¿Habrá sido penalti? El árbitro lo señala pero, entre susurros de desconcierto en la grada, parece dudar. Se acerca a la banda para examinar la jugada en un monitor, mientras que por el pinganillo un asistente, el famoso VAR, le cotillea sus impresiones. Le pasan por la moviola, adelante y atrás, la grabación del mínimo contacto entre el pie de un futbolista y el tobillo del contrario, una y otra vez, a velocidad lenta y demorada. El árbitro se aproxima más, pega la nariz a la pantalla y pide que se lo vuelvan a reproducir; quiere más detalle, verlo otra vez. La jugada también se emite por las pantallas del estadio. Los minutos van pasando, el juego está detenido y el árbitro no se decide. Finalmente, el comentarista radiofónico no aguanta más y estalla: bueno, ya está bien, esto no puede ser, el invento se nos ha ido de las manos. El VAR está previsto, dice con razón, para corregir errores claros, obvios y manifiestos. Si el árbitro tiene que acampar ante el monitor y ver la jugada cuarenta veces, entonces el error no es claro y no ha lugar a la rectificación.

Ante el lamento del comentarista, no pude por menos que recordar el viejo asunto de los ERE, la gran ficción judicial que fue el origen de tantas otras que vinieron después. El delito de prevaricación administrativa por el que fueron condenados los políticos socialistas es un poco como la revisión del VAR: exige que la irregularidad sancionada como delito sea clara, manifiesta o grosera. La Audiencia Provincial de Sevilla necesitó 1821 páginas de sentencia para describirla; y aun así, no se entendía. No debía de ser tan clara la ilegalidad si su explicación exigía un relato tan prolijo y enrevesado, sobre todo cuando se trataba, según la tesis acusatoria, de conductas que se habían desarrollado a la vista de todo el mundo durante diez años, sin que nadie advirtiera nada extraño. El simple peso de la sentencia puesta en papel descartaba el delito: no era una irregularidad clamorosa, patente ni flagrante.

Por paradójico que parezca, los hechos eran bien sencillos. A finales de los 90 se vivía un momento especialmente crítico para numerosos sectores productivos de Andalucía; la Junta decidió aligerar los trámites para conceder ayudas, tanto a empresas como a trabajadores, y que el dinero no se demorara en llegar a quien lo necesitaba. Tiempo después, se advirtió que algunos tramposos habían aprovechado el trance para desviar ayudas a empresas de su pueblo o para incluir de intruso a algún amigo en listas de trabajadores afectados por un ERE. No hay más.

Se puso en marcha entonces un proceso penal que, tras unos inicios más bien titubeantes, terminó por dirigirse no tanto o no solo contra los maleantes que se habían lucrado ilícitamente sino más bien contra quienes habían diseñado el método de concesión de ayudas. Ahí el proceso se enfrentaba con una dificultad, porque este sistema estaba recogido en leyes aprobadas por el Parlamento de Andalucía, publicadas en el Boletín Oficial y conocidas por todo el mundo. No importó: en un alarde de temeridad, decidieron sentar en el banquillo a los políticos que habían propuesto la ley y elevado al Parlamento los proyectos legislativos donde se recogía este método. Los sentaron en el banquillo, los condenaron y muchos de ellos terminaron en la cárcel, condenados también por una extraña malversación sin dinero: ninguno de ellos fue condenado nunca a devolver ni un solo euro. Tras aquella sentencia de espanto, el asunto pasó por el Supremo, donde recordarán que se resolvió el recurso antes de sentenciarlo, y terminó en el Tribunal Constitucional, al que le bastaron bastantes menos folios para tumbar el estropicio de la sentencia de Sevilla; en realidad, le hubiera bastado una sola página donde se dijera lo obvio: que una ley no puede ser ilegal ni un sistema de concesión de ayudas previsto en la ley puede ser contrario a la legislación. Todo el asunto resulta un desafuero; no se olviden que hubo gente completamente inocente que pisó la cárcel por este delirio.

Cuando se afloja la burocracia se consiguen beneficios pero se asumen riesgos. Un exceso de reglamentación administrativa, con su madeja de presupuestos y requisitos, controles y verificaciones, podría facilitar la corrección formal del sistema: para garantizar que quien pide una ayuda realmente la necesita, qué mejor cosa que reclamarle montañas de documentos y justificantes, para someterlos a un minucioso escrutinio; para cuando reciba el dinero, puede haberse muerto de viejo. El legislador puede optar por simplificar el papeleo, por las razones de política económica o social que tenga a bien. Así sucedió, por ejemplo, en la contratación derivada del COVID-19, cuando el país necesitaba con urgencia remesas de mascarillas; había una situación de urgencia: los trámites se aflojaron, los plazos se aceleraron, los requisitos se simplificaron. ¿Se corrió un riesgo? Sin duda alguna. Ahora estamos viendo los daños colaterales (o los beneficios de los colaterales, como en el caso de Díaz Ayuso) del riesgo asumido, pero a ningún juez se le ocurrió sentar en el banquillo a los promotores de aquella normativa que en términos generales fue beneficiosa, al permitir la contratación urgente y eficaz de millones de mascarillas y material sanitario. Sería una insensatez juzgarlos: es obvio que estos promotores legislativos no fueron los autores de los fraudes que los bandoleros sanitarios cometieron aprovechando la relajación de controles. Habrá que repetirlo: la ley no puede ser ilegal.

Algún día se escribirá la historia de aquel asunto, un montaje fascinante dirigido desde el inicio hacia la condena y la cárcel, con mano firme y ritmo implacable, como una locomotora que fue aplastando a su paso todo aquello que se oponía a su destino final; como a la juez María de los Ángeles Núñez Bolaños, por ejemplo, encargada de instruir el asunto cuando Mercedes Alaya dejó su juzgado. Bien pronto se vio que Núñez Bolaños no le veía trazas a aquella tropelía, así que se la quitaron de en medio. El Diario de Sevilla informó de la dura queja de Núñez Bolaños ante el CGPJ, denunciando que pretendían “apartar de la instrucción a la juez que no comparte sus criterios jurídicos”. Lo consiguieron: Núñez Bolaños se vio abocada a firmar un papel cediéndole la manija del asunto al juez que le habían puesto de colaborador, Álvaro Martín Gómez; entre todos los intrusos detectados en el procedimiento, él fue, sin duda, el más singular de todos, al hacerse cargo de un asunto que no le correspondía.

Y ahí la locomotora prosiguió su marcha, arrollando sin piedad todo lo que pilló por delante, triturando a los acusados, luego condenados y siempre inocentes. Me quedo con tres detalles, a cada cual más provocador y estrafalario. El primero es este: a finales de mayo de 2016 el juez Martín dictó un auto concluyendo la investigación y formalizando la imputación contra los políticos del Partido Socialista en términos gravemente incriminatorios; el problema era que la investigación no estaba concluida. La ley indica que, dictado este auto, en ese mismo momento hay que dar traslado al fiscal para que presente su escrito de acusación. En un caso creo que único en la historia, el juez Martín decidió que todavía no acordaría dicho traslado porque había pruebas pendientes de ser practicadas; la investigación no estaba terminada. Entonces, ¿por qué dictar el auto antes de tiempo? Nunca lo dijo, aunque sabemos que apenas diez días después empezaba la campaña electoral para las elecciones generales que se celebraron el 26 de junio de 2016.

El segundo atropello fue también de manual: al dictar el auto de apertura de juicio oral, el juez Martín se sacó de la manga un nuevo delito, incluyendo sorpresivamente en la nómina de las acusaciones un delito de asociación ilícita que no había aparecido durante la investigación. De nuevo, actuó contra los acusados. La irregularidad fue tan llamativa que sus propios compañeros de la Audiencia Provincial se apresuraron a anular esta decisión antes de empezar el juicio.

Y el tercero sería para enmarcar: cuando convocó a los acusados a presentar sus escritos de defensa, el juez Martín se negó a darles el mismo plazo que había dado a la fiscalía para formular su acusación, vulnerando el derecho más básico de un proceso: la igualdad de armas. Una apisonadora no necesita guardar las formas. Incluso el Código de Justicia Militar aprobado por Franco en lo peor de la represión de la dictadura mantenía al menos esta apariencia de igualdad, dándole a ambas partes el mismo plazo para formular sus escritos de acusación y defensa. Esta gente fue más allá.

Decía Perfecto Andrés Ibáñez, en una lúcida entrevista, que en España el marco legal permite a un juez ser tan independiente como él decida serlo; es triste, pero tenía toda la razón. En nuestro país, la independencia judicial es una opción: si el juez decide serlo, lo será; si, por el contrario, decide no serlo y dejarse llevar por las rentabilidades de la dependencia, no tendrá ningún problema.

Álvaro Martín Gómez, presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura en Andalucía Occidental, tomó posesión el 19 de septiembre de 2025 como nuevo presidente de la Audiencia Provincial de Sevilla.

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Carlos López-Keller es abogado, especialista en derecho penal.

Iberia y los sindicatos han cerrado un acuerdo para llevar adelante el expediente de regulación de empleo (ERE) voluntario para 996 personas, que dejarán la compañía con un 80% del salario bruto en caso de prejubilaciones y con 35 días por año trabajado para los menores de 60 años en las bajas incentivadas, han avanzado a EFE fuentes sindicales y de la compañía.

De los 10.700 empleados de Iberia, el ERE afecta a 996 personas: 106 son pilotos, 137 tripulantes de cabina de pasajeros (TCP) y 753 trabajadores de tierra, entre ellos técnicos de mantenimiento y personal de los servicios corporativos.

Contempla bajas incentivadas para menores de 60 años para todos los colectivos con un importe de 35 días, con un tope de 30 mensualidades y un mínimo de una anualidad; y prejubilaciones a partir de los 61 años en caso de tierra y pilotos y de 58 para los TCP.

El acuerdo ha sido suscrito por la empresa y los sindicatos de vuelo Sepla (pilotos), Sitcpla y Stavla (tripulantes de cabina de pasajeros o TCP), Candidatura Independiente, UGT Vuelo y CCOO Vuelo, junto con los sindicatos de tierra CCOO, UGT y ASETMA (un 92% de las secciones sindicales), según explica Iberia.

USO es el único sindicato con representatividad que no lo ha firmado porque someterá mañana a consulta el acuerdo entre sus afiliados y actuará en función del resultado, han dicho a EFE fuentes del sindicato.

Podrán acogerse a las prejubilaciones los trabajadores de tierra que hayan cumplido 60 o más años el 31 de diciembre de 2026 (nacidos en 1966 y anteriores) y los TCP con 58 años o más.

El acuerdo establece que de las 753 salidas en tierra, la empresa ofrecerá un cupo de bajas incentivadas (entre 44 y 50) que, de no completarse, permitirían la salida de más personas por prejubilación.

Los trabajadores de tierra obtendrán un 80% del salario regulador (incluido plus de asistencia y la gratificación adicional) y un convenio especial con la Seguridad Social hasta el momento en que se garantice el 100% de su pensión de jubilación ordinaria. La prestación tendrá garantizada una subida del 2% hasta que cumplan los 65 años.

Tendrán también derecho a la cobertura de la mutua Loreto hasta los 65 años.

Para los TCP, en salidas entre los 58 y los 60 años se partirá de una cantidad inicial de 2.920,04 euros por mes revalorizada acorde a la revisión salarial de convenio y que se verá incrementada, en un 2% para los años 2027 y 2028.

Para quienes dejen la empresa con más de 60 años, la cantidad será la equivalente al 100% de la pensión que hubiera correspondido si en ese momento hubiera tenido cumplidos los 65 años. En este caso, la cobertura de Loreto será hasta los 62 años.

Podrán pedir la baja incentivada quienes sean menores de 60 años al cierre de 2026, en tierra, y 58 en el colectivo de TCP. En ese caso, percibirán 35 días por año de servicio con un máximo de 30 mensualidades y un mínimo de una anualidad.

No obstante, si no se cubriera el cupo de excedentes previsto con prejubilaciones y bajas incentivadas podrán beneficiarse también de este ERE los nacidos en 1967.

Iberia ha planteado a los representantes sindicales un expediente de regulación de empleo (ERE) para 996 trabajadores, tanto de tierra como de vuelo, que sería voluntario, han dicho a EFE fuentes de la aerolínea.

El número de personas que podrían acogerse a este ERE voluntario es de 996, de las que 243 pertenecen a los colectivos de vuelo (106 pilotos y 137 tripulantes de cabina o TCP) y 753 al colectivo de tierra (305 de mantenimiento o MRO, 243 de producción en tierra y 205 de las áreas corporativas).

Este jueves se ha constituido la comisión negociadora del ERE, con la participación de representantes de la compañía y de los trabajadores de los distintos colectivos: pilotos, TCP y tierra.

La dirección de Iberia cree que hay causas suficientes ajustadas a la ley para solicitar el ERE, basadas en la necesaria renovación de perfiles que exige el proceso de transformación de la compañía recogido en su Plan de Vuelo 2030.

El presidente y consejero delegado de Iberia, Marco Sansavini, dijo el pasado 27 de febrero en la presentación de resultados de IAG - el grupo al que pertenece la española junto con British Airways, Vueling, Aer Lingus y Level- que el objeto del ERE no es tanto reducir la plantilla de la compañía, como renovar los perfiles profesionales.

El pasado 17 de febrero Iberia comunicó a los representantes de los trabajadores su intención de iniciar un procedimiento de ERE voluntario en Iberia.

La compañía había recibido a mediados de febrero la petición del comité intercentros de los trabajadores de tierra que pedía analizar si se daban las causas para iniciar un procedimiento de ERE de adscripción voluntaria.

La petición, firmada por los sindicatos UGT, CCOO, Astema y Somos-Cesha, se sumó a la que ya habían hecho antes representantes de los trabajadores de vuelo, tanto los pilotos como los TCP.

Con una flota de 168 aviones, Iberia vuela a 145 ciudades y da empleo a 10.568 personas. En 2027 cumplirá su centenario.

Telefónica ha rebajado el 20% las salidas mínimas del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para Telefónica SA, la filial de Global Solutions y la de Innovación, en una oferta que es la definitiva por parte de la compañía y que "valoran" los sindicatos, que "actuarán con responsabilidad", según ha informado EFE.

En un comunicado conjunto, CCOO y UGT han asegurado que analizarán la propuesta "con el fin de adoptar una posición definitiva, valorando de forma realista el contexto y las consecuencias que se derivan de cada una de las posibles opciones".

Este planteamiento definitivo de Telefónica contempla una mejora para las prejubilaciones y que las bases reguladoras integren los salarios fijos y el total del variable para los meses en activo en los que sigan trabajando.

Con esta nueva propuesta, las salidas para las filiales negociadas este martes son: 112 para Telefónica Global Solutions, 186 para la filial de Innovación y 301 para Telefónica SA.

Asimismo, Telefónica elimina el criterio de 'performance' de los requisitos de adhesión al ERE, mientras que ha aumentado el porcentaje de base reguladora un 1% anual, de cara al segundo tramo de rentas.

Telefónica también permitirá las salidas de áreas críticas a personas prejubilables y un 10% adicional en el resto de áreas, con un 35% en global respecto a salidas en Telefónica Innovación Digital.

Al mismo tiempo, el grupo plantea una antigüedad mínima de trece años en el grupo, mientras que establece primas de voluntariedad en función de antigüedad de hasta 18.000 euros y mantener el seguro de salud privado.

En un comunicado conjunto, CCOO y UGT han reivindicado que siguen existiendo "alternativas" a este ERE "que deberían haberse explorado con mayor profundidad y que el ajuste de empleo no puede convertirse en una herramienta recurrente de gestión".

El pasado mes de noviembre, la compañía anunció a los trabajadores la implantación de expedientes de regulación de empleo en las tres filiales principales -Telefónica de España, Telefónica Móviles y Telefónica Soluciones- y Movistar+.

Posteriormente, a principios de diciembre Telefónica propuso que estos ERE tuvieran las mismas condiciones que el que se efectuó el año pasado, sin descartar la posibilidad de despidos forzosos. Además de las filiales mencionadas en el primer anuncio, también se verían afectadas Telefónica S.A, Telefónica Global Solutions y Telefónica Innovación Digital.

Concretamente, se estimaba que afectaría a 6.088 trabajadores, un 35% de la plantilla total de las filiales implicadas. Sin embargo, los sindicatos que participan en el proceso negociador criticaron la oferta.

Telefónica ha planteado reducir otro 5% la afectación por el expediente de regulación de empleo (ERE) en tres de las siete compañías del grupo, Telefónica Global Solutions, Telefónica Innovación Digital y su matriz, Telefónica SA, ha informado UGT en un comunicado.

La dirección ya planteó el pasado día 4 reducir el número de despidos en un 5%, lo que, unido a este 5%, permitiría que la afectación fuera del 10%. Inicialmente, la medida afectaba a 6.088 trabajadores, un 35% de la plantilla total de las filiales implicadas.

Según el sindicato, Telefónica ha propuesto que el ERE rebaje 38 despidos respecto a la propuesta presentada por la dirección la semana pasada, que ya planteaba reducir en 38 personas la primera cifra del ERE para estas tres empresas.

Con esta nueva oferta, la multinacional plantea que los despidos en la matriz sean 359, mientras que en Telefónica Innovación Digital propone 221 salidas y 133 en Telefónica Global Solutions, lo que elevaría 713 despidos en estas tres filiales. En total, el cambio que proponen es reducir los despidos a 5.961 en el total del grupo.

UGT considera que la reducción es "totalmente insuficiente" y continúa "muy alejada" de un posible escenario de acuerdo, al tiempo que reclaman explorar alternativas como la movilidad funcional dentro del grupo. Así, han destacado que no existe "posibilidad de acuerdo real" en estas condiciones y urgen a acelerar la negociación porque los avances "siguen siendo claramente insuficientes".

Asimismo, Telefónica ha propuesto actualizar los tramos de renta para las prejubilaciones, con un 68% del salario para los trabajadores hasta los 63 años y un 38% a partir de entonces, aunque UGT pide mejorar "todavía más los márgenes", que son, a su juicio, poco atractivos. El sindicato también exige ampliar la edad mínima para poder inscribirse como salida voluntaria a aquellas personas nacidas en 1971, y años anteriores. 

Telefónica ha propuesto que los expedientes de regulación de empleo (ERE) tengan las mismas condiciones que el efectuado en 2024, que afecten a empleados nacidos en 1971, o con anterioridad, sin descartar despidos forzosos, según han informado fuentes sindicales.

El plan, que lleva negociándose con sindicatos este último mes, afectará a las tres empresas que forman la operadora en España -Telefónica de España, Telefónica Móviles, Telefónica Soluciones- y también a las unidades de Telefónica S.A, Telefónica Global Solutions, Telefónica Innovación Digital y Movistar+. En total, afectaría a 6.088 trabajadores, un 35% de la plantilla total de las filiales implicadas.

Según han informado los sindicatos, la multinacional ha negociado este lunes las condiciones para sus tres filiales principales: Telefónica Móviles, Telefónica Soluciones y Telefónica España, en las que contempla 5.040 salidas. Ha planteado que los nacidos entre 1969 y 1971 cobren el 68% del salario hasta los 63 años (el 38% entre 63 y 65); los nacidos entre 1965 y 1968, el 62% hasta los 63 años (34% entre 63 y 65 años); y los nacidos en 1964 y anteriores, el 52% hasta los 63 años (el 34%, entre los 63 y 65 años).

En las condiciones ofrecidas, se incluye una actualización anual del 1% del salario en el tramo entre los 63 y 65 años; la posibilidad de que la familia mantenga el cobro si el empleado fallece; el pago de la seguridad social y el seguro médico; una aportación extra al plan de pensiones; y asumir las cotizaciones mientras el trabajador esté en desempleo. 

La oferta de Telefónica ha sido criticada por UGT y CCOO, quienes han rechazado que la compañía no descarte cubrir las 5.040 bajas con despidos forzosos y que elimine la posibilidad de que afecten estas salidas a áreas no excedentarias y críticas.

Según han recordado a EFE fuentes sindicales, en el ERE de 2024 Telefónica incluyó un margen de voluntariedad en áreas críticas, a diferencia del actual. Sí reconocen que, en el ERE de 2024, se mantuvo la posibilidad de que hubiera ERE forzosos, una situación que aceptaron porque creían que se iban a cubrir las plazas de forma voluntaria, según han asegurado. Esta situación es distinta a la actual, según han explicado, porque el número de afectados es mayor en la actualidad y entran en los ERE empleados nacidos en varios años. 

Con estos condicionantes, no tienen tan claro que se cubran las salidas solo con voluntarios, motivo por el que quieren que se elimine esta posibilidad de la propuesta.

Este martes ha tenido lugar la segunda reunión entre los representantes sindicales de Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT) y Telefónica, después de que la compañía de telecomunicaciones plantease un expediente de regulación de empleo (ERE) que, según las informaciones conocidas hasta la fecha, afectaría a 6.088 trabajadores, un 35% de la plantilla total de las filiales implicadas en el proceso. Tras constituirse las primeras mesas de negociación, fuentes sindicales señalan a infoLibre que la empresa ha justificado el proceso “por la competencia del mercado, la reducción de márgenes y la automatización de procesos mediante inteligencia artificial (IA)”.

Cuestiones como “los menores márgenes por venta de fútbol” o la transición del cobre a la fibra óptica también aparecen entre las causas que alega la empresa. “Esto se ha llevado muchos puestos de trabajo, sobre todo en operaciones, porque antes teníamos muchas averías todos los días —si hacía mal tiempo mucho más— y ahora la fibra es prácticamente inmune a cualquier acontecimiento climático y no tiene averías”, señalan fuentes de la negociación.

En cuanto a su negocio audiovisual, la operadora compró recientemente los derechos de la Champions para emitir el fútbol hasta 2031, aunque pagará un 14% más por ellos respecto al contrato actual. Otros puntos que también aparecen son la competencia de las empresas low cost o una reducción de sus márgenes por los rivales en el mercado.

La digitalización de los procesos y la irrupción de la inteligencia artificial son dos de los puntos que abordan. “Lo que alegan es que les sobra personal. Además, estiman que en el corto plazo, van a poder hacer muchas otras tareas con inteligencia artificial”. De hecho, a este punto se ha referido UGT en la nota de prensa publicada en la mañana de este miércoles: “reclamamos a Telefónica apostar por estrategias que permitan abrir nuevas oportunidades de negocio aprovechando la IA, no utilizarla para hacer despidos”, señalaban.

Por su parte, desde CCOO, afirman que la información que han recibido es “incompleta y contradictoria en algunos casos”. Solicitan más datos relativos a las personas afectadas y que se aclaren unos plazos de salida que no son claros: “Si bien se establece que la mayoría de ellas se realizará en 2026, también mencionan el año 2027 y hasta diciembre de 2028”, concluyen.

“No compartimos en absoluto que una empresa que tiene beneficios y que está participada con recursos públicos despida a más de 5.000 trabajadores”, ha dicho la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Además, ha calificado la operación de “indecente”, alegando que “el dinero público no está para despedir a nadie”. Desde la cartera de Economía, el ministro Carlos Cuerpo se ha limitado a señalar que estarán “encima” para que el proceso se haga “de la mano de los sindicatos”.

Telefónica es una de las empresas españolas consideradas como estratégicas y está participada por el Estado. Entre su accionariado, una parte importante, el 10,06% es público y está en manos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). A continuación aparece Criteria Caixa, con un 10,05%; Saudí Telecom, con 10,03%; BBVA Asset, con el 5,05% y el fondo de inversión estadounidense Black Rock, con un 3,6%.

El despido afecta a siete filiales de la compañía y aunque los números suelen bailar en las primeras fases de estas negociaciones, las más golpeadas serían tres: Telefónica España, con 3.649 puestos afectados; Telefónica Móviles España, con 1.124 afectados, y Telefónica Soluciones, con 267 afectados. Todas estas sociedades, que suman 5.040 trabajadores, están unidas bajo un convenio conjunto (CEV) que les permite negociar como un bloque, pero además hay otras cuatro filiales más afectadas.

Telefónica Sociedad Anónima, Telefónica Global Solutions, Movistar Plus y Telefónica Innovación Digital suman a la cuenta 1.048 personas más, hasta llegar a la cifra propuesta por la empresa de 6.088. Desde la compañía, han declinado hacer declaraciones mientras tiene lugar el proceso de negociación.

La empresa es un gigante del sector de las telecomunicaciones, con una capitalización bursátil que supera los 21.000 millones, según los datos del gestor de bolsa BME. La multinacional emplea a nivel internacional a una plantilla de 100.800 trabajadores y opera en 10 países, aunque recientemente se desplomó en bolsa un 13%, su tercera mayor caída de la historia en una jornada. Las causas: una menor retribución a los accionistas y un plan estratégico que busca ahorrar hasta 3.000 millones de euros anuales en costes.

En esta primera ronda de contactos apuntan a que han comenzado a tantear la forma de reducir “el volumen de despidos” y buscar acuerdos en lo que tiene que ver con las indemnizaciones. “Todo esto nos llevará hasta Navidad”, señalan fuentes sindicales. Entre las peticiones está que no haya ninguna adhesión forzosa y que no se produzca “discriminación en relación con el sesgo de edad”.

Además, piden que algunas salidas se enlacen con la jubilación y que para ello se tenga en cuenta que la edad de jubilación va a subir en España. “Hay que tener en cuenta el impacto de la ley que actualiza el sistema de Seguridad Social elevando la edad a 66 años y 10 meses en 2026 y a 67 años en 2027, lo que condiciona cualquier medida que pretenda vincularse a la jubilación anticipada”, concluyen desde CCOO.

Además, piden que el plan de salida se vincule a medidas para mejorar las condiciones laborales: revisiones salariales, incremento del importe para dietas y kilometraje, permisos retribuidos, aumentar el teletrabajo, jornadas flexibles bonificadas, mejorar las pólizas de salud o los avales de vivienda, entre otras.

No es la primera vez que la compañía pasa por un proceso de despidos tan amplio. En el periodo 2023-2024, bajo el mandato de José María Álvarez‑Pallete, la multinacional pactó con los sindicatos un ERE que supuso la salida de 3.421 trabajadores. Un plan que costó a la compañía 1.300 millones, pero que estaba destinado a ahorrar en costes de personal. De hecho, la sospecha de un nuevo expediente de regulación de empleo ya llevaba sonando un tiempo, desde que en la presentación de su plan estratégico deslizaran que ahorrar y simplificar la estructura de la firma serían los objetivos primordiales y que estimaban una reducción del 25% en costes operativos.

Telefónica plantea la salida de 6.088 trabajadores de siete de sus filiales, Telefónica de España, Telefónica Móviles, Telefónica Soluciones, Movistar+, Telefónica S.A. y Telefónica Global Solutions, en el arranque de la negociación de los expedientes de regulación de empleo (ERE), según han apuntado este martes fuentes sindicales.

El pasado lunes tuvo lugar la primera reunión en la que se comunicó el número de despidos en Telefónica de España, Telefónica Móviles y Telefónica Soluciones, las tres filiales principales, donde la cifra ascendió a 5.337 personas, siendo estas sedes las más afectadas por el ERE.

Este martes se ha constituido la mesa de negociación para Telefónica Global Solutions, donde se verán afectados inicialmente 140 personas, un 21,94% de una plantilla de 638 trabajadores; así como para Telefónica Innovación Digital, donde la empresa plantea 233 salidas, lo que supondría un 23,46% de la plantilla de 993 trabajadores de dicha filial. En el caso de Telefónica S.A. se han comunicado 378 bajas en la constitución de la mesa de negociación para una plantilla de 1.160 trabajadores, lo que supondría un 32,58% de la misma. Estas 751 salidas de dichas filiales se suman a las planteadas por la empresa el lunes.

UGT y CCOO señalan que existen alternativas viables, tanto en materia de empleo como en la organización del trabajo, que consideran deben ser exploradas antes de aceptar la pérdida de empleo. Por lo tanto, no comparten ni consideran justificada la necesidad de recurrir a despidos colectivos como vía de ajuste organizativo. Así, apuntan que su prioridad será preservar el empleo y las condiciones de quienes hoy forman parte de la empresa. También exigirán que sean procesos voluntarios, basados en prejubilaciones y universales.

En el mismo comunicado señalan que no aceptarán acuerdos parciales y apuntan que las siete mesas de negociación sobre los procesos de despido colectivo, así como las prórrogas que afectan a los convenios colectivos de las distintas empresas del grupo deben avanzar de forma coordinada y cerrarse simultáneamente para garantizar acuerdos que puedan respaldar. 

El plan estratégico de Telefónica, presentado el 4 de noviembre, pretende llevar a cabo, entre otras medidas, una reducción del 25% de sus costes operativos del centro corporativo y de sus unidades globales (Telefónica Tech, Telefónica Infra y su unidad de Innovación), lo que supone una estimación de unos 2.010 millones en un horizonte de 2030.

Telefónica ha anunciado a los trabajadores expedientes de regulación de empleo (ERE) para un total de 5.319 personas en Telefónica de España, Telefónica Móviles y Telefónica Soluciones, sus tres filiales principales, y Movistar+ según han informado este lunes fuentes de UGT y ha recogido EFE.

De momento, no ha trascendido el número de afectados en las otras cuatro filiales del grupo, en las que este martes comenzarán las reuniones de las mesas de negociación para materializar más despidos.

Después de la reunión de este lunes, convocada para estas tres empresas, Telefónica ha anunciado a lo sindicatos que uno de los ERE afectará a 3.649 personas de Telefónica de España; otro a 1.124 de Telefónica Móviles; y 267 de Telefónica Soluciones, según han informado este lunes desde UGT. En total, son 5.040 personas las afectadas en los ERE de sus tres sociedades principales, a los que se suman 279 salidas de Movistar+.

Estas medidas, que se han empezado a negociar este lunes entre empresa y sindicatos, afectará en principio al 41,04% de la plantilla de Telefónica España, donde hay 8.892 empleados; el 31,34% de Telefónica Móviles, donde trabajan 3.587 personas; y el 23,89% de Telefónica Soluciones, que emplea a 1.118 personas. En Movistar+, el ERE afecta al 32,45% de la plantilla, de 860 personas. Estos datos están pendientes de que concluya la negociación.

UGT y CCOO han exigido en sendas notas de prensa que cualquier medida de este tipo tiene que ser con carácter voluntario.

En este contexto, UGT ha pedido que cualquier medida que se adopte tiene que estar en consonancia con el último ERE que ya planteó la compañía en 2024, en cuando a condiciones, y ha advertido de que no se alcanzará un acuerdo si no se prorroga el actual convenio de estas tres empresas hasta el 2030.

El objetivo es que se extiendan las garantías y se mejore las condiciones sociolaborales de la plantilla para asumir los retos del nuevo plan estratégico, presentado por el presidente de Telefónica, Marc Murtra, el pasado 4 de noviembre.

Por su parte, CCOO ha reclamado que estos ERE sean universales y que enlace con las jubilaciones. La compañía les ha entregado este lunes a los sindicatos la documentación tal como exige la normativa y un calendario de reuniones.

Está previsto que este martes a partir de las 9:30 horas comiencen las reuniones en las otras cuatro filiales de la compañía, donde está previsto que la compañía les anuncie más salidas. Concretamente, se anunciará el relativo a Tefónica S.A, Telefónica Global Solutions y Telefónica Innovación Digital. Algunos medios han adelantado que estos expedientes afectarán a más de 6.000 personas, un extremo que la dirección de Telefónica no ha confirmado.

Por su parte, el ministro de Transformación Digital y para la Función Pública, Óscar López, ya advirtió hace días de que cualquier medida de este tipo en Telefónica tiene que estar consensuada con los sindicatos.

El nuevo plan estratégico, presentado el 4 de noviembre, incluye medidas como una reducción del 25% de sus costes operativos del centro corporativo y de sus unidades globales (Telefónica Tech, Telefónica Infra y su unidad de Innovación), lo que supone una estimación de unos 2.010 millones en un horizonte de 2030. En Telefónica, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) tiene el 10% de las acciones.

Telefónica comenzará a negociar mañana, lunes, tres de los siete expedientes de regulación de empleo (ERE) que ha anunciado que presentará en otras tantas filiales del grupo en un contexto de plan estratégico, con el que busca una reducción de costes operativos de hasta un 25%.

Este lunes comenzará la primera reunión entre dirección y sindicatos, en una mesa de negociación en la que se prevé que la compañía exponga la motivación de los ERE y el número de afectados en Telefónica Móviles, Telefónica Soluciones y Telefónica España, las tres empresas que están amparadas en el Convenio de Empresas Vinculadas (CEV) del operador, según han informado a EFE fuentes sindicales.

Los ERE restantes, un total de cuatro -en la matriz, Telefónica S.A, Telefónica Global Solutions, Telefónica Innovación Digital y Movistar+- se comenzarán a tratar el martes en una reunión de la mesa de negociación.

De momento no se han adelantado cifras, aunque algunos medios de comunicación apuntan a que pueden llegar a los 6.000 afectados, un extremo que la dirección de Telefónica no ha confirmado.

La compañía notificó que presentaría estos ERE el pasado lunes a los representantes de los trabajadores. A partir de ahí, comenzó a contar el plazo de una semana para constituir las mesas de negociación.

UGT y CCOO han pedido que cualquier medida de este tipo se efectúe con acuerdo de la parte sindical. Además, han reclamado que se garanticen las condiciones laborales del resto de la plantilla hasta 2030.

El sindicato ha puesto como referencia para el acuerdo de estos ERE el modelo acordado en 2024 para Telefónica España, Telefónica Móviles y Telefónica Soluciones y por el que salieron más de 3.400 personas.

Por su parte, el ministro de Transformación Digital y para la Función Pública, Óscar López, ha advertido de que cualquier medida de este tipo en Telefónica tiene que estar consensuada con los sindicatos.

El plan estratégico de Telefónica, presentado el 4 de noviembre, incluye medidas como una reducción del 25% de sus costes operativos del centro corporativo y de sus unidades globales (Telefónica Tech, Telefónica Infra y su unidad de Innovación), lo que supone una estimación de unos 2.010 millones en un horizonte de 2030.

Telefónica ha anunciado a los sindicatos su intención de iniciar siete procedimientos de despido colectivo en otras tantas empresas del grupo, aunque de momento no les ha ofrecido datos sobre el número de trabajadores que estarán afectados, según han informado a EFE este lunes fuentes sindicales.

Los expedientes de regulación de empleo (ERE) afectarán a las tres empresas que forman la operadora en España -Telefónica de España, Telefónica Móviles, Telefónica Soluciones- y también a las unidades de Telefónica S.A, Telefónica Global Solutions, Telefónica Innovación Digital y Movistar+.

De momento no se han adelantado cifras y los datos se concretarán en las reuniones que mantendrán el próximo día 24 para el caso de las tres empresas que conforman la operadora en España y el día 25 para el resto de unidades, según ha precisado UGT.

La compañía ha notificado esta medida a los representantes de los trabajadores en un contexto en el que ha presentado su nuevo plan estratégico. En este plan, Telefónica incluye medidas como una reducción del 25 % de sus costes operativos del centro corporativo y de sus unidades globales (Telefónica Tech, Telefónica Infra y su unidad de Innovación), lo que supone una estimación de unos 2.010 millones en un horizonte de 2030.

Tras esta notificación se activa el plazo de una semana para constituir las comisiones negociadoras. Fuentes sindicales han precisado a EFE que la compañía optará por el ERE en lugar de por el Plan de Suspensión Individual (PSI) que Empleo, que hizo en alguna ocasión, porque esta medida ofrece mejores garantías jurídicas y fiscales a los afectados.

UGT ha rechazado en un comunicado difundido este lunes esta medida, ya que, a su juicio, una vez más la compañía recurre al recorte de plantilla como vía de ajuste organizativo y ha insistido en que la "voluntariedad" ha de ser el eje central de estos nuevos despidos.

El sindicato ha puesto como referencia para el acuerdo de estos ERE el modelo acordado en 2024 para Telefónica España, Telefónica Móviles y Telefónica Soluciones y en el que salieron más de 3.400 personas.

UGT ha exigido además la "apertura inmediata" de las mesas de negociación de todos los convenios colectivos, en un contexto en el que reclama una vigencia mínima hasta 2030 para garantizar estabilidad, coherencia con el Plan Estratégico de la empresa y protección de los derechos laborales.

Por su parte, CCOO ha afirmado que estará en primera línea de negociación de este ERE y ha coincidido con UGT en que será "indispensable" el mantenimiento y mejora de las condiciones laborales de las personas que permanezcan vinculadas a las empresas a futuro.

Su apuesta también pasa por extender o negociar los convenios pertinentes con un marco temporal igual al que fue anunciado para el plan estratégico, es decir, con un horizonte hasta el 2030.

Por su parte, el ministro de Transformación Digital y para la Función Pública, Óscar López, ha advertido este lunes de que cualquier medida de este tipo en Telefónica tiene que estar consensuada con los sindicatos.

Cruz Roja Española ha comunicado formalmente al comité de empresa su intención de iniciar un nuevo expediente de regulación de empleo (ERE), el tercero en menos de dos años, que afectará a 118 trabajadores en todo el territorio. 

La decisión llega cuando apenas han pasado cuatro meses desde que la Audiencia Nacional declaró nulo el anterior proceso de despido colectivo, el segundo que la Justicia tumba en menos de dos años. La organización registró en 2024 un excedente —el equivalente a beneficio en las entidades sin ánimo de lucro—  de 30,69 millones de euros. Sumando los cuatro últimos ejercicios, el excedente asciende a 93 millones de euros. 

Según la información trasladada al comité de empresa, el nuevo ERE se plantea por causas organizativas y de producción, los mismos motivos que el expediente anterior, anulado por la Audiencia Nacional el pasado junio. El tribunal ordenó la readmisión de los trabajadores al considerar que la documentación aportada por la entidad era insuficiente, desordenada e incongruente, lo que impidió a los representantes de la plantilla conocer las causas reales del ajuste. 

Antes, en junio de 2024, ya había anulado el primer intento de despido colectivo —y obligado a la readmisión de los afectados— al concluir que los 149 ceses ejecutados entre octubre y diciembre de 2023 constituían en realidad un ERE encubierto sin negociación ni periodo de consultas. 

El nuevo expediente incluye a los trabajadores de la oficina central despedidos y readmitidos por sentencia judicial dos veces desde diciembre de 2023, que, hasta hoy, siguen cobrando sus nóminas sin poder acceder a sus puestos de trabajo, a las plataformas internas ni al edificio, en lo que califican de “readmisión en falso”. La entidad mantiene que esos puestos “están amortizados y no son necesarios en el funcionamiento diario”.

El comité de empresa de la oficina central considera el nuevo intento de despido colectivo “una irresponsabilidad y un desprecio hacia la plantilla, hacia los fondos públicos con los que se sostiene gran parte de la actividad de Cruz Roja Española y hacia los valores que la organización dice defender”. Los representantes sindicales exigen la retirada inmediata del procedimiento y que la organización abra “un espacio de diálogo real” en lugar de “insistir en un camino que ya ha demostrado ser un fracaso jurídico, económico y humano.”

Mientras tanto, sigue pendiente el recurso presentado por Cruz Roja ante el Tribunal Supremo contra la última sentencia de la Audiencia Nacional. Como publicó infoLibre, la dirección había asegurado inicialmente que no recurriría la resolución, pero lo hizo el último día del plazo.

La vía abierta para cuestionar desde cualquier juzgado o tribunal ordinario las resoluciones del Tribunal Constitucional que ha inaugurado la sección primera de la Audiencia de Sevilla con el caso de los ERE nació en el interior del propio tribunal de garantías. Fueron tres magistrados propuestos por el PP, Enrique Arnaldo, Concepción Espejel y César Tolosa, los que introdujeron la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que invoca ahora tanto ese partido como el tribunal provincial sevillano para intentar saltarse, por primera vez en 45 años, las resoluciones del máximo intérprete de la Constitución del que forman parte. La resolución europea que consideran aplicable al caso, permite desobedecer decisiones del Constitucional si su independencia del Gobierno y el Parlamento no está garantizada, algo que el PP da por hecho pese a haber nombrado a cinco de sus actuales miembros.

Tanto el presidente del tribunal de garantías, Cándido Conde-Pumpido, como parte de sus miembros -los del sector progresista- consideran que la cuestión prejudicial ante el TJUE anunciada por la Audiencia de Sevilla supone una sacudida a la estructura institucional del Estado, porque permite a cualquier tribunal ordinario -desde un juzgado de primera instancia e instrucción de pueblo hasta el Tribunal Supremo- cuestionar resoluciones del Constitucional o suspender su aplicación mientras Luxemburgo resuelve. El nuevo mecanismo alentado por los magistrados conservadores puede afectar también a todo el sistema de recursos dentro de la propia justicia ordinaria permitiendo la insubordinación frente a tribunales superiores, tal y como avisan desde el órgano de garantías.

Los tres autores intelectuales de la crisis generada (que el Constitucional abordará en su próximo pleno la semana que viene sin que, previsiblemente, se llegue a ningún acuerdo) introdujeron la sentencia de Luxemburgo en el caso Euro Box Promotion -referida a un Estado como Rumanía, sometido a permanente monitorización de sus sistema judicial y de lucha contra la corrupción por la UE desde su incorporación al club comunitario en 2007- en varios votos particulares sobre las sentencias que redujeron las condenas a los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, así como a otros cargos políticos de la Junta.

En toda la trayectoria del caso ERE, desde el inicio de la instrucción de la juez de Sevilla Mercedes Alaya hasta el Constitucional, solo los votos particulares de estos tres magistrados han hecho referencia a hipotéticas vulneraciones derecho de la Unión Europea que permitirían la intervención del TJUE algo que no aparecía en la sentencia del Supremo ni en la previa de la Audiencia de Sevilla. Los magistrados de este tribunal provincial, sin embargo, han apreciado esas infracciones justo ahora, inspirados por el PP y los tres jueces conservadores del Constitucional, cuando tienen que dictar nuevas sentencias contra los cargos políticos tras la anulación de las previas por el órgano de garantías.

En varios de sus votos particulares, Arnaldo señala que el derecho de la UE no es directamente aplicable al caso de los ERE "al no tener los fondos públicos malversados origen comunitario", pero considera que las sentencias del Constitucional sacadas adelante con el voto de la mayoría de magistrados podrían vulnerar "los principios del derecho de la Unión Europea sobre el control del gasto público". "No me parece aventurado afirmar que esa gestión, en el conocido como 'caso de los ERE de Andalucía' (...) ha sido contraria no solo al derecho interno, sino también al derecho de la Unión Europea", sostiene en su voto opuesto a la sentencia de Griñán entre otras. Después, se refiere a la sentencia Euro Box Promotion como la que sistematiza "la actividad presupuestaria y la lucha contra el fraude y la corrupción en el ámbito de los fondos europeos", fondos que, como el propio magistrado conservador reconoce, no aparecen en el caso andaluz.

Espejel, por su parte cita esa misma resolución del TJUE al considerar que la doctrina sacada adelante por la mayoría del Constitucional en los ERE "incumple las exigencias internacionales de lucha contra la corrupción política y cuando tenga proyección en la protección de los intereses financieros de la Unión Europea producirá un incumplimiento de las obligaciones de España" que, según la magistrada, sería incompatible con los tratados comunitarios.

Su compañero César Tolosa cita la sentencia de Luxemburgo en la misma línea al asegurar que "de tratarse de fondos procedentes de la UE" (los supuestamente malversados no lo son), la decisión del Constitucional sobre los ERE "generaría un riesgo sistémico de impunidad respecto a las infracciones de fraude grave". La unidad de esos los tres magistrados a propuesta del PP contrasta con la posición de su compañero de sensibilidad Ricardo Enríquez, que, pese a oponerse al criterio mayoritario, no se refiere a la polémica sentencia sobre Rumanía en ninguno de sus votos particulares discrepantes.

Ninguno de esos votos particulares lo recoge expresamente, pero la sentencia del TJUE que invocan, además de referirse a la corrupción o el fraude que afecte a los intereses de la Unión, implica un juicio sobre la falta de autoridad y de legitimidad del propio Constitucional. Porque el apartado tercero de su fallo establece que "las resoluciones del tribunal constitucional nacional vinculan a los órganos jurisdiccionales ordinarios", pero siempre que "el derecho nacional garantice la independencia de dicho tribunal constitucional, en particular respecto de los poderes legislativo y ejecutivo".

Ese fue, precisamente, el argumento que, el pasado 10 de febrero contenía el escrito del PP que, como acusación popular en el caso ERE, reclamó a la Audiencia de Sevilla que cuestionara ante el TJUE la sentencia del Constitucional sobre los ERE. "El derecho nacional", es decir, el español, "no garantiza la independencia del Tribunal Constitucional, en particular respecto de los poderes Legislativo y Ejecutivo", sostenía el documento del partido de Feijóo. Un ataque directo y al centro del máximo intérprete de la Constitución, garante de los derechos fundamentales y uno de los pilares de nuestra estructura institucional, inspirado, desde dentro, por varios de sus miembros.

La Audiencia de Sevilla ha pedido al Constitucional que le justifique la razón por la que este último le ha solicitado la providencia en la que cuestionó el amparo concedido por la propia corte de garantías a distintos condenados por el caso ERE de Andalucía como Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Este nuevo paso, recogido en una diligencia a la que ha tenido acceso EFE este jueves, se produce después de que el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, abriera el debate sobre si la Audiencia sevillana puede elevar una cuestión prejudicial a la Justicia europea por este caso, para lo cual previsiblemente se pedirá un informe al respecto a los letrados de la institución.

La Audiencia de Sevilla había cuestionado previamente que el amparo concedido por el Constitucional a distintos condenados fuera del todo compatible con el derecho de la Unión Europea, y pidió opinión a las partes sobre si la corte de garantías se extralimitó e invadió ámbitos reservados a los jueces.

En la nueva diligencia, la Sección Primera pide en concreto al TC que "justifique la finalidad o razón de ser" de la solicitud en la que el secretario de la corte de garantías, a través de un oficio a la Audiencia, solicita "remisión del testimonio" de la providencia en la que el tribunal sevillano dio ese nuevo paso.

Esta diligencia puede ser impugnada mediante un recurso de reposición, aunque la Audiencia aclara que la interposición del mismo "no tendrá efectos suspensivos" respecto de la resolución recurrida.

Conde-Pumpido ha consultado este semana a varios magistrados sobre si un tribunal ordinario puede acudir al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) para tratar de esquivar las resoluciones del Constitucional, según indicaron a EFE fuentes jurídicas. El presidente, añadieron las fuentes, manifestó su intención de pedir un informe a los letrados de la corte de garantías para que se pronunciaran sobre la viabilidad de que jueces españoles puedan plantear una cuestión prejudicial por resoluciones del TC.

Los jueces y magistrados españoles son competentes para preguntar al TJUE, pero la duda reside en si lo pueden hacer respecto de resoluciones de la corte de garantías con las que discrepan. Este asunto llegó a ser discutido en el pleno del Constitucional y, tras escuchar las opiniones de los magistrados, se acordó pedir copia de la providencia a la Audiencia de Sevilla -como ya ha ocurrido- para ya después, previsiblemente, pedir el informe a los letrados, según las fuentes consultadas.

En la providencia que el TC ha pedido al tribunal sevillano , que a su vez le ha replicado que justifique su solicitud, este último planteaba dudas sobre la compatibilidad con el Derecho de la Unión Europea de la resolución del Constitucional, que anuló la pena de cárcel a Griñán y rebajó la pena de Manuel Chaves. Concretamente, la Audiencia pedía la opinión de las partes sobre si el Constitucional se había "extralimitado" en la función de control que le corresponde, "invadiendo ámbitos reservados a la jurisdicción de los jueces y tribunales" al revisar lo planteado tanto por la propia Audiencia de Sevilla como por el Tribunal Supremo.

La Audiencia de Sevilla ha cuestionado que el amparo concedido por el Tribunal Constitucional a condenados del caso ERE de Andalucía como Manuel Chaves y José Antonio Griñán sea del todo "compatible" con el derecho de la Unión Europea, y ha pedido opinión a las partes sobre si la corte de garantías se "extralimitó" e "invadió" ámbitos reservados a los jueces.

En una reciente providencia a la que ha tenido acceso EFE este miércoles, la Sección Primera del tribunal provincial plantea de esta forma dudas sobre la compatibilidad con el derecho de la Unión Europea de la resolución del Tribunal Constitucional, que anuló la pena de cárcel al expresidente andaluz José Antonio Griñán y rebajó la pena del también expresidente Manuel Chaves.

Por ello, da audiencia a las partes para que aleguen sobre el posible planteamiento de una cuestión prejudicial de interpretación ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), precisamente después de que el PP, que ejerce la acusación popular en la macrocausa, ya presentara una cuestión prejudicial relacionada con este asunto.

En su resolución, la Audiencia sevillana recuerda que el Constitucional estimó parcialmente recursos de amparo de condenados en la denominada 'pieza política' de los ERE para restablecer el derecho fundamental a la legalidad penal que consideró vulnerado. De esta forma, el TC declaró la nulidad parcial de las sentencias condenatorias tanto de la Audiencia de Sevilla como del Tribunal Supremo y ordenó al órgano provincial que dictara un nuevo pronunciamiento "respetuoso con el derecho fundamental que se entiende vulnerado".

Ahora, ante la "coyuntura" de dictar esos nuevos pronunciamientos, la Audiencia apostilla que no puede "dejar de lado" la posibilidad de que las valoraciones que hace el Constitucional en esas sentencias "no sean del todo compatibles con el derecho de la Unión", indica la providencia. En ese punto hace referencia a artículos del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y de la Ley Orgánica de Poder Judicial y da audiencia a las partes para que, en el plazo de diez días, aleguen sobre el posible planteamiento de una cuestión prejudicial de interpretación ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Concretamente, pide la opinión de las partes sobre si el Constitucional se ha "extralimitado" en la función de control que le corresponde, "invadiendo ámbitos reservados a la jurisdicción de los jueces y tribunales" al revisar lo planteado tanto por la propia Audiencia de Sevilla como por el Tribunal Supremo. En este sentido, la Audiencia habla de una "interpretación alternativa" por parte de la corte española de garantías de elementos normativos de los tipos penales de prevaricación y de malversación de caudales públicos.

También plantea si la interpretación del Constitucional sobre las leyes de presupuesto de Andalucía de los años 2002 a 2009 "se opone" a la normativa y jurisprudencia comunitaria al dejar "al margen de todo control" aquello que tenga que ver con la actividad presupuestaria, desde la fase inicial de elaboración de los presupuestos a la fase final de su ejecución.

"Esto podría generar una situación de desprotección del patrimonio público y una merma del correcto funcionamiento de la actividad patrimonial del Estado, de la confianza de la sociedad en el manejo honesto de fondos públicos y de los deberes de fidelidad y transparencia que tienen los funcionarios públicos a cuyo cargo se encuentran los bienes de la administración pública", sentencia la Audiencia.

Además, expone la posibilidad de que la doctrina del TC incumpla las exigencias internacionales de lucha contra la corrupción política, "incompatible" con lo dispuesto en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea sobre la lucha contra el fraude y contra la actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la Unión.

También alude a la posibilidad de que los tribunales ordinarios no apliquen las sentencias del Tribunal Constitucional "interpretativas" de las normas legales autonómicas (leyes de presupuesto de 2002 a 2009) que, a su juicio, "conducen a entender como lícitas las conductas de los acusados cuando, según los tribunales ordinarios nacionales, dichas normas no excluyen la tipicidad penal". La Audiencia concluye su providencia indicando que contra la misma no cabe recurso dado que la finalidad de la resolución es decidir si procede o no el posterior planteamiento de una cuestión prejudicial.

Este último giro suma un nuevo capítulo a una macrocausa como la de los ERE que, más allá del ahora cuestionado pronunciamiento del Constitucional y las dudas planteadas sobre la conformación del tribunal que debía pronunciarse, sigue además viva en los tribunales -más de una década después de iniciarse- con un centenar de piezas separadas todavía pendientes.

UGT ha presentado este lunes una demanda en la Audiencia Nacional en la que solicita la nulidad del despido colectivo anunciado por Cruz Roja el pasado mes, que afecta a más de un centenar de trabajadores, según informa EFE.

En un comunicado, el sindicato explica que no firmó el despido colectivo porque las causas no estaban, ni están justificadas, por lo que han presentado una demanda ante la Audiencia.

Alude a la "inexistencia de causas organizativas para el despido objetivo" al recordar que todos los años en el seno de la entidad finalizan unos programas y se inician otros; muestra de ello es que "Cruz Roja, en el 2024, no ha visto resentida su viabilidad económica pues vuelve a presentar excedentes con mayores ingresos que gastos".

Y acusa a Cruz Roja de "falta de buena fe negociadora, no dando la información requerida", por lo que la parte social de la mesa no ha dispuesto de los datos ni documentación que verificara las causas del despido colectivo. 

Los trabajadores que han perdido su empleo por culpa de un despido colectivo, los antiguos ERE (Expedientes de Regulación de Empleo), han aumentado un 12% entre enero y octubre de este año respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. Según la última estadística publicada por el Ministerio de Trabajo, un total de 32.732 personas han sido despedidas utilizando una de estas fórmulas de regulación de empleo.

La cifra confirma una tendencia al alza que ya se reflejó en las estadísticas de 2023, cuando los trabajadores despedidos en un ERE crecieron un 34% en comparación con 2022. Este año aún faltan los datos de los dos últimos meses, noviembre y diciembre, que previsiblemente empeorarán los registros, pues las empresas suelen utilizar el final del ejercicio ara ejecutar sus recortes de plantilla. También hay que contar con los ERE que de forma inevitable van a presentar las empresas en la Comunidad Valenciana por la dana. Según el Ministerio de Trabajo, a fecha de 26 de diciembre, 2.848 empresas valencianas habían solicitado ya acogerse a un ERTE –suspensión de contratos o reducción de jornada– de fuerza mayor para proteger a 31.668 trabajadores.

Otras, en cambio, estarán abocadas al cierre. Desde el covid, tanto los ERE como los ERTE de fuerza mayor no han dejado de reducir su número. Entre enero y octubre, los despidos por esa causa han sido sólo 325, aun así un 48% más que en los mismos 10 meses de 2023.

La mayoría de las empresas aduce motivos económicos cuando ejecuta despidos colectivos. Entre enero y octubre de este año, el 48% de los trabajadores afectados por un ERE de este tipo han sido despedidos por esa causa. En concreto, porque sus empleadores tenían pérdidas. En total, 15.771 personas perdieron su trabajo en empresas que estaban en números rojos, un 4,36% más que en el mismo periodo de 2023. Las empresas que alegan causas organizativas son menos, pero los trabajadores despedidos por esa razón casi se han duplicado este año, hasta alcanzar los 8.334. Por causas productivas, las personas despedidas han bajado casi un 16%.

En el caso del ERE de MasOrange, sin embargo, el detonante fue la fusión que ha creado esa marca, Orange y MásMóvil. El pasado noviembre se cerró el despido colectivo, pactado con UGT y Fetico, que ha supuesto un recorte de plantilla de 650 trabajadores. Tras adherirse al ERE de forma voluntaria 465 personas, se ejecutarán 185 despidos forzosos. Las primeras percibirán hasta 47 días por año trabajado de indemnización; los segundos, hasta 45 días.

Otro despido colectivo que habrá que añadir a la estadística del año será el de Decathlon, que ha anunciado el cierre de su centro logístico de Sevilla este mismo día 31. El 30% de sus 110 trabajadores serán recolocados en otras instalaciones, pero el resto se quedará sin empleo, a cambio de una compensación de 30 días por año de antigüedad.

Cruz Roja también despide en diciembre. A 321 trabajadores, que se sumarán a los 149 cuyos contratos extinguió la ONG el pasado año. Alega causas productivas y de organización. El pasado julio la Audiencia Nacional condenó a Cruz Roja a readmitir a los despedidos en 2023, a resultas de una demanda por ERE encubierto presentada por UGT y CCOO.

Otra ONG, Médicos del Mundo, acaba igualmente de presentar un ERE para 118 de sus 484 empleados, aunque en su caso aduce pérdidas económicas.

También se cierra el día 31 el despido colectivo de Circet, una empresa francesa de redes de telecomunicación que trabaja para las principales operadoras de telefonía. Un total de 377 personas perderán su empleo después de que la compañía haya adquirido otra, Comfica, con la que sumó 500 trabajadores y un volumen de negocio de 60 millones de euros. Los sindicatos se opusieron a los despidos, convocaron cuatro días de huelga y rechazaron firmar el acuerdo con la empresa.

Ya en verano anunció la holandesa Bosal un ERE para los 135 trabajadores que empleaba en Pedrola (Zaragoza). El fabricante de tubos de escape perdió un contrato con la automovilística alemana Volkswagen que suponía el 80% de su producción. La marca se une así a otras del sector del automóvil, que se enfrenta a un futuro incierto en toda Europa por la competencia china. Airtex, que fabrica bombas de agua para automóviles, ha echado el cierre, despedido a los 91 empleados que tenía en su fábrica de Zaragoza y se ha marchado a Rumanía. Ti Automotive ha cerrado este mismo diciembre su ERE para 55 personas en la fábrica de Tauste (Zaragoza).

Todas estas empresas son proveedoras de la factoría de Stellantis en Figueruelas (Zaragoza), que empezó a aplicar a su plantilla el pasado 1 de diciembre un ERTE por causas organizativas y productivas, en previsión de la caída de ventas de coches que adivina el próximo año. Afectará a 4.200 de los casi 5.000 empleados de la fábrica de Zaragoza.

También Forvia y OP Mobility, ambos proveedores de la factoría de Stellantis en Vigo, empezarán el año con sus propios ERTE.

Aunque la multinacional estadounidense Ford ha excluido España de los despidos que ha anunciado para sus factorías en Europa, la fábrica de Almussafes (Valencia) estrenará 2025 con un Mecanismo RED, tras acogerse a uno de fuerza mayor por la dana. Lo ha pactado con UGT el pasado 27 de diciembre, se prolongará durante dos años –durante los cuales tendrá que mantener el empleo, pero podrá suspender contratos o reducir jornadas laborales– y le permitirá hacer frente a la enorme caída de la producción que ha sufrido la factoría en el último año. De hecho, la incertidumbre laboral en la planta está en máximos. En 2023 ya ejecutó un despido colectivo para casi 1.200 trabajadores. Y el pasado mes de julio se deshizo de otros 626 empleados, al tiempo que abría un ERTE hasta final año.

Frente al aumento de los trabajadores incluidos en despidos colectivos, entre enero y octubre de este año se han reducido los afectados por suspensiones de contrato y reducciones de jornada, las medidas etiquetadas bajo las siglas de los ERTE, respecto al mismo periodo de 2023. Los primeros han caído un 26,5%, hasta los 83.177. Ese número casi triplica la cifra de los que fueron despedidos. También ha disminuido el volumen de asalariados que han visto recortadas su jornada laboral, aunque menos: un 11,7%. Han sido sólo 6.871 hasta octubre.

Por sectores, es claro el patrón de cómo las empresas gestionan las plantillas. Las más abonadas a utilizar los ERTE suspendiendo contratos son las industrias –63.045 trabajadores, el 75,8% de todos los que sufrieron esa medida–, pero las que más empleados despidieron fueron las empresas del sector servicios –23.755 trabajadores, el 75,6% de los que perdieron su trabajo–.

Por tamaño, casi un tercio –10.373– de los despedidos en ERE estaban empleados en empresas de menos de 50 trabajadores. El grupo de empresas que más personas ha despedido –8.248– es el aquellas con una plantilla de entre 50 y 250 empleados.

Finalmente, los despidos colectivos se han llevado por delante hasta octubre a un 35,3% más de hombres –18.824– que de mujeres –13.908–.

El número de afectados por despidos colectivos en España se situó en 36.505 personas en 2023, lo que representó un aumento del 34% respecto al año anterior, una tendencia al alza que continúa en 2024. Esta es una de las conclusiones del informe sobre tendencias en materia de despidos colectivos en España, elaborado por Cuatrecasas y presentado este martes y que recoge EFE, que atribuye este incremento a la necesidad de las empresas de ajustar sus costes para hacer frente a la inflación y al aumento del precio de las materias primas.

Aunque ha aumentado el número de afectados por un ERE en 2023, éste sigue siendo inferior al de 2021 (43.662).

El incremento de 2023 se observó principalmente en el sector servicios y en el industrial; se concentró en Cataluña, Madrid, Andalucía y Comunitat Valenciana, aunque también Galicia y País Vasco; y se registró mayoritariamente en las empresas de tamaño medio (50-499 trabajadores). Entre los motivos para introducir a un trabajador en un despido colectivo, es mayoritario el criterio voluntario (65% de los expedientes analizados).

No obstante, destaca el aumento de acuerdos que cuentan con compromisos de permanencia en la empresa de colectivos como personas con discapacidad, reducción de jornada por cuidado de familiares o situaciones de incapacidad temporal.

El socio del área Laboral de Cuatrecasas Jorge Aranaz apunta a una posible continuación en 2024 de esta tendencia al alza de los despidos colectivos derivada de la incertidumbre económica y geopolítica a nivel global que da lugar a un entorno económico más inestable, afectando a exportaciones e inversión.

Ese repunte para este año es confirmado también por la subdirectora adjunta de Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo, Macarena Bedmar, quien avanza que este año cerrarán con 190 expedientes tramitados en la Subdirección de Trabajo, frente a los 160 de 2023.

Hasta la fecha, la Subdirección de Trabajo, uno de los organismos que recibe los expedientes -junto con las autoridades laborales autonómicas-, ha tramitado 185, la mayor parte (142) de regulación de empleo (ERE), en tanto que el resto fueron de regulación temporal de empleo (ERTE). Los principales motivos esgrimidos en esos 142 ERE fueron las causas económicas (85) frente a las técnicas y productivas (56), detalla Bedmar, quien subraya además que se han duplicado los expedientes que contaron con un preaviso de seis meses.

Aranaz resalta que, pese a ese incremento de los despidos colectivos, también se observa una tendencia hacia el acuerdo entre las partes implicadas. En 2023, el número de despidos colectivos con acuerdo (28.155 trabajadores afectados) superó significativamente a los finalizados sin acuerdo (4.020), lo que refleja una mayor disposición de empresas y personas trabajadoras a encontrar soluciones consensuadas.

Otro de los socios del área Laboral de Cuatrecasas, Jordi Puigbó, puso de relevancia esa necesidad de que empresas y representantes de los trabajadores busquen el acuerdo en los procesos de despidos colectivos, porque aportan "seguridad frente a una posible judicialización".

A ese alargamiento de los plazos en los tribunales se refirieron también los secretarios generales de UGT y CCOO en Cataluña, Camil Ros y Javier Pacheco, quienes atribuyeron a la reforma laboral de 2012 esa "ruptura" de los equilibrios en los procesos de despidos colectivos, al eliminarse la autorización previa administrativa.

El promedio de las cuantías indemnizatorias pactadas en los acuerdos de despido colectivo "supera el límite legal para el despido objetivo" (20 días por año trabajado y un límite de 12 mensualidades), dice el informe, que apunta que en la mayoría de los acuerdos alcanza los treinta días de salario por año de servicio.

De media, las indemnizaciones pactadas superaron en casi diez días de salario por año de servicio el módulo legal, y en más de tres mensualidades el tope legal de doce mensualidades, lo que refleja "una tendencia hacia acuerdos más favorables para las personas trabajadoras, influenciada por la presión sindical y la voluntad de evitar conflictos", añade el informe.

Masorange (+O), fruto de la fusión hace cinco meses de las operadoras Orange y MásMóvil, ha presentado este martes un expediente de regulación de empleo (ERE) de carácter voluntario para la extinción máxima de 795 puestos de trabajo, un 10% de su plantilla total, que suma 8.000 empleados en España, según informa EFE.

El ERE afecta a seis de las nuevas entidades jurídicas que componen el grupo (Orange Espagne, OsFI, R-Telecable, Euskatel, Lorca y Xfera Móviles) y a casi un 17% de los 4.695 trabajadores que forman la plantilla de las sociedades implicadas, agregan las mismas fuentes.

Al haberse reconocido administrativamente como grupo laboral de empresas, se constituirá —como tarde el próximo 17 de septiembre— una mesa única de negociación, con cuatro representantes de CCOO, tres de UGT y tres de la Confederación Sindical Independiente Fetico, que dispondrán de 30 días para llegar a un acuerdo con la empresa sobre las condiciones del ERE, agregan las mismas fuentes. 

En el comunicado a la plantilla, la empresa se ha comprometido a que la voluntariedad va a ser "el primer y preferente criterio de adhesión". 

En declaraciones a EFE, el portavoz de UGT y responsable de acción sindical en las empresas no Telefónica del sector estatal de Comunicaciones del sindicato, Diego Gallart, ha explicado que pedirá en esa mesa la retirada del ERE para poder "analizar las duplicidades" surgidas de la fusión y redimensionar el número de bajas.

De no ser retirado el ERE, UGT pedirá que se rebaje la cifra, a su juicio "exagerada", de 795 que plantea la empresa y defenderá la voluntariedad total y un paquete indemnizatorio y prejubilaciones similares a las firmadas en el último ERE de Orange España, en 2021. Gallart ha dicho a EFE que, si es voluntario y se baja esa cifra, el ERE no le "parece mal" y "cumple con el compromiso que la compañía alcanzó con el Gobierno" cuando éste autorizó la fusión, de que la afectación al empleo fuera "moderada" y "no traumática".

Por su parte, CCOO apunta, en un comunicado, que la empresa no ha avanzado el motivo del ERE, aunque ha recordado que debe basarse en causas de carácter económico, técnico, organizativo o productivo.

El sindicato mayoritario en el sector de las Telecomunicaciones ha garantizado que estará "vigilante de todo el proceso tanto desde el punto de vista justificativo, como de las medidas a negociar" y ha considerado "lamentable la dinámica adoptada por las empresas que buscan eficiencias de manera recurrente en modelos tan agresivos".

Masorange prevé invertir unos 4.000 millones de euros en los próximos tres años en España, especialmente en despliegues de 5G y fibra, además de nuevos servicios.

Según su plan industrial, desplegará hasta 6 millones de unidades inmobiliarias de fibra óptica incrementales (llegarían a 23 millones) y aumentará la cobertura 5G por encima del 90 %, frente a la actual que llega al 80 %.

La compañía, que está entre las 20 empresas más importantes de España, prevé unos ingresos anuales de 7.400 millones de euros y un ebitda presinergias de 2.650 millones.

El ministerio de Trabajo velará "con todos los medios a su disposición" por el respeto de la legislación laboral en el ERE que ha anunciado la operadora Masorange y vigilará para que existan las causas requeridas para la extinción de los empleos. "Las compañías tecnológicas, telefónicas, tienen que ser cuidadosas con el mantenimiento del empleo, especialmente si tienen beneficios", ha señalado este martes el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, en una rueda de prensa. 

Por su parte, la secretaria de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, María González Veracruz, ha pedido este martes que el ERE anunciado en Masorange sea lo menos doloroso posible, pactado con los sindicatos y ajustado a las necesidades reales. "Nosotros siempre somos muy claros con el sector al respecto. Queremos que sean eres lo menos dolorosos posibles, que sobre todo sean pactados con los sindicatos y que se ajusten a las necesidades reales", ha dicho González Veracruz tras participar en el 38 Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones en Santander.

El Tribunal Constitucional (TC) ha anulado este martes las condenadas de los expresidente andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán por el caso de los ERE. Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que la mayoría del Pleno han avalado los borradores de las ponencias de la vicepresidenta Inmaculada Montalbán, que proponía anular sus condenas y ordenar a la Audiencia de Sevilla que dicten una nueva sin tener en consideración la posible prevaricación cometida entre 2000 y 2001 en el caso del primero y el delito de malversación en el caso del segundo.

Como en los casos anteriores relativos a los ERE, la votación se ha cerrado con siete votos a favor y cuatro en contra. La sentencia cuenta con los votos particulares de los cuatro magistrados del ala conservadora: Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, César Tolosa y Concepción Espejel.

En concreto, en el caso de Chaves, el tribunal de garantías lo exonera de parte de la prevaricación por la que fue condenado a nueve años de inhabilitación por el "procedimiento específico" de financiación de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos con cargo a los fondos autonómicos.

El tribunal ha informado que sus magistrados han declarado que se ha vulnerado el derecho a la legalidad penal y por ello ordena retrotraer las actuaciones para que se "dicte un nuevo fallo respetuoso con los derechos fundamentales infringidos".

Por su parte, en el caso de Griñán, exonera al expresidente andaluz toda la malversación por la que fue condenado a seis años de cárcel por el "procedimiento específico" de financiación de los expedientes de regulación de empleo fraudulentos con cargo a los fondos autonómicos.

Cabe recordar que aunque fue condenado a pena de cárcel, su ingreso en prisión quedó suspendido por el cáncer que padece. Al exonerarle del delito de malversación, el TC aleja la posibilidad de que el expresidente andaluz ingrese en un centro penitenciario.

Como ya hiciera sentencias anteriores de los ERE, el TC borra la malversación al considerar que se vulneró el derecho de Griñán a la presunción de inocencia al no precisarse en las sentencias condenatorias en qué medida participó en los hechos que se le atribuyen. Respecto al delito de prevaricación por el que también fue condenado en concurso medial con el de malverasción, el tribunal insiste en que la elaboración de los anteproyectos de ley y su aprobación como proyectos de ley por el Parlamento de Andalucía no puede ser constitutiva de un delito de prevaricación.

El Tribunal Constitucional también ha acordado por unanimidad desestimar el recurso de amparo que presentó el exdirector de Trabajo de la Junta de Andalucía Juan Márquez Contreras contra la sentencia de los ERE por la que se le condenó a tres años de cárcel y siete años y medio de inhabilitación por malversación y prevaricación.

Según ha informado la corte de garantías, el Pleno ha considerado que no se ha vulnerado la presunción de inocencia de Márquez Contreras en el "procedimiento específico" de financiación de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos con cargo a los fondos autonómicos.

Este es el segundo recurso que el tribunal desestima de todos los estudiados hasta ahora relativos a los ERE. El primero fue el del exconsejero de Empleo de Andalucía José Antonio Viera, quien fue condenado a siete años de cárcel por el delito de prevaricación en concurso con malversación. Los magistrados desestimaron el recurso de Viera al considerar un "defecto insubsanable" que no haya argumentado correctamente su petición. Según el TC, el recurso de Viera se expresaba en "términos genéricos" sin explicación alguna o desarrollo argumental, cuando su deber proporcionar una fundamentación jurídica y fáctica que soportase su petición.

En las últimas semanas, el Tribunal Constitucional ha explicado en sus resoluciones relativas a los ERE las diferencias entre las actuaciones cometidas entre 2000 y 2001 y las relativas al periodo 2002 y 2009. A diferencia de las del primer tramo, las últimas contaron con el paraguas legal de los anteproyectos y proyectos de ley de presupuestos que se aprobaron en el Parlamento de Andalucía.

Esta interpretación se traduce en una eventual rebaja de las penas, que tendrán que ser acordadas por la Audiencia de Sevilla al limitarse a condenar los hechos relativos a 2000 y 2001.

El tribunal ya dijo en la sentencia relativa a la exconsejera de Economía andaluza Magdalena Álvarez que el proyecto de ley —mientras es proyecto— no puede someterse a un juicio de legalidad y una vez que se ha aprobado, al haberse convertido en ley, el único juicio que cabe es el de constitucionalidad.

Así las cosas, como el Constitucional no llegó a pronunciarse sobre la constitucionalidad de la norma porque no se recurrió ante el tribunal de garantías, se presume su legalidad y ampara las actuaciones de quienes actuaron bajo su paraguas. En este sentido, el tribunal reitera que la elaboración de los anteproyectos de ley y su aprobación como proyectos de ley por el Parlamento de Andalucía no pueden ser constitutiva de un delito de prevaricación.

La corte de garantías ha abordado los recursos de Chaves y Griñán después de haberse pronunciado sobre otros siete. De momento, sus sentencias han supuesto la libertad de cinco ex altos cargos de la Junta: la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo —que ya gozaba del tercer grado penitenciario—; el exconsejero de Innovación Francisco Vallejo; el exdirector del IFA/IDEA Miguel Ángel Serrano Aguilar; el exconsejero de Empleo Antonio Rodríguez; y el exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román.