Nuestra querida compañera Felisa Echegoyen, Kutxi, fallecida el 17 de octubre, nació en Madrid y quedó huérfana de madre a muy temprana edad. Durante las campañas de protestas por el Proceso de Burgos de diciembre de 1970, comenzó a colaborar con la Liga Comunista Revolucionaria (LCR) “picando” clichés para elaborar propaganda que se repartía al día siguiente en barrios, fábricas y facultades. Había que impedir que se ejecutaran las condenas a muerte contra los militantes vascos. 

Su militancia antifranquista le llevó a ser detenida por la policía política el 8 de octubre de 1974. Contaba Kutxi que cuando iba hacia el metro de Lavapiés, barrio en el que vivía entonces, se percató de un grupo de hombres entre los que distinguió claramente a González Pacheco, alias Billy el Niño. Corrió hacia su casa para hacer desaparecer documentos y materiales y evitar así que cayeran en manos de la Brigada Político Social. A los pocos minutos, irrumpieron en su casa tirando la puerta, golpeándola y amenazando con tirarla por la ventana. Pasó tres días en la Dirección General de Seguridad y años después, en 2014, en un acto celebrado en Madrid, Kutxi explicó con voz firme –aunque no paró de temblar–, su paso por la DGS: “Deseé morirme con tanto empeño que me quedé rígida, sin apenas respiración. Tenía tanto pánico que ni siquiera sentía los pies en el suelo. Sólo me mantenían en pie los golpes que, a un lado y al otro, iban equilibrando las porras sobre mi cuerpo”. Llegó a la cárcel de mujeres de Yeserías el día 11 de octubre y permaneció allí hasta el 8 de diciembre cuando obtuvo la libertad condicional, previo pago de una fianza de 25.000 ptas., una cantidad considerable para la época.

En 1981 se marchó a Barcelona, donde comenzó a trabajar y a desarrollar su labor sindicalista y feminista, porque Kutxi siempre se mantuvo activa y dispuesta a luchar.

Al volver a Madrid recuperó el contacto con compañeros y compañeras de su juventud, entre ellos Chato Galante. Precisamente, a través de Chato, a partir del 2010, se unió con otras personas que habían sufrido la represión de la dictadura y decidieron fundar la asociación La Comuna, en 2011. En las cárceles franquistas, las personas presas se organizaban en grupos llamados “comunas” para asegurar la solidaridad mutua, de ahí el nombre de la asociación. 

Se adhirió a la querella argentina, en 2013, con una demanda penal contra sus torturadores, yendo a declarar ante la jueza Servini, en septiembre de 2021. En este año también presentó querella en el Estado español que, tras agotar la vía judicial sin resultado positivo, se llevó ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU que la aceptó, aunque aún no se ha pronunciado.

Como activista de La Comuna, Kutxi desarrolló una importante y valiosísima actividad hasta donde le dejó su enfermedad. Participó en múltiples actividades como el acto del “juicio popular contra Billy el Niño”, en 2014, donde contó su experiencia, como ya hemos dicho. Siempre estaba dispuesta a realizar cualquier trabajo activista, por pesado que fuera. Mantenía la relación directa con los socios y las socias, a quienes informaba de las actividades y se interesaba por su situación y les enviaba palabras de ánimo porque Kutxi era directa, perseverante, diligente y disciplinada, también tierna y generosa.

Participó en la película/documental El silencio de otros, de Almudena Carracedo y Robert Behar, que se estrenó en 2018 y obtuvo, entre otros muchos premios, el Goya en 2019, a cuya gala acudió en Sevilla y cuya difusión acompañó incansablemente por infinidad de lugares de todo el Estado español. También es una de las protagonistas de la película dibujada Flores bajo el hielo, de Marco Potyomkin.

Kutxi fue entrevistada para decenas de medios escritos y visuales, dio charlas en colegios, institutos y centros sociales; difundió la lucha por los derechos humanos y la memoria democrática por todos los lugares que pudo, se unió a la ola feminista y participó en todos los eventos de la lucha por los derechos de las mujeres y, en sus últimos tiempos, a pesar de los dolores que le causaba su enfermedad, fue capaz de acudir a las manifestaciones de apoyo a Palestina. 

En diciembre de 2019 recibió un homenaje en el evento Supervivientes de la memoria organizado por el diario Público, en el que participó su hija con un artículo titulado: “La sonrisa que Billy el Niño no pudo borrar”, lo que le llenó de alegría y orgullo.

Efectivamente, si algo distinguía a Kutxi era su valentía y fortaleza. Se enfrentó varias veces con los fascistas, como en el Metro de Madrid, durante la campaña electoral de las primeras elecciones en junio de 1977, cuando arremetió a bolsazo limpio contra unos fascistas que intentaron agredirla a ella y a su compañera Ángela mientras pegaban carteles. O mucho más tarde, cuando sufrió una agresión de otro fascista que le fracturó una costilla, en las fiestas de La Melonera, en septiembre de 2018. Kutxi les estaba recriminando que no dejaran escuchar la lectura del pregón por parte de Moha Gerehou y Paula Guerra, activistas antirracistas. Unos días después, el Pleno del Ayuntamiento de Madrid aprobó por unanimidad condenar firmemente esta agresión.

No olvidaremos nunca cómo derribó el “muro de la impunidad” durante la concentración que se hizo el día en el que la jueza Servini le tomó declaración a Martín Villa en el consulado argentino.

Pero lo que más vamos a recordar de Kutxi es esa sonrisa amplia y sincera con la que te recibía y su gran capacidad de querer, de preocuparse, de atender a toda persona que lo necesitara. Va a ser muy difícil seguir sin ella porque es muy dolorosa su ausencia, pero nos anima pensar que ella también sufrió por las ausencias de amigos muy queridos como Carlos Slepoy y, particularmente, Chato, y siguió cumpliendo con las obligaciones que se había impuesto. Por ella, por tantas y tantos que se han quedado en el camino, a quienes les debemos su ejemplo de vida y de lucha, vamos a seguir. 

¡Gracias, Kutxi!

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Rosa García, Paz Romero y Sacri García-Rayo forman parte de “La Comuna. Asociación de presas, presos y represaliados de la dictadura franquista’.

Las fundaciones de CCOO encargadas de las políticas de memoria del sindicato han remitido una carta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, con una lista de más de 20 nombres de policías franquistas para que se les retire las condecoraciones, al igual que se ha anunciado en el caso de Juan Antonio González Pacheco, más conocido como 'Billy el Niño', según ha informado Europa Press.

Estas fundaciones reclaman que "se acelere la aplicación de la Ley de Memoria Democrática" para ex integrantes de la Brigada Político Social por ser "autores de torturas y otras graves violaciones de derechos humanos".

La misiva remitida a Grande-Marlaska, consultada por Europa Press, responde a la orden aprobada el pasado mes de diciembre por parte del Ministerio del Interior de retirar las condecoraciones afectadas por la Ley de Memoria Democrática, en vigor desde el pasado mes de octubre.

"Esa orden afectará previsiblemente a 'Billy el Niño', quien fue condecorado en cuatro ocasiones entre 1972 y 1982 y que murió en mayo de 2020 con estas aún vigentes", señalan estas fundaciones, que también recuerdan que hay otros siete expedientes abiertos, cuatro relativos a guardias civiles y tres a policías nacionales.

'Billy el Niño' tenía cuatro medallas pensionadas con dotación económica, una concedida por el Gobierno franquista y las otras tres en los primeros años de la democracia.

La carta detalla así una lista con nombres de policías pertenecientes a la Brigada Político Social "cuyas torturas están acreditadas y que, según las investigaciones promovidas desde los archivos de las fundaciones de CCOO, han recibido medallas y otras recompensas".

Las fundaciones piden, en consecuencia, que se acelere la "incoación de oficio y revocación en su caso de las condecoraciones y recompensas afectadas por lo dispuesto en la Ley de Memoria Democrática" y que se permita el acceso a los archivos del Ministerio del Interior "que ilustran las graves violaciones de los derechos humanos durante la dictadura".

Las entidades firmantes de la carta son la Fundación 1º de Mayo, la Fundación Jesús Pereda de Castilla y León, la Fundación Juan Muñiz Zapico de Asturias, la Fundación de Estudios e Iniciativas Sociolaborales (FEIS) del País Valencià, la Fundación Ateneo CCOO Baleares, la Fundación Ateneo 1º de Mayo de Madrid, la Fundación Sindicalismo y Cultura de Aragón, la Fundación Estudios Sindicales y Cooperación (FESCA), de Andalucía.

El cineasta Max Lemcke y su equipo recibieron dos muy malas noticias durante el confinamiento estricto de la pasada primavera. Primero, en marzo, al poco de haberse aprobado aquel primer estado de alarma, la muerte de Chato Galante, militante antifranquista y preso de la dictadura que dedicó las últimas décadas de su vida a denunciar las torturas sufridas a manos de la policía del régimen. Un par de meses más tarde, en mayo, llegó el segundo palo: la muerte del inspector Antonio González Pacheco, conocido como Billy el Niño, miembro de la Brigada Político-Social y precisamente torturador de Galante antes de que fuera internado en la cárcel de Carabanchel. Pacheco era también el protagonista de Billy, el documental en el que trabajaban, sobre las torturas policiales en los últimos años del régimen, los que inauguraron la Transición. Dos muertes que dolían por distintos motivos y que dejaban un proceso inacabado.

“Fue un shock”, dice Lemche a este periódico a un par de semanas de que empiece el Festival de Sevilla (del 6 al 14 de noviembre), donde se estrena el documental. “Lo primero que recuerdo es un terrible shock. Lo segundo fue pensar en toda la gente a la que habíamos estado entrevistando, y en que se iban a sentir defraudados, dolidos, como que Pacheco se había reído finalmente de ellos otra vez, incluso con la muerte”. Como dice el director, no era la primera vez que Billy el Niño burlaba los deseos de las numerosas víctimas que le denunciaron. Trabajó como inspector del Cuerpo Nacional de Policía democrático, contaba con cinco condecoraciones al mérito y, cuando la querella argentina, el único proceso abierto contra los crímenes del franquismo, le reclamó para investigarle, la Audiencia Nacional negó su extradición. Su muerte trascendía el documental. Pero también le afectaba: le robaba a su principal protagonista y la posibilidad de influir en la investigación judicial de sus crímenes. “Intentamos salvarlo, claro. De una forma creativa quizás introduciendo todo esto en el documental y rodando durante el confinamiento”. Así, se alternan entrevistas grabadas cara a cara, también con Chato Galante, con otras mantenidas ya de manera virtual.

Josefa Rodríguez, Asturias, militante antifranquista, en el documental Billy, de Max Lemcke.

El documental aborda la posible implicación de González Pacheco en el asesinato de Enrique Ruano, el joven estudiante que murió bajo custodia policial tras, según la versión oficial del régimen, arrojarse por la ventana de un séptimo piso. Algunas de sus víctimas le describen como un “matón”, alguien que “disfrutaba torturando”. “Lo recuerdo, una vez, colgado, dándome patadas de karate”, decía Chato Galante. La escritora Roser Rius, militante en su juventud de la Liga Comunista Revolucionaria (LCR), habla de un “proceso” que se repetía en cada sesión de tortura “paso a paso”: tandas de golpes, colgadura de una barra para dañar la planta de los pies, el “quirófano”, que consistía en atarles a una mesa y propinarles golpes en el pecho para generar una sensación de ahogamiento... Conductas de este tipo atestiguan también el entonces militante del PCE José Luis Úriz, la que sería militante del Partido Feminista Lidia Falcón, el militante de la LCR Javier Navascués, la militante de la LCR Ángela Gutiérrez, la militante de la LCR Azucena Rodríguez... Resulta especialmente duro el testimonio la militante del FRAP Josefa Rodríguez, AsturiasAsturias, que asegura seguir teniendo secuelas de las torturas y que llega a pedir perdón ante la cámara por haberse “derrumbado” y haber dado información a la policía. “Fue muy duro”, dice entre lágrimas en el documental.

Roser Rius pone sobre la mesa uno de los asuntos más complejos en torno a la figura de Billy el Niño: “A mí no me gusta la singularización de este tipo”, dice en el documental, “porque este no fue un caso aislado. Eran un colectivo de torturadores y maltratadores, la policía del régimen se dedicaba a esto”. A la vez, ahí están las narraciones de los entrevistados y el hecho de que haya sido precisamente González Pacheco el que se les haya quedado en la memoria y que le recuerden como especialmente “sádico”. “Es cierto”, reflexiona Max Lemcke. “Pero nos hemos centrado en la figura de Pacheco, primero porque era el que había generado un mayor número de víctimas, al menos en la ciudad de Madrid y entre ciertos círculos. Hay muchos Billy que no son tan famosos, que no se les ha juzgado ni se les va a juzgar, pero este era especialmente llamativo. Le gustaba que le llamaran Billy el Niño, iba a la universidad haciendo ostentación de su revólver, le encantaba pasearse y que la gente le temiera”. Cinematográficamente, el personaje tiene un interés particular: la película se construye también con metraje de distintas obras del wéstern que recrean al mítico Billy el Niño. “El pistolero, el Billy el Niño original, paradójicamente fue muy respetado. Nosotros usamos ese recurso incluso para ridiculizar al Billy Pacheco. Porque es la única manera en que hemos podido resarcirnos”, dice el cineasta.

El documental se esfuerza también por ir más allá de esta figura terrorífica pero extrañamente carismática. “Dijo aquello de bueno, tú crees que acabará la dictadura, pero los regímenes cambian y las policías permanecen. Y parece que tenía razón”, recuerda Javier Navascués en el documental. La cinta es muy crítica con el proceso de Transición política, que Lemcke define como “una de las más violentas de Europa” y del relato de consenso y acuerdo construido en torno a ella. “Testimonios como estos nos muestran que la estupenda Transición no lo fue tanto, con todo el respeto a todas esas gentes que la hicieron y que lucharon, y va siendo hora de ponerla en tela de juicio”, reivindica Lemcke. Pone una lista de tareas: “limpiar el nombre de los represaliados” y “juzgar las torturas”, procesos que por su naturaleza deben ser acometidos por el Estado, pero también “poder hablar de esas cosas que ocurrieron”, sobre todo mirando a las nuevas generaciones, en las que ve “un delirante vacío histórico”. “Aquí no se ha querido hablar de lo que pasó entre el final de la Guerra Civil y el 78. La única manera de sanarse como sociedad es hablar de ello, y hablar de todo”, reivindica el director.

Quienes ofrecen su testimonio en Billy eran veinteañeros cuando fueron torturados en la Dirección General de Seguridad, cuya sede, la Casa de Correos en plena Puerta del Sol, acoge hoy la presidencia de la Comunidad de Madrid. Han pasado toda su vida adulta sin que se reconozca públicamente el daño que se les causó, dice Lemcke. “Yo me he encontrado con gente, hombres y mujeres fuertes y valientes, que no han podido superar el sufrimiento. Y también con gente que no ha podido hablar aún a estas alturas, que no quiere recordar”. La muerte de González Pacheco deja un inevitable pesimismo: si él era el torturador franquista más conocido, y no será juzgado, cómo se puede confiar en una condena judicial para otros culpables. Pese al desánimo generalizado de estos meses Lemcke quiere confiar. Confiar en que, al menos, las historias de aquellos veinteañeros “a quienes golpearon y humillaron y a quienes les marcaron la juventud” sirva ahora a otros veinteañeros, y que estos estén decididos a que no vuelva a ocurrir. 

El mecanismo para la concesión de medallas policiales que aseguran a los condecorados un plus salarial vitalicio se ha convertido en un secreto guardado bajo llave. Ahora, y tras lustros sin cambios, la negativa a facilitar al sindicato Agrupación Reformista de Policías (ARP) las razones del otorgamiento de una determinada medalla ha acabado en los tribunales. 

La brecha abierta evidencia la opacidad que rodea este asunto. Y pone de nuevo el foco en un conflicto larvado que solo salta a un plano visible cuando trasciende que un torturador franquista como Billy el Niño o, salvando las distancias, un comisario de la denominada policía patriótica –José Manuel Villarejo– se cuentan entre los premiados con pluses: vitalicios y que pueden llegar a rondar incluso los 300 euros al mes por medalla. Con una ley elaborada en pleno franquismo –1964– y todavía vigente, ninguna norma permite siquiera retirar las condecoraciones a menos que una sentencia firme declare la inhabilitación absoluta del condecorado. Salvo alteraciones drásticas en su articulado, la futura Ley de Memoria abrirá por fin la puerta a esa retirada si el perceptor de los honores y la pensión especial ha realizado actos "manifiestamente incompatibles" con la Orden del Mérito Policial. 

Pero de momento, la opacidad se traduce en que nadie, excepto la jerarquía policial y el interesado, sabe el porqué exacto de los méritos atribuidos para entregarle una medalla y un complemento salarial a un miembro de la Policía. No solo el sindicato ARP, minoritario y con solo cuatro años de vida, suscribe el reproche por la falta de transparencia. "Las medallas son lo más oscuro que hay en la Policía", dice pidiendo el anonimato un dirigente de otra organización sindical de mayor afiliación y de ya larga trayectoria. 

La clave de la impugnación formulada por ARP ante los juzgados centrales de lo contencioso, es decir, en la Audiencia Nacional, son los argumentos del director general del Cuerpo para no aportar la información requerida. ¿Información sobre qué? Sobre el "concreto mérito" por el que Interior asignó en 2018 la Cruz al Mérito Policial con distintivo rojo al Comisario Principal y Jefe Provincial de Alicante, Alfonso Cid.

ARP cursó su solicitud de información el 17 de enero. Y lo que el 9 de julio adujo en su escrito de respuesta el director general de la Policía, Francisco Pardo, fue lo siguiente: que "el conocimiento de los méritos concretos para la concesión del mencionado distintivo pondría al afectado en un estado constante de inseguridad y ansiedad". Se vulneraría así –prosigue el texto– "su derecho a la seguridad personal" y a "no soportar perturbaciones o desasosiegos procedentes de cualquier medida que atente su tranquilidad". ¿En qué sustenta Pardo argumentos como los expuestos y que en un país con Ley de Transparencia parecen romper el molde? En que "no debemos olvidar que si las personas responsables de hechos delictivos en los que el señor Cid Alguacil participó como agente de la autoridad (...) conocieran esa participación podrían llevar a cabo acciones de represalia contra él". Y eso haría "peligrar su integridad y la de otras personas, dado que en la relación de méritos figura información al respecto". El director general entiende que la Ley de Transparencia avala su posición.

Fuentes policiales ajenas al circuito oficial consideran "peregrino" el hilo argumental del director general. Una de esas fuentes detalla así el porqué de su perplejidad: "Cualquier delincuente que quiera puede saber qué policías participaron en su persecución o su arresto o en la búsqueda de pruebas porque los atestados policiales se incorporan a las diligencias judiciales. Y esas diligencias llegan a todas las partes". En efecto, incluso los casos que se investigan judicialmente en secreto terminan abriéndose a acusaciones y defensas. La Dirección General de Policía no respondió el viernes las preguntas enviadas por infoLibre sobre el recurso de ARP.

¿Existe un retrato robot capaz de definir a los galardonados? No. El nexo común para acceder, por ejemplo, a la cruz con distintivo rojo, segunda en cuando a dotación económica tras la medalla de plata y con mayor número de perceptores, es cumplir alguno de los requisitos fijados por la normativa: haber sido heridos en acto de servicio "o por causa de él". O haber protagonizado "hechos distinguidos y extraordinarios con patente riesgo o peligro personal". O haber participado en un "hecho abnegado" o que "manifieste alto valor en circunstancias de peligro para su persona, con utilidad para el servicio o prestigio para el Cuerpo". O haber prestado "tres o más servicios en los que medie agresión con armas, aun sin resultar herido".  

En 2018, último listado al que ha tenido acceso infoLibre, Interior otorgó 152 cruces al mérito policial con distintivo rojo. El año anterior habían sido 159, según una respuesta parlamentaria que constata la falta de datos exactos sobre las virtudes del condecorado. En la columna central de la relación entregada al Congreso se repiten como un mantra tres palabras: "Meritorio hecho concreto". Y en la casilla contigua aparecen explicaciones que, aun sin despejar todas las incógnitas, sí ofrecen pistas. La actuación del policía en operaciones contra el terrorismo o el narcotráfico constituyen las dos causas más esgrimidas. ¿Por qué unos sí y otros presentes en el mismo operativo y que en apariencia han reunido idénticos merecimientos se quedan sin medalla? Es la gran incógnita. 

"Muchas medallas se conceden a punto de la jubilación porque en realidad se trata de una pensión encubierta", sostiene el portavoz de ARP, Luis Miguel Lorente. Lo piensa también el otro dirigente sindical antes citado y que considera las condecoraciones el apartado "más oscuro". "En términos relativos –opina– hay demasiadas medallas para comisarios principales y comisarios cuando todos sabemos que están en sus despachos y que quienes se arriesgan personalmente son sus subordinados". Según otras fuentes, la Policía dedica al año seis millones de euros para condecoraciones.

El viernes, una información publicada por el diario El Español reforzaba la tesis de que el sistema vigente mantiene en la sombra los verdaderos criterios de concesión. Según ese digital, el número dos de la Policía Autonómica Gallega, la unidad de la Policía Nacional adscrita a la Xunta de Galicia, se ha propuesto a sí mismo al Ministerio de Interior para recibir la Cruz al Mérito Policial con distintivo rojo. ¿La razón de su valía para recibir una medalla pensionada? Una operación llevada a cabo durante la pandemia en la que se detuvo a las puertas de su casa a una única persona acusada de un presunto delito de robo de mascarillas. El reparto anual de medallas tiene lugar el 2 de octubre, día de la Policía.

El Gobierno prepara un nuevo proyecto de ley de Memoria Histórica ley de Memoria Histórica que modifique y profundice en los aspectos que recoge ya la norma impulsada en 2007 por el anterior ejecutivo socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.

De cara a la elaboración del anteproyecto, este mismo viernes la Vicepresidencia primera y Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática que dirige Carmen Calvo ha abierto un plazo de 15 días para que la sociedad civil pueda remitir sus propuestas, ideas, opiniones o sugerencias de cara a la reforma de la ley.

En el Congreso de los Diputados hay ya registrada una proposición de ley del Grupo Socialista para reformar la ley de Memoria Histórica, que puede quedar desfasada ante el nuevo proyecto legislativo del Ejecutivo, que se ha comprometido a retirar post mortem las condecoraciones al expolicía franquista Antonio González Pachecopost mortem, alias Billy el Niño, fallecido en mayo pasado por covid-19.

Buzón virtual

Para recoger las sugerencias ciudadanas sobre la reforma de la ley, el Ministerio de la Presidencia ha habilitado el correo electrónico consultaleymemoria@mpr.es. El único requisito para considerar las propuestas que se hagan llegar es que el remitente se identifique, informa en un comunicado la Vicepresidencia primera.

Los principales objetivos que persigue el Gobierno con la reforma de la ley de memoria histórica es la de favorecer el conocimiento de la historia, el fomento de la Memoria Democrática, la cohesión y solidaridad entre las diversas generaciones de españoles en torno a los principios, valores y libertades constitucionales.

Pretende asimismo "promover la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar de quienes padecieron persecución o violencia, por razones políticas, ideológicas, o de creencia religiosa, durante la guerra civil y la dictadura, suprimiendo los elementos de división entre los ciudadanos".

La nueva propuesta, avanza el Ejecutivo, modificará o profundizará los contenidos que actualmente se recogen en la Ley de Memoria, regulando derechos, obligaciones y los procedimientos pertinentes, así como los mecanismos de carácter sancionador en caso de su incumplimiento.

En la proposición de ley que el Grupo Socialista registró en el Congreso a principios de año se planteaban, entre otras medidas, suprimir títulos nobiliarios y condecoraciones otorgadas por el franquismo, encargar al Gobierno las labores de exhumación de fosas, la confección de un censo de víctimas y un banco de ADN que facilite las identificaciones, y destinar partidas anuales para financiar la exhumación de restos del Valle de los Caídos.

También incluía la revocación de las condecoraciones policiales concedidas en el franquismo cuando quedase acreditado que el beneficiario hubiese "realizado u observado conductas manifiestamente incompatibles" con la Orden del Mérito Policial o de la Guardia Civil, caso en el que encajaría el expolicía Antonio González Pacheco, conocido como Billy el Niño, si bien falleció antes de la proposición de ley fuera aprobada en el Congreso.

El día en que fueron asesinados José Luis Sánchez-Bravo, Ramón García Sanz y Humberto Baena, los últimos fusilados del franquismo, el famoso Antonio González Pacheco, Billy el niño, recibió una felicitación pública y 20.000 pesetas, según consta en su hoja de servicios policiales. Era 1975. La razón: desarticulación del aparato de propaganda del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (F.R.A.P).

Los tres hombres ejecutados, de entre 21 y 27 años, habían sido detenidos por el asesinato de un Guardia Civil y un policía armado, Antonio Pose, de 49, y Lucio Rodríguez, de 21 años, y condenados en Consejo de Guerra Sumarísimo por militares en una simulación de justicia mediante un proceso injusto e irregular. No se presentó ni se aceptó ninguna prueba. Aun así, se dictaron penas capitales. Antes, fueron torturados durante días y días en la Puerta del Sol para ser después enviados a la cárcel de Carabanchel y de ahí a un campo de tiro militar donde fueron ejecutados. González Pacheco los sobrevivió cuarenta y cinco años, hasta que, en marzo de 2020, el covid-19 se lo ha llevado por delante con todas las medallas puestas. Aquella misma madrugada del 75, mataron también a dos miembros de ETA, a Juan Paredes, Txiki, en Barcelona, de 21 años, y en Burgos a Ángel Otaegi, de 33 años, tras juicios similares.

Solo dos años después de aquellos hechos, los últimos con el dictador vivo, salvados de sus procesos pendientes funcionarios y cargos públicos de la dictadura en 1977 –quedaban comprendidos en la amnistía los delitos de autoridades, funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas–, todas aquellas torturas quedaron para siempre impunes y las macabras condenas grabadas en archivos de difícil acceso que a día de hoy siguen custodiados por el mismo ejército que los dictó. Todo atado. Cuarenta y tres años después de aquella ley, no podemos saber cuánta gente pasó por los oscuros subterráneos de comisarías y edificios oficiales para ser humillados y golpeados, algunos hasta la muerte sin ningún control.

Toda aquella oscuridad la heredó este país para su futuro. No es ninguna frivolidad decirlo, yo nací en 1981 (afortunadamente, en una democracia), pero por qué tengo que asumir estos sótanos inhabitables como parte de una secreta mitología patria y no como parte del estudio de la historia y la justicia.

Hace diez días, la desclasificación del informe de la agencia de la CIA acerca de los GAL trajo otro fantasma del pasado. En un documento de 1984, la agencia admitía la guerra sucia y apuntaba directamente a los gobiernos de Felipe González por su implicación en el montaje de esta banda parapolicial fuera de la ley. Ayer mismo, PSOE, PP y VOX tumbaron la investigación al ex presidente González por su supuesta participación en estos hechos.

Axun Lasa, hermana de Joxean Lasa, asesinado por los GAL junto a Joxi Zabala, dice: «Para hablar de la cal viva, debemos seguir escarbando hasta encontrar los muertos de las cunetas». Y en ese hilo invisible que une todos los sufrimientos, víctimas jóvenes de fuegos cruzados, deberíamos quedar siempre del lado de los que intentan encontrar un relato lo más veraz y justo de todo lo que, como país, nos ha sucedido. Sin inesperadas puñaladas dialécticas de los políticos.

¿De qué lado se están poniendo los que impiden la reparación de tantos nombres?

Pili Zabala, exparlamentaria de Elkarrekin Podemos y hermana de Joxi Zabala, anunció el lunes la creación de una plataforma para investigar a los GAL. Y recuerda inevitablemente a otras plataformas y asociaciones que han tenido que buscar por sus medios o fuera de España los cauces jurídicos necesarios para desentrañar la violencia.

No sé en qué leyes se ampara esta oscuridad, pero resolver el pasado no debería ser un asunto ideológico que pueda o no votarse. Somos un extraño Estado de derecho donde algunos nombres son intocables. Si damos la memoria por supuesta, convocaremos repetidamente el pasado de forma selectiva y según nuestros intereses. La memoria de las víctimas no se explica sola y debe contener también en el relato de los que apretaron el gatillo, de los que torturaron, de los que dinamitaron derechos humanos. Justicia y verdad no van de la mano de intereses protegidos. Yo pensaba que ya no seríamos los mismos que protegieron a aquellos que solo contaron con la fuerza como mecanismo contra los hechos delictivos. Es la condena de la historia que se desconoce. La lucha contra un virus no es incompatible con otros procesos que también nos sanarán, y mucho, como nación.

El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves una proposición no de ley del PSOE y Unidas Podemos, pactada con Ciudadanos, que urge al Gobierno a despojar de sus medallas, ya a título póstumo, al policía franquista Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, y a quienes como él realizaran actos incompatibles con los Derechos Humanos, así como para invalidar las distinciones y títulos honoríficos que se concedieron a los adeptos al régimen y ha realizar un catálogo de los títulos nobiliarios concedidos a estas personas entre 1948 y 1978.

Once días después de la muerte del conocido torturador franquista, fallecido el pasado 7 de mayo por coronavirus, los dos partidos que integran el Gobierno registraron esta iniciativa reiterando un compromiso que habían anunciado en su acuerdo de coalición.

El texto se debatió en el Pleno este miércoles y se ha aprobado este jueves con apoyo de Ciudadanos, ERC, Junts, PNV, Bildu, Más País, Compromís, BNG. Vox se ha opuesto por considerar que la petición abunda en un "absurdo revisionismo histórico" y el PP ha optado por la abstención, aunque el secretario cuatro de la Mesa del Congreso y diputado de la formación de Pablo Casado, Adolfo Suárez Illana, ha roto la disciplina al votar en contra. 

Según ha confirmado él mismo a Europa Press ha decidido "en conciencia" desmarcarse de su partido por considerar que se trata de una proposición "tramposa y engañosa, en la que tras el parapeto de hechos lamentables, manipulando los sentimientos de los españoles, se pretende hacer saltar la Constitución". "Comprenderán que personalmente no puedo avalar un atropello semejante, una trampa de estas características y con una capacidad destructiva de la escasa concordia que lamentablemente nos queda ya en España", argumenta Suárez Illana en un comunicado.

Sin efectos legales

Como se encargaron de criticar algunos grupos durante el debate, el texto avalado por la Cámara no tiene efectos legales, más allá del recordatorio. La propia vicepresidenta del Gobierno y ministra de Presidencia y Memoria Democrática, Carmen Calvo, ya confirmó en mayo en el Senado que el Ejecutivo seguía con sus planes de quitar honores a Billy el Niño y el Congreso tiene pendiente de debate una reforma legal del PSOE que ya incluye un punto para dar respaldo legal a esa decisión y poder aplicarla.

En concreto, esa proposición de ley incluye en su artículo 12 el mecanismo para retirar las condecoraciones previstas para la Policía en virtud de la Ley 5/1964 y, en el caso de la Guardia Civil, de la Ley 19/1976. Las recompensas concedidas con anterioridad a la entrada en vigor de estas leyes podrán revocarse cuando quede acreditado que el beneficiario, antes de la concesión, había realizado actos u observado conductas manifiestamente incompatibles con el ingreso en la Orden del Mérito Policial o en la Orden del Mérito de la Guardia Civil", recoge el texto, que sigue pendiente de tramitación.

Pero como aún no hay fecha para que esa ley empiece a debatirse en el Congreso, el PSOE y Unidas Podemos optaron por renovar su compromiso de actuar en este sentido con el registro de la proposición no de ley aprobada este jueves y que, en realidad, no hace más que instar al Gobierno a tomar medidas para hacer efectivo lo que ya incluyeron en su acuerdo para gobernar en coalición.

En concreto, la Cámara urge al Gobierno a revocar de forma efectiva las condecoraciones y recompensas concedidas por el Estado a funcionarios y autoridades de la dictadura franquista que hubiesen realizado actos u observado conductas manifiestamente incompatibles con los valores democráticos y los Derechos Humanos, incluso a título póstumo, y en particular las condecoraciones de Billy el Niño.

Según apuntan PSOE y Unidas Podemos en su iniciativa, recogida por Europa Press, todavía se está pagando "el importe de 115 medallas policiales concedidas antes de 1979 a agentes de policía de la dictadura franquista".

Títulos honoríficos y nobiliarios

La proposición insta también al Gobierno a que se consideren "contrarios a la memoria democrática del Estado los reconocimientos o condecoraciones por el desempeño de su cargo o función a funcionarios y autoridades de la dictadura franquista que, antes o después de la concesión" formaran parte del aparato de represión de la dictadura franquista.

Este punto fue enmendado por Ciudadanos con el fin de puntualizar que no bastara con haber integrado ese aparato represivo para ver cuestionadas esas condecoraciones, sino que se considerasen contrarias a la memoria democrática sólo las concedidas a quienes, formando parte del mismo, "hubiesen realizado actos o observado conductas manifiestamente incompatibles con los valores democráticos y los principios rectores de la protección de los Derechos Humanos".

Además, el texto aprobado mandata al Ejecutivo a adoptar las iniciativas normativas precisas "para revisar e invalidar todas las distinciones, nombramientos, títulos honoríficos y demás formas de realzar a personas y entidades que supongan exaltación o enaltecimiento del golpe militar de 1936, la Guerra Civil y del franquismo, así como la elaboración de un catálogo de títulos nobiliarios concedidos entre 1948 y 1978, que representen la exaltación de la Guerra Civil y dictadura, para su supresión".

El Pleno del Congreso tiene previsto aprobar este miércoles una iniciativa del PSOE y Unidas Podemos que insta al Gobierno a acometer las medidas necesarias para despojar de sus medallas, ahora ya a título póstumo, al expolicía Antonio González Pacheco, alias 'Billy el Niño', así como a hacer un catálogo de los títulos nobiliarios concedidos por el régimen franquista a sus adeptos entre 1948 y 1978.

Once días después de la muerte del conocido torturador franquista, fallecido el pasado 7 de mayo por coronavirus, los dos partidos que integran el Gobierno registraron esa proposición no de ley reiterando un compromiso que habían anunciado en su acuerdo de coalición. Y ahora los dos socios han decidido que este asunto sea la primera PNL que debata el Pleno del Congreso tras el parón motivado por la crisis del coronavirus.

Eso sí, es una iniciativa sin efectos legales, más allá del recordatorio. La propia vicepresidenta del Gobierno y ministra de Presidencia y Memoria Democrática, Carmen Calvo, ya confirmó en mayo en el Senado que el Ejecutivo seguía con sus planes de quitar honores a 'Billy el Niño' y el Congreso tiene pendiente de debate una reforma legal del PSOE que ya incluye un punto para dar respaldo legal a esa decisión y poder aplicarla.

Previsto en la nueva Ley de Memoria, sin fecha de debate

En concreto, esa proposición de ley incluye en su artículo 12 el mecanismo para retirar las condecoraciones previstas para la Policía en virtud de la Ley 5/1964 y, en el caso de la Guardia Civil, de la Ley 19/1976. Las recompensas concedidas con anterioridad a la entrada en vigor de estas leyes podrán revocarse cuando quede acreditado que el beneficiario, antes de la concesión, había realizado actos u observado conductas manifiestamente incompatibles con el ingreso en la Orden del Mérito Policial o en la Orden del Mérito de la Guardia Civil, recoge el texto, que sigue pendiente de tramitación.

Pero como aún no hay fecha para que esa ley empiece a debatirse en el Congreso, el PSOE y Unidas Podemos optaron por renovar su compromiso de actuar en este sentido con el registro de la proposición no de ley que se debate este miércoles y que, en realidad, no hace más que instar al Gobierno a tomar medidas para hacer efectivo lo que ya incluyeron en su acuerdo para gobernar en coalición.

En concreto, el texto que aprobará la Cámara urge al Gobierno a revocar de forma efectiva las condecoraciones y recompensas concedidas por el Estado a funcionarios y autoridades de la dictadura franquista que hubiesen realizado actos u observado conductas manifiestamente incompatibles con los valores democráticos y los Derechos Humanos, incluso a título póstumo, y en particular las condecoraciones de Billy el Niño.

Según apuntan PSOE y Unidas Podemos en su iniciativa, recogida por Europa Press, todavía se está pagando "el importe de 115 medallas policiales concedidas antes de 1979 a agentes de policía de la dictadura franquista". Ambos partidos instan también al Gobierno a que se consideren "contrarios a la memoria democrática del Estado los reconocimientos o condecoraciones por el desempeño de su cargo o funcionarios y autoridades de la dictadura franquista que, antes o después de la concesión, hayan formado parte del aparato de represión de la dictadura franquista".

Pasar de los debates hechos

Y, por último, proponen adoptar las iniciativas normativas precisas "para revisar e invalidar todas las distinciones, nombramientos, títulos honoríficos y demás formas de realzar a personas y entidades que supongan exaltación o enaltecimiento del golpe militar de 1936, la Guerra Civil y del franquismo, así como la elaboración de un catálogo de títulos nobiliarios concedidos entre 1948 y 1978, que representen la exaltación de la Guerra Civil y dictadura, para su supresión".

También Más País había registrado una proposición no de ley instando al Gobierno a despojar a 'Billy el Niño' de sus medallas a título póstumo, aunque tuvo que reformular algunos de sus puntos por petición de la Mesa del Congreso. Tanto Iñigo Errejón como el diputado de EH Bildu Jon Iñarritu ya lamentaron que el PSOE y Unidas Podemos se hubieran limitado a registrar una nueva proposición no de ley, sin agilizar la reforma legal.

Antaño actuaban sin complejos torturando un poco antes de comer y otro poco por la tarde, sin prisa pero sin pausa, para ir sacando el curro con eficiencia sin reventarse a trabajar. A fin de cuentas, con un dictador fascista en El Pardo, había tiempo de sobra para cultivar ese tipo de aficiones particulares en beneficio de las obligaciones laborales.

Ahora no se paran a torturar porque los mercados van que se matan y mientras le retuerces las meninges a una feminista en el sótano de la comisaría, resulta que te ha subido la cotización del dólar y has perdido comba en la bolsa. Y como tampoco hay organizaciones políticas clandestinas que perseguir, pues oye, ¿qué ganas tienes de andar enredando con la picana?, y más al precio que está la luz.

Ahora prefieren ponernos en riesgo a todos levantando el Estado de alarma y matar directamente por exposición al virus para salvar eso que llaman "la economía", que debe ser como una de esas santas desconocidas a las que hay que seguir rezando porque es dogma de fe aunque no sepamos si tienen licencia para hacer milagros. Por otra parte, bien mirado, esta pandemia puede ser una forma de atajar el problema de la superpoblación, bajar las cifras del paro y sanear la caja de las pensiones. Que la gente mayor se está muriendo muy tarde, como diría Christine Lagarde, sobra personal sanitario ahora que se ha cerrado el hospital de Ifema y además no hay bastante comida basura para todos en el Telepizza. De hecho, el sector privado ha demostrado ya el éxito de la iniciativa en residencias de ancianos privadas de la Comunidad de Madrid con cifras de muertos muy superiores a las de geriátricos públicos. Para que luego digan que los neoliberales son unos psicópatas egoístas que no buscan más que el beneficio propio.

Las ultraderechas han heredado los aparatos de torturar pero, más allá de servir como adornos vintage en la estantería de los licores junto al viejo aparato de radio del abuelo, no les encuentran acomodo y hasta les hacen quedar mal en Europa, que es un sitio donde ser fascista, en general, está peor visto que en España e incluso en algunos lugares como Alemania no se tolera una esvástica ni aunque venga de la India.

Por desgracia para los españoles, aunque aquellos instrumentos para convencer por las malas estén fuera de servicio, las viejas costumbres, que son más resistentes que los virus, siguen plenamente vigentes y en algunos casos como el de Billy el Niño, reconocidas como un servicio a la patria con medallas pensionadas. Aunque cambie el signo político del gobierno no hay manera de acabar con el olor a cerrado de los ministerios ni sacudirle el polvo franquista a las alfombras y, por menos de nada, abres un armario y te encuentras cuatro o cinco operativos de la policía política del fúnebre Fernández Díaz, montada por Villarejo, escuchando las conversaciones de Pablo Iglesias e Irene Montero mientras les cambian los pañales a los mellizos.

Se pudo sacar a Franco del Valle de los Caídos, pero aún sigue enterrado en la Constitución. Quizá por eso ha tenido que venir un bicho microscópico a poner a este muerto en su sitio, ya que no ha querido la justicia. No estaría de más, ahora que se ha muerto el perro, saber quién ha heredado la rabia.

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Toño Benavides es ilustrador y poeta.

Este jueves se conoció la noticia del fallecimiento de Antonio González Pacheco, conocido como Billy el Niño por su pasado profesional como miembro de la policía franquista. Me parece un error presentarlo como “el monstruo muerto”. Este individuo podría considerarse, en todo caso, uno de entre los verdugos impunes con los que comparte protagonismo. Es cierto que el personaje es particularmente recordado por los miembros de la resistencia ordinaria frente a la dictadura del general Franco, por cuanto mostró extraordinaria saña y sadismo en vulnerar los derechos humanos y combatir los valores democráticos para defender la pervivencia del Régimen.

“¿Describir lo que me hicieron y dijeron? Sería imposible, eso no se puede comunicar, no se puede transmitir lo que era... Yo sentía que me volvía loca y deseaba morir, se lo decía a gritos, que me mataran de una vez, pero que acabaran” (María del Pilar, trabajadora y estudiante).

“Las uñas me las arrancaron (...) Te daban en las manos. Las manos estaban hinchadas. Los pies hinchados. ¡Y así, horas! Toda la noche, prácticamente. La cabeza sobre la pared, el cuerpo retirado un poco para que te apoyes y las esposas atrás. ¡Y venga! ¡Y venga! ¡Y venga! Y esa era la tortura” (Francisco, obrero de la construcción y militante de CCOO).

“Em deien que anirien a buscar als meus pares. Sabien que el meu pare havia estat del POUM, que havia anat a la guerra a defensar la República, que havia sigut voluntari. Coneixien tota la meva vida […] Les tortures psicològiques a vegades em feien més mal que quan em picaven” (Maria Teresa, trabajadora).

“Me impresionaba mucho el oír cómo torturaban a otros compañeros, sobre todo en Barcelona, los gritos, los golpes… También me daba nauseas lo que decían sobre el sexo, que me meterían una pistola por el coño, que me darían patadas, para inutilizarme como mujer; ver la forma tan baja de interrogar... Durante más de un mes no pude dormir recordando aquella situación” (Trinidad, trabajadora).

Estos son algunos de los testimonios recogidos en la exposición Esto fue lo que me pasó/Això em va passar, acogida el otoño de 2016 por El Born, Centre de Cultura i Memòria de Barcelona, de la que fui comisario junto con César Lorenzo y Jordi Mir. Habían pasado casi cuatro décadas del final de la dictadura y era la primera exposición histórica que abordaba este asunto. Argumentábamos que el franquismo siempre equiparó el orden público y la defensa del orden político-social con la represión. La violencia política organizada por el Estado fue un fenómeno estructural. Formaba parte de su propia naturaleza desde sus orígenes en la Guerra Civil y perduró durante la etapa final, incluso durante los años de la transición a la democracia en España.

La práctica de la tortura, que fue una expresión más de esa violencia, nunca fue legal, pero tampoco existió un marco de garantías que permitiera su investigación y su prevención. Los funcionarios policiales, en particular los miembros de las Brigadas Regionales de Información policial, configurada como la policía política de la dictadura, hicieron un uso sistemático e impune de las torturas contra los miembros de la oposición política y sindical. Estas actuaciones fueron llevadas a cabo bajo la cobertura del orden gubernativo provincial y regional. La violencia policial y las torturas fueron un componente sistémico de la dictadura. Es erróneo históricamente delimitarlo a la responsabilidad de uno o de varios individuos, por mucho que se presenten como monstruos por sus comportamientos. Es dejar fuera de foco lo que la filósofa Hannah Arendt denominó la “banalidad del mal”, la lógica de su rutinización y la asunción de su necesidad. Al tiempo que reduce en exceso unas responsabilidades que fueron penales, pero también políticas.

Uno de los pocos periodistas que, ya en democracia, hacía referencia a este pasado incómodo fue Manuel Vázquez Montalbán. Militante antifranquista y miembro del Partit Socialista Unificat de Catalunya, Montalbán publicó una columna en 1985 con motivo del fallecimiento del ex-comisario Antonio Juan Creix, uno de los perpetradores de aquellas torturas junto a Roberto Conesa, Saturnino Yagüe, Genuino Navales y el propio González Pacheco, entre muchos otros. El periodista reflexionaba sobre el significado de la desaparición de escena de protagonistas que formaban parte de la historia de la infamia, al mismo tiempo que recordaba algo que hoy precisamente cabría recordar de nuevo:

"La Reforma había absuelto a los dueños de los Creix, ¿hubiera sido justo perseguir a los criados? Martín Villa me dijo en cierta ocasión que la oposición se atrevía a pedirle las cabezas de la policía política, pero no las de militares e intelectuales cómplices de un mismo estado de cosas. Al fin y al cabo, algunos militares se habían prestado a oficiantes de represiones jurídicas y un buen puñado de intelectuales puso aquella barbarie en endecasílabos. Pero no utilizaron las manos para romper el alma y el cuerpo de los reconstructores de la razón: anarquistas, comunistas, socialistas, nacionalistas que conservarán mientras vivan en su memoria el recuerdo de todos los profesionales de la humillación" (El País, 28-3-1985).

La pervivencia de la impunidad ha sido a menudo negada o simplemente expulsada del discurso público. El reconocimiento político pero también social de las experiencias de torturas y malos tratos policiales vividas por militantes antifranquistas ha sido muy escaso. Desde el punto de vista cultural, su análisis histórico o bien su representación artística han sido con frecuencia menospreciados, cuando no presentados por la corrección política como una fuente de conflicto que era necesario eludir. La persistencia del “entierro” del pasado es una paradoja en un país lleno de fosas comunes. Si el pasado es una dimensión del presente, los actos impunes de ese pasado se nos presentan como un vacío ético en el presente. Si la tortura fue una realidad estructural de la dictadura ¿la pervivencia en el tiempo de su impunidad se debe aceptar como un fruto amargo de nuestra democracia? Si fuera así: ¿Cuáles son los valores políticos que sustentan esta democracia? Desde un punto de vista ético y de responsabilidad, parece razonable que no debiéramos aceptar que aquello intolerable de ayer termine siendo olvidado hoy.

La codificación de una particular "cultura del consenso" cerró durante los años de la transición política la posibilidad de revisar nuestra relación con el pasado dictatorial. Esto responde a una forma de concebir la democracia como un punto de llegada. Pero este es un proceso nunca del todo finalizado, un espacio por construir y por ensanchar de forma continuada. La democracia no era ni es inevitable, vive avances y retrocesos, es el resultado de las acciones de las personas que construyen una ética democrática de los cambios. Este fue el compromiso adquirido por las mujeres y hombres que fueron objeto de una vulneración de sus derechos por negarse a aceptar la condición de súbditos, porque aspiraron y lucharon entre otras cosas por conseguir los derechos de ciudadanía. Una conquista de la que incluso se beneficiaron victimarios como es el caso de González Pacheco, quien ha muerto gozando de una condición que combatió. Fue a partir de ese compromiso ético, pero también político, cómo se forjaron las libertades democráticas en este país. El mensaje la mayoría de los que fueron perseguidos por la violencia institucional franquista es nítido y sería ya el momento de creerlo, de atenderlo, porque lo que reivindican es que no se les niegue “aquello que les pasó” y que forma parte su experiencia vital. Para esto es necesario el compromiso con la Justicia, la Verdad y la Reparación. Los protagonistas hoy como ayer tendrían que ser ellos.

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Javier Tébar Hurtado es profesor de Historia de la Universidad de Barcelona.

La pandemia deja escrito un nuevo capítulo, otro más, sobre la impunidad de los crímenes del franquismo. El coronavirus puso fin este jueves a la vida del expolicía de la Brigada Político Social (BPS) Juan Antonio González Pacheco, más conocido como Billy el Niño. Se fue con un currículum oficial impoluto, plagado de condecoraciones y reconocimientos de todo tipo obtenidos durante los últimos años de la dictadura y los primeros compases de la democracia. Sin que su historia y sus fechorías en los sótanos de la Dirección General de Seguridad de la Puerta del Sol hayan sido nunca puestas ante los ojos de un tribunal. Sus víctimas, las que vivieron en sus carnes los golpes, los insultos y las humillaciones, no lo celebran. Sin condena, dicen, no hay reconocimiento y todo queda reducido a supuestas torturas. La muerte del exagente de la Político Social vuelve a evidenciar la incapacidad de una democracia como la española de saldar en tiempo y forma la deuda de verdad, justicia y reparación que tiene con las víctimas del franquismo desde hace más de cuatro décadas.

Juan Antonio González Pacheco no vivió la Guerra Civil. Sin embargo, supo encontrar rápido su sitio en la Administración franquista. Nacido en la pequeña localidad de Aldea del Cano, el cacereño consiguió ingresar en la Academia del Cuerpo General de Policía en septiembre de 1969 tras un par de intentos de previos de encarrilar su vida –primero estudiando Medicina y luego intentándolo como militar–. “También en la escuela ocupó uno de los últimos puestos de la promoción. Por esa mala puntuación, teóricamente, no se puede quedar en Madrid. Pero, los ‘amigos’ hacen el milagro y una fulgurante carrera espera al policía González Pacheco, y no por los estudios sino, en opinión de algunos de sus colegas, por las convicciones políticas. Su adhesión al régimen de Franco es inquebrantable y sus vinculaciones con elementos de extrema derecha, al parecer, notorias”, recogía la revista Cambio 16 en julio de 1979. Con esas credenciales, en diciembre fue nombrado oficialmente subinspector de segunda clase. Su destino, la Brigada Político-Social. Su misión, reprimir a la oposición antifranquista.

La carrera del entonces joven policía arrancó entre las cuatro paredes de la DGS. Sin embargo, se sentía más cómodo merodeando por los bares y pasillos de la Universidad Complutense de Madrid, donde se cocinaba a fuego lento cualquier acción de los colectivos antifranquistas. Allí se ganó entre los estudiantes y activistas el mote de Billy el Niño. Por su “facilidad para desenfundar” el arma, por su “chulería”, por sus brutales técnicas de interrogatorio. Pronto se convirtió en uno de los hombres fuertes del comisario Roberto Conesa, otra de las bestias negras para la oposición al régimen. Y de su mano continuó con su andadura tras la muerte del dictador. Con la Brigada Político Social disuelta en 1976, pasó a formar parte de la Brigada Central de Información haciéndose cargo del denominado grupo anti-Grapo. Fue en esa etapa cuando comenzó su ascenso meteórico. Una luz que se empezó a apagar en 1980, cuando se le apartó de Antiterrorismo y se le envió a la Comisaría General de Policía Judicial. En 1982, abandonó su vida como policía y emprendió su camino en la empresa privada.

Casi cuatro décadas después de su salida del Cuerpo, González Pacheco ha fallecido sin que ningún tribunal haya sido capaz en democracia de juzgar las acusaciones que siempre han pendido sobre él. De hecho, la única vez que se vio en apuros en suelo español fue unos meses antes de su salida de Antiterrorismo. En 1979, fue llamado hasta en tres ocasiones por el juez que instruía el caso del asesinato de los abogados laboralistas en la calle Atocha para explicar su presunta relación de amistad con uno de los procesados, José Fernández Cerrá. A pesar de los intentos para esquivar a la justicia, finalmente tuvo que prestar una primera declaración que vino seguida de un careo con dos de los imputados para aclarar las contradicciones puestas de manifiesto. El expolicía salió airoso y con el respaldo de sus compañeros, que incluso llegaron a organizarle una cena-homenaje para denunciar una supuesta campaña de ataques orquestada por parte de algunos medios de comunicación.

La ausencia de Billy el Niño en el banquillo de los acusados no es fruto, precisamente, de la inacción de sus víctimas. De hecho, son ellas las que han batallado para que su nombre no terminase cayendo en el olvido. El paso más importante en esta línea lo dieron en abril de 2010 con la famosa querella argentina. La primera victoria llegó en 2013, cuando la jueza federal María Servini ordenó la detención internacional y extradición del expolicía. Sin embargo, se encontraron con el infranqueable muro español. La Audiencia Nacional rechazó enviarle hacia Buenos Aires al considerar que los delitos que se le atribuían habían prescrito, rechazando tajantemente que pudieran ser calificados como crímenes de lesa humanidad –no caducan– al no formar parte de un “ataque sistemático y organizado a un grupo de población”. El Ministerio Público, por su parte, también se colocó al lado del acusado. Incluso la ex fiscal general del Estado Consuelo Madrigal llegó a enviar una instrucción a las fiscalías provinciales en la que daba instrucciones de no colaborar con la justicia argentina.

“Se ha ido sin haber pasado por un juzgado”e ha ido sin haber pasado por un juzgado

Sin sentencia de ningún tipo ni relato de hechos probados, las únicas referencias sobre las torturas de González Pacheco son las que aportan las propias víctimas. Le recuerda bien Lidia Falcón, a quien mientras le machacaba el estómago a puñetazos le gritaba “ya no parirás más, puta”. O Luis Miguel Urbán: “Me metió una pistola en la boca y apretó el gatillo. Fue una simulación de ejecución. Lo hacía mucho”. También lo sufrió Chato Galante, fallecido hace sólo unos días y que en su declaración ante la justicia argentina relató con todo lujo de detalles las torturas a las que había sido sometido tras su detención en febrero de 1971. Fue colgado de las muñecas para servir a los policías de “saco de golpes en sus prácticas de karate”. Se le aplicó la bañera, consistente en meterle la cabeza en “aguas nauseabundas” hasta “casi ahogarle” y repetir la operación “sucesivamente hasta que perdía el conocimiento”. Pero de lo que más le costó recuperarse fue de los golpes recibidos en los genitales “con porras o vergajos”. “Durante meses orinó sangre y coágulos”, recoge un auto de la jueza Servini.

Luis Suárez, que en 1973 estuvo durante tres días en sus manos, tampoco se olvida de un tipo que “cuando torturaba, le gustaba resaltar”. Por eso cuando descuelga el teléfono pocos minutos después de conocerse el fallecimiento se muestra “cabreado”. “Yo no quería ni que muriera ni que sufriera, algo que me diferencia de él. El problema de estos crímenes no se soluciona con el fallecimiento del criminal, sino con la condena. Y se ha ido sin haber pasado por un juzgado”, asevera Suárez en conversación telefónica con infoLibre. No entiende cómo es posible que en un Estado de derecho en pleno siglo XXI no se siente a un “torturador” en el banquillo de los acusados. Y lamenta que esta impunidad pueda terminar empañando la historia alrededor de González Pacheco. “Era necesaria una sanción para que nadie pudiera decir que no se habían producido torturas al no haber sentencias al respecto”, desliza. Esto último es, justamente, a lo que se agarró el exministro del Interior Juan Ignacio Zoido hace justo dos años.

“Con toda la libertad y honores”Con toda la libertad y honores

Tampoco celebra la muerte Felisa Echegoyen, quien no se enteró de la noticia hasta que volvió del paseo diario que le permite la nueva fase de la pandemia. “Tengo que mover el cuerpo y no me llevo el teléfono”, explica entre risas. Y dicho esto, pasa a la acción. “En este país los criminales quedan impunes”, apunta la exmilitante de la Liga Comunista Revolucionaria detenida y torturada durante tres días en octubre de 1974. Sin justicia en España, Kutxi, como la conocen los amigos, llevó el caso ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas el pasado mes de octubre. Esa vía era una de sus últimas esperanzas. “Con la muerte, esto también se nos descuelga”, dice. Sin embargo, a pesar de no haber obtenido el reconocimiento que buscaban en los tribunales, Echegoyen trata de animarse buscando “otros apoyos”. “La historia de alguna manera ya lo ha juzgado. Creo que eso sí que lo hemos conseguido, que su nombre aparezca vinculado a lo que realmente fue: un torturador del franquismo”, asevera a este diario.

González Pacheco se fue sin reproche penal alguno, con sólo un par de multas ridículas que se le impusieron en los últimos años del franquismo por malos tratos o coacciones, y con un expediente cargado de reconocimientos y condecoraciones que nunca le han sido retirados. A día de hoy, en la pechera de su uniforme siguen colgando una Cruz al Mérito Militar con distintito blanco y cuatro medallas al Mérito Policial –dos de Plata y dos con distintivo rojo– que le han reportado un plus del 50% sobre su pensión vitalicia. El Gobierno se comprometió a quitárselas, algo que hasta la fecha no se ha cumplido. Primero había que estudiar el caso detenidamente. Luego, la imposibilidad de sacar adelante su reforma de la Ley de Memoria Histórica bloqueó todo el proceso. “Se ha ido con toda la libertad, impunidad y honores”, critica Suárez. Es el final de una de las leyendas más negras de la policía franquista. Es otro ejemplo más del fracaso del Estado en la reparación de las víctimas. Pero la muerte de González Pacheco no supone el final del camino. Todavía, a día de hoy, sigue habiendo víctimas. Y verdugos.

Se han producido innumerables reacciones espontáneas a su muerte, algunas, seguramente poco meditadas, celebrándolo. Yo no celebro la muerte de nadie; tampoco me consolaría saber que hubiera tenido una muerte dolorosa; a diferencia de él, yo no disfruto del dolor ajeno. Siento, sí, que se haya ido no sólo sin sentarse, como merecía, en un banquillo, sino sin haber jamás expresado el menor remordimiento o arrepentimiento, la mínima empatía hacia sus víctimas. Esa misma que unánimemente se les exige, por ejemplo, a los terroristas condenados.

Pensemos fríamente el significado de la muerte impune de González Pacheco: un torturador que ha vivido a sus anchas durante más de 40 años de democracia, a pesar de los innumerables testimonios que hemos aportado sobre sus delitos, investigados incluso fuera de nuestro país, sin que el Estado español se haya atrevido a toserle: ni se le habían llegado a retirar las condecoraciones recibidas por sus "servicios".

¿Qué dice esto de nuestra democracia, de nuestro Estado de Derecho?

… cuando los organismos internacionales más respetados en materia de derechos humanos han reclamado por activa y por pasiva al Estado español que investigue y juzgue los crímenes del franquismo, dando así amparo a sus víctimas…

… cuando las víctimas de esos crímenes nos hemos tenido que desplazar a Buenos Aires en búsqueda de justicia, y hemos recorrido cientos de juzgados españoles…

… y cuando el Estado, a través de la Fiscalía y del sistema judicial, ha bloqueado cualquier acceso a la justicia –ya sea juzgando, ya extraditando…–.

Lo que esto dice de nuestra democracia y nuestro Estado de Derecho es que están corrompidos, que las instituciones a las que pagamos renuncian a sus obligaciones, que se ampara la impunidad.

Hoy no es solamente un día triste, de constatación del desamparo, para las víctimas del franquismo. Hoy es un día de vergüenza nacional y así debería recordarse para las venideras generaciones; para que sepan de una sociedad tan cobarde, tan hipócrita, que fue incapaz de encararse con presuntos criminales que disfrutaban de privilegios y prebendas oficiales, que fue incapaz, más de 40 años después, de sacudirse la sombra del franquismo de sus togas y tarimas.

Con el fallecimiento en olor de impunidad del torturador, nuestra sociedad e instituciones desnudan su impotencia: un personaje que ha medrado por las cloacas del Estado en el franquismo, en la transición y seguramente en la democracia, ha tenido agarrado al poder por las partes, chantajeándole hasta no poder tocarle ni sus espurias condecoraciones y beneficios oficiales.

Para quienes luchamos desde hace mucho contra la impunidad del franquismo, la sensación hoy podría pensarse tal vez agridulce: por una parte, la justicia ha sido una vez más eludida, pero, en contraposición, nuestra lucha todos estos años ha conseguido poner en la agenda pública los crímenes y la impunidad; hemos conseguido una, digamos, condena mediática y popular de personajes como Pacheco. Sin embargo, no nos engañemos, es muy superior el sentimiento de derrota y humillación. Ninguna condena moral pública, por unánime que pueda parecer, sustituye a la que imparten los tribunales.

Hoy sí tienen motivos de celebración, en cambio, sus cómplices, quienes han compartido su siniestra hoja de servicios: un testigo menos. Quizás solo le echen en falta en esas cuchipandas a las que le invitaban en comisarías hasta ayer mismo.

Finalizo recordando a Chato Galante, amigo y compañero entrañable y adalid de la lucha contra la impunidad, fallecido hace solo unos días, y que ante la opinión pública aparecía en cierta forma como la némesis de Pacheco, quien le torturó salvajemente en los años 70. Por la memoria de Chato, también por la de Carlos Slepoy, y por la de tantas personas que han luchado y ya no nos acompañan; hasta nuestro último aliento seguiremos reclamando justicia ante todas las instancias. Como ellos y ellas hicieron. Por su memoria, y por quienes nos seguirán, porque es seguro que nos seguirán.

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Luis Suárez-Carreño, víctima de Billy el Niño y miembro de La Comuna

El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha registrado este jueves en el Congreso una iniciativa para instar al Gobierno a retirar a título póstumo "todos los honores y privilegios" al policía Antonio González Pacheco, conocido como Billy el Niño, fallecido por coronavirus y que, entre otros militantes antifranquistas, torturó al padre del diputado por Madrid.

"Las instituciones no han estado a la altura durante décadas, pero creemos que nunca es tarde para hacer lo correcto", ha argumentado Errejón en un mensaje de Twitter, recogido por Europa Press, en el que anuncia que intentarán que los honores que Billy el Niño ha conservado hasta su muerte, les sean retirados aunque tenga que ser después de muerto.

En concreto, Errejón se ha lamentado de que ex policía haya fallecido sin haber sido despojado de las condecoraciones y habiendo cobrado hasta el final de sus días "una pensión especial por infringir dolor a quienes lucharon por la libertad".

"Es una humillación para el pueblo español y un insulto a sus víctimas", ha apostillado. El pasado mes de febrero, en una entrevista en el Huffington Post, Errejón desveló que su padre fue detenido y torturado por González Pacheco.

El vicepresidente segundo de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, ha sentenciado este jueves que la muerte del expolicía y torturador del franquismo Juan Antonio González Pacheco, alias 'Billy el Niño', sin haber sido juzgado y con sus medallas y privilegios intactos, "es una vergüenza" para el Gobierno, y ha pedido perdón por ello. "La muerte del torturador Gonzalez Pacheco sin haber sido juzgado, con sus medallas y privilegios intactos, es una vergüenza para la democracia y también para nosotros como Gobierno. Pido perdón a sus víctimas, luchadores por la democracia y la justicia. Porque fuisteis, somos", ha lamentado el secretario general de Podemos en un mensaje en Twitter, recogido por Europa Press.

En la misma línea, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha expresado su "rabia" porque 'Billy el Niño', haya fallecido "con todos sus reconocimientos, honores, medallas y pensiones", y también ha pedido "perdón" porque el Gobierno no se las ha retirado "a tiempo". "Ha muerto el torturador Billy el Niño y lo ha hecho con todos sus reconocimientos, honores, medallas y pensiones. Cuánta rabia. Pido perdón a todos los que lucharon por la democracia en España y más a quienes sufrieron sus torturas porque no hemos llegado a tiempo", ha afirmado la 'número dos' de Podemos en un mensaje en Twitter, recogido por Europa Press.

"Quedó pendiente la verdad, la justicia y la reparación"

Además de Montero, han sido muchos los cargos y dirigentes de Unidas Podemos los que este jueves han expresado su "pena" y "rabia" porque 'Billy el Niño' haya muerto sin haber sido condenado por las torturas de las que estaba acusado, y sin habérsele retirado sus medallas y pensiones, como lleva defendiendo la organización liderada por Pablo Iglesias desde hace años. "Quedó pendiente la verdad, la justicia y la reparación", ha lamentado la portavoz adjunta en el Congreso, Sofía Castañón. "Otro torturador que muere, impune, en la cama. Hacen falta mecanismos de reparación de las víctimas y retirar honores a quienes torturaron en complicidad con el fascismo. La historia nunca lo perdonará", ha afirmado el diputado de En Comú, Joan Mena.

A su vez, la portavoz de Podemos en la Comunidad de Madrid, Isa Serra, ha criticado que 'Billy El Niño' "ha muerto impune y con las medallas puestas". "Hace poco más de un mes murió Chato Galante, luchador antifranquista, una de sus tantas víctimas. Que no mueran más torturadores sin juzgar ni víctimas sin reparar. Este país está en deuda con la memoria y la democracia", ha apostillado.

Por su parte, el eurodiputado de Anticapitalistas, antes dirigente de Unidas Podemos, Miguel Urbán, cuyo padre fue una de las víctimas del torturador, también ha lamentado en Twitter que González Pacheco haya muerto sin haber sido juzgado. "Otro que muere en la cama sin haberlo podido juzgar.España tiene 40 años de retraso y deudas democráticas con las y los luchadores antifascistas que todavía hoy siguen exigiendo justicia, memoria y reparación. No puede haber democracia con impunidad", ha demandado.

El expolicía acusado de torturas durante el franquismo Juan Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, ha fallecido a primera hora de esta mañana en una clínica madrileña aquejado de la Covid-19, según han confirmado Europa Press en fuentes policiales conocedoras de su enfermedad. Su hoja de servicio con varias medallas era objeto de debate y se estudiaba la forma de retirar estos premios con cambios legales.

Según ha adelantado eldiario.es, González Pacheco se encontraba ingresado en la clínica San Francisco de Asís desde hace varios días, donde ha fallecido alrededor de las siete de la mañana tras sufrir unas complicaciones en el riñón derivadas de la enfermedad por el Covid-19.

La posible retirada de las medallas por la carrera profesional durante el franquismo de Billy el Niño ha sido objeto de debate desde la moción de censura que aupó a la Presidencia del Gobierno a Pedro Sánchez en junio de 2018. Esta fue una de las exigencias de Unidas Podemos desde entonces y el Ejecutivo lo retomó tras el pacto de investidura en enero entre la formación de Pablo Iglesias y el PSOE.

Incremento de pensión por medallas

La Mesa del Congreso también terminó aceptando que el Gobierno remitiera a la cámara el informe relativo a la hoja de servicios del torturador franquista Antonio González Pacheco, que disfrutaba de un 50% de incremento de su pensión gracias a cuatro medallas concedidas entre 1972 y 1982.

El pasado 11 de febrero, un mes antes de decretarse el estado de alarma por el coronavirus, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se mostró convencido de que se podrían retirar las medallas concedidas a Billy el Niño gracias a la nueva Ley de Memoria Histórica que había presentado el PSOE en el Congreso.

Según el nuevo articulado presentado el 24 de enero en el Congreso por parte del PSOE, la Ley de Memoria Histórica facultaría al titular del Interior para iniciar el trámite de revocación de estos premios. La portavoz del Grupo Socialista, Adriana Lastra, aseguró entonces que esperaba que la norma se tramitara "cuanto antes". "No defendemos a un torturador franquista", aseveró. La proposición de ley incluye en su artículo 12 el mecanismo para retirar las condecoraciones previstas para la Policía en virtud de la Ley 5/1964 y, en el caso de la Guardia Civil, de la Ley 19/1976.

"Las recompensas concedidas con anterioridad a la entrada en vigor de estas leyes podrán revocarse cuando quede acreditado que el beneficiario, antes de la concesión, había realizado actos u observado conductas manifiestamente incompatibles con el ingreso en la Orden del Mérito Policial o en la Orden del Mérito de la Guardia Civil", recoge el texto.

Procedimientos judiciales

En el plano judicial, González Pacheco se llegó a sentar en el banquillo en la Audiencia Nacional en virtud de una petición de extradición de una jueza de Argentina, país donde había sido denunciado por 13 supuestos delitos de tortura que se habrían producido entre febrero de 1971 y septiembre de 1975.

El expolicía rechazó su entrega en la vista de extradición celebrada en 2014, en la que también dijo que no recordaba "con certeza" si había cometido algún delito en el ejercicio de su profesión: "Quizá algo hace muchos años de malos tratos, pero creo que no fuimos condenados".

La Sección Segunda de la Sala de lo Penal denegó la extradición al considerar que los hechos habrían prescrito a los diez años de su comisión. Al haber sido denunciados en 2010 y 2012, los magistrados estimaron que "el periodo de prescripción está ampliamente cumplido". De igual modo, rechazaron que los hechos investigados puedan ser catalogados como delitos de lesa humanidad, que no prescriben, "por más que los hechos descritos constituyan delitos de tortura a detenidos por un grupo determinado, aislado y concreto de funcionarios policiales".

Sin embargo, las víctimas volvieron a intentar que se abriese un proceso judicial por supuestas torturas durante el franquismo con la presentación el verano pasado en los juzgados de Madrid de una querella colectiva contra varios antiguos miembros de la Brigada de Información Social, entre ellos González Pacheco.

Esta querella, que acumula un total de cinco denunciantes en una única acción judicial, se suma a las 12 anteriores interpuestas en Madrid contra Antonio González Pacheco y otros expolicías. En toda España se han presentado al menos 36 querellas por delitos de torturas en un contexto de crímenes contra la humanidad durante la última etapa del franquismo presuntamente cometidos por miembros de la Policía y la Guardia Civil.

Eran las dos y media de un día de junio de 1973, yo estaba estudiando la que, creo recordar, era la última asignatura de la carrera, cuando llamaron a la puerta. Como mucha gente de mi generación y circunstancias de compromiso político, yo vivía en un estado de permanente ansiedad ante una detención que, tras varios cursos de activismo continuo, presentía inevitable. Así que cuando abrí la puerta y vi a los dos "sociales" (1), sentí: "YA". Desde ese momento hasta mi ingreso en la cárcel de Carabanchel tuve la ocasión de "conocer" a González Pacheco. No puedo añadir nada a lo que han dicho otros mejor que lo podría hacer yo sobre la catadura del personaje; su crueldad y sadismo no podía ocultar las carencias de una personalidad bastante endeble e histriónica en un medio tan envilecedor como la policía política franquista.

No le había vuelto a ver hasta que la meritoria labor de los compañeros de La Comuna consiguió que las hazañas de este criminal salieran a la luz. No envidio su aparente regalada vida ni las condecoraciones con las que algunos gobiernos premiaron sus crueldades (pienso en gente querida y respetada como José María Chato Galante, Felisa Echegoyen o Luis Suárez, por citar solo algunos).

Estoy seguro de que González Pacheco siente todo el asco y la vergüenza por su miserable vida de esbirro; estoy seguro de que aquel hombre que me pegaba en el primer piso de la calle del Correo tiene dificultades para dormir, y eso significa cierta justicia para todos aquellos a quienes hizo sufrir.

Pero las españolas y los españoles de hoy que no conocieron el régimen franquista y a veces oyen hablar de él como si fuera un sistema político como otro cualquiera tienen el derecho de conocer cuáles eran las prácticas de tortura e iniquidad en que se basó a lo largo de los cuarenta años de su existencia. Se trata de una labor de profilaxis social y cultural. Una sociedad que calla o mira para otro lado ante la abyección y la tortura está sembrando las condiciones de posibilidad para aceptar cualquier modalidad de servidumbre voluntaria.

"Verdad, justicia y reparación", corean desde hace años todos los jueves en la Puerta del Sol de Madrid represaliados y familiares de represaliados por el franquismo. Con el andar cansado de algunos y la rabia y ansia de justicia de todos, nos están haciendo una llamada a no olvidar, a no permitir que sus familiares asesinados por el franquismo mueran de nuevo en el olvido de una sociedad beneficiaria de una democracia por la que ellos lucharon.

No, Billy: yo no envidio tu memoria de esbirro, todo tu afán de verdugo no pudo detener la marcha del pueblo hacia la libertad. No es completa, está llena de agujeros, por eso tenemos que vigilar para que el olvido y la desmemoria no permitan que pueda existir gente como tú.

Nos ha costado mucho trabajo, mucho sufrimiento y ahora hay quienes nos quieren privar de ella, pero esta vez tampoco nos rendiremos.

Una sociedad de mujeres y hombres que queríamos ser libres nos afirmamos y construimos pueblo en las fábricas y en las aulas, en los barrios, allí donde nuestra capacidad de entendimiento y cooperación iban construyendo vínculos que, presentíamos, terminarían por acabar con la decrepitud del régimen franquista.

La respuesta del régimen a estas dinámicas sociales volvía a sus orígenes del 18 de julio de 1936 y desataba la represión más despiadada a través de los sucesivos Estados de Excepción, destinados a recordar a la sociedad la enorme capacidad de producir dolor y sufrimiento que lo había caracterizado desde el golpe de Estado del 18 de julio de 1936.En estas tareas brilló especialmente González Pacheco junto a otros "héroes" de la tortura. Pero fue todo en vano. La labor de la Brigada Político Social de la que González Pacheco era miembro destacado no solo no detuvo la acción democrática sino que la multiplicó, y donde había miles se convirtieron en millones.

Desorientado en la dirección del país por causa de las enormes movilizaciones por las libertades y la democracia, su respuesta avalada por el Departamento de Estado USA se concretó en la designación del almirante Carrero Blanco como presidente del Gobierno, con vistas a robustecer la línea más dura del régimen ante la previsible desaparición física del dictador y su sustitución como jefe de Estado por Juan Carlos de Borbón.

Conviene recordarlo contra determinadas interpretaciones históricas según las cuales Franco habría preparado una Transición a la democracia encargando al príncipe Juan Carlos su dirección. Nada más lejos de la realidad: la designación de Carrero pretendía asegurar la perpetuación del régimen con el visto bueno de la mayor parte de la oligarquía beneficiaria del mismo.

Solo la lucha de obreros y estudiantes, de un pueblo que ya se sentía soberano después de haber levantado al país de sus ruinas, solo esta lucha pacífica y denodada, hizo torcer el rumbo que la oligarquía y el régimen quisieron imponer a nuestro país.

Es necesario recordarlo cuando, de nuevo, se pretende imponer una idea de España que cierra la diversidad de sentimientos y aspiraciones que emergen de una sociedad adulta aunque, por otro lado, no duda en echarnos en manos de quienes especulan con las necesidades más elementales de los españoles.

No, esta vez tampoco callaremos ante la pretensión de imponer la injusticia y la violencia disfrazadas en una idea de España que no tiene en cuenta el sentir de las españolas y los españoles. Ni permitiremos que se encargue a ningún Billy el Niño y sus secuaces la protección de su idea de España.

EPÍLOGO

Gracias a la generosidad de los amigos de infoLibre me he permitido hacer públicos unos sentimientos que, como demócrata, me sentía obligado a expresar. González Pacheco debe ser juzgado y despojado de cuantas menciones honoríficas y complementos dinerarios disfruta, y es ésa una labor que corresponde al poder judicial, que no puede inhibirse ante unos delitos que no prescriben.

Dicho lo cual me apresuro a manifestar que ni las torturas de González Pacheco ni las barbaridades de la Fundación Francisco Franco pueden constituir hoy la principal atención de la agenda política.

No conviene que el ruido mediático, deliberadamente o no producido, distraiga la atención de la acción política y gubernamental de los graves problemas que tiene planteados hoy la sociedad española

  (1) En la jerga de los antifranquistas de la época, se conocía como "sociales" a los miembros de la Brigada Político Social encargados de la vigilancia y represión de los movimientos subversivos contra la dictadura.1

La Mesa del Congreso ha aceptado este martes tramitar una petición de EH Bildu para que el Gobierno le remita el informe relativo a la hoja de servicios del torturador franquista Antonio González Pacheco, apodado 'Billy el Niño', que ya publicó eldiario.es.

La solicitud ha salido adelante con el voto del PSOE y Unidas Podemos. Se trata de la segunda petición relativa al historial profesional del citado policía registrada por la coalición abertzale después de que la Mesa vetara por unanimidad tramitar la primera que presentó.

Aquella primera negativa llevó al diputado de Bildu Jon Iñarritu, autor de la petición, a presentar un recurso que se vio la semana pasada en la Junta de Portavoces y que este martes ha sido estudiado en el órgano de gobierno de la Cámara.

Esa primera solicitud no se calificó porque todos los grupos con presencia en la Mesa, incluyendo a Unidas Podemos, aceptaron el criterio de los servicios jurídicos, que habían avisado de que la hoja de servicios de 'Billy El Niño' contenía información que, de hacerse pública, podría ir en contra de la Ley de Protección de Datos.

Unidas Podemos anunció una rectificación

Hace una semana, cuando la Junta de Portavoces analizaba el recurso de Iñarritu, tanto el PSOE como Unidas Podemos defendieron el criterio inicial en contra de calificar la petición del diputado de Bildu, pero tras ese debate el asunto salió a la luz y el grupo confederal cambió de opinión.

Ante las críticas de Bildu, BNG, ERC y Más País, los de Pablo Iglesias aseguraron haber cometido un "error" y pidieron "disculpas avergonzadas", anunciando una rectificación y un cambio de voto para apoyar que se diera trámite a la iniciativa.

En paralelo, Iñarritu registró una nueva petición en la que ya no pedía la hoja de servicios completa, sino "el informe completo publicado por eldiario.es el 18 de diciembre de 2018" relativo "al expediente de actividad del torturador franquista". En su texto, el diputado recalcaba que había sido el propio Ejecutivo quien facilitó ese documento al citado medio de comunicación.

La intención de Bildu era forzar al PSOE a cambiar también su criterio inicial, para obtener la información que reclama, puesto que el cambio de voto de Unidas Podemos no era suficiente para que saliera adelante.

Si es lo ya publicado, adelante

El asunto se ha vuelto a tratar este martes en la Mesa del Congreso y esta nueva petición de Iñarritu, limitada a la hoja de servicios facilitada previamente por el Gobierno a un medio de comunicación, ha sido admitida a trámite.

Y es que, según los letrados, la remisión a EH Bildu de un informe ya publicado por un medio de comunicación no contradice la legislación en materia de protección de datos personales. "Nosotros siempre respetamos el criterio de los letrados", ha comentado la portavoz socialista, Adriana Lastra.

La Junta de Portavoces ha rechazado esta mañana el escrito presentado por el diputado de EH Bildu, Jon Iñarritu, por el que pedía la publicación de la hoja de servicios del torturador Antonio González Pacheco, Billy el Niño, publicadaBilly el Niño por eldiario.es en noviembre de 2018.

Se trata de una petición de EH Bildu que fue rechazada hace una semana por la Mesa del Congreso siguiendo el criterio de los letrados en contra de que se pidan datos personales protegidos por la ley. Según indicaron a Europa Press fuentes parlamentarias, en aquella ocasión Unidas Podemos expresó sus dudas jurídicas, pero aceptó el criterio de la mayoría.

La formación abertzale recurrió esa decisión y su escrito se ha visto este martes en la Junta de Portavoces, donde el PP, el PSOE, Ciudadanos, Unidas Podemos y Vox han rechazado que se deba reconsiderar ese veto. Contrariado por la decisión de Podemos, Iñárritu ha ironizado sobre la situación a través de Twitter: “¡Otro sapo más!”

Pablo Echenique, portavoz de la formación morada, ha argumentado en la red social que su rechazo responde a “dudas jurídicas”, y mantiene que después de asumir el “error”, votará a favor de la solicitud cuando esta vuelva a la Mesa.

El portavoz de Podemos se ha reafirmado en sus argumentos tras ser entrevistado por los medios en el Congreso. “Teníamos dudas jurídicas, las hemos resuelto a lo largo de la mañana y hemos decidido reparar el error y la próxima vez que vuelva la iniciativa a la mesa votar a favor”, ha incidido. Además, ha añadido que, aunque valoren positivamente la publicación de la hoja de servicios, “pensamos que este señor debería acabar en la cárcel, debería ser juzgado por sus crímenes y como mínimo deberían retirarle las medallas”.

En las mismas líneas se ha expresado el vicepresidente Pablo Iglesias en la red social, y ha pedido “disculpas avergonzadas a las víctimas”.

En todo caso Bildu ya ha avanzado que volverán a registrar su solicitud próximamente así como una batería de preguntas. Su diputado Jon Iñarritu ha aplaudido que Unidas Podemos haya "rectificado" y ha expresado su deseo de que el PSOE también "recapacite" y siga sus pasos para así poder dar transparencia a la hoja de ruta de Billy el Niño. De todas formas, esta corrección será algo testimonial porque PSOE, PP y Vox suman mayoría en el órgano de gobierno de la Cámara para ratificar el veto a la iniciativa de Bildu.

ERC, Bildu, Más País y BNG censuran a Unidas Podemos

Esquerra Republicana (ERC), Bildu, Más País y el Bloque Nacionalista Galego (BNG) han censurado Unidas Podemos por haber contribuido a que el Congreso impida pedir al Gobierno la hoja de servicios del expolicía franquista Antonio González Pacheco.

Bildu asegura haberse "sorprendido" por que Unidas Podemos se haya sumado a vetar que el Gobierno difunda los datos de un "torturador" como Billy el Niño. "Supongo que serán éstos los sapos que (Pablo) Iglesias dijo que les iba a tocar tragar", ha comentado en los pasillos del Congreso el portavoz adjunto de los independentistas vascos, Oskar Matute.

Como "contradicción enorme" ha tachado el portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, la posición adoptada por los de Pablo Iglesias. El PNV, por su parte, ha dicho no entender que se deniegue esa información, pero Aitor Esteban ha recalcado que "no es el primer caso".

El veto ha sido igualmente cuestionado por el líder de Más País, Íñigo Errejón, quien lo considera un "error". "Por encima de las cuestiones de opacidad, está el compromiso con los Derechos Humanos", sostiene el ex fundador de Podemos.

También ha cargado contra Unidas Podemos el diputado del BNG, Néstor Rego. "Parece que la coherencia cotiza menos que los ministerios", ha escrito en un comentario publicado en su cuenta personal de Twitter y que ha recogido Europa Press. Por su parte, desde la CUP han mostrado su preocupación por que "la izquierda española no cuestione los poderes del Estado" y por su posición en contra de que el Gobierno tenga que facilitar la hoja de servicios.

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha exigido que nadie se atribuya méritos por la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco, y ha señalado que "aún no se ha hecho justicia con las víctimas".

"Hoy ningún partido tiene derecho a hablar de victoria ni a atribuirse méritos. Aun no se ha hecho justicia con las víctimas", ha insistido en un mensaje en su perfil en redes sociales, horas antes de que se inicien los trabajos para sacar el féretro del dictador.

Iglesias ha recalcado que en la jornada de este jueves hay que "dar las gracias a las asociaciones de víctimas y a los colectivos de memoria" que son los que, a su juicio, "han empujado y que empujarán la dignidad y la justicia".

Asimismo, en otra ristra de mensajes ha valorado como positiva la exhumación del dictador, pero se ha mostrado crítico sobre las cuestiones que considera que quedan pendientes sobre el legado franquista. "Los restos de Franco no están en Cuelgamuros, sino en las oligarquías que se enriquecieron con la dictadura y en parte de los aparatos del Estado", apunta.

Recuerda que España es "el segundo país con más desaparecidos después de Camboya" y saca a colación el caso del policía franquista Billy El Niño, que sigue contando con reconocimientos policiales y goza "de impunidad". "El PSOE se comprometió con nosotros a retirar la medalla al torturador Pacheco alias Billy el niño y no lo hizo", afea Iglesias.

El líder de Podemos considera "vergonzosa" la actuación del Gobierno cuando se negó a conceder la extradición de Rodolfo Martín Villa a Argentina, donde se le atribuyen responsabilidades en la muerte de cinco obreros en los sucesos de Vitoria de 1976 y en otras acciones violentas de la Transición.

Una presunta víctima de Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, ha presentado este jueves en los juzgados de Plaza de Castilla la 14ª querella contra este expolicía secreto del franquismo por un delito de torturas en un contexto de crímenes contra la humanidad sufridas después de la Ley de Amnistía de 1977, ha informado Europa Press.

"Me apena mucho que después de 40 años el aparato policial esté sin depurar. Espero que se haga memoria y justicia", ha recalcado a las puertas de esta sede judicial Francisco Rodríguez Veloso, quien sufrió torturas durante una semana tras ser detenido por ser militante de los Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO).

Según el relato, Rodríguez Veloso fue detenido el 13 de septiembre de 1978 en Orense por su militancia. De ahí fue trasladado a Santiago de Compostela donde permaneció una semana detenido. En ambas comisarías, según el querellante, fue sometido a "torturas reiteradas y sistemáticas".

Veloso ha destacado que la presentación de la querella le trae malos recuerdos de lo que le hicieron durante una semana. "Esta persona sigue recibiendo medallas y celebraciones. El aparato policial sigue ahí y está sin depurar", ha recalcado.

Jacinto Lara, abogado de la Coordinadora estatal de Apoyo a la Querella Argentina, ha puesto de relieve que las torturas se cometieron en un contexto porque están dentro de "una práctica sistemática" a todos los detenidos por motivos políticos. "Era una práctica común para extraer información de las organizaciones a las que pertenecían", ha reseñado.

Además, ha subrayado que este caso es de septiembre de 1978 después de la Ley de Amnistía de 1977, lo que demuestra que las torturas continuaban funcionando.

La última de las querellas se presentó el pasado 5 de julio a manos de cinco represaliados por el franquismo contra sus supuestos torturadores, entre ellos González Pacheco por delitos de lesa humanidad.

Se trataba de una querella conjunta contra miembros de la Brigada Información Social que actuaba desde la Dirección de Seguridad de Madrid "para destacar que la represión del régimen franquista se dirigió contra toda la población española que pretendía lograr el advenimiento de la democracia".