Bruselas acaba de lanzar un nuevo instrumento de inversiones militares entre los países de la UE. Dotado con apenas 115 millones de euros, está diseñado para impulsar programas de tecnologías disruptivas desarrollados por pequeñas empresas y startups que puedan aplicarse en pocos meses en el campo de batalla. La inteligencia artificial, la informática cuántica o los vehículos no tripulados centrarán estas subvenciones.

Hace menos de un año la Comisión Europea puso a disposición de los Estados miembros el Fondo SAFE con 150.000 millones de euros. Préstamos de largo vencimiento a los 27 con los que financiar grandes programas de defensa y compras de material militar mientras se aseguraba que la industria de defensa europea pueda aportar el equipamiento bélico que las fuerzas armadas nacionales exijan.

El nuevo programa Agile es mil veces más pequeño que el SAFE, pero es complementario de este último porque el Ejecutivo presidido por Ursula von der Leyen tiene claro que no debe levantar el pie del acelerador de la remilitarización europea, con la guerra de Ucrania muy presente en la frontera oriental de la UE y con el objetivo de impulsar las capacidades industriales de defensa propias frente a unos Estados Unidos imperialistas y agresivos con sus tradicionales aliados atlánticos.

SAFE no deja de ser el pilar de inversión de la Estrategia ReArm Europe (Rearme Europa) para 2030, rebautizada con ese nombre por la propia Comisión Europea tras las quejas de países como España o Italia, con el objetivo de edulcorar ante la opinión pública su verdadera finalidad. Esta estrategia se suma al Fondo Europeo de Defensa, a las normas que apoyan la producción de munición y las compras conjuntas de equipamiento militar o al programa para el Refuerzo de la Industria Europea de Defensa. “Representan”, explican un reciente trabajo del importante think tank bruselense Bruegel, “un progreso hacia el fortalecimiento de la oferta de bienes militares” porque, según el texto firmado por Guntram Wolff, ex director del German Council of Foreign Relations, y Armin Steinbach, economista jefe en el ministerio de Finanzas alemán, “Europa afronta una grave amenaza de seguridad” y “debe acelerar el rearme a través de una mayor cooperación e innovación en su gobernanza”.

Este mantra está plenamente interiorizado en la capital comunitaria, de ahí que los gobiernos de la Unión también acaben de aprobar el desvío de 34.600 millones de euros de los fondos de cohesión hacia “prioridades estratégicas más urgentes”. Entre ellas, de nuevo, las inversiones bélicas, que recibirán un tercio de esos fondos, 11.900 millones, para “fortalecer capacidades industriales de defensa, movilidad militar y la preparación civil”. Son cuatro veces más que la partida redirigida a vivienda sostenible y asequible e inclusión social o a iniciativas de descarbonización y medioambientales.

“Se están sacrificando las inversiones sociales o en favor de los derechos de los trabajadores, todo a puerta cerrada”, para “destinar dinero público a los fabricantes de armas” con “programas industriales que unen nuestras economías futuras a la guerra”, reprocha el eurodiputado del grupo de la Izquierda, Marc Botenga.

El fondo de 150.000 millones de euros dirigido a inversiones militares creado específicamente por la Comisión Europea empieza a agotar sus recursos. Francia y Croacia son los últimos países en sumarse a esa iniciativa y el instrumento SAFE habrá destinado en próximas semanas 130.000 de esos millones. España, Portugal o Bélgica estuvieron entre los primeros países que solicitaron dinero, Italia, Polonia y la mayoría de socios del este se lanzaron a por los fondos en la segunda tanda. 

Alemania ha declinado participar al contar con mejores condiciones de endeudamiento en los mercados mientras que Hungría presentó hace semanas su plan de inversiones por 16.000 millones, pero su programa parece guardado en un cajón como represalia por el continuo bloqueo que su primer ministro, Viktor Orbán, aplica en los debates europeos, en la ayuda a Ucrania y las sanciones a Rusia y a la espera de ver qué sucede en las elecciones generales del país a mediados de abril.

Las empresas alemanas o húngaras de tecnología militar sí recibirán dinero del fondo Agile, igual que las de los otros 25 socios comunitarios. El objetivo principal de este nuevo instrumento es que tecnologías emergentes salten cuanto antes del laboratorio al campo de batalla, como explicaron en Bruselas los responsables de la Comisión, gracias a subvenciones cuyo plazo de concesión se reducirá a sólo cuatro meses para apoyar a entre veinte y treinta proyectos.

Para los académicos de Bruegel —un think tank que aporta documentos de estudio y posicionamiento político, económico o industrial que sirven de base para futuras iniciativas de la Comisión—, la partida de SAFE, de otros programas militares o partidas más pequeñas como el nuevo Agile no bastarían. Wolff y Steinbach piden crear un Mecanismo de Defensa Europeo a imitación del MEDE entre gobiernos con el que se rescataron los países de la UE durante la crisis de deuda a cambio de austericidas recortes.

Este MEDE militar estaría, por tanto, al margen del escrutinio y supervisión de la Eurocámara, basado en un tratado entre gobiernos y financiado con aportaciones nacionales con las que salir a endeudarse en el mercado y así, explican los autores, aliviar las cargas presupuestarias del rearme. Su cometido sería financiar grandes programas conjuntos de defensa, creando así un mercado único europeo para esta industria y permitiendo la participación de actores no comunitarios como Reino Unido.

Estamos, en palabras de eurodiputados de izquierdas como el alemán de Die Linke, Ózlem Demirel, o Marc Botenga, del Parti du Travail de Belgique, ante una verdadera carrera de armamentos en la UE en la que se “redirigen fondos desde donde más se necesitan” como el gasto social o en la lucha contra el cambio climático “a alimentar la capacidad de producir armas”.

Los últimos datos de la OTAN publicados este jueves ejemplifican con cifras esta denuncia. En 2025, Polonia gastó en defensa el 4,3% de su PIB, las tres repúblicas bálticas entre el 3,4 y el 4%, países con economías pequeñas como Finlandia o Grecia en el entorno del 2,8% de su PIB y España saltó del 1,3%-1,4% al 2% para cumplir por primera vez con un objetivo fijado hace una década. Pese a las críticas continuas de Donald Trump y aunque sigue a la cola de la Alianza Atlántica en términos relativos de gasto militar, España está entre los países donde éste más aumentó el año pasado, un 44%, sólo superada por Luxemburgo, Bélgica, Eslovenia, Albania y Dinamarca.

Alemania, Francia, Países Bajos y Suecia están enviando militares a Groenlandia para reforzar su defensa y ayudar a Dinamarca ante las presiones asfixiantes de la Administración Trump para hacerse con ese territorio. Noruega o Reino Unido, fuera de la UE, también están participando. El presidente Pedro Sánchez anunció hace unos días que España se sumaría, pero el Gobierno ahora parece dudar y la presencia de soldados españoles, su cuantía y tipo todavía no está confirmada. Bélgica no enviará por el momento a sus tropas. Desde su ministerio de Defensa se justifican asegurando que “no hemos recibido una demanda de la OTAN, de la UE o bilateral” al respecto.

En un tiempo de rearme en todos los países de la Unión Europea, con incrementos sustanciales y anuales en las inversiones presupuestarias para esta partida, las dudas mostradas entre los Estados miembros sobre su involucración militar contrastan con la firmeza que muestra Donald Trump para hacerse con Groenlandia. “Si no vamos a por ella, lo harán Rusia y China” ha manifestado esta semana el presidente estadounidense después de la reunión entre miembros de su Administración y los ministros de Exteriores de Dinamarca y la isla. Y desnudan a la UE por su falta de un ejército común como elemento de disuasión.

“No hay nada que Dinamarca pueda hacer si Rusia o China quieren ocupar Groenlandia. Pero sí hay algo que podemos hacer nosotros, ya lo descubrimos en Venezuela”, amenazó Trump, quien considera que no se “puede fiar de Dinamarca para ser capaz de defenderse por sí misma”.

En los últimos dos años, Copenhague ha aumentado en cerca de 15.000 millones de euros su contribución a la seguridad del Ártico e incrementará el despliegue de cazas de combate, barcos de guerra y tropas en su territorio autónomo. No parece suficiente ante las amenazas crecientes de Washington, de ahí que varios países europeos se hayan comprometido con sus propios militares en misiones conjuntas.

Lentamente, el proyecto aparcado durante años se abre paso, aunque la descoordinación y los intereses políticos, industriales y geoestratégicos de cada Estado lo frenan. El Ejército Europeo es una posibilidad surgida en 2007 de la PESCO, la Cooperación Estructurada Permanente que permite a los Estados de la Unión el desarrollo conjunto de sus capacidades de defensa y participar con sus unidades de combate en misiones militares planificadas.

Hace una década, la canciller Angela Merkel y el entonces presidente de la Comisión, Jean Claude Juncker, ya hablaron de una fuerza militar conjunta. Ahora, el comisario europeo de Defensa, Andrius Kubilius, retoma esta propuesta y la concreta en 100.000 soldados como base de ese futuro ejército comunitario.

Kubilius es el primer comisario en la historia dedicado al ámbito de la Defensa, una decisión adoptada por la presidenta Ursula von der Leyen el año pasado y vista como disruptiva a la vez que necesaria ante el escenario internacional, en el que la UE cada vez estaba más implicada militarmente en Ucrania. Los 27 han entregado 63.000 millones de euros desde febrero de 2022 hasta septiembre de 2025 a Kiev en ayuda militar y se preparan para ofrecer otros 60.000 millones este año y el siguiente, se han involucrado en misiones de entrenamiento de las fuerzas armadas ucranianas en sus respectivos territorios y ahora deben desplegarse en el territorio autónomo de un Estado miembro ante la coacción de su supuesto gran aliado y garante de su seguridad colectiva.

El comisario europeo de Defensa se pregunta “si los Estados Unidos serían más fuertes si tuviesen 50 ejércitos a nivel estatal en vez de un sólo ejército federal”. Su respuesta es que no y, por lo tanto, concluye con un elocuente “a qué estamos esperando” para crear unas fuerzas armadas de la UE.

La Unión cuenta ya con una Fuerza de Despliegue Rápido para responder a crisis y amenazas externas con 5.000 soldados fuera de sus fronteras. Está formada por batallones de combate rotatorios con tropa aérea, naval y terrestre de los Estados miembros, capaces de realizar una variedad de misiones, desde la estabilización y la interposición de la paz en territorios en conflicto hasta la evacuación, el rescate o la asistencia humanitaria. Cuenta con un mando conjunto y los 27 gobiernos deben autorizar su despliegue.

Esta Fuerza de Despliegue (o Rapid Deployment Capacity) es, según Guntram Wolff, exdirector del think tank bruselense Bruegel y del German Council of Foreing Relations, “un instrumento militar apropiado a su disposición” y el envío a Groenlandia sería “un signo de madurez estratégica y de la unidad europea”. La base para un ejército de la Unión, aunque según estudios de la Comisión, la capacidad defensiva común iría más allá y depende de tres pilares: más inversión en capacidad productiva, instituciones preparadas, y la voluntad política para la disuasión y la guerra, si fuese necesaria.

Aunque la decisión de que los países de la OTAN alcanzasen el 2% de su PIB en gasto militar fue adoptada en 2014, no estaban cumpliendo y según los datos de la propia Alianza en 2022 sólo siete de los entonces 30 miembros llegaban al porcentaje. Eran Estados Unidos, las tres repúblicas bálticas, Polonia, Grecia y el Reino Unido. La invasión de Ucrania cambió los tiempos y la mentalidad de los Gobiernos. Dos años después, 24 países ya habían alcanzado ese 2% y la Cumbre de la OTAN en La Haya elevó sustancialmente el objetivo al 5%, sólo cuestionado y no firmado por España, que sí supera el 2%.

Mark Rutte, secretario general de la Alianza, Kaja Kallas, Alta Representante Exterior, Ursula Von der Leyen, presidenta de la Comisión, y por encima de todos Donald Trump exigen más gasto militar. El estadounidense, para retirar efectivos del continente europeo y reposicionarlos en el hemisferio occidental, donde ahora está recuperando la doctrina Monroe, o en Asia; Rutte, como subordinado de Washington desde su cargo; y la estonia y la alemana, alertando continuamente sobre el peligro del expansionismo ruso para la UE.

Cuando la Eurocámara debatió el Libro Blanco de la Defensa presentado por la Comisión como base para el programa de 650.000 millones en gasto militar, una mayoría de Los Verdes lo validaron. Reinier van Lanschot, ecologista de Volt, escribió entonces que “la necesidad para inversiones urgentes de defensa es alta” y que “la UE debe mostrar liderazgo y asumir la responsabilidad de su propia libertad y seguridad”. Su compañero de bancada, Villy Sovndal, se mostró favorable a los programas de inversión en defensa y de ayuda a Ucrania con un “es de la mayor importancia que sigamos aplicando presión a Rusia”.

Y fue la anterior coalición de Gobierno alemana entre socialdemócratas y verdes la que aprobó el fondo especial de 100.000 millones de euros con un cambio constitucional que permitiese mayor endeudamiento federal para comprar sistemas avanzados de armas, como cazabombarderos F-35 y baterías antimisiles Patriot, ambos de fabricación estadounidense. El clima político ha virado tanto en el continente que formaciones políticas que antaño hacían del pacifismo su bandera ahora comparten mensajes en pos del rearme y la seguridad y defensa.

Bruselas apuesta por sostener a Ucrania en su defensa bélica el tiempo que haga falta, como mínimo dos años, y por convertir al país en su bastión militar a futuro. Pese a las recientes llamadas de Giorgia Meloni en favor de una posible interlocución directa con Vladimir Putin, como antes había hecho Emmanuel Macron, la Comisión Europea diseña un paquete de ayuda armamentística a Kiev hasta 2027.

Serán 60.000 millones de euros, casi la misma cantidad que la entregada en los cuatro años que ya dura la invasión perpetrada por Rusia. Según los cálculos del Servicio de Estudios del Parlamento Europeo, la UE había aportado cerca de 63.000 millones de euros desde febrero de 2022 hasta septiembre de 2025 en asistencia militar a Ucrania, contabilizando las donaciones individuales de los Estados miembros y la canalizada a través del European Peace Facility comunitario. Una cantidad semejante a la que ahora Bruselas quiere entregar a partir de abril, según el Comisario de Economía y Productividad, Valdis Dombrovskis.

La Comisión Europea responde así al pacto alcanzado a mediados de diciembre entre los Estados de la UE en la última Cumbre del año. Entonces, 24 países, con la excepción de Hungría, República Checa y Eslovaquia, autorizaron a la UE a endeudarse en los mercados de capital recurriendo al excepcional artículo 122 del Tratado de la Unión, con la intención de dar “el necesario apoyo financiero a Ucrania a partir del segundo trimestre de 2026, incluyendo sus necesidades militares”.

Ahora, esas necesidades militares se llevarán dos tercios de los 90.000 millones que conformarán el préstamo para Kiev. “Con este apoyo nos aseguramos que Ucrania puede, por un lado, impulsar sus defensas en el campo de batalla, reforzar sus capacidades militares; y, por otro lado, mantener su Estado y el funcionamiento de los servicios. Sus necesidades presupuestarias están cubiertas”, explicó la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen.

El equipo de Von der Leyen ha dividido la ayuda en dos partes. La primera, principal, supone dos tercios del monto total, 60.000 millones de euros, como “apoyo militar para que Ucrania resista fuerte frente a Rusia y al mismo tiempo pueda integrarse mejor en la industria de defensa europea”, detalló la alemana. Bruselas apuesta por sostener de manera decidida el esfuerzo bélico de Kiev durante 2026 y 2027 ante la retirada de los Estados Unidos de Trump. Los otros 30.000 millones se destinarán a sostener los servicios públicos ucranianos y las necesidades de su Hacienda.

Los 60.000 millones en ayuda militar se repartirán entre los dos próximos años y Ucrania deberá destinarlos a la compra del material, equipamiento, vehículos y armas que necesite para sostener su esfuerzo bélico ante Rusia, gastándolos en producción propia local, procedente de los países de la Unión Europea o en tercer lugar de los países EFTA (Noruega, Suiza, Islandia y Liechtenstein). Es lo que Von der Leyen llama “efecto cascada”. Sólo excepcionalmente esas armas podrán llegar de territorios no europeos.

“En ese caso, y sólo como último recurso si los productos no se pueden encontrar en las cantidades, especificaciones o tiempos adecuados”, explica una alta fuente comunitaria, “vamos a necesitar el acuerdo de los Estados Miembros para ejecutar esa posibilidad”

Este punto ha sido controvertido en los últimos días de trabajo de la Comisión perfilando el diseño del mandato de la Cumbre. Se ha impuesto la tesis de Francia, de dar trato preferencial a los productos europeos frente a los extranjeros, como vía para fortalecer la industria militar del continente. Alemania y Países Bajos han presionado para permitir la compra de material estadounidense bajo la premisa de que existen capacidades, como la defensa antiaérea o los aviones de combate F-16, actualmente ya en las fuerzas áreas ucranias, y sus componentes, que están entre las necesidades urgentes de Kiev.

“Para nosotros es mucho dinero, son miles y miles de millones los que se van a invertir”, reconoce la presidenta Von der Leyen, “así que es importante que esa inversión tenga un retorno en términos de puestos de trabajo o I+D necesaria para nosotros. Porque en paralelo tenemos que impulsar nuestra base industrial de defensa por nuestra propia seguridad, así que hay un fuerte interés en que las compras sean en esta región”.

La UE no sólo ve a Ucrania como el baluarte defensivo en su frontera oriental ante la amenaza del expansionismo ruso, sino también como un medio a través del cual potenciar el rearme que está incentivando en el continente con miles de millones de euros para compras o proyectos conjuntos, además de las facilidades presupuestarias ofrecidas a los 27 Estados miembros.

Para mitigar los recelos de este costoso acuerdo alcanzado en la Cumbre prenavideña, sólo suscrito por 24 países, y acelerar la ayuda a Ucrania, Bruselas da un pequeño giro en su concreción y el dinero procederá de emisiones respaldadas por el actual presupuesto de la UE, que llega hasta el próximo año, y no por las haciendas nacionales de los firmantes del pacto en la madrugada del 19 de diciembre. Según una segunda fuente europea, “sólo estamos cubriendo las necesidades de 2026 y 2027, nuestra propuesta es una enmienda al actual Marco Financiero Plurianual obviamente”.

Los dos elementos legales introducidos son permitir el endeudamiento de la UE para un tercer país, Ucrania, y también cubrir los intereses de ese préstamo. Antes de Navidades se trabajó con la idea de que estos costes, de unos 3.000-4.000 millones de euros al año, los asumiesen los Estados miembros. Dinero que ahora ahorrarán las haciendas nacionales.

Este funcionario europeo destaca que el préstamo a Kiev sólo sería devuelto “cuando reciba las reparaciones de guerra” por parte de Rusia. Si éstas no llegasen en un futuro tras un acuerdo de paz forzado por la Administración Trump, el vencimiento del crédito de 90.000 millones de euros sería prorrogado de manera indefinida hasta poderse cobrar sin provocar el colapso financiero del Estado ucraniano.

La apuesta de Bruselas es clara: una inversión que puede ser a fondo perdido con el objetivo de evitar la capitulación de Ucrania en el campo de batalla.

"Uno cree que muere por la patria y muere por los industriales."

 Anatole France

Desde el comienzo de las propagandas gubernamentales en los países occidentales, a propósito del “rearme”, el Estado español, dirigido por los “Gobiernos más progresistas de la historia de la democracia”, dedicó miles de millones de euros para la industria armamentística, lo que significa que, llegando a las puertas de 2026, estamos rondando los 60.000 millones de euros invertidos en esa industria.

Hablo de gobiernos porque actualmente Podemos no está compartiendo Gobierno con la coalición actual; sin embargo, en el momento en el que se incrementaba el auge del “rearme” sí lo estaba y la aprobación de esas partidas presupuestarias se hicieron por mediación del Consejo de Ministros.

El arrebato bélico, que poco a poco lleva a Europa a replantearse la vuelta a la mili –aunque en algunos países, como por ejemplo Francia o Alemania, ya podríamos hablar de marchas forzadas–, no se eludirá en España a pesar de la postura tajante, en contra, por parte del Gobierno.

Posturas tajantes, Gobiernos de coalición y partidos progresistas ya las han tenido, lo que no les ha impedido, acto seguido o casi, desdecirse. De los numerosos ejemplos que podría citar, solo voy a utilizar uno: Unidas Podemos, socio de coalición, en aquel entonces del PSOE, después de haber anunciado con gran publicidad y estruendo la subida del SMI a 1200 euros, el Gobierno nos anunciaba posteriormente que esta medida se aplazaba al final de la legislatura, no sabemos de qué legislatura se trataba. A finales de 2025, el SMI está a 1.184 euros.

Si por ahora el arrebato bélico del que hablo más arriba en el Estado español se “limita” únicamente al incremento de dinero público impartido a las diferentes empresas armamentísticas, no me cabe la menor duda –si la burguesía lo necesita– de que el regreso a filas se hará. Y lo que es peor, con el aval del Gobierno progresista y la complicidad de los partidos de la izquierda institucional. No es necesario ir muy lejos para hacerse una idea.

Con solo ver la alegría con la que el gobierno autónomo, IU y los sindicatos mayoritarios en Asturias, respecto a la consolidación de la empresa de Trubia que Santa Bárbara Sistemas va a utilizar para la producción de vehículos blindados e ídem de lienzo con el Tallerón de Duro Felguera adquirido por Indra Sistemas, en donde fabricarán también vehículos militares y carros de combate, rinde un significativo estado de ánimo.

El Estado no es un espectador imparcial representando esencialmente los intereses colectivos de la población, sino una institución política enlazada a la estructura de clases de la sociedad y apoderado de la clase dominante. La industria armamentística siempre ha sido un sector clave para la economía en muchos países occidentales —incluido el nuestro— y si ésta necesita que los jóvenes se incorporen a filas para convertirlos en carne de cañón, ya veremos en qué quedan las posturas tajantes.

Si la burguesía y sus servidores se obstinan en alistar a nuestros jóvenes y adiestrarlos en el manejo de las armas, digámosles cómo lo hace la versión francesa de la Internacional: “si se empeñan, estos caníbales, en convertirnos en héroes, pronto sabrán que nuestras balas tendrán como diana a nuestros propios generales”.

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Mario Diego Rodríguez es socio de infoLibre.

La Iniciativa de Defensa Estratégica, conocida popularmente como "Guerra de las Galaxias", fue el vasto programa militar anunciado en 1983 por el entonces presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, destinado a proteger a su país de un eventual ataque nuclear. El escudo antibalístico basado en la investigación en láseres, nuevos misiles interceptores o satélites y radares de última generación invirtió en pocos años unos 30.000 millones de dólares de entonces y provocó una nueva carrera armamentística que la Unión Soviética no pudo seguir.

Hoy, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y los líderes de Estados miembros de Polonia, Suecia, Rumanía o Dinamarca evitan hablar de una guerra espacial pero apuestan decididamente por un escudo aéreo antidrones con el que la Unión Europea parece querer emular al Reagan de los 80, en una iniciativa europea cuyo coste está todavía por determinar pero que sumará miles de millones de euros.

La Comisión Europea y sus Estados miembros en la frontera oriental quieren desarrollar el muro antidrones en un par de años para su funcionamiento a pleno rendimiento a finales de 2028. Estaría compuesto de una red de sensores, radares y sistemas de interceptación distribuidos en diferentes países capaces de proteger el espacio aéreo del continente frente a drones externos considerados hostiles. Primero, en 2027, estaría operativo el muro para derribar las aeronaves no tripuladas y un año después todo el sistema de vigilancia integral.

Bruselas sostiene que “es necesario actuar con rapidez” para defender y disuadir en todos los dominios, sean tierra, mar, aire o ciberespacio, incluidas las carencias el sector de los drones y antidrones. Las necesidades totales de financiación, según cálculos de la Comisión Europea, ascenderían a 800.000 millones de euros, de ahí la cifra del programa ReArm.

Recientemente, el comisario europeo de Defensa, el lituano Andrius Kubilius, cifró un primigenio escudo antidrones solo para Polonia y los países bálticos que reforzase las baterías antiaéreas y radares ya existentes en 1.000 millones de euros. El monto para todo el continente, incluida Noruega o los Balcanes, sería muy superior. Bruselas recoge así los llamamientos desde los estamentos militares de diferentes Estados miembros. En Alemania, el jefe del Estado Mayor, el general Breuer, ha insistido en que “no hay alternativa” a la construcción en los próximos cinco a ochos años de una defensa antimisiles contra una “Rusia más agresiva”.

La visión en Bruselas es concebir el escudo antimisiles europeo como una iniciativa militar y también una afirmación estratégica de la autonomía de los 27 frente a los Estados Unidos, para garantizar que la disuasión en el espectro aéreo se sostiene con capacidades propias producidas dentro del ecosistema industrial del continente.

La italiana Leonardo, la francesa Thales, la alemana Rheinmetall, la española Indra o el consorcio aeronáutico Airbus, propiedad de Alemania, España y Francia, serían algunas de las grandes corporaciones beneficiadas, tractoras del ecosistema de empresas medias y pequeñas distribuidas por el continente. Los cálculos del Parlamento Europeo señalan que el ecosistema de la industria de defensa engloba a unas 2.000 multinacionales, compañías de medio tamaño y pequeñas empresas cuya facturación anual asciende a 70.000 millones de euros. 

Parte del pastel del escudo antimisiles europeo también recaería en empresas fuera de la UE como la británica BAE Systems o la noruega Kongsberg. De esta última recientemente Bélgica y Países Bajos anunciaron la compra de diez sistemas avanzados de defensa contra misiles Nasams por 2.500 millones de euros. La española SMS modernizará, según el contrato firmado en marzo, ese mismo tipo de baterías antiaéreas en servicio dentro de las Fuerzas Armadas españolas por cerca de 500 millones de euros.

SMS es el consorcio Sistema de Misiles de España que engloba a las empresas de defensa Sener, GMV, Instalaza y Escribano. Esta última es un fabricante de sistemas de artillería que está diseñando torres contra drones que serán equipadas en barcos de la armada o instalaciones militares. Instalaza es el fabricante aragonés especializado en lanzacohetes con productos suministrados a las tropas, por ejemplo, de Ucrania contra la invasión rusa.

Existe a nivel europeo otro consorcio liderado por la francesa Thales que confirma este jugoso negocio para las armamentísticas europeas. Bajo las siglas EISNET, con la participación de 23 socios industriales, centros de investigación e instituciones académicas de doce Estados miembros, inició su andadura hace casi un año frente a las amenazas de enjambres de drones o misiles hipersónicos, con financiación del Fondo Europeo de Defensa de la UE. Su aspiración es ganar contratos públicos nacionales o comunitarios para el desarrollo de radares, sistemas de sensores, centros de comunicación y datos, además de los misiles, torres de artillería o láseres de interceptación.

“Sería irresponsable si el escudo aéreo europeo no se construye rápidamente, especialmente para los países que no cuentan con la disuasión nuclear”, escribe Guntram Wolff, director durante una década del think tank bruselense Bruegel. Sin embargo, los obstáculos de un proyecto de tal magnitud, reconoce Wolff, son “el coste y la conjunción entre la velocidad de despliegue y los objetivos de política industrial en el sector de la defensa”. “La emisión de deuda de la Unión Europea podría superar estas cuestiones”, propone el economista alemán.

Financiar con deuda conjunta un proyecto semejante choca con la política tradicional de numerosos gobiernos europeos, los halcones de la austeridad como Alemania, Austria o Países Bajos, reacios a financiar conjuntamente con dinero de sus haciendas iniciativas continentales. La solución a la guerra de las galaxias europea llegará desde los presupuestos de la UE a costa del gasto regional, en la lucha contra el cambio climático o a la agricultura. Y se sustentará en partidas como el Programa Europeo de la Industria de la Defensa, EDIP, pactado el 15 de octubre entre la Comisión, los 27 y el Parlamento Europeo. 

Dentro de la Eurocámara pocas las voces se han alzado contra este escudo. El grupo de La Izquierda considera que “es una iniciativa que pretende lanzar la creciente carrera armamentística que vive en su seno Europa a costa del gasto social y climático”, mientras parte de Los Verdes se han puesto de perfil y, como la eurodiputada alemana Hannah Neumann, miembro del Comité de Defensa y Seguridad, hablan de que “un muro antidrones no nos protegerá de los ciberataques ni ayudará a la defensa aérea o a la producción de municiones”.

La militarización de la UE sí está en el epicentro de las críticas de la bancada de La Izquierda. Así lo señala el eurodiputado alemán de Die Linke, Özlem Demirel al denunciar que “con el EDIP la política industrial de la UE se va a convertir en la extensión de la industria militar”. Con la experiencia de su país, que sólo tras la invasión rusa de Ucrania aparcó las décadas de apaciguamiento que siguieron a la Segunda Guerra Mundial, Demirel señala que “el armamento y las capacidades militares son lo contrario a la seguridad, como la historia europea nos ha enseñado”. 

Marc Botenga, del Parti du Travail de Belgique, advierte que el EDIP es “un programa industrial que ata nuestras futuras economías a la guerra sacrificando las inversiones sociales al dirigir dinero público hacia los fabricantes de armas”. Mientras, las críticas en algunos Estados miembros al muro antidrones no son a su concepción por el ingente desembolso de fondos europeos. En la reciente Cumbre de Copenhage las voces discrepantes, como la italiana Giorgia Meloni o el griego Kyriakos Mitsotakis, ambos en la bancada de la derecha o ultraderecha, se centraron en exigir que beneficie al conjunto de la UE, también la frontera sur mediterránea. Una postura compartida por el Gobierno español, porque así lo emplearían para el control de la migración irregular.

Se trata nada menos que de la “cita mundial de la excelencia y la innovación”. El Salón Internacional de la Aeronáutica y el Espacio de Le Bourget (Seine-Saint-Denis), que cuenta con 300.000 visitantes, abrirá sus puertas el lunes 16 de junio. Durante “siete días de descubrimientos y experiencias”, se invita a profesionales y al público en general a “vivir intensamente el sueño y la magia del sector”.

Pero ese “sueño” podría verse empañado por el espectro de algunos cadáveres. En los pasillos del salón estarán presentes varias empresas que suministran armas a las fuerzas armadas israelíes, que desde hace año y medio libran en Gaza una guerra considerada un genocidio por un número cada vez mayor de juristas y expertos humanitarios.

La lista de expositores de la feria cuenta, hasta la fecha, con ocho empresas israelíes y una delegación del ministerio de Defensa israelí.

Aunque a veces es difícil demostrar que un fabricante de armas alimenta un conflicto concreto, debido al secretismo que rodea las cuestiones de defensa, no es el caso de la guerra que libra Israel en la Franja de Gaza. Los propios dirigentes de varias de estas empresas han reconocido públicamente el uso de su material en el enclave.

“Desde el comienzo de la guerra en Gaza, la empresa ha prestado un apoyo considerable a las actividades de las fuerzas de defensa israelíes”, se jactaba en julio de 2024 Dan Slasky, director general de Aeronautics Group, que contará con un stand en Le Bourget. Entre las innovaciones de su empresa para “responder rápidamente a las demandas que llegan desde el terreno” se encuentra el dron de reconocimiento Orbiter 4, conocido como Spark (en inglés) o Nitzotz (en hebreo).

Su uso en Gaza ha sido confirmado por informes publicados en la prensa israelí y por testimonios de militares. “El Nitzotz será de gran ayuda para las fuerzas sobre el terreno, en particular para los equipos de combate de la brigada", se congratulaba un alto responsable del Mando Sur del Ejército israelí en noviembre de 2023, poco después de su puesta en servicio.

En una nota fechada el 23 de febrero de 2024, la misión permanente de Palestina ante las Naciones Unidas también menciona el uso del dron Orbiter 4 contra civiles palestinos en Gaza. ¿Se expondrá en Francia? En el catálogo del Salón de Le Bourget, su fabricante ya lo presenta orgullosamente como uno de sus “productos estrella”.

Otra empresa que cuenta con un stand en el salón y que reivindica públicamente su implicación en la guerra de Gaza es Israel Aerospace Industries (IAI), otro peso pesado de la industria de defensa israelí, que produce, entre otros, los drones de vigilancia Heron. Estos han “desempeñado un papel esencial” en la “guerra de las Espadas de Hierro” (nombre dado por el ejército israelí a sus operaciones en Gaza), “proporcionando información en tiempo real […] y contribuyendo a la neutralización de las amenazas”, afirma ufano el presidente de IAI, Boaz Levy.

Los visitantes que llenen los pasillos de Le Bourget también podrán descubrir los productos de Elbit Systems, fabricante de armas israelí que cotiza en el Nasdaq. Fue un dron Hermes 450 fabricado por esa empresa el que mató a siete trabajadores humanitarios de la ONG World Central Kitchen en Gaza el 1 de abril de 2024, al disparar tres misiles contra su convoy. Esos drones se utilizan “extensivamente” en Gaza, según la prensa especializada y testimonios de militares israelíes que participan en unidades que los utilizan. También fue un arma fabricada por Elbit Systems, una bomba MPR 500, la que mató a siete voluntarios de los servicios de emergencia en el Líbano el 27 de marzo de 2024, según fotos analizadas por la ONG Human Rights Watch.

El presidente de Elbit Systems subraya que estar presente en salones como el de Le Bourget es “vital” para sus negocios. Los organizadores del salón se jactan de haber facilitado, en ediciones anteriores, la firma de “alrededor de 150.000 millones de dólares en contratos”.

¿Debe permitirse a esas empresas, que han contribuido potencialmente a crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, promocionar sus equipos y firmar nuevos contratos en territorio francés?

Si nos atenemos a las declaraciones de las autoridades francesas, parece claro que no. En mayo de 2024, el ministerio de Defensa prohibió la participación de industrias israelíes en el salón Eurosatory para ser coherente con la petición de Emmanuel Macron de un alto el fuego en Gaza. El Tribunal de Apelación de París acabó autorizando su presencia, pero demasiado tarde para que muchas de esas delegaciones pudieran participar.

El discurso del Elíseo no ha hecho más que endurecerse desde entonces. En octubre de 2024, el presidente francés declaró que se oponía a cualquier venta de armas a Israel que pudieran utilizarse en Gaza o en el Líbano. A finales de mayo, Macron denunció, junto con el Reino Unido y Canadá, el “nivel de sufrimiento humano intolerable” que vivía Gaza, mientras que su ministro de Asuntos Exteriores calificaba la situación en el enclave de “insostenible”.

¿Y? Pues eso es todo, al parecer. A pesar de esas palabras, el gobierno francés no ha tomado hasta la fecha ninguna medida para impedir que las empresas que suministran armas utilizadas en Gaza expongan en Le Bourget. Cuando Mediapart le preguntó al respecto el 4 de junio a primera hora de la tarde, el ministerio de Defensa no respondió.

Ante este punto muerto, varias asociaciones han iniciado un pulso legal con la empresa organizadora del Salón de Le Bourget, SIAE. Las asociaciones implicadas —Al-Haq, UJFP, Survie, Attac y Stop Fuelling War, respaldadas por la coalición Guerre à la guerre— exigen a los organizadores del evento que prohíban la presencia “de empresas que participen en los crímenes internacionales israelíes”.

“La comisión actual de graves crímenes internacionales” en los territorios palestinos ocupados “es reconocida por la comunidad internacional y las instancias internacionales competentes”, señalan en una citación presentada el 23 de mayo ante el tribunal judicial de Bobigny, citando en particular las disposiciones dictadas en enero de 2024 por el Tribunal Internacional de Justicia (TIJ). “Por lo tanto, no puede ser ignorada por los profesionales de la exposición de armamento, como la SIAE”.

“No solo pedimos que se impida exponer a estas empresas, sino también a sus filiales y contratistas. También hay que garantizar que no puedan participar en la feria como visitantes”, detalla la coordinadora* de la plataforma Derechos y Movimientos Sociales, que coordina y asesora jurídicamente a las asociaciones impulsoras de esta acción judicial.

Tres de estas asociaciones (Survie, Attac y Stop Fuelling War) también han presentado otra demanda contra las empresas presentes en la feria que “al parecer eluden las sanciones contra Rusia y Sudán”.

Los organizadores de la feria replican que los crímenes cometidos por el ejército israelí no están probados y que, además, no disponen de los medios para investigar en profundidad a cada una de las empresas participantes.

“Pretenden conmoverles con atrocidades, cometidas por ambas partes”, declaró el abogado de la SIAE ante los jueces del tribunal de Bobigny, que examinaba este recurso en una vista celebrada el miércoles 4 de junio. “Pero no se puede decir que Israel no tenga derecho a la legítima defensa, y no les corresponde a ustedes juzgar si esa defensa es proporcionada”, añadió el letrado Pavillet, quien consideró que los informes de ONG, organizaciones internacionales, las disposiciones del TIJ y las órdenes de detención dictadas por el TPI contra los dirigentes israelíes “no constituían, en derecho, una prueba determinante de un delito”.

En cuanto a los controles solicitados por las asociaciones, “la feria no tiene medios para llevar a cabo investigaciones para comprobar que los expositores no hayan vendido a intermediarios, que a su vez podrían vender a terceros, que finalmente podrían ceder armas a personas sospechosas de crímenes de guerra”. “¿Qué quieren, que contratemos detectives para ir a los suburbios de Calcuta a ver si no se trata de empresas pantalla?”, ironizó el abogado, en referencia al papel demostrado de empresas indias en la elusión de las sanciones contra Rusia. El tribunal dictará su decisión el martes 10 de junio.

Un buque israelí debía hacer escala el 5 de junio en Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône) para cargar componentes de metralletas fabricadas por la empresa francesa Eurolinks, según una investigación de Disclose y The Ditch publicada el 4 de junio. Según ambos medios, esos componentes, eslabones utilizados para unir las balas de armas automáticas, deben ser entregadas a la empresa Israel Military Industries, filial de Elbit Systems.

Los estibadores y el personal portuario del sindicato CGT del golfo de Fos han advertido, en un comunicado también publicado el 4 de junio, que se niegan a “participar en el genocidio en curso” por lo que “el contenedor ha sido apartado” y los estibadores “no lo cargarán en el barco con destino a Haifa”.

La coordinadora de la plataforma Derechos y Movimientos Sociales no ha querido que su identidad aparezca en el artículo. Afirma (al igual que otros activistas de organizaciones pro palestinas o de defensa de los derechos humanos implicados en acciones relacionadas con la guerra de Israel) que es objeto de amenazas e intimidaciones por su compromiso.

Traducción de Miguel López

Elbit Systems, Rafael, Israel Aerospace Industries (IAI), Palantir... Las principales empresas armamentísticas con capital israelí tienen una importante presencia en España tanto en ventas de armamento como en el mantenimiento de los equipos adquiridos por el Ministerio de Defensa para los tres ejércitos. Los militares españoles usan desde hace décadas material de Defensa israelí. Misiles anticarro Spike, sistemas de artillería por control remoto Mini Samsom, morteros móviles Cardom o el dispositivo de guiado de misiles para cazas Litening. Algunos de estos contratos, estratégicos para España, se adjudicaron con posterioridad al inicio de la guerra de Gaza. Es el caso del lanzacohetes de alta movilidad SILAM para el Ejército de Tierra o el de sistemas de inteligencia artificial para las Fuerzas Armadas adjudicado a Palantir. Muchos de esos equipos están siendo utilizados en la actual campaña israelí en Gaza, Cisjordania y Líbano, según el Centre Delàs d'Estudis per la Pau, con los consiguientes problemas éticos. "Pero además, los beneficios generados por nuestras compras, tienen efecto en el conflicto porque, mediante esas importaciones, España fortalece a los principales suministradores de material bélico de Israel", explica Pere Ortega, investigador del grupo catalán de estudios sobre armamento.

La presencia armamentística israelí en España en parte se instrumentaliza directamente mediante sus filiales en nuestro país. Pero en las principales adjudicaciones españolas, Israel cuenta también con socios nacionales que cooperan en la adaptación de esos sistemas al material de las Fuerzas Armadas españolas. O en su mantenimiento. También fabrican material diseñado en ese país gracias a convenios de transferencias de tecnología. Indra, Escribano Mechanical and Engineering, la especialista en tecnología de las comunicaciones Tecnobit, Santa Bárbara (filial española del gigante de EE UU General Dynamics), Expal, Fabrica de Municiones de Granada (FMG)... Son algunas de las compañías españolas que cooperan para que el material militar y de seguridad procedente de Israel pueda ser usado en España. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado que las importaciones de armamento israelí se han paralizado desde el inicio de la guerra en la Franja, el 7 de octubre de 2023. Pero los grandes programas de armamento procedente de ese país -aprobados antes, pero también con posterioridad a la guerra- siguen en marcha. Estos son sus principales actores.

PAP Tecnos Innovación, con sede en Torrejón de Ardoz (Madrid) es la filial española de la principal empresa pública de armamento israelí, Rafael Advanced Defense Systems. Se trata de la segunda compañía de armamento israelí en volumen de negocio y la número 33 a nivel global. Su director ejecutivo, el general Yoav Har-Even, la señala como "un pilar central en la seguridad nacional israelí" a la que contribuye con la célebre Cúpula de Hierro, el mayor sistema de defensa antiaérea del país que durante el conflicto de Gaza ha neutralizado gran parte de los ataques procedentes de la Franja y de la guerrilla libanesa Hezbolá. El 58% de sus ventas van a parar al Ejército israelí (casi 1.000 millones de euros al año) y en los últimos ejercicios ha venido aportando a su propietario, el Estado de Israel, un dividendo de unos 500 millones en cada uno de ellos.

Rafael, a través de su filial en España PAP Tecnos (fundada en 1996), suministra al Ejército español al menos desde 2006 -cuando consta una adjudicación de 324 millones de euros- de el misil anticarro Spike, con un alcance de entre 5,5 y 10 kilómetros. La última operación con estos sistemas de artillería se formalizó el pasado 22 de noviembre con la compra de 168 puestos de lanzamiento y 1.680 proyectiles del modelo LR2 por un valor de 237,5 millones de euros. Desde hace 15 años, la corresponsal en España de Rafael también distribuye al Ejército de tierra la plataforma de armamento por control remoto Mini Samson, que se puede instalar sobre vehículos todo terreno o blindados y monta ametralladoras y lanzagranadas automáticos. La compra de estos sistema implica, en muchas ocasiones, su mantenimiento y reparación por parte del fabricante. El último contrato con PAP Tecnos de este tipo de servicios, por 82.644 euros, se firmó el 23 de noviembre pasado.

Otra empresa con capital israelí y filial en España es la tecnológica especializada en análisis de datos e inteligencia Palantir Technologies, fundada por el magnate Peter Thiel y dirigida por el polémico Alex Karp. Palantir. Con sede en Denver (EE UU) es un socio estratégico del Gobierno de Benjamin Netanyahu al que, desde el inicio de la guerra, ha proporcionado sistemas de Inteligencia Artificial de uso militar que sirven para identificar objetivos a las tropas y proponer planes durante las operaciones. "En todas partes hay gente que no está de acuerdo con nuestras decisiones, especialmente con nuestra decisión de ayudar a Israel", dijo Karp el pasado enero. "Sus voces son escuchadas... y seguimos adelante con nuestro apoyo a Israel". El uso de Inteligencia Artificial en la guerra ha provocado la muerte de al menos 15.000 personas en Gaza, según una investigación de medios israelíes publicada en abril en la que también participó The Guardian. Estos sistemas utilizan algoritmos que analizan redes sociales y dispositivos móviles para buscar víctimas sin apenas intervención humana.

Pese a las críticas que ha suscitado el uso de este tipo de tecnología, el Ministerio de Defensa español firmó un contrato con su filial en España (Palantir Technologies Spain, con sede en el madrileño barrio de Salamanca) el pasado 6 de noviembre para que la multinacional facilite "una solución de fusión y análisis de inteligencia en el ámbito del sistema de inteligencia de las fuerzas armadas" y valorado en 16,5 millones de euros, según el pliego publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, adelantado por el Centre Delàs. "Estoy sumamente orgulloso de que después del 7 de octubre, en unas semanas, estemos en el terreno y participemos en operaciones cruciales en Israel", dijo Karp el pasado 13 de marzo. Su apoyo sin fisuras a Netanyahu ha provocado desde entonces que algunos empleados hayan dejado la compañía.

Uno de los proyectos más importantes del programa de defensa español es la adquisición del sistema lanzacohetes de alta movilidad SILAM, después de que el ejército jubilara su anterior modelo, el Teruel, en 2011 al haberse quedado obsoleto. El prototipo elegido es el dispositivo israelí PULS, fabricado por el principal actor israelí en el mercado de armamento, Elbit Systems. El programa, aprobado por el Gobierno antes de la guerra, se adjudicó el pasado diciembre, dos meses después de su inicio, por 576,5 millones de euros. La israelí Elbit pone la tecnología, pero la fabricación correrá a cargo de dos socios radicados en España bajo su licencia.

El primero de los socios españoles del gigante armamentístico israelí es Escribano Mechanical and Enigneering, la décima empresa en el sector español por volumen de negocio con sede en Alcalá de Henares (Madrid). La compañía familiar, liderada por los hermanos Ángel y Javier Escribano, empezó su trayectoria en 1989 como un pequeño taller de mecanizados y en 25 años ha conseguido colocar sus sistemas de armamento en 25 países además de convertirse en el principal socio industrial de Indra, con un 3% de su capital. En el proyecto SILAM, la compañía se encargará de fabricar los componentes mecánicos y electrónicos de los 12 lanzacohetes de patente israelí.

El segundo socio español que participará en el proyecto liderado por Israel será Expal Systems. Nacida en Nanclares de Oca (Álava) como Explosivos Alaveses en los años cuarenta del siglo pasado, fue adquirida en 2022 por el gigante alemán Rheinmetall, la firma que ocupa el número 20 en el ránking del sector armamentístico global. Especializada en explosivos y munición de artillería, tiene factorías en Albacete, Cáceres, Madrid, Murcia, Burgos y Asturias. Rheinmetall Expal Munitions fabricará los 680 cohetes de entre 35 y 300 kilómetros de rango inicialmente adquiridos por Defensa.

Escribano y Expal también participan como socios, esta vez de la israelí Rafael, en la fabricación de sistemas de misiles Spike LR2 adquiridos por Defensa en diciembre. Mientras la primera trabaja en el sistema de guiado del misil, el cañón con el que se dispara y el sistema de lanzamiento, Expal produce componentes de los motores y el explosivo. A ellas se suman otras dos compañías españolas: Tecnobit -del grupo Oesía y especializada en sistemas de visión inteligente y comunicaciones tácticas- que se encarga del sistema de guiado, y Fábrica de Municiones de Granada (FMG) que trabaja en el explosivo de las cabezas de guerra.

Tecnobit e Indra -esta última la cuarta empresa de Defensa española solo por debajo del conglomerado de Airbus y Navantia- también trabajan en programas de colaboración con la industria israelí en los contratos de suministro y mantenimiento del designador de objetivos láser Litening, fabricado por Rafael, que Defensa lleva adquiriendo varios años para guiar los misiles de sus cazas F-18 y Eurofighter. Indra, además, formó parte del consorcio mediante el que España compró cuatro drones Searcher a Israel Aerospace Industries (IAI) con los que cuenta desde 2008 (14,3 millones de euros). IAI es la segunda compañía de armamento israelí y la 28 a nivel global por volumen de negocio.

El Ministerio de Transportes ha afirmado que el buque Borkum, que tiene previsto recalar en las próximas horas a Cartagena, no se dirige "en ningún caso" a Israel, según la información que consta en la documentación del carguero, y que su carga tiene como destino la República Checa, ha recogido Europa Press.

El Sector del Mar de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de la Región de Murcia había solicitado la inspección y la inmovilización del carguero por la sospecha de que carga armas que se dirigen a Israel, y también la Red Solidaria Contra la Ocupación Palestina (Rescop) había denunciado este martes esta llegada al puerto de Cartagena.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha calificado de "falso" que el barco lleve armas a Israel. "Algunos andan enredando con un barco (Borkum) que hará escala en Cartagena y que, según ellos, lleva armas a Israel. FALSO", ha escrito el ministro en la red social X.

Podemos ha interpuesto una denuncia ante los juzgados centrales de instrucción de la Audiencia Nacional (AN) para que se investigue el contenido del buque y sea retenido ante "serias sospechas" de que carga armamento cuyo destino es Israel.

Por su parte Sumar ha solicitado mediante un escrito que el Gobierno dé explicaciones en el Congreso sobre la llegada del buque Borkum a Cartagena y su contenido a bordo, y pedirá también a la Fiscalía que investigue el contenido del carguero.

"Tenemos fuentes que nos confirman que hay armas que van a Israel en un momento en el que se está produciendo un genocidio", ha indicado la candidata de Sumar a las elecciones europeas, Estrella Galán, a la prensa este miércoles en la pradera de San Isidro en Madrid.

El ministro de Transportes ha explicado que el barco ya tocó suelo español en Las Palmas, donde pasó aduana. "Su carga se dirige a República Checa, a donde llegará tras ser descargada en Eslovenia", detalla.

Además, el ministro comparte el documento con la autorización de tránsito del buque, con la fecha de entrada y salida (10 y 11 de mayo) de la aduana de Las Palmas de Gran Canaria, y en el que figura como origen India y como destino la República Checa.

También se detalla la mercancía, compuesta por 24 contenedores de cargadores para armas con carga explosiva y 8 contenedores de cartuchos de trinitrotoluene.

Fuentes del Ministerio de Transportes explicaron que a diario hay multitud de barcos que atracan en los puertos españoles y que en el caso del Borkum, como en todos, el barco, de armador y propietario alemanes, tiene toda la documentación en regla.

Señalan que se trata de uno más de los desplazamientos de comercio internacional que tiene todo en regla, conforme a la normativa, y que es una conexión.

Además, el Ministerio de Transportes ha pedido "que no se cree una alarma social innecesaria" y ha subrayado que la autoridad portuaria ha autorizado la llegada del buque Borkum a puerto por lo que "no hay motivos para hacer ningún tipo de señalamiento".

Tres periodistas del periódico italiano Domani, socio de infoLibre en la red de medios European Investigative Collaborations (EIC), se enfrentan a una condena de nueve años de cárcel, por presuntamente haber solicitado y recibido documentos confidenciales de un funcionario público. Al menos ésa es la acusación de la Fiscalía de Perugia contra Giovanni Tizian, Nello Trocchia y Stefano Vergine, que publicaron el conflicto de interés del ministro de Defensa italiano, Guido Crosetto: cobró 2,3 millones de euros de la industria de armamento por trabajos de consultoría entre 2018 y 2021, de los que 1,8 millones fueron pagados por Leonardo. Además del tercer grupo industrial de defensa de Europa por facturación, Leonardo uno de los principales contratistas del Ministerio de Defensa italiano. El Estado posee el 30% de sus acciones.

Desde 2014, según publicó Domani, Crosseto –uno de los fundadores de Hermanos de Italia, el partido de la primera ministra Giorgia Meloni– fue asesor de Leonardo, el mismo año en que asumió la presidencia de AIAD, la patronal italiana del sector. Además, en 2021 creó con su mujer y su hijo una firma de lobby armamentístico, Csc & Partners.

El ministro no ha negado nunca estos datos, pero en octubre de 2022, cuando se publicó la noticia, anunció una demanda por difamación que nunca llegó a presentar. Crosetto explicó que había asesorado a Leonardo “como presidente de la AIAD”. “No tenía una oficina en Leonardo y no respondía ante nadie en Leonardo”, aseguró al periódico. La ley italiana establece ciertos límites a las puertas giratorias, pero en la práctica no prohíbe a los empresarios o directivos ocupar cargos donde toman decisiones que afectan a sus antiguos contratadores.

“En estos nueve años he viajado por todo el mundo con los ministros de Defensa para vender nuestros productos en el extranjero, pero sólo como presidente de la AIAD. Nunca he vendido los productos de Leonardo al Estado italiano. Y como ministro de la República no me ocuparé directamente de las compras, porque las hacen los militares”, fue la respuesta que dio Crosetto cuando Domani el preguntó sobre las licitaciones multimillonarias que convoca su ministerio y a las que concurre Leonardo.

En lugar de la demanda por difamación, el ministro presentó una denuncia que la Fiscalía de Perugia ha convertido en una investigación contra los periodistas por revelación de secretos: no sólo por haber solicitado y recibido documentos confidenciales de un funcionario público, sino también por haber violado su confidencialidad publicando la información contenida en decenas de documentos judiciales. Según el escrito de acusación, los periodistas recibieron también documentos sobre empresarios, miembros de organizaciones delictivas y políticos, entre ellos Guido Crosetto. Hay 15 personas investigadas. No sólo los tres periodistas de Domani. También un funcionario de la Policía Financiera, Pasquale Striano, a quien se acusa de haber facilitado los documentos a los redactores, y su jefe, el fiscal Antonio Naudati. Se ha convertido en un caso nacional. Y la primera ministra Meloni ha declarado que el caso no tiene nada que ver con la libertad de prensa.

Irónicamente, Perugia es la ciudad donde se celebra desde hace 18 años el Festival Internacional de Periodismo, que estos días de abril acaba de reunir a 600 profesionales de todo el mundo para debatir los problemas y amenazas que se ciernen sobre los informadores en un momento de especial agitación política.

Además, el Parlamento Europeo ha aprobado hace sólo un mes la Ley Europea de Libertad de los Medios de Comunicación, que pretende reforzar la protección de las fuentes periodísticas y regular estrictamente la posibilidad de que los tribunales las investiguen. Sólo se podrá hacer en un número limitado de delitos y por una “autoridad decisoria independiente e imparcial”. La decisión de la Fiscalía de Perugia podría ser, por tanto, una vulneración de la letra de esta recién estrenada ley europea.

También es un intento de “criminalizar el periodismo”, advierte Domani, que ha lanzado una campaña internacional de apoyo a sus reporteros. Sindicatos de periodistas como la Federazione Nazionale della Stampa Italiana, y organizaciones como Reporteros sin Fronteras, Media Freedom Rapid Response, el Instituto Internacional de Prensa, ARTICLE 19 Europa y OBC Transeuropa, además de EIC, ya se han unido a ella. En España, lo han hecho también, además de infoLibre, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y elDiario.es.

No es la primera vez que miembros del actual Gobierno italiano actúan contra Domani y otros medios de comunicación italianos: las conocidas como SLAPP –como se conocen en inglés los pleitos estratégicos pensados para silenciar e intimidar a periodistas, activistas o víctimas ante la presión jurídica y el elevado coste de su defensa legal–, demandas por daños y perjuicios e intimidaciones son cada vez más frecuentes en Italia, destaca el periódico.

“Si el poder ejecutivo pide al poder judicial que busque las fuentes de los artículos inoportunos sobre el Gobierno, y si luego el poder judicial persigue no sólo a las fuentes sino también a los periodistas, que hoy se arriesgan hasta a nueve años de cárcel, el riesgo concreto es que en Italia muera la libertad de prensa”, alerta el redactor jefe de Domani, Emiliano Fittipaldi.

De hecho, no dejan de aumentar los intentos del Gobierno italiano de limitar la libertad de expresión y el derecho de los ciudadanos a estar informados. Por ejemplo, el escritor Antonio Scurati acaba de ser censurado por la RAI, la televisión pública. Scurati tenía un acuerdo con la cadena para pronunciar un discurso sobre el fascismo, recordando la liberación de Italia de Mussolini, que se conmemora el próximo jueves. El discurso ha sido cancelado: según una nota interna, “por motivos editoriales”; según la presentadora del programa donde el escritor iba a leer su texto, porque pedía 1.800 euros a cambio. El texto será leído en varias plazas y teatros de Italia el próximo día 25.

Además, la Comisión de Supervisión de la RAI acaba de aprobar una enmienda al reglamento de la televisión pública, presentada por Hermanos de Italia, la Lega de Matteo Salvini y Noi Moderati, que permitirá a los miembros del Gobierno hablar sin limitación de tiempo y sin repreguntas en los espacios informativos de la próxima campaña a las elecciones europeas del mes de junio.

Hace una semana, Gianni Berrino, senador de partido de Meloni, propuso aumentar la pena por difamación hasta cuatro años y medio de cárcel. Ahora la pena es de un año. Y para rematar, una enmienda de los centristas de Azione a la Ley de Ciberseguridad prevé también aumentar la pena –hasta tres años de cárcel– para los periodistas que publiquen informaciones obtenidas mediante pirateo informático, escuchas telefónicas o violando el secreto de una investigación.

El periodismo de investigación, y la libertad de prensa, en general, corren grave riesgo “si se impide el acceso a fuentes que filtren información secreta y si se dificulta la verificación de las noticias". "Entonces, es el derecho de los ciudadanos a estar informados sobre noticias de interés público que el poder político y económico trata de ocultar el que terminará dañado”, advierte Domani en la carta en la que pide apoyo frente a las amenazas contra la libertad de expresión.

Uno de los periodistas acusados, Giovanni Tizian, alerta ante el “peligroso precedente” que puede sentar la acusación de la fiscalía si los jueces le dan la razón. “A partir de ahora, todos los ministros y políticos podrán dirigirse a las autoridades judiciales y pedir que se identifiquen las fuentes de los periodistas. Si se adopta este principio, el periodismo de investigación estará muerto”. Tizian pone el foco en Meloni: “No es sorprendente que todo esto ocurra en un momento histórico en el que gobierna Italia un partido de extrema derecha heredero de la cultura nostálgica de los 20 años gobernados por Mussolini”.

La acusación también se convierte en un aviso a navegantes, sostiene Stefano Vergine. “La decisión de perseguir a las fuentes de los periodistas es una advertencia dirigida a todos los periodistas italianos y a todas sus fuentes. El mensaje es claro: si estás dispuesto a revelar información confidencial, esto es lo que puede pasar”. Pero tiene consecuencias a más largo plazo y más allá del periodismo, apunta Nello Trocchia, el tercer periodista encausado: “Un país democrático que decide dejar en la sombra las noticias inoportunas para el poder político es un país débil y precario”.

Reunidos en Consejo Europeo los días 14 y 15 de diciembre, los Jefes de Estado y de Gobierno de los 27 Estados miembros reiteraron sin sorpresa su deseo de que la Europa de la defensa acuda en ayuda de Ucrania con "un apoyo militar rápido, previsible y duradero", según las conclusiones de la cumbre.

A pesar de que la Hungría de Viktor Orbán vetó un paquete de ayuda de 50 millones de euros para Kiev, el Consejo reiteró su objetivo de entregar un millón de proyectiles de artillería antes del próximo mes de marzo, seguir invirtiendo en defensa y desarrollar "sus capacidades". 

En 2017, la Unión Europea comenzó a invertir en proyectos militares por primera vez en su historia. Cuatro años más tarde, incluso se creó un Fondo Europeo de Defensa (FED) de 8.000 millones de euros para apoyar a la industria, allanando el camino para un lobbying desenfrenado en la Comisión Europea. 

El lobby armamentístico es un viejo negocio en Bruselas. Pero para Laëtitia Sédou, miembro de la Red Europea contra el Comercio de Armas (Enaat), lo más sorprendente es la reciente rapidez de su desarrollo: "Hoy en día, hemos llegado a un punto en el que ya nadie tiene un ojo crítico sobre lo que la industria armamentística puede permitirse pedir o afirmar. Todo es asumido a coro por la Comisión y el Parlamento". 

Con motivo de la publicación del último informe de la Enaat, que resume la evolución del lobby armamentístico en Bruselas desde 2014 hasta la actualidad, la autora se declara ahora "horrorizada" por la normalización de los vínculos entre altos funcionarios europeos y fabricantes de armas. 

Desde el inicio de la guerra en Ucrania, en febrero de 2022, se ha acelerado el proceso de financiación de las industrias militares que ya había comenzado antes. El Parlamento ha aprobado nuevas subvenciones no previstas en el presupuesto, como la Ley de Apoyo a la Producción de Municiones (Asap), poniendo a disposición 500 millones de euros en julio de 2023, y la Ley de Fortalecimiento de la Industria Europea de Defensa mediante la Adquisición Común (Edirpa), que invirtió otros 300 millones de euros el pasado septiembre. 

Además de prestar una mayor atención política a la industria, también se ha acelerado su acercamiento a la Comisión y al Parlamento Europeo, con impulsos procedentes de ambas partes. Creada en 2021 y adscrita a la Comisión, la Dirección General de Industria de Defensa y del Espacio (DG Defis), su Director General Timo Pesonen y su Presidente, el Comisario Thierry Breton, se han venido reuniendo con la industria de defensa con mucha frecuencia. Desde 2020, se han celebrado unas tres reuniones individuales al año con una treintena de empresas, entre ellas los gigantes franceses Airbus, Thales, Safran y Dassault. 

Para los autores del informe, esta Dirección General se ha convertido en un "canal permanente de diálogo" entre la industria y los funcionarios europeos. Además de reuniones puntuales, el informe denuncia la creación en 2021 de un "grupo de expertos" cuya misión es supuestamente orientar las "pertinentes" políticas de defensa. Más de la mitad de este grupo de trabajo está formado por empresarios del sector, con más de 35 representantes de grandes grupos como Airbus, Thales, Dassault o los armadores italianos y alemanes Leonardo y Rheinmetall. En otras palabras, los propios beneficiarios de estos fondos participan en su desarrollo. 

Un sistema de "juez y parte" claramente habitual en el sector. El pasado mes de marzo, Mediapart reveló que el Ministro francés de las Fuerzas Armadas había nombrado a Laurent Collet-Billon para dirigir una misión destinada a aumentar la producción de obuses de 155 mm, omitiendo mencionar que trabajaba para una empresa especializada en la producción de estas municiones. 

Hoy, el Comisario Thierry Breton es el principal objetivo de los grupos de presión armamentísticos de Bruselas, con los que ya no oculta su cercanía. Breton, ex director general de Atos –cuyo nombramiento para la UE ha hecho sospechar a varias ONG sobre la existencia de un conflicto de intereses– realizó varias visitas a fabricantes de armas europeos en la primavera de 2023. "Debemos apoyar directamente, con dinero de la UE, la potenciación de nuestra industria de defensa", dijo Breton durante una visita al gigante alemán Rheinmetall. Unos meses más tarde, en julio de 2023, se votó el Asap, con el que se recaudaron 500 millones de euros para apoyar a la industria. 

"En la actualidad hay un nuevo evento cada mes, si no cada semana", explica Laëtitia Sédou. Entre los salones de armamento, a las que la DG Defis viaja asiduamente por toda Europa, las audiencias en el Parlamento, donde son invitados regularmente a intervenir los fabricantes de armas, y las cumbres organizadas por la Comisión o la industria, la connivencia es frecuente. 

La Enaat no olvida señalar que los registros de transparencia de las reuniones que rellenan los eurodiputados son sólo voluntarios. Según esos registros, Airbus se reunió 261 veces con la Comisión y 78 veces con eurodiputados entre 2014 y 2023. Según los autores, Airbus es la empresa que más gasta en lobbying, con un presupuesto dedicado de hasta 1,5 millones de euros al año. 

Dado el contexto de la guerra en Ucrania, que llevó a la UE a prometer, el 20 de marzo, la entrega de un millón de proyectiles, de artillería y de misiles en doce meses, parecería necesario este tipo de diálogo entre fabricantes de armas y funcionarios de la UE . Sin embargo, aunque el diálogo ya estaba muy avanzado incluso antes de que empezara la guerra, la industria están utilizando su influencia en Bruselas para lograr otros objetivos que les importaban mucho, empezando por la lucha contra la inmigración. 

En 2023, la industria armamentística ha mantenido contactos con la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex). El pasado mes de marzo, Frontex, la Comisión Europea y Europol invitaron a varias empresas, entre ellas Airbus e Idemia, a proponer soluciones para "diversos aspectos de la gestión y la seguridad de las fronteras". Lo que surgió de la conferencia fue reforzar la cooperación de Frontex con la industria: en otras palabras, militarizar más las fronteras. Los fabricantes de armas también son visitantes habituales de la sede de Frontex en Varsovia, en las "jornadas de la industria" que se celebran varias veces al año. 

Otro punto desconcertante del informe de la Enaat es el objetivo, apenas disimulado, de reforzar la competitividad de la industria de defensa en el mercado internacional. Este objetivo figura explícitamente en los principales planes de financiación, como el Fondo Europeo de Defensa, Edirpa y Asap. Es decir, los fondos liberados para ayudar a los fabricantes a producir armas para enviar a Ucrania también se están utilizando para ayudarles a exportar.

Entrevistado el viernes por Sud Radio, el ensayista y polìtico francés Raphaël Glucksmann se mostró preocupado por la disminución de la ayuda militar europea a Ucrania: "Producimos millones de proyectiles con fondos europeos, quevendemos a Emiratos, Arabia Saudí... ¡y no a Ucrania! Eso es cobardía y negocio por parte de Macron y Scholz", declaró. 

En la actualidad, la UE es el segundo exportador mundial de armas, y Arabia Saudí fue su principal cliente hasta 2020, a pesar de su implicación en crímenes de guerra en Yemen. Las empresas francesas, que se llevan casi el 30% del fondo europeo de defensa, tienen como principales clientes a Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Qatar, India y Arabia Saudí (durante el periodo 2013-2022). 

A pesar de esta constatación, poco halagüeña para la ética de los fabricantes de armas, desde el año pasado han tomado la costumbre de subirse a la moda del comercio sostenible, tan apreciada por la Unión Europea. En febrero de 2022, los lobbies adoptaron una nueva retórica basada en la "sostenibilidad" del sector armamentístico. Desplegaron una nueva estrategia de influencia a raíz de la publicación por un grupo de expertos de los nuevos criterios denominados ESG (medioambientales, sociales y de gobernanza), creados para orientar los flujos financieros europeos hacia actividades menos contaminantes y más honestas. 

Los lobbies han desarrollado un curioso discurso que vincula el armamento europeo y la seguridad colectiva con la cohesión social. Ahora esperan que se les incluya en los criterios sociales de este proyecto de taxonomía, aún en trámite y que, de tener éxito, podría impedir a la industria armamentística acceder a nuevas financiaciones. Este debate está ahora en punto muerto y la industria sigue intentando demostrar su "sostenibilidad". 

Desde el trauma causado por el reglamento Reach de 2005 sobre sustancias químicas, que prohibió el uso de determinadas sustancias en la fabricación de armas, la industria del armamento tienen muy presentes las políticas medioambientales que se elaboran en Bruselas y tratan de anticiparse para influir en ellas con mayor eficacia. 

Publicado el pasado mes de noviembre, el informe del Observatorio de las Multinacionales titulado "Sangre en el Pacto Verde" acusaba a los fabricantes de haberse asegurado de que materiales esenciales para la fabricación de armas, como el titanio o el aluminio, figuraran en la lista de los llamados materiales "críticos", y pudieran utilizarse prioritariamente para garantizar la transición energética, a pesar de ser menos útiles para este fin. 

Los autores creen que los fabricantes de armas han presionado "agresivamente" a la Comisión y a la DG Defis, una vez más con el apoyo de Thierry Breton e incluso del Gobierno francés. Sobre este punto, el comisario europeo, con cuyo equipo se puso en contacto Mediapart, insiste en que "la Comisión ha escuchado las preocupaciones expresadas por todas las partes interesadas, tanto la sociedad civil como la industria", y añade que no tiene ningún comentario que hacer sobre los dos informes citados. 

Para el investigador Adrien Estève, "cuando hablamos del lobby de defensa, hablamos también de agentes gubernamentales que ejercen presión en las capitales. Es el caso de Estados cuya industria de defensa es un pilar económico, como Francia y Dinamarca". En una visita a Villepinte (Seine-Saint-Denis) en junio de 2022, el propio Macron comentó los criterios de la taxonomía europea, explicando que "no puede ni debe descalificar a nuestros fabricantes ni ponerles en dificultades". 

Los miembros de la Enaat están preocupados porque, además de pretender derogar normas medioambientales como el Pacto Verde, una iniciativa clave de la UE para luchar contra el cambio climático, el uso militar de las armas –además de su función destructiva– es altamente contaminante. Los científicos calculan que más del 6,5% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero están relacionadas con las actividades militares, "una horquilla baja" para el especialista Adrien Estève, que señala que los estudios no tienen en cuenta ciertas actividades como las maniobras. "Se trata de un sector que nunca ha sido señalado en la UE por su impacto climático", añade.

 Traducción de Miguel López

La empresa francesa Nexa Technologies vendió sus equipos de interceptación telefónica a dos empresas españolas, pertenecientes al mismo grupo, Everis Spain, que desde 2013 forma parte de la multinacional japonesa NTT Data. Su presidente es el exministro de Defensa con el PP Eduardo Serra (1996-2000). Se trata de Toro Vehículos Especiales y Sistemas, y Das Photonics. Ambas incorporaron los equipos de Nexa a sus respectivas producciones: vehículos militares y productos basados en tecnología fotónica, que fueron destinados al Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos, según revela la investigación Predator Files, basada en documentos confidenciales obtenidos por Mediapart y Der Spiegel, y realizada por infoLibre y la red de medios European Investigative Collaborations (EIC), que en esta ocasión ha trabajado con Shomrim (Israel), Die Wochenzeitung (Suiza), Reporters United (Grecia), Domani (Italia), Daraj Media (Líbano) y The Washington Post (EEUU), así como con el apoyo del Security Lab de Amnistía Internacional.

El grupo francés Nexa, que lleva años en el punto de mira de dos investigaciones judiciales por “complicidad en torturas” relacionadas con la venta de sistemas de vigilancia masiva por Internet a Libia y Egipto, selló en 2019 una alianza con la empresa Intellexa, una compañía basada principalmente en Europa, pero pilotada por exprofesionales de los servicios secretos israelíes. Ambas compañías se complementaban: Intellexa desarrolló el programa espía Predator y Nexa lo vendió al menos a tres autocracias, Egipto, Vietnam y Madagascar.

Toro Vehículos Especiales, dedicada a la fabricación de vehículos de uso militar y simuladores de conducción, quedó extinguida en agosto de 2022, tras ejecutar un ERE dos años antes por causas organizativas. En sus apenas 10 años de vida, llegó a tener un centenar de trabajadores, ubicados en unas instalaciones de Segovia.

Das Photonics, en cambio, fue una spin-off de la Universidad de Valencia, una empresa dedicada la tecnología fotónica que ha suministrado equipos a la NASA, por ejemplo. La participación de Everis en Das Photonics se llevó a cabo a través de Toro, que en diciembre de 2019 vendió sus acciones a Media Telecom SL, cuya administradora es Silvia Martí Revillo, hija del fundador de la empresa valenciana y catedrático de la Universidad Politécnica de Valencia, Javier Martí Sendra. Desde el pasado mes de marzo, Das Photonics se encuentra sometida a un plan de reestructuración por importe de 5,5 millones de euros, un instrumento preconcursal, mediante el que pretende negociar su pasivo y encontrar nueva financiación. Su situación actual es de insolvencia. El pasado julio, el grupo de ingeniería industrial y digital Oesía anunció su adquisición, que a día de hoy no se ha materializado, según explica la empresa valenciana.

Sin embargo, entre 2017 y 2021, ambas empresas gozaban de una buena salud económica y firmaron sendos contratos con Nexa Technologies y su filial en Abu Dabi, Advanced Middle East Systems. La francesa agrupó sus contratos con empresas españolas bajo el nombre en clave Turrón. Das Photonics empezó suscribiendo dos acuerdos de confidencialidad con Nexa en marzo de 2016 y marzo de 2017. Les presentó una propuesta comercial en julio de 2017 y envió la documentación técnica en marzo de 2018. El contrato tenía por objeto suministrar a Das Photonics un equipo de interceptación telefónica pasivo IMSI Catcher, por importe de 250.000 euros, que después incluyó otro contrato de mantenimiento hasta julio de 2022.

El dispositivo, que fue probado en España a principios de 2019, es un equipo de interceptación telefónica legal. Su funcionamiento es sencillo: simula ser un repetidor de telefonía de cualquiera de las bandas de frecuencia, 2G, 3G, 4G, al que se conectan las llamadas de los móviles próximos. Estas quedan expuestas, por lo que se pueden extraer comunicaciones de voz o datos, incluso también seguir objetivos identificando terminales móviles y a sus propietarios.

Los IMSI Catchers “tienen la posibilidad de ser completamente intrusivos”, explican a infoLibre fuentes técnicas. “Normalmente, estas soluciones se acuerdan [con el suministrador] con las menores limitaciones y la menor huella de registro; es decir, los registros sólo recogen el número de veces que se utilizan, pero no los datos del objetivo sobre el que se utilizan”, advierten.

En cualquier caso, estos equipos son considerados tecnología de doble uso; es decir, es tecnología civil que pueden emplear también las fuerzas de seguridad y los ejércitos. Por ese motivo, su exportación a terceros países requiere una licencia que otorga el Ministerio de Industria y Comercio. Y para obtenerla, es necesario un certificado de último destino que especifique el usuario final del producto. En el caso de los equipos comprados por Das Photonics, en mayo de 2019 Nexa pide a la empresa española que cancele dos partes del pedido inicial, por importe de unos 200.000 euros, porque se ha topado con problemas para obtener el certificado de usuario final para la unidad de desencriptación que acompaña al equipo de interceptación telefónica que les han vendido. A preguntas de infoLibre, el Ministerio de Industria ha declinado contestar si concedió las pertinentes licencias de exportación tanto a Das Photonics como a Toro Vehículos Especiales, amparándose en que facilitar esa información “implicaría un claro perjuicio a los intereses económicos o comerciales de las empresas afectadas”.

En una entrevista publicada en 2021 en la revista Emprendedores, el consejero delegado de Das Photonics, Javier Martí, promocionaba un macrocontrato de 80 millones de euros que la empresa había firmado con Emiratos Árabes Unidos en 2017 y que se extendería hasta este mismo año. “Hemos ganado otros contratos de gran volumen y estamos compitiendo en la adjudicación de importantes contratos, fundamentalmente en la región de Oriente Próximo”, presumía. “Estamos imponiéndonos a empresas que son 1.000 veces más grandes que nosotros”.

El mismo contrato con esta autocracia del Golfo Pérsico se menciona en las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y del Tribunal Supremo que han dado la razón a los ejecutivos de Everis Defensa despedidos en 2020 por la matriz del grupo. El intento del equipo directivo de la sección de defensa de adquirir la empresa y evitar así su desaparición –como era la intención de la matriz– condujo al despido de una decena de ejecutivos. Estos demandaron a Everis en los tribunales, que han dictado que sus ceses fueron improcedentes. El conflicto laboral, publicado en su día por El Periódico de España, desveló algunos de los contratos firmados tanto por Toro Vehículos Especiales como por Das Photonics y en los que la matriz había detectado unas supuestas irregularidades. Se trataba de “operativas” que ambas filiales suscribieron “en el contexto” de un “contrato marco” con Emiratos Árabes Unidos, cuyo primer pedido ascendió a 28,28 millones de euros, explican los jueces.

Das Photonics ha declinado responder a infoLibre sobre el contenido del contrato con Nexa, por razones de confidencialidad. Y no aclara si el IMSI Catcher formaba parte de ese gran contrato con Emiratos Árabes Unidos. Tampoco el consejero delegado de Das Photonics, Javier Martí, ha contestado a los reiterados intentos de este periódico de ponerse en contacto con él por teléfono y por correo electrónico [ver La caja negra al final del texto]

A preguntas de EIC, un portavoz del Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos se limita a responder que su “marco jurídico y normativo” le “prohíbe inequívocamente el espionaje en todas sus formas, considerando cualquier actividad de este tipo como un delito punible en virtud de las leyes pertinentes. Esta prohibición se extiende a todos los posibles casos de vigilancia”. Además, apela a “la importancia de acatar las normas internacionales relativas a la gestión responsable de las amenazas cibernéticas” para fortalecer la paz y la seguridad mundiales. Finalmente, Emiratos se ampara en la protección de los usuarios finales y en la “estricta privacidad de los datos” para no dar detalles sobre ellos.

El contrato con Toro Vehículos Especiales data de julio de 2018 y su importe se acerca al millón de euros (970.000 euros). En este caso, Toro factura con la filial emiratí, Advanced Middle East Systems, en lugar de con la matriz francesa. El suministro es para otro equipo de interceptación de móviles, un Alpha-PA, también con unidad de desencriptación, que puede capturar cualquier móvil próximo, de forma masiva. La unidad de desencriptación sirve para descifrar los protocolos criptográficos de los móviles. El que compró Toro estaba diseñado para el protocolo de las comunicaciones en la banda 3G. Su destino era instalarlos en los vehículos que fabricaba en Segovia. En octubre de 2020, Nexa prepara un presupuesto para 25 coches más de los iniciales, y “posiblemente” para una configuración más avanzada del equipo de interceptación, según los documentos a los que ha tenido acceso infoLibre. Ese mismo mes, estaba prevista una demostración de la unidad de descifrado para 3G, ya no en España, sino en Abu Dabi.

infoLibre se ha dirigido a NTT Data, la antigua Everis, para preguntarle por este contrato, pero el grupo de Eduardo Serra ha rehusado hacer ningún comentario.

Según la Plataforma de Contratación del Estado, Das Photonics ha firmado tres contratos con el Estado. Uno en 2018 con el Ejército del Aire, por importe de 347.870 euros, para suministrarle un equipo receptor para interceptar y procesar señales de radiofrecuencia que se montó en un avión militar. El segundo, en 2021, se le concedió como parte de una UTE para suministrar a Defensa una plataforma unificada de respuesta por valor de 780.950 euros.

El tercer contrato, en 2022, formó parte de un proyecto europeo (EDIDP, Programa Europeo de Desarrollo Industrial de Defensa), junto con Finlandia y Portugal, por valor de 407.000 euros. Se trata de un concurso negociado sin publicidad, en el que Das Photonics presentó la única oferta.

Para la empresa Toro, sólo constan dos contratos con el Ministerio de Defensa, ambos en 2015. En virtud de uno de ellos suministró unidades de aislamiento a la Unidad Médica Aérea de Apoyo al Despliegue por importe de 265.000 euros. El segundo fue un contrato menor, de sólo 7.078 euros, por el que vendió un arrancador neumático.

El Gobierno español concedió licencias de exportación a Emiratos Árabes Unidos de equipos de interceptación y software y hardware de intrusión en 2017, 2019, 2020 y 2021. La mayor parte de ellos tenía como destinataria a la policía. En 2021, el usuario final fue la agencia de inteligencia de ese país del Golfo.

En esos cuatro años, España autorizó licencias para exportar a Emiratos dispositivos de la categoría 5 –telecomunicaciones y seguridad de la información, en la que están incluidos los sistemas de interceptación telefónica– por importe de casi 2,8 millones de euros, de acuerdo con los informes anuales que publica el Ministerio de Industria.

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#PredatorFiles se basa en documentos confidenciales obtenidos por Mediapart y Der Spiegel, y está siendo publicado por medios asociados a European Investigative Collaborations (EIC): NRC, Politiken, Expresso, Le Soir, De Standaard, VG, infolibre y Domani en colaboración con Shomrim (Israel), Die Wochenzeitung (Suiza), Reporters United (Grecia), Daraj Media (Líbano) y The Washington Post (EEUU).

La Unión Europea, galardonada con el Premio Nobel de la Paz en 2012, se esfuerza por demostrar que también sabe hacer la guerra. Reunidos en Bruselas el lunes 20 de marzo, los ministros de Asuntos Exteriores y Defensa validaron un sistema inédito para impulsar el suministro de municiones a Ucrania. He aquí algunos detalles.

Según las conclusiones de la reunión, los ministros adoptaron tres medidas. En primer lugar, dedicar mil millones de euros para reembolsar a los Estados que ya han entregado munición a Ucrania, o que lo harán de aquí a finales de mayo de 2023. Esa cantidad procederá del Fondo Europeo para la Paz, un fondo aportado por los Estados miembros para reforzar las capacidades militares de otros países. Esos 1.000 millones de euros se utilizarán para reembolsar a los Estados entre el 50% y el 60% del coste de la munición enviada o a punto de ser enviada a Ucrania.

La segunda parte del "plan de munición" detallado el lunes 20 de marzo consiste en liberar otro millardo más de euros del mismo Fondo, esta vez para compras conjuntas de munición, antes de finales de septiembre de 2023. Al igual que con la adquisición conjunta de vacunas durante la pandemia de covid-19 (véase más adelante), la idea es obtener precios más favorables de los fabricantes comprando en mayores cantidades.  

El plan incluye también un tercer componente: los ministros quieren acelerar la producción de esas municiones apoyando a la industria armamentística europea.

Pero la verdadera novedad es la futura adquisición conjunta de municiones, y la medida más significativa de esta serie de anuncios.

¿Cómo van a hacerlo en la práctica los Estados implicados? Un solo Estado puede coordinar la operación haciendo un pedido para un grupo de países. Eso es lo que defendió la semana pasada ante el Bundestag el canciller alemán, Olaf Scholz, que considera que es la solución más sencilla. Pero también existe otra opción: confiarlo a la Agencia Europea de Defensa, fundada en 2004 y que depende formalmente de la Comisión, para que haga pedidos en nombre de al menos tres Estados.

Como era de esperar, esta segunda opción, más favorable a una Europa integrada, es la opción de Josep Borrell, jefe de la diplomacia de la UE. En el comunicado final del 20 de marzo, los dirigentes no tomaron ninguna decisión. Pero el tema podría volver a la agenda de la cumbre europea de Jefes de Estado y de Gobierno, que se inaugura este jueves 23 de marzo en Bruselas.

Con la combinación de estas medidas, los países firmantes del acuerdo esperan poder suministrar un millón de proyectiles a las fuerzas armadas ucranianas de aquí a finales de 2023. Pero, ¿cuánta necesitan realmente los ucranianos?

A principios de marzo, el ministro de Defensa ucraniano, Oleksiy Reznikov, envió una carta a sus 27 homólogos europeos, hecha pública por el Financial Times, en la que les pedía que entregaran 250.000 proyectiles al mes. Actualmente, los 27 se verían en apuros para suministrarlos: según una nota redactada por el gobierno estonio (citada por Deutsche Welle), la capacidad total de producción europea es actualmente de 230.000... al año.

Oleksiy Reznikov afirma también que Ucrania dispara una media de 111.000 obuses de 155 mm al mes (una cuarta parte del volumen disparado por Rusia, según las estimaciones), y que en total, sus fuerzas armadas necesitarían "356.400 al mes" para cumplir sus objetivos militares.

Todas estas cifras deben manejarse con cuidado, ya que son motivo de enconadas batallas políticas: Kiev tiene todo el interés en inflar sus necesidades reales para obtener el máximo de sus aliados. Por su parte, Estonia, que aboga por inversiones europeas masivas en Ucrania, tiene interés –al igual que la industria armamentística– en pintar un cuadro alarmante de las capacidades de producción actuales para reforzarlas.

Pero sin poder detallar las cantidades, parece establecido que las fuerzas armadas ucranianas tienen un verdadero problema de abastecimiento de municiones. Varios testimonios de militares –que no parecen haber sido dictados por la propaganda de guerra ucraniana, ya que además son críticos con sus mandos– describen una escasez preocupante.

"Estás en primera línea. Vienen hacia ti y no tienes con qué disparar", dice un teniente coronel ucraniano citado por el The Washington Post. "Cuando recibes munición, son diez al día, proyectiles de 120 mm", que te permiten disparar durante aproximadamente "un minuto", dijo un artillero de la Guardia Nacional ucraniana entrevistado por el Kyiv Independent.

El Presidente ucraniano Zelensky ya había insistido en su necesidad de munición cuando visitó Bruselas a principios de febrero. Es evidente que la primera ministra estonia tomó nota del mensaje: fue ella, Kaja Kallas, quien abogó de manera más notoria por un mecanismo de compra conjunta.

Pero el proyecto viene de más atrás, en concreto de la cumbre de Versalles de marzo de 2022, cuando los líderes de los 27 países se comprometieron en sus conclusiones a "desarrollar las capacidades de defensa de forma colaborativa".

A raíz de ello, la Comisión propuso en verano un instrumento para impulsar las compras conjuntas en el sector de la defensa, estimado inicialmente en 500 millones de euros. Ese texto se debate ahora en el Parlamento Europeo y debería someterse a votación en sesión plenaria en junio. El importe de la dotación debería aumentarse a 1,5 millones de euros.

Queda en la incertidumbre la opción de orientar estas inversiones únicamente hacia la industria europea (en detrimento de Estados Unidos o Corea del Sur, por ejemplo). Algunos eurodiputados franceses, entre ellos Nathalie Loiseau (Renaissance), conscientes de los beneficios que supondría para la industria francesa de defensa, están a favor, mientras que otras delegaciones (Alemania, Polonia, etc.) quieren mantener la posibilidad de negociar con "terceros países".

Pero acaba de concluirse este lunes otro proyecto, desarrollado en paralelo desde finales del año pasado por los servicios diplomáticos europeos y la Agencia Europea de Defensa: se trata de un acuerdo en el que sólo participan 18 Estados, entre ellos Francia y Alemania, pero no Italia ni España.

Según Josep Borrell en su rueda de prensa del lunes por la tarde en Bruselas, "más de veinte Estados participarán pronto en este proyecto". Noruega es el único país no perteneciente a la UE que se ha adherido por el momento. Una de las virtudes del mecanismo, en la crisis actual, es que puede –en teoría– ponerse en marcha más rápidamente que el proyecto que se debate en la Eurocámara.

Los europeos sólo conocen un precedente importante de compras agrupadas: el de las vacunas contra el covid. Entre agosto de 2020 y noviembre de 2021, la Comisión firmó al menos once contratos con ocho laboratorios. La factura ascendió a casi 71.000 millones de euros.

En su momento, esa práctica sin precedentes constituyó una prueba para el futuro de la Europa política. Aunque esas negociaciones tuvieron éxito, es difícil saber si la Comisión consiguió obtener mejores condiciones de los laboratorios durante la negociación que las que cada Estado habría obtenido por separado negociando por su cuenta.

Un obstáculo para responder a esta pregunta clave es la opacidad. En un informe de octubre, el Tribunal de Cuentas de la UE reveló la falta de transparencia de la Comisión en un contrato en concreto, el negociado con Pfizer, y la Fiscalía Europea decidió en octubre abrir una investigación al respecto.

En el caso de las compras conjuntas de munición, las garantías de transparencia son, una vez más, más que inciertas. Josep Borrell, encargado de "coordinar" las entregas de armas a Ucrania desde hace casi un año, nunca ha hecho pública toda la información de la que dispone sobre el volumen de las entregas. Aunque no ha hecho más que respetar las peticiones de confidencialidad formuladas por algunos Estados, entre ellos Francia.

Al problema de la opacidad se añade el riesgo de conflictos de intereses a la hora de saber quién se beneficiará de esta lluvia de miles de millones europeos para armamento. Francia ofrece un ejemplo espectacular. Como reveló recientemente Mediapart, el "Señor Munición" del ministerio francés de las Fuerzas Armadas, encargado por el Estado de estudiar cómo las industrias francesas podrían aumentar sus índices de producción de proyectiles de 155 mm, resulta que es director y accionista de una empresa encargada de producir algunos de esos proyectiles.

Más allá de los términos de esas compras, que quedan por controlar, el anuncio cumple ya dos objetivos. Al hablar de miles de millones de euros suplementarios para las fuerzas armadas ucranianas, se está enviando a Moscú el mensaje de que Kiev puede, por el momento, seguir contando con sus aliados, mientras que Putin apuesta precisamente por el desgaste de ese apoyo.

El segundo destinatario oculto de este anuncio es la industria armamentística, que, si aún no ha visto ningún contrato, queda tranquila ante las intenciones de Europa de llenar sus carteras de pedidos en un futuro próximo. Josep Borrell, jefe de la diplomacia europea, no oculta este hecho. A principios de marzo, aseguró que este mecanismo pretendía también y sobre todo enviar "una señal clara de la demanda" a las empresas del sector.

Traducción de Miguel López

España cuenta con un total de 347 carros de combate Leopard, incluido el medio centenar que se encuentra almacenado en Zaragoza desde hace más de una década y cuyo estado, según la ministra de Defensa, Margarita Robles, es "lamentable", ha informado Europa Press.

El Leopard llegó a las Fuerzas Armadas por primera vez en el año 1995, cuando se alquiló un total de 108 unidades a Alemania para su uso en las bases españolas. Se trataba de la versión Leopard 2A4 y los 108 vehículos fueron comprados definitivamente a Alemania en el año 2005 por un total de 16,2 millones de euros.

Tras años de uso, la mitad de esos carros de combate, más de medio centenar, fueron almacenados en un almacén en Zaragoza a partir del año 2012. En concreto, fueron alojados en el Centro Logístico de Casetas de la Agrupación de Apoyo Logístico nº 41 del Ejército de Tierra.

La idea inicial era su transformación en vehículos especiales de zapadores y en vehículos lanzapuentes, lo que finalmente nunca se materializó y tras una década de almacenamiento su estado se ha deteriorado.

Así lo apuntó Robles cuando en verano ya se habló por primera vez de su donación a Ucrania. Según dijo, los vehículos se encontraban en un estado "lamentable" que hacía inviable el traspaso para hacer frente a la ofensiva rusa.

Además de estos carros de combate, España cuenta con otros 239 vehículos de una versión más moderna, los Leopardo 2E, ya fabricados en España por la empresa Santa Bárbara en la fábrica de Alcalá de Guadaira (Sevilla).

Su fabricación se realizó con licencia alemana y los expertos señalan que son mucho más modernos en su sistema de puntería y tiro, estabilización, electrónica y prestaciones. Se trata por ejemplo de los que están desplegados en Letonia desde el año 2017 dentro de la misión de disuasión de la OTAN.

El Gobierno ha evitado hasta ahora posicionarse respecto al debate sobre el envío de estos carros de combate a Ucrania y ha subrayado que cualquier decisión se adoptará en "unidad" y "coordinación" con los aliados internacionales.

"No es necesario un debate público ni enfrentamientos entre los aliados", dijo este lunes Robles en una visita a la Unidad Militar de Emergencias (UME) en pleno debate entre Polonia y Alemania para el envío de los carros de combate.

También el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, hizo un llamamiento a apoyar militarmente a Ucrania "en todo lo que necesite, en todo momento" pero a la vez no romper la unidad europea. "Airear supuestas divisiones no ayuda en nada a Ucrania, no facilita en nada la tarea de Ucrania", dijo sin aclarar si España se sumará a la coalición que propone Polonia.

"España desea que no haya temas que puedan ser divisivos. Pero ha demostrado que ha suministrado a Ucrania aquello que estaba en nuestras manos y que era necesario para su defensa", insistió Albarez pidiendo "discreción" a la hora de hablar de material militar como los Leopard..

El PIB de España aumentó un 15,5% entre 2015 y 2019, cuando alcanzó los 1.245,5 millones de euros. Los beneficios de sus empresas tuvieron un crecimiento mayor, casi un 24%: pasaron de 154.000 millones de euros a 191.000 millones. Fueron años de recuperación económica tras el batacazo de la crisis financiera. Pero los beneficios multinacionales, los que obtienen las empresas españolas en el extranjero, se dispararon en ese periodo, un 57%, al subir de 20.350 millones de euros a 32.000 millones. Es decir, crecieron el doble que las ganancias corporativas totales. Y con un brío similar lo hicieron también los beneficios que esas grandes compañías españolas desviaron hacia paraísos fiscales, un 46,5% más en 2019 respecto a cuatro años atrás. Ese traslado creciente de ganancias a territorios de baja o nula tributación se tradujo en una pérdida de recaudación para las arcas públicas españolas del 18% en 2019, cuatro puntos más que en 2015.

Los datos proceden de la más reciente actualización que Ludvig S. Wier y Gabriel Zucman, de las universidades de Copenhague y Berkeley, han realizado sobre Los beneficios perdidos de las naciones, un estudio que arrancaron en 2015. Su último informe, Global profit shifting, echa la mirada atrás y sigue la evolución que han tenido el desvío de beneficios a paraísos fiscales y la consiguiente pérdida de recaudación de los estados desde 1975.

Según sus cálculos, por tanto, el traslado de beneficios a paraísos fiscales realizado por las empresas españolas creció entre 2015 y 2015 tres veces más que el PIB y la pérdida de recaudación –un 28,5%– casi dos veces más. Como buena muestra de la creciente internacionalización de las compañías españolas, también las ganancias conseguidas fuera del territorio nacional aumentaron 2,5 veces más que el PIB en esos años.

Si esas cifras se comparan con el resto de los países europeos, España es la tercera nación en que más aumentó el desvío de beneficios empresariales a paraísos fiscales –6.200 millones más en cuatro años–, sólo detrás de Alemania –9.900 millones– y Francia -6.400 millones–. Aunque el traslado de ganancias de las empresas británicas fue muchísimo mayor, con un ritmo de crecimiento de 28.200 millones más. El volumen de capital que va a parar a paraísos fiscales desde el Reino Unido también es el mayor del continente: 106.200 millones de euros. Sólo Estados Unidos saca más beneficios fuera de su territorio, 160.200 millones en 2019, pero desde 2015 el aumento del desvío no ha sido tan considerable como el británico, 12.800 millones de euros.

También España se sitúa en el tercer puesto de la Unión Europea si se pone el foco en lo que ha crecido la pérdida de recaudación fiscal por este traslado de beneficios a lugares con menores impuestos. Letonia es el país que encabeza esta clasificación, con un aumento de 137 puntos porcentuales entre 2015 y 2019. La causa es un cambio legislativo que dejó el tipo efectivo del impuesto de sociedades en el 1% y hundió los ingresos de la Hacienda local. Le sigue Grecia, con un alza de cinco puntos, y después España, que iguala a Suecia y Hungría con cuatro puntos porcentuales. Es el doble de lo que creció la pérdida de recaudación en Estados Unidos. Además, mientras las arcas públicas españolas dejaron de ingresar un 18% en 2019 por culpa de esta transferencia de capitales, en EEUU la pérdida fiscal fue menor, un 16%. Reino Unido, en cambio, sigue a la cabeza en Europa tanto en volumen, con un 32% menos de ingresos en 2019, como en velocidad, con un aumento de 14 puntos respecto a 2015.

El estudio de Wier y Zucman considera paraísos fiscales a 30 territorios de todo el mundo, de los cuales 14, casi la mitad, se encuentran en el continente europeo. Si bien las islas del Caribe y Singapur son las que más ganancias multinacionales atraen, el tercer paraíso fiscal resulta ser Irlanda, con mayor volumen de capital en sus bancos que Suiza y Países Bajos. Todos ellos duplican los beneficios captados por Hong Kong, Bermudas o Luxemburgo.

El ritmo de crecimiento del desvío de beneficios empresariales y la consiguiente pérdida fiscal en España corren parejos a los que está sufriendo el resto del planeta. Según las cifras incluidas en el informe, el PIB mundial aumentó un 17% entre 2015 y 2019, punto y medio más que el español, mientras que los beneficios corporativos totales crecieron un 26% y los beneficios multinacionales, el doble, un 52%. Los que fueron trasladados a territorios de baja tributación aumentaron más incluso, un 57%. La pérdida de recaudación se elevó un 31%. En 2019, los Estados perdían de media un 10% de su recaudación por los beneficios que no gravaban en sus territorios. Es decir, la pérdida de ingresos de la Hacienda española superó ese año en ocho puntos porcentuales el promedio mundial.

Este ritmo es para los autores del estudio especialmente significativo teniendo en cuenta que en 2015 la OCDE empezó a aplicar el proyecto BEPS (Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios, por sus siglas en inglés) para intentar frenar las estrategias de elusión fiscal de las empresas. Vier y Zucman explican que desde entonces el porcentaje de beneficios desviados a paraísos fiscales se ha mantenido más o menos estable por debajo del 40% de los beneficios corporativos mundiales. Por lo que consideran que el plan de la OCDE ha detenido el crecimiento de esas estrategias, pero es claramente insuficiente. Tampoco la ley –Tax Cuts and Jobs Act– que desde 2017 intenta reducir las ganancias que las multinacionales estadounidenses sacan de su territorio ha tenido el éxito esperado. La mitad de los 939.200 millones de euros en beneficios corporativos mundiales que se desvían a paraísos fiscales salen de EEUU.

Wier y Zucman también hace una revisión histórica de las estrategias fiscales de las grandes empresas, que ayuda a entender el fenómeno. Así, en los años 70, aseguran, apenas existía el desvío de beneficios a territorios de baja o nula tributación. Fue en la década de los 80 cuando comenzó a acelerarse el traslado de ganancias. Si en 1980 sólo el 2% de los beneficios corporativos mundiales terminaban en paraísos fiscales, en 1998 ya suponían el 20%. En ese periodo, la pérdida de recaudación fiscal no llegaba al 2,5%.

Pero a partir de 2000 el recorte de estos ingresos tributarios más que se duplicó, alcanzando el 5,8%. Como queda dicho, en 2019 está ya en el 10%. Tras ese crecimiento se sitúa un alza del volumen de beneficios desviados, que pasaron de representar el 20% de las ganancias multinacionales globales al comenzar el nuevo siglo a equivaler al 36% en 2015. Los autores del informe lo atribuyen a el enorme crecimiento de las ganancias de las grandes compañías tecnológicas, usuarias habituales de los paraísos fiscales. En 2019 el traslado de beneficios corporativos ha seguido subiendo y supone ya el 37,4% de las ganancias empresariales mundiales.

El estudio destaca que, desde 1975, los tipos efectivos del impuesto sobre sociedades han sufrido un recorte de un tercio: eran del 23% en 1975 y en 2019 se han rebajado al 17%.

La evolución de los tipos, del traslado de beneficios y de la recaudación explican los recientes acuerdos en la UE, la OCDE y el G-20 para establecer un impuesto mínimo internacional del 15%.

Pero también los impuestos a energéticas y bancos que diferentes gobiernos europeos están aprobando para gravar los que se ha dado en llamar beneficios caídos del cielo. Gabriel Zucman es igualmente uno de los autores de otro estudio, A modern excess profit tax, del Observatorio Fiscal de la UE. En él plantea, junto a Manon François, Carlos Oliveira y Bluebery Planterose, utilizar como base imponible el aumento de la capitalización bursátil de las energéticas. Una propuesta que difiere del plan europeo, que pretende gravar los beneficios, y de la española, que grava los ingresos. Aplicar un tipo del 33% a esas ganancias en bolsa de las grandes compañías energéticas proporcionaría unos ingresos de 65.000 millones de euros a las arcas europeas, casi tres veces más que la recaudación prevista para el impuesto europeo.

Según sus cálculos, Repsol se ha revalorizado en bolsa, sólo entre enero y septiembre de este año, en 2.450 millones de euros, por lo que debería pagar 808 millones si se le aplicara ese impuesto. Iberdrola, con una ganancia en bolsa de 340 millones de euros, tributaría por 112 millones. La energética que más ha ganado en capitalización bursátil en Europa es, no obstante, la francesa TotalEnergies, 12.700 millones, por lo que su factura sería de 4.200 millones de euros. Poco, si se compara con los 51.600 millones en que se ha revalorizado Shell y por los que debería tributar 17.000 millones de euros.

Estos expertos proponen un segundo tipo de impuesto, que gravaría sólo los beneficios obtenidos por estas compañías fuera de sus territorios. La recaudación se elevaría entonces a 75.100 millones de euros, con un tipo igualmente del 33%. En este supuesto, Repsol debería pagar 2.700 millones de euros por los 8.300 millones de beneficios obtenidos fuera de España.

Endesa es hasta ahora la única empresa que ha hecho público un cálculo de cuánto deberá pagar por el nuevo impuesto que prepara el Gobierno: 300 millones de euros al año. Según los analistas del Banco Sabadell, Repsol podría tener que abonar hasta 1.082 millones si se aplicara el impuesto diseñado por Bruselas, mientras que la italiana ENI se quedaría en 455 millones y la francesa TotalEnergie 1.926 millones de euros.

La Comisión Europea también incluye en sus medidas para limitar los beneficios extraordinarios de las energéticas a las productoras de electricidad a partir de renovables o de energía nuclear, a las que prevé gravar con 117.000 millones de euros. Los autores del estudio del Observatorio Fiscal de la UE, por su parte, proponen extender este tipo de tributos a las empresas de armamento, que también están notando la guerra de Ucrania en su valor bursátil, aunque en este caso la recaudación –que no cuantifican–sería mucho menor, porque también lo es su capitalización.

Airbus acaba, definitivamente esta vez, con doce años de corrupción masiva. El tribunal judicial de París aprobó el miércoles un convenio judicial de interés público (CJIP) que permite al gigante aeronáutico europeo poner fin a su procesamiento en tres casos de corrupción, a cambio del pago de una multa de 15,8 millones de euros.

Airbus ya había concluido, en enero de 2020, un primer CJIP, por un importe récord de 3.600 millones de euros, que había sancionado sus "actos de corrupción sistémica" cometidos hasta 2015, como recordó Jérôme Simon, uno de los representantes de la Fiscalía Nacional Financiera (FNF). Iniciado por una auto-denuncia de Airbus, fue el mayor caso de corrupción industrial jamás visto en Europa, que destapó miles de millones de euros en sobornos distribuidos por el fabricante para vender sus aviones en todo el mundo.

Pero los tres casos cerrados el miércoles no pudieron incluirse en el primer acuerdo "por razones de procedimiento", explicó el fiscal financiero nacional, Jean-François Bohnert.

En efecto, estos nuevos hechos han salido a la luz, en paralelo a la investigación de la FNF sobre Airbus, gracias a tres diligencias judiciales llevadas a cabo por jueces de instrucción, entre ellas el Kazajgate, un caso de venta de helicópteros y satélites en el que está implicada gente cercana al ex presidente Nicolas Sarkozy, y el caso de la financiación libia de la campaña presidencial del mismo Nicolas Sarkozy.

Las asociaciones anticorrupción Anticor (Kazajgate) y Sherpa (financiación libia), partes civiles en estos casos, reclamaron y obtuvieron, respectivamente, 25.000 euros y 1 euro de indemnización.

En la comparecencia, la FNF trató de minimizar la importancia de este convenio, descrito como una "ampliación complementaria" del acuerdo de 2020, destinado a "purgar" las últimas escorias de una "época pasada". La empresa había despedido a muchos altos cargos y tuvo que someterse a un programa de control anticorrupción, que finaliza el próximo mes de enero.

Airbus se sale con la suya. La nueva multa de 15,8 millones de euros es inocua para el grupo. El grupo admite la corrupción, pero no su culpabilidad, por lo que podrá seguir beneficiándose de los contratos públicos.

Este es precisamente el objetivo del CJIP, importado en 2016 del derecho anglosajón, que permite sancionar financieramente a las empresas sin penalizarlas económicamente. El fiscal Bohnert volvió a elogiar las bondades de este procedimiento, señalando que ha aportado al Estado un total de 3.700 millones de euros en seis años.

Las asociaciones anticorrupción Anticor y Sherpa, en cambio, ven este sistema de justicia negociada como un problema. "Es una forma de renuncia a lo que constituye la verdadera justicia", ya que "no hay reconocimiento de culpabilidad ni inscripción en el registro de antecedentes penales", alegó Jérôme Karsenti, abogado de Anticor. Acusó a la FNF de defender el "interés público económico". "Por supuesto, económicamente es una joya, pero no hay ningún otro procedimiento en el que se halague a un acusado para justificar un procedimiento excepcional", añadió Vincent Brengarth, abogado de Sherpa.

Esto es, en cierto modo, lo que el actual fiscal general de EE.UU., Merrick B. Garland, dijo el pasado mes de marzo en un discurso crítico con el abuso de la justicia negociada: "La primacía del Derecho exige que no haya una norma para los poderosos y otra para los débiles; una norma para los ricos y otra para los pobres. Cuando la gente ve que los individuos se van de rositas mientras sus empresas pagan las multas, no puede evitar sentir que se ha violado este principio esencial.”

Esta justicia negociada, descrita por el jefe de la FNF como "justicia de adhesión", ofrece una última e inmensa ventaja a las empresas: la discreción.

El punto más llamativo de esta comparecencia de Airbus fue la ausencia total de declaración de los hechos de corrupción denunciados contra este fabricante. Los fiscales de la FNF elogiaron la "cooperación" de Airbus en la investigación, pero solo indicaron los países y periodos afectados por la corrupción, sin dar el más mínimo nombre ni el más mínimo detalle que pudiera dañar la reputación del fabricante. Cuando el presidente del tribunal, Stéphane Noël, preguntó a los abogados de Airbus si tenían algún comentario sobre los hechos, éstos respondieron: "Ninguno”.

Pero vale la pena detenerse en los hechos. En el caso de la financiación libia, Airbus ha reconocido, con la firma del acuerdo con la FNF, lo que altos ejecutivos de la empresa habían negado durante años: el pago de sobornos en la venta en 2006 de doce aviones al régimen de Gadafi.

En particular, el tribunal identificó, con documentos bancarios, dos millones de euros pagados a un intermediario ya imputado varias veces en el caso Sarkozy-Gadafi, el empresario Alexandre Djouhri. 

Los fondos, que los jueces consideran pueden constituir un delito de soborno, se abonaron tres semanas después de la celebración del contrato con Libia en una cuenta del banco UBS en Singapur. También se ha imputado a un ex directivo del grupo Airbus, sospechoso de haber realizado el pago.

Como reveló Mediapart, estas conclusiones judiciales formaban parte del marco general del asunto libio. El intermediario Alexandre Djouhri es, en efecto, sospechoso de haber estado detrás del pago, con el ex director del gabinete de Muammar Gadafi, dos años después, en 2008, de 500.000 euros a Claude Guéant, entonces mano derecha de Nicolas Sarkozy en el Elíseo.

Además, según el testimonio de antiguos directivos de Airbus, Claude Guéant presionó unos meses después a un directivo del grupo aeronáutico para que se pagaran fondos adicionales a su amigo Alexandre Djouhri por los aviones vendidos a Gadafi en 2006, además de los dos millones ya recibidos.

Aunque la investigación no estableció un vínculo causal absolutamente cierto, los jueces pudieron sin embargo rastrear el pago, en 2010 esta vez, de 4 millones de euros por parte de Airbus a una empresa del Líbano, cuyo beneficiario, Saleh J., es a la vez un íntimo de Saif al-Islam Gadafi (el hijo del antiguo dictador libio) y un conocido de Alexandre Djouhri. Los fondos se transfirieron inmediatamente a una empresa con sede en las Islas Vírgenes Británicas, un paraíso fiscal.

Al firmar el CJIP, Airbus también reconoce la corrupción en el extenso asunto Kazajgate, referido al pago de presuntos sobornos en el contexto de la venta por parte de Airbus de helicópteros y satélites a Kazajistán entre 2007 y 2012, bajo la presidencia de Nicolas Sarkozy.

En particular, Airbus admite, según ha revelado Mediapart, haber pagado una comisión secreta de 9,6 millones de euros al intermediario tunecino Lyès Ben Chedli, para facilitar la venta de satélites a Kazajistán. Este pago, que viola "los procedimientos de conformidad en vigor", sólo se realizó porque este intermediario estaba vinculado a "un empresario cercano al presidente kazajo", es decir, al dictador Nursultan Nazarbayev, subrayó el fiscal Jérôme Simon en la vista.

Airbus también reconoció irregularidades en sus relaciones con un senador en la época de los hechos, que fue imputado pero cuyo nombre no se mencionó en la vista. Se trata de Aymeri de Montesquiou, que ayudó a Airbus a vender 45 helicópteros a Kazajistán, aunque el grupo sabía perfectamente que eso era ilegal. "Puedes entender fácilmente que pagar los gastos de un senador es claramente contrario a la ley", escribió entonces un ejecutivo de Airbus, en un email revelado por Mediapart.

El ex senador también recibió cientos de miles de euros en comisiones secretas pagadas por estructuras discretas registradas en paraísos fiscales, sin que hasta hoy se sepa quién le pagó el dinero.

En el Elíseo, la operación kazaja, en la que también está implicado el oligarca Patokh Chodiev, fue validada por Nicolas Sarkozy y puesta en manos de su mano derecha, el "cardenal" Claude Guéant. Durante estas negociaciones, Patokh Chodiev entregó a su abogado, en una habitación de hotel en Zúrich, un maletín con 5 millones de euros en efectivo, "por Francia".

La maleta de dinero en efectivo fue transportada en coche a París. A pesar de las revelaciones de Mediapart en 2017 sobre la mentira del chófer (había asegurado en acta que había llevado el dinero a Niza), los beneficiarios aún no han sido identificados por la justicia.

"No he oído en la vista ningún nombre de los que han participado, mientras que este caso afecta a las más altas esferas del Estado", protestó el abogado de Anticor, Jerome Karsenti en la vista. Citó los nombres de varias personas cercanas a Nicolas Sarkozy que están siendo investigadas o asistieron como testigos en este caso, entre ellos el senador Aymeri de Montesquiou y el ex asesor del Elíseo Jean-François Étienne des Rosaies.

Es cierto que el CJIP sólo extingue el procedimiento contra la persona jurídica Airbus, y no contra las personas físicas, pero si los acusados son juzgados algún día ante un tribunal, "Airbus no estará allí", en la vista, dijo Karsenti.

Como parte civil en el caso Sarkozy-Gadafi, la ONG Sherpa, especializada en la lucha contra los delitos económicos, decidió aprovechar la firma de este nuevo acuerdo entre Airbus y la FNF para presentar una Cuestión Prioritaria de Constitucionalidad (CPC) y abrir así un frente de impugnación judicial contra las modalidades de justicia negociada en Francia, que la asociación Anticor también apoyó durante la vista.

Sherpa abogó por que las asociaciones anticorrupción autorizadas, a las que la ley da derecho a presentar denuncias y a actuar como parte civil en casos de atentado contra la honestidad, tengan al menos un derecho de recurso contra la celebración de acuerdos judiciales con las empresas, algo que la ley no les concede actualmente.

Estas asociaciones autorizadas sólo pueden, hasta la fecha, solicitar una indemnización. Pueden hacer observaciones durante la vista, pero sólo a título consultivo. No se les informa de las negociaciones entre la empresa y la fiscalía, y no tienen ningún recurso cuando el tribunal ha validado el acuerdo.

El abogado de Sherpa, Vincent Brengarth, considera que las modalidades de justicia negociada, tal y como se organizan en Francia, vulneran en gran medida el derecho de defensa de las víctimas en al menos tres puntos –igualdad de recursos, ausencia de vías de recurso, ámbito de aplicación demasiado amplio–, lo que la convierte en inconstitucional.

En este caso de Airbus, "ni siquiera se nos permitió consultar antes de la vista el acuerdo que la fiscalía les pide que validen", dijo el abogado Brengarth al tribunal. "Es contradictorio ofrecer la posibilidad a las asociaciones de iniciar un procedimiento, a veces por la inercia de la fiscalía, y luego negarles cualquier derecho de control sobre el resultado del procedimiento", argumentó. El asunto de la financiación de Libia se inició, de hecho, por una denuncia de Sherpa.

La asociación también señaló en su escrito una "falta de claridad" en el marco legislativo, que autoriza a la justicia, en nombre del principio legal de "conexidad", a aplicar la justicia negociada a delitos muy alejados de su misión principal: la lucha contra la delincuencia financiera.

El precedente del asunto Squarcini/LVMH así lo demuestra, según la ONG, que recuerda que, en este caso, se firmó un acuerdo entre la multinacional de Bernard Arnault y la fiscalía de París por hechos que encubrían violaciones de la intimidad, de las que fue víctima el diputado y periodista François Ruffin. "Todos los delitos y faltas cometidos por una empresa podrían calificarse como conexos y, por tanto, entrar en el ámbito de aplicación del CJIP", dijo el abogado de Sherpa.

La Fiscalía Nacional Financiera y Airbus argumentaron que la CPC defendida por las dos ONGs debería ser rechazada, con el argumento de que el Tribunal Constitucional ya ha dictaminado que los acusados y las víctimas pueden no tener los mismos derechos en los procesos, y que el único derecho de las víctimas es ser indemnizadas por su perjuicio.

El presidente del tribunal, Stéphane Noël, se negó finalmente a remitir la CPC al Tribunal de Casación para su examen, alegando que la ley no prevé que las víctimas sean parte en los CJIP, ni durante la negociación ni durante el proceso de validación.

Traducción de Miguel López

España y Alemania se han comprometido a fortalecer las capacidades europeas en materia de defensa y reforzar la cooperación sobre armamento e industria del sector, aunque no han hecho ninguna mención al escudo antimisiles europeo ni a la posibilidad de que España se sume a este proyecto impulsado por Berlín, según ha informado Europa Press.

Así queda reflejado en la declaración conjunta que han firmado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el canciller alemán Olaf Scholz este miércoles en la XXV cumbre hispano-alemana que se celebra en La Coruña.

Los dos países se muestran de acuerdo en la importancia de reforzar esta colaboración "tanto bilateralmente como en el seno de la UE y de la OTAN", señala el texto para "garantizar la paz y seguridad de sus ciudadanos", añade.

Sin embargo, el texto no menciona el escudo antimisiles europeo al que se refirió este martes la embajadora alemana en España, María Margarete Gosse, que afirmó que ambos países abordarían este asunto en la cumbre de hoy.

En una entrevista en la Cadena Ser, la diplomática confirmó que hay conversaciones "a nivel relativamente bajo" y que se discutirá en la cumbre entre los dos territorios. "Estamos sondeando", afirmó.

El canciller alemán, Olaf Scholz, abogó el pasado mes de agosto en Praga por la creación de un sistema de defensa aérea conjunto a nivel europeo con el objetivo de ganar "en seguridad" en el continente invirtiendo "de forma significativa" en defensa en los próximos años tras la invasión de Rusia a Ucrania y que Alemania liderará la iniciativa.

Sin embargo, fuentes de Moncloa aseguraron en la noche del martes que España no ha recibido ninguna propuesta o comunicación al respecto.

Además, el acuerdo que han firmado Sánchez y Scholz señala que están decididos "a intensificar su cooperación en la aplicación del Concepto Estratégico de Madrid, aprobado en la Cumbre de la OTAN en junio, y a fortalecer la cooperación UE-OTAN".

También, a desarrollar la Política Común de Seguridad y Defensa, a ejecutar la Brújula Estratégica a través de acciones concretas y a colaborar en proyectos PESCO.

Después de décadas de difíciles negociaciones, el 29 de abril de 1997 entró en vigor la Convención sobre las Armas Químicas (CAQ), con la que se han comprometido 193 estados –todos los del mundo salvo Corea del Norte, Sudán del Sur, Israel y Egipto– para no desarrollar, producir, almacenar, transferir o emplear nunca este tipo de instrumentos de destrucción.

Más del 99 % (unas 71.614 toneladas métricas) de todos los arsenales de armas químicas declarados ya han sido destruidos bajo la verificación del órgano de aplicación de esta convención: la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ). Por sus grandes esfuerzos para eliminarlas, esta organización recibió el Premio Nobel de la Paz en 2013.

Pero a pesar de su enorme éxito, “después de 25 años, la CAQ y la OPAQ se encuentran ahora en una encrucijada”, advierte Tuan H. Nguyen, del Centro de Investigación en Seguridad Global del Laboratorio Nacional Lawrence Livermore en EE UU.

Su opinión aparece esta semana en un policy forum de la revista Science, donde repasa los logros alcanzados y los retos que quedan por delante para adaptarse a la futura amenaza de las armas químicas.

Desde su creación, una de las misiones principales de la OPAQ ha sido destruir los depósitos y la capacidad de producción de este tipo de armas. Se espera que en 2023 se hayan eliminado completamente los pocos almacenes y equipos de armas químicas declarados que quedan.

“EEUU debe hacerlo antes del 31 de septiembre de 2023”, apunta Nguyen a SINC, “según la Oficina Ejecutiva del Programa de Alternativas a las Armas Químicas Ensambladas, a 15 de abril de 2022 quedan 334,8 toneladas de gas mostaza en la instalación de destrucción de Pueblo, en Colorado, y 252,2 toneladas de agente nervioso VX en la instalación de destrucción de Blue Grass, en Kentucky”.

Según el experto, el hito que supone eliminar todas las armas químicas declaradas representa también un cambio fundamental para la OPAQ, ya que tendrá que pasar de ser una organización centrada en el desarme de las armas químicas a otra enfocada en prevenir que no reaparezcan.

Con la vista puesta en la próxima conferencia de revisión de la CAQ en 2023, Nguyen apunta las oportunidades y desafíos de una denominada OPAQ 2.0 de próxima generación: “Debe ser capaz de reforzar las normas internacionales contra las armas químicas, incorporar más elementos cualitativos al sistema de verificación y seguir el ritmo de los avances científicos y tecnológicos”, lo que incluye los nuevos métodos de síntesis y producción química a pequeña escala. 

Sin embargo, el autor plantea todos estos retos en un contexto internacional en el que “las armas químicas han vuelto”, como demuestran varias acciones bélicas e intentos de asesinato recientes. Un ejemplo son las que utilizó la Fuerza Aérea Siria en Saraqib el 4 de febrero de 2018, según confirmó el Equipo de Investigación e Identificación de la OPAQ.

Esta organización también prestó asistencia técnica al gobierno de Malasia en 2017 cuando se utilizó el agente nervioso VX para asesinar a Kim Jong-nam, el hermanastro de Kim Jong-un, líder de Corea del Norte. Y en 2018 la OPAQ ofreció su ayuda cuando se utilizó novichok para envenenar al exoficial militar ruso Sergei Skripal y su hija Yulia en Salisbury (Reino Unido).

Los novichok son una clase de agentes nerviosos organofosforados desarrollados por la antigua Unión Soviética durante la Guerra Fría que no figuraban en el anexo de la Convención sobre las Armas Químicas en el momento del ataque de Salisbury. La OPAQ confirmó la conclusión del Reino Unido de que se utilizó esta sustancia en el atentado, pero no se pudo identificar a los autores del intento de asesinato.

No obstante, el caso de Salisbury dio lugar a la inclusión de los novichok en la lista de sustancias químicas de la CAQ. A pesar de ello, se volvió a utilizar un agente de este tipo en el intento de asesinato en 2020 de Alexei Navalny, opositor de Vladímir Putin.

Nguyen prefiere no comentar el caso de Rusia y el posible uso de armas químicas durante su invasión a Ucrania, aunque la Secretaría Técnica de la OPAQ ha informado que está “preocupada por informaciones no confirmadas de medios de comunicación sobre el uso de este tipo de armas en Mariúpol, así como de bombardeos dirigidos a plantas químicas situadas en Ucrania, junto con las acusaciones vertidas por ambas partes sobre el posible uso indebido de sustancias químicas tóxicas”.

Los programas promovidos por los gobiernos son una de las formas en las que están resurgiendo las armas químicas, pero también hay otras vías, como las organizaciones terroristas, los grupos delictivos o incluso personas que actúan en solitario, ya que estos instrumentos de destrucción se pueden elaborar a pequeña escala en laboratorios reducidos o incluso en entornos domésticos.

La Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, que dirige el diplomático español Fernando Arias, trabaja de diversas formas para impedir que se produzcan cualquiera de todas esas posibilidades. “El tratado incluye varias disposiciones que pretenden ser una red de seguridad y verificación para hacer frente a las actividades no declaradas y clandestinas, y que pueden ayudar a prevenir el terrorismo químico”, apunta Nguyen.

Este experto en seguridad global considera que, en general, “el mayor reto para la OPAQ 2.0 no está en el marco jurídico de la Convención ni en las herramientas necesarias para adaptarse, sino en la voluntad política de utilizarlas”, y concluye: “El camino que tome esta organización determinará si la Convención sobre las Armas Químicas se siga celebrando como un modelo para su control y desarme negociado de forma multilateral, así como un pilar de nuestra estrategia para contrarrestar las amenazas, o bien si corre el riesgo de volverse menos eficaz en el futuro entorno de seguridad internacional”.

Este artículo fue publicado originalmente en la Agencia Sinc, la agencia de noticias científicas de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología

Nos hemos visto obligados a crear una industria armamentística permanente de enormes proporciones. […] y reconocemos la necesidad imperiosa de este desarrollo. Sin embargo, no debemos dejar de comprender sus graves implicaciones. Están en juego nuestro trabajo, nuestros recursos y nuestros medios de vida. También lo está la propia estructura de nuestra sociedad.

En los consejos de gobierno, debemos protegernos contra la adquisición de una capacidad de influencia, buscada o no, por parte del complejo militar-industrial. El potencial para el aumento desastroso de un poder equivocado existe y persistirá. Nunca debemos dejar que el peso de esta combinación ponga en peligro nuestras libertades o procesos democráticos. No debemos dar nada por sentado. Sólo una ciudadanía alerta y bien informada puede obligar a que la enorme maquinaria industrial y militar de la defensa encaje adecuadamente con nuestros métodos y objetivos pacíficos, para que la seguridad y la libertad prosperen juntas.

No es el discurso de ningún activista antibelicista, sino el discurso de despedida del presidente estadounidense Dwight Eisenhower. En esta célebre y celebrada intervención, Eisenhower advertía a los ciudadanos norteamericanos de los riesgos de la aparición de un complejo militar-industrial capaz de intervenir en los procesos democráticos aumentando los medios militares y el apetito de volver a la guerra.

Esta advertencia no solo resulta premonitora a la luz de guerras innecesarias avivadas por intereses financieros de esta industria (como los del vicepresidente Dick Cheney durante la Segunda Guerra del Golfo), sino también por la progresiva aparición de otro complejo que ha recibido menos atención: el Complejo industrial y de espionaje. Una industria capaz de aumentar y capturar el gasto en defensa a través de la privatización de actividades como la recopilación y análisis de datos.

Este proceso se inició con el ataque de Reagan al sector público, cuando se empezaron a privatizar ciertas labores de espionaje gubernamental. Pero no es hasta el shock del 11-S cuando la tendencia de limitación de gasto en defensa post-1990 (consecuencia del final de la Guerra Fría) se invierte en favor de un aumento exponencial en este tipo de partidas presupuestarias. Así, entre el año 2000 y el 2010 el gasto en inteligencia no solo aumentó en un 250%, sino que además hasta un 70% de este gasto fue a parar a contratistas externos, según informaba el Washington Post. Por poner este aumento en contexto, la cifra en 2010 se sitúa en los 55.000 millones de dólares, 8.000 millones más que el Departamento de Estado (el equivalente norteamericano al Ministerio de Exteriores que coordina y financia toda su política exterior).

Si en los anteriores artículos de esta serie especial sobre espionaje exponíamos por qué deben preocuparnos las prácticas de las agencias de inteligencia de nuestras democracias y cómo alcanzar un control de las mismas, esta serie especial concluye con una llamada de atención a la privatización de estas prácticas. Si las privatizaciones que se empezaron a dar en los años ochenta a ambos lados del Atlántico consistieron fundamentalmente en privatizar beneficios pero socializar pérdidas, esta resulta incluso más preocupante por la capacidad de incrementar ese gasto en vigilancia y defensa y, más preocupante, en dificultar enormemente el control democrático y efectivo de sus operaciones. Esta obstrucción se puede dar de dos formas: en la colaboración con las agencias estatales en la intercepción masiva de sus propios clientes y a través de la externalización de tareas y puestos de trabajo.

En lo relativo a esta ayuda, hoy sabemos gracias a Snowden que Facebook (ahora Meta), Apple, Palantir o Microsoft colaboraron con el programa secreto PRISM, desarrollado por la Agencia Nacional de Inteligencia (NSA), que permitía usar palabras clave para interceptar casi cualquier comunicación de sus usuarios (correos electrónicos, mensajes de chat, fotos, etc.). Lejos de hacerlo a regañadientes, empresas como Microsoft trabajaron estrechamente con la NSA para burlar el sistema de encriptación de sus propios servicios, tales como Outlook o Hotmail. En otras palabras, las grandes tecnológicas han sido en numerosas ocasiones colaboradoras necesarias para este tipo de abusos. 

Asimismo, este complejo aumenta el gasto público en defensa a través de la contratación sistemática de exfuncionarios públicos en empresas que externalizan actividades de inteligencia, como Booz Allen o Carlyle Group, produciendo una fuga de cerebros desde el sector público hacia el privado (demostrando una vez más que la privatización de servicios está lejos de representar ninguna panacea). No obstante, este aumento del gasto público es incluso más evidente en los casos en los que grandes tecnológicas seducen a gobiernos (nacionales o locales) para utilizar sus productos de vigilancia, aparentemente más eficaces. El mejor ejemplo de este tipo de prácticas lo representa la multinacional Palantir, que logró capturar un enorme porcentaje del presupuesto asignado para cuestiones de seguridad nacional. Para ilustrarlo, y pese a que sabemos que Palantir trabaja codo a codo con la NSA, usemos un ejemplo policial, puesto que los contratos con los servicios de inteligencia son confidenciales y solo salen a la luz gracias a denunciantes. La empresa, que en este momento está siendo investigada por el Departamento de Defensa de los EE. UU. por potenciales trampas en estos concursos públicos, consiguió persuadir al Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) para introducir Gotham, su software estrella, en sus operaciones. Antes de continuar, resulta esencial contextualizar el peso del LAPD: su presupuesto es de casi 20.000 millones de euros, casi el doble del presupuesto en Defensa de España. Tras varios años de uso, y cientos de millones de dólares invertidos, se demostró que el programa reproducía sesgos racistas sin que fuera acompañado necesariamente de una mayor eficiencia. Como advierte Eisenhower a tenor de su equivalente militar, el complejo industrial y de espionaje logra intervenir en el diseño de políticas públicas para aumentar el gasto en seguridad en nombre del “riesgo-cero” a través de la predicción al mismo tiempo que pone en peligro principios democráticos como la no discriminación por motivos raciales.

Para terminar, esta privatización ha llevado a situaciones absurdas como la de que miembros de los comités legislativos encargados de la supervisión de cuestiones de inteligencia no tengan acceso a documentos a los que más de un millón de contratistas privados sí pueden acceder, poniendo en peligro el control democrático de estas operaciones. El complejo industrial y de espionaje ha socavado mecanismos democráticos, capturado fondos que podrían destinarse a otros servicios públicos y colaborado en la violación de derechos fundamentales en EE. UU. y el resto del mundo. Si bien esta es una realidad por ahora limitada al mundo anglosajón, particularmente EE. UU. y Reino Unido, no podemos olvidar cómo surgen también en esos países las privatizaciones que luego se extendieron al resto del mundo occidental. Esta vez, hemos de conocer las consecuencias de estos procesos y su particular sensibilidad cuando se trata de cuestiones de seguridad nacional y derechos fundamentales.

España ha vendido a Marruecos armamento y material militar por más de 385 millones de euros entre el año 1991 y 2020, de los que casi la mitad corresponden al suministro de vehículos terrenos, según se desprende de una respuesta parlamentaria a la que ha tenido acceso Europa Press.

El senador de Compromís Carles Mulet había preguntado al Gobierno por la "cantidad de armamento, material bélico, bombas, vehículos militares, etc" que había vendido España anualmente desde 1991 a Marruecos y el coste que habían tenido dichas ventas.

En una primera respuesta, el Ejecutivo se había limitado a remitir a las estadísticas sobre exportación de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso que publica el Ministerio de Comercio, lo que llevó a Mulet ha insistir en su pregunta.

 Ahora, en su nueva respuesta, el Gobierno sí que ha facilitado al senador de Compromís los datos solicitados mediante dos tablas con cifras anuales, aclarando que estas no están disponibles de forma desagregada antes de 2005.

Según los gráficos brindados por el Ejecutivo, el monto total en estos casi 30 años asciende a 385.763.165 euros, de los que 164.041.756 euros corresponden a vehículos terrenos. La segunda partida mayor es la relativa a municiones y dispositivos, por 98.799.414 euros, seguida por bombas, torpedos, cohetes y misiles, por 33.693.606.

Asimismo, España ha vendido al reino alauí "aeronaves, vehículos más ligeros que el aire, vehículos aéreos no tripulados" por 10.652.626 euros, y equipo de producción por casi 6,6 millones de euros.

Completan los suministros materiales energéticos y sustancias relacionadas por 1.386.120 euros; armas con cañón de ánima lisa con calibre igual o superior a 20mm, otras armas o armamento con calibre superior a 12,7mm por 912.800 euros; equipos electrónicos, vehículo espacial por 465.310 euros y equipos y construcciones blindadas o de protección por 25.922 euros.

De todo el periodo en el que se brindan datos, 2008 fue el año con el mayor monto de ventas con más de 113,9 millones de euros, relacionado exclusivamente con el suministro de vehículos terrenos.

En general, las ventas de armamento y otro material militar a Marruecos experimentaron un claro aumento a partir de 2014, cuando ascendieron a más de 9,7 millones, y este se ha mantenido de forma más o menos sostenida desde entonces, con algunos picos como 2016, cuando se elevó a más de 30,2 millones, incluidos 22,2 millones en municiones y dispositivos y 7,7 millones en bombas, torpedos, cohetes y misiles.

En 2019, el monto total fue de 23,24 millones de euros, incluidos más de 13,2 en municiones y 8,5 en bombas, torpedos y demás, mientras que en 2020, último año del que se brindan datos, el total ascendió a más de 12,5 millones. También en este caso la principal partida corresponde a munición (más de 10,27 millones), pero también se suministraron vehículos terrenos por 1,34 millones.

Así las cosas, Compromís ha afeado al Gobierno que haya vendido armas a Marruecos desde 1991, fecha en la que se firmó el acuerdo de alto el fuego con el Frente Polisario en el conflicto por el Sáhara Occidental, sin resolver a día de hoy.

El partido ha denunciado que en este tiempo el país vecino ha estado "hostigando a España" y cita como ejemplos "bases militares cerca de las ciudades autónomas, drones con bombas que alcanzarían estas ciudades, invasión continua de terrenos y aguas españolas; Chafarinas o Perejil, cierre de fronteras, prospecciones petrolíferas junto a Canarias".

"Si Marruecos es una amenaza hoy en día contra la integridad del Estado, o si continua masacrando al pueblo saharaui, es gracias a la venta de armamento español", concluye Compromís.

España exportó material de defensa a Marruecos el pasado año por un valor total de 12,5 millones de euros. Las ventas, todas para sus Fuerzas Armadas, se repartieron entre granadas de mortero, explosivos, detonadores o recambios para vehículos y aeronaves, según informa Europa Press. 

Así consta en el informe sobre exportaciones de material de defensa y doble uso del año 2020, que la Secretaría de Estado de Comercio ha remitido al Congreso y al que ha tenido acceso Europa Press. En total, el pasado año las exportaciones de armamento sumaron 3.622,4 millones, un 10,4 por ciento menos que en 2019.

Entre los clientes de la industria española de defensa se encuentra Marruecos. Entre los años 2016 y 2019, las ventas a su Ejército fueron de unos 80 millones de euros, según los últimos informes. En el año 2020, las exportaciones fueron de 12,5 millones.

En concreto, los datos, que detallará este jueves en el Congreso la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, indican que las Fuerzas Armadas marroquíes recibieron el pasado año desde España granadas de mortero, repuestos de mortero, explosivo plástico, detonadores, cordón detonante y mecha lenta, motores para vehículos blindados, recambios y consumibles para la reparación de cadenas de tanques y partes, piezas y repuestos para aviones de transporte de fabricación española.

Sin embargo, los mayores compradores de armamento a España son los países de la OTAN y la Unión Europea, que llegan al 77,3 por ciento de las exportaciones. Entre ellos destacan los Países Bajos, Alemania, Francia y Reino Unido.

Fuera de la Alianza, España también vendió material de defensa a Arabia Saudí en 2020 por un importe total de 48,3 millones. Estas exportaciones son siempre objeto de polémica política, incluso entre PSOE y Podemos, debido a la implicación de Arabia Saudí en la guerra de Yemen.

Las exportaciones en este caso fueron de pistolas y munición para tiro deportivo, granadas de mortero completas, morteros y sistema de observación avanzado destinados a la vigilancia de fronteras, disparos fumígenos, minas lapa, lanchas rápidas para el transporte de tropas, plataformas estabilizadoras multipropósito, partes, piezas y repuestos para aviones de reabastecimiento en vuelo y aviones de transporte de fabricación española, repuestos para aviones de combate derivados de un programa de cooperación europeo y UAV no armados.

También se realizaron exportaciones a Emiratos Árabes Unidos por 27,7 millones en piezas de pistolas, granadas de mortero o respuestos de aviones; por 11,9 millones a Argelia o por 874.050 euros a Irak en bombas de aviación. Por su parte, a Israel se exportaron cuerpos de bombas para prácticas o equipos de visión nocturna por valor de 477.288 euros.

Mientras, en 2020 se denegaron dos exportaciones Myanmar/Birmania, según detalla el informe. Se trata de un sistema de control de plataforma, un circuito cerrado de televisión y un sistema antimisil para una fragata por valor de 22 millones de euros con destino a la Marina de Guerra.