El racismo ha vuelto a ser protagonista durante un partido de fútbol en España. Esta vez en un partido amistoso de selecciones. España y Egipto se enfrentaron el martes en el RCD Stadium de Cornellà-El Prat (Barcelona) a las 21:00 en un encuentro deportivamente irrelevante que quedó manchado por varios episodios de islamofobia. El ambiente era desenfadado y alegre, algo lógico en el que era el último partido de ‘La Roja’ previo al Mundial de Fútbol que comienza el 11 de junio. Durante el himno egipcio, se comenzaron a escuchar los primeros pitos por parte de la afición local. 

El estadio estaba prácticamente lleno: 35.895 espectadores en la grada. A partir del minuto 20 del encuentro, sobre todo desde la zona denominada ‘La Curva’ del estadio del RCD Espanyol, se comenzaron a escuchar cánticos de “Musulman el que no bote” o insultos contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por parte de un grupo de aficionados en una conducta que ha empañado el ambiente festivo que se estaba viviendo en el estadio.

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) reaccionó únicamente pidiendo a través de la megafonía y los videomarcadores que cesaran los cánticos, pero no se obtuvo la respuesta esperada y los gritos prosiguieron por parte de un sector de la grada. Tampoco se activó el protocolo antirracista, que hemos visto en uso otras veces ante episodios similares. 

La RFEF condenó lo sucedido en redes sociales mostrando el mensaje que se enseñó en las pantallas: “Se recuerda que la legislación para la prevención de la violencia en el deporte prohíbe y sanciona la participación activa en actos violentos, xenófobos, homófobos o racistas”. También condenó estas conductas el presidente de la RFEF, Rafael Louzán, aunque los tachó de “puntuales y aislados”.

Futbolistas como Pedri o el seleccionador Luis de la Fuente, condenaron también estos comportamientos. De la Fuente los calificó de “violentos” e “intolerables” mostrando su “total repulsa ante cualquier actitud xenófoba”. Por su parte, el jugador canario señaló que “tenemos que ayudar entre todos para que eso se erradique de los campos de fútbol”. 

La estrella de esta selección española, Lamine Yamal, musulmán de origen marroquí, no salió al final del encuentro a dar junto a sus compañeros la ‘vuelta de honor’ al estadio, visiblemente afectado por los cánticos.

Los Mossos d’Esquadra ya han abierto una investigación “de los cánticos islamófobos y xenófobos” escuchados durante el partido, según ha asegurado el propio cuerpo en un mensaje en la red social X. 

Las reacciones políticas tampoco han tardado en llegar. El ministro de Transportes, Óscar Puente, un ya habitual en ‘X’, recordó en un mensaje que este episodio es “una consecuencia de lo que la derecha racista y xenófoba lleva alimentado durante años”, y añadió: “es el fascismo, amigos. Y no se le ríen las gracias, ni se le blanquea”.

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha dejado claro que "el odio, el racismo y la xenofobia no tienen cabida en los estadios ni en nuestra sociedad". "El deporte es esfuerzo, trabajo y talento, pero también respeto, solidaridad y convivencia", ha escrito en su cuenta de X. También Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha dejado claro su descontento y ha denunciado que "la extrema derecha no va a dejar un espacio libre de su odio".

Gabriel Rufián, portavoz de ERC, también se ha pronunciado señalando “dos cosas”: la primera es que “si gritas contra los musulmanes con la camiseta de un futbolista musulmán puesta no es que te molesten los musulmanes, es que te molestan los musulmanes pobres”. Y la segunda, que “si te quejas de lo que gritan los de VOX siendo tu de AC no es que te molesten lo que gritan, es que te molestan la bandera y el idioma con el que lo gritan”. 

Según el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE), “en los últimos años, la islamofobia ha seguido en aumento”. De hecho, las denuncias por delitos de odio motivados por la islamofobia en Catalunya se han triplicado en tres años desde 2022, pasando de 22 a 72 en el último año, lo que supone un crecimiento de más de un 220%. 

El informe de Accem, INFRA-D: Más allá de la denuncia ha evidenciado que la población originaria del Magreb es uno de los grupos poblacionales que se enfrentan a la discriminación racial y étnica en mayor medida, con datos de un 36% de incidentes al año en España.

En el fútbol español, desgraciadamente, estos comportamientos se está convirtiendo en una práctica habitual. A principios de marzo de 2026, el jugador del Elche C.F, Rafa Mir, se vio envuelto en una polémica con el jugador marroquí del RCD Espanyol, Omar El-Hilali, cuando el magrebí denunció ante el arbitro que el delantero del conjunto ilicitano le habría dicho supuestamente durante el encuentro: "viniste en patera". A raíz de esta denuncia, en el minuto 78, el árbitro detuvo el encuentro y activó el protocolo antirracismo de LaLiga, parando el juego durante unos tres minutos y emitiendo un mensaje por megafonía.

Los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación a raíz de los cánticos islamófobos y xenófobos que se corearon anoche en el RCDE Stadium de Cornellà-El Prat (Barcelona) durante el partido amistoso de fútbol entre las selecciones de España y de Egipto, según informa EFE. 

En varios momentos del partido disputado el martes, a los diez minutos de la primera mitad y posteriormente en otros instantes del encuentro, una parte de la grada coreó el cántico "musulmán el que no bote", después de que ya al inicio también hubiese pitidos al himno egipcio.

Durante el descanso, en el mensaje en el videomarcador del estadio se recordó que "la legislación para la prevención de la violencia en el deporte prohíbe y sanciona la participación activa en actos violentos, xenófobos, homófobos o racistas".

El delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto, ha lamentado en sus redes sociales que lo que ayer tenía que ser una "auténtica fiesta del fútbol" se vio "manchado de forma vergonzosa por cánticos racistas de un sector de personas" que estaban en el estadio. "Un episodio que condeno rotundamente y que no se puede volver a repetir nunca más", ha añadido Prieto, que ha remarcado que "el racismo no tiene cabida en ninguna parte".

El delegado del Gobierno ha indicado que en aquellos momentos ya transmitieron a los organizadores que se tenían que activar los protocolos pertinentes, "cuestión que se produjo".

"Pero la mancha allá queda y nos tiene que hacer reflexionar como sociedad a todos", ha lamentado. Ante esta situación, ha apuntado que solo existe una respuesta posible: "firmeza, rechazo y defensa clara de los valores de respeto, convivencia y dignidad que definen a Cataluña".

También el conseller de Deportes de la Generalitat de Cataluña, Berni Álvarez, ha expresado su "profunda indignación" por los cánticos racistas y ha lamentado la tardanza en la activación de los protocolos. En declaraciones a Catalunya Ràdio y SER Catalunya, Álvarez ha calificado de "impactante" el ambiente vivido, señalando que ya desde el inicio se percibió una situación "extraña", con pitidos al himno egipcio, que derivaron posteriormente en cánticos islamófobos. "Conforme pasaron los acontecimientos, sentí mucha indignación al ver que no se iniciaba ninguna acción", ha explicado.

El conseller ha indicado que, durante el descanso, se dirigió a responsables de la Real Federación Española de Fútbol y de la Federación Catalana de Fútbol para exigir la activación de los protocolos. "Les hice saber que tenían que activarlos y que, de no hacerlo, me marcharía", ha afirmado. Según ha relatado, fue entonces cuando se le comunicó que se pondrían en marcha las medidas, algo que consideró tardío.

Las cruzadas culturales rara vez son inocentes. Regresan cuando conviene señalar un enemigo visible que simplifique conflictos más profundos. La última ha vuelto a instalarse en el Congreso con la propuesta de prohibir el burka y el niqab en espacios públicos, impulsada desde la extrema derecha y enmarcada en una narrativa que entrelaza islam, inmigración e  inseguridad cultural. No es un episodio aislado, sino la repetición de un debate que reaparece con regularidad, siempre bajo nuevas justificaciones y con la misma lógica política: convertir símbolos marginales en campos de batalla identitarios. 

En abstracto, la discusión podría situarse en un terreno legítimo. El burka puede representar una forma extrema de subordinación patriarcal; ignorarlo en nombre de un relativismo acrítico sería irresponsable. Pero el problema nunca ha sido sólo la prenda, sino el uso político que se hace de  ella. Cuando la igualdad de las mujeres se invoca selectivamente —mientras se toleran desigualdades salariales, precariedad laboral, recortes sociales, restricciones al derecho al aborto o la persistente feminización de la pobreza— el discurso emancipador corre el riesgo de convertirse en coartada. 

No deja de resultar significativo que quienes lideran esta cruzada raramente hayan impugnado otras formas de control sobre el cuerpo femenino profundamente normalizadas en nuestras sociedades. No han cuestionado los hábitos de clausura de órdenes religiosas propias, ni las imposiciones estéticas de la industria cultural que alimentan patologías como la anorexia o la bulimia, ni las dinámicas económicas que convierten la autonomía material en privilegio. Tampoco han propuesto, como alternativa, ampliar el poder efectivo de las mujeres migrantes —garantizando derechos sociales, acceso a la participación política o incluso el derecho de sufragio en determinados niveles—, condiciones sin las cuales la emancipación es una palabra vacía. El celo feminista aparece así dirigido selectivamente hacia símbolos ajenos, mientras permanece ciego ante dominaciones próximas y estructurales. 

Que la hipocresía del mensajero no invalide automáticamente el mensaje no significa que la respuesta propuesta sea adecuada. Prohibir el burka por su carácter discriminatorio puede entrar en conflicto con libertades fundamentales de quienes lo portan voluntariamente. Las manifestaciones externas de convicciones religiosas o culturales, incluso cuando se fundan en tradiciones criticables, se encuentran protegidas por el derecho internacional de los derechos humanos. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconoce ese ámbito de libertad, y cualquier restricción exige superar exigentes estándares de necesidad y proporcionalidad. Un Estado laico debe garantizar neutralidad institucional; no imponer  uniformidad cultural. 

La cuestión central es la coacción. Si una mujer viste el velo integral bajo presión familiar o comunitaria, la respuesta coherente es perseguir esa presión y fortalecer su autonomía material y política. Castigarla mediante sanciones administrativas no la libera: la desplaza de nuevo al margen. Si la decisión es voluntaria —aunque inscrita en marcos patriarcales  criticables— sustituir esa elección por una prohibición estatal implica reemplazar un paternalismo por otro. Como advertía Simone Weil, la opresión no desaparece al cambiar de manos; sólo adopta nuevas formas. 

Tampoco el argumento de la seguridad justifica medidas selectivas. La  necesidad de identificación en determinados espacios es real, pero no exclusiva del velo integral. También una máscara, un pasamontañas o cualquier prenda que cubra el rostro plantean el mismo problema. La solución razonable pasa por normas generales de identificación aplicables a cualquier persona, sin construir prohibiciones simbólicas dirigidas a una minoría concreta. Cuando la regulación deja de ser funcional y pasa a señalar culturalmente, la norma se convierte en mensaje político. 

En última instancia, el debate revela más sobre quienes lo promueven que sobre las mujeres a las que dice proteger. Funciona como un dispositivo de simplificación moral: permite proclamarse defensor de la igualdad sin confrontar las estructuras que generan desigualdad, y erigirse en guardián de la laicidad sin cuestionar privilegios religiosos propios. El cuerpo de la mujer musulmana se transforma así en escenario donde se proyectan ansiedades identitarias internas, sustituyendo el juicio crítico por el reflejo ideológico. 

Hace décadas se justificaron intervenciones militares en nombre de liberar mujeres del velo. Los resultados deberían bastar para desconfiar de esa retórica. Trasladada al ámbito interno, la lógica apenas cambia: se promete emancipación mediante coerción simbólica o administrativa. Pero la libertad no se decreta. Se construye ampliando derechos, redistribuyendo poder y creando condiciones materiales para la autonomía. 

La dignidad de las mujeres no se defiende prohibiendo signos visibles mientras se toleran desigualdades invisibles. Ese es el verdadero núcleo de este debate recurrente. La prenda que se discute cubre rostros concretos; la discusión política, en cambio, suele servir para cubrir incoherencias colectivas. Y en esa operación, una vez más, las mujeres más vulnerables son quienes cargan con las consecuencias. 

La emancipación exige algo más exigente que prohibiciones ejemplarizantes. Exige coherencia democrática. Todo lo demás corre el riesgo de ser, simplemente, otro velo —esta vez político— sobre nuestras propias contradicciones.

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Jaume Asens es diputado de Comuns-Sumar en el Parlamento Europeo.

Dentro de la cultura invasiva de la nueva dominación, el desprestigio de la política ocupa un papel decisivo. Los poderosos que dominan la economía, las plataformas digitales y los medios de comunicación prefieren tener las manos libres y evitar cualquier tipo de regulación que limite sus especulaciones y sus avaricias. Las personas que se dedican a la política, si no se someten a los intereses del poder económico, están destinadas a la calumnia y el desprestigio. Por supuesto, claro está, son pesebristas amarrados al poder que se empeñan en conservar cargos. Mientras, los debates sociales envenenan la discusión política de manera estudiada para convertirla en crispación fanática. El neoliberalismo ha derivado hacia nuevas formas de dictadura: las dictaduras de los millonarios invaden los espacios públicos con dinámicas que se alejan de la convivencia y los valores humanos para imponer las soberbias del machismo, el racismo y las identidades cerradas. Cualquier perspectiva distinta, la existencia del otro, supone una amenaza.

En el mundo que vivimos, y desde la situación europea, quiero darle las gracias a algunos políticos pesebristas que se empeñan en amarrarse al poder para seguir en el ejercicio de sus cargos. La profesora Eva Alcón, al meditar sobre sus años como rectora de la Universitat Jaume I y como presidenta de la Conferencia de Rectoras y Rectores de las Universidades Española, considera que el poder puede significar una forma de rebeldía. Estoy de acuerdo. Las élites sociales necesitan seres doblegados a sus negocios económicos, expertos en el fraude y en la administración de la ley del más fuerte. Frente a ellos, el poder puede convertirse en una forma de rebeldía.

Tal y como van las cosas, ejercer el poder es una rebeldía si se intenta defender el derecho a la sanidad pública, contra tantos intereses que pretenden su privatización para convertirla en un negocio. Ejercer el poder es una forma de rebeldía cuando se opone al intento de socavar el derecho democrático a la igualdad desde los cimientos de la educación, limitando las inversiones de la enseñanza pública en beneficio de los centros privados. Si uno mira la realidad española, allí donde gobierna el neoliberalismo son clamorosas las agresiones a la sanidad y la educación pública. Y las víctimas se olvidan de la situación en la que quedarán sus hijos y sus nietos, dejándose envolver por el ruido de los discursos que ocultan la verdadera amenaza, la santificación de la desigualdad. Convierten en peligro extremo la emigración, la igualdad de género o el respeto a los derechos humanos, los que están interesados en nuevas formas de desamparo y esclavitud. Empieza a decirse con razón que las moscas son las más partidarias de los insecticidas.  

Como estudiante universitario, cobré conciencia política en los últimos años de la dictadura franquista. Partidario de la justicia social y alarmado por la deriva dictatorial de los países estalinistas, donde las buenas causas se convertían en justificaciones de la represión, ayudé a fundar Izquierda Unida en 1986, un espacio para luchar por la democracia social en medio del capitalismo desbordado. Defiendo la política y conservo el carné militante de Izquierda Unida desde hace 40 años. Y le agradezco mucho a los representantes del Gobierno de coalición que resistan en sus cargos a pesar de las dificultades. Después de haber crecido en una dictadura, después de haber visto cómo las revoluciones comunistas desembocaban en autoritarismos, después de asistir a derivas neocapitalistas sin escrúpulos ejemplificadas por las ofertas socialistas de Felipe González, tengo la suerte de vivir ahora una coyuntura política que ha hecho posible un Gobierno de coalición para defender la democracia social y los derechos a la igualdad en la política nacional. En la política internacional, defiende el multilateralismo, los Tribunales de Justicia y los derechos humanos.

La vida nos invita a negociar con las posibilidades. Por apoyar a este Gobierno, suelo recibir en los comentarios a mis artículos y desde el pseudoperiodismo frecuentes insultos. Lo llevo bien, porque sé que mi compromiso está con los derechos cívicos y la justicia internacional. Pero no sé si son conscientes de sus valores y los principios que defienden algunos columnistas que critican una y otra vez al Gobierno y a sus colaboradores. Están defendiendo un mundo gobernado por la dictadura de millonarios que representa Donald Trump, una Europa doblegada al poder del dinero, una violación sistemática de los derechos humanos y la legitimación de los genocidios. Dentro de España, defienden una destrucción de los derechos cívicos y la dignidad laboral.

Cada vez que recibo un insulto, me digo de manera humilde: está bien que se sepa, yo no soy como ellos. 

No soy musulmana ni árabe ni amazigh. A mí, más bien, me confunden con cubana o dominicana, lo cual no significa que no pudiera ser musulmana, ojo, pero aquí el Islam tiende a asociarse a población magrebí o de África Occidental. Y no tiene nada que ver cómo se trata, contempla o juzga a una comunidad o a otra. Aunque esto dependa mucho del barrio y de la época, en el racistómetro, las personas a las que leen como “moras” y/o musulmanas suelen estar bien arriba. Probablemente, seguidas de las gitanas.

Tanto hombres como mujeres viven bajo sospecha y, además, desde edades muy tempranas. Si son chicos y van en pandilla a partir de las siete de la tarde, serán leídos como peligrosos menas “pelobrócoli”. Si son chicas y llevan hijab, parte de la sociedad pensará que son unas pobrecitas sumisas y si no lo llevan, que se han quedado sin familia por romper con “Musulmania”.

En cuanto cumplan algo más de edad, hay quien les acusará de querer “musulmanizar” y radicalizar a las nuevas generaciones con el fin de acabar con la supuesta Europa católica y blanca, ya sea a través de atentados o pariendo.

Para apoyar esta última tesis, suelen citarse “la teoría del gran reemplazo” o el “plan Kalergi”. Aún no los distingo mucho debido a que tremendos invents son muy parecidos. Se supone que algo tan poco concreto como “las élites”, que a mí me gusta imaginarme como un grupo de señores que acarician gatos sentados en algún despacho, están promoviendo la entrada de inmigrantes porque se les da genial procrear. Entre tanto, las europeas de pura cepa, que no sé que es eso, están absteniéndose, cada vez más, de ser madres por la falta de políticas natalistas. No porque no quieran, ojo, sino por la ausencia de dichas políticas y por culpa del feminismo, encarnado por señoras con pelo rojo y de mediana edad a las que llaman “Charos”, que también tienen querencia por los gatos y que, de manera perversa, les animan a hacer con su cuerpo lo que quieran. Qué barbaridad. 

Aparte, esas mismas élites promueven la mezcla entre personas de distintos colorines con el objetivo de acabar con la raza blanca y, por tanto, y más allá de lo fenotípico, debilitar una civilización puntera y ejemplar como es la occidental. 

Supongo que debieron de hablar con mi madre hace 50 años para que se liara con mi padre y nos trajeran al mundo a mi hermano y a mí. Algún día le preguntaré si le pagaron algo, por saber qué hay de lo mío. 

Total, que mucho texto y demasiada fantasía para justificar la xenofobia, la islamofobia, el racismo y, de paso, meterse con los jugadores de la selección francesa de fútbol masculino que, como cuenta con varios jugadores negros y/o musulmanes, a sus ojos, es el ejemplo que mejor ilustra el mejunje de “información” sacada de vídeos de redes que duran un minuto.

Explicar, a estas alturas, que no existen las razas, me parece muy de volver a párvulos. De existir, la europea estaría muy cogida con pinzas. Le pese a quien le pese, la apariencia de un nórdico o de un mediterráneo promedio distan muchos tonos, tanto de piel como de pelo. 

Pero erre que erre. Y para ilustrar que nos acercamos al final de los buenos tiempos de un occidente glorioso y prístino debido a la degeneración racial, los conspiranoicos van soltando sus bulos retrotópicos. Hablan de los años 60 o 70 y hasta de los 80 o 90 como épocas de pleno empleo, bonanza, derechos garantizados, pisos a 10 pesetas y familias numerosas en las que solo trabajaba fuera de casa el marido y, aún así, vivían bien y estaban a gustísimo con una división de roles que otorgaba un papel subalterno a las mujeres. 

Jóvenes que no habían nacido comparan, sin usar ni datos ni fuentes, los viejos tiempos, en los que afirman que no había criminalidad en las calles, con la realidad actual y, en el caso de España, describen Madrid o Barcelona como si fueran idénticas a Sin City. Lo de la falta de derechos y libertades, las jeringuillas en los parques, los descampados llenos de alambres oxidados, los atracos, las violaciones en los portales o las cacerías de nazis, eso a mí me pilló en plena juventud, lo debo de haber soñado. 

El problema es pensar que tanto el racismo como la islamofobia son solo un sentimiento individual que se traduce en exabruptos en las redes sociales o, en el peor de los casos, en violencia física infligida por turbas enajenadas en las calles.

¿Pero qué hay de lo que está por encima de los individuos? El otro día, el periodista Youssef M. Ouled citaba tres ejemplos cercanos en el tiempo que evidenciaban que la islamofobia trasciende las fronteras de lo opinativo y que tiene un componente claramente institucional.

El primero era el caso del chaval de 17 años marroquí al que metieron en prisión en Las Palmas acusado de haber quemado a una chica. Le soltaron recientemente tras comprobar que no solo no había tratado de atentar contra la vida de la joven sino que intentó ayudarla. Lo heavy es que además de la sombra de la sospecha perenne, que en demasiadas ocasiones puede devenir en condena, también está la acusación infinita a sabiendas de que la persona es inocente. Eso es lo que ha hecho Abascal cuando, tras la liberación del chico, que implica el reconocimiento de su error de la justicia, el líder del partido de las tres letras publicó en sus redes un titular de 'La Gaceta' en el que el medio afirmaba que habían dejado en libertad al inmigrante ilegal que había quemado viva a una joven. No contento con amplificar una mentira, la enmarcó con un comentario en el que, además de quejarse de que dejaran en la calle “a esos monstruos”, en un plural envenenado, aseguraba que “algún día a los españoles se les acabará la paciencia y pedirán responsabilidades directas a los que hacen posible esta aberración”. Un diez en odio, en sembrar la duda acerca de la labor de la judicatura de este país, en amenaza indirecta y, de paso, en estigmatizar a un colectivo vulnerable como es el de los menores migrantes.

Todo mal, todo xenófobo, todo racista y todo islamófobo, que es importante llamar a las cosas por su nombre porque puede que suene fuerte pero más fuerte es el impacto sobre quienes son objeto de esas fobias. 

A continuación, Youssef recordaba el caso de Ahmed Tommouhi, el albañil marroquí al que condenaron a prisión por diez violaciones que no cometió. Un hombre inocente que pasó quince largos años en prisión y al que se han negado a indemnizar por arrebatarle tres lustros de vida. 

El último ejemplo que citó fue el de Nordine, un chaval de Leganés al que han acusado de “adoctrinar físicamente y en redes sociales de salafismo yihadista”. Esas supuestas redes son el canal de YouTube que creó en 2012 y para el que se ha grabado durante más de una década haciendo calistenia y dando recomendaciones. A principios de este año le metieron en la cárcel en régimen de prisión provisional y hasta mayo no ha salido. En julio se archivó la causa por falta de pruebas. 

Yo le conocí cuando tenía unos catorce años ya que grabé un reportaje sobre streetworkout. Era un chico delgadito, tímido pero muy dispuesto y el menor de un grupo de jóvenes de extrarradio que practicaba esa modalidad deportiva. Consistía en hacer un uso respetuoso del mobiliario urbano para mover el cuerpo. Agarrándose a las barras de los parques, apoyándose y cuidándose entre ellas y ellos, fortalecieron también la cabeza y la autoestima. Se convirtieron en el modelo a seguir de un montón de hijas e hijos de inmigrantes y de personas del extrarradio madrileño, en general, que o eran estudiantes y no tenían dinero para pagarse un gimnasio o, de tenerlo, por estar trabajando también, les faltaba tiempo para asistir. En los parques las puertas siempre estaban abiertas a todo el mundo y ya fueran las 6 de la mañana o las once de la noche. 

A través del deporte adquirieron el sentimiento de pertenencia, el compromiso, la disciplina y la autoconfianza que les había ido quitando la vida. Se encontraron y forjaron un paradigma de convivencia y unión férrea entre personas con orígenes en muchos sitios, incluyendo España, y pudieron cumplir algunos de los sueños pequeñitos que se plantean quienes pertenecen a los colectivos que nacen teniendo ya trabas grandes por color, credo o por ser de la periferia. Participaron en un montón de festivales y asistieron a varios centros educativos para explicarle a un alumnado al que se parecían los beneficios del deporte individual con el que habían crecido en equipo. Lo bonito es que hicieron piña también con el vecindario. Es cierto que, al principio, a algunas personas les dio cosa ver a un grupo nutrido de negros, moros, latinos y rubios, con pinta de ser del este de Europa, poniéndose como toros en los parques del municipio, con todo, tan pronto como se acostumbraron, les bajaban botellas de agua y hasta bocadillos.

Los tiempos han cambiado desde que les grabé. Diría que en relación al tema sobre el que trata el artículo, la islamofobia, ahora existen más canales para difundir odio. De ahí que sea importante nombrarla, con todas sus letras, y admitir que, este país, es algo fundacional. A pesar de los topónimos chivatos y de todo lo que heredamos, para una parte de la población queda un poso de desconfianza, cuando no animadversión, que, en función de la época, se ha expresado de un modo u otro. A día de hoy, hay partidos políticos que sacan a pasear su inquina sin pudor, pseudomedios que no pierden la oportunidad de machacar a las personas musulmanas, aunque eso implique soltar bulos, e influencers ultras que agitan avisperos imaginarios y llaman a la acción directa. Para ellos no hay castigo, ni siquiera las más mínimas consecuencias. 

Nordine, en cambio, debe de haber padecido un infierno. ¿Quién le va a devolver los 111 días que pasó encerrado? ¿Cómo extirparle de la cabeza los días internado y el miedo a no salir de ahí? ¿De qué forma se repara su imagen o su confianza en el país en el que nació, España, y que sin embargo le ha fallado?

En el falso documental Camino a Guantánamo contaban la historia real de unos chavales ingleses, de ascendencia bangladeshí y pakistaní, que fueron a una boda a Pakistán, decidieron visitar Afganistán y acabaron en la cárcel estadounidense de Guantánamo. Sin posibilidad de representación legal, estuvieron ahí dos años sin cargos legales. 

Yo no soy socióloga pero que te destrocen la vida sin haber hecho nada ilegal, que a pesar de los millones de intentos de encajar y de ser lo suficientemente perfecto como para que no te odien, que siempre te lean como alguien ajeno, intruso, sospechoso o peligroso desde antes de nacer, puede ser una vía directa de desafección hacia el país al que ¿llama(ba)s? casa. Puede que de acceso directo desconozco si a la radicalización pero, desde luego, sí al dolor y a la rabia.

Eduardo Mendieta señala en el formidable prólogo que escribió para el libro Democracia y abolición, de Angela Davis, que existe una tecnología política de los cuerpos por la cual “la raza, el género y la clase entran en una sinergia para atomizar y singularizar el cuerpo que debe ser regimentado y disciplinado".

Lo anterior debería llevarnos a plantearnos varias cuestiones: ¿Cómo se leen los cuerpos masculinos no blancos ?¿En qué barrios se hacen más redadas policiales? ¿Quiénes padecen más las identificaciones por perfil racial? ¿Qué trato reciben? ¿A qué youtubers se investiga? En plena ola reaccionaria en Europa, con influencers vomitando violencia, mentiras y medias verdades a diario, ¿a qué llamamos radicalización y por qué algunas son admisibles y otras no? ¿De qué medios económicos disponen para defenderse las personas migrantes, racializadas y de ascendencia migrante? ¿Qué apoyo, mediático o social, reciben? ¿A qué grupos humanos se les concede el beneficio de la duda?

El giro del PP hacia las posiciones xenófobas de Vox en materia de migraciones es definitivo. Alberto Núñez Feijóo viene apuntándolo desde el congreso del partido, celebrado el pasado mes de julio, salpicando sus discursos de constantes referencias a los migrantes y la delincuencia, y de advertencias de expulsión para quienes no adopten las costumbres españolas.

En este asunto sabe que no está solo. Todo lo contrario. Gobiernos liberales, de la derecha, la extrema derecha y hasta de la socialdemocracia están impulsando una ola sin precedentes de legislación antiinmigración con el objetivo de endurecer las condiciones para vivir en Europa y facilitar las expulsiones de migrantes.

España es, de momento, la excepción y Feijóo se ha propuesto que deje de serlo. Por eso, el próximo fin de semana reunirá a sus barones en Murcia, la comunidad en la que los ultras intentaron hace unos meses provocar una revuelta ciudadana inventándose un conflicto entre comunidades en la localidad de Torre-Pacheco, para aprobar sus nuevas políticas migratorias.

A falta de conocer la letra pequeña, la semana pasada el PP ya dio algunas pistas al apoyar una propuesta de Vox en el Congreso para ampliar y agilizar por ley las expulsiones de extranjeros que viven en España, incluso de residentes de larga duración o de solicitantes de asilo. La iniciativa acabó siendo rechazada por 177 votos a 169, pero el escaso margen (apenas ocho votos de diferencia) da idea de lo cerca que está de imponerse el ideario xenófobo en España.

Vox proponía modificar la Ley de Extranjería y el Código Penal para ampliar y agilizar las expulsiones de migrantes que hayan cometido delitos, eliminando ciertos límites como los relacionados con los residentes de larga duración, los que han solicitado ya un permiso de residencia o los peticionarios de asilo.

Además, buscaba ampliar los periodos de internamiento en centros para extranjeros y la prohibición de entrada a España para las personas expulsadas, aparte de restringir la principal vía que tienen las personas extranjeras que ya viven en España en situación irregular para conseguir los papeles: la figura del arraigo.

Aquel día, la diputada del PP Maribel Sánchez criticó la política migratoria del Gobierno y apoyó la propuesta de Vox con el argumento de la necesidad de “abrir el debate” de las reformas legislativas para enmendar el “despropósito”, dijo, de la última modificación del reglamento de extranjería. La diputada Sánchez trató de distanciarse de Vox diciendo que su partido rechaza “cualquier discurso de odio” (“No puede ser criminalizar al extranjero por el simple hecho de serlo”, aseguró), pero apoyó la propuesta de la ultraderecha.

La diputada del PP, en funciones de portavoz en aquel debate, no se anduvo con rodeos. Culpó al Gobierno de la muerte de decenas de miles de inmigrantes en el Mediterráneo por haber “dado carta blanca a las organizaciones criminales que se dedican a la trata y el tráfico de personas” y que, según ella, “campan a sus anchas por aguas españolas incrementando sus beneficios millonarios a costa de vidas humanas”.

En línea con Feijóo, que ya ha pedido en varias ocasiones el refuerzo de las fronteras –sin explicar cómo va a impedir eso la llegada de migrantes, especialmente cuando lo hacen a bordo de embarcaciones precarias–, aseguró que “el Gobierno ha renunciado a proteger sus fronteras“. Están “totalmente desprotegidas“, remarcó.

El PP culpa también al Ejecutivo de no ejecutar el 95% de las órdenes de expulsión. “La inmigración ilegal está desbocada y la inmigración legal tampoco funciona”. Hay una “nefasta política exterior y de cooperación, que no frena las salidas irregulares de países terceros, que no lucha contra las mafias y que tampoco fomenta los trabajos en origen”.

¿Y qué propone el PP? Hay pocos detalles. Maribel Sánchez defendió “una inmigración legal impulsando las vías seguras, las vías regulares, vinculadas siempre al mercado laboral”, pero sin explicar cómo hacerlo, más allá de los procedimientos que ya existen. Y planteó un modelo: “Una inmigración que aporte, que sume, que respete nuestras normas y nuestros valores. A quien viene a trabajar y convivir le decimos claramente que bienvenido, pero a quien viene a delinquir o a aprovecharse de la irregularidad, le decimos que aquí no”. Lo que no han explicado, de momento, es cómo lo van a hacer, cuáles serán los requisitos para venir a trabajar a España y cómo se detendrá el flujo incesante de quienes llegan a España de manera irregular.

“Este Gobierno está permitiendo que personas con antecedentes penales se regularicen”, acusó. “No se pueden rebajar tampoco los requisitos de arraigo, como ha hecho el Gobierno, ya que la vía de arraigo debe ser excepcional. La reincidencia es un delito que tiene que ser motivo de expulsión. Y no podemos permitir en extranjería jamás el silencio positivo”.

El PP ha tomado buena nota de que, sobre todo después de situaciones de agitación como la de Torre-Pacheco, artificialmente infladas por los medios de comunicación, la inmigración es un tema que preocupa en la calle. Así que “no vamos a mirar hacia otro lado, vamos a dar la cara y vamos a dar la respuesta que necesitan”, remarcó.

La formación liderada por Feijóo contribuyó este martes a derrotar la iniciativa que, a petición de Junts, pretendía transferir a Cataluña competencias en materia de inmigración. Pero la paradoja es que hace solo una semana exigía, por “puro sentido común”, que los informes de las comunidades autónomas en materia de extranjería fuesen “vinculantes”, algo muy parecido a darles competencias en la materia.

La propuesta hubiese permitido a Cataluña asumir la gestión integral de los centros de internamiento de extranjeros, mientras que los Mossos gestionarían la seguridad de puertos y aeropuertos y colaborarían con la Policía y la Guardia Civil en el control de fronteras. Pero fue rechazada con el voto en contra de PP, Vox y Podemos, que calificó la iniciativa de “racista”.

El contexto lo es todo para explicar la evolución del PP en este asunto. La ofensiva antiinmigración, a veces con rasgos xenófobos, avanza en toda Europa. Los países europeos han intensificado significativamente sus políticas contra la inmigración irregular durante 2024 y 2025, implementando medidas cada vez más restrictivas.

El Gobierno laborista británico anunció en mayo, apenas diez días después del avance conseguido por el partido ultraconservador y antiinmigración Reform UK, de Nigel Farage, en las elecciones locales de Inglaterra, un ambicioso plan para endurecer drásticamente la inmigración legal, con el objetivo de frenar el crecimiento del número de extranjeros que ingresan y residen en el país.

Starmer quiere duplicar el tiempo requerido para solicitar la ciudadanía británica de cinco a diez años de residencia legal y limitar las regularizaciones a ciertos perfiles profesionales, como médicos, enfermeros e ingenieros. Todos los inmigrantes y sus dependientes adultos deberán acreditar un nivel más alto de inglés. No será posible contratar personal extranjero en el sector de los cuidados, se endurecerán los criterios para estudiantes internacionales, se reducirá de dos años a 18 meses el tiempo que los graduados pueden permanecer en el país y se elevará un 32% la tasa que pagan las empresas para contratar trabajadores extranjeros.

El Parlamento portugués aprobó en junio, con el apoyo de los partidos de centro y ultraderecha, una modificación de la Ley de Extranjeros que limita la reagrupación familiar de los migrantes y crea una nueva división para el control de las fronteras en la Policía de Seguridad Pública. En junio iniciaron la expulsión de 33.983 inmigrantes que habían solicitado residencia en el país, pero cuyas peticiones fueron rechazadas. De este total, 5.368 eran brasileños, quienes recibieron una notificación para abandonar Portugal en 20 días.

Grecia acaba de sumarse a estas políticas. Hace apenas unos días, su Parlamento dio luz verde a una polémica ley que endurece las penas para los migrantes sin documentación que permanezcan en el país y permite a las autoridades acelerar las deportaciones. A partir de ahora, Atenas podrá expulsar del territorio con mayor rapidez a aquellos migrantes cuyas solicitudes de asilo hayan sido rechazadas, e incluso encarcelar, de dos a cinco años, a quienes permanezcan de forma ilegal en el territorio.

La medida salió adelante a pesar del rechazo de la Defensora del Pueblo de Grecia y de numerosas organizaciones de defensa de los derechos humanos. El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados también ha mostrado su condena.

El Gobierno de coalición de Alemania acordó en mayo, nada más echar a andar, suspender por al menos dos años la reunificación familiar de las personas que cuentan con un estatus de protección humanitaria para combatir, aseguran, “el efecto llamada, introducir más orden en la migración y mantener un equilibrio justo entre el orden y la humanidad”. La medida salió adelante en el Bundestag por una mayoría aplastante (444 votos a favor y 135 en contra).

El catálogo de iniciativas contra los migrantes aumenta constantemente. Berlín también ha aprobado poder establecer por decreto que un tercer país es “seguro” –de manera que sea más sencillo denegar peticiones de aislo y proceder a las expulsiones– y eliminar la asistencia de un letrado de oficio para los migrantes pendientes de deportación. Ya no habrá una naturalización acelerada al cabo de tres años para los inmigrantes que se esfuercen en integrarse.

En el futuro, un inmigrante tendrá que vivir en Alemania de forma permanente durante al menos cinco años antes de poder naturalizarse. Entre los requisitos se incluyen buenos conocimientos del alemán y un trabajo fijo. En 2024, más de 200.000 personas se naturalizaron en Alemania, la cifra más alta de los últimos 25 años. El Gobierno puso en marcha incluso devoluciones en caliente en la frontera para frenar la migración irregular, incluyendo a los solicitantes de asilo, pero la medida fue anulada por la justicia.

El ministro alemán del Interior, Alexander Dobrindt (CSU), se sumó recientemente a la idea de que un grupo más pequeño de Estados de la UE pueda organizar centros de retorno para migrantes en terceros países fuera de Europa. Una variante de la solución puesta en marcha por los herederos del neofascismo italiano, cuya cabeza visible, Giorgia Meloni, lleva desde su llegada al Gobierno de su país tratando de consolidar centros de internamiento en Albania.

Ese modelo, que se combina con la aplicación de medidas cada vez más duras contra los barcos que participan en rescates de migrantes en el Mediterráneo y, sobre todo, la retribución a países como Libia y Túnez para que repriman con dureza a los migrantes, mereció en su día los elogios de Núñez Feijóo.

Dinamarca también ha endurecido su legislación. Su Gobierno, uno de los pocos del lado socialdemócrata, también defiende la idea de enviar a los solicitantes de asilo, en este caso a quienes hayan sido rechazados, a “centros de retorno” fuera de sus fronteras hasta que puedan ser repatriados. En eso están también Austria y Suecia, que llevan meses tratando de que el bloque comunitario refuerce la seguridad en las fronteras y mejore los mecanismos de retorno de los inmigrantes cuyas solicitudes de asilo sean denegadas, en línea con las voces que defienden la subcontratación de países fuera de la Unión Europea.

Francia no está a la zaga. En lo que va de año, ha impulsado el endurecimiento de las condiciones de acceso a la admisión excepcional de estancia para inmigrantes en situación irregular y la obligación de demostrar integración mediante el respeto a los valores republicanos y el dominio certificado de la lengua francesa. Además, quienes supongan una amenaza para el orden público quedarán automáticamente excluidos y acompañados de una orden de expulsión.

En Países Bajos, la coalición gobernante se vino abajo en junio después de que el líder populista Geert Wilders retirara su partido, disconforme con el ritmo de adaptación de medidas contra los inmigrantes. El partido de Wilders —que ha defendido la prohibición del Corán, el cierre de las escuelas islámicas y el cese total de la aceptación de solicitantes de asilo— obtuvo el mayor número de escaños en las elecciones de noviembre de 2023, lo que provocó una conmoción en el sistema político neerlandés.

No podemos permanecer impasibles ante el discurso de odio que la extrema derecha intenta instalar en la opinión pública contra los inmigrantes. "Una invasión islámica", es el mensaje fuerza que resume un ideario racista, cuyo objetivo es deshumanizar a los inmigrantes, convertirlos en una amenaza y provocar el rechazo social.

Aunque la falsedad del mensaje es evidente, debemos responder. Contrarrestar los prejuicios no es tarea fácil, pero es absolutamente necesaria. Como decía Einstein, es más difícil desintegrar un prejuicio que un átomo. 

La ultraderecha usa el concepto de invasión con infinita maldad. Todos entendemos por invasión una acción hostil de ocupación de un territorio. Al añadir el adjetivo "islámica", activan prejuicios y estereotipos negativos para elevar al máximo la alerta ciudadana. Es la estrategia de la manipulación del miedo. El mensaje es muy peligroso. Y falso.

Los fenómenos migratorios no son nuevos. Nuestra propia historia lo demuestra. Entre 1999 y 2009, más de cinco millones de inmigrantes llegaron a España, atraídos por el empleo que generó la burbuja económica. Aunque la memoria sea frágil, también entonces se hablaba de "invasión" y hubo un intenso debate. Pero pasado el flujo masivo, la integración ha sido total. Viven y conviven entre nosotros con normalidad, las políticas de integración funcionan cuando se hacen bien. España era y es un país seguro.

La inmigración en España es, ante todo, un fenómeno ligado a la economía y al empleo. Me parece absurdo preguntarse si uno está a favor o en contra. La inmigración no se elige; se gestiona porque sucede por necesidad. Hay una necesidad de personas que no encuentran oportunidades en sus países, y una necesidad de un país que las acoge porque las necesita. 

Aunque parezca inconcebible tener que recordarlo, parece necesario hacerlo: los trabajadores inmigrantes son personas con la misma dignidad que los nacionales. Dejan atrás a sus familias y países con un gran desgarro personal. Un poco de empatía sería más recomendable que la mirada de rechazo. Además de empatía, debemos gestionar esta realidad con rigor y alejados de prejuicios.

La idea de que ser inmigrante te convierte en un potencial delincuente es tan falsa como ruin. En España, residen hoy casi nueve millones de personas nacidas fuera de nuestras fronteras. Cerca del 25% lleva tanto tiempo que ya tiene la nacionalidad española. El mensaje que la ultraderecha intenta difundir es que la mayoría son africanos. La intención es señalar el origen para remarcar la diferencia cultural, lo cual, creen, facilita el rechazo. Hasta en eso se les nota su racismo. Pero la percepción dista mucho de la realidad.

El 75% de la inmigración en España es de origen latino o europeo. Las personas de origen africano no llegan al 4% de los residentes. Si hablamos de personas en situación irregular, la cifra es aún mayor: la inmensa mayoría proviene del continente americano. La imagen del telediario de las pateras llegando a Canarias distorsiona los datos reales. Además, este año la llegada se ha rebajado un 36%. Aun así, la ultraderecha juega con esa percepción errónea para promover el miedo.

España es uno de los países más seguros del mundo, con tasas de criminalidad muy bajas. En 2025 se han cometido 40 delitos por cada mil habitantes, la más baja de la seria histórica a pesar del considerable incremento de la población. En el año 2023, según los datos del INE, se condenó a 270,000 personas por algún delito: 70,000 eran extranjeros y unos 200,000 eran españoles.

Estas cifras nos dicen que, de cada 100 inmigrantes, uno fue condenado por cometer un delito. ¿Pensaría alguien que, si un español comete un delito, los otros 99 son peligrosos? La misma idea valdría si fueran dos o tres por cada cien. ¿Por qué pensarlo de un inmigrante y no de un europeo? Solo se explica por un prejuicio intencionalmente envenenado por la ultraderecha. Criminalizar a todo el colectivo inmigrante cada vez que uno de ellos comete un delito es pura y llanamente xenofobia. No veremos esa colectivización cuando el autor del delito sea un ciudadano europeo.

La mala noticia de este debate público es que el Partido Popular, que conoce estos datos y esta realidad, se ha mimetizado con Vox en su discurso migratorio. En lugar de combatir el odio por el bien de la convivencia y la economía, ha optado por sumarse a la estrategia racista de Vox.

No podemos contar con ellos para defender la sensatez, la convivencia y la economía. Lo pagarán caro. La inmigración requiere, para una buena gestión, cercanía con la realidad y alejamiento de prejuicios y discursos de odio.

Promover la exclusión y el rechazo es la peor de las soluciones. Por injusto y por contraproducente. El germen más poderoso de la inseguridad es, precisamente, la exclusión y la marginalidad. Empujar a los inmigrantes hacia ellas, además de ser contrario a la dignidad humana, solo puede provocar el efecto opuesto al que sus promotores buscan. Además de xenofobia, rezuman ignorancia. Un mínimo sentido de sensatez y humanidad invita más hacia políticas que favorecieran la integración y la convivencia; no por buenismo, ese palabro que tanto gusta usar a quienes carecen de razones, sino por justicia y eficacia.

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Ignacio López Cano es Diputado del PSOE por Málaga.

Dos encapuchados han asaltado y golpeado a tres menores migrantes no acompañados en las inmediaciones del centro de acogida de Hortaleza, en la ciudad de Madrid, tras la detención de un residente de este centro por una violación a una menor el pasado viernes, según recoge EFE.

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha informado en rueda de prensa de la agresión, ocurrida en la noche de este domingo, y ha explicado que uno de los agredidos tuvo que ser atendido en el hospital, si bien ya ha sido dado de alta. La Policía Nacional está investigando los hechos sin que hasta el momento haya detenido a ninguno de los autores.

El delegado del Gobierno ha aprovechado para alertar del peligro que supone "criminalizar a colectivos vulnerables" porque cree que los "discursos de odio terminan expresándose en delitos de odio como el de ayer noche" a los menores del centro de Hortaleza.

Martín ha condenado esta agresión, además de la "brutal agresión sexual" que cometió uno de los menores de este centro en el parque Clara Eugenia del distrito de Hortaleza en la madrugada del sábado. El delegado ha calificado de "aberración” la violación de la menor, ha dicho que cuenta con toda su "repulsa" y ha felicitado a la Policía Nacional por la detención inmediata del presunto autor.

La investigación está en manos de la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM) de la Policía Nacional, que no ha informado de la edad del agresor ni de la víctima. Martín ha añadido que deben seguir investigando los hechos y ha pedido que se analicen las circunstancias y el hecho de que el menor estuviera fuera del centro a altas horas de la madrugada. En esta línea, el delegado ha dicho que lleva tiempo “señalando las importantes deficiencias” de estos centros, competencia de la Comunidad de Madrid.

Ante esta agresión, el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha afirmado este lunes que la menor víctima de una presuntamente violación este fin de semana en el distrito madrileño de Hortaleza es "víctima" de las políticas migratorias de Pedro Sánchez y del bipartidismo. En rueda de prensa en la sede de su partido, ha adelantado que su partido protestará frente al centro de menores del distrito madrileño de Hortaleza del que procedía el menor detenido este fin de semana como presunto autor de una violación a una menor.

Para el líder de Vox, su partido es el único que está al lado del pueblo que "sufre esta invasión patrocinada por el 'establishment' en España y en Europa". Se ha referido al mensaje en X de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el que criticaba a Sánchez por "multiplicar" la llegada de menores inmigrantes "cada vez más agresivos", y ha afirmado que en el asunto migratorio y de la acogida de los inmigrantes "ilegales" en Madrid, el discurso de la líder del PP madrileño ha sido la "estafa perfeccionada".

Ha denunciado además el coste que supone el ingreso en centros de menores inmigrantes y se ha preguntado por qué es más elevado que el de un mayor en una residencia de ancianos. "Son muchas las organizaciones no gubernamentales que dependen de diferentes instituciones públicas y privadas que se lucran con este negocio", ha agregado, antes de referirse, como ejemplo, a Open Arms, al que ha vuelto a calificar como "ese barco negrero esclavista que colabora con las mafias del tráfico de personas para continuar con la invasión islamista de Europa".

Abascal ha anunciado además que su partido está estudiando acciones legales contra todos aquellos que están trabajando para "facilitar" la inmigración ilegal. Acciones que también estudian, ha indicado, para iniciar una "macrocausa" que investigue todas las responsabilidades políticas y criminales ante los incendios que han asolado España este verano.

Políticamente hablando, Murcia es una región que parece estar abonada a las crecientes desigualdades sociales, al racismo, la xenofobia, la aporofobia y la islamofobia. Y no es precisamente porque la población murciana se caracterice por estas fobias. Todo lo contrario. Vengo visitando la región desde hace 40 años y conviviendo con personas y colectivos sociales, políticos y religiosos de Murcia y puedo confirmar que cuenta con una ciudadanía abierta, acogedora, hospitalaria, solidaria y respetuosa de la gran diversidad étnica, cultural, religiosa y lingüística que en ella existe. Ahí radican su riqueza y su atractivo.

¿A qué se deben entonces las fobias? Yo creo que es un problema político. El PP lleva gobernando en la comunidad autónoma murciana los 30 últimos años, primero en solitario y después en colaboración y alianza con Vox. Pareciera que ambos partidos programaran los actos fóbicos para su repetición periódica. Hace unas semanas fue Torre Pacheco, luego le ha tocado a Jumilla. ¿Cuál será la próxima parada? Todo depende del calendario excluyente que marque Vox, al que suele plegarse el PP para seguir manteniendo el Gobierno de la Comunidad. Los desencuentros y desacuerdos entre ellos terminan siempre en consensos.

¿Cuál es su modo de proceder? Primero elaboran discursos de odio, basados en fake news, contra los inmigrantes, mayoritariamente magrebíes y musulmanes, muchos de ellos con nacionalidad española. Luego los traducen en normativas restrictivas que limitan sus derechos humanos, incluidos los sociales. Finalmente llaman a movilizaciones apoyadas por personas agitadoras venidas de fuera que atizan el fuego de la islamofobia yendo a la caza “del moro”, asaltando sus casas y creando el pánico en las poblaciones en las que hasta ese momento reinaba la convivencia pacífica y el respeto al pluriverso ideológico, cultural y religioso.

Desde hace días, quien está en el punto de mira islamófobo es la población murciana de Jumilla, de 27.000 habitantes, con una comunidad musulmana de entre 1.500 y 2.000 personas, que celebra desde hace varios años dos fiestas: la del final del Ramadán y la del Cordero en el polideportivo municipal. Son fiestas que cuentan con el respeto del pueblo y nunca han creado problema alguno. La comunidad musulmana paga “religiosamente” el canon fijado por el Ayuntamiento. Como condición necesaria para la aprobación de los presupuestos municipales, Vox ha exigido al PP la prohibición de dichas fiestas en el polideportivo y el PP ha aprobado una normativa que ratifica dicha prohibición. 

La alcaldesa ha justificado la prohibición en su deseo de “priorizar nuestra identidad y tradiciones”. Aquí es donde radica el problema: en la estrecha y excluyente concepción de la identidad española que tienen Vox y el PP, que identifican con el catolicismo. Tal identificación se demuestra en que, mientras se niega el uso del polideportivo a los musulmanes, se subvenciona a la Iglesia católica el mantenimiento de tres templos de la localidad jumillana. Yo pregunto a la alcaldesa cómo puede establecer tan crasa discriminación de la comunidad musulmana y el trato privilegiado a la Iglesia católica cuando el islam es una religión de notorio arraigo con la que el Estado español tiene un convenio firmado en 1992 y cuando la Constitución española afirma que el Estado no tiene religión oficial (Art. 16.3).

Pero hay más: ¿Cómo puede reducirse la identidad española al catolicismo cuando, con la historia en la mano, el islam ha conformado y sigue confirmando nuestra identidad, como demuestran su presencia durante siglos en España y las múltiples manifestaciones arquitectónicas, filosóficas, jurídicas, literarias, religiosas, filológicas, toponímicas e intelectuales musulmanas que constituyen una de las mayores riquezas culturales de nuestro país y son la mejor muestra de su plural identidad? 

A la pregunta qué es la identidad, el politólogo polaco Zygmunt Bauman responde con lucidez: la identidad es como un mosaico al que le falta una tesela. ¡Excelente definición! Pues bien, en el caso de la identidad española bien puede afirmarse que la tesela que le falta es el islam, Por eso, coincido con el arabista Pedro Martínez Montávez en que "el islam es nuestra alter-identidad". Y esto puede decirse con más razón todavía de Murcia, lugar donde nació Ibn Arabi, el más grande intelectual de la tradición sufí de todos los tiempos y el místico considerado universal por encima de la diferencia de credos.

Espero que la alcaldesa de Jumilla lea estas reflexiones, amplíe su estrecha concepción sobre nuestra identidad incorporando al islam y, en consecuencia, anule la normativa que prohíbe celebrar las dos fiestas islámicas anuales en el polideportivo de Jumilla. Así lo deseo y espero de su digna presidencia del Consistorio. De lo contrario tendría que retirarle el adjetivo que acabo de aplicarle.    

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Juan José Tamayo es teólogo de la liberación y profesor emérito honorífico de la Universidad Carlos III de Madrid. Su último libro es 'Cristianismo radical' (Trotta, 2025, 3ª ed.). 

El coordinador de la Comisión Islámica de la Región de Murcia, Walid Habbal, cree que la decisión del Ayuntamiento de Jumilla de prohibir celebraciones religiosas, como el fin del ramadán, en instalaciones municipales deportivas es un "paso atrás" que ha dejado "en shock" a la comunidad musulmana de la población, que lo interpreta, "más que como un ataque político, como una falta de respeto".

En una entrevista con EFE, Habbal sostiene que la respuesta "inteligente, madura y racional" ante decisiones de esta índole es "abrirnos más al pueblo español, sacar lo mejor que llevamos dentro, enseñar nuestra cultura, y pensar en nuestros hijos, que quieren y tienen que seguir jugando al fútbol con Pablo, Juan, Antonio...", según reflexiona.

El presidente de la asociación UCIDE en Murcia y coordinador de la Comisión Islámica, una entidad que agrupa a las 168 comunidades islámicas censadas en esta región, opina que el ayuntamiento "buscó la solución fácil" a una propuesta política, en alusión a la moción de Vox que pedía la prohibición de fiestas musulmanas y otras manifestaciones culturales en Jumilla, y optó por restringir el uso del polideportivo que empleaban los musulmanes de la población en lugar de "buscar alternativas".

Walid Habbal asegura que las tres comunidades islámicas de Jumilla podrían celebrar sus fiestas en cualquier recinto o explanada grande, con capacidad para albergar a centenares de personas y contando siempre con licencias municipales, como ha ocurrido hasta ahora, por lo que ve un trasfondo de rechazo al migrante en una decisión que los musulmanes "no saben cómo encajar".

"Tendrían que haber dialogado, buscado alternativas, que es lo más razonable e inteligente, pero así no se hacen las cosas, sobre todo después de lo ocurrido en Torre Pacheco", añade a EFE. "Torre Pacheco está en la mente de todos, y éste no era el momento".

Habbal se pregunta qué motivos llevan a los políticos a adoptar decisiones "sin pensar en las consecuencias humanas, en el trasfondo humano de la política", y subraya que la convivencia en Jumilla era de "mejor a mejor" con los vecinos españoles, y los responsables municipales tienen la responsabilidad de procurar "armonía" entre todas las nacionalidades.

"Igual que los españoles celebran sus misas y las procesiones de Semana Santa, queremos que nuestros hijos se sientan identificados con sus culturas, con sus fiestas, y que lo hagan de forma natural, sin complejos", afirma el coordinador de las comunidades islámicas, que confiesa estar triste por el sentimiento de rechazo que pueden empezar a advertir los más pequeños con decisiones como la tomada en Jumilla.

Por eso, insiste en apelar a la responsabilidad para no dar más pasos atrás en la convivencia pacífica que existe desde hace décadas en la Región de Murcia, y reitera que, ante estas circunstancias, la única respuesta es "sacar lo mejor de uno mismo y abrirte a los demás para que te conozcan más y te acepten".

Yo procedía de Santander, en donde todo andaba uniformado con el Lacoste, los castellanos y la grisura (spoiler, sigue igual) y me deslumbró el color, la variedad de razas, de gente. Años atrás, de camino a Dubrovnik, paré en Fiumicino dándome cuenta de lo grande, diverso y hermoso que era el mundo porque pululaban por los pasillos del aeropuerto tanta gente diversa. Amé lo diverso.

Tiempo después viví el primer 'Orgullo' en ese Madrid ochentero. Me reí hasta llorar con las historias contadas durante una singular tertulia en Chueca donde yo era la única heterobásica de un grupo numeroso. Las feministas andaban programando la 'mani', buscando eslóganes de combate. Las mujeres trans empecinadas en ir delante: “estamos acostumbradas a llevar hostias, nena, así que por si caen, nosotras al frente”. Las admiré tanto como me conquistaron el corazón por su ternura de víctimas valientes.

Al día siguiente contemplaba extasiada el desfile, la locura de música y color. Como el sábado aquel del paseo por Sol que hizo costumbre. Aun sin ser creyente, di gracias a un dios desconocido por la época que me tocaba vivir y mi pensamiento fue de un grato agradecimiento porque mis hijos, jóvenes puberales entonces, vivieran en una sociedad abierta, común, donde besar, amar o follar no estuviera penado. Donde cabía el mundo en nuestras ciudades. Donde la diversidad paseaba para encontrarse. Donde la puñetera blancura era lo de menos.

Me recuerdo apoyada en una farola contemplando el desfile al borde de lágrimas de agradecimiento. Mis hijos vivían en una sociedad abierta y gustosa.

Hoy, no es así. Hoy el odio al diferente se ha puesto de moda. El catetismo, paleto y malvado también, porque no hay más raza que una, la humana. Y mezclarse es enriquecerse.

Hoy, quién me lo iba a decir, recuerdo con nostalgia aquellos tiempos en que explosionaba la mezcla y se estrenaban libertades y me pregunto si es posible que las generaciones futuras tengan que volver a lucharlo todo.

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María Toca Cañedo es socia de infoLibre.

La estrategia siempre es la misma. Los agitadores del odio, vinculados con la extrema derecha, algunos de ellos bien conocidos (varios tienen incluso acceso libre al Congreso de los Diputados), fabrican un acontecimiento convocando a sus seguidores y, después, las televisiones —muchas veces en horario prime time— programan emisiones especiales y transmiten una señal en directo, a menudo sin filtros, que los ultras utilizan para multiplicar sus mensajes.

Poco importa que, con mucha frecuencia, sean muy pocos, apenas unos centenares que, en circunstancias normales, no darían lugar ni al desplazamiento de cámaras al lugar de la convocatoria. Lo hemos visto en las inmediaciones de la sede del PSOE en Ferraz, desde donde las televisiones españolas, públicas y privadas, han transmitido en directo en los últimos años concentraciones ultras con independencia de su tamaño.

Son performances políticas, trampas diseñadas para instrumentalizar a los medios dirigiendo su mirada hacia eventos prefabricados. Y las televisiones —así como cualquier medio con capacidad de emitir imágenes en directo— siguen picando el anzuelo.

De nada sirve que sea un fenómeno tan antiguo que ya fue descrito hace más de sesenta años. Lo hizo por primera vez el historiador y ensayista norteamericano Daniel J. Boorstin en el libro The Image: A Guide to Pseudo-events in America (Vintage, 1962), en el que explicó detalladamente cómo funcionan los eventos creados exclusivamente para obtener cobertura mediática, sin una realidad sustancial detrás.

Son acontecimientos planeados y escenificados con el propósito de ser reportados o reproducidos. No suceden de manera espontánea, sino que son fabricados; están diseñados para llamar la atención de los medios. Su razón de ser es convertirse en noticia más que su contenido real. Por eso tienen guion (y autor), protagonistas y puesta en escena, y se pueden repetir, ampliar y dramatizar. Y pocos manejan tan bien esa lógica ene estos días que los agitadores de la extrema derecha.

No hay mejor manera de describir lo que ha pasado estos días en Torre Pacheco, donde determinados agitadores ultras han utilizado las redes sociales para convocar a sus seguidores y escenificar disturbios y enfrentamiento social en un pueblo involuntariamente convertido en epicentro de un falso enfrentamiento racial. El objetivo: atraer de la atención de los medios en general y de las emisiones en directo de las televisiones en particular para así multiplicar sus mensajes y crear la ficción de un conflicto social violento que no estaba teniendo lugar.

Lo ocurrido pone de manifiesto la distancia entre la evidencia académica y la dependencia de los ratings de audiencia de los medios, conscientes de la fascinación que el directo tiene para los telespectadores. Ya lo vimos en los años del procés, cada vez que se convocaban protestas o movilizaciones potencialmente violentas en Barcelona. O antes, cuando toda una generación se congregó ante el televisor para ver en directo el bombardeo de Bagdad gracias a las cámaras de la CNN, aunque en realidad apenas se veía otra cosa que pequeñas líneas de luz en la oscuridad de la noche.

En el caso de la cobertura informativa sobre los hechos ocurridos en Torre Pacheco, la profesora de Periodismo de la Universitat de València María Iranzo-Cabrera asegura que los medios deberían haber empezado por preguntarse si la cobertura respondía a uno de los principios fundamentales del periodismo: “Contribuir al bienestar social”. Este fundamento, explica, “establece que la labor informativa debe orientarse a servir al interés general, promover la justicia social y favorecer una ciudadanía informada y crítica”.

De ahí que, antes de decidir si se va a transmitir algo en directo, haya que preguntarse: “¿Voy a sumar positivamente a la sociedad? ¿Qué le voy a aportar?”. Porque “el periodismo ético”, subraya, “no puede limitarse a informar de lo que pasa sin evaluar los efectos de esa visibilidad”.

No toda cobertura es ética solo por el hecho de informar, advierte Iranzo-Cabrera. Si el tratamiento de los hechos no aporta un valor añadido a la sociedad (visibiliza una vulneración de derechos o permite comprender fenómenos complejos), si simplemente “amplifica el suceso por su impacto visual o por su potencial sensacionalista”, estaríamos ante “una lógica de espectacularización de la información que contradice el compromiso ético con el público”.

Las coberturas en directo en las que los medios se limitan a comentar imágenes a medida que se producen (y que, cuando ya no pasa nada, repiten en bucle acontecimientos anteriores, a menudo sin aclarar que se trata de vídeo grabado) “suelen obedecer más a una necesidad de rellenar minutos en la parrilla informativa —típica de una lógica televisiva basada en la urgencia y el espectáculo— que a una verdadera intención de contribuir al debate público o a la mejora de la convivencia social”.

Tal como denuncian diversos estudios sobre infotainment, recuerda esta especialista de la Universitat de València, “los informativos actuales tienden a espectacularizar la violencia o el conflicto, desplazando el foco del análisis estructural o contextual en favor de un enfoque episódico, emocional, fragmentado y de alto impacto visual”.

Además, si la movilización no es masiva, está controlada por las fuerzas de seguridad del Estado y su eco informativo no se justifica por su trascendencia, “el riesgo de sobrerrepresentar el conflicto o amplificar discursos marginales (cuando no discriminatorios) es elevado”. En este caso, “el periodismo no estaría informando: estaría creando un foco de atención artificial, potencialmente dañino para la cohesión social”.

Esa es la razón por la que el Código Deontológico del Col·legi de Periodistes de Catalunya, actualizado en 2016, señala en su anexo D sobre recomendaciones en las coberturas de conflictos: “Los medios tienen que evitar el sensacionalismo y también impedir la emisión sin control de mensajes en línea que sean belicistas, xenófobos, racistas y sexistas”. O de que, en los principios de actuación del código deontológico de la FAPE, se señale que “el periodista establecerá siempre una clara e inequívoca distinción entre los hechos que narra y lo que puedan ser opiniones, interpretaciones o conjeturas, aunque en el ejercicio de su actividad profesional no está obligado a ser neutral”.

Sin embargo, prosigue Iranzo-Cabrera, en estas piezas en directo, apoyadas por mesas de debate entre tertulianos, “se mezclan verdades factuales con verdades testimoniales, verdades ideológicas o verdades narrativas”. Ante ello, “hoy debería ser una obligación de los periodistas detectar los diferentes sentidos de verdad y, tras ello, no sopesar discursos basados en verdades diversas”. Esto es: no acumular “verdades lógicas, empíricas, afectivas, ideológicas y autoritarias para interpretar un hecho o acontecimiento”, porque “una verdad empírica no puede contraponerse a una verdad ideológica como si se tratase de las dos caras de un argumento”, añade citando al profesor de Periodismo Perry Parks en su ensayo Sentidos de la verdad y la crisis epistémica del periodismo, publicado en 2022 por el Journal of Media Ethics.

Según Parks, “la relación de los periodistas y el público con la verdad es tan desordenada” que, “cuando los periodistas no logran identificar los sentidos en competencia incrustados en diferentes afirmaciones de verdad, reproducen la confusión en cuanto a la validez y verificabilidad de tales afirmaciones y contribuyen a una crisis epistémica en la esfera pública”.

Víctor Sampedro, catedrático de Comunicación Política y Opinión Pública de la Universidad Rey Juan Carlos, va más allá. La premisa, antes de cubrir hechos como los de Torre Pacheco, debería ser entender lo que busca la ultraderecha: “secuestrar nuestra atención, degenerar el debate público y paralizar la respuesta social y política que se merecen y que desactivaría esta amenaza a la libertad y la convivencia”. Por eso, subraya, “el racismo usa la violencia, que es el contenido que atrae a más gente y más diversa. Al margen de nuestra edad o género, una pelea o un insulto nos arrebatan más que un abrazo a hombres y a mujeres, a niños y ancianos”.

Hay que tener “cuidado”, añade, “porque si esa violencia no se desactiva, primero es verbal y simbólica”, pero “después se transforma en agresiones físicas”. Al comienzo se quiere hacer pasar por una “respuesta ciudadana justificada”, que en realidad ejercen “unos enmascarados que no dan la cara para no justificar sus gritos ni sus linchamientos” y que, por tanto, “desmienten ser verdaderos ciudadanos”.

En el paso siguiente, los violentos “institucionalizan su ideario de odio” en forma de políticas racistas y leyes de inmigración que vulneran los derechos humanos. “Todas lo hacen, en mayor o menor medida. De hecho, la legislación contra los migrantes se endurece año tras año. Y, si esto parece una exageración”, señala, “es que los xenófobos han logrado su objetivo”.

“Nadie toleraría que a su hijo le llamasen MENA. Porque implica que es una aMENAza. Y que, en lugar de tratarlo como un niño, se le debe encerrar en un centro de detención”. Es el resultado, concluye, de haberlo deshum sor, delincuente o violador.

“Así que dejar el micro abierto o la cámara enfocada”, como han hecho las televisiones esta semana, “es una forma de validar y extender (por tanto, azuzar y jalear) una violencia que niega la humanidad a una parte de la sociedad. Ahora pueden ser los moros… luego será cualquiera que les haga frente”.

Para que esto no ocurra, además de entender y aplicar los códigos deontológicos, Iranzo-Cabrera sostiene la urgencia de “establecer pautas editoriales claras y consensuadas dentro de las redacciones que protejan a los medios de caer, consciente o inconscientemente, en la función de escenario mediático o amplificador de estrategias de agitación política, especialmente cuando estas se apoyan en discursos de odio, desinformación o provocaciones diseñadas para captar atención mediática”.

De nada sirven los códigos si los editores toman la decisión de desplazar a sus profesionales para cubrir estos focos de odio, que sin la cobertura mediática quedarían reducidos a un grupo de ultras. “La diferencia está en pasar de los principios generales a las decisiones editoriales prácticas en la rutina diaria. Y ahí, personalmente —y ojalá me equivoque—, si las empresas periodísticas no tienen ningún tipo de penalización, no van a dejar de hacerlo”. Y, entretanto, seguirán “dañando nuestra credibilidad como profesionales”.

Esta profesora extiende, además, sus críticas a las empresas periodísticas como responsables también de las agresiones a sus reporteros. “La normalización de la precariedad (especialmente en periodistas jóvenes, freelance o mujeres) se agrava cuando se les exige cubrir estos contextos hostiles, que se engrandecen con las coberturas mediáticas. Esto no solo es una negligencia, sino que traiciona los principios fundamentales de cualquier cultura profesional ética”.

Lo cierto es que no todo el mundo improvisa cuando se enfrenta a situaciones como la de Torre Pacheco. La BBC, por ejemplo, tiene en vigor una guía completísima sobre cómo actuar en relación con los directos que sus periodistas están obligados a aplicar también en caso de eventos prefabricados. En ella se establecen límites claros para evitar que la cobertura en directo amplifique actos escenificados, especialmente de grupos extremistas o violentos, de fuentes que buscan notoriedad o manipulación mediática, o que consisten en protestas prefabricadas diseñadas para provocar.

La guía advierte del riesgo que conllevan los directos de impulsar el racismo y los estereotipos, transmitir comentarios despectivos o difamatorios y engañar a las audiencias. Incluye consejos sobre cómo tratar un incidente serio durante una transmisión en vivo, como por ejemplo, en caso de manifestaciones, disturbios y motines: “Cortar y grabar material para uso en un reporte editado, si el nivel de violencia o desorden se vuelve demasiado gráfico”, o activar un retraso en la emisión para evitar retransmitir lo que los protagonistas de los disturbios desean.

La misión del periodismo, añade Sampedro, “no es responder a la violencia xenófoba, sino abortarla, prevenirla e impedir que tenga lugar”. En el caso de que se produzca, tendrá que promover políticas de seguridad y bienestar social “que impidan estos sucesos execrables”. Hay que entender, defiende, “que estamos ante propuestas antipolíticas que nos conducen a totalitarismos más o menos crueles. Su meta es quitarle los corchetes a la (ultra)derecha. Es decir, que el PP asuma la agenda y la retórica de Vox. Precisamente, lo que está pasando”.

¿Qué hacer, entonces? El profesor de la Rey Juan Carlos propone cinco medidas. Primero, exigir una respuesta policial contundente, tolerancia “cero” e identificar a quienes debieran ser objeto de investigación policial y castigo penal. Después, denunciar la financiación, las subvenciones y apoyos institucionales de las organizaciones que niegan los derechos humanos de ciertas minorías, así como visibilizar y dar voz a los colectivos atacados. Rehuir los estereotipos buenistas, precisa, reconociendo las tensiones o conflictos de intereses que tienen lugar en su seno y en sus entornos, escapando del simplismo maniqueo (buenos contra malos) y reconociendo la diversidad humana, también del colectivo migrante.

Por último, propone generar el debate público, la movilización ciudadana y las políticas “que nos protejan de los intolerantes, aislándolos, acallándoles, combatiéndoles con todo el peso del Estado de Derecho” y las formas de autodefensa ciudadana compatibles con él, con la democracia y la convivencia que quieren destruir.

Una noche de esta semana no podía dormir y abrí la ventana. Entonces, comenzó una bronca en la calle. Eran las tres y media de la madrugada. Algunos hombres corrían y gritaban por la avenida. Moro de mierda, hijo de puta. Para cuando me levanté para asomarme a esa violencia y pensé que quizá había que llamar a la Ertzaintza, solo pude ver a uno de esos hombres sentado en la acera, justo en frente de la fachada de mi casa, con las piernas extendidas, repitiendo una y otra vez lo mismo, hijo de puta, moro de mierda, como una letanía que se iba apagando poco a poco. Luego, vomitó en una acequia y se marchó sujetándose en las paredes de los comercios. Lo perdí de vista. Casualidad o causalidad: cientos de kilómetros al sur de este norte, en esa misma noche, violentos disturbios en la localidad de Torre Pacheco, Murcia. En algunos canales de comunicación social, los grupos de ultras empezaban a darse cita para la caza del moro. Y qué va a pasar si consiguen “cazarlos”. Qué.

Todo esto no sucede en un contexto inocuo. Era el año 2021, en medio de una campaña electoral, cuando Vox puso carteles donde comparaba el coste de un menor extranjero no acompañado con la pensión de tu abuela, tu abuela española, claro, qué importan las demás. ¿Acaso tienen abuelas los migrantes? Lo habían utilizado exactamente igual los del NPD, hoy Die Heimat, la patria, el partido neonazi de Alemania. El suyo decía algo así como: no dejes que los gitanos le quiten la pensión a tu abuela.

La manifestación que cruzó el centro de Madrid hace algo más de un mes, organizada por Falange, brazos derechos extendidos y “Cara al sol”, la abría una pancarta que decía “Remigración”, un término que utilizó varias veces Rocío de Meer, de Vox, hace solo unos días, cuando apuntó a la deportación de millones de personas y sus hijos. Un proceso complejo, dijo, pero justificado por el derecho a sobrevivir como pueblo. Pero quizá quiso decir una limpieza que devuelva las plazas de las ciudades a los españoles, los blancos. Y se desató la espiral. Pero no se le ocurrió a la diputada la idea.

La remigración, así como el gran reemplazo, son conceptos articulados por esa internacional de extrema derecha que recorre el mundo occidental. Una teoría que afirma que existe un plan para sustituir a la población blanca por poblaciones no europeas, sobre todo, de origen africano o musulmán.

La islamofobia, ese racismo incómodo de límites difusos que discrimina tanto a personas musulmanas como a las que no lo son, todos dentro de lo mismo, está arraigada en España, y la acentúan los discursos de la polarización, la pelea por un puñado de votos, aquello de integrar a las personas con otros orígenes en nuestras costumbres, un racismo construido desde hace siglos y desde la otredad: nosotros y ellos. En España, ese rechazo centra más de un cuarto de los discursos de odio online, según el estudio del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia.

Escribo esto sin poder escapar de mi propia posición. Entre las líneas de cada uno de los artículos vertidos en estos días en los medios, también en este, se puede leer el abismo. Es el que separa las vidas, los destinos. No son las costumbres o las creencias. Persiste en cada dato, en cada expresión utilitaria de las personas, en cada nosotros también fuimos pueblo emigrante, en la visión estática de los demás, un todo, sin distinciones. Es la frontera natural más abrupta del mundo entero: un estrecho de catorce kilómetros de agua. Y mientras esa línea no desaparezca, la de ellos y nosotros, mientras no se consiga hablar sin descartar el estigma, seguiremos incidiendo en más discriminación y desprotección.

Asumo que mi vida ha estado siempre más cerca de la de De Meer que de la madre magrebí, atravesadas por una discriminación de costumbre. Pero rechazo esa tradición de odio, de explotación, no quiero su persistencia en la islamofobia, en otros racismos y clasismos, y no quiero ningún dios, tampoco el nuestro, ese, lo que sea, que para algo lo conozco mejor. 

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado investigaron en 2024 un total de 1.955 infracciones penales e incidentes de odio en España, lo que supone una reducción del 13,8 % respecto a 2023. Casi la mitad de estos delitos fueron por racismo y xenofobia, si bien los que más crecieron fueron los vinculados al antisemitismo.

El Ministerio del Interior ha publicado este viernes el Informe sobre la evolución los delitos e incidentes de odio en España 2024, cuyos principales resultados avanzó el jueves el titular de este departamento, Fernando Grande-Marlaska, durante una reunión extraordinaria del plan de lucha contra estos delitos tras los disturbios vividos en la localidad murciana de Torre Pacheco.

El informe subraya que los resultados frenan la tendencia alcista registrada en 2023 cuando se alcanzó la cifra de 2.268 infracciones, un 23% más respecto a 2022, cuando Interior contabilizó 1.869 hechos.

Si bien Marlaska calificó de "buena noticia" el descenso de estas infracciones penales, apuntó que las víctimas siguen sin denunciar y mostró su preocupación porque los delitos por racismo y xenofobia siguen siendo los más numerosos. Así, en 2024 estos sumaron 804 hechos, un 6,07% menos que en 2023, por delante de los delitos de odio cometidos en los ámbitos de la orientación sexual e identidad de género (528 hechos), mientras que en tercer lugar se sitúan los delitos de discriminación por razón de sexo/género (181 hechos).

Como novedad, el informe recoge por primera vez los delitos de odio por islamofobia (13), de acuerdo con las recomendaciones de la UE y resalta que las mayores subidas anuales se han registrado en los delitos vinculados al antisemitismo, un 60% más; la aporofobia (33 %) y los relativos a las creencias y prácticas religiosas, con un alza del 7%.

El resto de las tipologías han descendido, con mayores caídas frente a 2023 en los delitos de odio por ideología, que bajan un 58%; el antigitanismo, un 51% menos y la disfobia (discriminación hacia las personas con diversidad funcional o discapacidad), que disminuye un 36%.

Las fuerzas de seguridad del Estado esclarecieron el pasado año el 71,9% de los hechos, cuatro puntos más que en 2023, y detuvieron o investigaron a 905 personas.

En cuanto al perfil del agresor, en su mayoría son hombres (el 81,9%) de entre 26 y 40 años, que representan el 28,1% del total, seguidos de los de entre 18 y 25 años (19,8%), mientras que los ámbitos que recogen mayor incidencia son 'racismo/xenofobia' y 'orientación sexual e identidad de género'.

La mayoría de los detenidos o investigados por delitos e incidentes de odio son de nacionalidad española (75,58%). Por otro lado, entre los de nacionalidad extranjera, son los procedentes de Marruecos (8,73 %), Colombia (2,65 %) y Rumanía (1,99 %), los que registran un mayor volumen de casos.

Las víctimas también son en su mayoría hombres (el 59,9%), y el grupo de edad más afectado es el comprendido entre los 26 y los 40 años (34,7%), seguido del rango entre 18 y 25 años con un 18,7%, mientras que el 12,8% de quienes sufren este tipo de delitos son menores de edad.

En el caso de los menores, los delitos de racismo y xenofobia son también los más numerosos, con 105 casos el año pasado. Le siguen los relacionados con la orientación sexual e identidad de género (66 casos) y los delitos de discriminación por razón de sexo/género (59). En este colectivo, las lesiones (62) y amenazas (27) son las victimizaciones más frecuentes. El 72,62 % de las víctimas menores de edad son españolas, seguidas de las procedentes de Marruecos (5,56 %) y Colombia (4,76 %).

En cuanto a la nacionalidad del conjunto de víctimas de todas las edades, el 60,1% son españolas, y le siguen las procedentes de Marruecos, que son el colectivo extranjero que registra el número más elevado de agresiones (8,8 %), seguido de Colombia (5,3 %) y Venezuela (2,58 %).

De estos datos se observa una leve disminución en las agresiones a personas de nacionalidad española con respecto al año anterior (un 2,07 % menos) y un tenue aumento en las extranjeras.

Por comunidades autónomas, Navarra registra la mayor tasa de delitos, infracciones e incidentes odio por cada 100.000 habitantes (14), por delante de País Vasco (10,8) y las ciudades autónomas de Ceuta (8,4) y Melilla (8,1).

Varias organizaciones, sindicatos y colectivos lideradas por la Federación Vecinal de Madrid (FRAVM) y la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales (CEAV) han organizado para este jueves 17 de julio una manifestación contra el racismo y la xenofobia como respuesta a las algaradas fascistas de Torre Pacheco (Murcia) que se han vivido desde el pasado fin de semana.

Será a las 20:00 en la Plaza de Callao (Madrid) y cuenta con el respaldo de CCOO, UGT, la Comisión española de Ayuda al refugiado (CEAR), la Federación estatal LGTBI+ (FELGTBI+), Médicos del Mundo, Red Acoge y Rumiñahui, entre otras organizaciones. 

Esta concentración se produce a raíz de los últimos acontecimientos vividos en Torre Pacheco (Murcia), donde se ha presenciado una persecución violenta hacia uno de los colectivos más vulnerables: los migrantes. Desde estas organizaciones se hace un llamamiento a los poderes públicos bajo el lema “Stop racismo. Fuera el odio de nuestros barrios y pueblos” para que realicen una respuesta firme y contundente contra aquellos grupos y personas que buscan romper la convivencia “promoviendo la violencia y persecución de determinados colectivos sociales". 

El presidente de la FRAVM, Jorge Nacarino, explica en conversación con infoLibre que lo sucedido no es un “problema aislado, sino un ataque organizado y financiado de manera coordinada contra los colectivos más vulnerables” y que, ya no es solo que estos grupos radicales atenten contra las personas racializadas, sino que “van contra todas y todos”. Además, exige tanto al Ministerio del Interior como a la Fiscalía que “investigue y persiga” a estos colectivos radicales. 

Torre Pacheco ha sido testigo estos últimos días de una ola de violencia azuzada por grupos de extrema derecha tras la paliza de un vecino supuestamente magrebí a un vecino de 68 años que residía en la localidad murciana. 

Pasar de la indignación a la acción. Bajo esta premisa, los diversos colectivos (a los que se espera que se unan más) saldrán a la calle en defensa de los valores democráticos de convivencia pacífica y contra aquellos que han utilizado la agresión de un anciano para justificar su violencia y su racismo. Todo ello con el fin de defender unos barrios, pueblos y ciudades en los que prime la tolerancia, el respeto y la cohesión social. 

Esta protesta forma parte de un proyecto que comienza con esta manifestación, pero con el que se quiere lograr un espacio permanente para lograr una movilización más amplia contra el odio, la violencia y la xenofobia.  

Propone, entre otras cosas, revertir todas las regularizaciones llevadas a cabo hasta ahora en España, es decir, devolver a la categoría de "sin papeles" a miles de inmigrantes; realizar deportaciones masivas y auditar las concesiones de nacionalidad para ver cuántas hay que retirar. Es decir, que inmigrantes con papeles vuelven a ser sin papeles, que extranjeros que se han convertido legalmente en españoles dejen de serlo.

Cuando Trump decía estás barbaridades en su campaña electoral, muchas personas, entre ellas muchos inmigrantes , se lo tomaron a guasa. ¡No será para tanto! Hoy muchos inmigrantes que están arrepentidos por haber votado a Trump lo sufren en sus carnes. En España, Vox sólo puede aplicar su ideario si llega al gobierno del Estado, y hay muchas posibilidades de que las próximas elecciones generales propicien un Gobierno de coalición PP-Vox, como ya ocurre en muchas Autonomías.

Por eso apelo a las personas inmigrantes con derecho a voto, a que en las próximas elecciones generales votemos masivamente "en defensa propia". Que nuestro voto sea contra la coalición PP-Vox, que ningún voto inmigrante vaya ni al PP, ni a Vox ni al voto en blanco. Que nuestros votos vayan a partidos no racistas y no xenófobos, en defensa de nuestros derechos como ciudadanos y de nuestros proyectos de vida.

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Marcos Suka-Umu Suka, mediador cultural e impulsor del proyecto Afromayores.

“África estará vacía cuando toda la mierda esta esté en Europa”, dice @judit_h7702. “Escopetas en mano y a expulsar a los invasores, más fosas con moros y menos deportaciones”, defiende black_rose2001. “Estos moros, lo de matar lo llevan en la sangre”, sentencia Perrote. Estas frases, que claramente incumplen las normas españolas y europeas en relación con los mensajes de odio, siguen publicadas en redes sociales porque las plataformas online que les sirven de altavoz se han negado a retirarlas a pesar de haber recibido una petición expresa por parte del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (Oberaxe).

Son solo algunos ejemplos de la limitada disposición de los propietarios de las redes sociales más utilizadas a contener la propagación de mensajes de odio. Pero hay muchos más. “Hay que usar la basura musulmana como abono”, publicó impunemente hace ocho semanas sarrcoma202312 sin que la plataforma que lo publicó haya aceptado su retirada. “La cara del mono negro ultra en primer plano. Qué asco”, proclama desde su cuenta La_Emperatriz_Oficial.

El usuario gus.tavo.mo72 sostiene que “Los monos no deben salir de su jaula porque la lían”, una anotación racista que casi parece moderada al lado de la de Gorka_manoshow: “Lo que hay que hacer es bombardear todas las pateras nada más sean divisadas”.

“Os haremos cámaras de gas para vosotros... Allí podréis rezar en multitud si queréis... Mira si somos buenos”, dice otro odiador con presencia en redes sociales contando con el respaldo de las plataformas online a pesar de que el Gobierno ha pedido expresamente que semejante amenaza sea retirada.

La actitud de los responsables de las redes sociales, su manga ancha a la hora de permitir contenidos claramente racistas, xenófobos o incluso que promueven la violencia, da idea de la desigual batalla que libra Oberaxe para tratar de limpiar Facebook, X, TikTok, Instagram y YouTube de contenidos de odio racista y/o xenófobo, antisemita, antigitanos o islamófobos que pueden ser constitutivos de delito, infracción administrativa o que violan las normas de conducta de las plataformas de redes sociales.

El Observatorio, dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, monitoriza a diario, desde mayo de 2020, el discurso de odio en España en las cinco principales plataformas, lo que deja fuera del radar aplicaciones tan relevantes en la transmisión de estos discursos como Telegram o WhatsApp. En él trabajan seis monitorizadores y dos personas con funciones de coordinación y análisis que colaboran con la Comisión Europea en los ejercicios de seguimiento que se realizan en cumplimiento del Código de Conducta para la lucha contra la incitación ilegal al odio en Internet que fue firmado con las empresas prestadoras de servicios de alojamiento de datos con mayor presencia en la Unión.

Este código compromete a las grandes plataformas tecnológicas a combatir la difusión de mensajes que inciten al odio en línea. Las empresas firmaron estar dispuestas a luchar contra la incitación al odio online sin violar la libertad de expresión, persiguiendo discursos que promuevan la violencia o el odio basados en raza, color, religión, origen étnico o nacional.

Para cumplirlo, las tecnológicas deben tener procedimientos claros para evaluar y eliminar contenido que incite al odio en un plazo de menos de 24 horas tras una notificación válida, así como trabajar con organizaciones de la sociedad civil para identificar mejor los contenidos inadecuados y fomentar discursos alternativos que promuevan la no discriminación.

La realidad demuestra, sin embargo, que en la práctica se resisten a hacerlo, especialmente YouTube, propiedad de Google, y X, la plataforma del magnate ultraderechista Elon Musk. La primera retiró apenas el 3% de los contenidos de odio reportados por Oberaxe en abril y la segunda el 8%. Más colaboradoras se mostraron Instagram (39%) y Facebook (44%), ambas pertenecientes al millonario norteamericano Mark Zuckerberg. Mejor opinión merece TikTok, la red social china que más atrae a los jóvenes españoles, con un 85% de respuestas positivas cada vez que el Gobierno le pide la retirada de un contenido.

Desde 2022, el observatorio cuenta con una aplicación propia, Alertodio, diseñada por la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), para el registro y recogida de contenidos de discurso de odio identificados en las redes. El soporte y desarrollo informático lo realiza la Gerencia de Informática de la Seguridad Social, del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Desde 2024, el convenio de colaboración firmado entre este ministerio y La Liga permite a Oberaxe profundizar y multiplicar el alcance del trabajo realizado a través del nuevo Sistema Faro de filtrado y análisis de odio en las redes sociales. Un sistema que aplica la inteligencia artificial, entrenada en el Monitor para la Observación del Odio en el Deporte (MOOD) de La Liga, a la metodología, especialización y experiencia acumulada por el observatorio del Gobierno. El sistema Faro permite una monitorización en tiempo real que muestra los datos recogidos en los últimos 30 días.

Según el análisis de datos de Oberaxe, el objetivo de los odiadores sigue siendo, mayoritariamente, las personas procedentes del norte de África (70%) y las que profesan la religión musulmana (23%). Luego están los afrodescendientes (8%), los de origen asiático (7%), la comunidad judía (4%) y los latinoamericanos (4%).

El episodio con el que los odiadores más relacionan a estas personas suele ser un supuesto problema de inseguridad ciudadana (64%), en línea con la principal estrategia xenófoba de la ultraderecha. También se les relaciona con conflictos armados (31%) o en contextos económicos (11%) o deportivos (9%). En un 5% de los casos los odiadores relacionan a las personas de las que hablan con el terrorismo y en otro 5% con la llegada de embarcaciones de migrantes a España.

En lo que va de año, los mensajes de odio detectados fueron 316.288 (una media de casi 2.000 al día). De ellos, Oberaxe ha pedido a las plataformas online la retirada de 1.425, pero solo tuvo éxito en el 32% de los casos.

¿Por qué el Observatorio solo pide la retirada de menos de un 1% de los mensajes detectados? Porque no tiene capacidad para hacer más. Así que pide la retirada de apenas una muestra representativa de los mensajes detectados para ser notificados a las plataformas. Es una tarea que se realiza de forma manual, por lo que solo es posible recopilar una muestra, explica Oberaxe.

Atendiendo al tipo de lenguaje empleado, los datos del observatorio revelan que un 87% de los contenidos notificados contienen un discurso agresivo, caracterizado por insultos y expresiones hostiles, lo que evidencia un alto nivel de violencia verbal hacia las personas de origen extranjero. En el 13% restante, se recurre a la ironía y el sarcasmo como forma de encubrir comentarios racistas y/o xenófobos. En un 21% de los casos, los odiadores utilizan imágenes y emoticonos, elementos que refuerzan el mensaje y facilitan su difusión, especialmente en redes sociales.

En los últimos tiempos, está tomando protagonismo una nueva tendencia basada en la creación de figuras y/o personajes generadas mediante inteligencia artificial que ridiculizan principalmente a las personas del norte de África a través de representaciones estereotipadas y ofensivas.

La estrategia del discurso del odio busca en primer lugar, en más de la mitad de los casos detectados, su deshumanización (se priva al grupo atacado de cualidades humanas, calificándolos de plaga o llamándolos animales) con el objetivo de justificar su exclusión o maltrato eliminando cualquier tentación de sentir empatía con su sufrimiento.

Los odiadores también tratan de presentar a grupos humanos enteros como una amenaza (sucede en una de cada diez anotaciones en redes de este tipo), un peligro para la seguridad, la identidad o los recursos de la mayoría con afirmaciones falsas como que “nos están invadiendo”, “quieren imponernos su cultura” o “colapsan la sanidad” (el objetivo en este caso es legitimar medidas de exclusión “defensivas” y activar emociones como el miedo o la ira).

En un 12% de los casos, el contenido trata de incitar a la expulsión de personas por su origen, religión o raza (“Hay que deportarlos”, “fuera de nuestro país”, “que se vayan a su tierra”) para transformar el rechazo en presión para que se aprueben medidas institucionales de exclusión.

Los contenidos que directamente llaman al uso de la violencia rozan casi el 6% de los mensajes detectados. Sus autores proponen o legitiman el uso de la violencia física como solución, a menudo con tono de broma o justicia popular (“Habría que darles una paliza”, “un tiro y se acaba el problema”, “solo entienden por las malas”) con la finalidad de generar una normalización del castigo violento hacia ese grupo.

En el resto de los mensajes de odio predominan las alabanzas a quien ataca o agrede al grupo (“Bien hecho por defender su país”, “un héroe por enfrentarse a esos parásitos”, “hace lo que el Gobierno no se atreve”) o promueven su descrédito para socavar su legitimidad, credibilidad o pertenencia a la sociedad (“Solo vienen a vivir del cuento”, “no aportan nada”, “nos cuestan millones”) para así justificar su marginación o invisibilización, restándoles valor social.

En estas circunstancias, no es de extrañar que a la par que crece la centralidad informativa de las redes, aumente la exigencia social sobre cómo deben gestionarse los contenidos problemáticos. Según el Informe de Noticias Digitales 2025 del Instituto Reuters, que se ha hecho público este martes, una mayoría de españoles (51%) respalda que las plataformas eliminen publicaciones falsas o dañinas, frente al 20% que defiende la no intervención.

El consenso se vuelve matizado al preguntar quién debe ejercer ese control: el 38% prefiere la autorregulación corporativa, el 28% confía más en organismos públicos independientes y apenas un 13% delegaría la tarea en la propia comunidad de usuarios.

Una buena pista del problema la da el hecho de que, según este informe, el tipo de estrategia a seguir en la moderación de contenidos de redes sociales esté condicionado por la ideología. Quienes se sitúan en el centro político apoyan en un 61% una moderación equilibrada, mientras los extremos —sobre todo en la derecha— desconfían de cualquier filtro, en nombre de la libertad de expresión. Por el contrario, la izquierda hace hincapié en frenar discursos de odio y desinformación, lo que explica su mayor apoyo a la retirada de contenido nocivo.

La edad también introduce matices: los jóvenes de 18 a 24 años muestran mayor tolerancia hacia mensajes polémicos y optan por modelos de autorregulación, mientras los mayores de 55 reclaman marcos institucionales más estrictos para salvaguardar la integridad del espacio público.

En general, la ciudadanía duda de la eficacia real de las reglas actuales: persiste la impresión de que no se hace lo suficiente contra el discurso dañino, percepción que alimenta la demanda de soluciones híbridas donde plataformas, reguladores y sociedad civil compartan responsabilidades, subraya el Instituto Reuters.

La Audiencia Provincial de Valladolid ha condenado a un año de prisión por un delito de odio a cada uno de los cinco acusados de insultar a Vinicius Jr en el partido de fútbol disputado el 30 de diciembre de 2022 en el Estadio José Zorrilla de Valladolid. Los encausados han ratificado este miércoles que asumen esa pena una vez alcanzado un acuerdo entre las partes, tras lo que el magistrado presidente de la Sala ha adelantado el fallo de la resolución judicial, según informa EFE.

Según las conclusiones provisionales de conformidad de la Fiscalía, que han reconocido los acusados en la Audiencia de Valladolid, los hechos ocurrieron durante el encuentro entre el Real Valladolid CF y el Real Madrid CF, correspondiente a la decimoquinta jornada de LaLiga Santander. Fue en torno al minuto 88 de ese partido de liga de Primera División, con ocasión de la sustitución del jugador del equipo visitante Vinicius Jr, cuando el jugador se dirigía al banquillo visitante por la zona exterior del terreno de juego y los investigados profirieron las expresiones insultantes.

Esos insultos, "proferidos con la indudable intención de humillar y lesionar la dignidad del jugador por evidentes motivos racistas, resultaron documentados por varias grabaciones efectuadas por aficionados que presenciaban el encuentro desde distintos puntos del graderío" y fueron publicadas en redes sociales. Tales expresiones tuvieron gran repercusión pública a nivel nacional e internacional y dieron lugar a la apertura frente a los acusados de expedientes administrativos de sanción actualmente suspendidos por la Comisión Estatal Contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte.

Vinicius ha renunciado a ser indemnizado, mientras que los acusados han presentado un escrito reconociendo los hechos con el componente racista de sus expresiones y disculpándose. Por acuerdo con las acusaciones, han asumido no acudir a partidos de fútbol en estadios públicos durante el periodo de suspensión de la condena.

Los hechos constituyen cinco delitos de odio y contra la discriminación, por lo que cada encausado ha sido condenado a un año de prisión. Además, cuatro de los cinco procesados deberán abonar una multa de nueve meses a razón de seis euros diarios -1.620 euros-, y el quinto una multa de nueve meses a razón de cuatro euros -1.080 euros-.

La Audiencia impone también la inhabilitación especial para profesión u oficio educativos, en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre, por un tiempo superior a tres años a la duración de la pena de privación de libertad.

Está previsto comunicar la sentencia a la comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, a efecto de los expedientes administrativos incoados. El tribunal ha suspendido la ejecución de la pena de cárcel a petición de las partes durante tres años, periodo en el que los encausados no podrán volver a delinquir, deberán estar a disposición del tribunal y comunicar cualquier cambio de domicilio.

El número de personas que afirma sentirse discriminada por su origen racial o étnico en España se ha incrementado del 31 % en el año 2020 al 33 % en 2024, según el informe "Percepción de la discriminación por origen racial o étnico por parte de sus potenciales víctimas en 2024", recoge EFE.

Con motivo de la celebración de la V Semana Antirracista, el Ministerio de Igualdad ha presentado este informe, según el cual, el número de personas que afirman haber sufrido discriminación por su color de piel o rasgos étnicos creció un 6 %, al pasar de del 55 % al 61 %. Por el contrario, disminuyen ligeramente las experiencias de discriminación motivadas por creencias religiosas (del 38 % al 36 %), y por costumbres culturales (del 33 al 31 %).

Además, un 52 % de los sondeados relata haber vivido en el último año "al menos una situación que podría calificarse como delito de odio".

En declaraciones a los medios, la directora general para la Igualdad de Trato y No Discriminación y contra el Racismo, Beatriz Carrillo, ha asegurado que el estudio "viene a demostrar que el racismo sigue creciendo, que no mengua desgraciadamente y que es una amenaza fundamentalmente en un contexto global tan complejo en el que estamos ahora mismo viviendo".

El ámbito en el que más personas se sienten discriminadas es el de la vivienda (27,5 %), seguida de los espacios públicos (22 %) y el ámbito policial (20%). La mayoría de las personas encuestadas (84 %) vive en zonas con alta concentración de población perteneciente a los diversos grupos étnicos minoritarios, lo que evidencia "un elevado nivel de segregación residencial", según el informe, que incluye que el 14,2 % afirma haber sentido rechazo del vecindario.

Por lo que respecta a los grupos étnicos, la población afrodescendiente, árabe y negra africana son las que en mayor proporción aseveran haber sufrido algún caso de discriminación.

Por sexo, los hombres experimentan más situaciones discriminatorias por origen étnico y racial en espacios públicos. Por ejemplo, un 12,5 % de los sondeados señala que no les han dejado entrar en discotecas, bares o restaurantes, un 24,2 % asegura haber percibido malas miradas en tiendas o centros comerciales y un 15,9 % dice haber sido insultado por la calle. Las mujeres, no obstante, identifican esas situaciones en mayor medida en los espacios privados como la vivienda, y en servicios o espacios relacionados con los cuidados, la educación o la sanidad. Además, el 24,15 % de las mujeres encuestadas asegura que ha vivido alguna situación de violencia sexual por motivos raciales o étnicos, en especial las mujeres blancas latinoamericanas.

Junto al incremento de la discriminación por racismo, se elevan en cuatro puntos porcentuales las víctimas que interponen una reclamación y denuncia hasta el 22,4 %, aunque el Ministerio constata que la "infradenuncia" aún persiste y considera que los niveles de denuncia "continúan siendo bajos". Por último, la encuesta también aborda las consecuencias de todas estas discriminaciones, y recoge que el 23 % asegura sentir tristeza, depresión o consecuencias psicológicas; un 13 % afirma que les han generado desconfianza, mientras que un 20 % manifiesta que estos hechos no les afectan.

Beatriz Carrillo ha concluido que se debe "el daño que provocan las mentes retorcidas cuando ven la piel oscura, cuando perciben que hay otra cultura, desde esa superioridad", se debe "combatir con todas las fuerzas de la sociedad".

El fútbol es el tema en el que más prolifera y donde mayor difusión tiene el discurso de odio racista y xenófobo en redes sociales, con mensajes dirigidos a jugadores como Vinícius Jr. o Lamine Yamal, que utilizan un tono agresivo y tratan de deshumanizar a las víctimas. Es una observación del último boletín del Observatorio Español de Racismo y Xenofobia (Oberaxe) del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, recogido por EFE, referente a enero, mes en el que el 7% de los discursos de odio detectados estaban relacionados con el fútbol.

Entre los contenidos, el boletín destaca los mensajes dirigidos hacia Vinícius Jr. tras el partido de Liga disputado el 3 de enero entre el Valencia C.F. y el Real Madrid en Mestalla y contra Lamine Yamal, en relación con el partido de Liga entre el Getafe C.F. y el F.C. Barcelona del pasado 18 de enero. Para este observatorio, es "particularmente llamativo" la detección de estos mensajes dirigidos a personas concretas, normalmente en el contexto de la discusión entre aficionados de diferentes equipos.

Se han encontrado especialmente en la red social X y destacan por su tono agresivo y su intención de deshumanizar a las víctimas para atacar a otro usuario en el contexto de una discusión.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha recordado que ha firmado recientemente un convenio con LaLiga para luchar contra estos comportamientos y ha informado que sus frutos "comenzarán a plasmarse en acciones concretas de forma inminente". A través de un comunicado, la ministra Elma Saiz ha adelantado que en breve el Gobierno contará para esta labor de monitorización de los discursos de odio en redes con el Sistema FARO, la herramienta con inteligencia artificial desarrollada entre el Oberaxe y LaLiga.

Además del racismo en el deporte, el observatorio llama la atención sobre otro "dato alarmante": la mitad de los contenidos de odio notificados han estado focalizados en las personas musulmanas, alcanzando un 43% los contenidos de islamofobia. En cuanto al resto de víctimas, a la población musulmana le siguen las personas del norte de África (30%) y las afrodescendientes (17%).

Como "dato positivo", el Oberaxe apunta en su informe que este mes no se ha notificado ningún caso de discurso de odio en referencia a menores migrantes no acompañados.

En su conjunto, en el pasado mes de enero las plataformas han retirado menos de la cuarta parte de los contenidos reportados, con un comportamiento dispar. En esta ocasión, TikTok es la plataforma con mayor tasa de retirada, con un 86%, seguida de Facebook (74%).

Por otro lado, X solo eliminó un 5% e Instagram y YouTube, ninguno, aunque en este último caso el boletín lo achaca a un fallo técnico en su web que ha afectado a la tasa de respuesta de la plataforma.