Algo huele a podrido en el reino de Noruega. Desde la publicación de millones de documentos relacionados con el caso Epstein, este país de 5,5 millones de habitantes descubre con estupor la complicidad de parte de su élite con el estafador y pederasta estadounidense.

“Me cuesta encontrar una expresión lo suficientemente fuerte para calificar lo que está pasando”, explica a Mediapart la exjueza y eurodiputada franco-noruega Eva Joly. La sociedad se ve sacudida en sus cimientos. “Ver a un ex primer ministro investigado por corrupción agravada es muy difícil de aceptar.”

Aunque, vistos los documentos, ninguna de las personas implicadas está involucrada en los delitos sexuales de Jeffrey Epstein, los vínculos de interés que se van conociendo, ya sean políticos o financieros, sacuden la imagen de un país al que le gusta presentarse como una potencia moral y humanitaria.

La personalidad más afectada por el escándalo es Thorbjørn Jagland, de 75 años. El ex primer ministro laborista (1996-1997) también ocupó el cargo de secretario general del Consejo de Europa entre 2009 y 2019, y presidió el Comité Nobel de 2009 a 2015. La gran cantidad de documentos publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos a finales de enero permitió conocer más detalles sobre los estrechos vínculos que Jagland y Epstein habían forjado a lo largo de los años. Incluso después de la condena en 2008 en Florida del financiero por delitos sexuales y sus 13 meses de prisión.

Pero sobre todo los noruegos pudieron ver hasta qué punto su ex primer ministro, que oficialmente promovía la causa de las mujeres y la igualdad de género cuando estaba al frente del Consejo de Europa, la principal organización de defensa de los derechos humanos del continente, resultaba ser mucho menos feminista en privado. Un embarazoso email enviado a Epstein en enero de 2013 da a entender que él también podría haber frecuentado a mujeres jóvenes gracias a su amigo americano.

El jueves 12 de febrero, la policía registró su casa en Oslo y sus residencias secundarias. El que fuera nombrado comendador de la Legión de Honor en Francia por el presidente François Hollande en 2013 fue acusado ese mismo día de “corrupción agravada”, lo que le expone a una pena de hasta diez años de prisión, debido a sus vínculos con Epstein. El día anterior, el Consejo de Europa había levantado la inmunidad de la que gozaba, a pesar de que había dejado el cargo de secretario general hacía seis años.

También se han visto salpicadas otras figuras destacadas de los círculos diplomáticos por sus vínculos de interés con Epstein. La pareja formada por los dos diplomáticos Terje Rød-Larsen y Mona Juul trascendía las fronteras de Noruega. Su participación en las conversaciones secretas entre israelíes y palestinos que culminaron con los acuerdos de Oslo en 1993 les valió incluso ser protagonistas de un exitoso musical de Broadway a mediados de la década de 2010.

La caída es más brutal. Aunque Terje Rød-Larsen, de 78 años, ya no estaba en activo tras haber tenido que abandonar en 2020 su puesto en el laboratorio de ideas Instituto Internacional para la Paz (IPI) debido a sus ya conocidos vínculos con Epstein, su esposa, de 66 años, ha dimitido de su cargo de embajadora en Jordania e Irak.

El lunes 9 de febrero, la policía abrió una investigación contra Mona Juul y Terje Rød-Larsen, sospechosos respectivamente de corrupción agravada y complicidad en corrupción agravada. También se llevaron a cabo registros en sus domicilios. “Økokrim [la unidad central encargada de investigar los delitos financieros, ndr] quiere investigar, en especial, la posible concesión de ventajas relacionadas con las funciones desempeñadas” por la diplomática, declaró la policía en un comunicado.

“Mi clienta no reconoce los cargos que se le imputan”, afirmó su abogado, Thomas Skjelbred. “Terje Rød-Larsen está convencido de que, una vez que se hayan examinado minuciosamente todos los hechos, la investigación determinará que no hay motivos para un proceso penal y que el caso será archivado”, afirmó el abogado de su marido, John Christian Elden.

Se plantean preguntas, en particular, sobre la gestión del caso por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores. En 2019, una nota de servicio establecía un vínculo entre el Instituto Internacional para la Paz, dirigido por Terje Rød-Larsen, y Jeffrey Epstein. Terje Rød-Larsen dimitió en 2020.

Según la nota, citada por los medios de comunicación noruegos, había muchas becarias, “todas ellas mujeres jóvenes y guapas, sin la formación necesaria para trabajar en el laboratorio de ideas”. “Su estancia fue breve y, durante ese tiempo, acudieron a la sede de las Naciones Unidas para hacerse fotos. Esas fotos fueron enviadas posteriormente al Sr. Epstein”, precisaba el texto.

El Ministerio de Asuntos Exteriores remitió la notificación al fiscal general, quien a su vez informó a los investigadores estadounidenses encargados del caso Epstein. Pero no se inició ninguna investigación en Noruega.

La publicación de los contactos entre Mette-Marit, esposa del príncipe heredero Haakon, y Jeffrey Epstein entre 2011 y 2014 también fue noticia en los medios de comunicación del país. En 2012, Epstein se encontraba en París, donde poseía un amplio apartamento en la avenida Foch, cerca del Arco del Triunfo. Le dice a la princesa heredera que está “buscando esposa”. La capital francesa es “un buen lugar para el adulterio”, pero “las escandinavas son mejores esposas”, responde ella.

Mette-Marit se disculpó y reconoció haber “cometido un error de juicio”. “Lamento profundamente haber tenido cualquier tipo de contacto con Epstein. Es simplemente vergonzoso”, dijo en un comunicado.

“Es una realidad brutal”, reconoció el actual primer ministro laborista Jonas Gahr Støre ante todas estas revelaciones, en una entrevista concedida a la televisión pública NRK. Se declaró a favor de una comisión de investigación independiente, que sería creada en el Parlamento. “Es esencial arrojar toda la luz sobre este asunto. Quiero subrayar no obstante que muchos diplomáticos trabajan con profesionalidad y diligencia y realizan una importante labor para Noruega”, añadió el jefe del Gobierno, que fue ministro de Asuntos Exteriores entre 2005 y 2012.

El partido ecologista ha propuesto a Eva Joly para dirigir esa comisión. “Por supuesto que lo consideraré cuando me lo propongan, si es que me lo proponen”, afirma. Pero, a priori, me gustaría mucho ser una actriz con mi perspectiva francesa.” Con ideas como completar las instituciones noruegas con salvaguardias, como se hace en la Alta Autoridad para la Transparencia de la Vida Pública Francesa, con el fin de “vigilar el enriquecimiento de los políticos y altos cargos”.

“Las instituciones han funcionado realmente mal”, asegura Eva Joly. “Porque muchos elementos eran públicos y nadie se ocupó de ellos. Eso se debe a que no existe el equivalente a constituirse en parte civil”. Un procedimiento que, si se implantara, permitiría a las asociaciones desempeñar un papel impulsor. El reino noruego se tambalea, y todas las ideas para recuperarlo parece que serán bienvenidas.

Traducción de Miguel López

Es uno de los cientos de miles de correos electrónicos que figuran en los Archivos Epstein divulgados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Una gota de agua que, sin embargo, hoy aparece como una bomba de fragmentación para la diplomacia francesa. El 13 de abril de 2016, la directora financiera del banco Edmond de Rothschild envió por email a Jeffrey Epstein un enlace a un artículo de blog cuyo título era explícito: “Un escándalo de pederastia silenciado por el Quai d'Orsay.”

El artículo en cuestión es, en realidad, una recopilación de información contenida en un libro recién publicado por el gran reportero Vincent Jauvert, La Face cachée du Quai d'Orsay (La cara oculta del Quai d’Orsay, edit. Robert Laffont). El periodista cuenta que un diplomático francés destinado en la sede de la ONU, en Nueva York, fue objeto unos años antes de una investigación del FBI por presuntas consultas a páginas web de pornografía infantil. También explica cómo éste fue discretamente sacado de Estados Unidos cuando se conoció el asunto dentro de la representación francesa ante la organización internacional.

Pero hay un hecho notable en el relato de Vincent Jauvert: no se cita ningún nombre. Pero Jeffrey Epstein sabe de quién se trata. Inmediatamente después de ser alertado por la directora del banco Edmond de Rothschild, el financiero pederasta reenvía el mensaje, sin más comentarios, a dos diplomáticos: el noruego Terje Roed-Larsen, enviado especial ante la Secretaría General de la ONU, y su principal asesor, el francés Fabrice Aidan. Porque es precisamente este último el hombre al que se refiere el periodista en su libro, según fuentes coincidentes de Mediapart en la ONU y el Quai d'Orsay (sede del Ministerio de Asuntos Exteriores francés, ndt).

Según nuestra información, en 2013 el FBI alertó a la ONU de que había en marcha una investigación que podía implicar a uno de sus agentes en Nueva York. La organización internacional decidió entonces abrir una investigación interna. Antes incluso de que concluyera, Fabrice Aidan dejó su puesto y consiguió ser repatriado a Francia de urgencia. “Fabrice Aidan fue empleado de las Naciones Unidas, destinado por el Gobierno francés, desde julio de 2006 hasta su dimisión en abril de 2013. En el momento de su dimisión se estaba llevando a cabo un procedimiento disciplinario interno”, informó un funcionario de la ONU.

El embajador Gérard Araud, representante permanente de Francia ante la ONU en aquella época, confirma a Mediapart que tuvo conocimiento de un informe del FBI enviado al servicio de seguridad de la organización. “Se trataba de consultas a páginas web de pornografía infantil, pero no de actos consumados. Informé a la Secretaría General de la ONU de que me ocuparía del asunto. Aunque el Sr. Aidan no estaba bajo mi autoridad directa, le pedí que abandonara su puesto de inmediato, cosa que hizo. No sé qué medidas tomaron en Quai d'Orsay”, explica.

Según el relato del libro de Vincent Jauvert, confirmado a Mediapart por una fuente de alto rango del Ministerio de Asuntos Exteriores francés informada del caso, Aidan abandonó discretamente Estados Unidos a través de Canadá para regresar a París. Ante este relato, Gérard Araud afirma no recordar las condiciones de la salida del diplomático, salvo que se marchó por sus propios medios.

Fabrice Aidan goza de la presunción de inocencia. Contactado por Mediapart, no ha respondido a nuestras preguntas. Cuando preguntamos al Ministerio de Asuntos Exteriores qué medidas se habían tomado ante las sospechas que pesaban sobre su funcionario, uno de sus portavoces explicó que, dado que la justicia estadounidense no había presentado cargos en aquel momento, no se había previsto ninguna sanción en Francia. “No hay ninguna medida disciplinaria en su expediente”, indica la misma fuente, subrayando que el diplomático “ha vuelto muchas veces a Estados Unidos desde entonces”.

Fabrice Aidan, adscrito a la Dirección de África del Norte y Oriente Medio del Ministerio de Asuntos Exteriores, ocupó posteriormente puestos de prestigio en instituciones privadas o públicas. En particular, trabajó con la directora general de la Unesco, Audrey Azoulay, y luego fue contratado por el gigante energético Engie como responsable de relaciones internacionales, cargo del que ha sido suspendido este martes 10 de febrero, según confirmó un portavoz del grupo a Mediapart.

Antes, el diplomático también había sido contratado por el banco Edmond de Rothschild, que, según nuestras informaciones, lo despidió unas semanas después de la publicación del libro de Vincent Jauvert. Una fuente interna indicó a Mediapart que la exdirectora del banco se quedó preocupada al reconocer a Fabrice Aidan en el retrato robot que figuraba en la entrada del blog que se apresuró a enviar a Jeffrey Epstein, de quien conocía su amistad con el agente francés.

El financiero estadounidense ya no está para dar su versión de los hechos, ya que su cuerpo fue encontrado sin vida en agosto de 2019 en su celda de Nueva York, donde cumplía prisión. Pero la consulta de los mensajes intercambiados durante varios años entre Epstein y Aidan permite comprender la impensable situación de sometimiento y compromiso en la que el diplomático parece haberse metido con respecto al criminal que hace temblar al planeta.

La naturaleza de los intercambios entre ambos hombres es diversa, pero siempre está relacionada directa o indirectamente con el diplomático noruego Terje Roed-Larsen, conocido por haber llevado a cabo negociaciones secretas a principios de la década de 1990 que culminaron con los acuerdos de Oslo entre Israel y la Organización para la Liberación de Palestina (OLP). Sin embargo, los entresijos que revela el caso Epstein durante la década de 2010 son mucho menos gloriosos.

Se lee que Fabrice Aidan envía documentos e informes de la organización al propio Epstein utilizando su dirección email de Naciones Unidas. Vemos a Epstein pedir al diplomático francés que averigüe qué talla calza Terje Roed-Larsen para regalarle unos zapatos de alta gama Stubbs & Wootton, y a Fabrice Aidan cumpliendo su petición. Nos enteramos de que Epstein busca un visado para una mujer noruega (no identificada), y Aidan responde: “Déjame a ver qué puedo hacer”.

Descubrimos que Epstein, con su tarjeta American Express, anuncia que pagará 27.553 dólares para comprar innumerables ejemplares de un libro de Roed-Larsen sobre Oriente Próximo. Observamos que Roed-Larsen envía en 2015, a través de Fabrice Aidan, sus datos bancarios, lo que suscita una pregunta, cuando menos cómica, del contable de Epstein: “¿Somos nosotros los que enviamos dinero a Terje [Roed-Larsen] o es él quien nos lo envía a nosotros?”. Epstein escribirá sucintamente en otro correo electrónico: “250k”, por 250.000 dólares.

También se observa que el mismo Roed-Larsen duerme en el apartamento de Jeffrey Epstein en París en 2012 y que Aidan se encarga de toda la logística con los empleados del financiero pederasta. O que Aidan se desvive para que Epstein sea invitado a Abu Dabi a la mesa de responsables gubernamentales y financieros locales.

Ante estos elementos hechos públicos por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el Ministerio de Exteriores asegura que quiere “contribuir plenamente a que se conozca la verdad y no dudará, si es necesario, en tomar todas las medidas que sean necesarias en este asunto, incluida la intervención de la justicia francesa”. Eso es lo que se ha hecho en la tarde del martes 10 de febrero, tras la publicación de esta investigación.

“Esta tarde remito el caso al fiscal de la República, en virtud del artículo 40 del Código de Procedimiento Penal, para informarle de los hechos que presuntamente implican al señor Fabrice Aidan. Además, he iniciado una investigación administrativa para contribuir a la labor de la justicia y he abierto un procedimiento disciplinario”, ha escrito el ministro de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, en la red social X.

Por su parte, la policía noruega anunció el lunes que había abierto una investigación por corrupción agravada contra Terje Roed-Larsen y su pareja por sus vínculos de interés con Jeffrey Epstein. Unas horas más tarde, Fabrice Aidan eliminó su cuenta en la red social LinkedIn, donde había sido muy activo hasta ahora.

Traducción de Miguel López

Son cientos de miles de documentos, pero faltan aún muchos. El viernes 19 de diciembre, la Administración Trump publicó parte del expediente de Jeffrey Epstein, el multimillonario pedófilo que, oficialmente, se suicidó en 2019 mientras estaba en la cárcel.

¿Con quién se relacionaba? ¿Cuál era su verdadera relación con el presidente Trump, conocido por su cercanía con el multimillonario? ¿Hay personalidades públicas implicadas? Y si es así, ¿qué delitos cometieron? Se suponía que los archivos del departamento de Justicia iban a arrojar luz sobre las innumerables zonas oscuras que permanecen desde la muerte de Epstein, pero esta operación de transparencia ha sido, por el momento, un completo fracaso.

Durante meses, el presidente de los Estados Unidos, que durante su última campaña había prometido revelarlo todo, ha hecho todo lo posible para que no se publicara nada. Hablaba entonces de “farsa”, de un tema “bastante aburrido” o de “noticias falsas” y acusaba al Partido Demócrata de utilizar este caso para perjudicarle. Desde entonces, a Jeffrey Epstein se le acusa de haber explotado sexualmente a más de mil mujeres jóvenes, algunas de ellas menores de edad, y el presidente estadounidense es cada vez más sospechoso.

Ante una base MAGA (Make America Great Again) conspirativa y cada vez más dividida sobre este tema, Donald Trump se ha visto finalmente obligado a ceder. Bajo la presión del Congreso, unánime salvo un voto, el presidente finalmente promulgó una ley que obligaba a su Administración a divulgar la totalidad de los archivos en poder del departamento de Justicia. Pero por ahora faltan muchos documentos y se han censurado montones de datos.

Entre los primeros documentos publicados, varias fotos muestran a personalidades de la política o del arte posando junto al delincuente sexual. Se ve a Jeffrey Epstein en compañía de celebridades como Mick Jagger, Michael Jackson, Chris Tucker o Kevin Spacey, sin que ello suponga que tuvieran conocimiento de los delitos cometidos por el multimillonario.

Hay varias fotos del expresidente Bill Clinton con Epstein —cuya relación ya era conocida—, entre ellas una imagen del expresidente demócrata tumbado en un jacuzzi con otra persona cuyo rostro está oculto.

También se han hecho públicos algunos documentos inéditos: aclaraciones sobre la decisión del departamento de Justicia de abandonar una investigación sobre Epstein en la década de 2000 y una denuncia de 1996, hasta ahora nunca revelada, en la que se acusaba a Epstein de haber robado fotografías de niños. Pero según la agencia americana AP, los documentos más importantes publicados hasta la fecha solo muestran “que en 2007 los fiscales federales parecían tener un caso sólido contra Epstein”, sin que entonces decidieran acusarlo.

El día anterior, jueves 18, los congresistas demócratas ya habían publicado 98 fotografías de los documentos recibidos por los legatarios de Jeffrey Epstein. En ellas se ve al exdirector de Microsoft, Bill Gates, posando junto a una mujer. Otras imágenes muestran a Epstein en una oficina en compañía de Steve Bannon, exasesor de Donald Trump, o con el director de cine Woody Allen, pero también a bordo de un jet privado con el lingüista Noam Chomsky. Este último ya había reconocido en 2023 haber tenido algunos encuentros con Epstein.

A pesar de la promesa de total transparencia por parte de la Administración de la Casa Blanca, la opacidad sigue siendo la norma. “Los documentos no han revelado ninguna información importante”, señala el New York Times. Entre la gran cantidad de testimonios, registros telefónicos y fotografías de una primera investigación realizada en 2005 por las autoridades de Florida, nada aclara las actividades de Epstein ni sus vínculos con personalidades públicas.

No aparecen las declaraciones de las víctimas al FBI ni las notas internas del departamento de Justicia que podrían haber arrojado luz sobre el trabajo de los investigadores o explicado por qué se permitió a Epstein declararse culpable en 2008. También se han censurado muchos nombres e imágenes. Por ejemplo, aparece una lista de 254 masajistas, pero sus nombres han sido difuminados para, según se indica, “proteger a la víctima”. Un expediente de 119 páginas titulado “Gran jurado de Nueva York” está completamente tachado. Otras personalidades apenas son mencionadas, entre ellas el expríncipe Andrés, recién destituido de su título real, y sin embargo sospechoso desde hace años.

Donald Trump, conocido por su cercanía a Jeffrey Epstein en la década de 1980, destaca sobre todo por su ausencia, ya que apenas se le menciona en los miles de documentos. Todos los publicados ya eran conocidos. Se le ve, en particular, a él y a su esposa, Melania, con Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell, condenada a veinte años de prisión en 2022 por ayudar a Jeffrey Epstein a agredir sexualmente a jóvenes.

Poco creíble, a la vista de las numerosas revelaciones sobre los vínculos que unían a Trump con Epstein. El pasado mes de julio, el Wall Street Journal (WSJ) difundió una carta “picante” que Donald Trump habría enviado a la figura de la jet set neoyorquina por su 50 cumpleaños en 2003. Contiene varias líneas de texto mecanografiado rodeadas de un boceto de una mujer desnuda, aparentemente dibujado con rotulador, según este diario.

La firma del futuro presidente aparece debajo de la cintura de la mujer, a modo de vello púbico, señala el periódico, que también recoge algunos escritos de Trump. “Tenemos algunas cosas en común, Jeffrey [...]. Un amigo es algo maravilloso. Feliz cumpleaños, y que cada día sea un nuevo y maravilloso secreto”, habría escrito Trump, quien luego denunció que se trata de una falsificación y ha demandado al periódico.

Trump recibió varias veces a Epstein en su residencia de Mar-a-Lago y, de hecho, una de sus antiguas citas se le ha quedado grabada. “Conozco a Jeffrey desde hace quince años”, declaró en una entrevista. “Es un tipo genial. Dicen que le gustan las mujeres guapas tanto como a mí, sobre todo si son jóvenes”.

Estos datos parciales han despertado la ira de las víctimas y los demócratas. “Tengo la impresión de que, una vez más, el departamento de Justicia y el sistema judicial nos fallan”, declaró Marina Lacerda a AP, quien acusa a Epstein de haberla agredido sexualmente cuando tenía 14 años. Y añadió en la CNN: “¿Por qué no podemos simplemente revelar los nombres que deberían?”.

La muerte de Epstein en una prisión de Nueva York en agosto de 2019, atribuida oficialmente a un suicidio por ahorcamiento, sigue alimentando innumerables teorías conspirativas según las cuales fue asesinado para impedir que implicara a personalidades importantes. Y esta operación parece reforzar todas las especulaciones.

El líder de los senadores demócratas, Chuck Schumer, recordó que la ley obligaba al Gobierno a publicar “TODOS los documentos” el viernes y ha denunciado que esto es “nada más que una operación de encubrimiento para proteger a Donald Trump de su turbio pasado”. El político, citado por la AFP, acusa al Gobierno de “hacer todo lo posible por ocultar la verdad”.

“El departamento de Justicia de Estados Unidos sigue encubriendo a hombres influyentes que han agredido o violado a jovencitas o que han participado en fiestas en las que se exhibía y maltrataba a esas jóvenes”, ha denunciado en la red social X el representante demócrata Ro Khanna. Incluso Thomas Massie, un republicano de Kentucky que se ha distanciado de Trump en este asunto, expresó su descontento en X recordando que la Administración, al no publicar la totalidad de los documentos solicitados, no está respetando la ley.

La Casa Blanca, por su parte, prometió que cumpliría con su obligación de transparencia publicando la totalidad de los documentos no clasificados. “El proceso se llevará a cabo por etapas”, precisó Todd Blanche, número dos del departamento de Justicia, prometiendo nuevas publicaciones “en las próximas semanas”. “No hay ninguna intención de retener nada simplemente porque aparezcan los nombres de Donald Trump o de cualquier otra persona, como Bill Clinton”, añadió en ABC.

Sin embargo, el sábado, la prensa americana reveló que ya se habían retirado discretamente dieciséis archivos, entre ellos una docena de fotos que mostraban la famosa sala de masajes de la residencia neoyorquina de Jeffrey Epstein, con pinturas y fotografías de mujeres desnudas colgadas en las paredes. Y una foto del presidente de los Estados Unidos con Epstein. Sin ninguna precisión ni justificación por parte de la Casa Blanca.

Traducción de Miguel López

Un educador ha sido detenido por la Policía Nacional como presunto autor de tres delitos continuados de agresión sexual cometidos mientras trabajaba en un centro de protección de menores de la capital malagueña, para los que elegía siempre víctimas especialmente vulnerables, según informa EFE.

La investigación se inició a raíz de la denuncia de una de las víctimas, de 21 años, que relató ante los agentes los abusos sufridos cuando era menor por parte del educador, que en la actualidad tiene 38 años, según ha informado este lunes la Policía en un comunicado.

A estas denuncias se han sumado otras dos mas, que coinciden en que el presunto agresor siempre elegía víctimas especialmente vulnerables, no solo por la corta edad, sino por la falta de personas de referencia en su propio entorno familiar.

Los investigadores se entrevistaron con el actual director del centro de menores donde habrían sucedido los hechos y averiguaron que en 2015 un grupo de menores denunció hechos similares a la dirección, pero entonces no prosperó el expediente al no ser concluyente.

En una labor de búsqueda de posibles víctimas, se logró contactar con los menores -ahora adultos-, que en su momento relataron supuestos delitos de abusos, si bien algunos de ellos no quisieron denunciar formalmente por no recordar lo acontecido años atrás. A la denuncia que dio inicio a la investigación, se sumaron otras dos.

El perfil de todas las víctimas es de gran vulnerabilidad; uno de los menores tenía una discapacidad de más del 50%, los otros dos no tenían familiares y por lo tanto permanecían en el centro incluso los fines de semana. Las pesquisas policiales apuntan a que el presunto agresor era él el encargado de despertarlos y de supervisar que todo estuviera en orden en las horas de dormir, dependiendo del turno que le correspondiera.

De este modo, "se aprovechaba de su posición como educador y de la vulnerabilidad de los niños para realizar prácticas de naturaleza sexual, bien en las habitaciones de los niños o en el salón común del centro, incluso mientras los pequeños veían dibujos", señala la Policía.

Tras recoger las denuncias de las víctimas, los agentes detuvieron al sospechoso, al que se le imputan tres delitos continuados de agresión sexual a menor de 16 años, y ya ha sido puesto a disposición judicial.

Definitivamente, Donald Trump nunca acaba de deshacerse de quien fuera su amigo por más de diez años, Jeffrey Epstein, el financiero que murió en prisión tras ser acusado de uno de los mayores escándalos de pedofilia de la historia reciente.

Aunque el presidente de los Estados Unidos siempre ha negado haber estado al corriente de las actividades de Epstein, tanto en Nueva York como en Florida, y ha explicado que se rompió con él en 2004, tres correos electrónicos revelados el miércoles 12 de noviembre por los miembros demócratas de la comisión de supervisión de la Cámara de Representantes parecen acreditar que ha mentido sobre lo que realmente sabía, e incluso sobre su implicación.

En un email de 2011 dirigido a Ghislaine Maxwell, condenada en 2022 a veinte años de prisión por su papel en el tráfico sexual de menores, Jeffrey Epstein se refiere a su examigo como un “perro que no ladró”, dando a entender que no habló con las autoridades sobre lo que sabía. El financiero añade que una de sus víctimas, cuyo nombre ha sido ocultado por los demócratas, “pasó horas en [su] casa con [Donald Trump], y nunca se mencionó ni una sola vez”.

En aquella época, Jeffrey Epstein gozaba de vida profesional y social, intercambiando emails con periodistas y conocidos muy bien situados, tres años después de haber llegado a un acuerdo con la justicia de Florida, que algunos calificaron como “el acuerdo del siglo”: el abandono de todos los procesos federales a cambio de la admisión de su culpabilidad por dos cargos, “solicitud de prostitución” y “solicitud de prostitución de menores”.

En 2008, Epstein fue condenado a dieciocho meses de prisión, pero solo cumplió trece, en condiciones especialmente favorables. Disfrutaba de un horario flexible que le permitía ir a trabajar a su oficina durante el día y volver a la cárcel solo para dormir.

Los miembros republicanos de la comisión de supervisión de la Cámara de Representantes se apresuraron a revelar el nombre de la víctima mencionada en el correo electrónico y ocultada por los demócratas: se trata de Virginia Giuffre, una estadounidense-australiana que se convirtió en la principal demandante en el caso Epstein.

En 2011, cuando se redactó el correo electrónico, acababa de acusar por primera vez a Jeffrey Epstein de haberla utilizado como “esclava sexual” a principios de la década de 2000. También había denunciado al hermano del rey Carlos III de Inglaterra, Andrew, quien, según ella, la había agredido sexualmente cuando era menor de edad. Giuffre se suicidó en abril. Andrew siempre ha rechazado esas acusaciones.

La razón por la que los republicanos decidieron nombrarla es que, cuando en 2016, durante un juicio civil, se le preguntó sobre la posible implicación de Donald Trump, Virginia Giuffre respondió: “No creo que Donald Trump haya participado en nada”. En un comunicado, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, también contraatacó afirmando que “el presidente Trump expulsó a Jeffrey Epstein de su club hace décadas por comportarse de manera inapropiada con sus empleadas, entre ellas Giuffre”.

El segundo correo electrónico, fechado en 2015, es un intercambio entre Epstein y el periodista Michael Wolff, conocido por haber escrito cuatro libros sobre Donald Trump y que posee más de cien horas de entrevistas grabadas en 2017 con el pedófilo. En vísperas de un debate en el marco de las primarias republicanas que retransmitiría la CNN, Wolff explicaba que la cadena de televisión tenía previsto preguntar a Trump sobre sus vínculos con Epstein, lo que no ocurrió. El financiero le pedía consejos sobre cuál podría ser la respuesta.

“Creo que debería dejarle que se ahorque él mismo”, responde el periodista. “Si él afirma que no ha tomado ningún avión ni ha estado en su casa, eso será para usted una ventaja considerable en términos de relaciones públicas y poder político”. Y añade: “Por supuesto, es posible que, cuando le pregunten, declare que Jeffrey es un tipo estupendo, que tuvo un acuerdo desfavorable y fue víctima de lo políticamente correcto, que se acabará bajo un régimen de Trump.”

El tercer email data de enero de 2019, seis meses antes de su detención y encarcelamiento. Se trata de nuevo de un intercambio entre Epstein y Wolff. El primero afirma que “claro que sabía lo de las chicas, ya que le pidió a Ghislaine que parara”.

Michael Wolff lo explicó detalladamente en un podcast de la web Daily Beast titulado Inside Trump’s Head (Dentro de la cabeza de Trump), un medio con el que colabora.

Para él, estos tres emails confirman lo que figuraba en las grabaciones que realizó con Epstein en 2017 y de las que publicó extractos en la web del Daily Beast justo antes de las elecciones presidenciales de 2024. En ellos, el pedófilo cuenta su cercanía con el presidente republicano, afirmando incluso que “la primera vez que él [Trump, ndr] se acostó con ella [su futura esposa Melania, ndr] fue en su avión”.

El miércoles, Michael Wolff explicó que en aquel momento se trataba de exponer los estrechos vínculos entre ambos hombres y mostrar hasta qué punto Trump no era “digno” de ser presidente de los Estados Unidos. “Se conocían perfectamente”, señaló, “y luego se enfadaron con extrema animosidad. Pero durante más de diez años, eso es lo que hicieron. Y su obsesión eran las mujeres, las chicas, las modelos”. De hecho, ambos eran propietarios de una agencia de modelos.

Para el escritor, “Epstein temía lo que le sucedería si Donald Trump se convertía en presidente”. “Los medios de comunicación prefirieron ignorar este asunto hasta que aparecieron pruebas irrefutables”, indicó. “Creo que nos estamos acercando al objetivo.”

En su red social Truth Social, Donald Trump acusó a los demócratas de instrumentalizar este asunto, calificado como “bulo demócrata”, “porque están dispuestos a todo para desviar la atención de su catastrófica gestión del bloqueo presupuestario y de muchos otros temas”.

“Solo un republicano especialmente incompetente, o incluso estúpido, caería en esta trampa”, añadió, mientras que los congresistas de su partido anunciaban que se unirían a los demócratas para aprobar una moción que allanara el camino para la publicación de los documentos sobre el caso Epstein en poder de agencias del Gobierno federal, como el FBI, o de ministerios como el de Justicia.

Los medios de comunicación americanos revelaron que el presidente había llamado a dos congresistas de su partido que abogan por la publicación de los Epstein Files (expedientes Epstein), Nancy Mace y Lauren Boebert. A esta última incluso se la invitó a participar en una reunión en la sala de crisis de la Casa Blanca. La portavoz Karoline Leavitt, al ser preguntada al respecto, respondió que era “una prueba de [su] transparencia querer reunirse con los miembros del Congreso y responder a sus preocupaciones”. “Debatir diversos temas con los miembros del Congreso es un elemento esencial de la transparencia, y no voy a detallar las conversaciones que tuvieron lugar en la sala de crisis”, prosiguió.

Por su parte, los miembros republicanos denunciaron la selección realizada por los demócratas, publicando más de 20.000 emails en los que, según el New York Times, “Epstein describe a Donald Trump como un hombre de negocios ‘podrido’, ‘al borde de la locura’, poco digno de confianza y, ‘en la vida real y de cerca’ aún peor que la imagen que trataba de proyectar en público”.

Donald Trump pensaba haberse librado de este asunto, pero, con el fin del bloqueo presupuestario y la reanudación de los trabajos en la Cámara de Representantes, se lo vuelve a encontrar de frente. La Casa Blanca está que arde.

Traducción de Miguel López

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este jueves que ordena a la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, que divulgue los testimonios del gran jurado que acusó formalmente al magnate, Jeffrey Epstein, de tráfico sexual de menores, según informa EFE.

"Basándome en la ridícula cantidad de publicidad dada a Jeffrey Epstein, le he pedido a la fiscal general Pam Bondi que presente todos y cada uno de los testimonios pertinentes del gran jurado, sujeto a la aprobación de la corte. Esta ESTAFA, perpetuada por los demócratas, debe terminar, ¡ahora mismo!", escribió el mandatario en su red Truth Social.

La orden de Trump a Bondi tiene lugar en un momento en que el escándalo de Jeffrey Epstein resurge en EEUU, después de que el FBI y el Departamento de Justicia (DOJ) concluyeran en una investigación que el magnate no tenía una "lista de clientes" famosos a los que chantajeaba.

El FBI y el DOJ también confirmaron la muerte por suicidio de Epstein -desmintiendo así la teoría conspiranoica de que había sido asesinado para proteger a sus conocidos- y anticiparon que no publicarían más pesquisas del caso.

Los simpatizantes más acérrimos del movimiento Make America Great Again (MAGA) quedaron insatisfechos con los hallazgos de dicha investigación, pues Trump, Bondi y el subdirector del FBI, Dan Bongino, prometieron antes del comienzo de esta Administración revelar "la verdad" sobre el caso.

Trump había prometido en campaña publicar la mencionada "lista de clientes", una supuesta agenda de cómplices de Epstein que incluiría a celebridades y políticos influyentes, y que ha sido durante años el centro de numerosas teorías de conspiración en círculos de la ultraderecha, que ahora se siente traicionada.

El cierre del caso por parte de la fiscalía y el FBI se produjo además después de que el magnate Elon Musk denunciara, sin pruebas y tras abandonar el Gobierno, que Trump aparece en ese supuesto listado.

Justo este jueves, The Wall Street Journal publicó el contenido de una supuesta carta escrita por Trump a Epstein que contendría varias líneas de texto mecanografiado enmarcadas por el contorno de una mujer desnuda que habría dibujado el republicano. Según el rotativo, Trump concluyó la carta con la frase: "Feliz cumpleaños, y que cada día sea otro secreto maravilloso".

Momentos después de la publicación de este artículo, Trump anunció que demandará a The Wall Street Journal, News Corp -conglomerado que engloba al rotativo- y al propietario de este último, Rupert Murdoch, por divulgar el contenido de la misiva.

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un menor de edad, presunto autor de imágenes de desnudos de cinco compañeras de colegio creadas mediante inteligencia artificial (IA) y de su difusión, según informa EFE.

La investigación se inició tras la denuncia de varias afectadas que aseveraban haber tenido conocimiento de la difusión de fotografías en las que aparecían desnudas, ha informado este sábado la Jefatura Superior de Baleares en un comunicado.

En las fotos, publicadas en sus redes sociales, las menores se encontraban completamente vestidas, según denunciaron, por lo que el detenido presuntamente utilizaba una aplicación de IA para generar un desnudo artificial con un alto grado de realidad a partir de las imágenes. 

De hecho, según la Policía, los familiares de las afectadas aseguraron que, a primera vista, los desnudos parecían reales y que tuvieron que ver las fotos varias veces y fijarse mucho para darse cuenta de que era un montaje.

Realizadas las gestiones de investigación por el Grupo de Delitos Tecnológicos y Delincuencia Económica de la Policía Nacional en Palma, se dio con que al menos un joven, compañero del colegio y de la misma edad de las menores, habría extraído las imágenes de sus redes sociales públicas y las habría utilizado para generar por medio de una aplicación de IA los desnudos artificiales.

Al tratarse de fotografías de índole sexual de menores, los investigadores orientaron el hecho hacia un tipo de producción de pornografía infantil y, una vez constatada la implicación directa en la creación de los archivos, detuvieron al presunto autor, acusado de un delito relativo a la corrupción de menores.

Los hechos han sido puestos en conocimiento de la Fiscalía de Menores de las Islas Baleares.

La Policía ha recordado que, de acuerdo con el Código Penal, todo material que represente a una persona que parezca menor participando en una conducta sexualmente explícita, real o simulada, así como cualquier representación de sus órganos sexuales con fines principalmente sexuales, se considera pornografía infantil.

La participación en su creación, descarga, posesión o distribución comporta distintas penas.

Agentes de la Policía Nacional han informado de la detención de un menor de edad por un delito de corrupción de menores, al presuntamente haber modificado éste con un programa de inteligencia artificial (IA), fotos de una conocida, en una red social, en Palma.

En nota de prensa, la Policía ha informado que los hechos ocurrieron cuando el grupo Delitos Tecnológicos recibió a mediados de febrero de este año la denuncia efectuada por la madre de una menor, en la que exponía que a su hija le habían publicado en una famosa red social fotos obtenidas de su perfil público, que, al parecer, se habían modificado utilizando algún programa o aplicación de Inteligencia Artificial apareciendo la menor desnuda.

Una vez que se obtuvieron todos los datos, los agentes procedieron a realizar la investigación con las fotos aportadas, analizando el perfil denunciado por la víctima y, tras la salvaguarda de la información obtenida, se indicó a las perjudicadas que denunciaran el perfil a la plataforma de la red social para eliminar dicha cuenta y la información contenida en la misma.

Tras contactar nuevamente con la denunciante, se le indicó que, al parecer, había más menores que se les había realizado la misma operación pero que no las conocía y no las pudo identificar, habiendo sido eliminadas de dicha cuenta.

Al parecer, el método usado por el presunto autor era tomar fotos de menores atractivas que tuvieran fotos publicadas en el perfil público de su cuenta de una conocida red social y tras tratarlas con una aplicación de IA, las subía a su cuenta y las etiquetaba

Tras todo ello, la Policía Nacional identificó y localizó al presunto autor por lo que se procedió a su detención. También se le intervino el terminal móvil para el volcado y extracción de la información que pudiera contener.

Al menor se le ha imputado un delito de corrupción de menores, por presunta tenencia, distribución y producción de pornografía. Resuelta la investigación y al tratarse el presunto autor de un menor de edad, la Policía Nacional informó al juzgado de Palma que entendía de las denuncias para su posterior remisión a Fiscalía de Menores.

Agentes del Grupo de Delitos Tecnológicos de Zaragoza de la Policía Nacional han detenido a un joven de 18 años como presunto autor de múltiples delitos de corrupción de menores, tenencia y distribución de pornografía infantil y explotación sexual de menores a través de internet. Se trata del primer arrestado por un delito en el mundo del metaverso y se ha producido en el marco de la Operación Suzaku, según Europa Press.

La investigación, comenzó en mayo de 2022, cuando unos padres denunciaron que su hija, de 11 años, había sido engañada, a través de una aplicación online, para remitir fotografías y videos de carácter sexual explícito a otro usuario de esa misma aplicación. El entorno en el que se llevaron a cabo los hechos delatados era una aplicación disponible para los sistemas operativos Android e iOS de reciente aparición en el mercado.

Esta app está centrada en la creación de comunidades de usuarios interesados en el metaverso y se ha popularizando rápidamente entre menores, a través de otras aplicaciones más conocidas como Tik Tok o Youtube, han indicado desde la Dirección General de la Policía a través de una nota de prensa.

Efectivos policiales encargados de la investigación ubicaron al usuario con el que al víctima interactuó en España, además de conocer que llevaba a cabo una intensa actividad de chat con numerosas cuentas utilizadas por menores, para lo cual había creado un perfil bajo la supuesta identidad de una chica de 19 años con intereses bisexuales, diseñado para atraer la atención y ganarse la confianza de chicas menores de edad.

Entablaba contacto con numerosas menores siguiendo el esquema típico de actuación de los delincuentes pedófilos, child groomers. Tras ganarse la confianza de las niñas, lograba que le remitieran fotografías y videos de carácter sexual, realizando con ellas intercambios de este material, para lo cual utilizaba archivos conseguidos a su vez de otras víctimas, que enviaba como propios.

El presunto autor es un joven residente en la provincia de Madrid y sin antecedentes policiales previos, según ha revelado la investigación técnica. El Juzgado de Instrucción 4 de Zaragoza se ha hecho cargo del caos, el cual una vez obtenidas las pruebas de la implicación en los hechos denunciados del investigado autorizó la práctica de un registro en su domicilio familiar.

Se han aprendido, para su análisis posterior, un disco duro interno de 1 TB de capacidad y el terminal telefónico que utilizaba para su actividad delictiva y donde guardaba el material gráfico obtenido de la menor denunciante, además de archivos de otras menores.

Asimismo, se intervino judicialmente la cuenta utilizada para la comisión de los hechos delictivos, realizándose un análisis preliminar de la misma en el que se detectó una veintena de chats con niñas menores en los que el joven solicitaba y remitía fotografías y videos de carácter sexual explícito.

Puesto que el detenido tenía 17 años al momento de cometer los hechos denunciados, la Fiscalía de Menores de Madrid dispuso que finalizados los trámites policiales de detención fuera puesto en libertad.

Tras encargar una "auditoría" de los abusos sexuales en el seno de la Iglesia durante las últimas seis décadas, la Conferencia Episcopal Española (CEE) se abre al pago de indemnizaciones a las víctimas. Así lo confirma Fernando Giménez Barriocanal, su vicesecretario para Asuntos Económicos, el hombre que hace los números al alto clero.

Lo hizo este martes, durante la presentación de los ingresos de la Iglesia vía IRPF del ejercicio fiscal de 2020, casi 300 millones de euros. Javier Cremades, presidente del despacho Cremades & Calvo Sotelo, al que se han encargado los trabajos, había declarado en una entrevista con El País que su "auditoría" incluirá indemnizaciones y que los obispos están "deseosos". A Giménez Barriocanal se le preguntó concretamente por esta afirmación de Cremades: "Nos vamos a pronunciar sobre la responsabilidad civil [de la Iglesia]. Un daño moral o físico siempre lleva consigo una reparación". "Coincido totalmente con lo que decía Cremades en esa entrevista", aseguró Giménez Barriocanal.

El también presidente del Grupo Cope señaló que el alcanzado con Cremades & Calvo Sotelo es "un acuerdo histórico" que pretende "llegar hasta el final" sin partir de "supuestos previos". "En función de las conclusiones habrá que buscar las soluciones. Coincido totalmente con lo que decía Javier Cremades en esa entrevista. Sí que creo que hay que dejar trabajar y que hay que estudiar las cosas con rigor. Vamos a dejar trabajar a esa comisión, vamos a dejarles tranquilos, que puedan investigar a fondo, que puedan investigar con todos los criterios que se han establecido y en el momento en que lleguen las conclusiones habrá que afrontarlas porque para eso se ha hecho".

Habrá que afrontar las conclusiones, afirma Giménez Barriocanal sobre la auditoría, que según el presidente del despacho que la está realizando, el miembro del Opus Dei Javier Cremades, incluirá un apartado sobre indemnizaciones.

¿A cuánto podrían ascender? Ahora mismo es imposible preverlo. En Francia, país que Cremades ha puesto como ejemplo con matices, una comisión independiente, por encargo los obispos, presentó en octubre los resultados de una investigación desde 1950 que incluía una estimación de 330.000 víctimas. El informe incluía la propuesta de que la Iglesia pague indemnizaciones. La jerarquía recogió el guante y ha anunciado una primera partida de 20 millones salida de venta de patrimonio.

A las Iglesias irlandesa, australiana y estadounidense se les se ha atribuido el pago –o compromiso de pago– de al menos 120, 200 y 3.500 millones de euros, respectivamente, si bien el caso de EEUU es difícil de trasladar por su particular sistema de acuerdos extrajudiciales. La Iglesia alemana, tras un informe propio de 2021 que identificaba a más de 300 víctimas, fijó una responsabilidad de hasta 50.000 euros por cada una; la belga, tras una investigación mixta (Parlamento-Iglesia) que detectó más de mil denuncias, ha pagado al menos 4,6 millones. La holandesa, al menos 13,7 [ver aquí información en detalle].

La CEE presentó este martes los datos de la asignación tributaria de la Iglesia a partir de la declaración de la renta de 2021, correspondiente a la actividad económica desarrollada en 2020, el año más duro de la pandemia de coronavirus. Se trata de dinero público, calculado en función del número de equis marcadas en la casilla de la Iglesia, pero que sale de todos los contribuyentes, marquen o no. Lo dejó claro el vicesecretario Giménez Barriocanal cuando afirmó durante la presentación: "No cuesta más. No vamos a pagar más dinero. No nos van devolver menos por el hecho de marcar la casilla. Y además podemos marcar las dos casillas, la de la Iglesia católica y la de interés social, con lo cual nuestra ayuda en favor de estas finalidades se multiplica por dos". La última afirmación responde al hecho de la Iglesia tiene una importante presencia en el tercer sector, con ONG como Cáritas, que se financia más a través de la casilla de fines sociales que de la casilla de la Iglesia, si bien la CEE también dedica una parte de lo recaudado a su obra social.

El número de declaraciones a favor de la Iglesia fue de 7.337.724. Sumando las declaraciones conjuntas, son más de 8,5 millones de contribuyentes, un 31,57%, medio punto por debajo de 2019. La CEE atribuye esta bajada al aumento del número de cotizantes ocasionados por los ERTE, que reciben sus borradores sin ninguna de las casillas –ni Iglesia ni fines sociales– marcadas.

La cantidad destinada por el Estado a la Iglesia alcanzó los 295.498.495 euros. Cerca de 300 millones. Son 5,58 millones menos que el año anterior. Este descenso, según el análisis de la CEE, "refleja el deterioro económico ocasionado por la pandemia". La caída es leve, de menos de un 1,9%. El dato supone la interrupción de una serie de cuatro récords consecutivos entre los ejercicios de 2016 y 2019, año en que se alcanzó el máximo con más de 301 millones. El dato de 2020, presentado este martes, es la segunda mejor marca de la serie: 295,49 millones de euros.

De Castilla La Mancha a Cataluña

Las regiones en las que se da un mayor porcentaje de personas que marcan la casilla de la X en la declaración de la renta para el sostenimiento de la Iglesia son Castilla La Mancha (44,69%), La Rioja (43,84%), La Rioja (43,84%), Extremadura (43,75%) y Murcia (43,01%).

Las que menos, Cataluña (16,33%), Canarias (25,33%), Baleares (26,5%) y Asturias (29,72%).

Todos los datos son provisionales, pero los antecedentes indican que los definitivos que se incluyan en la memoria de actividades, que se presentará en mayo, contendrán variaciones mínimas. En dicha memoria se detallará a qué se dedica este dinero público que la Iglesia ingresa gracias al 0,7% del IRPF. Entre 2016 y 2019, la Iglesia logró por esta vía más de 50 millones de superávit, de los que destinó 30,5 millones a la televisión Trece.

Estos resultados preliminares se presentan ahora en el marco de la difusión para animar a los contribuyentes a marcar la equis en la próxima campaña de la renta, que puede hacerse a partir del 6 de abril.

La CEE mantiene abiertas al menos dos webs destacando su aportación a la sociedad, Xtantos e Iglesia solidaria, para animar a marcar la equis. Además tiene otra página, Dono a mi Iglesia, para facilitar donaciones. "De los 150 primeros euros que donamos, recuperamos el 80%. Si yo entrego 150 euros, 120 me los van a devolver en mi próxima declaración de la renta", explicó Giménez Barriocanal.

Precisamente ahora el Gobierno y la CEE están negociando en una mesa el régimen tributario de la Iglesia católica, que se beneficia de diversas exenciones fiscales y que podría ser objeto –o no– de una revisión.

Los que conocen a Javier Cremades, presidente del despacho Cremades & Calvo Sotelo, lo definen como un hombre enérgico y decidido. Este martes hizo gala de su fama. Le tocaba comparecer, en una rueda de prensa en su propio bufete, junto al presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Juan José Omella, para informar sobre el encargo recibido de los obispos de una auditoría sobre los abusos sexuales en el seno de la Iglesia. Su elección ha hecho enarcar cejas y ha despertado suspicacias. Como ha publicado infoLibre, Cremades es miembro del Opus Dei y presidente junto a monseñor Carlos Osoro de la Fundación Madrid Vivo, que montó hace más de una década con Antonio María Rouco Varela. Apenas había pasado un minuto desde el inicio de la comparecencia, con masivo seguimiento mediático, cuando Cremades tomó la iniciativa y sin esperar al turno de preguntas fue al grano: "Soy católico, miembro del Opus Dei. Por eso tengo pleno convencimiento de que la Iglesia debe ir hasta el final, hasta el fondo, investigar, pedir perdón si es necesario y rectificar todo aquello que sea necesario".

Cremades insistió en desvincular lo profesional de lo religioso. "Estoy aquí como abogado, no como creyente", dijo. El abogado trataba de sacudirse la sospecha de posible parcialidad por su trayectoria de relación con la Iglesia. Cremades estuvo entre los miembros del patronato de la Fundación Madrid Vivo que acudieron en 2014 a la beatificación de Álvaro del Portillo, sucesor de Josemaría Escrivá de Balaguer al frente del Opus Dei. Ser miembro del Opus Dei es "como ir al gimnasio, pero para mantenerse espiritualmente en forma cada día", declaraba a The New York Times en un reportaje de 2014 con motivo de la beatificación. Y añadía: "Si no estás vinculado al Opus Dei o a algún otro movimiento, ser católico hoy no es fácil en un mundo que se ha vuelto mucho más materialista".

El fundador y presidente de Cremades & Calvo Sotelo figura como promotor y presidente ejecutivo de Madrid Vivo, una fundación cuyo fin es "prestar colaboración al Arzobispo de Madrid en todas aquellas actividades dirigidas al fomento de la religión, la cultura, la educación". Entre las actividades de la fundación destaca una visita al papa Francisco en 2019. El propio Cremades se reunió con el pontífice. Al menos tres miembros más de su bufete participan en la fundación, que tiene como presidente de honor al "Excelentísimo y Reverendísimo Sr. D. Carlos Osoro Sierra, Cardenal Arzobispo de Madrid", que sucedió en 2014 a Rouco tanto en la archidiócesis como en Madrid Vivo.

Cremades quitó hierro a esta vinculación. "Participo en más de una docena de fundaciones, es un honor, es un acervo y no considero que haya conflicto ni dificultad", señaló el abogado. Citó expresamente a la Fundación Hispano-Judía, de la que es secretario general. No obstante, añadió: "Comprendo perfectamente a las víctimas. Especialmente a aquellos que han sido más activos".

El lunes se pronunció críticamente la Asociación Nacional Infancia Robada, que expresó su "incredulidad e indignación" ante la selección de un bufete con miembros "directa y estrechamente vinculados al Opus Dei". ¿Hay alguien en este país y en el resto del mundo que puede otorgar un mínimo de credibilidad en cuanto a independencia en la gestión e investigación de estos delitos a un agente externo que, según las informaciones recibidas en esta asociación, tiene vínculos directos con la prelatura [del Opus]?", se preguntaba la asociación. Durante la rueda de prensa, a Cremades se le preguntó precisamente por la criticada actitud de la prelatura a la que pertenece en el caso del colegio Gaztelueta, que afecta al Opus. Cremades no respondió.

La Conferencia Episcopal Española (CEE), liderada por Juan José Omella, ha encargado una auditoría sobre los abusos sexuales a menores al bufete legal Cremades & Calvo Sotelo, cuyo presidente, Javier Cremades, es miembro del Opus Dei y preside Madrid Vivo, una fundación que tiene en su cúspide al arzobispo de Madrid, Carlos Osoro. Madrid Vivo nació con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud de 2011 con el impulso de Cremades, que fue su primer secretario general, y Antonio María Rouco Varela, entonces arzobispo de Madrid. La fundación tiene entre sus fines ayudar a la Iglesia en el "fomento de la religión".

Cremades es miembro del Opus Dei, según ha podido confirmar infoLibre. En un artículo de 2014 de The New York Times que lo identificaba como "seguidor" de La Obra, Cremades afirmaba que el Opus ayuda a "mantenerse espiritualmente en forma".

Un conocedor del encargo de la CEE a Cremades & Calvo Sotelo señala que este bufete internacional de "prestigio", "número uno en España en demandas colectivas", tiene "carta blanca" para llegar "hasta el fondo". Añade que el despacho es consciente de que puede haber suspicacias y preocupación, pero que los hechos demostrarán que las "convicciones personales" no van a menoscabar la "profesionalidad", la "independencia" y el respeto hacia las víctimas. Esta fuente, que recalca que Cremades es miembro de múltiples asociaciones y fundaciones de la sociedad civil, señala que el bufete empezará a demostrar su voluntad de "llegar hasta el fondo" poniéndose rápidamente "en contacto con las víctimas".

La CEE se remitió a una rueda de prensa que tendrá lugar este martes.

Omella y Cremades comparecerán para dar detalles de la iniciativa, presentada como una "auditoría independiente". El despacho, explican el bufete y la CEE, "abrirá un cauce independiente" para recibir denuncias, revisará los procedimientos de sanción, ofrecerá su colaboración a las autoridades y establecerá un sistema de prevención.

Un portavoz del despacho afirma que la investigación cubrirá los últimos 60 años y culminará con un informe que será "sometido a la consideración" de la CEE. Dicho portavoz afirma que la apertura de la investigación será "inmediata". No pone plazo para su cierre, ni aclara si el encargo es remunerado.

Javier Cremades, fundador y presidente de Cremades & Calvo Sotelo, figura a su vez como promotor y presidente ejecutivo de Madrid Vivo. ¿Qué es Madrid Vivo? Se trata de una fundación con más de diez años de antigüedad impulsada por Cremades y Antonio María Rouco Varela en su etapa de arzobispo de Madrid. Su misión es ejercer como "puente entre la sociedad civil y la Iglesia de Madrid". Los estatutos señalan como su primer fin el siguiente: "Prestar colaboración al Arzobispo de Madrid en todas aquellas actividades dirigidas al fomento de la religión, la cultura, la educación". Entre las actividades de la fundación destaca una visita al papa Francisco en 2019. El propio Cremades se reunió con el pontífice.

Javier Cremades no es el único nombre de Cremades & Calvo Sotelo en la fundación. El director gerente de Madrid Vivo es Jenaro González del Yerro, que figura como socio del bufete. La también identificada como socia de Cremades & Calvo Sotelo Mariola Ruiz aparece como vicesecretaria general de Madrid Vivo. El exalcalde de Madrid José María Álvarez del Manzano, también identificado como socio de Cremades & Calvo Sotelo, es uno de los patronos de la fundación.

El bufete ha llegado a difundir en sus cuenta oficiales de Twitter y Facebook mensajes sobre Madrid Vivo.

González del Yerro y Ruiz aparecen en la web de Madrid Vivo identificados con sus correos electrónicos de Cremades & Calvo Sotelo. En 2018, el entonces secretario general de la fundación, Carlos de la Mata, explicaba a infoLibre que la fundación no tenía plantilla y que los que más tiempo y esfuerzo le dedicaban eran socios de Cremades & Calvo Sotelo que trabajaban pro bono, es decir, desinteresadamente. Este periódico solicitó por escrito hablar con González del Yerro, Ruiz o el responsable de comunicación de la fundación, sin respuesta.

El presidente de honor de la Fundación Madrid Vivo es el "Excelentísimo y Reverendísimo Sr. D. Carlos Osoro Sierra, Cardenal Arzobispo de Madrid", que sucedió en 2014 a Rouco tanto en la archidiócesis como en la fundación.

Del patronato también forman parte Manuel Bretón, presidente de Cáritas; Juan Abelló, empresario, inversor y coleccionista de arte; Juan Luis Cebrián, expresidente de Prisa y presidente de honor de El País; Tomás Pascual Gómez-Cuétara, presidente de Pascual; José Antonio Vera, exdirector de La Razón; y el exalcalde de Madrid por el PP Alberto Ruiz-Gallardón, entre otros [ver aquí el patronato íntegro].

infoLibre informó en 2018 sobre la coincidencia en esta fundación de la Iglesia, representantes de la gran empresa española y Luis Alfonso de Borbón, presidente de honor de la Fundación Francisco Franco. Tras la publicación de la información, la fundación prescindió del bisnieto de Franco [ver aquí y aquí].

La Fundación Madrid Vivo explicó entonces a este periódico que el origen de la fundación está en los prolegómenos de la Jornada Mundial de la Juventud de 2011, presidida por Benedicto XVI y organizada por Rouco, para la que las autoridades eclesiásticas "solicitaron la colaboración" de los empresarios. Madrid Vivo dio apoyo económico a dicho acontecimiento. La JMJ 2011 "nos hizo al mundo de los empresarios entrar en contacto con el arzobispado y con el cardenal Rouco. Luego coincidimos las dos partes en que debía haber una cierta continuidad", explicó Madrid Vivo entonces a este periódico. Antes de dicha jornada, Cremades escribía en ABC: "La primera tarea que se ha propuesto Madrid Vivo es la mejor prueba de las posibilidades de colaboración entre la sociedad civil, el poder político y la Iglesia católica".

Cremades estuvo entre los miembros del patronato de la fundación que acudieron en 2014 a la beatificación de Álvaro del Portillo, sucesor de Josemaría Escrivá de Balaguer al frente del Opus Dei. El propio Cremades no oculta su vinculación con La Obra. Ser miembro del Opus Dei es "como ir al gimnasio, pero para mantenerse espiritualmente en forma cada día", declaraba a The New York Times en un reportaje de 2014 con motivo de la beatificación. Y añadía: "Si no estás vinculado al Opus Dei o a algún otro movimiento, ser católico hoy no es fácil en un mundo que se ha vuelto mucho más materialista".

Es habitual que Cremades utilice Twitter para difundir hechos de importancia religiosa. Así se expresaba con motivo de la visita a España en 2011 de Benedicto XVI.

El propio despacho también publica mensajes sobre la Iglesia.

El portavoz de Cremades & Calvo Sotelo declina hablar de temas "personales" de su presidente, limitándose a afirmar que "no hay ningún conflicto" que impida hacer la auditoría. Además, recuerda que este bufete tiene experiencia en acciones colectivas, citando como ejemplos los casos de afectados por el cierre del espacio aéreo en 2010 y de perjudicados por el Banco Popular.

Sí se ha pronunciado críticamente la Asociación Nacional Infancia Robada, que expresó su "incredulidad e indignación" ante la selección de un bufete con miembros "directa y estrechamente vinculados al Opus Dei". "¿Hay alguien en este país y en el resto del mundo que puede otorgar un mínimo de credibilidad en cuanto a independencia en la gestión e investigación de estos delitos a un agente externo que, según las informaciones recibidas en esta asociación, tiene vínculos directos con la prelatura [del Opus]?", se pregunta la asociación en un comunicado, que rechaza que pueda hablarse de una "auditoría independiente". "Meter al zorro en el gallinero no es la solución", añade.

La CEE no quiso pronunciarse sobre las críticas a la posible falta de idoneidad del despacho elegido. Tampoco aclaró si esta auditoría excluye su colaboración en una posible investigación oficial, sea del Defensor del Pueblo o del Congreso.

Manuel Barbero, padre de un menor que sufrió abusos en los Maristas y fundador de Mans Petites, es un incansable buscador de "verdad". Y cree que para que una investigación sobre pederastia en el seno de la Iglesia llegue a buen puerto es imprescindible que la jerarquía católica colabore. Por eso no para de pedir reuniones, hacer llegar mensajes, trabar complicidades... Repite dos palabras: "Diálogo y diplomacia". Su empeño le otorga una visión de conjunto de las posiciones del alto clero español en relación a la investigación oficial sobre pederastia en la Iglesia, que todavía está pendiente de definición. "Hay diferentes opiniones. Empastarlas en una sola será más complicado que elegir a un papa en un cónclave", resume.

Entre los obispos, ¿quién se muestra abierto a la cooperación con la investigación y quién cuestiona sus verdaderas intenciones? ¿Quién acepta la responsabilidad institucional y quién la diluye en el conjunto de la sociedad? ¿Quién es duro, o halcón, y quién es paloma? Antes de los detalles, dos nombres: entre los obispos más proclives a la investigación, destaca Carlos Osoro (Madrid). Entre los más opuestos, Jesús Sanz (Oviedo).

Los obispos llegan al debate "tarde, presionados y forzados no sólo por el Gobierno, sino por la sociedad", afirma José Manuel Vidal, director de Religión Digital, medio de referencia sobre información religiosa en España, que acaba de publicar que la jerarquía dará un "sí con matices" a la cooperación con la investigación. La clave, dice Vidal, es "si abren o no los archivos". A su juicio, era "obvio" que las investigaciones sobre la pederastia, tras empezar en el mundo anglosajón y extenderse por Europa, acabarían llegando a España, donde la Iglesia "ha demostrado menor transparencia". "Ahora –añade– la jerarquía actúa sin margen de maniobra. O apuestan todo por la colaboración, sin excusas, o llevarán siempre la mochila de la sospecha".

Vidal afirma que la trayectoria de la cúpula eclesial acredita una constante: "Nunca renuncia a nada si no la obligan". Siguiendo esta lógica, atribuye los movimientos realizados hasta ahora a las iniciativas canónicas del papa Francisco. Ahora, analiza, la CEE debate cómo responder a la exigencia de colaboración del Gobierno. Y ve a los obispos "divididos".

La postura dominante ha sido la reticencia a la investigación, la tendencia a minimizar la gravedad de los hechos, la difuminación de la responsabilidad de la Iglesia en el conjunto de la sociedad, el discurso victimista... La pasividad de la jerarquía ha provocado incluso choques con la posición del papa Francisco, que reclama medidas urgentes.

La hemeroteca es elocuente. La Iglesia sufre una "inquisición laica", afirmó en 2018 el entonces portavoz de la CEE, José María Gil Tamayo. En 2019 el que era presidente, Ricardo Blázquez, recalcaba que los abusos en la institución supondrían un 3% del total, mientras no se prestaba atención al 97% restante. El actual secretario general y portavoz de la CEE, Luis Argüello, dijo en noviembre de 2021 que el problema se ceñía a "sólo pequeños casos", criticando que se pusiera el foco en la Iglesia y no en la FIFA o el Comité Olímpico Español. Argüello, contrario una investigación "proactiva" de la Iglesia, ha afirmado este mismo mes de febrero, en pleno debate sobre la investigación, que una comisión parlamentaria tampoco serviría para "buscar la verdad", sino para que los partidos se peleasen. "Es un problema de toda la sociedad española que no sólo afecta a miembros de la Iglesia, que representan un porcentaje muy pequeño", añadió.

Argüello forma parte del equipo de Juan José Omella, presidente de la CEE, a quien el director de Religión Digital atribuye una comprensión de la gravedad de la situación y una voluntad de sacar a la jerarquía de su posición a la defensiva. ¿Por qué no se pronuncia entonces con mayor claridad a favor de colaborar sin reservas con una investigación? "[Omella] tiene su criterio, pero no quiere ser como Rouco [Antonio María Rouco Varela, expresidente de la CEE y exarzobispo de Madrid, referente de la línea más dura del episcopado], sino que quiere dialogar, armonizar, equilibrar, no ser sólo de una parte, no responder como un líder único", señala Vidal, que recuerda que los obispos responden ante Roma y que el presidente de la CEE tiene una función de coordinación, no de jefatura. De ahí que sus declaraciones sean de estímulo, no de imposición. Así fue en enero, cuando afirmó que “todas las diócesis van respondiendo poquito a poco”. "Omella no es un convertido, es un hombre que cree en el diálogo y el acuerdo", dice Vidal. Su principal temor, añade, es que la división acabe en "ruptura".

Vidal observa un grupo de obispos, "los más conservadores" y menos alineados con Francisco, que cifra en torno a la treintena, a los que atribuye una actitud no justificadora ni obstruccionista, pero sí de "máxima prudencia". "Mejor esperar, no hacer nada y movernos sólo si nos obligan", resume Vidal para describir la posición.

El director de Religión Digital cita a Jesús Sanz, arzobispo de Oviedo, que según su análisis "capitanea" y es "jefe de filas" de este sector "conservador", al que también adscribe a los obispos de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla; Córdoba, Demetrio Fernández; y Cádiz, Rafael Zornoza. Un conocedor de las negociaciones parlamentarias para una posible comisión, que se muestra convencido de que la Iglesia tendrá que conceder algún tipo de colaboración, coincide con Vidal: el gran referente de los opuestos a la cooperación es Jesús Sanz, tras el cual alinea también a Munilla, Fernández, Zornoza y suma a los obispos de Canarias, José Mazuelos, y Valencia, Antonio Cañizares. A todos ellos atribuye un discurso minimizador o relativizador.

Sanz, arzobispo de Oviedo, es considerado por sus posiciones el principal halcón. En 2012 afirmó que monseñor Reig Pla, obispo de Alcalá de Henares, criticado por defender las "terapias" para curar a homosexuales, era víctima de una campaña de los "lobbies gays", una tesis muy Rouco. Aquel mismo año fue objeto de críticas por una carta pastoral interpretada como una defensa implícita del voto al PP en una campaña electoral. En julio de 2018, cuando el Gobierno reafirmó su intención de derogar la Lomce, afirmó: "Vuelve la dictadura totalitaria". Así es su retórica. Ahora, en plena controversia por la posible investigación de la pederastia en el seno de la Iglesia, Sanz ha tomado la palabra sobre el tema en una carta pastoral publicada el 4 de febrero que da voz a las posiciones más duras del episcopado. Las dos principales ideas de la carta son:

1. Iglesia perseguida. La institución sufre el ataque de "algunos mandamases y sus terminales mediáticos". "Ha habido una consigna que ha señalado a los cristianos como diana".

2. Socialización de la responsabilidad. "La pedofilia no es un pecado o delito cristiano en general y clerical en particular, sino que lo es de toda la sociedad". Sanz afirma que los clérigos son responsables del 0,2% de los abusos, mientras el Congreso "ignora el 99,8% restante". A su juicio, para poner remedio hay que ir contra la "pornografía" y la "educación ideologizada por el género".

La carta ha movido a una respuesta del Foro de Cristianos Gaspar García Laviana, que señala: "No estamos ante una cuestión ideológica, como el obispo parece querer insinuar, diciendo que son dardos que se lanzan contra los cristianos. La realidad es otra: se persigue a los responsables de cometer delitos y a los que los ocultaron".

infoLibre solicitó hablar con Jesús Sanz a través de su diócesis, sin respuesta.

Una de las líneas de discurso más extendidas es el cuestionamiento de las intenciones de la posible investigación sobre la pederastia en la Iglesia. Sintetiza la idea este mensaje de monseñor Munilla (Orihuela-Alicante).

Monseñor Mazuelos (Canarias) ha planteado si lo que se persigue en realidad no será "manipular para arremeter contra la Iglesia". Y ha añadido: "Me da pena que los políticos estén empeñados en eso en vez de explicarnos lo de la guerra de Ucrania, la subida de la luz, lo de los inmigrantes, que siguen entrando en Canarias más que antes". Monseñor Blázquez (Valladolid) ha declarado: "No es legítimo poner sólo la luz en un determinado grupo humano. Todos estamos implicados".

Esta argumentación no es hegemónica. Vidal afirma que son abundantes los obispos en desacuerdo, aunque la mayoría prefiere un silencio que empieza a tener excepciones. ¿La más destacada? Todos coinciden: el arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, vicepresidente de la CEE, referente de los más autocríticos, proclives a la investigación y partidarios de colaborar.

El conocedor de las negociaciones parlamentarias antes citado destaca también a los obispos de Santiago, Julián Barrio, y Burgos, Mario Iceta. En opinión de Javier, víctima de abusos que prefiere ocultar su apellido, la reacción de los obispos deja mucho que desear en todos los casos, aunque acepta que hay una actitud distinta en Osoro (Madrid) y Barrio (Santiago) por la "presión" de la sociedad. Los mismos dos nombres aparecen de nuevo al consultar a Juan Ignacio Cortés, director de la revista de información social y religiosa Alandar, que publicó una reciente carta abierta de más de 200 colectivos de la Iglesia de base urgiendo a la jerarquía a colaborar. ¿Ha caído en saco roto? Cortés cree que la carta está "empujando a reacciones" como las de los arzobispos de Madrid y Santiago. "La postura es menos monolítica que antes. Empieza a haber división de opiniones y eso es saludable", afirma Cortés, que aún espera un "golpe de timón" que "proporcione justicia y reparación".

Los movimientos más destacados en la dirección cooperadora son los de Osoro. Cortés resalta el vídeo "claro y contundente" publicado por Repara, la oficina de la Archidiócesis de Madrid dedicada la atención de las víctimas. El vídeo opone una serie de "falsas creencias" con su desmentido. ¿Cuáles son esas "falsas creencias? Que la "denuncia daña a la Iglesia", que "en la actualidad ya no hay casos de abusos en la Iglesia", que la mayoría de acusaciones "son falsas", que "en la Iglesia es porcentaje es mínimo y no es un fenómeno especialmente significativo", que "los niños y adolescentes no dicen la verdad o exageran", que "los niños son seductores y provocan al adulto".

Frente a esto, la archidiócesis opone estos mensajes: "Lo que realmente le perjudica [a la Iglesia] es el silenciamiento y la desconfianza respecto de las víctimas". "Que no haya denuncias no significa que no haya casos". "La mayoría de las denuncias son fundadas". "Cuando [los abusos] se dan en la Iglesia, es todavía más grave y más escandaloso, porque contrasta con la autoridad moral y credibilidad ética". "[Los niños y adolescentes] pocas veces se inventan historias relacionadas con su intimidad. No pueden fantasear detalles de una actividad sexual cuyo conocimiento es absolutamente inapropiado para su edad". "No se pueden descargar en el niño conductas seductoras ni hablar de consentimiento".

Esta última frase evoca pronunciamientos como del obispo de Tenerife, Bernardo Álvarez, que en 2007 afirmó: "Hay adolescentes de 13 años que son menores y están perfectamente de acuerdo y, además, deseándolo. Incluso si te descuidas te provocan". El vídeo entero parece dirigido a desmontar el argumentario que minimiza el problema.

No sólo Osoro ha introducido una nueva actitud. El arzobispo de Santiago, Julián Barrio, ha apoyado públicamente y sin reservas la opción de la investigación por parte del Estado. “La propuesta de una comisión parlamentaria sobre los abusos en la Iglesia, bien realizada directamente en el Congreso o bien a través del Defensor del Pueblo, [...] es bien recibida”, declaró la semana pasada. También suena autocrítico el discurso del obispo de Bilbao, Joseba Segura, para quien la Iglesia tiene una "deuda pendiente" y "no basta con pedir perdón".

infoLibre trató de recabar el punto de vista de la CEE sobre la división en su seno por la investigación sobre pederastia, sin respuesta.

Una investigación discreta, alejada de los focos y dirigida por el Defensor del Pueblo. Esa es la vía institucional elegida por Moncloa para arrojar luz sobre los abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia al margen del recorrido judicial que ya está en manos de la Fiscalía. Este lunes, el Grupo Socialista en el Congreso registró la iniciativa en forma de una Proposición No de Ley. El PSOE desecha así la comisión de investigación parlamentaria que defienden sus socios de coalición de Unidas Podemos y otros grupos como ERC o Bildu. Creen en el Gobierno que alejar esos trabajos del ruido político ayudará, en primer lugar, a la protección de las víctimas, pero también a la pretendida colaboración de los obispos en el esclarecimiento de los hechos. El PNV, mientras, ha registrado este lunes una propuesta para la creación de un grupo de trabajo compuesto por expertos que presenten sus conclusiones a la Comisión Constitucional del Congreso en un año.

“Lo que queremos es llevar a cabo una investigación que garantice a las víctimas su privacidad y que no vaya contra nadie”, aseguró el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, en una entrevista este lunes en la Ser.  El propio Bolaños confirmó que en los últimos días ha contactado personalmente en varias ocasiones con el presidente de la Conferencia Episcopal, cardenal Juan José Omella, para pedirle colaboración. Y que, por el momento, el Gobierno está a la espera de una respuesta. “Sería bueno para la Iglesia católica que estos trabajos tuvieran resultados. No va contra ellos, en absoluto, lo que queremos es que colabore en destapar a personas que han cometido delitos, estamos hablando de delincuentes, de pederastas”, incidió el ministro de la Presidencia. 

Por el momento, nadie en el Gobierno se atreve a poner una fecha de inicio de los trabajos ni tampoco calcular cuánto se podría extender en el tiempo la investigación del Defensor del Pueblo. En los próximos días el foco estará en la negociación política en el Congreso, donde tendrá que votarse la PNL presentada por los socialistas. Por el momento, aunque Unidas Podemos ve con buenos ojos la investigación en el ámbito del Defensor, mantiene su defensa de la vía parlamentaria, que cree compatible. 

La comisión Ryan, llamada así por el juez Sean Ryan, que investigó los abusos y sus efectos en Irlanda, comenzó sus trabajos en 1999 y terminó en 2009. La Comisión Real impulsada por el Gobierno australiano en 2012 publicó sus resultados en 2017. La investigación encargada por la Conferencia Episcopal Francesa entregó sus conclusiones en octubre de 2021 tras casi tres años de tarea. El centro de arbitraje habilitado por el Parlamento belga estuvo abierto entre 2012 y 2015. La investigación de la Conferencia Episcopal en Alemania se prolongó de 2014 a 2018. En resumen, lleva tiempo desentrañar, o tomar visión de conjunto, de décadas de horror silencioso. La jerarquía católica sabe que abrir ese melón ha supuesto en otros países años de verse en los titulares junto a palabras como "violación", "abuso", "pederastia" y "pedofilia".

Las previsiones de partida que manejan el Defensor del Pueblo y el Grupo Socialista son más cortas, si bien en cuanto a plazos no hay nada cerrado. Las fechas dependerán, para empezar, del número de víctimas que pasen por la comisión. "Un año y medio desde que empiece. Dentro de esta legislatura", estima un socialista, que aclara que la decisión no está tomada y afirma que en cualquier caso el desplazamiento de la investigación a la institución que dirige Ángel Gabilondo presenta dos ventajas: 1) Facilita la colaboración de la Conferencia Episcopal Española (CEE), que teme que una comisión parlamentaria acabe convertida en un show. 2) Protege la intimidad de las víctimas sin que se pierda su testimonio, que será recogido en el informe final.

Esta misma fuente expresa a su vez dos temores. El primero es que el empeño en una comisión parlamentaria por parte del resto de grupos favorables a la investigación imposibilite un consenso en torno al encargo al Defensor. El segundo es que estos grupos consideren que la colaboración de la Iglesia supone darle el control de la comisión, cuando en realidad es "imprescindible" para llegar al fondo de los hechos.

El grado de colaboración de la Iglesia suscita dudas. ¿Hasta dónde está dispuesta la jerarquía a abrir la mano? Hasta ahora, se ha limitado a abrir las oficinas diocesanas ordenadas por el papa Francisco. "Son una forma más de encubrimiento", dice Emiliano Álvarez, víctima de abusos en el Seminario Menor de La Bañeza (León). La Iglesia tiene blindados sus archivos por los Acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede, en este caso el de Asuntos Jurídicos de 1979, que establece lo siguiente: "El Estado respeta y protege la inviolabilidad de los archivos, registros y demás documentos pertenecientes a la Conferencia Episcopal Española, a las Curias Episcopales, a las Curias de los Superiores Mayores de las Órdenes y Congregaciones religiosas, a las Parroquias y a otras Instituciones y Entidades eclesiásticas".

Antes de irse a dormir pidió una almohada. Quería tener algo a lo que abrazarse, “como si fuera un osito de peluche”. No es un bebé, ni una niña… o realmente sí. Esa chica tiene 15 años y acaba de ser rescatada del mismísimo infierno. Su cuerpo ha sido maltratado, violado, la han drogado y han hecho que se enganchara a la cocaína; la han tenido 3 días encerrada en un piso, sin comer, tirada en una habitación por la que iban pasando un hombre tras otro para violarla, a cambio de unos pocos euros y de un poco más de droga. Sí, ese cuerpo no es el de una niña, es el de una adolescente a la que han destrozado por dentro y por fuera, pero es evidente que, dentro de ese cuerpo, sigue viviendo una niña pequeña. Una niña que necesita abrazarse a algo cada noche para no pasar miedo. Una niña a la que la vida le ha enseñado lo peor del ser humano. Y sólo tiene 15 años.

Ella es una de las menores rescatadas de la red de prostitución que la policía ha desarticulado en Madrid. Esa niña estaba en un centro de menores, tutelada por la Comunidad. Cada una tiene su historia, cada una ha vivido una travesía difícil de contar, difícil de digerir. Los agentes les pidieron que escribieran su historia, en una carta. Pensaron que así quizás les iba a resultar más fácil explicar qué pasó, por qué habían llegado hasta allí, cómo su vida se torció de ese modo hasta acabar hecha un ovillo enredado de maldad y de odio.

Y ella lo hizo. Contó que su vida, desde siempre, había sido un desastre: su padre enganchado a la heroína, su madre al cannabis. Su letra, infantil, de trazo gordo, redondeando las vocales, apretando las palabras en cada línea, es la de una niña de 8 ó 9 años. Su vida seguramente fue ahí cuando dejó de llamarse vida y pasó a ser un infierno. Sus padres, drogodependientes, dejaron de atenderla, el padre la violó y luego la vendió a la red a cambio de dos bolsas de droga. Dos míseras bolsas para colocarse durante, ¿cuánto tiempo?, ¿una semana?, ¿menos? Y a partir de ahí… la oscuridad.

A esa niña le fallaron todos. Sus padres primero, los que la recogieron después y el propio sistema. Meterla en ese centro de menores no la protegió, al contrario, la puso a las puertas de otro infierno peor. A esa niña será difícil, muy difícil, ayudarle a confiar en alguien; tardará tiempo en agarrar fuerte esa mano tendida que ahora los agentes le ofrecen, con todo el cuidado del mundo, ganándose milímetro a milímetro su confianza.

El caso de estas menores ha destapado el horror y la ineficacia de este tipo de centros. No hay control, quienes trabajan ahí hacen lo que pueden, muchas veces mucho más de lo que deben. Guardias de noche en la habitación de un hospital para cuidar de esas niñas, alertando de lo que estaba pasando a quienes podían hacer algo, llamadas de socorro que se perdieron en medio de la burocracia absurda e inútil que muchas veces lo atrofia todo. Centros masificados que, en vez de servir para reinsertarlos y protegerlos, se convierten en meros albergues a los que poder ir a dormir. Sitios en los que se van apilando vidas de niñas desamparadas, vulnerables, completamente expuestas…Y nada más.

Y mientras las vidas de esos niños, ¡¡¡SON SÓLO NIÑOS!!!, se van enredando y acaban en ese callejón oscuro del que el resto de su vida serán incapaces de encontrar la salida. Habrá que poner un poco de luz a esos callejones, tapiarlos para que no vuelvan a entrar, buscar otros caminos para unos menores que sólo quieren y buscan cariño, alguien en quien confiar, un referente en el que poder apoyarse para cambiar el rumbo de sus vidas.

La decisión del presidente del Partido Popular, Pablo Casado, de dar una vuelta de tuerca más a la intensidad de sus diatribas contra el Gobierno se ha producido en su momento de mayor debilidad desde que, hace apenas tres meses, intentó reflotar el proyecto político de su partido en la convención de València.

La inquietud entre los barones territoriales y algunos de los cargos intermedios del partido es cada vez más patente. El PP no consigue recuperar el ritmo de las expectativas electorales, cada vez más menguantes, mientras Vox exhibe su potencial social en cada encuesta y su influencia política en parlamentos como el de Andalucía, en la Asamblea de Madrid o en el gran escaparate del ayuntamiento de la capital. 

Mientras tanto, el Gobierno consigue una vez más —y van dos— sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado y garantizarse al menos un año más de legislatura a pesar de la flaqueza de algunos indicadores económicos y de una pandemia que parece estar de vuelta cuando casi todo el mundo empezaba a darla por superada. 

A lo que hay que añadir la profundidad de la herida abierta entre Casado e Isabel Díaz Ayuso. El conflicto por el control del aparato del partido en la Comunidad de Madrid se ha cronificado. La presidenta madrileña sigue cuestionando su liderazgo y menguando sus posibilidades de consolidarse como una alternativa creíble. Ahora discuten incluso por la gestión de la pandemia, que hasta hace poco Casado defendía sin reservas.

Su falta de autoridad es tal que ni siquiera ha sido capaz de replicar las durísimas acusaciones de su exportavoz parlamentaria, Cayetana Álvarez de Toledo, que en un libro de reciente publicación ha acusado de acoso, con todo lujo de detalles, a su secretario general, Teodoro García Egea.

En Sevilla, en Santiago de Compostela y en Valladolid cunde la preocupación por las consecuencias que esa guerra interna, cuya finalización llevan meses pidiendo discreta pero firmemente a Génova, puedan tener para sus propios intereses electorales.

Para colmo, el discurso del líder del partido desconcierta a propios y a extraños. En su reciente minigira por el cono sur americano pasó en apenas dos días de ofrecer una gran coalición al PSOE para después de las elecciones a admitir por primera vez que, si los números le obligan, aceptará gobernar con la extrema derecha de Vox.

Todas las fuentes consultadas por infoLibre coinciden en que frenar ese deterioro es la razón por la que este miércoles Casado decidió poner sobre sí mismo los focos de los medios y la atención de la opinión pública después de expresarse en términos muy altisonantes en el Congreso —“¿Qué coño tiene que pasar en España para que usted asuma alguna responsabilidad?”, le espetó a Sánchez provocando una sonora ovación de sus diputados— y de tratar de relacionar al Gobierno con casos de abusos de menores, algo que ha molestado muy especialmente a los miembros del Ejecutivo. 

La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, se lo reprochó ese mismo día, en privado, aprovechando un acto en el que coincidió con el líder del PP, sin sospechar que la conversación trascendería a los medios de comunicación. La paradoja es que aunque quien hizo graves acusaciones en público fue Casado, la estrategia de Génova trata ahora de señalar con el dedo a Calviño, a la que el líder del PP reprocha no sólo “insultar” sino tratar de “impedir el ejercicio democrático de una oposición”.

Casado mezcló, en apenas dos minutos y medio, 17 temas en su ofensiva en la sesión de control del Congreso. Uno cada nueve segundos. Entre ellos el debate sobre el estado de la nación, la pandemia, la utilización del Falcon del presidente, el precio de a luz, el paro, la deuda, los fondos europeos, la recuperación económica, el lenguaje inclusivo, las campaña de Consumo contra los juguetes sexistas y la publicidad de alimentos infantiles no saludables, los dibujos animados en euskera, la educación y las pensiones.

Pero los temas que llevó ese día al pleno que más han enfadado al Ejecutivo y desatado críticas contra Casado fueron el supuesto abandono del niño de Canet cuyos padres quieren que estudie en castellano, su insistencia en que los socialistas tratan de ocultar un caso de “niñas tuteladas por el Gobierno de Baleares que fueron prostituidas” y el de la “menor abusada por el marido de Mónica Oltra [vicepresidenta del Gobierno de la Comunitat Valenciana]” y una acusación directa contra Juana Rivas. Casado acusó a la madre indultada por el Gobierno después de haber sido condenada por negarse a entregar a sus hijos al padre de ocultar “agresiones sexuales” contra uno de ellos.

La realidad revela en qué quiere convertir Casado su oposición al Gobierno, que lo considera una prueba de “debilidad”. El PP lleva una semana larga acusando a Sánchez de inacción en relación con el conflicto de Canet pese que tanto el presidente como la ministra de Educación ya han dejado claro no sólo su respaldo a la familia sino a la sentencia del Supremo que obliga al centro escolar a facilitar que el niño afectado por el fallo reciba al menos un 25% de la enseñanza en castellano. 

Para reforzar su discurso, Casado ha recuperado casos que se remontan años atrás e incluso inexistentes. El primero tiene su origen en la violación grupal de una menor tutelada en Baleares en 2019 cuando la víctima eludió la vigilancia de una psicóloga y estaba fuera de su centro de acogida. 

El PP, Vox y Ciudadanos llevan desde entonces tratando de responsabilizar al Gobierno de Francina Armengol por lo ocurrido a pesar de que ni la Fiscalía, ni la Policía ni la Guardia Civil fueron capaces de hallar nada que reprochar al Ejecutivo autonómico. Y de que hasta un organismo tan poco sospechoso como Unicef ya constató en 2017 casos de explotación sexual de adolescentes tutelados en siete comunidades autónomas, lo que evidencia que las carencias de la red de tutela de menores están extendidas por media España y no son exclusivas de Baleares. 

El segundo caso que repite estos días el líder del PP como si fuera algo nuevo es el de la violación de una menor cometida entre finales de 2016 y principios de 2017 por el exmarido de la vicepresidentas valenciana, Mónica Oltra, hechos por los que fue condenado a cinco años de cárcel. 

Los tribunales investigan ahora si la conselleria de Oltra desatendió a la menor a raíz de la denuncia presentada por una exdirigiente de Vox. En octubre los tribunales ya sobreseyeron otra denuncia presentada en nombre de la menor, ahora mayor de edad, por el líder ultraderechista de España 2000, José Luis Roberto. Hasta ahora ningún juzgado ha hallado responsabilidad alguna por parte del departamento que dirige la vicepresidenta valenciana.

El tercer caso que Casado mencionó en el Congreso afecta a uno de los hijos de Juana Rivas, la mujer indultada parcialmente por el Gobierno después de haber sido condenada en 2018 por sustracción de menores cuando intentaba alejar a sus hijos del padre. El niño fue objeto en su día de una investigación judicial para aclarar si ciertas lesiones se correspondían con abusos sexuales, pero las diligencias acabaron en 2017 en un sobreseimiento provisional por falta de pruebas, lo que no impidió a Casado afirmar el miércoles en el Congreso que Rivas los había ocultado.

El tono furibundo de Casado no gusta en los sectores formalmente más moderados del PP. El presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, se lo dijo abiertamente este viernes en un acto en Abegondo (A Coruña) al poner a su Gobierno como ejemplo de gestión y política “serena y sosegada” “en una España con tanto ruido”, en la que “se hace política con todo, hasta con la lengua”. No hay nada “más revolucionario", insistió, que “la serenidad” y “el sosiego”. “Lo verdaderamente necesario es la reflexión” y tomar “decisiones meditadas”.

“¿Por qué tenemos que vivir en tirantez política permanente? Como si los problemas” reales “no fueran suficientes”. La solución, propuso, es hacer una “política serena, sosegada y reflexiva como la que hacemos en Galicia”, algo a lo que invitó, sin mucho éxito, al propio Casado. “Aquí están la raíces de nuestro partido”, le recordó. “Tienes que llevar serenidad y sosiego a la política española” y aprovechar “el próximo año para seguir perfeccionando nuestro proyecto” y ganar “las municipales de 2023”. La respuesta inmediata de Casado no dejó lugar a dudas sobre su estrategia, claramente alejada de la de 'serenidad y sosiego' reclamada por Feijóo:  “No nos van a callar. Vamos a seguir haciéndolo y los españoles nos lo van a recompensa”.

Lo del miércoles en la sesión de control no fue un episodio aislado. El líder del PP, Pablo Casado, confirmó este viernes en un acto de partido en Abegondo (A Coruña) que su apuesta por la crispación y la bronca es estratégica. Y eso que allí mismo el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, acababa de pedirle enfáticamente que apostase por la política de “sosiego y serenidad” que él mismo practica en Galicia y se la había puesto como modelo para llegar a la Moncloa.

Casado se detuvo especialmente en la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, después de que esta semana ella le reprochase en privado su actitud en el Congreso, especialmente su empeño en relacionar al Gobierno con “abusos de menores” en Baleares y en la Comunitat Valenciana, y denunció que el Gobierno quiere hacerle callar.

“¿Qué más puede hacer el PP? ¿Pintamos el logotipo de rojo? ¿Nos subrogamos a la disciplina sanchista? No. Aquí estamos para ser alternativa y para decir las cosas como hay que decirlas, como todos habéis hecho”. Frente a quienes critican su tono airado, se miró en el espejo de quienes hicieron oposición con “firmeza”, como Feijóo frente a Emilio Pérez Touriño y Anxo Quintana, como “Juanma Moreno contra Susana Díaz y Chaves y Griñán”. O como Mariano Rajoy frente a Zapatero. “Por mucho que lo intenten acallar los medios, tenemos que seguir en lo nuestro”, invocó a los presentes.

Es en ese contexto, el de quienes según él tratan de silenciarle, en el que situó las críticas que Nadia Calviño le trasladó en privado en un acto en el que coincidieron en Madrid. “He sufrido esta semana esto, ese falso disfraz de moderación, esa falsa apariencia de los ministros que en público no dicen nada y que se revisten de tecnócratas y no afiliados y que sin embargo en privado lo que hacen es insultar e impedir el ejercicio democrático de una oposición”.

Casado acusó a Calviño, a la que llamó irónicamente “tan tecnócrata y tan buena gestora”, de “insultar al PP” por exigir “la investigación de abusos a niñas tuteladas por los gobiernos socialistas de la Comunidad Valenciana y de Baleares”. 

“Y tengo que decir algo muy claro, porque para eso me pagan un sueldo también las familias de niñas prostituidas bajo la tutela del señor [Ximo] Puig de la señora [Francina] Armengol: yo sabía de Calviño que era una defraudadora fiscal” porque “utilizó una sociedad instrumental con dos testaferros, una de ellas heredada de la sociedad de su padre, líder socialista también conocido por algunas cuestiones que no vienen al caso”, y la utilizó para “comprar su mansión de 300 metros cuadrados, defraudando decenas de miles de euros”. 

Es, enfatizó, la ministra de Economia “más incompetente de la historia de España: jamás había habido peores cifras de destrucción del PIB, de inflación, de déficit estructural. La peor ministra de Economía de toda la Unión Europea. España es el país que peor lleva la recuperación económica, peor paro a partir de enero, peor inflación, peor índice de desigualdad”. “Y nosotros”, se preguntó “¿tenemos que aguantar que la gestión del Gobierno es buena y tenemos que callar, nos no vaya a ser que nos digan que crispamos? No, por supuesto que no”, concluyó. 

El líder del PP insistió en su descripción de un país en quiebra y se negó a aceptar lecciones de un Gobierno que según él ha recortado “las pensiones de siete millones de españoles” y va a destruir “cerca de un millón de empleos con la reforma laboral”.

En ese punto, Casado reveló estar recibiendo “altas presiones” para que “apoye la reforma laboral. Las mismas que tuve para que hiciera presidente a Pedro Sánchez, para apoyar la moción de Vox o para decir que a los jueces los tenían que elegir los políticos”. Y no piensa aceptarlas. “No señor. Nosotros tenemos unos principios. No nos vamos a parar en barras”.

Y volvió al tema de los abuso. Casado se mostró “orgulloso de un partido que habla claro” y que “lo único que pide es que Mónica Oltra dimita porque está entorpeciendo la investigación de los abusos que cometió su exmarido y por el que ha sido condenado a cinco años de cárcel. A una menor a la que llevaron esposada a declarar después de haber sido abusada por el marido de la vicepresidenta del Gobierno” valenciano.

“¿Os han contado que el caso de Baleares de prostitución de menores fue a niñas de 13 años?”, preguntó a los presentes en el acto del PP de Abegondo. “¿Y que el Gobierno socialista de Baleares está entorpeciendo la investigación? ¿Alguien os ha contado que el PSOE en Europa está intentando boicotear una misión de investigación del Parlamento Europeo? Dos gobiernos autonómicos están boicoteando la investigación de abusos sexuales a niñas de trece años y encima la vicepresidenta [Calviño] me dice que este tema no lo puedo decir”, exclamó escandalizado. “Por supuesto que lo vamos a seguir diciendo y exigiendo que se haga justicia. Hasta las últimas consecuencias. Porque estamos en política por principios”.

“Lo que tenemos que hacer”, remarcó Casado, “es desnudar” las “mentiras” del Gobierno. “No puede ser que nos quieran amordazar en aras de no sé qué moderación”.  La gente, remató su intervención, “no aguanta más”. Por eso “no nos van a callar. Este partido siempre ha hablado claro y lo vamos a seguir haciéndolo. Y los españoles nos van a recompensar”, prometió. “Por eso están atacándonos tanto: nos quieren dividir y que hablemos de cosas que no importan. No caigamos era esa trampa. Vamos bien”, aseguró. El PP está “más cerca de volver al Gobierno”.

Casado reafirmó su apuesta por una posición dura apenas unos minutos después de que, en el mismo acto, el presidente Feijóo le pidiese todo lo contrario. El mandatario gallego puso a su Gobierno como ejemplo de gestión y política “serena y sosegada” “en una España con tanto ruido”, en la que “se hace política con todo, hasta con la lengua”. No hay nada “más revolucionario, insistió, que “la serenidad” y “el sosiego”. “Lo verdaderamente necesario es la reflexión” y tomar “decisiones meditadas”.

“Por qué tenemos que vivir en tirantez política permanente? Como si los problemas” reales “no fueran suficientes”. La solución, propuso es hace una “política serena, sosegada y reflexiva como la que hacemos en Galicia”, algo a lo que invitó, sin mucho éxito, al propio Casado. “Aquí están la raíces de nuestro partido”, le recordó. “Tienes de llevar serenidad y sosiego a la política española” y aprovechar “el próximo año para seguir perfeccionando nuestro proyecto” y ganar “las municipales de 2023”. 

“No vale la pena” abandonar los principios, advirtió como según él ha hecho Sánchez. “Estoy seguro de que nunca abandonaremos nuestra principios para ser presidente del Gobierno”, remarcó en referencia velada a posibles acuerdos con Vox.

“Los populismos duran lo que duran”, concluyó. “El PP no se quebrado desde su fundación nunca: hemos estado en todos los momentos democráticos a las duras y a las maduras y vamos a seguir estando, aplicando una política serena y reflexiva. Galicia, desde la serenidad y el sosiego, va a seguir trabajando para” una “España serena y de sosiego”.

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Madrid a un peligroso depredador sexual infantil que, presuntamente, utilizaba su condición de docente en un centro educativo de la capital para abusar de los menores.

Han sido identificadas 36 víctimas, todas ellas de edades comprendidas entre los cuatro y los ocho años, ha informado la Jefatura Superior de la Policía de Madrid en una nota de prensa recogida por Europa Press.

El arrestado, de nacionalidad inglesa, también ejercía ocasionalmente de cuidador de niños a domicilio, y utilizaba foros ocultos de temática pedófila en la red TOR para difundir el material que él mismo generaba y obtener otras imágenes generadas por terceros.

Las investigaciones policiales comenzaron a principios del año 2020 gracias a la cooperación y coordinación entre especialistas dedicados a la lucha contra la explotación sexual de menores en Internet y a la identificación de víctimas.

En este caso fue el Servicio de Policía de Queensland, en Australia, quien detectó la comisión de un delito de distribución de material relativo a la explotación sexual de menores en foros de temática exclusivamente pedófila de la red TOR, y cuyo autor, con una alta probabilidad, podría localizarse en España.

Tras la recepción del material, compuesta por multitud de fotografías y vídeos que mostraban a diferentes menores siendo víctimas de explotación sexual, se inició una ardua tarea por parte de la Policía Nacional para lograr la identificación de los lugares donde se pudo haber generado todo el material.

El avance de la investigación permitió esbozar uno de los escenarios donde se pudo haber grabado gran parte del material pedófilo, planteándose la hipótesis de que pudiera tratarse de un centro educativo ubicado en Madrid, ya que las víctimas parecían ser alumnas de primaria de un colegio.

Análisis sobre todo el personal que trabajaba en el colegio

Una vez determinado el centro, los agentes analizaron todo el personal que allí trabajaba ya que desconocían el cargo que el presunto autor pudiera poseer.

Paralelamente a estas gestiones se continuó analizando el material distribuido, empleando para ello todas las herramientas forenses al alcance y logrando averiguar que las imágenes habían sido tomadas con un terminal telefónico que contaba con un sistema operativo inglés.

Intentando encontrar un nexo de unión entre el centro educativo, el personal del mismo y el sistema operativo del teléfono móvil, los investigadores analizaron escrupulosamente las fotografías que no pertenecían al escenario educativo ya localizado.

Para ello, los agentes estudiaron numerosas ubicaciones a través del análisis de planimetrías, catastros y comparación de imágenes por satélite, entre otras técnicas.

La suposición de que el autor fuera un docente era lo más probable debido a la enorme cantidad de material producido utilizando diferentes menores. Este volumen de víctimas únicamente se podría explicar si el autor tuviera esta condición, la cual, sin lugar a dudas, era aprovechada para acceder a los niños.

No obstante, en una primera indagación, ninguno de los potenciales autores tenía antecedentes judiciales ni policiales por hechos semejantes. Esta circunstancia provocó que se profundizara en el estudio de la filiación de todos ellos por una posible falsificación dolosa de los datos por parte del verdadero autor.

El detenido había cambiado su filiación para ocultar antecedentes

Finalmente, los policías lograron individualizar en un profesor de nacionalidad inglesa, el cual había cambiado su filiación tal y como se sospechaba, y al que le constaban antecedentes en Reino Unido por hechos de idéntica naturaleza a los investigados Reino Unido .

Concretamente había sido condenado en su país de origen a una pena de dos años de prisión por posesión de imágenes de explotación sexual infantil, además de una sanción económica como indemnización por daños y perjuicios.

Los expertos tuvieron que emplear complejas técnicas de tratamiento de la imagen para conseguir, inicialmente, parte de la filiación de tres de las menores que aparecían en algunas imágenes y vídeos.

En este estado de la investigación, los agentes localizaron el domicilio del sospechoso y, de forma urgente, se solicitó la preceptiva autorización judicial para llevar a cabo el pertinente registro.

Ante la gravedad de los hechos acaecidos, y con la finalidad de salvaguardar la intimidad y la indemnidad sexual de las menores, se estableció un dispositivo operativo de extrema urgencia que permitiera asegurar su detención.

La práctica del registro resultó extremadamente compleja desde un punto de vista técnico policial, ya que el detenido utilizaba diferentes anonimizadores y técnicas de encriptación y ocultación que impedían el acceso al contenido alojado en los dispositivos hallados en su domicilio.

A pesar de estos impedimentos técnicos, se logró localizar algunos de los archivos que dieron origen a la investigación, siendo necesario un estudio más profundo de los dispositivos.

Guardaba un gran volumen material en diez dispositivos distintos

Durante el registro, los agentes también localizaron varios documentos falsificados, los cuales fueron empleados por el detenido para entrar en España y para conseguir empleo como docente simulando tener un nombre diferente al verdadero y pasando desapercibido ante las autoridades.

En España es requisito imprescindible, siempre que se tenga contacto habitual con menores, presentar un certificado que permita acreditar la carencia o existencia de delitos de naturaleza sexual en la fecha en que son expedidos. Este certificado, igualmente falsificado, se halló en el domicilio del detenido, así como los instrumentos necesarios para llevar a cabo la simulación de los diversos documentos.

Han sido incautados diez efectos informáticos que, tras un dilatado y minucioso proceso de análisis forense, permitió extraer un gran volumen de material.

Tras su análisis, fueron identificadas 36 víctimas de edades comprendidas entre los 4 y los 8 años de edad, y se pudo averiguar que el detenido, además de sus funciones como docente, también habría trabajado de cuidador de niños a domicilio. Después del análisis del material intervenido, se ha podido acreditar la comisión de presuntos delitos de abuso sexual a menores y descubrimiento y revelación de secretos.

La Guardia Civil, en el marco de la Operación Terciaria, ha liberado en la provincia de Almería a cinco menores de edad, las cuales estaban siendo prostituidas desde 2019 cuando tenían las edades de 13, 15 y 16 años, y ha detenido y puesto a disposición judicial a diez personas, entre ellas a la proxeneta de las menores, por los supuestos delitos de prostitución de menores, explotación sexual, corrupción de menores y abuso y agresión a menores.

Según relata la Benemérita en una nota de prensa, la operación se inició en junio de 2020, tras la denuncia de la madre de una de las menores al encontrar una serie de mensajes de WhastApp que revelaban un comportamiento extraño en el móvil de su hija, según infoma Europa Press.

La investigación permitió conocer que esta menor de edad, junto a otras cuatro, estaba siendo prostituidas. Todo era gestionado por una mujer mayor de edad, la cual se valía de una relación de amistad con las menores para explotarlas sexualmente.

Los agentes han comprobado como la ahora detenida había tejido una red de clientes a través de anuncios en chats de contenido sexual y páginas de contactos. Cobraba más de la mitad del dinero que éstas percibían por la realización de cada uno de los servicios de prostitución y en algunas ocasiones trasladaba personalmente a las menores hasta el lugar del encuentro con los clientes.

Estos servicios, que comenzaron en los primeros meses de 2019 y se alargaron en el tiempo durante casi dos años, eran realizados por las menores en los domicilios de los clientes, en lugares elegidos por ellos y en aparcamientos aislados de distintos municipios de la provincia de Almería.

La operación ha sido desarrollada en tres fases. En la primera se procedió a la detención de la proxeneta como presunta autora de los delitos continuados de protitución de menores, explotación sexual y corrupción de menores. Esta mujer ingresó en prisión y los menores fueron puestos a disposición de sus familias, informándoles de las actividades de las cuales sus hijas estaban siendo víctimas.

En la segunda fase se ha detenido a los dos miembros más activos de la red, los cuales llegaban a mantener hasta tres encuentros semanales con las menores. Finalmente en la última fase se detuvo al resto de miembros de la red de clientes.

Con esta operación, llevada a cabo por agentes pertenecientes a la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Comandancia de la Guardia Civil de Almería, se ha evitado que las menores continuaran siendo víctimas de esta red. Las diligencias instruidas por la Guardia Civil, junto con los detenidos, fueron entregadas en el Juzgado de Instrucción número 2 de los de Almería.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado investigaron en 2019 un total de 15.319 posibles delitos contra la libertad e indemnidad sexual lo que, según informan, supone "una clara tendencia al alza" en los cinco últimos años para esta tipología delictiva. En sus cifras destacan, además, las principales víctimas de estos delitos son mujeres y menores, como recoge Europa Press.

La evolución de este tipo de delitos en los últimos años ha permitido a las Fuerzas de Seguridad pasar de investigar 8.923 casos en 2013, a los 15.319 del año pasado.

En esos siete años, las cifras de delitos sexuales registrados han ido creciendo de forma progresiva, explican, ya que en 2014 se contabilizaron 9.468; en 2015, 9.869; en 2016, 10.844; en 2017, 11.692; y en 2018, 13.782.

Además, los datos recopilados por el Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, recogidos por Europa Press, señalan también un aumento de la eficacia policial a la hora de resolver estas denuncias. Así, en 2019, los delitos contra la libertad e indemnidad sexual esclarecidos fueron 11.887, un 81% del total.

Todos estos números se incluyen en el 'Informe sobre delitos contra la libertad e indemnidad sexual en España 2019' en el que se han recopilado los datos de Policía Nacional, Guardia Civil, Ertzaintza, Mossos d'Esquadra y Policía Foral de Navarra, así como los de aquellos cuerpos de Policía Local que facilitan datos al Sistema Estadístico de Criminalidad.

Abusos y agresiones sexuales, los principales delitos

En este documento también se recoge que los abusos y las agresiones sexuales (ambos con y sin penetración) son las tipologías penales más frecuentes y alcanzan el 78% del total; mientras que en el polo opuesto se sitúan los delitos relativos a la prostitución, que en 2019 confirmaron una tendencia decreciente ya detectada en años anteriores.

De los más de 15.000 delitos contra la libertad sexual detectados en 2019, 6.826 fueron por abuso sexual, mientras que las agresiones sexuales se contabilizaron en 2.059. En este sentido, las Fuerzas de Seguridad también han registrado que 1.873 de los casos de agresión sexual y 1.206 casos de abuso, fueron con penetración.

Del mismo modo, se registra que 866 delitos fueron por pornografía de menores, 690 por exhibicionismo, 369 por corrupción de menores o de personas con discapacidad, 527 por contacto a través de la tecnología con menores de 16 años, 540 por acoso sexual, 248 por delitos relativos a la prostitución 248, y 115 por provocación sexual.

Desde el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska destacan que el 85% de las víctimas que sufren este tipo de delitos son mujeres. También la mayoría de las victimizaciones son menores de edad, en concreto, el 46,2%, seguidas a gran distancia por las comprendidas entre los 18 y 30 años, que representan el 28,5% de los casos investigados.

El informe recoge también que, en 2019, un total de 9.638 fueron detenidas o investigadas por la posible comisión de un delito contra la libertad e indemnidad sexual. Al contrario que en el caso de las víctimas, el perfil predominante del detenido o investigado por esta causa es el de un hombre (en el 97% de los casos), de entre 41 y 64 años (32,9%) y en la mayoría de los casos por abuso sexual.