresidenta tercera y ministra española para la Transición Ecológica, Sara Aagensen, otros Estados, como Chequia o Hungría, se oponen al 90%, incluso con alternativas como comprar créditos de carbono en terceros países para compensar las emisiones nacionales o capturar y almacenar CO2. "Creemos en una transición verde (...) que sea alcanzable", resumió hoy la ministra húngara de Medioambiente, Anikó Raisz.

Ese grupo de Estados reticentes, donde también se encuentran Polonia, Eslovaquia e Italia, ha conseguido que no se pueda negociar y aprobar este jueves ese 90%, tras la exigencia de París y Berlín de llevar el debate al más alto nivel político en una cumbre de líderes.

Dinamarca, que actualmente ocupa la presidencia rotatoria del Consejo, ideó una maniobra para que la UE no llegara con las manos vacías a Nueva York, lo que supondría un revés diplomático para un bloque industrializado que presume de liderazgo climático.

Y para contentar a todas las partes, en esa carta introdujo un rango de recorte de emisiones que va desde el 66,5 al 72,5% en 2035, siendo el valor más alto el que coincidiría con un 90% en 2040.

Tras más de ocho horas de negociación, esa "declaración de intenciones" fue aprobada por consenso por los ministros, y el rango finalmente acordado fue una reducción de entre el 66,3 y 72,5% en 2035. Según el comisario de Clima, ese rango está "claramente en línea con el Acuerdo de París".

Después, los jefes de Estado y de Gobierno discutirán -en la cumbre programada el 23 y 24 de octubre- sobre el objetivo de reducción de dióxido de carbono y sobre las "condiciones habilitantes" para alcanzarlo, es decir, flexibilidades financieras, tecnológicas y regulatorias para sectores como la industria o la agricultura.

Una vez fijadas esas "orientaciones políticas" al máximo nivel, los ministros de los Veintisiete podrán cerrar la negociación del texto legislativo, probablemente en un consejo extraordinario celebrado en la primera mitad de noviembre, con la esperanza de que la UE llegue a la COP30 de Brasil de finales de ese mes con los deberes hechos.

El Ministerio de Transición Ecológica trasladó este viernes su intención de iniciar un nuevo ciclo a partir de 2026. Teresa Ribera llegó a esta cartera en 2018 y desde entonces la potencia renovable instalada ha crecido un 85%, principalmente en forma de nuevos paneles solares. Aunque todavía falta mucha fotovoltaica y eólica por llegar, el Gobierno quiere centrarse ahora en que esa energía renovable sirva para atraer masivamente nueva industria y que esas fábricas se distribuyan equitativamente por España.

"Antes el foco era la integración de renovables, y ahora el foco de la planificación es la demanda, aunque el almacenamiento también es importante", manifestó este lunes el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, durante la presentación de la nueva planificación de la red eléctrica para el periodo 2026-2030. "Dicho esto, la historia de las renovables no ha terminado porque hay mucho apetito. Eso de que las renovables ya no son tan atractivas en España… los datos no nos dicen eso. Si ahora hay instalados 90 gigavatios (GW) de potencia renovable, dentro de cinco años serán 160 GW.

Para organizar el nuevo despliegue industrial, la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha presentado este viernes el nuevo plan de desarrollo de la red eléctrica. En los últimos dos años, las energéticas se han quejado a menudo de que el mallado no es capaz de absorber toda la industria que quiere instalarse en España, hasta el punto de que han tenido que rechazar nueve de cada diez solicitudes de conexión. Cuando un promotor quiere levantar una fábrica, una urbanización o una gran oficina, no basta con asegurarse el suelo, también necesita conectarse a la red eléctrica, pero en la mayoría de comunidades autónomas no hay ni un espacio libre. 

Para resolver el problema, el Gobierno tiene previsto inflar el techo de gasto que tienen Red Eléctrica de España (la dueña de la red de alta tensión) y las distribuidoras (las que tiran los cables hasta los consumidores) para invertir en mejorar y ampliar la red, de manera que ningún cliente se quede fuera por falta de capacidad. Esta planificación 2026-2030 todavía tiene que superar la consulta pública y ser aprobada en Consejo de Ministros.

El esperado plan propone aumentar un 62% el límite de inversiones, hasta los 13.590 millones de euros para la red de alta tensión (transporte de electricidad) y unos 25.000 millones para la de distribución, de aquí a 2030. Aunque las inversiones son privadas, el Gobierno fija el techo porque luego son los consumidores los que devuelven a las compañías ese gasto –más un porcentaje de rentabilidad– en los peajes de la factura de la luz.

Ese margen de incremento en las inversiones, de 7.700 millones en distribución y de 3.600 en transporte frente al periodo anterior, estará condicionado para que se gaste en proyectos que realmente son necesarios, y para que además dejen beneficios en el territorio y protejan la biodiversidad. Al menos el 10% se destinará a mejorar la seguridad del sistema eléctrico y el 5% a actuaciones ambientales. Las inversiones anticipatorias, que consisten en llevar la red a zonas pobres energéticamente, estarán limitadas al 15%, ya que suponen una apuesta arriesgada que podría inflar el recibo eléctrico con proyectos fallidos. La condición más importante será que los proyectos de expansión se destinen a consumos industriales, coches eléctricos y desarrollos urbanísticos, y al menos el 75% de la inversión irá destinada a estos proyectos. 

Aagesen también explicó este viernes que en el proceso de consultas que ya han realizado con las comunidades autónomas y las empresas eléctricas, han visto que hay un apetito brutal de la industria por conectarse a la red española. En los planes de inversión actuales (2021-2026) solo mostraron interés en conectarse a la red de transporte clientes que suponían 2,2 GW de potencia, y en este proceso la demanda atendida ha sido de 27,7 GW.

"Estamos multiplicando por 14. Es una planificación donde la industria es la protagonista, con nuevos ejes para acercar el suministro a nuevas zonas que hasta ahora no han tenido capacidad industrial. Nuevas fábricas o la electrificación de las existentes en Asturias, Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana o Extremadura", señaló la ministra.

En el periodo de planificación anterior, las inversiones más demandadas eran para adaptar la red para poder conectar las nuevas plantas solares y eólicas, pero ahora el interés está en consumir su energía. De todas las propuestas de inversión durante la fase consultas de la nueva estrategia, el 41% ha sido para demanda, el 40% para generación y el 19% para proyectos de baterías.

Pedro González, director de AEGE, la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía, opina que la ola de peticiones industriales es porque el panorama ha cambiado por completo. "Hasta hace unos años podíamos electrificar una fábrica y no teníamos problema pidiendo un punto de conexión a la red, pero ahora han aparecido masivamente nuevas industrias –como el hidrógeno verde, los coches eléctricos o los centros de datos– y empresas extranjeras. Sí hemos detectado que cuando queremos descarbonizarnos y dejar de quemar gas o gasoil para consumir electricidad, no nos conceden capacidad de conexión", opina el experto.

De los 27,7 GW de demanda que entrarán a la red de transporte en los próximos cinco años, 13,1 gigavatios serán para instalaciones de generación de hidrógeno verde, 9 GW para industria, 3,8 GW para centros de datos, 1,2 GW para electrificación portuaria y 559 MW para electrificar trenes. A esto se sumarán también los 43 GW de consumos que se han otorgado entre 2020 y 2024 –12,5 GW a centros de datos, 11,2 GW a industria y 6GW a urbanismo, entre otros– y que todavía están pendientes de ponerse en marcha. La demanda total que se agregará con la planificación conjunta superará con creces a la luz que consume España en su día de mayor consumo en la actualidad. 

González se queja de que se esté dando tanta prioridad a nuevos usos industriales como los centros de datos o el hidrógeno, tecnologías que todavía no son rentables ni están desarrolladas a gran escala. AEGE representa a acereras, químicas o siderurgia, y su director cree que habría que garantizar la conexión a esa industria básica y tradicional. 

"Las conexiones son limitadas y lo que nosotros decimos es que nos la den a quienes ya estamos aquí, porque las vamos a utilizar. Los centros de datos, las plantas de hidrógeno…¿Se terminarán por construir? Unas sí y otras no", subraya.

El Gobierno es consciente de que muchas empresas hacen peticiones de conexión duplicadas o quieren hacerse con uno de estos puntos para especular con los permisos, como ocurrió con los de las energías renovables. Para evitar estos problemas, Transición Ecológica ya lleva desde 2023 realizando concursos para que solo los mejores proyectos se queden con estos espacios y estableciendo una cláusula en la que el permiso caduca a los cinco años si no se ejecuta el proyecto.

Este martes el sector eléctrico ha desvelado un dato clave para el futuro de la industria española: la capacidad que tiene la red para que se conecten a ellas nuevos centros de demandas, como fábricas, hogares o puntos de recarga para vehículos. Las compañías creen que el sistema está "saturado" y son necesarias inversiones milmillonarias para hacer hueco a toda la industria y las nuevas necesidades del país. El Gobierno contesta que en los últimos cinco años ha dado accesos suficientes para "doblar la demanda nacional" de energía y que hay que mantener un equilibrio entre la dimensión de la red y el coste de mantenerla.

Los mapas de capacidad publicados este lunes por las distribuidoras eléctricas recogen que en total hay espacio para conectar a la red 27,6 gigavatios de demanda, según el conteo que ha hecho infoLibre con los datos publicados por las cinco principales distribuidoras, que están en manos de Iberdrola, Naturgy y EDP. El problema es que prácticamente la mitad de las provincias de España tienen efectivamente la red saturada, y no tienen nada de espacio para dar energía a nuevos clientes.

Como se observa en el mapa, salvo la Comunidad de Madrid, Comunidad Valencia y algunas provincias del norte del país, el resto tienen sus subestaciones eléctricas trabajando a pleno rendimiento, y hace falta invertir en mejorar estas instalaciones –o construir nuevas– para que las zonas puedan prosperar. Esto ocurre en un momento en el que multitud de empresas apuntan a la península para producir hidrógeno verde, fabricar baterías o montar centros de datos, sectores muy intensivos en electricidad.

Hay lugares especialmente preocupantes como Aragón, que aspira a ser el epicentro de la construcción de los centros de datos. En Zaragoza apenas están libres el 9,2% de la capacidad de sus nudos eléctricos, en Teruel el 1,29% y en Huesca no hay ni un hueco. Lo mismo ocurre en Cataluña, tanto en Barcelona como en Tarragona, dos epicentros turísticos e industriales del país. Málaga, Cádiz y Huelva también están totalmente saturados, una zona copada por las grandes tecnológicas y que aspira a convertirse en un valle del hidrógeno.

Desde el Ministerio de Transición Ecológica matizan que la red está abarrotada porque en los últimos cinco años se ha concedido acceso a cientos de proyectos de gran consumo eléctrico, por un valor total de 43 gigavatios –equivalentes a lo que consume ya el país– y la gran mayoría están pendientes de construirse.

Es decir, los grandes proyectos que ya llevan años apalabrados como fábricas de coches y baterías, centros de datos o polos de hidrógeno que se van a levantar de aquí a 2030 tienen sus conexiones garantizadas. En concreto, se ha concedido acceso a 12 GW de permisos son para centros de datos, 11,3 GW para proyectos industriales, 6 GW para proyectos urbanísticos, 3 GW para hidrógeno y 2,3 GW para recarga de coches eléctricos.

Las empresas eléctricas han aprovechado la presentación de estos datos para presionar al Gobierno para que les dé rienda suelta a la hora de ejecutar estas inversiones. Lo que gasten en esta transformación lo recuperarán a través de la remuneración anual que entrega la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a cambio de realizar inversiones estratégicas, con un fondo que se financia a través de los peajes del recibo de la luz. 

"El Gobierno tiene que cubrir las necesidades de la red al mínimo coste posible para los ciudadanos. No puedes dedicarte a sobredimensionar la red para que se pueda poner una fábrica de baterías en cualquier punto del país y que lo paguen los consumidores", apunta un experto del sector. 

Un representante de una de las grandes eléctricas subraya sin embargo que "la situación es crítica", y pide a la CNMC que mejore las retribuciones a las empresas para que estas puedan invertir y resolver el atasco de la red. "La industria y las administraciones autonómicas llevan meses alertando de la falta de infraestructuras eléctricas, que dificulta la atracción de inversiones y la ejecución de proyectos estratégicos. Si no se acelera la inversión en redes y se revisa el modelo retributivo propuesto por la CNMC, el crecimiento económico y la competitividad quedarán seriamente comprometidos", señala este portavoz. 

La disputa no es baladí porque precisamente ahora la CNMC está debatiendo cuál será la retribución que recibirán estas compañías durante los próximos seis años –de 2026 a 2031– a cambio de explotar la red de distribución, la que transporta la energía de media y baja tensión desde las subestaciones hasta el cliente final. El organismo dirigido por Cani Fernández también debate cuál será el techo de las inversiones y cuáles se priorizarán.

En julio, la CNMC publicó una propuesta que todavía debe ser ratificada, y que eleva la retribución financiera al 6,46% para el próximo periodo. Se trata de casi un punto por encima del periodo pasado (5,58%), pero un punto porcentual por debajo de lo que reclama la patronal Aelec (7,5%), donde están agrupadas Iberdrola, Endesa y EDP.

"El nuevo sistema que propone la CNMC es continuista, pero es evidente que no ha gustado a las compañías", valora Tomás Gómez San Román, profesor de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Comillas ICAI. "Plantea un sistema de incentivos para incrementar la eficiencia de las instalaciones que ya están construidas, y eso es positivo porque hay que aprovechar lo que se tiene. En el anterior esquema (2019-2025) no se discutían las inversiones, las empresas construían y se les pagaba, aunque con un tope, pero es que todo lo que se gasten corre a cuenta del bolsillo del consumidor", añade el experto.

La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planea cancelar dos parques eólicos marinos en Massachusetts (EE.UU.) de una filial de Iberdrola en el país, según el Departamento de Interior y Justicia de Estados Unidos, según informa EFE. 

El Departamento de Justicia estaría preparándose para revocar los permisos otorgados por la Administración del expresidente Joe Biden a Avangrid, subsidiaria de la empresa española. 

El proyecto, conocido como New England Wind 1 y 2, iba a ser instalado frente a las costas de estado de Massachusetts, al noreste del país, y estaba previsto que abasteciera a unas 400.000 viviendas. 

Este es un nuevo ataque de la cruzada de la Administración de EE.UU. contra las energías limpias. 

El pasado viernes retiraron 679 millones de dólares en fondos federales para doce proyectos eólicos marítimos. 

El mayor de ellos, llamado Humboldt Bay Offshore Wind, iba a estar situado en el norte de California y estaba presupuestado en 427 millones de dólares. 

Unos días antes, el Gobierno ordenó también suspender la construcción de un parque eólico frente a la costa de Rhode Island completado en un 70 % y aprobado por el Gobierno de Biden, argumentando que debía ser revisado por "intereses de seguridad nacional".

En su última reunión de gabinete, celebrada el 26 de agosto, el mandatario aseguró que no permitirá "la construcción de ningún molino de viento" por ser poco estéticos y supuestamente tener un gran impacto ambiental, mientras que defendió el carbón y la energía nuclear. 

Según explicó Avangrid en un comunicado cuando se le adjudicó la licitación, el proyecto iba a crear miles de empleos en la zona. 

"Reducirá las emisiones de gases de efecto invernadero, equivalente a retirar 300.000 automóviles de gasolina cada año. El proyecto creará más de 4.400 empleos a tiempo completo y traerá 3.000 millones de dólares en inversión local", apuntó la compañía.

El cero absoluto que experimentamos el lunes 28 de abril, hace ya casi cuatro meses, fue un cisne negro de libro, con toda su improbabilidad. Llevan cruzándosenos unos cuantos de ellos en la última década, inaugurada por las decepciones del brexit y el primer triunfo de Trump en 2016, un año muy duro de asimilar.

Un cisne negro es un evento muy improbable, pero de efectos catastróficos. Aunque el origen de la catástrofe pueda ser un evento natural, la magnitud e impacto de sus efectos son en gran medida consecuencia directa de decisiones humanas con autoridad. A la DANA, a las 7291 muertes de las residencias madrileñas y a los incendios que nos asolan me remito.

Volviendo al apagón, mi recuerdo de la experiencia, salvo las lamentables cinco muertes a él atribuidas de forma directa, no fue catastrófico. Con toda seguridad, podría haberlo sido si su duración hubiera sido mayor, si hubiera sucedido en otra época del año más fría, o más calurosa, o con menos horas de luz natural. Recuerdo estar más dedicada a fijarme en lo que estaba sucediendo y cómo reaccionábamos que en prepararme para un eventual confinamiento incomunicado. Siempre tengo víveres y esenciales en casa; viví tres años convulsos en La Paz donde aprendí y adopté prácticas domésticas que no he abandonado. Y mantengo mis fogones de gas natural —incoherencia que asumo— y un transistor a pilas en la cocina.

Una vez comprobado que mi entorno más cercano estaba bien y a resguardo, me dio bastante igual quedarme incomunicada. Me pilló además en casa teletrabajando y a mis hijos en el instituto, a 15 minutos andando. Solo tenía dos preocupaciones personales: mantener la temperatura de mi congelador abarrotado y comunicarme con mi equipo, a quien quería pedir que al día siguiente teletrabajara, lo que conseguí pasada la medianoche.

No tuve la preocupación que tuvieron, por ejemplo, las personas electrodependientes, sus familiares, amigos y personas cuidadoras. Personas que requieren respiración asistida o dispositivos eléctricos, ya sea por discapacidad o por lo avanzado de su edad. Miles y miles de las que, a diario, y sin apagones, no nos acordamos.

Me entusiasmé incluso imaginando que se nos había presentado una oportunidad en modo “contrafactual”, esa situación inédita, difícilmente replicable, incluso éticamente cuestionable que nos permite asomarnos a un “qué hubiera pasado si”, de la que extraer aprendizajes, conclusiones y recomendaciones.

Procuro desde ese día entender mejor las implicaciones de la transición energética y por qué es tan aparentemente inasumible en plazos razonables. Leí y creo que entendí, con ayuda de muchas personas a las que sigo en redes sociales, el Real Decreto-ley 7/2025, de 24 de junio, por el que se aprobaron medidas urgentes para el refuerzo del sistema eléctrico y que decayó a los treinta días por decisión del Congreso de los Diputados; un despropósito difícil de entender. He asistido a seminarios, conferencias y encuentros sobre cambio climático organizados por partes interesadas muy diversas, desde la academia hasta inversores, pasando por movimientos ecologistas y gentes pioneras en el autoconsumo, incluidos regidores municipales valientes. He leído unos cuantos libros que explican muy bien, y con el optimismo que brinda identificar oportunidades, el reto de la transición.

Con todo ello, he conseguido actualizar mi fondo de armario sobre el tema y concretar algunas reflexiones, que comparto:

Una, que los combustibles fósiles en todas sus formas, incluido los plásticos, son el enemigo que batir, la rémora de la que independizarnos, un modelo caduco que nos venden como inevitable.

Dos, que el debate energías renovables vs energía nuclear es tan espurio que se desvanece una vez se ponen sobre la mesa, sin engaños ni desinformaciones, todos los costes, los riesgos y las externalidades presentes y futuras. Y cuando se desvela quiénes, en realidad, se espera que carguen con ellas. La nuclear no es barata, ni limpia, ni segura; las renovables sí.

Tres, que el autoconsumo es una parte importantísima de la solución, una condición necesaria, aunque no suficiente, que nos libre de combustionar. Sin embargo, está resultando una tarea absurdamente complicada, lenta e imprevisible por cómo está diseñada la gobernanza del asunto, por los incentivos perversos y las ansias de acaparar de las grandes energéticas de alma fósil.

Cuatro, que quien invierte en nuestra salud energética, sea grande o pequeño, persona jurídica o natural, pública o privada, necesita que las variables con las que se toman decisiones, como los incentivos y las reglas de juego, sean previsibles, comprensibles, transparentes y justas. Muchas, si no todas, esas variables que son condiciones necesarias son resultado de decisiones políticas, jurisdiccionales y administrativas. A la mano invisible del mercado se le puede y debe orientar.

Cinco, que necesitamos un Pacto de Estado y, para ello, elegir decisores políticos solventes y competentes en la materia, que velen por el interés general y no solo por el suyo familiar y patrimonial. Y demandar que juezas y jueces estén debidamente formados en sostenibilidad, como lo han necesitado estar, por ejemplo, en igualdad (de género).

En definitiva, que necesitamos urgentemente pasar de pantalla, de una sucia, subyugante, ardiente y fósil, a una limpia, emancipadora, fresca y solar. ¿Quién da la vez?

El Ministerio de Transición Ecológica ha confirmado que no hay avances en la negociación con los propietarios de los siete reactores nucleares de la península para extender la vida de las centrales. Según adelantó El País este jueves, el Gobierno y los dos grandes dueños de las plantas (Endesa e Iberdrola) se han intercambiado cartas en las que debaten sobre este asunto, pero el ministerio salió después a aclarar que no moverá ficha hasta que las eléctricas garanticen que la operación no costará dinero al contribuyente.

La clave está en que los cuatro propietarios, entre los que se encuentran también Naturgy y EDP, todavía no han enseñado sus cartas y no dicen cuánto costará extender el funcionamiento de las centrales durante unos años más. Las empresas ya han solicitado por todos los medios una rebaja de impuestos o un recorte en la conocida como tasa Enresa con el argumento de que su negocio no es viable, y el Gobierno entiende que renegociar la vida de los reactores será la excusa perfecta para solicitar este recorte tributario por parte de las compañías.

El secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, subrayó este jueves que por ahora la negociación está estancada porque no tienen garantías sobre ese punto. "El punto más relevante de debate es que no suponga trasladar a los consumidores ningún coste añadido. Y a día de hoy no se cumplen esas condiciones. Eso es lo que dijo la vicepresidenta por escrito [a las compañías]", aclaró el alto cargo de Transición Ecológica en una entrevista en Radio Nacional.

Para no dejar ninguna duda en el aire, Groizard aclaró que no compartía la tesis del artículo de El País, titulado 'El Gobierno se abre a la extensión de la vida de las nucleares si no encarece el recibo'. "Me ha sorprendido el titular porque no ha habido ninguna novedad", dijo el encargado de la política energética. Añadió también que su ministerio tiene otras dos condiciones para las nucleares: que se cumplan los criterios de seguridad y que se garantice el suministro eléctrico, dos exigencias que previsiblemente no supondrán un escollo para la negociación. En realidad, el propio presidente Pedro Sánchez ya abrió la puerta a rehacer el calendario en mayo, siempre que las eléctricas cumpliesen con las tres condiciones.

Aunque el calendario avanza rápido, todavía hay margen para negociar hasta marzo de 2026, fecha en que las propietarias de la central de Almaraz (Cáceres) deberán comunicar el cierre definitivo de sus dos reactores, que se apagarán por completo entre 2027 y 2028. Tras conocerse la noticia, también reaccionó la líder de Sumar y vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que arremetió contra esta posibilidad. "Hace años que España tiene este debate cerrado y los plazos de cierre son muy claros. No vamos a permitirlo", escribió en Bluesky,

El sobrecoste de mantener encendidos los siete reactores durante cinco, diez o veinte años es un debate que sobrevuela en el sector desde hace años, pero todavía ninguna compañía se ha atrevido a dar cifras. Este incremento incluiría una revisión y puesta a punto de las plantas, la compra de nuevo combustible y el encarecimiento del coste total de la tasa Enresa —puesto que cubre la gestión de los residuos nucleares y a más años de operación, más toneladas—. Aunque alargar el funcionamiento de los reactores también permitiría que la tasa Enresa sería más fácil de devolver porque la cantidad total se amortizaría a lo largo de más años, reduciendo su coste por megavatio.

En Bélgica, el Gobierno planteó en 2022 a Engie posponer diez años más la vida de dos de sus reactores, Doel 4 y Tihange 3, hasta 2035, y a cambio va a tener que aportar una ingente cantidad de dinero. Para empezar, el ejecutivo tuvo que tomar el 50% de la propiedad de los dos reactores y costear una parte de las obras de modernización, que ascenderán a entre 2.000 y 2.500 millones de euros. Como esa energía no puede competir en coste con las renovables, el Estado también comprará la luz a un precio más o menos fijo mediante un contrato por diferencias (CfD), lo que se estima que encarecerá la factura entre 1.500 y 1.800 millones de euros durante esta década.

A comienzos de junio, la ministra Sara Aagesen recibió una carta de Mario Ruiz-Tagle (consejero delegado de Iberdrola España) y José Bogas (consejero delegado de Endesa) en la que solicitaban de manera informal extender el calendario de cierre. Según desveló después el Gobierno, la petición estaba "condicionada a modificar el vigente marco normativo de las centrales en perjuicio de los ciudadanos al reducir la tributación de las instalaciones y otras medidas económicas". Es decir, incluía una propuesta para trasladar el sobrecoste a los ciudadanos.

infoLibre ha tratado de acceder a la carta de las compañías y a la respuesta de Aagesen, que se envió días después, pero ambas partes han rechazado mostrarlas. Las compañías, a través de la patronal Foro Nuclear, tampoco aclaran cuáles son los tributos que quieren reducir para seguir operando, aunque han recurrido judicialmente el incremento de la tasa Enresa de 2024, que pasó de 6,69 €/MWh (la cifra pactada en 2019) a 10,36 €/MWh. El Ministerio ya ha reiterado que esa cuantía no es negociable.

La otra opción es abordar las ecotasas autonómicas, un impuesto que han ido introduciendo las comunidades para compensar el impacto ambiental en la región de albergar estas centrales. En 2010 lo hizo Extremadura (donde está Almaraz I y II), en 2013 la Comunitat Valenciana (Cofrentes), y en 2020 Cataluña (Ascó I y II, y Vandellós II) fijó la que es por ahora la más alta: 6,65 €/MWh. Carlos Mazón decidió unilateralmente retirar este impuesto en mayo para beneficiar a Iberdrola, y renunció a 14 millones al año para los valencianos.

El Ministerio de Transición Ecológica también se amparó este jueves en que las propias compañías no se aclaran entre ellas, de ahí que la carta (no oficial) que recibió la vicepresidenta Sara Aagesen en junio solo estuviera firmada por Iberdrola y Endesa. Naturgy y EDP también tienen porcentajes minoritarios de las centrales de Almaraz y Trillo, y en los últimos meses han trasladado que prefieren una extensión limitada de la vida del parque, especialmente Naturgy, que tiene una apuesta muy fuerte en gas natural, el combustible que serviría de respaldo principal tras el cierre nuclear. "En varias centrales, Almaraz entre ellas, hay una comunidad de bienes que obliga a la unanimidad de los partícipes, con independencia de su porcentaje de participación", recuerdan fuentes del Ejecutivo.

El Ministerio de Transición Ecológica presentó la semana pasada su informe sobre el apagón del pasado 28 de abril, pero quiere ir mucho más allá. Este martes ha ordenado a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) que en los próximos seis meses investigue a "todos los operadores" del sistema eléctrico que tienen obligación de controlar la tensión, es decir, tanto a Red Eléctrica como a las grandes compañías eléctricas.

Este análisis técnico será clave porque se ha identificado que el origen del cero eléctrico de hace un mes fueron los problemas de tensión. Por una parte, se ha encontrado que la red ibérica está sometida de manera frecuente a picos de tensión debido a la instalación masiva de renovables y la mayor capilaridad de la red. Pero también se ha concluido que ese día Red Eléctrica programó una cantidad insuficiente de plantas reguladoras de tensión, y entre las pocas que había (once) todas fallaron en su tarea, y esto es responsabilidad de las propietarias, principalmente Naturgy, Iberdrola y Endesa.

La medida forma parte del paquete que ha aprobado el Gobierno este martes con medidas para evitar que España vuelva a sufrir un apagón. La principal será el cambio en los procedimientos de operación de Red Eléctrica para que los paneles solares y la eólica puedan participar en la regulación de la tensión de la red. También se invertirán 600 millones de euros para instalar compensadores síncronos, máquinas que permiten controlar la frecuencia y la tensión.

El Ministerio de Transición Ecológica, que ha elaborado este real decreto, también ha aprovechado para lanzar un bloque de medidas de apoyo a las energías renovables, un espaldarazo a una tecnología que ha estado en el foco de la polémica desde que ocurrió el cero eléctrico. Este miércoles termina el plazo para instalar decenas de plantas fotovoltaicas y eólicas que recibieron los permisos de conexión, pero que no han conseguido ponerse en marcha a tiempo, y el Gobierno ha decidido dar un periodo de gracia para ellos hasta 2028. 

El paquete incluye, además, facilitar la repotenciación de molinos de viento tecnológicamente obsoletos, así como facilidades para la instalación de baterías, donde hay un importante retraso en el desarrollo. También se pretende impulsar el consumo de electricidad con el impulso de las bombas de calor en los hogares y los puntos de recarga de vehículos.

El eterno debate entre si seguir consumiendo los pocos recursos no convencionales que tiene nuestro Planeta o comenzar a tomar conciencia de cambio y poner toda la carne en el asador por las energías renovables. Una disyuntiva que, en cierta medida, a todos nos afecta en nuestro día a día: cambios en el precio de nuestra factura de la luz, el gas, o cuando vamos a llenar el tanque de gasolina. Incluso, tal y como hemos visto recientemente, las energías renovables nos pueden servir como excusa para politizar y frivolizar algo tan grave como lo que vivimos hace tres semanas en este país. En definitiva, estamos entre la espada y la pared. Hagamos lo que hagamos, cómo lo hagamos o en qué medida lo hagamos, vamos a salir escaldados respecto a la opinión pública. En Europa, un exceso de compromiso con las energías renovables ha llevado a críticos políticos a debatir sobre el buen hacer de la política energética en el viejo continente. Una crítica negativa que se ha visto enfatizada por el cambio de rumbo en Estados Unidos tras la entrada de Donald J. Trump. No es casualidad, ni mucho menos, ver cómo desde la entrada a la Casa Blanca del magnate americano, las voces críticas sobre la transición energética cada vez son más sonadas.

Como bien sabemos, una de las primeras medidas de Trump al entrar a su segundo mandato en la presidencia norteamericana fue declarar una emergencia energética, teniendo como último fin incrementar a toda costa la producción de petróleo, gas en territorio norteamericano. Volviendo así a las andadas del famoso movimiento “Drill Baby Drill”. ¿Pero, incrementar la producción para qué? Para reducir considerablemente el precio de barril, lo que ayuda a llenar el tanque de gasolina por menos y así convencer a sus conciudadanos de lo bien que lo está haciendo. Una política más que cuestionable, teniendo en cuenta que muchas compañías petroleras norteamericanas se encuentran ya por debajo del break-even point, punto a partir del cual los ingresos no pueden llegar a cubrir costes. No obstante, no todo son críticas negativas hacia la política de Trump. ¿Y si os dijera que nuestro querido amigo está haciendo (sin querer, claro) un pequeño favor a la transición energética a través de sus políticas? No me creeríais, por supuesto, yo tampoco lo haría. Veamos a qué me estoy refiriendo.

En la orden ejecutiva que declaraba la emergencia energética, se le dio un tratamiento preferente a la energía geotérmica, junto con los combustibles fósiles y la energía nuclear, no mencionando a la energía eólica y solar. Desde la elección de Trump, la geotermia está comenzando a ganar adeptos en suelo americano, a pesar de suponer tan solo el 1% de la energía eléctrica generada en la red (link). El calor generado por la geotermia puede ayudar a asegurar una energía fiable y asequible, junto con el resto de soluciones y alternativas. Otro indicativo de la apuesta de Trump por la geotermia es la nominación de Chris Wright como Secretario de Energía. El ejecutivo, a través de la compañía Liberty Energy, tiene intereses en la empresa Fervo Energy, quienes están trabajando en Sistemas Geotérmicos Mejorados (SGM) en los estados de Utah y Nevada. Según lo que pudimos ver también en la CERAWeek, uno de los eventos de energía más esperados del año, la geotermia podría convertirse en una prioridad para la administración Trump (link). Pero… ¿por qué la geotermia en concreto?

La geotermia crea electricidad de forma limpia, produciendo vapor a partir del calor natural de la Tierra y utilizándolo para hacer girar una turbina. Para realizar ese proceso, la tecnología empleada es muy semejante a la que se utiliza para la perforación en la industria del O&G. Es más, muchas de las soluciones y las innovaciones llevadas a cabo durante el boom del shale oil a principios de los 2000 es lo que se está utilizando en la actualidad para extraer energía calorífica y llevarla a la red. Técnicas como la perforación horizontal o el fracking permiten bombear fluidos a alta presión en pozos perforados a través de formaciones rocosas a miles de metros bajo tierra, lo que genera grandes masas de agua caliente que pueden utilizarse para generar energía (link). Como podéis imaginar, no es casualidad que se le dé tanto apoyo a esta energía, teniendo en cuenta que la tecnología y el conocimiento ya están ahí.

Aunque es una energía poco extendida (apenas el 1% de energía eléctrica generada a nivel mundial proviene de esta fuente), algunos países como Kenia o Islandia son ejemplos prometedores, en donde se producen el 45% y el 66% de la energía eléctrica nacional, respectivamente (link; link). El Departamento de Energía estadounidense, sostiene que los proyectos de geotermia pueden llevar a proveer en torno a los 90 gigavatios de potencia, lo suficiente para dar energía a 65 millones de hogares.

Al margen de que resulte una fuente energética prometedora, tal y como pasa en muchos casos cuando hablamos de renovables, la clave se encuentra en reducir el coste de la tecnología y mejorar la eficiencia para que llegue a ser económicamente viable y escalable. También, aunque hablemos de una energía limpia, no deja de estar supeditada a los intereses del O&G, quienes tienen la tecnología, la experiencia y el know-how para explotar de forma viable esta alternativa. En la vida no es todo verde o marrón, también puede ser color caqui.

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Antonio García-Amate es profesor de finanzas en la Universidad Pública de Navarra (UPNA) e investiga sobre energías renovables y gas.

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha avanzado este miércoles en el Congreso que las pérdidas de generación que se produjeron antes del apagón de hace dos semanas en la España peninsular y Portugal tuvieron lugar en Granada, Badajoz y Sevilla, según recoge EFE.

En su respuesta al diputado popular Borja Sémper durante la sesión de control, Aagesen ha insistido en trabajar desde el rigor para esclarecer las causas que motivaron ese inédito corte de suministro eléctrico, aunque ha aclarado que no fue "ni un problema de cobertura, ni un problema de reserva, ni un problema del tamaño de las redes".

También se sabe que, media hora antes, "hubo dos oscilaciones del sistema ibérico con el resto del continente europeo", ha reportado la ministra. Este apunte se encuentra en línea con los primeros hallazgos de la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad (Entso-e), que el pasado viernes comunicó que media hora antes del apagón "se observaron dos periodos de oscilaciones de potencia y de frecuencia en la zona síncrona de Europa continental".

La vicepresidenta tercera, que durante la mañana comparecerá en la Cámara Baja para informar de los avances del comité que investiga el apagón, ha dicho que ya están analizando "millones de datos" con los "mejores equipos" de los que dispone la Administración. "Seguiremos trabajando desde el rigor y no haciendo hipótesis, porque es lo que se merecen los españoles", ha contestado Aagesen, que ha aseverado que continuarán empleándose "sin descanso" en "identificar las causas" sobre un tema "de extremada complejidad" que "no requiere de recetas simples".

El apagón que mantuvo a España sin luz el pasado 28 de abril dejó también fuera de servicio las telecomunicaciones. Para muchos ciudadanos, ni las llamadas, ni los mensajes instantáneos y tampoco los SMS o el simple gesto de consultar las noticias en un dispositivo móvil fueron acciones posibles. La razón es simple: muchas antenas de repetición se quedaron sin energía. “Cuando hay un apagón, las infraestructuras de telecomunicaciones empiezan a fallar porque, para que se produzca una comunicación, tiene que estar operativo todo el camino que recorre la señal desde el origen hasta el destino”, explica a través de la agencia SMC, Héctor Esteban González, director de la Escuela Técnica Superior de Telecomunicaciones de la Universidad Politécnica de Valencia. 

El problema llegó cuando las baterías de respuesta se agotaron. “Las estaciones de telefonía móvil requieren energía eléctrica. Muchas cuentan con baterías o generadores para poder funcionar durante cortes de suministro, pero solo durante un tiempo limitado”, explica el ingeniero del Centro Nacional de Supercomputación. El camino por donde viaja la información se llenó de nodos de comunicación inoperativos y las estaciones comenzaron a caer. Así, la responsabilidad de las operadoras móviles y las filiales que gestionan las antenas es una cuestión que empieza a salir a relucir. De hecho, fuentes del Gobierno reconocen a infoLibre que, tras los resultados de la investigación completa de todo lo ocurrido con el apagón, se estudiará por qué las plataformas telefónicas no pudieron responder o tener autonomía para dar servicio a todos los clientes. También se estudiará qué normativas habrá que reformar o poner en marcha para evitar que se repitan situaciones como estas.

“Muchas estaciones tienen baterías para operar sin luz, pero por tiempo limitado”, puntualiza Carlos García Calatrava, ingeniero del Centro Nacional de Supercomputación y profesor de la Universidad Carlemany. De hecho, los expertos señalan que el apagón dejó el sistema sin alimentación y, salvo aquellos servicios que requieren sistemas de emergencia como bomberos, policía o emergencias, el resto de la población vio sus comunicaciones interrumpidas casi por completo.

La caída del sistema eléctrico no fue uniforme, por lo que en España la incidencia fue desigual, también a nivel de telecomunicaciones. Mientras en algunas regiones se podían comunicar sin ningún problema, en otras era muy difícil o imposible. Había dispositivos que sí funcionaban, mientras otros en el mismo lugar no lo hacían. “En la mayoría de las regiones españolas afectadas, el tráfico disminuyó rápidamente y se estabilizó, o bien siguió cayendo. Sin embargo, también es evidente cierta recuperación del tráfico, que se pudo observar en Navarra, La Rioja, Cantabria y el País Vasco”, señala un informe de la compañía de medición de datos Cloudflare. Según la información recopilada, se produjeron caídas en el tráfico de internet de hasta un 80% y la velocidad media perdió más de un 70% de su ritmo habitual. “Antes del corte del suministro eléctrico, la velocidad media de descarga en el país era de unos 35 Mb/s, pero unas horas después de la interrupción cayó a 19 Mb/s”, recoge Cloudflare. 

Las antenas de telefonía móvil pueden estar directamente en manos de las operadoras (Telefónica, Digi, MasOrange o Vodafone, entre otras) o pueden estar cedidas para reducir costes a otras empresas como TowerCo, que opera estas instalaciones. De hecho, según el informe Económico y de telecomunicaciones 2023 publicado por la CNMC, esta compañía acapara el 43,3% de los emplazamientos utilizados para ofrecer la cobertura de los servicios móviles.

Pero más allá de los altibajos que iba sufriendo la red eléctrica, los mecanismos para compensar el apagón más grave que ha sufrido España, comenzaron a quedarse cortos. Aun cuando la conexión ya se empezaba a poner de nuevo en marcha, el proceso es lento debido a las sobrecargas que puede sufrir la red por la alta demanda. “En estos casos, ocurre un efecto ‘reconexión’ que puede empeorar la situación: en casa, la mayoría de las personas están conectadas a su Wi-Fi doméstico. Cuando hay un corte eléctrico, los routers dejan de funcionar, y todos los móviles se conectan automáticamente a la red de datos móviles para restablecer su acceso a internet. Por lo tanto, en un momento frágil para las estaciones de telefonía, se suma una conexión simultánea de muchísimos usuarios. Esto no solo agota la energía de reserva, sino que también ralentiza enormemente la velocidad de la red, especialmente si no existe cobertura 5G”, concluye García Calatrava. 

“El sistema está diseñado para aguantar pequeños apagones puntuales que pueda haber o averías en una zona concreta, pero no para situaciones extremadamente excepcionales como esta”, explica José Antonio Morán, profesor de Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación de la Universitat Oberta de Catalunya. El profesor explica que cuando un nodo de comunicación se cae por una incidencia, el sistema se va reajustando, pero llega un momento en el que es imposible. “En el momento en que estas caídas de nodos empiezan a ser cada vez más acentuadas nos quedamos sin caminos viables y llega un momento en que empieza a haber una caída general del sistema”, apunta.

Eso fue lo que se vivió en España el último lunes de abril, cuando miles de españoles observaban el móvil sin recibir respuesta. Sin embargo, Morán explica que crear una red a prueba de cualquier evento de este tipo sería “muy difícil y extremadamente costoso”. Por el momento, el Ejecutivo se centra en resolver las causas del apagón eléctrico, aunque reforzar y atajar las causas del apagón digital también se encuentra en las previsiones del Gobierno.