Franquismo

El coronavirus acaba con la vida del expolicía Billy el Niño, acusado de ser uno de los grandes torturadores de la dictadura franquista

Fotografía de archivo (20/11/1981), del expolicía de la Brigada Político Social del franquismo Antonio Fernández Pacheco, Billy el Niño.

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El expolicía acusado de torturas durante el franquismo Juan Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, ha fallecido a primera hora de esta mañana en una clínica madrileña aquejado de la Covid-19, según han confirmado Europa Press en fuentes policiales conocedoras de su enfermedad. Su hoja de servicio con varias medallas era objeto de debate y se estudiaba la forma de retirar estos premios con cambios legales.

Según ha adelantado eldiario.es, González Pacheco se encontraba ingresado en la clínica San Francisco de Asís desde hace varios días, donde ha fallecido alrededor de las siete de la mañana tras sufrir unas complicaciones en el riñón derivadas de la enfermedad por el Covid-19.

La posible retirada de las medallas por la carrera profesional durante el franquismo de Billy el Niño ha sido objeto de debate desde la moción de censura que aupó a la Presidencia del Gobierno a Pedro Sánchez en junio de 2018. Esta fue una de las exigencias de Unidas Podemos desde entonces y el Ejecutivo lo retomó tras el pacto de investidura en enero entre la formación de Pablo Iglesias y el PSOE.

Incremento de pensión por medallas

La Mesa del Congreso también terminó aceptando que el Gobierno remitiera a la cámara el informe relativo a la hoja de servicios del torturador franquista Antonio González Pacheco, que disfrutaba de un 50% de incremento de su pensión gracias a cuatro medallas concedidas entre 1972 y 1982.

El pasado 11 de febrero, un mes antes de decretarse el estado de alarma por el coronavirus, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se mostró convencido de que se podrían retirar las medallas concedidas a Billy el Niño gracias a la nueva Ley de Memoria Histórica que había presentado el PSOE en el Congreso.

Según el nuevo articulado presentado el 24 de enero en el Congreso por parte del PSOE, la Ley de Memoria Histórica facultaría al titular del Interior para iniciar el trámite de revocación de estos premios. La portavoz del Grupo Socialista, Adriana Lastra, aseguró entonces que esperaba que la norma se tramitara "cuanto antes". "No defendemos a un torturador franquista", aseveró. La proposición de ley incluye en su artículo 12 el mecanismo para retirar las condecoraciones previstas para la Policía en virtud de la Ley 5/1964 y, en el caso de la Guardia Civil, de la Ley 19/1976.

"Las recompensas concedidas con anterioridad a la entrada en vigor de estas leyes podrán revocarse cuando quede acreditado que el beneficiario, antes de la concesión, había realizado actos u observado conductas manifiestamente incompatibles con el ingreso en la Orden del Mérito Policial o en la Orden del Mérito de la Guardia Civil", recoge el texto.

Procedimientos judiciales

En el plano judicial, González Pacheco se llegó a sentar en el banquillo en la Audiencia Nacional en virtud de una petición de extradición de una jueza de Argentina, país donde había sido denunciado por 13 supuestos delitos de tortura que se habrían producido entre febrero de 1971 y septiembre de 1975.

El expolicía rechazó su entrega en la vista de extradición celebrada en 2014, en la que también dijo que no recordaba "con certeza" si había cometido algún delito en el ejercicio de su profesión: "Quizá algo hace muchos años de malos tratos, pero creo que no fuimos condenados".

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La Sección Segunda de la Sala de lo Penal denegó la extradición al considerar que los hechos habrían prescrito a los diez años de su comisión. Al haber sido denunciados en 2010 y 2012, los magistrados estimaron que "el periodo de prescripción está ampliamente cumplido". De igual modo, rechazaron que los hechos investigados puedan ser catalogados como delitos de lesa humanidad, que no prescriben, "por más que los hechos descritos constituyan delitos de tortura a detenidos por un grupo determinado, aislado y concreto de funcionarios policiales".

Sin embargo, las víctimas volvieron a intentar que se abriese un proceso judicial por supuestas torturas durante el franquismo con la presentación el verano pasado en los juzgados de Madrid de una querella colectiva contra varios antiguos miembros de la Brigada de Información Social, entre ellos González Pacheco.

Esta querella, que acumula un total de cinco denunciantes en una única acción judicial, se suma a las 12 anteriores interpuestas en Madrid contra Antonio González Pacheco y otros expolicías. En toda España se han presentado al menos 36 querellas por delitos de torturas en un contexto de crímenes contra la humanidad durante la última etapa del franquismo presuntamente cometidos por miembros de la Policía y la Guardia Civil.

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